Sentencia 2002-02504/47834 de febrero 28 de 2018

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN “B”

Rad.: 680012331000200202504 01 (47834)

Actor: Ligia Avellaneda de Rodríguez y otros

Demandados: La Nación - Ministerio de Defensa - Policía Nacional

Naturaleza: Acción de reparación directa (apelación de sentencia)

Consejero Ponente:

Dr. Ramiro Pazos Guerrero

Bogotá D.C., veintiocho de febrero de dos mil dieciocho.

EXTRACTOS: «III. Consideraciones de la Sala

1. Presupuestos procesales

1.1. jurisdicción, competencia y acción procedente. Se trata de un asunto de naturaleza pública debatible en segunda instancia, comoquiera que la sentencia recurrida proviene del Tribunal Administrativo de Santander; asimismo, atendiendo la cuantía,(5) es procedente el recurso interpuesto. En cuanto al conducto procesal, las pretensiones son pasibles de estudio, a través de la acción de reparación directa establecida en el artículo 86 del Código Contencioso Administrativo.

1.2. La legitimación en la causa. Teniendo en cuenta que la legitimación comporta una condición anterior y necesaria para proferir sentencia(6), la Sala examinará este presupuesto procesal en su aspecto material, esto es, conforme a la participación real de las personas en el hecho que dio lugar a la demanda(7).

De esta forma, por activa se encuentra demostrada la legitimación de los demandantes, en su calidad de familiares del fallecido Luis Alberto Rodríguez Vargas, como se acredita con los respectivos registros civiles(8), así como también, con el registro civil de defunción de la persona de la cual derivan el interés para acudir en reparación (fl. 19, c. 1).

Por pasiva, se encuentra legitimada la Nación — Ministerio de Defensa — Policía Nacional, si se tiene en cuenta que se trata de la entidad, respecto de la cual, la parte actora predica la presunta omisión en el deber de brindar protección y seguridad a la víctima.

1.3. La caducidad. Tratándose de la acción de reparación directa, conforme lo prescribe el art. 136 nº 8 del C.C.A. el término para demandar es de dos (2) años, contados a partir del día siguiente de la ocurrencia del hecho lesivo.

En el presente caso, como se reclama por los daños ocasionados por la muerte del señor Luis Alberto Rodríguez Vargas ocurrida el 12 de octubre de 2000, tal como consta en el registro civil de defunción (fl. 19, c. 1) y el acta de levantamiento de cadáver (fls. 51-53, c. 1), será a partir de tal evento que se empieza a contar la caducidad. Como se sabe que la demanda de reparación fue interpuesta el 11 de octubre de 2002, es evidente el ejercicio oportuno del derecho de acción.

2. Hechos probados.

2.1. Presupuestos de valoración de los medios de prueba - i) El valor de las copias simples. Corolario del estado actual de la jurisprudencia de la corporación(9), es posible sostener que los documentos obrantes en copia simple tienen mérito probatorio cuando se constate alguna de las siguientes hipótesis: a) que la parte contra quien se aducen, habiendo tenido la oportunidad de controvertirlos, los de por ciertos, no los desconozca ni los tache de falsos; b) que la parte contra quien se aducen los alegue igualmente como prueba; c) que la parte contra quien se aducen conserve el original; d) cuando se trate del trámite de reconstrucción de expedientes y, e) cuando habiéndose convocado a reconocer el documento se obre con renuencia y evasivas(10). Lo anterior, con fundamento en la prevalencia del derecho sustancial sobre el procesal, el acceso a la administración de justicia y el principio de la buena fe, entre otros, que vienen a constituir una especie de interdicción al exceso de rigor procesal que no pocas veces lacera el ejercicio y el acceso efectivo a las garantías constitucionales y de justicia.

En el expediente obran algunos documentos que fueron aportados en copia simple pero, a su vez, se encuentran amparados por las reglas de valoración expuestas, habida cuenta que fueron incorporados debidamente al expediente(11), que estuvieron disponibles para el ejercicio de contradicción de las partes y, que sobre ellos no se esbozó tacha alguna, por lo que serán tenidos en cuenta con pleno valor de prueba.

ii) Valoración de los recortes de periódico. Al respecto, la corporación ha dicho que “estos pueden ser considerados no solamente para probar el registro mediático de los hechos, sino para acreditar la existencia de los mismos, siempre y cuando tengan conexidad con otros medios de prueba y coincidan con ellos” (se resalta)(12). La anterior postura fue adicionada en relación con el valor probatorio de las declaraciones o manifestaciones de los servidores públicos divulgadas, reproducidas y/o transmitidas en los diferentes medios de comunicación, en razón de la investidura y de su posición en la sociedad(13). Atendiendo las precitadas reglas, en aquello que resulte armónico con las demás pruebas, serán valorados, si a ello hubiere lugar, los extractos noticiosos del periódico Vanguardia Liberal del 14 y 15 de octubre de 2000 (fls. 49-50, c. 1) y, del 16 de febrero de 2001 (fl. 33, c.1). Los extractos visibles a fls. 46-48, c. 1 no serán valorados comoquiera que, si bien aluden a los mismos hechos, no es posible precisar su fuente ni su fecha de emisión, aparte que en las copias se evidencia una superposición de imágenes que enervan el carácter informativo de la prueba.

A la sazón de las anteriores consideraciones, se tienen como probados los siguientes hechos relevantes(14):

2.2. Se sabe que el señor Luis Alberto Rodríguez Vargas fue un reconocido dirigente político del municipio de Mogotes-Santander, cuya actividad y trayectoria le valió para ser alcalde de dicho municipio en cuatro ocasiones: i) del 4 de julio de 1974 al 26 de septiembre de 1976; ii) del 20 de octubre de 1978 al 18 de octubre de 1979; iii) del 25 de mayo de 1981 al 10 de octubre de 1983 y, iv) del 1 de enero al 19 de junio de 1995, esta última por elección popular; tal como consta en la certificación expedida por el juez promiscuo municipal de Mogotes (fl. 72, c. 1).

2.3. Se encuentra debidamente demostrado que el señor Luis Alberto Rodríguez Vargas falleció, de manera violenta, el 12 de octubre de 2000, conforme se desprende del acta de levantamiento de cadáver (fl. 51, c. 1), el protocolo de necropsia (fls. 52-53, c. 1) y el registro civil de defunción (fl. 19, c. 1).

2.4. Sobre las circunstancias en que ocurrió la muerte, se sabe que el 12 de octubre de 2000, hacia el mediodía, cuando Rodríguez Vargas se dirigía en su vehículo desde su finca ubicada en la vereda de Flórez en zona rural de Mogotes, aproximadamente a cinco kilómetros del casco urbano y con destino a la cabecera municipal donde residía, fue interceptado por tres hombres fuertemente armados que obligaron a descender del vehículo a las personas que lo acompañaban —su hija, un nieto y un amigo— a quienes les dijeron que se fueran porque necesitaban hablar con Rodríguez Vargas, que volvieran por él hacia las cinco de la tarde que lo encontrarían en la escuela de la vereda Cuchiquirá. A las 6 de la tarde de ese día, la familia conoció la noticia que había sido asesinado y su cuerpo abandonado cerca del lugar donde fue retenido. Este hecho narrado en la demanda encuentra respaldo, entre otros, en la divulgación noticiosa que al respecto hizo el diario Vanguardia Liberal, en la edición del sábado 14 de octubre de 2000 (fl. 50, c. 1).

