Sentencia 2002-02597/29840 de marzo 14 de 2016

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA - SUBSECCION C

Rad.: 73001233100020020259701 (29840)

Consejero Ponente:

Dr. Jaime Orlando Santofimio Gamboa

Actor: David López Conde y otros.

Demandado: Nación-Ministerio de Defensa Nacional, Ejército Nacional y Fiscalía General de la Nación

Proceso: Acción de reparación directa

Asunto: Recurso de apelación

Bogotá D.C., catorce de marzo de dos mil dieciséis.

EXTRACTOS: «V. Consideraciones

1. Presupuestos de la responsabilidad extracontractual del Estado.

En relación con la responsabilidad del Estado, la Carta Política de 1991 produjo su “constitucionalización” al erigirla como garantía de los derechos e intereses de los administrados y de su patrimonio, sin distinguir su condición, situación o interés.

De lo dispuesto en el artículo 90 de la Constitución, cláusula general de la responsabilidad extracontractual del Estado, se desprende que esta tiene como fundamento la determinación de un daño antijurídico causado a un administrado y la imputación del mismo a la administración pública, tanto por su acción como por su omisión, ya sea atendiendo a los criterios de falla en el servicio, daño especial, riesgo excepcional o cualquier otro.

En síntesis, la responsabilidad extracontractual del Estado se configura con la demostración del daño antijurídico y de su imputación a la administración.

El daño consiste en el menoscabo del interés jurídico tutelado y la antijuridicidad en que él no debe ser soportado por el administrado, ya sea porque es contrario a la Carta Política o a una norma legal, o, porque es “irrazonable,” sin depender “de la licitud o ilicitud de la conducta desplegada por la Administración”(13).

La imputación no es otra cosa que la atribución fáctica y jurídica que del daño antijurídico se hace al Estado, de acuerdo con los criterios que se elaboren para ello, como por ejemplo la falla del servicio, el desequilibrio de las cargas públicas, la concreción de un riesgo excepcional, o cualquiera otro que permita hacer la atribución en el caso concreto.

Finalmente, debe considerarse que la responsabilidad extracontractual no puede ser concebida simplemente como una herramienta destinada a la reparación, sino que debe contribuir con un efecto preventivo(14) que permita la mejora o la optimización en la prestación, realización o ejecución de la actividad administrativa globalmente considerada.

2. El derecho a la libertad individual

Dentro del catálogo de derechos contenido en la Constitución Nacional, la garantía de la libertad ocupa un especial e importantísimo lugar, esto es, la posición de derecho fundamental cuya eficacia emerge como el hilo conductor de todo el ordenamiento democrático y vincula a todas las manifestaciones del poder público y, fundamentalmente, al juez de responsabilidad extracontractual del Estado a quien se le impone el velar por la reparación integral de los perjuicios.

Es por esto que la limitación o restricción al derecho de libertad lleva consigo la configuración de un daño antijurídico que, en principio, el ciudadano no está obligado a soportar, en tanto no haya una razón jurídica que imponga tal carga, como es la comisión de una conducta punible, caso en el cual el particular puede ser restringido o privado del ejercicio de la libertad.

3. Imputación de responsabilidad al Estado por privación injusta de la libertad.

La responsabilidad patrimonial del Estado derivada de la privación injusta de la libertad en su construcción normativa y jurisprudencial ha pasado por las siguientes etapas:

En la primera etapa se consideró que debía aplicarse la teoría subjetiva o restrictiva, según la cual, esa responsabilidad estaba condicionada a que la decisión judicial de privación de la libertad fuera abiertamente ilegal o arbitraria, es decir, que debía demostrarse el error judicial(15).

También se sostuvo que dicho error debía ser producto “de la violación del deber que tiene todo juez de proferir sus resoluciones conforme a derecho, previa una valoración seria y razonable de las distintas circunstancias del caso”(16).

Así las cosas, tal declaratoria de responsabilidad procedía porque la privación de la libertad fue ilegal porque la captura se produjo sin que la persona se encontrara en situación de flagrancia o porque se realizó sin orden judicial previa.

