Sentencia 2002-02477/45349 de septiembre 14 de 2017

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN “A”

Rad.: 05001-23-31-000-2002-02477-01(45349)

Actor: Rogelio de Jesús Muñoz Calderón y otro

Demandado: Rama judicial

Referencia: Apelación sentencia - Acción de reparación directa

Consejera Ponente:

Dra. Marta Nubia Velásquez Rico (E)

Bogotá D.C., catorce de septiembre de dos mil diecisiete.

EXTRACTOS: «II. Consideraciones

Para resolver la segunda instancia de la presente litis se abordarán los siguientes temas: 1) prelación del fallo en casos de privación injusta de la libertad; 2) la competencia de la Sala; 3) el ejercicio oportuno de la acción; 4) los parámetros jurisprudenciales acerca de la responsabilidad del Estado por la privación injusta de la libertad; 5) las pruebas aportadas al proceso; 6) el caso concreto; 7) la representación de la Nación; 8) la liquidación de perjuicios y 9) la procedencia o no de la condena en costas.

1. Prelación de fallo.

En la actualidad, la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado tiene a su conocimiento procesos que entraron para dictar fallo definitivo con anterioridad al presente asunto, situación que, en los términos del artículo 18 de la Ley 446 de 1998, exigiría su decisión en atención al orden cronológico respecto del cual pasaron los expedientes al despacho de la magistrada conductora del presente proceso.

No obstante, la Ley 1285 de 2009, en su artículo 16, permite decidir de manera anticipada, esto es, sin sujeción al orden cronológico de turno, los procesos en relación con los cuales para su decisión definitiva “entrañe sólo la reiteración de jurisprudencia”.

En el presente caso se encuentra que el objeto del debate tiene relación con la privación injusta de la libertad de los señores Rogelio de Jesús Muñoz Calderón, Miguel Eugenio Pérez Berrío y Oscar Pérez Berrío, tema respecto del cual la Sección Tercera del Consejo de Estado ha tenido la oportunidad de pronunciarse en muchas ocasiones, asunto sobre el que ha fijado una jurisprudencia consolidada y reiterada, por lo que, con fundamento en el artículo 16 de la Ley 1285, la Subsección se encuentra habilitada para resolver el presente asunto de manera anticipada.

2. Competencia.

La Sala es competente para conocer de este proceso, comoquiera que, de conformidad con el artículo 73 de la Ley 270 de 1996, la competencia para conocer de las acciones de reparación directa que se instauren por error jurisdiccional, por privación injusta de la libertad o por defectuoso funcionamiento de la Administración de Justicia reside en los tribunales administrativos en primera instancia y en el Consejo de Estado en segunda instancia, sin consideración a la cuantía del proceso(23).

3. El ejercicio oportuno de la acción.

Al tenor de lo previsto por el artículo 136 del Código Contencioso Administrativo, la acción de reparación directa debe instaurarse dentro de los dos años contados a partir del día siguiente al acaecimiento del hecho, omisión, operación administrativa u ocupación permanente o temporal de inmueble de propiedad ajena por causa de trabajos públicos o por cualquier otra causa.

En tratándose de acciones de reparación directa por la privación injusta de la libertad, la jurisprudencia reiterada de esta Sección del Consejo de Estado ha considerado que el término de caducidad se empieza a contar a partir del día siguiente a la ejecutoria de la providencia que precluyó la investigación, de la sentencia absolutoria o desde el momento en que quede en libertad el procesado, lo último que ocurra, momento a partir del cual se configura el carácter injusto de la limitación del derecho a la libertad(24).

En el presente asunto la demanda se originó por los perjuicios que habrían sufrido los demandantes con ocasión de la privación de la libertad que soportaron los señores Rogelio de Jesús Muñoz Calderón, Miguel Eugenio Pérez Berrío y Óscar Pérez Berrío dentro de una investigación penal adelantada en su contra.

En el expediente reposa copia de la resolución que confirmó la declaratoria de la preclusión de la investigación penal en contra de los referidos ciudadanos, proferida el 5 de octubre del 2000 por la Fiscalía delegada ante el Tribunal Superior de Medellín, ahora bien, comoquiera que en el plenario no obra constancia de ejecutoria de la referida providencia, se tomará como punto de referencia para contabilizar el término de caducidad, la fecha de expedición de la misma(25).

En ese sentido, como la demanda se interpuso el 7 de mayo de 2002(26), se impone concluir que la acción se ejerció dentro de la oportunidad legal prevista para ello.

4. Responsabilidad del Estado derivada de la privación injusta de la libertad en vigencia de la Ley 270 de 1996, Estatutaria de la administración de justicia. Reiteración de jurisprudencia.

En punto de los presupuestos para declarar la responsabilidad del Estado derivada de la privación injusta de la libertad de los ciudadanos, la Sección Tercera del Consejo de Estado ha desarrollado una jurisprudencia consolidada, estable y reiterada, a partir de la interpretación y el alcance del artículo 90 de la Constitución Política, del artículo 414 del Decreto 2700 de 1991 —Código de Procedimiento Penal— y de la Ley 270 de 1996.

En este sentido, de manera general, la jurisprudencia de la Sala ha acudido a la aplicación del régimen objetivo de responsabilidad y se impone su declaración en todos los eventos en los cuales el implicado correspondiente que ha sido privado de la libertad es absuelto o se precluye la investigación a su favor, cuando en el proceso que haya dado lugar a su detención o restricción de la libertad se determine que: i) el hecho no existió; ii) el sindicado no lo cometió y/o iii) la conducta es atípica, siempre y cuando no hubiere mediado una falla en el ejercicio de la función jurisdiccional en cuyo caso podrá aplicarse un régimen subjetivo de responsabilidad.

Siguiendo ese orden, aunque la privación de la libertad se hubiere producido como resultado de la actividad investigativa correctamente adelantada por la autoridad competente e incluso cuando se hubiere proferido la medida de aseguramiento con el lleno de las exigencias legales, lo cierto es que si el imputado no resulta condenado, se abre paso el reconocimiento de la obligación, a cargo del Estado, de indemnizar los perjuicios irrogados al particular, siempre que este no se encuentre en el deber jurídico de soportarlos, cosa que puede ocurrir, por vía de ejemplo, cuando el hecho exclusivo y determinante de la víctima da lugar a que se profiera, en su contra, la medida de detención preventiva(27).