2.4.(sic) Se sabe que, si bien, al comienzo se manejó la hipótesis de que el homicidio fue perpetrado por opositores políticos, posteriormente, el frente Efraín Pabón Pabón del ELN se atribuyó el asesinato de Luis Alberto Rodríguez Vargas, mediante un comunicado que el grupo insurgente hizo llegar a través de la Diócesis de Socorro-San Gil. De este hecho se conoce por la divulgación del comunicado que trascendió a la prensa y, porque el mismo despacho parroquial lo mencionó en la comunicación del 22 de noviembre de 2000 dirigida a la esposa del fallecido (fl. 34, c. 1)(15). Los móviles del asesinato, según se desprende de la versión del comunicado del ELN que se ventiló el 16 de febrero de 2001 en el rotativo Vanguardia Liberal, obedeció a un juicio político adelantado por el grupo guerrillero, tal como allí se dijo:

Con un “juicio y la aplicación de la justicia revolucionaria”, el Ejército de Liberación Nacional, ELN, asesinó al ex alcalde de Mogotes, Luis Alberto Rodríguez Vargas (…). Así lo expresa el comunicado del frente “Efraín Pabón Pabón” del ELN, que le entregaron en Málaga al sacerdote Joakín Mayorga Fonseca, asesor del proceso de la Asamblea Constituyente de Mogotes (…) el grupo guerrillero dice que le siguió un “juicio” al ex alcalde por haber incurrido en varios “delitos contra revolucionarios”.

El primero: “Incumplimiento al veto político para ejercer en el municipio, como única condición para la liberación de su hijo Jhovany, retenido por el frente”.

El hijo de Luis Alberto Rodríguez fue secuestrado por el ELN el 11 de diciembre de 1997,(16) cuando el ELN tomó a Mogotes, con un saldo de tres policías y dos civiles muertos.

La versión que se conoce es la de que ese día los guerrilleros llegaron con el propósito de llevarse al ex alcalde Rodríguez Vargas, pero este logró huir(17). Entonces los insurgentes retuvieron a su hijo Dorian (sic) Jhovany (sic), quien era el alcalde.

En un segundo punto del comunicado acusan al ex mandatario de “apropiación de recursos técnicos y económicos (peculado) para su beneficio, el de su familia y de terceros (…)”. Igualmente de “crear y consolidar el proyecto paramilitar en la región”.

En otro punto le endilgan el haber manifestado en campaña política que “había arreglado económicamente por la liberación de su hijo”(18)

2.5. Sobre la presunta existencia de amenazas contra la vida de Luis Alberto Rodríguez Vargas y, el conocimiento que de éstas tenía un policía de nombre Edwin Bautista, de quien se dijo era el comandante de policía de Mogotes para ese entonces, se allegaron dos testimonios. En el primero de ellos, la testigo Flor Delia Remolina Corzo (fls. 135-136, c. 1), concejal del municipio, expuso:

Si bien recuerdo fue la muerte de Luis Alberto Rodríguez Vargas, yo no vi nada, aparte de recibí con mucha tristeza la noticia”. PREGUNTADO.— Indique al despacho si sabe o sabía si el señor Luis Alberto Rodríguez se encontraba amenazado en su vida y si este había tomado alguna medida de seguridad al respecto? CONTESTÓ: “Si bien recuerdo realmente no se (sic) si él ya sabía o tendría alguna amenaza, lo cierto es que días o meses atrás como es mi costumbre salir a vender a la plaza el pan y desde luego conversar con la comunidad tendiendo (sic) en cuenta que tengo compromisos dado que llevo unos 18 años como concejal entonces pregunto cómo están ustedes que tal por su región, y un señor me manifestó que había gente rara por ese sector, le pregunte cuál gente, y por qué decía eso, me dijo que no sabía qué clase de personas eran, pero que si andaban armados, y que le habían dicho a él cuando se lo habían encontrado que qué llevaba en el costal y él les mostró que llevaba y siguió para su casa, llegó a su casa y encontró más gente rara tostando hormigas, y él se encerró en un cuarto y desde allá escuchó que estas personas decían otra vez nos hizo perder el viaje, fueron muy desobligantes con términos muy desobligantes (sic) contra Luis Alberto, otra vez nos hizo perder el viaje el triplutahijueputa (sic) chocato, pero no se la rebajamos, estará pensando que está jugando con la puta madre, eso me comentó el señor que no recuerdo el nombre”. PREGUNTADO.— Indique al despacho si sabe usted si el señor Luis Alberto Rodríguez solicitó colaboración de alguna entidad Municipal o autoridad pública para salvaguardar su vida? CONTESTÓ: “Haber lo que yo sé es que tan pronto llegué de la plaza a mí me preocupo esa versión, me preocupe por Luis Alberto y la policía teniendo en cuenta lo que había sucedido años atrás, entonces llame al sargento Edwin Bautista sargento de policía en esta localidad a quien le tenía confianza y amistad y le comenté y le dije que por qué no le decía a Luis Alberto, no le dije yo porque manejábamos en muchas ocasciones (sic) discrepancias políticas a pesar de haber tenido una gran amistad con él y apreciarlo como persona, no supe que más paso, consideré que al decírselo a las autoridades quedaba en manos de las autoridades (…). PREGUNTADO.— Informe al despacho si usted tiene conocimiento que al señor Luis Alberto Rodríguez las autoridades de policía, militares, o civiles le hayan brindado algún tiempo (sic) de seguridad especial en razón a las amenazas que estaban sobre su vida? CONTESTÓ: “Como le manifestaba anteriormente yo si le comenté al sargento comandante del puesto de policía de Mogotes pudiéramos decir inmediato escuche esa versión, es más si bien recuerdo volví a comentarle al sargento si le había comentado a Luis Alberto y él me comentó que si, pero realmente no sé qué medidas tomarían y tampoco hubiera preguntado teniendo en cuenta que no me metía en eso, me parece nunca haberlo visto con escolta, eso si nunca le vi escolta”. PREGUNTADO.— Informe al despacho si el señor Luis Alberto Rodríguez en su condición de alcalde y posteriormente como ex alcalde del Municipio, fue objeto de amenazas que pudieran poner en peligro su vida? CONTESTÓ: “Lo que pude oír y darme de cuenta el día de la toma guerrillera donde por los alto parlantes de la casa cural se decía que venían por él y que lo necesitaban que se presentara eso escuchaba, y ahí si decía que eran miembros del ELN y que lo necesitaban a él”. PREGUNTADO.— Informe al despacho si usted en su condición de concejal para la época de los hechos, considera o consideró como serias y fundades (sic) las amenazas que existían en contra de Luis Alberto Rodríguez? CONTESTÓ: Cuando me dijeron eso el señor me dio mucho miedo teniendo en cuenta que la vez de la toma guerrillera por los alto parlantes de la casa cural decían que eran del ELN y que venían por Luis Alberto y que no se iban sin que se presentara, incluso decían aquí tenemos a su hijo, preséntese y desde que luego esa vez se llevaron a su hijo Giovanny”. PREGUNTADO.— Consiera (sic) usted que a raíz de los hechos que se dieron en ese entonces el señor Luis Alberto Rodríguez debió ser rodeado por las autoridades militares o de policía de especial seguridad para salvaguardar su vida? CONTESTÓ: “Yo creo que realmente que sí; teniendo en cuenta que él era un gran líder, sus cargos desempeñados, y lo que esa gente decía cuando la toma”. PREGUNTADO.— Informe al despacho si sabe de otras personas además de usted que supieran de las amenazas al señor Luis Alberto Rodríguez? CONTESTÓ: “No sé” (…).