Dijo entonces el Consejo de Estado:

“Ella (la sindicada) fue retenida en el curso de la investigación relacionada con el aludido secuestro; y del hecho de que hubiera sido absuelta al final no puede inferirse que fue indebida su retención. La justificación de la medida aparece plausible y nada hace pensar que en ella mediarán circunstancias extralegales o deseos de simple venganza”.

“La investigación de un delito, cuando medien indicios serios contra la persona sindicada, es una carga que todas las personas deben soportar por igual. Y la absolución final que puedan estas obtener no prueba, per se, que hubo algo indebido en la retención. Este extremo, de tan delicado manejo, requería pruebas robustas y serias y no meras inferencias o conjeturas”(17).

En una segunda etapa, el Consejo de Estado consideró que la privación injusta de la libertad por “error judicial” comprendía casos diferentes a los contemplados en el artículo 414 del Código de Procedimiento Penal,(18) (19) eventos aquellos en los cuales la víctima debe demostrar lo injusto de su detención toda vez que en los del artículo 414 se presumen:

“En este orden de ideas, fuera de los casos señalados en el artículo 414 del Código de Procedimiento Penal, en los cuales la ley presume que se presenta la privación injusta de la libertad, cuando se pretenda obtener indemnización de perjuicios por esta causa, el demandante debe demostrar que la detención preventiva que se dispuso en su contra fue injusta; y, en tales eventos, habiéndose producido la detención preventiva por una providencia judicial, la fuente de la responsabilidad no será otra que el error jurisdiccional”(20).

En la tercera, que es la que prohíja la Sala actualmente, sostiene que se puede derivar la responsabilidad patrimonial del Estado por la privación injusta de la libertad, cuando el proceso penal termina con sentencia absolutoria (o preclusión de la investigación), incluyendo el evento del in dubio pro reo, aunque para la privación se hayan cumplido todas las exigencias legales ya que se entiende que es desproporcionado, inequitativo y rompe con las cargas públicas soportables que una persona en el Estado Social de Derecho vea limitado su derecho a la libertad para luego resultar absuelto del cargo imputado.

Y es que en un Estado Social de Derecho la privación de la libertad solo debería ser consecuencia de una sentencia condenatoria, con el fin de proteger el principio universal de la presunción de inocencia establecido en el artículo 29 de la Constitución.

En consecuencia, se reitera que una vez que el juez de lo contencioso administrativo encuentre probado que el derecho fundamental a la libertad de una persona ha sido vulnerado como consecuencia de una decisión judicial, lo que constituye un daño antijurídico a la luz del artículo 90 de la C.P, debe ordenar su reparación.

En síntesis, la privación injusta de la libertad no se limita a las hipótesis previstas en el artículo 414 del Decreto 2700 de 1991 y además no interesa que ella sea intramural, domiciliaria, o consista en restricciones para salir del país o para cambiar de domicilio.

Esta idea vertebral se encuentra expresada como postulado en el artículo 68 de la Ley 270 de 1996 al disponer que “[q]uien haya sido privado injustamente de la libertad podrá demandar al Estado reparación de perjuicios,” sin perder de vista que el artículo 70 de esa misma Ley prevé que “[e]l daño se entenderá como debido a culpa exclusiva de la víctima cuando esta haya actuado con culpa grave o dolo, o no haya interpuesto los recursos de ley. En estos eventos se exonerará de responsabilidad al Estado”.

4. Unificación jurisprudencial sobre la indemnización del perjuicio moral en los casos de privación injusta de la libertad.