Todo lo expuesto con antelación se encuentra reiterado en las sentencias de unificación que ha proferido la Sala Plena de la Sección Tercera, así:

En pronunciamiento del 6 de abril de 2011, expediente 21.653, se sostuvo que el Estado es responsable de los daños ocasionados a una persona que es privada injustamente de la libertad y posteriormente es absuelta en virtud de los supuestos previstos en el artículo 414 del derogado Código de Procedimiento Penal y en la Ley 270 de 1996.

Posteriormente, mediante sentencia proferida el 17 de octubre de 2013, expediente 23.354, se precisó que, además de los supuestos del artículo 414 del Código de Procedimiento Penal y de la Ley 270 de 1996, también es responsable el Estado por los daños ocasionados en virtud de la privación injusta de la libertad de una persona cuando es absuelta por aplicación del principio in dubio pro reo.

Bajo esta óptica, la Sala procederá al análisis del caso concreto.

5. Las pruebas aportadas al proceso.

Dentro de la respectiva etapa procesal se recaudaron, en debida forma, los siguientes elementos probatorios:

En cuanto a las pruebas relacionadas con la legitimación de los demandantes para incoar las pretensiones de la demanda

Se encuentra acreditado que Juan Camilo Muñoz Sossa es hijo de Rogelio de Jesús Muñoz Calderón(28).

El grupo demandante de Miguel Eugenio y Óscar William Pérez Berrío se encuentra conformado por María Magdalena Berrío Caño y José Ignacio Pérez Martínez, en calidad de padres(29); Luz Miriam Rojas Bedoya en calidad de compañera permanente de Miguel Eugenio Pérez Berrío(30); Miguel Alejandro y Julián Camilo Pérez Patiño, en calidad de hijos de Miguel Eugenio Pérez Berrío(31); Luz Marina, Ana Cecilia, Ángela Estela, Gloria Elena y María Rosalba Pérez Berrío en calidad de hermanos(32).

Ahora bien, la señora Mónica Patricia Sossa Salazar reclamó indemnización por concepto de perjuicios morales por la privación de la libertad del señor Rogelio de Jesús Muñoz Calderón de quien manifestó ser su compañera permanente.

No obstante lo anterior, se tiene que la señora Mónica Patricia Sossa Salazar no se encuentra legitimada en la causa por activa, toda vez que dentro del plenario no obra prueba que determine la existencia de una unión marital de hecho con la víctima directa o que permita acreditar su condición de damnificada.

Como consecuencia, la aludida demandante no se encuentran legitimada materialmente en la causa por activa y habida cuenta de que la jurisprudencia reiterada de esta Sala ha sostenido que la legitimación constituye un presupuesto de fondo para dictar sentencia estimatoria a su favor(33), se negará la pretensión por ella formulada.

En lo atinente a las pruebas relacionadas con el proceso penal adelantado en contra del directamente afectado

— Resolución de fecha 2 de agosto de 1999 proferida por la Fiscalía especializada delegada ante la Sijín de Medellín, que ordenó apertura de investigación penal en contra de los señores Héctor Alonso González, Rogelio de Jesús Muñoz Calderón, Miguel Eugenio Pérez Berrío, Óscar William Pérez Berrío y Hugo Erney Henao Castañeda; en ella se señaló lo siguiente (se transcribe de manera literal, incluso con errores):

“Se afirma en el oficio en cita que por información telefónica recibida en el centro automático de despachos de la Policía Nacional, se conoció que un grupo de personas encapuchadas se encontraban en el sector de ZAFRA, razón por la cual se dirigieron hacia el mismo grupo de uniformados para verificar la certeza de lo dicho y cuando se encontraban en el mismo una persona cuya identidad no revelan, manifestó que los mismos al parecer pertenecían a una célula urbana del ELN que viene causando terror en el sector y se afirma que son los autores de los HOMICIDOS realizados en las personas de los señores: Jhon Javier Pineda Ramírez y Hector David Barrientos Castillo”(34).

— Acta de derechos de los capturados Rogelio de Jesús Muñoz Calderón, Miguel Eugenio Pérez Berrío y Óscar William Pérez Berrío de fecha 1º de agosto de 1999 por ser los supuestos autores de las conductas de violación al Decreto 3664 de 1986, Decreto 188 de 1988, homicidio y rebelión(35).

— Resolución de 6 de agosto de 1999, en virtud de la cual la Fiscalía delegada ante los juzgados penales del circuito especializados de Medellín resolvió la situación jurídica de los señores Rogelio de Jesús Muñoz Calderón, Miguel Eugenio Pérez Berrío, Óscar y William Pérez Berrío imponiéndoles medida de aseguramiento consistente en detención preventiva, sin beneficio de libertad, por el punible de rebelión(36).

— Resolución de 29 de diciembre de 1999 proferida por la Fiscalía delegada ante los jueces penales del circuito especializado de Medellín, a través de la cual adecuó la calificación jurídica provisional señalada en el proveído de 6 de agosto de la misma anualidad, aduciendo que la conducta ilícita desplegada por los procesados no correspondía al punible de rebelión, sino al delito de concierto para delinquir(37).

— Proveído del 26 de julio de 2000, a través del cual la Fiscalía delegada ante los juzgados penales del circuito especializados de Medellín resolvió precluir la investigación adelantada en contra de los sindicados y, a su vez, ordenó la libertad inmediata de los procesados(38).

— Resolución de 5 de octubre de 2000 proferida por la Fiscalía delegada ante el Tribunal Superior de Medellín, a través de la cual resolvió, en grado jurisdiccional de consulta, confirmar la resolución de preclusión(39).

— Boletas de libertad de los señores Rogelio de Jesús Muñoz Calderón, Miguel Eugenio Pérez Berrío y Óscar William Pérez Berrío de fecha 27 de julio de 2000.