Sobre el particular, la testigo María Alba Mireya Guerrero de Flórez (fls. 136-138, c. 1), dijo:

Yo no estaba ese día, yo estaba como candidata de la alcaldía de Coromoro, y mi esposo me llamó como a las siete de la noche y me comentó lo que había sucedido, me dijo mija están con el comentario que se llevaron a Luis y parece que lo mataron, haber Luis Alberto había ido a Coromoro como en Julio de ese mismo año, y Luis me dijo mija imagínese que supe que me quieren joder, yo le dije como así, por qué, dijo hay unos comentarios, le dije mijo cuídese, no salga solo, o haga lo que tiene que hacer e informe, él se quedó pensativo y no comentamos más, sino que en octubre ocho días antes, ese viernes, que al jueves lo mataron a él nos encontramos en San Gil porque éramos muy amigos, yo hice el contacto con él, y fuimos a desayunar a un restaurante nos sentamos él dio la espalda hacia la calle, cuando pedimos desyauno (sic), no sé qué le dio y me dijo cambiemos entonces me pase al lado y él se puso de frente, lo vi raro no era así, le dije este pingo que le pasa porque lo veo raro, qué tiene, me dijo tengo dos preocupaciones me hizo el comentario que tenía que llegar con una plata para pagar, y que tenía que comprar alimentos para unos peces y que había ido a Bucaramanga por un plata y no se la habían dado, entonces le dije tranquilo si me dan una plata usted ya sabe, entonces le dije cuál es la otra preocupación me dijo Bautista me comento de que le habían comentado a él que ya habían venido (sic) hacerle varios viajes a él, entonces le dije usted le preguntó quién dijo esos comentarios, entonces él dijo que no le había querido decir, entonces me dijo es una mujer entonces le dije que si es una mujer póngale la firma que fue Flor Delia y a ella le trajo la razón de arriba, me dijo que Bautista le había dicho una mujer, entonces le dije a Luis que se cuidara, que comentara, que no anduviera solo, no de papaya, este pendiente sobre la situación yo lo estoy llamando, y me dijo fresca que de eso se va a encargar Bautista, y fuimos hacer la vuelta de la plata, compramos el alimento y lo mandó, yo tenía que hacer una vuelta porque en Coromoro tenían también problemas, entonces él se vino adelante, le dije a mi esposo le entregó algo dijo si, le dije este pendiente de él entonces me dijo por qué y le dije por algo por teléfono no le comento”. PREGUNTADO.— Indique al despacho si usted sabe si el señor Luis Alberto solicitó colaboración de alguna autoridad municipal para salvaguardar su vida? CONTESTÓ: “Pues el comentario que le hice y él me comento fue que Bautista se iba a encargar de eso, porque él era el comandante de policía en ese momento acá”. PREGUNTADO.— Indique al despacho si usted sabe o le consta que se le haya prestado servicios de vigilancia o escolta o seguridad al señor Luis Alberto Rodríguez por parte de autoridades municipales de policía o militares? CONTESTÓ: Que yo sepa no, y para mí eso tuvieron que haber hecho, no más cuando Bautista se enteró, porque él había sido alcalde no solamente aquí sino en otros municipios, fue concejal, la gente lo quería aquí muchísimo”(…) PREGUNTADO.— Informe al despacho si usted tiene conocimiento que el señor Luis Alberto Rodriguez haya sido objeto de atentados o ameneazas (sic) por parte de personas al margen de la ley? CONTESTÓ: “Claro cuando la toma guerrillera en el 97, vinieron a buscarlos directamente a él según lo que decía la guerrilla, en ese momento yo era concejal, y llegaron a la alcaldía a preguntarlo a él, él no era el alcalde en ese momento, la toma fue como a las cinco de la tarde, y como a las seis y media de la tarde lo llamaron por alto parlante a él, ese día secuestraron al hijo a Giovanny”. PREGUNTADO.— Informe al despacho si usted considera que el señor Luis Alberto Rodríguez debía estar protegido por las autoridades de policía, militar en razón a las amenazas que contra su vida existían? CONTESTÓ: “Para mí y creo que cualquier persona en Mogotes viviendo esa situación era de que le hubieran prestado la debida protección”. PREGUNTADO.— Informe si el comando de policía disponía de personal para esa época para brindarle esa protección al señor Luis Alberto Rodriguez? CONTESTÓ: “Pues yo imagino porque uno ve suficiente personal, imagino, es que mas mucho después de la muerte de Luis volvió Edwin a trabajar a Mogotes, y un día hablando de Luis, me dijo yo hablé con él y le comenté lo que esa señora me había comentado, eso le comenté donde Chejo Montero, y luego fue cuando vi que echaban coronas en un carro y pregunté y fue cuando me dijeron que era que había (sic) matado a Luis Alberto, y me dijo que sentía como un poco de culpa”. PREGUNTADO.— Tiene conocimiento de otras personas que hayan estado enteradas de las amenazas que pesaban en contra del señor Luis Alberto Rodríguez así como su entorno familiar? CONTESTÓ: “Sí yo sé de dos personas más, está Leonidas Agredo, él es vecino de acá, porque días después de lo sucedido me dijo que Luis le había comentado lo que Bautista le habla comentado, y tengo entendido que José Benedicto Montero también fue conocedor de esos comentarios ambos residen acá en Mogotes” (…) él era un eje principal, habiendo la policía oportunidad de hacer algo y no se hizo” (…).

2.6. Igualmente, se convocó como testigo al señor Edwin Alberto Bautista, de quien se dijo era el comandante de la Policía de Mogotes para la fecha de los hechos. Dicha prueba, pese a que fue decretada (fl. 106, c. 1) no fue posible recaudarla. Al respecto, el grupo de talento humano de la Policía de Santander certificó el 29 de septiembre de 2007 que el sargento mayor Bautista Peña Edwin Alberto se encontraba laborando en la Estación de Policía de Charalá (fl. 145, c. 1), por lo cual se libró el respectivo comisorio para la práctica de la prueba (fl. 147, c. 1), pero no fue posible ubicar el testigo y, luego, el 5 de mayo de 2010 la misma dirección de talento humano de la Policía certificó que el policía se había retirado de la institución el 4 de junio de 2008 (fl. 156, c. 1), pero suministró la dirección del último registro de la residencia en la ciudad de Cúcuta. Ante la persistencia de la parte actora para que se practicara el testimonio se libró, nuevamente, despacho comisorio al Tribunal Administrativo de Norte de Santander (fl. 151, c. 1) y, se envió la respectiva boleta de citación a la dirección suministrada, pero llegado el día y la hora fijadas el testigo no se hizo presente, razón por la cual, surtido el comisorio se devolvió la actuación al tribunal de origen (fls. 163-195, c. 1) donde se declaró vencido el término probatorio y se corrió traslado para alegar (fl. 196, c. 1)(19).

2.7. Se sabe, porque así lo refieren las pruebas allegadas, que para la época de los hechos, en Mogotes se adelantaba una iniciativa municipal de paz, mediante la creación de una Asamblea Municipal Constituyente, que se conformó luego de los eventos de la toma del municipio por la guerrilla en el año 1997 y que, en el año de 1999, es decir, un año antes del asesinato de Luis Alberto Rodríguez, se hizo merecer el premio nacional de paz(20).

2.8. Se sabe que para la fecha de los hechos, la señora Ligia Avellaneda, esposa del extinto Luis Alberto Rodríguez Vargas, se desempeñaba como directora de Núcleo educativo en Mogotes y que, tras recibir amenazas, el 1º de febrero de 2001, solicitó a la Secretaría de Educación de Bucaramanga su traslado a la ciudad capital (fls. 30-31, c. 1).

2.9. Se sabe que para el momento de su muerte, el señor Luis Alberto Rodríguez Vargas estaba próximo a cumplir 51 años de edad, tal como se desprende del registro civil de nacimiento que constata como fecha de nacimiento el 13 de octubre de 1949 (fl. 57, c. 1).

3. Problema jurídico.

Deberá la Sala analizar si conforme a los hechos y pruebas existentes, se cumplen los presupuestos necesarios para comprometer la responsabilidad del Estado por la muerte del señor Luis Alberto Rodríguez Vargas, ocurrida el 12 de octubre del 2000 en Mogotes-Santander, perpetrada, presuntamente, por miembros de la guerrilla del ELN.

En tal sentido, se deberá establecer, por un lado, si las autoridades de policía estaban al tanto de presuntas amenazas en contra del señor Rodríguez Vargas y, de estarlo, si omitieron el deber de brindarle protección y seguridad y, por otro, si el señor Rodríguez Vargas, por sus propias circunstancias, tenía derecho a recibir una protección especial de las autoridades.