En sentencia del 28 de agosto de 2014, proferida por la Sección Tercera del Consejo de Estado, la reparación del perjuicio moral derivado de la privación injusta de la libertad se determina en salarios mínimos mensuales vigentes, a partir de cinco niveles que se configuran teniendo en cuenta el parentesco o la cercanía afectiva existente entre la víctima directa y aquellos que acuden a la justicia en calidad de perjudicados, y el término de duración de la privación de la libertad, así:

 NIVEL 1NIVEL 2NIVEL 3NIVEL 4NIVEL 5
Reglas para liquidar el perjuicio moral derivado de la privación injusta de la libertadVíctima directa, cónyuge o compañero (a) permanente y parientes en el 1º de consanguinidadParientes en el 2º de consanguinidadParientes en el 3º de consanguinidadParientes en el 4º consanguinidad y afines hasta el 2ºTerceros daminificados
Término de privación injusta en meses 50% del porcentaje de la víctima directa35% del porcentaje de la víctima directa25% del porcentaje de la víctima directa15% del porcentaje de la víctima directa
 SMLMVSMLMVSMLMVSMLMVSMLMV
Superior a 18 meses10050352515
      
Superior a 12 e inferior a 18904531,522,513,5
      
Superior a 9 e inferior a 128040282012
      
Superior a 6 e inferior a 9703524,517,510,5
      
Superior a 3 e inferior a 6502517,512,57,5
      
Superior a 1 e inferior a 33517,512,258,755,25
      
Igual e inferior a 1157,55,253,752,25

Para los niveles 1 y 2 se requiere la prueba del estado civil o de la convivencia de los compañeros; para los niveles 3 y 4 es indispensable además la prueba de la relación afectiva; y para el nivel 5 solo se exige la prueba de la relación afectiva.

5. Caso concreto

En este asunto aparece demostrado que el señor David López Conde fue privado de su libertad el 3 de septiembre de 1994 al ser capturado(21) y dejado a disposición de la Fiscalía Regional Delegada de Ibagué, para que se adelantara el proceso penal por rebelión y testaferrato, ya que fue capturado en flagrancia por miembros del Ejército Nacional cuando transportaba en el vehículo de su propiedad a la familia de William Manjarrez Reales alias “Adán Izquierdo” comandante del frente 21 de las FARC, así como $ 20.000.000 y 73 maletines de cuero.

Asimismo, aparece que la Fiscalía Regional Delegada, el 6 de septiembre de 1994 libró ante el director del centro carcelario de esta ciudad la respectiva boleta de encarcelación en contra de los señores David López Conde y Carlos Alberto Varón Arias(22).

Está demostrado igualmente que la Dirección Regional de Fiscalías - Unidad Especial de Terrorismo Fiscalía Regional, mediante providencia del 26 de septiembre de 1994(23), libró las correspondientes boletas de libertad de los señores David López Conde y Carlos Alberto Varón Arias, al considerar que el hecho de llevar de un sitio a otro a la familia del cabecilla guerrillero, por sí solo no podía calificarse como un acto ilícito, pues la prueba aportada al proceso no tiene el valor, ni la consistencia exigida por la normativa para con base en ella proferir medida de aseguramiento, sin embargo, se registró el compromiso de que se presentarían al despacho instructor cuantas veces fueran requeridos.

Finalmente, se encuentra probado que la fiscalía veintiocho seccional mediante providencia del 3 de octubre de 2000(24), precluyó la investigación en favor de los señores David López Conde y Carlos Alberto Varón Arias, ordenó la entrega del vehículo Nissan Patrol de placa JT 5534 y de la licencia de propiedad del mismo, y negó la entrega del dinero al demandante.

Contra esta se interpuso recurso de reposición el cual fue desatado el 21 de noviembre de 2000, en el sentido de reponer los numerales 4º(25) y 5º(26) y en consecuencia, ordenar la entrega del dinero incautado es decir la suma de $ 20.000.0000, el cual en providencia del 6 de diciembre del 2000 el jefe de la Unidad Seccional de Fiscalías de Chaparral - Tolima solicitó al Banco Agrario de Colombia “ordenar el pago del Título Judicial Nº 5951508 (…) a favor de David López Conde (…)”(27).

Pues bien, todas estas probanzas demuestran que el señor David López Conde fue privado injustamente de su libertad puesto que estuvo detenido desde el 2 de septiembre de 1994 al 26 del mismo mes y anualidad, es decir durante 24 días en virtud de un proceso penal que a la postre fue precluído a su favor, porque la conducta no constituía delito.

Así que entonces se abre paso la responsabilidad del Estado.