6. El caso concreto.

De conformidad con el conjunto probatorio antes descrito, la Sala encuentra que los señores Rogelio de Jesús Muñoz Calderón, Miguel Eugenio Pérez Berrío y Óscar William Pérez Berrío fueron privados de su derecho fundamental a la libertad desde el 1º de agosto de 1999, hasta el 27 de julio de 2000 como supuestos autores del delito de concierto para delinquir; no obstante, la Fiscalía delegada ante los juzgados penales del circuito especializados de Medellín, mediante providencia del 26 de julio de 2000, decidió precluir la investigación penal, con fundamento en las siguientes consideraciones (se transcribe textualmente, eventualmente con errores):

“Del caudal probatorio se tienen los siguientes:

“Respecto del testimonio rendido por el señor PINEDA RAMÍREZ se deduce lo siguiente:

“Con este testigo se realizó diligencia de reconocimiento en fila de personas según obra a folios 331 y siguientes, en donde hizo parte de la fila el señor HECTOR ALONSO GONZÁLEZ. En la declaración previa a la conformación de la fila dice el señor EDUARD FERNANDO PINEDA RAMÍREZ que entre los milicianos responsables de la muerte de su hermano JHON JAIBER PINEDA RAMÍREZ hay varios jóvenes y personas adultas, pero que nombres directamente no sabe, pero viendo las personas las puede señalar, sabe que hay dos hermanos que son muy parecidos y ya son personas adultas, son robustos y uno de ellos usa anteojos, ese es el blanco y el otro trigueñito. En esta oportunidad, en franca contradicción con su primera versión dice que los conocía años antes pero tuvo que abandonar la ciudad, después de eso no los ha vuelto a ver pero le dijeron que los habían visto. Esta afirmación hace que pierda valor su primera versión cuando de manera enfática señala a los capturados como milicianos, aseverando que está seguro de ello porque los ha visto uniformados, armados y matando gente. También podemos afirmar que sin con tanta claridad se ha referido a los hermanos PÉREZ BERRÍO es porque los conocía con suficiente anticipación a estos hechos, según él mismo lo dice, más de dos años; entonces, de ahí viene su seguridad frente a la descripción morfológica y la seguridad con la que habla de la consanguinidad existente entre dos de los capturados. Se refiere a alias ‘SEBASTIAN’ aseverando que se trata del mismo OSCAR BERRÍO, sin embargo, en informe de la cuarta Brigada del Ejército nos señalan que ‘SEBASTIAN’ corresponde al alias de JHOAN, CONOTO Y PEDRO (folio 240). En esta medida recobra validez lo que ha dicho el señor OCAR WILLIAM en su ampliación de injurada cuando expresa que es probable que el testigo lo esté confundiendo.

“Continúa el testigo diciendo que las personas que participaron en el homicidio del JHON JAIBER fueron jóvenes pero no los vio y no los puede describir y que las personas que le contaron y que vieron los noticieros televisados le dijeron que todos ellos eran las personas que había visto el día anterior de la captura y que estuvieron recorriendo el barrio, armados y que tenían capuchas y a los capturados les encontraron estos elementos, eso lo afirma porque lo vio por televisión y por los comentarios de la gente que vio la captura.

Los testigos bien pueden manifestar o reconocer a las personas que aprehendieron ese primero de agosto en el Tanque de Belén Zafra o bien pueden describir a quienes salieron en las pantallas de la televisión, pero ninguno de ellos ha afirmado que vieron sin capuchas a quienes uniformados, armados y encapuchados que se desplazaron por el barrio la noche del 29 y 30 de julio; solamente esa afirmación viene de los señores vigilantes del tanque, siendo LIBARDO quien afirma que son los capturados quienes usaban tales prendas, armas y comportamientos, sin embargo, no estuvo presente en el lugar de la captura y no se enteró de quienes habían sido los aprehendidos, porque la captura ocurrió mientras su compañero hacía turno y él en su oportunidad dijo que en realidad los había visto pero del susto no los observó bien y nada de eso le comentó a LIBARDO, sólo le refirió lo que dijo la policía y el comentario que había quedado entre las personas de la comunidad.

“Aclara el declarante que no es que los haya visto encapuchados sino que la misma comunidad es la encargada de hacérselo saber.

En el momento mismo de la diligencia, el testigo manifiesta no reconocer a ninguno de los que conforman la fila y no estaba en capacidad de describir físicamente a ninguno de los presuntos milicianos.

“DECLARACIÓN DE LUIS FERNANDO MONTOYA (…) Igual que sus antecesores, este testigo se refiere a la participación de los hermanos PÉREZ BERRIO en los grupos de Milicias Populares que incursionaron en el Barrio Belén Zafra, indicando que los conocía con anticipación por cuanto vivían en San Javier y fue desde allí donde se desplazaban al lugar. Que allí los conoció porque vive una hermana suya. Sin embargo, a pesar de la claridad de la declaración, observamos que su descripción respecto de OSCAR WILLIAM manifiesta que es una persona morena, de aproximadamente 45 años de edad y OSCAR es blanco o trigueño con 32 años de edad. De otra parte se conoce, según la prueba recaudada, que OSCAR nunca ha vivido en ese barrio, aunque sí vivió allí su hermano MIGUEL EUGENIO antes de ser capturado por el delito que ya fue condenado y dejado en libertad.

“DECLARACIÓN DE ROBERT ARLEY CORREA (…) Este testigo, afirma que ellos los milicianos utilizaron los altoparlantes de la junta de acción comunal para llamar a una reunión y pedir colaboración. Esta afirmación fue desmentida por el vicepresidente de tal junta de acción comunal, quien ha dicho que no ha facilitado su alto parlante a ningún grupo de milicias y que no es costumbre hacerlo para garantizar neutralidad.

“(…) Frente a las declaraciones de los policías confrontados con el inicial informe policivo, tenemos que decir al igual que el señor Procurador en su concepto que ‘En lo que tiene que ver con el contenido del informe policivo y el relato de los agentes del procedimiento hay que decir que el señor defensor LUIS GONZAGA VÉLEZ OSORIO en su escrito visible a folios 265 a 271, tiene razón cuando advierte que se presentan contradicciones ostensibles’.

“(…).

“Con la prueba recaudada, aparte de lo ha analizado por el despacho se comparten algunos argumentos de los expuestos por el señor procurador Judicial frene a su valoración, pues los testigos que podríamos señalar como de careo solo mencionan como integrantes de las milicias a los hermanos PÉREZ BERRÍO y los demás capturados no han soportado ninguna clase de acusación ni por sus nombres ni señalando un posible alias, se han referido a ellos como a los 5 detenidos y no explican ni quienes son ni cómo se llaman.