4. Análisis de la Sala.

4.1. La responsabilidad del Estado por actos violentos de terceros. Por antonomasia, los actos violentos de terceros excluyen del plano fáctico la participación directa de los agentes del Estado; es decir que, descriptivamente, el daño se produce a expensas de una actuación ajena y extrínseca al quehacer estatal. De esta forma, un argumento por exclusión llevaría a pensar que si se habla de actos de terceros, ninguna responsabilidad le cabría al Estado frente al daño que aquellos ocasionen.

No obstante, como ya lo ha señalado esta Subsección(21), esa comprobación ontológica no resuelve de inmediato el quid de la imputación, si se tiene en cuenta que también en la inexistencia de actividad —cuando esta es debida— o, en la permisividad del accionar del tercero se genera un fundamento normativo de la responsabilidad, claro está, ya no desde los presupuestos de una relación causal sino de un imperativo jurídico capaz de vincular obligacionalmente a la administración no porque ésta haya producido el daño sino porque —debiendo y pudiendo— no hizo nada para evitarlo; o porque con su lícita actividad generó un riesgo superior. Es decir, la responsabilidad se estructura sobre la base de “contrastar el contenido obligacional que, en abstracto, fijan las normas específicas a la entidad demanda con el grado de cumplimiento en el caso concreto(22).

En ese orden de ideas, para que el daño proveniente de actuaciones exógenas le sea imputable al Estado se requiere que existan razones de derecho que lo vinculen con la garantía de “estándares normativos funcionales fijados por el orden interno e internacional”(23); de tal manera que el incumplimiento y desatención de los mismos acarree el deber de responder ya sea porque se pudo comprobar una falla del servicio o, en ausencia de esta, la administración con su legítima actividad haya generado un riesgo anormal y excesivo.

En tal sentido, conforme al más reciente pronunciamiento de la Sala Plena de la Sección Tercera(24), la responsabilidad del Estado por actos violentos perpetrados por terceros, procede ya sea a título de falla del servicio o riesgo excepcional, según se desprenda de los hechos en que se geste el caso. En el sub lite, de acuerdo con el escenario fáctico que lo antecede, queda descartada la configuración de una hipótesis de riesgo excepcional(25); por tanto, la Sala deberá abordar el estudio sobre la base de una posible falla del servicio.

4.2. La falla del servicio como presupuesto de responsabilidad por daños causados por actos violentos de terceros. Sobre cuándo se considera que la falla del servicio opera como fundamento de la reparación en este tipo de eventos, la Sección Tercera del Consejo de Estado, ha establecido los siguientes supuestos:

i) en la producción del daño estuvo suficientemente presente la complicidad por acción u omisión de agentes estatales; ii) se acredita que las víctimas contra quienes se dirigió de modo indiscriminado el ataque habían previamente solicitado medidas de protección a las autoridades y estas, siendo competentes y teniendo la capacidad para ello, no se las brindaron o las mismas fueron insuficientes o tardías, de tal manera que su omisión es objeto de reproche jurídico (infracción a la posición de garante); iii) la población, blanco del ataque, no solicitó las medidas referidas; no obstante, el acto terrorista era previsible, en razón a las especiales circunstancias fácticas que se vivían en el momento, pero el Estado no realizó ninguna actuación encaminada a evitar de forma eficiente y oportuna el ataque; y iv) el Estado omitió adoptar medidas de prevención y seguridad para evitar o atender adecuadamente una situación de riesgo objetivamente creada por este”(26).

Así mismo, se ha considerado que es procedente la responsabilidad en eventos en los cuales “la víctima no solicitó las medidas referidas, pero las fuerzas del orden conocían las amenazas que se cernían contra su vida y, por ende, estaban obligadas a actuar (deber de diligencia)”(27) o, no conociéndolas de forma expresa, estas eran previsibles, tal como ocurre, por ejemplo, con alcaldes en ejercicio de sus funciones(28), concejales, diputados y senadores(29), defensores de derechos humanos, líderes sociales(30) y dirigentes sindicales(31), entre otros actores sociales y políticos(32) sobre los que se estima que el Estado tiene un deber especial de protección en razón a “la naturaleza de sus funciones, el grupo político al que pertenecen o el contexto social en que operan [y que] deben ser resguardadas de cualquier ataque en su contra, aún si no han solicitado formalmente protección a las autoridades”(33), precisamente, porque en el ejercicio de tales actividades hay un mayor nivel de exposición al riesgo.

En términos generales, cuando se trate de actos violentos de terceros, el Estado responde a título de falla del servicio, porque: “i) haya participado directa o indirectamente en la producción del hecho dañoso, o ii) no hubiere intervenido en el acto o hecho generador del daño, pero este le era previsible y resistible, y no adoptó las medidas necesarias e idóneas encaminadas a anticipar, evitar o mitigar el resultado dañoso, pudiendo y debiendo hacerlo.”(34) Sobre este último aspecto, esto es, la previsibilidad del daño, la jurisprudencia de la corporación ha tenido en cuenta la variable del contexto, para evaluar el conocimiento anticipado que las autoridades pueden tener de determinado hecho, razón por la cual, la Sala hará un análisis de incidencia del contexto como factor para determinar la actuación o inactuación constitutiva de falla.

4.2.1. El contexto como factor de previsibilidad de la exposición al riesgo. A efectos de establecer la previsibilidad del hecho, cuando la víctima no puso en conocimiento de la autoridad amenazas ni solicitó previamente protección y, tampoco es una persona que por la naturaleza de las funciones ejercidas deba ser objeto de protección o resguardo especial(35); se ha tenido en consideración el contexto en que suceden los hechos.

Así por ejemplo, si los hechos se desarrollan en zonas de conflicto armado donde la asechanza de los grupos ilegales contra la población civil es evidente, persistente y escalada, se concibe que tales circunstancias elevan el nivel de exposición al riesgo y, por ende, el Estado se ve abocado a adoptar medidas de protección especial, tendientes a evitar que la situación de riesgo se concrete en desfavor de la población civil expuesta(36).

De esta forma, el contexto es útil, en tanto resulta indicativo del nivel de exposición al riesgo en que se encuentran los habitantes de determinada zona y constituye un valioso insumo para que el Estado ajuste y redefina su marco de actuación a las necesidades específicas de seguridad que amerite una situación dada.

Desde luego, no se trata de imponerle al Estado obligaciones de augur ni de hacerle exigencias sobre la base de pronósticos improbables y remotos, como tampoco, de reclamarle lo que solo un Estado ideal estaría en condiciones de cumplir, pues inclusive, “la Corte IDH aplica una especie de self-restraint cuando acepta la tesis de la “protección imposible” como medio de defensa del Estado caso por caso(37).

Tampoco se trata de circunscribir el análisis del contexto a un lato “reenvío a las circunstancias históricas, políticas y sociales”(38) que describen la situación de conflicto armado generalizada que ha perdurado por décadas en el país; por el contrario, el análisis debe aterrizarse sobre la situación específica, atinente a la zona en que se suceden los hechos de los cuales se predica la responsabilidad estatal, pues solo de esta manera se concreta el nivel real de peligro al que puedan estar sometidos los habitantes.

Claramente, sin mayores detenimientos ni holismos históricos, es innegable que Colombia ha vivido inmersa en un conflicto armado interno, no solamente porque se trata de hechos irrebatibles, sino porque jurídicamente así ha quedado reconocido(39). Sin embargo, esa situación generalizada no presupone que todos los ciudadanos estén expuestos de la misma forma ni que el conflicto se refleje con una intensidad uniforme. Por ser así, para exigir del Estado medidas adicionales y específicas a las que regularmente despliega, se requiere que esté en condiciones de prever cuando un peligro se agudiza o se extrema.