6. Liquidación de perjuicios.

6.1. Perjuicio moral.

Como se dejó dicho en el punto 4 de estas consideraciones, la Sección Tercera del Consejo de Estado determinó la tasación del perjuicio moral en atención al término de duración de la privación y el nivel de cercanía afectiva existente entre la víctima directa y los perjudicados.

En este expediente se encuentra acreditado que David López Conde comparece al proceso como la persona que fue privada injustamente de la libertad, los señores Hernando López y María Bertha Conde, en su calidad de padres(28), Carmenza Guevara en calidad de compañera permanente de este(29), Melissa Stephaníe López Guevara(30), David Felipe López Guevara(31) y Christian David López Guevara(32) como hijos de aquel, igualmente David Santiago López Jiménez(33) nieto del demandante y sus hermanos Miguel Ángel López Conde(34), Flor Alba López Conde(35) y Bertha Cecilia López Conde(36) parentescos estos que se encuentran demostrados con los correspondientes registros civiles.

Se encuentra acreditado que la privación injusta de la libertad tuvo lugar por el término de 24 días, contados entre el 2 de septiembre y el 26 de septiembre de 1994, inclusive.

Todo lo anterior significa que los demandantes se encuentran en el primer y segundo nivel de la tabla pero en el último rango indemnizatorio, esto es, el correspondiente al periodo de privación igual o inferior a un (1) mes, cuya cuantificación se limita a 15 SMLMV y 7.5 SMLMV, respectivamente.

En consecuencia, la Sala reconocerá por concepto de perjuicio moral las siguientes sumas:

NivelDemandanteIndemnización
David López Conde15 SMLMV
Carmenza Guevara15 SMLMV
Hernando López15 SMLMV
María Bertha Conde15 SMLMV
Melissa Stephaníe López Guevara15 SMLMV
David Felipe López Guevara15 SMLMV
Christian David López Guevara15 SMLMV
David Santiago López Jiménez7,5 SMLMV
Miguel Ángel López Conde7,5 SMLMV
Flor Alba López Conde7,5 SMLMV
Bertha Cecilia López Conde7,5 SMLMV

(sic)7.2. Perjuicio material a título de daño emergente.

7.2.1 Concreción del daño emergente consecuencia de la incautación del vehículo Nissan Patrol - JT 5534.

En el expediente se encuentra demostrado que el vehículo Nissan Patrol de placas JT 5534, modelo 80, decomisado según el acta de incautación e inventario fue incautado en buen estado de funcionamiento, así como 73 maletines, que se encontraban en la parte trasera del carro(37), pero en la diligencia de entrega del vehículo consta que el señor al señor David López Conde lo recibió en mal estado y desvalijado.

En consecuencia el A quo declaró patrimonialmente responsable a la Fiscalía General de la Nación de los daños y perjuicios ocasionados por el deterioro del vehículo Nissan Patrol de placa JT 5534, pero ordenó la concreción de la condena por vía incidental.

Sin embargo la Sala encuentra que obran en el plenario elementos suficientes para concretar el reconocimiento y liquidación del perjuicio, a saber los siguientes:

— Se encuentra acreditado que el 9 de febrero de 1995 la Fiscalía ordenó la entrega en provisionalidad del vehículo de placas JT 5334.

— Sin embargo, el vehículo solo fue retirado por David López Conde hasta el 12 de enero del 2001, de manera que estuvo situado en el Aparcadero de Colombia desde el 3 de septiembre de 1994 al 12 de enero de 2001, donde el demandante pagó la suma de $ 1.000.000(38) por concepto de parqueadero, según consta en certificación expedida por dicho establecimiento(39).

— David López Conde pagó al señor Gildardo Rodríguez Gallo(40) la suma de $ 5.300.000.oo por concepto de arreglos, accesorios e instalaciones del vehículo Nissan Patrol, según consta en certificación expedida por este último(41).

De los hechos probados se colige que pese a la orden de entrega del vehículo expedida por la fiscalía de conocimiento el 9 de febrero de 1995, el vehículo solo fue retirado del Aparcadero hasta el 12 de enero de 2001, esto es, 5 años después, sin que obre prueba en el plenario que permita establecer la razón por la cual el vehículo no fue entregado o retirado por David López Conde en la fecha en que la demandada dio la orden de entrega.