“Un segundo aspecto tocado por el señor Procurador es el que EDUAR FERNANDO fue la persona que hizo detener a los cinco sindicados y que en la diligencia de reconocimiento en fila no reconoció a HECTOR ALONSO GONZALEZ. También respecto de este testigo, este despacho señaló que en ningún momento, ni antes ni después de la captura vio a los sindicados desplegando ninguna clase de actividad, solo refiere que conocía a los hermanos capturados por que los había visto en su barrio tiempo atrás, antes de tener que abandonar el barrio lo cual había hecho hace dos años antes de estos hechos.

“(…).

“Así las cosas, atiende este despacho la solicitud de la defensa en el sentido de precluir la investigación en favor de los vinculados en este proceso, por cuanto existe no solo la falta de exigencias del artículo 441 del Código de Procedimiento Penal frente a los señalados por el señor Procurador sino también para los hermanos PÉREZ BERRÍO, quienes fueron señalados por personas que no los vieron cometer ninguna clase de punible como el caso del señor EDUAR PINEDA pero que los sindica de la muerte de su hermano por cuanto los conocía en el barrio hacía mas de dos años o, como en el caso del señor LIBARDO ANTONIO que afirma contundentemente que los milicianos son los cinco capturados y que lo afirma porque su compañero de vigilancia se lo dijo y su compañero lo que ha dicho es que sí vio a los encapuchados pero no reparó en ellos y que no puede decir si son los mismos capturados. Tampoco puede afirmar que sean los mismos que ha visto, por cuanto ellos quedaron en la parte alta del tanque, mientras que la denuncia fue formulada por EDUARD cuando vio subir unas personas que llevaban unas tulas y afirmó que esos eran milicianos.

“Al tenor del artículo 443 del Código de Procedimiento Penal y respetando los principios de la presunción de inocencia y del in dubio pro reo se precluirá la investigación en favor de los señores HECTOR ALONSO GONZÁLEZ ROGELIO JESÚS MUÑOZ CALDERÓN, MIGUEL EUGENIO PÉREZ BERÍO, OSCAR WILLIAM PÉREZ BERRÍO y HUGO HERNEY HENAO CASTAÑEDA, vinculados en esta investigación por infracción al artículo 186 del Código Penal, modificado por la Ley 365 de 1997 según hechos ocurridos en esa ciudad, el día primero de agosto de 1999.

“(…). También al señor Procurador se la ha dado respuesta a su concepto serio y detenido, expresándole el porqué de las razones este despacho hace extensiva la presunción de inocencia y indubio pro reo a los hermanos PÉREZ BERRÍO”(40) (destacado de la Sala).

Ahora bien, conviene precisar que si bien en los apartes transcritos se aludió a la duda como fundamento de la absolución, lo cierto es que al analizar en forma íntegra las consideraciones expuestas por parte de la Fiscalía delegada especializada ante los juzgados penales del circuito de Medellín, se colige que tal circunstancia en realidad obedeció a la inexistencia de elementos de convicción y de acreditación acerca de la autoría del acusado en el delito, por manera que en el sub lite la Sala no se encuentra ante un evento de aplicación del principio in dubio pro reo, sino frente a una circunstancia en la que la actuación penal terminó ante la evidencia de que los implicados no cometieron el delito, la cual, en todo caso, da lugar a la aplicación de un régimen de responsabilidad de carácter objetivo.

La anterior afirmación se confirma con los expuesto por la Fiscalía delegada ante el Tribunal Superior de Antioquia, al conocer en grado jurisdiccional de consulta la preclusión de la investigación (se transcribe de manera literal):

“Sea lo primero advertir, que el operativo se realizó un domingo a las diez de la mañana, cuando ya deambulaban las personas por las distintas calles del barrio y cuya aprehensión según la ratificación se hizo en forma individual, igualmente afirmaron en la ratificación que dentro de la maleza encontraron un costal de fique, con varios de los elementos puestos a disposición y otros tantos decomisados dentro de un hueco formado por en la tierra, lo cual fue ratificado por varios vecinos que de una u otra forma conocieron el operativo realizado por la policía, pero mas allá de esas circunstancias, se presenta la ajenidad que los capturados afirmaron en la diligencia de indagatoria frente a esta clase de ilicitud, y así mismo lo que motivaba la presencia por el sector, la cual fue ampliamente ratificada por quienes conocían cerca o remotamente la actividad que estaban cumpliendo o debían cumplir, restándole valor probatorio en la conformación de grupos al margen de la ley (se destaca)”(41).

En este orden de ideas, la Sala concluye que los señores Rogelio de Jesús Muñoz Calderón, Miguel Eugenio Pérez Berrío y Óscar William Pérez Berrío no estaban en la obligación de soportar la restricción de su libertad, de ahí que deba calificarse como antijurídico el daño irrogado al extremo activo, de tal suerte que corresponde, en este caso, a la Fiscalía General de la Nación el resarcimiento de los perjuicios y, por tanto, la sentencia apelada debe ser revocada.

El lapso a indemnizar será el comprendido entre el 1º de agosto de 1999 —fecha de la captura— hasta el 27 de julio de 2000 —fecha de la boleta de libertad a favor de los procesados—.

7. Representación judicial de la Nación.

De conformidad con la jurisprudencia consolidada y unificada de esta Sección, la representación de la Nación en los procesos contenciosos administrativos cuyo objeto es la privación injusta de la libertad se radica en la Rama judicial y/o en la Fiscalía General de la Nación, por manera que esta persona jurídica —Nación— puede comparecer al proceso a través de las dos autoridades, e incluso por conducto de solo una de estas.

En este orden de ideas, cuando la Nación es el centro de imputación y el daño fue causado por una autoridad distinta a aquella a través de la cual se llevó a cabo la notificación de la demanda, no se estructura una falta de legitimación en la causa por pasiva, ni una indebida representación de la parte demandada, pues, en todo caso, a la persona jurídica contra la cual se dirigieron las pretensiones se le garantizó su derecho de defensa y contradicción.

En ese sentido, la Sala Plena de la Sección Tercera de esta corporación, en decisión unificadora de su jurisprudencia, concluyó que:

“(…) no se plantea un problema de falta de legitimación en la causa por pasiva, puesto que la persona jurídica demandada en el proceso es la Nación, y es ésta, a la que se le imputa el daño, distinto es que, en el proceso, haya estado representada por una autoridad diferente a la que establece el artículo 49 ibídem.

“(…).