De esta forma, la relatividad de las obligaciones del Estado no excusa su incumplimiento, ya que el contexto propicia una lectura de la realidad en pos de la cual el Estado está llamado a reconfigurar el ejercicio de sus funciones, conforme a las necesidades de protección específicas que aparezcan o se desprendan de una situación determinada.

4.2.2. Los deberes de protección frente al derecho fundamental a la seguridad personal. Como premisa de apertura, a partir de los artículos 2º y 218 de la Constitución Política, el Estado tiene el ineludible deber de garantizar la protección de todas las personas residentes en el país. No obstante, por vía de esa obligación genérica “no le son imputables todos los daños a la vida, a la integridad física o a los bienes de las personas causados por terceros, porque las obligaciones del Estado son relativas, en la medida que se circunscriben a sus capacidades en cada caso concreto(40)”.

En efecto, como ya se expuso, la garantía de protección general deviene imposible, de ahí, que se requiera que las autoridades por cualquier medio hayan obtenido el conocimiento de un riesgo o puedan inferirlo a partir de unas circunstancias especiales y particulares, como ocurre cuando media un riesgo extraordinario, en cuyo caso, se supera el umbral de lo social y jurídicamente soportable y se pasa a un nivel de exposición intensa en la que el ciudadano ya no se encuentra en circunstancias de paridad si se le compara con el resto de los co-administrados. Sobre el particular, la Corte Constitucional ha dicho:

[E]I derecho a la seguridad personal no comprende el poder jurídico de exigirle a las autoridades que anticipen cualquier riesgo, así éste sea grave, si es imprevisible aún con los medios más sofisticados de inteligencia y prevención. Las autoridades no tienen el deber de desarrollar una misión objetiva y general de resultado para superar las contingencias de la convivencia social. No obstante, el derecho a la seguridad personal sí comprende un nivel de protección básico de las personas contra ciertos riesgos o peligros que, al llenar las características abajo descritas, no resultan legítimos ni soportables dentro de la convivencia en sociedad, de acuerdo con la Constitución y los tratados internacionales; se trata de riesgos extraordinarios cuya imposición misma lesiona la igualdad en la que deben estar las personas frente a la carga de vivir en sociedad (…)(41).

En esa medida, el riesgo para la seguridad personal que las autoridades de policía están obligadas a precaver aun cuando expresamente no se les haya puesto en conocimiento, es aquél de naturaleza extraordinaria que, además, de cara a las circunstancias que lo suscitan, haya podido ser previsible.

4.3. El caso concreto. Debate la Sala la responsabilidad del Estado por la muerte violenta del señor Luis Alberto Rodríguez Vargas, ocurrida el 12 de octubre de 2000, a escasos kilómetros del casco urbano del municipio de Mogotes, Santander y, perpetrada, al parecer, por integrantes del ELN.

4.3.1. Acreditación del daño y su antijuridicidad. Para la Sala es claro y se encuentra debidamente probado el daño que se alega, comoquiera que por distintos medios se demostró la muerte violenta del señor Luis Alberto Rodríguez Vargas (registro civil de defunción (fl. 19, c. 1), acta de levantamiento de cadáver (fl. 51, c. 1) y, protocolo de necropsia (fls. 52-53, c. 1).

Asimismo, el daño en su aspecto material también aparece evidenciado, pues se sabe que para el momento de su muerte, Luis Alberto Rodríguez Vargas ejercía una actividad económica productiva, toda vez que se dedicaba a la explotación agrícola de su finca, tal como lo expusieron las testigos Flor Delia Remolina Corzo(42) y María Alba Mireya Guerrero de Flórez(43) (fls. 135-138, c. 1), hecho que se corrobora, inclusive, si se tiene en cuenta que al momento de ser abordado por los sujetos que lo retuvieron y que luego le quitaron la vida, el señor Rodríguez Vargas iba saliendo precisamente de su finca.

De su antijuricidad tampoco hay duda, ya que siendo la vida el prior de los bienes que alguien pueda tener, resulta impensable que una pérdida semejante pueda estar dentro de la esfera de lo que es disponible o de lo que alguien, bajo cualquier circunstancia deba soportar. Se trata por tanto, del bien por excelencia tutelable y de mayor relevancia constitucional(44) y convencional(45), a partir del cual cobra sentido la existencia de otros derechos, como en este caso, el de la seguridad y la integridad personal. No obstante, la antijuridicidad que apareja la pérdida de la vida, en la medida que encuentra su fundamento en consideraciones ius filosóficas y extra fácticas, no presupone un elemento de imputación.

4.3.2. Los presupuestos de imputación del daño. Para acometer el análisis de imputación, la Sala establecerá si las autoridades de policía tenían o no conocimiento de las presuntas amenazas en contra del señor Luis Alberto Rodríguez Vargas y, de no tenerlo, si podían inferirlo ya fuera de las circunstancias especiales del riesgo o de la previsibilidad de los hechos a partir de la identificación del contexto en que se sucedieron.

4.3.2.1. El conocimiento de las presuntas amenazas por parte de la Policía Nacional. Aun cuando en la demanda se dijo que el comandante de policía de la época tenía conocimiento de amenazas contra Luis Alberto Rodríguez Vargas y, en ese sentido se encaminaron los dos testimonios allegados al proceso, para la Sala, esta prueba no es suficiente para dar por acreditado que la Policía sí estaba al tanto de las presuntas amenazas; más aún, tampoco constituyen una prueba directa de la existencia de las amenazas, si se tiene en cuenta que las testigos dijeron haberse enterado de aquéllas por interpuesta persona.

En efecto, la señora Flor Delia Remolina Corzo, quien se desempeñaba como concejal de Mogotes expuso que ella había sido enterada, por interpuesta persona, de la presencia de sujetos armados que andaban buscando a Luis Alberto y que, de inmediato, ella había llamado al sargento de la policía de esa localidad, Edwin Bautista, y le había comentado aquello que había escuchado con el fin de que el mentado policía, a su vez, informara al señor Rodríguez Vargas de tal situación. No obstante, la testigo no tenía claridad si esos hechos sucedieron “días o meses atrás” al fatal deceso del señor Rodríguez, imprecisión temporal que para la Sala, en este punto, afecta la calidad del testimonio si se tiene en cuenta que, en esa expresión, bien puede estar referido un lapso breve o un lapso considerable de tiempo.

A lo anterior se suma que dentro del expediente no obra prueba alguna que indique que, efectivamente, para la fecha de los hechos, el señor Edwin Bautista se desempeñaba como policía o comandante de policía de Mogotes. No desconoce la Sala que, pese a la insistencia de la parte actora y a la actuación del tribunal a quo, no fue posible recaudar el testimonio del mencionado policía; aun así, para afianzar lo expuesto por la señora Remolina Corzo, la parte actora debió demostrar, más allá de las declaraciones rendidas, que el citado policía sí laboraba, por entonces, en el puesto de policía de aquél municipio, hecho que no está probado.

Se sabe sí, que para septiembre de 2007, el sargento mayor Edwin Alberto Bautista Peña se encontraba laborando en la Estación de Policía de Charalá (fl. 145, c. 1) y que se retiró de la institución el 4 de junio de 2008 (fl. 156, c. 1) pero, en ningún momento se demostró que, por aquél tiempo (año 2000) hubiera laborado en Mogotes. Se insiste, que para demostrar que el policía laboraba en Mogotes en octubre de 2000 no bastaba que así lo afirmaran las testigos. No se trata de imponer una tarifa legal de prueba, de lo que se trata es de dotar al juez de los elementos de convicción necesarios frente a aquello que se quiere demostrar, lo cual no sucede en el presente caso.