Así las cosas, el daño emergente sufrido por el demandante en el periodo posterior a la orden de entrega del vehículo (9 de febrero de 1995), no es imputable a la entidad demandada por cuanto no hay prueba que permita establecer que la entrega no se concretó por circunstancias atribuibles a la fiscalía de conocimiento.

Entonces, solo se reconoce el daño emergente sufrido entre la fecha de la incautación - 3 de septiembre de 1994 y del 9 de febrero de 1995 momento en que el ente investigador ordenó la entrega provisional del vehículo, es decir 23,2 meses.

Al respecto la Sala se pregunta, si David López Conde pagó un total de $ 1.000.000, por servicio de parqueo entre el 3 de septiembre de 1994 al 12 de enero de 2001, es decir 94,3 meses ¿cuánto pagó por 23,3 meses?

El problema se resuelve mediante la aplicación de una simple regla de tres que arroja como resultado $ 246.023.32, suma sobre la cual se concreta el reconocimiento del daño emergente, previa su actualización mediante la aplicación de la siguiente fórmula:

Ra = Rh IPC FINAL

IPC INICIAL

Ra = Renta o valor actualizada

Rh = Renta o valor histórico, esto es, $ 246.023.32

IPC FINAL = fecha de esta providencia (febrero de 2016)

IPC INICIAL = 9 de febrero de 1995, fecha en la cual la fiscalía ordenó la entrega provisional del vehículo del placas JT 5334.

Ra = $ 246.023.32 127,78 (enero 2016)

52.83

Ra = $ 595.056.97

De otra parte, la Sala no liquidará los valores correspondientes a la reparación del vehículo, por cuanto no se encuentra demostrado en el plenario el momento en que el vehículo sufrió los daños alegados.

Por el contrario, conforme a lo anotado en el acta de entrega de fecha 12 de enero de 2001, la Sala observa que la mayoría de daños se deben al deterioro causado por el tiempo que el vehículo estuvo a la intemperie, y como se anotó, este periodo de tiempo no le es imputable a la entidad demandada, pues ella ordenó la entrega provisional el día 9 de febrero de 1995.

En consecuencia, la Sala liquida el daño emergente causado por la incautación del vehículo Nissan Patrol de placas JT 5344 en la suma de $ 587.466.24.

7.2.2 Daño Emergente por el decomiso de 73 maletines de cuero.

En lo que respecta a los 73 maletines de cuero es claro que la fiscalía en la resolución del 9 de febrero de 1995, ordenó la entrega de los mismos, pero en el expediente no se encuentra probado si el señor David López Conde los reclamó o no, por lo que no se le reconocerá ningún perjuicio, respecto a ellos.

7.2.3 Daño emergente por honorarios a abogados que ejercieron la defensa dentro del proceso penal.

Al respecto, reposa en el expediente la certificación(42) expedida por los doctores Rafael Aguja Sanabria y Víctor A Bobadilla, quienes sostuvieron que por concepto de pago de honorarios el demandante canceló la suma de cincuenta millones de pesos(43); prueba esta que será valorada como un testimonio, es decir a la luz de la sana crítica, como lo ha expresado esta corporación:

“(…) ¿cómo se prueba los gastos que por honorarios tuvo que erogar una persona en un proceso penal seguido en su contra? ¿Cuál es la prueba conducente y pertinente para demostrar el pago de los mismos? ¿Basta la declaración del abogado en el proceso contencioso administrativo de que recibió una determinada suma de dinero por honorarios de la parte actora, para tener dicho valor como cierto?

El pago, en los términos del artículo 1626 del Código Civil es la prestación de lo que se adeuda y debe probarlo quien lo alega, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 1757 ibídem, luego entonces, cuando una persona en un proceso de reparación directa solicita se le reconozca y pague una suma de dinero entregada a un abogado (tercero) por concepto de honorarios, debe demostrar no solo la existencia del misma, sino que en efecto la pagó.