“En conclusión, de los extractos jurisprudenciales reseñados, aparece clara la existencia de un precedente jurisprudencial aplicable al caso, toda vez que las consideraciones jurídicas expuestas tienen origen en situaciones fácticas esencialmente iguales a las del sub judice, por tanto, se dará aplicación al precedente y, por ende, se revocará la decisión suplicada para, en su lugar, rechazar la nulidad planteada por el apoderado de la Fiscalía General de la Nación.

“(…).

“Estas son las razones que llevarán a la Sala, no sólo a no declarar la nulidad del proceso sub examine, sino a hacer extensivas las mismas razones y, por tanto, las mismas disposiciones en todos los procesos con igual supuesto de hecho, es decir, aquellos en los que se haya demandado a la Nación-Rama judicial-Fiscalía General, y aquélla hubiera sido representada judicialmente por el director ejecutivo de la administración judicial, incluso en las demandas que hayan sido presentadas con posterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 446 de 1998. En efecto, se hará uso de la aplicación retrospectiva de la jurisprudencia, para salvaguardar los valores fundamentales de justicia e igualdad, consagrados en la Constitución Política, pero con un fundamento aún superior, toda vez que son valores intrínsecos al concepto de humanidad y sociedad.

“(…).

“En consecuencia, apelando a la aplicación retrospectiva de la jurisprudencia, adoptada por esta corporación, y en aras de respetar el derecho al acceso a la administración de justicia y la seguridad jurídica, se unificará la jurisprudencia en lo que se refiere a los procesos iniciados después de la Ley 446 de 1998, en los que la Nación-Fiscalía General haya sido representada por el director ejecutivo de la administración judicial, para que se les apliquen las razones expuestas en esta providencia, de tal forma, que no pueda alegarse, al menos con éxito, la nulidad por indebida representación de la demandada”(42) (se destaca).

Pese a que el criterio jurisprudencial expuesto no es compartido por la magistrada ponente de esta decisión —razón por la cual aclarará voto en esta oportunidad—, lo cierto es que se aplicará en el caso concreto, en aras de preservar y acatar la jurisprudencia unificada de la Sala Plena de la Sección Tercera del Consejo de Estado.

Así las cosas, la Sala concluye que, en este caso, la Nación, al comparecer al sub lite a través del ente acusador, independientemente de que este no haya sido el órgano que adoptó las decisiones que generaron la privación de la libertad, se encuentra debidamente representada, por manera que se dictará condena en su contra, con cargo al presupuesto de la Fiscalía General de la Nación.

Como consecuencia, la indemnización que se reconocerá con ocasión de la detención preventiva de los señores Rogelio de Jesús Muñoz Calderón, Miguel Eugenio y Óscar William Pérez Berrío comprometerá la responsabilidad de la Nación, empero, se pagará —en un 100%— con cargo al patrimonio de la Fiscalía General de la Nación, por ser la autoridad que causó el daño objeto de las pretensiones y por contar con la autonomía requerida para tal fin.

Se procederá entonces a estudiar las pretensiones indemnizatorias formuladas en la demanda por la parte actora.

8. Liquidación de perjuicios.

Frente a la acreditación de los perjuicios morales, la jurisprudencia de esta Sección ha sostenido que únicamente basta con la prueba del parentesco o de la relación marital para inferir la afectación moral de la víctima y de los parientes más cercanos, según corresponda.

Ahora bien, con fundamento en las máximas de la experiencia resulta posible afirmar que la privación de la libertad que soportaron los señores Rogelio de Jesús Muñoz Calderón, Miguel Eugenio y Óscar William Pérez Berrío les causó un perjuicio moral que debe ser indemnizado, dado que es razonable asumir que un ciudadano al que se le afecta su libertad experimente sentimientos de angustia e impotencia por no poder determinar el rumbo de su vida, perjuicio que se hace extensivo a sus hijos, quienes se afectaron por la situación de zozobra por la que atravesó su ser querido.

De conformidad con las pruebas recaudadas en el presente caso, se tiene que los señores Rogelio de Jesús Muñoz Calderón, Miguel Eugenio y Óscar William Pérez Berrío fueron capturados el 1º de agosto de 1999 y que recuperaron su libertad el 27 de julio del 2000, fecha en la cual se hizo efectiva la orden de libertad proferida por la Fiscalía delegada ante los jueces penales del circuito especializado de Medellín.

Pues bien, en los casos de privación injusta de la libertad se reiteran los criterios contenidos en la sentencia del 28 de agosto de 2014, proferida por la Sala Plena de la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso Administrativa, expediente número 36.149, que a su tenor estableció:

“Ahora bien, sin que de manera alguna implique un parámetro inmodificable que deba aplicarse en todos los casos, puesto que se insiste en la necesidad de que en cada proceso se valoren las circunstancias particulares que emergen del respectivo expediente, a manera de sugerencia y como parámetro que pueda orientar la decisión del juez en estos eventos, la Sala formula las siguientes reglas que sirven como guía en la tasación del perjuicio moral de la víctima directa en escenarios de privación injusta de la libertad: i) en los casos en que la privación sea superior a 18 meses, se reconozca la suma de 100 SMMLV; ii) cuando supere los 12 meses y sea inferior a 18 meses, el monto de 90 SMMLV; iii) si excedió los 9 meses y fue inferior a 12 meses, se sugiere el reconocimiento de 80 SMMLV, iv) si fue mayor a 6 meses, pero no rebasó 9 meses hay lugar a fijar como indemnización la suma equivalente a 70 SMMLV, v) de igual forma, en tanto la privación sea superior a 3 meses pero no sea mayor a 6 meses, el valor por concepto de este perjuicio correspondería a 50 SMMLV, vi) si la medida supera 1 mes pero es inferior a 3 meses, se insinúa el reconocimiento de 35 SMMLV, y vii) finalmente, si la detención no supera un mes, la reparación se podrá tasar en el equivalente a 15 SMMLV, todo ello para la víctima directa —se insiste— y para cada uno de sus más cercanos o íntimos allegados”(43) (negrillas y subrayas de la Sala).