En relación con el testimonio de la señora María Alba Mireya Guerrero de Flórez quien, para entonces, fungía como candidata a la alcaldía del también municipio santandereano de Coromoro, en que relata que, ocho días antes de la muerte de Luis Alberto, se había encontrado con aquél en San Gil y él le había manifestado que estaba preocupado porque Bautista le había dicho que una señora le había comentado a él —a Bautista— que unas personas querían joder a Luis Alberto y que “habían ido a hacerle unos viajes” —expresión que en contexto refiere a que fueron a buscarlo para ultimarlo—. Observa la Sala que, aun cuando el dicho de la testigo resulta conteste con lo referido por Flor Delia, se echa de menos, como ya se dijo, que no se hubiera probado que Bautista, ciertamente, fuera por aquella época el comandante de la Policía de Mogotes.

De otro lado, en torno al conocimiento que hubieran podido tener las autoridades sobre los riesgos que corría el señor Luis Alberto, resulta relevante lo expuesto por la Señora Ligia Avellaneda en la carta enviada el 30 de octubre del 2000 al obispo de la Diócesis Socorro-San Gil (fls. 36-41, c. 1), en la que le hace un recuento de todos los hechos que rodearon la vida familiar, social y política de Luis Alberto Rodríguez Vargas y allí le expresa: [N]i aún cuando más abatido se encontró por el daño recibido, nunca denunció,(46) siempre decía: “nuevamente mis enemigos perdieron, les demuestro con hechos que no es como ellos quieren (…)” y aludió a que cuando Luis Alberto el 4 de Septiembre de 2000 escuchó de una presunta amenaza contra la vida de una persona “pudo sentirse aludido, pero creyó como cualquier ciudadano que podía expresar su pensamiento, que aún era tiempo, su confianza le impidió ver más objetivamente esta violencia soterrada, estructurada, que no es fácil dirimir”. Afirmaciones de las que se infiere que el señor Luis Alberto, no se consideró a sí mismo en inminente peligro como para solicitar protección o acudir ante las autoridades a denunciar. Téngase en cuenta que esta prueba fue allegada directamente por la parte actora y debidamente incorporada al plenario.

Lo anterior se apareja con lo divulgado en 14 de octubre de 2000 en Vanguardia Liberal, en cuanto se dijo: “Su esposa, Ligia Avellaneda, manifestó que a pesar de estos hechos, ni el padre ni el hijo, habían sido amenazados por algún grupo armado, y que por esa razón vivía tranquilo en el pueblo, aunque ya no participaba en política.” (fl. 50, c. 1), prueba que fue allegada directamente por la parte demandante, que resulta conteste con la anterior y que, a su vez, contrasta con lo expuesto por las testigos.

Por consiguiente, la consecuencia obligada de aquellas contradicciones probatorias, conlleva a decir que dentro del proceso no quedó demostrado que las autoridades de policía se hubieran enterado por cualquier medio de presuntas amenazas en contra del señor Luis Alberto Rodríguez Vargas, ni que éste las hubiera puesto en conocimiento, tan siquiera si estas, efectivamente, existieron. En consecuencia, no es factible endilgarle a la demandada por esta vía una posible omisión.

Lo anterior no es óbice para que se analice si el presente caso es de aquellos en que, al margen de que no se hubiera denunciado o no se tuviera conocimiento expreso de amenazas, procedía la protección especial del Estado, aspecto que se abordará a partir de si era o no previsible un riesgo inminente y extraordinario contra la vida del señor Luis Alberto Rodríguez Vargas.

4.3.2.1. Previsibilidad de los hechos a partir de una lectura integral del contexto. Todo indica que la muerte de Luis Alberto Rodríguez Vargas fue perpetrada por el ELN; es decir, por el actuar de uno de los grupos armados que operan en el contexto del conflicto armado imperante en el país y, concretamente, en la zona donde ocurrieron los hechos. También se sabe que en esa región tenían influencia diferentes grupos armados ilegales y que, como lo refieren algunas pruebas, el 11 de diciembre de 1997, el ELN se tomó el pueblo de Mogotes, secuestró a Doryam Jovanni Rodríguez Avellaneda, por entonces alcalde e hijo de Luis Alberto(47) y, según lo refieren los testimonios allegados al proceso, a quien buscaba el ELN era a Luis Alberto y como éste logró huir, retuvieron a su hijo, al que posteriormente liberaron.

No obstante, también se conoce, porque así lo refieren las pruebas, que luego de la toma guerrillera, se instaló en Mogotes una Asamblea Municipal Constituyente —AMC—(48) con el fin de ambientar la paz en dicho pueblo y que, para el año 1999, esa iniciativa le valió al municipio alzarse con el reconocimiento del premio nacional de paz(49).

De esta manera, el contexto viene a señalar que, para el año de 1997, era evidente que el señor Luis Alberto Rodríguez Avellaneda merecía del Estado una protección especial, así directamente no la hubiera solicitado, pues por altavoces y en medio de una toma guerrillera, el grupo armado del ELN estaba proclamando su búsqueda a oídos de todo el pueblo. Con todo, no puede decirse que tal condición perduró en el tiempo, pues según se extrae de las pruebas, luego de tales acontecimientos se instaló la AMC, con el propósito de mantener al municipio al margen de la influencia de la violencia. En tales términos, para la época de los hechos —año 2000— no se hacía previsible la prolongación del riesgo extraordinario para la vida de Luis Alberto Rodríguez Vargas, como había sido evidente en 1997.

Finalmente, a efectos de determinar si los hechos próximos a la muerte del señor Rodríguez eran indicativos de la existencia de un nivel de riesgo presumible, es decir, qué o cuáles circunstancias en concreto podían hacer prever a las autoridades de policía un atentado como el que le aconteció al señor Luis Alberto Rodríguez Vargas, así aquél no hubiera solicitado explícitamente la protección o no lo hubiera denunciado, para la Sala resulta relevante, conforme lo indican las pruebas, que el señor Luis Alberto Rodríguez Vargas, aun cuando había sido alcalde en cuatro ocasiones del Municipio de Mogotes, desde el año de 1995 no fungía como tal; es decir, cinco años antes de su muerte, según se desprende de las pruebas, se había desvinculado de la actividad política y se había dedicado a actividades agropecuarias, de tal suerte, que las autoridades —motu proprio— no tenían por qué, en tales circunstancias, prever un riesgo extraordinario o un peligro permanente o inminente, a menos que aquél, expresamente lo pusiera de manifiesto.

Si bien, en la demanda y en las pruebas se refiere a la condición de líder político zonal que ostentaba el señor Luis Alberto Rodríguez, se infiere que tal calificativo se deriva de sus otroras ocasiones como alcalde, ya que ninguna de las pruebas conlleva a demostrar que para la época de los acontecimientos estuviera inmerso en alguna actividad social o política que le implicara un riesgo inherente. Todo lo contrario, como ya se dijo, lo que indican las pruebas es que para la fecha de su fatalidad, se encontraba marginado del escenario político y dedicado a las labores en su finca.

Si esto no era así, se debieron arrimar las pruebas que denotaran su rol de activista político concomitante a la fecha de los hechos o, a un rango de fecha cercano, en cuyo caso, otra sería la apreciación de la Sala. Cabe indicar, entonces, que en ese escenario sobreviniente, dedicado a las labores en su finca, en el cual ya habían transcurrido, al menos tres años, la entidad demandada no tenía por qué presumir que la vida del señor Luis Alberto Rodríguez Vargas corría peligro.

En esa medida, para la Sala resulta claro que la entidad demandada no estaba al tanto de anticipar el siniestro hecho y tampoco omitió el deber de protección, pues no existiendo denuncia ni siendo previsible el hecho ni habiéndose acreditado debidamente que el comandante de policía de Mogotes, previamente, había sido enterado de la asechanza contra Luis Alberto, mal puede —en tales condiciones probatorias— enmarcarse la labor de la entidad demandada, dentro de una misión objetiva de resultado.