Por excelencia la prueba del pago, de conformidad con el Código Civil establece que es la carta de pago(44), según el Estatuto del Abogado - Ley 1123 de 2007(45) y el Código de Comercio es el recibo(46), documentos que; cumpliendo los requisitos de ley, se encuentran llamados a reflejar con claridad que la obligación fue debidamente, satisfecha, sin perjuicio, claro está, de que los interesados puedan acudir a otros medios de prueba, puesto que en el ordenamiento colombiano rige el principio de libertad probatoria y de apreciación de conformidad con la sana critica.

Así las cosas, tratándose del pago de honorarios deben aportarse al expediente todas aquellas pruebas que reflejen la existencia de los mismo y de su erogación, tales como el contrato de prestación de servicios (si lo hubiere), los recibos que evidencien el pago de los mismos y todas aquellas que demuestren la gestión de apoderado en el proceso que se dice actuó, entre otros”(47).

En el caso concreto la Sala evidencia que se aportó parte del proceso penal donde se verifican las gestiones de los apoderados Rafael Aguja Sanabria y Víctor A. Bobadilla. Sin embargo, no se allegó el contrato de prestación de servicios que acredite la suma pactada por concepto de honorarios, ni los recibos que acrediten el valor efectivamente pagado.

De manera que solo existe en el plenario la certificación de los abogados, en la que manifestaron haber recibido la suma de $ 50.000.000, cuantía que la Sala encuentra desproporcionada para la época de los hechos, y, por cuanto no obra prueba alguna que ratifique la información certificada por los abogados, debe decirse que esta prueba no constituye un soporte suficiente para establecer el pago efectuado por el señor David López Conde.

Por lo expuesto, para la Sala no hay certeza del monto pagado por honorarios a los abogados Rafael Aguja Sanabria y Víctor A Bobadilla, aunque sí está acreditado que estos ejercieron la defensa técnica dentro del proceso penal desde el momento que el señor David López Conde fue capturado hasta que se precluyó la investigación penal, por lo que está demostrado que sí se configuró el perjuicio material reclamado a título de daño emergente.

En consecuencia de lo anterior, la Sala acudirá a los criterios fijados en el 2000 por la corporación Nacional de Abogados —Conalbos—(48), así:

“18. Derecho Penal.

18.1. Consulta Oral. Un salario mínimo legal vigente.

18.2. Consulta Escrita. Dos salarios mínimos mensuales vigentes.

18.3. Presentación de denuncia. Dos salarios mínimos legales vigentes.

18.4. Visitar a la cárcel y estudio de documentos. Dos salarios mínimos legales vigentes.

18.5. Asistencia en actuaciones preliminares, si es el caso. Dos salarios mínimos legales vigentes.

18.6. Asistencia a indagatoria

18.6.1. Ante un juez penal municipal. Un salario mínimo legal vigente.

18.6.2. Ane fiscal local. Dos salarios mínimos legales vigentes.

18.6.3. Ante fiscal seccional. Tres salarios mínimos legales vigentes.

18.7. Etapa instructiva.

18.7.1. Ante juez penal municipal. Tres salarios mínimos legales vigentes.

18.7.2. Ante fiscalía local o seccional. Cinco salarios mínimos legales vigentes.

18.7.3. Ante los jueces del circuito especializados. Diez salarios mínimos legales vigentes.

18.7.4. Ante la Corte Suprema de Justicia. Veinte salarios mínimos legales vigentes.

18.7.5. Ante los juzgados penales municipales. Cinco salarios mínimos legales vigentes.

18.7.6. Procesos de competencia ante los juzgados del circuito. Diez salarios mínimos legales vigentes.

18.7.7. Ante los juzgados del circuito especializados. Veinte salarios mínimos vigentes.

18.7.8. Competencia ante los tribunales superiores. Veinte salarios mínimos legales vigentes.

(…)”.

Frente a esas tarifas, la jurisprudencia del Consejo Superior ha establecido que es válido acudir a las tarifas que expiden los colegios de abogados sobre honorarios profesionales, cuando no exista prueba de los honorarios que se pactaron entre las partes en el contrato de prestación de servicios profesionales(49).