Dado que los ahora demandantes estuvieron privados injustamente de su libertad por 11,9 meses, deberá reconocerse a los actores, por concepto de perjuicios morales, los siguientes montos, no sin antes advertir que toda vez que se allegó el registro civil de defunción del señor Miguel Eugenio Pérez Berrío, la jurisprudencia del Consejo de Estado ha admitido la procedencia de la indemnización de perjuicios tanto morales como materiales a favor de la masa sucesoral de quienes en vida sufrieron un daño —directa o indirectamente— pero que en el ejercicio de su derecho de acción, la víctima de ese daño fallece:

“… el derecho a obtener la reparación de los perjuicios morales es de carácter patrimonial y como tal se trasmite a los herederos, habida consideración de que en el ordenamiento jurídico nacional no existe disposición que prohíba dicha trasmisión; por el contrario, la regla general es que todos los activos, derechos y acciones de carácter patrimonial forman parte de la masa herencial y, además, el reconocimiento de ese derecho guarda armonía con los principios informadores del ordenamiento jurídico en materia de daño resarcible y, en especial, con las normas constitucionales que establecen el derecho a la indemnización por todos los daños antijurídicos sufridos (art. 90).

En síntesis, que el derecho a la indemnización por el perjuicio moral se trasmite porque se trata de un crédito que puede ser reclamado, bien por su titular o por sus sucesores mortis causa, en cuanto continuadores de su personalidad, que ocupan la posición jurídica que ostentaba el causante frente a la totalidad de los derechos y acciones de contenido patrimonial trasmitidas por el fallecimiento.

“(…).

“La Sala ha reiterado dicha jurisprudencia(44), aunque debe advertirse que la situación en este caso era diferente porque el causante sí había ejercido en tiempo la acción indemnizatoria:

‘...si bien es cierto los perjuicios morales dependen necesariamente del sentimiento de un individuo en particular, cuando se solicita el reconocimiento de estos por parte de los sucesores procesales, no es que se transmita el dolor, la angustia o la congoja causada por el daño a quien en vida lo padeció y sufrió..., lo que se transmite es el derecho a reclamar por tal sufrimiento de la persona que era titular del mismo y, por ende, legitimada para demandar’.

Por tanto, en el caso concreto, los herederos del señor (…), quien falleció el 4 de enero de 1995, según el certificado del registro civil de su defunción (fl. 12)… estaban legitimados para reclamar no sólo la indemnización por los perjuicios materiales que sufrió con la muerte de éste, reclamación sobre la cual no hay discusión doctrinaria, sino también por los perjuicios morales que el mismo hecho le hubiere causado(45) (se destaca).

Por lo anterior, la Sala reconocerá las siguientes sumas de dinero:

Rogelio de Jesús Muñoz Calderón80 SMLMV
Óscar William Pérez Berrío 80 SMLMV
Miguel Eugenio Pérez Berrío (a la sucesión de la víctima directa del daño)80 SMLMV
Juan Camilo Muñoz Sossa80 SMLMV
María Magdalena Berrío Cano80 SMLMV
José Ignacio Pérez80 SMLMV
Luz Miriam Rojas Bedoya80 SMLMV
Miguel Alejandro Pérez Patiño80 SMLMV
Julián Camilo Pérez Patiño80 SMLMV
Marina Pérez Berrío40 SMLMV
Ana Cecilia Pérez Berrío40 SMLMV
Ángela Estela Pérez Berrío40 SMLMV
Gloria Elena Pérez Berrío40 SMLMV
María Rosalba Pérez Berrío40 SMLMV

8.2. Perjuicios materiales.

8.2.1. Lucro cesante.

Respecto de los demandantes se solicitó en la demanda por este concepto, “el valor que corresponda a la totalidad de las rentas de trabajo que dejaron de percibir como consecuencia de la injusta privación de la libertad a que fueron sometidos, indexadas desde el momento de su detención”; así, en el acápite de la cuantía del libelo introductorio, se tuvo como parámetro de liquidación del lucro cesante, el salario mínimo del año 1999, indexado a la fecha de presentación de la demanda (2002), con un incremento del 25% por concepto de prestaciones sociales.

Pues bien, en relación al señor Óscar William Pérez Berrío quedó demostrado que este ejercía su profesión de Administrador Agropecuario, como consta en la declaración de la ciudadana Nelly del Socorro Arenas, así:

“PREGUNTADO: Díganos si usted sabe en qué se ocupaba el señor OSCAR WILLIAM para el momento en que fue detenido que hacia el (sic) CONTESTÓ: En una empresa en RIONEGRO de verduras y frutas, el administraba allá en ese momento de la detención(46).

Ahora bien, con la misma declaración de la señora Nelly del Socorro Arenas se acreditó que el señor Miguel Eugenio Pérez Berrío ejercía una actividad comercial; así lo expresó (se transcribe de manera literal, incluso con errores):

“PREGUNTADO: Díganos, si es tan amable, a que se dedicaba laboralmente el señor Miguel Pérez Berrio para la época en que fue detenido. CONTESTÓ: él se dedicaba al negocio de ventas de puerta a puerta en la calle a mi personalmente me tocaba guardarle en el negocio donde yo trabajaba la mercancía que él llevaba, osea medias, fantasía, correas, y en el negocio me hacía mantenimiento de electricidad, acueducto y nos colaboraba como mensajero en vueltas que teníamos que hacer en la cafetería, PREGUNTADO en esa actividad aproximadamente cuanto podía devengar el señor MIGUEL PÉREZ en aquella época, pues en esa época por ahí seis años, nosotros le pagábamos en lo que estaba el salario mínimo en lo que a nosotros nos tocaba, mas lo que el se ganaba en lo que hacía por fuera”(47).

Por lo anterior, no es posible inferir del testimonio obrante en el proceso las ganancias netas o el promedio de ingresos que los accionantes percibían en 1999, pues la parte demandante ha debido acreditar, con cualquier medio idóneo(48), las sumas devengadas por las víctimas directas del daño para la época en que fueron privados de la libertad, no obstante, al no existir dicha probanza en el proceso, la liquidación del lucro cesante se realizará con fundamento en el salario mínimo legal mensual vigente, tal como lo ha establecido de manera recurrente la jurisprudencia de esta corporación(49). Circunstancia que se hace extensiva al señor Rogelio del Jesús Muñoz Calderón que a pesar de que en el plenario no obra prueba de su actividad laboral, sí se halla acreditado que al momento de su captura se encontraba en edad productiva(50).

Procede la Sala a liquidar el lucro cesante bajo los siguientes parámetros:

Ingresos de las víctimas al momento de la detención: $ 236.460.

Período a indemnizar: 11,9 meses.