Finalmente, tampoco se demostró que durante el interregno en que el señor Luis Alberto Rodríguez Vargas permaneció bajo el poder de los hombres armados que lo retuvieron el 12 de octubre de 2000 —desde el mediodía hasta el anochecer—, su familia hubiera requerido la protección y ayuda de la autoridad para buscarlo, a sabiendas que su hija Melhen Jazmín iba acompañándolo aquel día y que ella fue dejada en libertad y pudo retornar al pueblo. Se entiende que en tales casos el miedo a perder al ser querido prevalece, sumado a que existía de por medio la promesa que lo devolverían al cerrar la tarde en inmediaciones de la escuela veredal; no obstante, ese proceder silente y de cautela no puede generar consecuencias, en términos de responsabilidad, para la autoridad policial a quien, conforme se deduce de las pruebas no se le puso en conocimiento la retención del señor Luis Alberto Rodríguez Vargas.

En consecuencia al no estar probada la falla en la prestación del servicio en que se dice incurrió la entidad demandada, no es posible imputarle responsabilidad por los hechos que fundamentan las pretensiones del sub lite. En tal sentido, la Sala confirmará la sentencia objeto de apelación

5. Costas.

No hay lugar a la imposición de costas, debido a que no se evidencia en el caso concreto actuación temeraria de ninguna de las partes, condición exigida por el artículo 55 de la Ley 446 de 1998 para que se proceda de esta forma.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección “B” administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. CONFIRMAR la sentencia del 26 de febrero de 2013, proferida por el Tribunal Administrativo de Santander, mediante la cual se negaron las pretensiones de la demanda, por las razones expuestas en la parte considerativa de este fallo.

2. No imponer condena en costas.

En firme este proveído, devuélvase al tribunal de origen para lo de su cargo.

Cópiese, notifíquese, devuélvase y cúmplase».

5 Para el momento de interposición del recurso (27 de mayo de 2013) la cuantía en asuntos de reparación directa estaba fijada en: $ 294.750.000. En la demanda la pretensión mayor —lucro cesante— se fijó en $ 360.000.000 (fl. 80, c. 1), superándose de esta manera el referido tope.

6 Ver entre otros, Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 20 de septiembre de 2001, Exp. 10973. C.P. María Elena Giraldo Gómez.

7 En este aspecto, la jurisprudencia de esta corporación ha “diferenciado entre la legitimación de hecho y la legitimación material en la causa. La primera se refiere a la relación procesal que se establece entre el demandante y el demandado por intermedio de la pretensión procesal, es decir, se trata de una relación jurídica nacida de la atribución de una conducta en la demanda y de la notificación del libelo inicial al demandado, (…). Por su parte, la legitimación material en la causa alude a la participación real de las personas en el hecho que origina la presentación de la demanda, independientemente de que dichas personas no hayan demandado o que hayan sido demandadas. (…). En consecuencia, el análisis sobre la legitimación material en la causa se contrae a dilucidar si existe, o no, relación real de la parte demandada o de la demandante con la pretensión que ésta fórmula o la defensa que aquella realiza, pues la existencia de tal relación constituye condición anterior y necesaria para dictar sentencia de mérito favorable a una o a otra”. Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 31 de octubre de 2007, Exp. 13503. C.P. Mauricio Fajardo Gómez.

8 Al proceso se aportaron los registros civiles de: Luis Alberto Rodríguez Vargas (fl. 57, c. 1) a partir del cual se comprueba la legitimación de los demandantes Luis Alberto Rodríguez caballero y María Evelia Vargas de Rodríguez (padres); registro civil de matrimonio de Ligia Avellaneda (fl. 10, c. 1); los registros civiles de los hijos: Melhen Jazmín Rodríguez Avellaneda (fl. 71, c. 1); Doryam Jovanni Rodríguez Avellaneda (fl. 70, c. 1), Nelson Alberto Rodríguez Avellaneda (fl. 69, c. 1) y Alexis Herleim Rodríguez Avellaneda (fl. 68, c. 1); registros civiles de los hermanos: Elizabeth Rodríguez Vargas (fl. 67, c. 1); Miguel Ángel Rodríguez Vargas (fl. 66, c. 1); María Emérita Rodríguez Vargas (fl. 65, c. 1); Myriam Rodríguez Vargas (fl. 64, c. 1); Ester Rodríguez Vargas (fl. 63, c. 1); Evelia Rodríguez Vargas (fl. 62, c. 1); Hernando Rodríguez Vargas (fl. 61, c. 1); María Eugenia Rodríguez Vargas (fl. 60, c. 1), Cecilia Rodríguez de Figueroa (fl. 59, c. 1) y, María Edilma Rodríguez de Rojas (fl. 58, c. 1).

9 Al respecto y, entre otras, puede consultarse la sentencia de unificación del Consejo de Estado, Sección Tercera, Sala Plena, Exp. 25.022 del 28 de agosto de 2013. C.P. Enrique Gil Botero.

10 Ibíd.

11 Cfr. Auto de pruebas visible a fls. 106-107, c. 1.

12 Consejo de Estado. Sección Tercera, sentencia del 28 de agosto de 2014, Exp. 28.832. C.P. Danilo Rojas Betancourth.

13 Ver al respecto, Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 14 de julio de 2015, Exp. 11001-03-15-000-2014-0015-00(PI). C.P. Alberto Yepes Barreiro.

14 Téngase en cuenta que la prueba testimonial decretada no fue recaudada por incomparecencia de los citados, tal como se hace constar a fls. 186-189, c. 1.

15 Allí, el obispo que suscribe el comunicado dijo: “Le ratifico lo que dije en relación al comunicado manuscrito que nos hizo llegar el ELN: hicimos entrega de él a las autoridades de Mogotes por medio del padre Octavio Arias (…). Lo deben tener en su poder: el señor alcalde, el comandante de policía, la inspectora de policía, el personero y la presidencia del concejo municipal. El texto original debe estar en poder de la señora fiscal 40 de San Gil” (fl. 34, c. 1).

16 Este hecho se encuentra igualmente referido en otras pruebas allegadas al proceso, como por ejemplo, con la comunicación enviada por la señora Ligia Avellaneda a la Diócesis del Socorro y San Gil, (fls. 36-41, c. 1), donde relata el secuestro de su hijo el 11 de diciembre de 1997. También, se constata con el acta de posesión de Doryam Jovanni como alcalde de Mogotes y la constancia de que su desempeño como mandatario local fue hasta el 14 de diciembre de 1997, obrante a fls. 74-75, c. 1.

17 Este hecho es igualmente corroborado en uno de los testimonios obrantes en el proceso y, al que más adelante se hará referencia.

18 Vanguardia Liberal, sección judicial, titular “ELN asesinó al ex alcalde de Mogotes”, en circulación del 16 de febrero de 2001, fl. 33, c. 1.

19 Cuando regresó el expediente sin haberse podido practicar el mencionado testimonio, el proceso pasó al despacho 002 de descongestión.

20 La referencia al premio nacional de paz, reza, por ejemplo, en la publicación de Vanguardia Liberal del 15 de octubre de 2000, titulada “Pretenden impedir el proceso de paz” (fl. 49, c. 1). Referencias a la Asamblea Municipal Constituyente, y al proceso de paz adelantado en el municipio se encuentran, por ejemplo, en las comunicaciones dirigidas por Ligia Avellaneda a la Defensoría del Pueblo el 16 de febrero del 2001 (fls. 26-29, c. 1) y al obispo de la Diócesis del Socorro y San Gil el 30 de octubre del 2000 (fls. 36-41, c. 1).

21 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección “B”, sentencia del 3 de agosto de 2017, Exp. 44302. C.P. Ramiro Pazos Guerrero.

22 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección “B”, sentencia del 15 de octubre de 2015, Exp. 35194. C.P. Ramiro Pazos Guerrero.

23 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección “B”, sentencia del 15 de octubre de 2015, Exp. 35194. C.P. Ramiro Pazos Guerrero.

24 Consejo de Estado, Sección Tercera, Sala Plena, sentencia del 20 de junio de 2017, Exp. 18.860 C.P. Ramiro Pazos Guerrero.