Es pertinente señalar que el Consejo Superior de la Judicatura en el Acuerdo 1887 del 2003 en el parágrafo del artículo 4º estableció que: “(…) en los eventos de terminación del proceso sin haberse proferido sentencia, o esta sea solamente declarativa, se tendrán en cuenta los criterios previstos en el artículo tercero(50), sin que en ningún caso la tarifa fijada supere el equivalente a veinte (20) salarios mínimos mensuales legales vigentes”.

Con base en lo anterior, y teniendo en cuenta que el proceso no terminó con sentencia sino con una resolución de preclusión, dado el tiempo y que la defensa resultó adecuada para los intereses del señor David López Conde la Sala le reconocerá como perjuicios materiales en la modalidad de daño emergente el monto máximo fijado en las tarifas antes citadas, esto es, el equivalente a 20 salarios mínimos legales mensuales vigentes para el año 2000 (la fecha de los hechos), el cual se encontraba fijado en la suma de $ 260.100, con su correspondiente actualización.

Así las cosas, la liquidación del daño emergente por concepto del pago de honorarios dentro del proceso penal se fija, con aplicación de la fórmula de actualización reconocida por la jurisprudencia:

Ra = Rh IPC final

IPC inicial

Rh: Renta histórica que se establece multiplicando el valor del salario mínimo vigente apra la fecha de los hechos por el número de salarios reconocido: $ 260.100 X 20 = $ 5.202.000

IPC inicial: 118,24 (noviembre de 2000) David López conde pagó los honorarios en cuotas y el último pago se hizo el 20 de noviembre de 2000, fecha en la cual se finiquitó el proceso penal.

IPC Final: 127,78 (enero de 2016), vigente para la fecha de esta providencia.

Ra = $ 5.202.000 X 127,78 = $ 5.621.714.81

118,24

En consecuencia, la Sala reconocerá por concepto de daño emergente a favor de David López Conde la suma de $ 5.621.714.81.

7.2.4. Indexación de $ 20.000.000 incautados.

Al respecto se encuentra probado que mediante providencia del 21 de noviembre de 2000, la Fiscalía Veintiocho Seccional de Chaparral ordenó la entrega de $ 20.000.000.oo incautados, contenidos en el título judicial Nº 0005431296 a favor del demandante. Sin embargo, la mencionada suma de dinero fue entregada sin su correspondiente indexación.

En consecuencia, la Sala reconocerá al demandante la indexación del dinero, desde septiembre de 1994 fecha en la que fue retenido, hasta diciembre de 2000, fecha en la cual esa entidad solicitó al Banco Agrario el pago del título judicial, factor que se liquidará con aplicación de la siguiente fórmula:

Ra = Rh IPC final

IPC inicial

Ra = Renta o valor actualizada

Rh = Renta o valor histórico, esto es, $ 20.000.000

IPC Inicial: Septiembre 1994 = 48,28

IPC Final: Diciembre 2000 = 118,79

Ra = $ 20.000.000 118,79 = $ 49.208.782.1

48,28

El valor total $ 49.208.782.1 valor indexado a diciembre del 2000 fecha en la cual se ordenó el reintegro de los $ 20.000.000 suma que se deducirá del total, pues este valor ya fue reintegrado al señor López Conde por lo que se le reconocerá la suma de $ 29.208.782.1 ($ 49.208.782.1 – $ 20.000.000).

7.2.5 Lucro cesante

Con relación al lucro cesante se encuentra acreditado que el señor David López Conde ejercía actividades de agricultor y ganadero, además está inscrito como propietario de los establecimientos de comercio denominados “Cueros Galería”(51), ubicados en la ciudad de Neiva(52) e Ibagué(53) de manera que el demandante ejercía diferentes actividades comerciales, sin embargo, para la fecha que estuvo privado de la libertad no demostró cuáles eran sus utilidades o cuánto dejó de percibir.

Asimismo, los testimonios no dan claridad sobre cuáles fueron las pérdidas económicas que el señor López Conde tuvo durante el lapso que estuvo privado de la libertad, solo se limitan a expresar que este tuvo que dejar abandonados los predios de su propiedad y trasladar el ganado que tenía en ellos.