Actualización de la base: 

1
 

RA = $ 303.780, que por ser inferior al salario mínimo legal mensual que rige para el año 2017 ($ 737.717), se tomará éste último para la liquidación, por razones de equidad, sin que en este caso a dicha cifra se le incremente un 25% por concepto de prestaciones sociales ni el 8,75 correspondientes plazo que, según el Observatorio Laboral y Ocupacional Colombiano, a cargo del Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, es el que requiere una persona económicamente activa para conseguir trabajo o acondicionarse en una actividad laboral, por cuanto, las actividades económicas que ejercían los ahora demandantes eran la de una persona independiente(51).

En conclusión, la siguiente será la liquidación que, por concepto de lucro cesante consolidado, efectuará la Sala sin el reconocimiento del 25% por prestaciones sociales:

Fórmula:

S = RA
 

Donde:

S = Es la indemnización a obtener.

Ra = Ingreso base de liquidación sobre el cual se liquidará el lucro cesante consolidado para los señores Rogelio del Jesús Muñoz Calderón, Óscar William Pérez Berrío y Miguel Eugenio Pérez Berrío: $ 737.717.

i= Interés puro o técnico: 0,004867.

n= Número de meses que comprende el período de la indemnización: 11,9 meses.

Reemplazando se tiene:

1
 

Total lucro cesante: NUEVE MILLONES QUINCE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS ($ 9.015.473), para cada uno de los directos perjudicados.

8.2.2. Daño emergente

En cuanto a los perjuicios materiales ocasionados, se solicitó en la demanda que se condenara a favor de Rogelio de Jesús Muñoz Calderón y Óscar Pérez Berrío, “el valor que corresponda a la totalidad de los gastos en que debieron incurrir tanto para el sostenimiento y cuidado personal dentro de la Cárcel Distrital Bellavista como para procurarse una adecuada defensa en el proceso penal que cursó en su contra, de conformidad con lo que resulte probado en el proceso”.

Respecto del señor Miguel Eugenio Pérez Berrío, se solicitó “la cantidad de dinero que corresponda a la totalidad de perjuicios materiales que alcancen a probarse en el proceso, con motivo de su injusta privación de la libertad, los que no alcanzaron a resarcirse en vida del perjudicado, las cantidades se dividirán ente los demandantes en la proporción que indica la ley civil”.

Ahora bien, conviene recordar que el artículo 1614 del Código Civil define el daño emergente como “el perjuicio o la pérdida que proviene de no haberse cumplido la obligación o de haberse cumplido imperfectamente, o de haberse retardado su cumplimiento”. En tal virtud, como lo ha sostenido reiteradamente la Sección, estos perjuicios se traducen en las pérdidas económicas que se causan con ocasión de un hecho, acción, omisión u operación administrativa imputable a la entidad demandada que origina el derecho a la reparación y que en consideración al principio de reparación integral del daño, consagrado en el artículo 16 de la Ley 446 de 1998, solamente pueden indemnizarse a título de daño emergente los valores que efectivamente empobrecieron a la víctima o que debieron sufragarse como consecuencia de la ocurrencia del hecho dañoso y del daño mismo.

De otra parte, no cabe duda a la Sala que los gastos de honorarios profesionales en que se haya incurrido para la defensa legal de quien estuvo privado de la libertad injustamente constituye un daño emergente que debe ser reparado en la medida que se compruebe, al menos, la gestión del abogado y el pago por los servicios prestados para que se le reconozca tal perjuicio a quien asumió el gasto(52). Circunstancia que se encuentra probada con la certificación expedida por un profesional del derecho, quien manifestó que adelantó la defensa técnica desarrollada en el proceso penal adelantado en contra de los señores Miguel Eugenio, Óscar Pérez Berrío y Rogelio Muñoz Calderón y consta además que los representó en varias diligencias de ese proceso y, para ello, le fue reconocido la suma de $ 5’000.000 por cada uno de procesados(53).

Así las cosas, la Sala actualizará la suma de dinero reconocida de conformidad al índice de precios al consumidor con la siguiente fórmula:

2
 

Total daño emergente: SEIS MILLONES CUATROCIENTOS VEINTITRÉS MIL QUINIENTOS DIECISIETE PESOS ($ 6.423.517), para cada uno de los directos perjudicados.

Así mismo se advierte que dentro del expediente no se evidencian medios de prueba acrediten los gastos en los que incurrieron los demandantes “para el sostenimiento y cuidado personal dentro de la Cárcel Distrital Bellavista”, al tiempo que la parte actora se abstuvo de aportar las pruebas de tales erogaciones.

Así pues, la sola inferencia o afirmación en la demanda acerca de la ocurrencia de un perjuicio no resulta suficiente para tenerlo como acreditado, en la medida en que es necesario e indispensable que el demandante respalde tales afirmaciones con el material probatorio suficiente para su comprobación en el proceso. Por lo tanto, ante la ausencia de elementos de juicio que acrediten la concreción de ese perjuicio material, la Sala negará tal pretensión.

9. Condena en costas.

En vista de que no se observa en este caso temeridad o mala fe en el actuar de las partes, la Sala se abstendrá de condenar en costas, de conformidad con lo previsto en el artículo 171 del Código Contencioso Administrativo, modificado por el artículo 55 de la Ley 446 de 1998.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando Justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

PRIMERO: REVOCAR, de conformidad con lo expuesto en la parte considerativa de la presente providencia, la sentencia de 27 de marzo de 2012, proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia - Sala de Descongestión.

1. DECLARAR probada la falta de legitimación en la causa por activa respecto de la señora Mónica Patricia Sossa Salazar, por las razones anteriormente expuestas y, por tanto, se negará la pretensión formulada por ella.

2. DECLARAR administrativamente responsable a la Nación - Rama judicial por la privación injusta de la libertad que sufrieron los señores Óscar William Pérez Berrío, Miguel Eugenio Pérez Berrío y Rogelio de Jesús Muñoz Calderón.

