Sentencia 2002-02429 de febrero 7 de 2013

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

Rad. 15001-23-31-000-2002-02429-01 (18885)

Consejero Ponente:

Dr. William Giraldo Giraldo

Actor: Omar Franco Martínez

Demandado: Departamento de Boyacá

Fallo

Bogotá, D.C., siete de febrero de dos mil trece.

EXTRACTOS: «VII. Consideraciones de la Sala

Se decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra la sentencia del 11 de mayo de 2011, proferida por el Tribunal Administrativo de Boyacá, que declaró la nulidad de la Ordenanza 27 del 4 de septiembre de 2001.

Como cuestión previa es importante aclarar que si bien los artículos 7º(1) y 8º(2) de la Ordenanza 27 de 2001 fueron modificados por la Ordenanza 19 del 10 de septiembre de 2002(3), tal circunstancia no constituye impedimento para que proceda un pronunciamiento de fondo sobre el acto administrativo demandado.

En efecto, esta corporación ha señalado que basta que una norma jurídica de contenido general haya estado vigente para que la jurisdicción de lo contencioso administrativo deba pronunciarse ante la nulidad propuesta, pues si en ese período produjo efectos jurídicos, es menester una decisión sobre su legalidad, en razón a que la derogatoria surte efectos hacia el futuro, sin afectar lo ocurrido durante la vigencia de la norma y sin restablecer el orden violado(4).

Para sustentar la legalidad de la Ordenanza 27 de 2001, el apelante sostiene que este acto fue expedido con fundamento en los artículos 300-4, 338 de la Constitución Política y 75 de la Ley 181 de 1995, que establecen que los entes territoriales pueden gestionar, administrar y establecer tributos.

Sobre las facultades impositivas de las entidades territoriales, esta Sala ha indicado que el señalamiento de los elementos objetivos de la obligación tributaria debe hacerse exclusivamente por parte de los organismos de representación popular, en la forma consagrada en el artículo 338 de la Constitución Política, que asignó de manera excluyente y directa a la ley, la ordenanza o el acuerdo la definición y regulación de los elementos estructurales del tributo(5).

Así mismo, precisó, que en aquellos eventos en que la ley creadora del tributo no se hubiere ocupado de definir todos los presupuestos objetivos del gravamen, y por ende, del señalamiento de los elementos esenciales de identificación y cuantificación, corresponde directamente a las respectivas corporaciones de elección popular, efectuar las previsiones sobre el particular(6).

En ese sentido, se ha admitido que los elementos de la obligación tributaria sean determinados por las asambleas departamentales y los concejos distritales y municipales, pero dentro de unos parámetros mínimos que deben ser señalados por el legislador: (i) la autorización del gravamen y (ii) la delimitación del hecho generador(7).

En el presente caso, la Ordenanza 27 de 2001 creó una contribución con destino al deporte, con fundamento en la autorización dispuesta en el artículo 75 de la Ley 181 de 1995:

ART. 75.—El Instituto Colombiano del Deporte, Coldeportes, como organismo del orden nacional, contará: (...).

Los entes deportivos departamentales, contarán para su ejecución con:

1. Los recursos que constituyan donaciones para el deporte, las cuales serán deducibles de la renta líquida, en los términos de los artículos 125 y siguientes del estatuto tributario.

2. Las rentas que creen las asambleas departamentales con destino al deporte, la recreación y el aprovechamiento del tiempo libre.

3. Los recursos que el Instituto Colombiano del Deporte asigne, de acuerdo con los planes y programas de estímulo y fomento del sector deportivo y las políticas del Gobierno Nacional.

4. El impuesto a los cigarrillos nacionales y extranjeros de que trata el artículo 78 de la presente ley.

5. Las demás que se decreten a su favor.

(...)”.

Como se observa, la disposición transcrita dispone que las rentas que creen las asambleas departamentales con destino al deporte, la recreación y el aprovechamiento deben ser entregadas a los entes deportivos departamentales para su ejecución.

La norma parte de la existencia de unas rentas que se encuentran destinadas al deporte, y con fundamento en ello, dispone que las mismas deben ser entregadas a las entidades deportivas del departamento.

Por consiguiente, esta disposición no autoriza la creación de un tributo sino que se limita a establecer que determinados recursos deben ser destinados a los entes deportivos.

En efecto, esta norma se limita a enunciar uno de los recursos financieros con que cuentan los entes deportivos departamentales para su ejecución, como son las rentas creadas por las asambleas, que constituyen fuente económica para el cumplimiento de las metas relacionadas con el deporte, la recreación y el aprovechamiento del tiempo libre(8).

Conforme con lo expuesto, la Sala encuentra que el artículo 75 de la Ley 181 de 1995 no creó un tributo destinado al deporte, así como tampoco autorizó a los departamentos para crear una contribución en cabeza de los usuarios de los servicios de telecomunicaciones y/o telemáticos, ni estableció las pautas o directrices a partir de las cuales la Asamblea del Departamento de Boyacá pudiera establecerlo en su jurisdicción.

En ese sentido, la norma que invoca como fundamento legal el acto administrativo acusado, no contiene los parámetros mínimos que deben ser fijados en la ley creadora del tributo, esto es, la autorización del gravamen, y la delimitación del hecho generador.

Por tanto, no resulta procedente que la Asamblea del Departamento de Boyacá con fundamento en el artículo 75 de la Ley 181 de 1995 estableciera una contribución a cargo de los usuarios de teléfono fijo, celular, beeper, buscapersonas y demás servicios de telecomunicaciones y/o telemáticos.

En consecuencia, debe confirmarse la sentencia apelada, toda vez que, como lo señaló el a quo, la Ordenanza 27 de 2001, no tiene fundamento legal.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

CONFÍRMESE la sentencia del 11 de mayo de 2011 del Tribunal Administrativo de Boyacá.

RECONÓCESE personería jurídica para actuar en nombre de la parte demandada a la doctora Sonia Johanna Báez Macias, de conformidad con el poder que obra al folio 148 del expediente.

La anterior providencia se estudió y aprobó en la sesión de la fecha.

Cópiese, notifíquese, cúmplase y devuélvase el expediente al tribunal de origen. Cúmplase».

(1) Este artículo se refiere al período gravable, liquidación y pago de la contribución al deporte.

(2) Este artículo se refiere a la destinación de la contribución al deporte.

(3) Fls. 107-110, c.p.

(4) Sentencias del 12 de abril de 2012, C.P. William Giraldo Giraldo, Exp. 18238, y del 2 de septiembre de 2004, C.P. Ligia López Díaz, Exp. 13821.

(5) Sentencia del 15 de octubre de 1999, C.P. Julio E. Correa Restrepo, Exp. 9456, reiterada en las sentencias del 25 de marzo de 2010, C.P. Martha Teresa Briceño de Valencia, Exp. 16428 y del 6 de diciembre de 2012, C.P. William Giraldo Giraldo, Exp. 19120.

(6) Ibídem.

(7) Ibídem.

(8) Sentencia del 17 de agosto de 2006, C.P. María Inés Ortiz Barbosa, Exp. 15338, reiterada en la sentencia del 25 de marzo de 2010, C.P. Martha Teresa Briceño de Valencia, Exp. 16428.