25 Conforme a lo dicho por la corporación para que el acto violento de terceros sea imputado al Estado a título de riesgo excepcional: “es menester que, (…), esté dirigido contra blancos selectivos, esto es, personas o instituciones representativas del Estado, pues si el acto violento es de carácter indiscriminado cuyo objetivo es provocar, como lo es el acto de terrorismo, pánico, temor o zozobra entre la población civil, no es posible declarar la responsabilidad del Estado con fundamento en el riesgo excepcional”. de Estado, Sección Tercera, Sala Plena, sentencia del 20 de junio de 2017, Exp. 18.860, op. cit. párr 15.6.

26 Consejo de Estado, Sección Tercera, Sala Plena, sentencia del 20 de junio de 2017, Exp. 18.860, op. cit. párr. 14.9. Ver además, entre otras tantas, Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 28 de julio de 2011, Exp. 20112. C.P. Ruth Stella Correa Palacio.

27 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección “B”, sentencia del 29 de abril de 2015, Exp. 30374. C.P. Ramiro Pazos Guerrero, que a su vez remite a la sentencia de la misma de junio 19 de 1997, Exp. 11875. C.P. Daniel Suárez Hernández.

28 Ver entre otras: Consejo de Estado, Sección Tercera, Sección Tercera, Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 11 de agosto del 2011, Exp. 20325. C.P. Mauricio Fajardo Gómez (alcalde de Jambaló); de la Subsección B: sentencia del 29 de agosto de 2012, Exp. 24336. C.P. Stella Conto Díaz del Castillo (alcalde de Guática); sentencia del 6 de diciembre del 2013, Exp. 30814. C.P. Danilo Rojas Betancourth (alcalde de Vista Hermosa); sentencia del 13 de noviembre del 2014, Exp. 33269. C.P. Ramiro Pazos Guerrero (alcalde de San Francisco) y, del mismo ponente, sentencia del 14 de noviembre de 2014, Exp. 32425 (alcalde de Santo Domingo); sentencia del 5 de marzo de 2015, Exp. 33499. C.P. Danilo Rojas Betancourt (alcalde de Acevedo); sentencia del 29 de abril de 2015, Exp. 30374, op. cit. (alcalde de Socha); sentencia del 30 de julio de 2015, Exp. 33938. C.P. Danilo Rojas Betancourt (alcalde de Baraya).

29 P. ej. Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 7 de septiembre de 2015, Exp. 34158. C.P. Jaime Orlando Santofimio.

30 Entre otras: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 31 de agosto de 2017, Exp. 41187. C.P. Ramiro Pazos Guerrero.

31 V. gr. Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 31 de enero de 2011, Exp. 17842. C.P. Enrique Gil Botero.

32 Entre otras: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 30 de octubre de 1997, Exp. 10958. C.P. Ricardo Hoyos Duque.

33 Exp. 33499, op. cit.

34 Ibíd. párr. 14.5.

35 Como, por ejemplo, con mandatarios locales (alcaldes), personas representativas de un grupo político, entre otros. Ver al respecto: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 29 de abril de 2005, Exp. 30374. C.P. Ramiro Pazos Guerrero.

36 El tal sentido se ha dicho que: “la responsabilidad de la entidad demandada también puede surgir de la previsibilidad que el contexto geográfico e histórico pueda otorgar a un hecho en el que se alega falta de protección estatal. O lo que resulta equivalente, el Estado responde no solo porque no haya prestado protección a alguien que la solicite, sino por no haberla prestado a alguien que la necesitara por la previsibilidad de sufrir una acción que atentara contra su vida o integridad física, aún en el evento en que no la hubiera pedido formalmente”, Exp. 33499, op. cit.

37 Estupiñán Silva, Rosmerlin, “La vulnerabilidad en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos: esbozo de una tipología”, Manual Derechos Humanos y Políticas Públicas [p. 193-231], Barcelona, Universitat Pompeu Frabra, repositorio en línea, disponible en: https://www.upf.edu/dhes-alfa/materiales/res/dhpp_pdf/DHPP_Manual_v3.193-232.pdf, consultado el 22/06/017.
Para ilustrar la posición de la CIDH, dijo: “En 2006, en el caso de la Comunidad Indígena de Sawhoyamaxa v. Paraguay, la Corte recordó que: “Es claro para la Corte que un Estado no puede ser responsable por cualquier situación de riesgo al derecho a la vida. Teniendo en cuenta las dificultades que implica la planificación y adopción de políticas públicas y las elecciones de carácter operativo que deben ser tomadas en función de prioridades y recursos, las obligaciones positivas del Estado deben interpretarse de forma que no se imponga a las autoridades una carga imposible o desproporcionada”. v., Corte IDH, Comunidad Indígena de Sawhoyamaxa vs. Paraguay, precitado, párr. 155. Este dictum se vio reflejado, por ejemplo, en el caso Castillo González vs. Venezuela, donde la Corte IDH aceptó como medio de defensa “la protección imposible” alegada por el Estado estimado que: “en principio, no compete a la Corte determinar la procedencia o utilidad de acciones o medidas concretas de investigación, a menos que la omisión en su realización resulte contraria a pautas objetivas, o irrazonable de modo manifiesto” Corte IDH, Castillo Gonzalez et al. vs. Venezuela, 27 noviembre 2012, párr. 153, 160, 16”. Ibíd.

38 Estupiñán Silva, ibíd. La cita se incorpora sin que necesariamente de alcance al sentido integral que la autora persigue en su texto.

39 Se reconoce a la Ley 1448 de 2011 (art. 3º) como el instrumento a partir del cual se hizo una declaratoria oficial del conflicto armado en Colombia, no obstante, existe registro de otros antecedentes normativos en los que ya se hacía tal reconocimiento (v. gr. L. 782/2002, art. 6º y L. 418/97).

40 Consejo de Estado, Sección Tercera, Sala Plena, sentencia del 11 de noviembre de 2015, Exp. 29274. C.P. Ramiro Pasos Guerrero. En el mismo sentido, ya de antes la corporación se había pronunciado: ver, entre otras: sentencia del 11 de octubre de 1990 (exp. 5737), de 15 de febrero de 1996 (exp. 9940), de 19 de junio de 1997 (exp. 11.875), de (30 de octubre de 1997 (exp.10.958) y de 5 de marzo de 1998 (exp. 10.303) y, en cuanto a la relatividad de la falla, sentencia del 10 de agosto de 2000 (exp. 11.585).

41 Corte Constitucional, Sentencia T-719 del 20 de agosto de 2003, fundamento 4.2.3.1. M.P. Manuel José Cepeda.

42 Así lo refirió la testigo: “Él se desempeñó como alcalde por varias épocas, y luego lo último dedicado a una finquita que tiene acá cerca (…), sé que trabajaba, que sacaba pescados, que arreglaba con mucho cariño su finca, estaba muy pendiente de su finca” fl. 315, c. 1.

43 Al respecto, la testigo dijo: “Luis Alberto tenía una finquita, todavía la tiene la familia, él en su finquita trabajaba, tenía pescados, aves, un galponcito, tenía unas dos o tres reses, y ahí lo que producía la finquita (…)” fl. 137, c. 1.

44 “Artículo 11. El derecho a la vida es inviolable. (…).

45 “Artículo 4º. Derecho a la Vida. 1. Toda persona tiene derecho a que se respete su vida. Este derecho estará protegido por la ley y, en general, a partir del momento de la concepción. Nadie puede ser privado de la vida arbitrariamente.

46 Se resalta.

47 Tal como se encuentra referido en la comunicación del 16 de febrero de 2001, enviada por Ligia Avellaneda a la Defensoría del Pueblo (fls. 26-29, c. 1) y también con los testimonios rendidos dentro del proceso.

48 También en algunas pruebas se refiere como “el proceso de paz”. Cfr. fl. 41, c. 1.

49 Hecho éste que, además, por su trascendencia nacional deviene notorio.