3. CONDENAR a la Nación - Rama judicial, con cargo al presupuesto de la Fiscalía General de la Nación, a pagar a los demandantes que a continuación se relacionan, las siguientes cantidades:

Rogelio de Jesús Muñoz Calderón80 SMLMV
Óscar William Pérez Berrío 80 SMLMV
Miguel Eugenio Pérez Berrío (a la sucesión de la víctima directa del daño)80 SMLMV
Juan Camilo Muñoz Sossa80 SMLMV
María Magdalena Berrío Cano80 SMLMV
José Ignacio Pérez80 SMLMV
Luz Miriam Rojas Bedoya80 SMLMV
Miguel Alejandro Pérez Patiño80 SMLMV
Julián Camilo Pérez Patiño80 SMLMV
Marina Pérez Berrío40 SMLMV
Ana Cecilia Pérez Berrío40 SMLMV
Ángela Estela Pérez Berrío40 SMLMV
Gloria Elena Pérez Berrío40 SMLMV
María Rosalba Pérez Berrío40 SMLMV

4. CONDENAR a la Nación - Rama judicial, con cargo al presupuesto de la Fiscalía General de la Nación, a pagar a título de lucro cesante, las siguientes sumas de dinero:

Rogelio de Jesús Muñoz Calderón$ 9.015.473
Óscar William Pérez Berrío$ 9.015.473
Miguel Eugenio Pérez Berrío (a la sucesión de la víctima directa del daño)$ 9.015.473

5. CONDENAR a la Nación - Rama judicial, con cargo al presupuesto de la Fiscalía General de la Nación, a pagar por concepto de daño emergente, las siguientes sumas de dinero:

Rogelio de Jesús Muñoz Calderón$ 6.423.517
Óscar William Pérez Berrío$ 6.423.517
Miguel Eugenio Pérez Berrío (a la sucesión de la víctima directa del daño)$ 6.423.517

6. Sin condena en costas.

7. CUMPLIR lo dispuesto en esta providencia, en los términos previstos en los artículos 176 y 177 del Código Contencioso Administrativo.

8. EXPEDIR a la parte actora las copias auténticas con las constancias de que trata el artículo 115 del Código de (sic).

SEGUNDO: Ejecutoriada esta providencia, por secretaría DEVOLVER el expediente a su tribunal de origen.

Cópiese, notifíquese y cúmplase».

23 Sobre este tema consultar auto proferido por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo el 9 de septiembre de 2008. M.P. Mauricio Fajardo Gómez, Exp. 11001-03-26-000-2008-00009-00, actor: Luz Elena Muñoz y otros.

24 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencia del 14 de febrero de 2002, Exp. 13.622. M.P. María Elena Giraldo Gómez, reiterado en sentencia del 11 de agosto de 2011, proferida por la Subsección A de la Sección Tercera de esta corporación, Exp. 21.801. M.P. Hernán Andrade Rincón. Al respecto puede consultarse igualmente: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, Auto de 19 de julio de 2010, Exp. 37.410. M.P. Mauricio Fajardo Gómez.

25 La cual, según constancia aportada al proceso, se encuentra debidamente ejecutoriada, pues, a folio 658 del cuaderno de pruebas Nº 2, obra oficio a través del cual la Unidad de fiscalías especializadas le informó a la división de archivo de esa misma unidad, que la preclusión proferida a favor de los sindicados se encuentra debidamente ejecutoriada. Por lo anterior, es preciso señalar que si bien en el expediente no obra constancia de ejecutoria, lo cierto es que existe un documento que da cuenta de la firmeza de la decisión.

26 Folio 14 vto. del cuaderno de primera instancia.

27 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A del 4 de diciembre de 2006, Exp. 13.168 y sentencia del 2 de mayo de 2007, Exp. 15.463. M.P. Mauricio Fajardo Gómez, reiteradas en la sentencia del 26 de mayo de 2011, Exp. 20.299 de la misma Subsección, entre muchas otras.

28 Según registro civil de nacimiento visible a folio 7 del cuaderno de primera instancia.

29 Según registro civil de nacimiento de los señores Óscar William y Miguel Eugenio Pérez Berrío, visible a folios 8 y 11 del cuaderno de primera instancia.

30 Según testimonio de Nelly del Socorro Arenas visible a folio 104 del cuaderno de primera instancia.

31 Según registros civiles de nacimiento visibles a folios 9 a 10 del cuaderno de primera instancia.

32 Según registros civiles de nacimiento visibles de folios 12 a 16 del cuaderno de primera instancia.

33 Ver, entre otras, las siguientes providencias: sentencia de 4 de noviembre de 2015, Exp. 33.571; sentencia de 29 de julio de 2015, Exp. 31.089.

34 Folio 14 del cuaderno de pruebas Nº 1.

35 Folios 6 a 8, 16 a 18 del cuaderno de pruebas Nº 1.

36 Folios 94 a 112 del cuaderno de pruebas Nº 1.

37 Folios 277 a 288 del cuaderno de pruebas Nº 1.

38 Folios 197 a 232 del cuaderno de primera instancia.

39 Folios 635 a 643 del cuaderno de pruebas Nº 2.

40 Folios 197 a 232 del cuaderno de primera instancia.

41 Folio 642 del cuaderno Nº 2 de pruebas.

42 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sala Plena, Auto de 25 de septiembre de 2013, Exp. 20.420 (A). M.P. Enrique Gil Botero.

43 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A; sentencia del 28 de agosto de 2014, Exp. 36.149. M.P. Hernán Andrade Rincón (E).

44 Original de la cita: Sentencia de 10 de marzo de 2005, Exp. 16.346.

45 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Exp. 14908, Sentencia de 26 de abril de 2006. M.P. Ruth Stella Correa Palacio.

46 Folio 105 del cuaderno de primera instancia.

47 Folio 104 del cuaderno de primera instancia.

48 El Código de Comercio, especialmente en sus artículos 19 y 48, impone a los comerciantes la obligación de registrar y llevar en libros, la contabilidad de su actividad comercial.

49 Ver, entre otras, la sentencia del 9 de septiembre de 2015, Sección Tercera - Subsección A, Rad. 68001-23-31-000-2001-01546-01(38550). Igualmente la Sentencia de esta misma Subsección, proferida el 7 de octubre de 2015, Exp. 25000-23-26-000-2005-00051-01(35685).

50 Folio 114 del cuaderno de pruebas Nº 1. Fecha de nacimiento: 26 de febrero de 1973, por lo que al momento de la captura el señor Muñoz Calderón tenía 26 años de edad.

51 Circunstancia que quedó expuesta en Sentencia de 3 de agosto de 2017, proferida por esta Subsección, Exp. 51017.

52 Este criterio fue expuesto por esta Subsección en sentencia de 30 de enero de 2013, Exp. 25000-23-26-000-1999-02014-01 (27.070).

53 Folios 167 a 169, 175, 265 a 271 del cuaderno de pruebas 1 y folios 536 a 550 del cuaderno de pruebas 2.