Ahora bien, frente a los documentos aportados con la demanda se valora la improductividad agrícola y ganadera, no dan certeza ni convicción de que dicha situación haya sido consecuencia de la privación injusta a la que estuvo sometido el señor López Conde, por lo que la Sala no los tendrá en cuenta para liquidar el lucro cesante.

En lo que concierne al informe pericial este será desechado como lo establecen los artículos 187 y 241 del Código de Procedimiento Civil toda vez que este no otorga convicción alguna, pues el perito no demostró de manera razonada que la merma en la producción y explotación agrícola se ocasionó por la fecha en que el señor David López Conde estuvo privado injustamente de su libertad, sino que tal situación se dio por un tema de falta de agua, respecto a la explotación ganadera aduce que no se encontró aprovechamiento alguno, y de la maquinaria agrícola adujo que no tenía conocimiento al respecto, toda vez que era chatarra, por lo que la conclusión que emitió el perito no es conducente en relación con el hecho a demostrar, además, no es claro por qué liquidó e indexó unos perjuicios que fueron ocasionados en los últimos años, valores que al parecer fueron tomados de lo aportado por la parte demandante, por lo anterior, no se le conferirá el mérito probatorio al dictamen pericial.

No se puede perder del contexto, que el señor David López Conde era una persona independiente situación que la Sala encuentra acreditada, por lo que se configuró un perjuicio material aunque observa que no existe certeza sobre la cuantía del mismo, en razón a lo cual debe acudir equitativamente al salario mínimo legal mensual, que es lo que por lo menos habría de percibir una persona independiente.

En atención a que la víctima estuvo privado de la libertad por el término de 24 días (0.8 meses), se tasará el reconocimiento con aplicación de la fórmula acogida por la corporación, así:

Ra= 689.456 * (1+0.004867) 0,8 – 1 = $ 551.296.87

0.004867

En consecuencia, la Sala reconocerá por concepto de lucro cesante a favor de David López Conde la suma de $ 551.296.87.

7.2.5 Perjuicios en razón de publicaciones efectuadas por los medios de comunicación.

Con relación a que el señor David López Conde fue publicitado en los medios de comunicación como “colaborador” de la guerrilla, aparecen en el expediente los testimonios de los señores Edilberto Suárez Cortes(54) y Rafael Ángel Gómez Arango(55), quienes manifestaron el primero que tal “(…) circunstancia que provocó que todos los medios televisiones (sic), escritos y radiales, contaran con gran despliegue la detención del señor López por lo inusitado y asombroso de la situación, (…)” y el segundo que esa situación se dio a conocer “(…)por televisión por radio y por prensa, como testaferros y auxiliadores de la guerrilla, yo no sé si por RCN o Caracol, por la prensa de acá de Ibagué el Nuevo Día y por la radio (…)”.

Sin embargo la Sala encuentra que esta prueba no es suficiente para acreditar dichas publicaciones o los perjuicios que de ellos se derivaron.

Del mismo modo, aun en el evento de tener acreditadas dichas publicaciones, no obra en el plenario material probatorio que permita establecer que ellas tuvieron lugar por causas imputables a la Fiscalía General de la Nación(56).

En mérito de lo expuesto la Subsección C de la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, administrando justicia en nombre la de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

RESUELVE

MODIFICAR la sentencia proferida el 29 de noviembre de 2004 por el Tribunal Contencioso Administrativo del Tolima y en su lugar se dispone:

1. DECLARAR responsable a la Fiscalía General de la Nación de los perjuicios sufridos por los demandantes como consecuencia de la privación injusta de la libertad de que fue víctima David López Conde.

2. CONDENAR a la Fiscalía General de la Nación a pagar a título de perjuicios morales, a cada uno de los demandantes las siguientes sumas:

NivelDemandanteIndemnización
David López Conde15 SMLMV
Carmenza Guevara15 SMLMV
Hernando López15 SMLMV
María Bertha Conde15 SMLMV
Melissa Stephaníe López Guevara15 SMLMV
David Felipe López Guevara15 SMLMV
Christian David López Guevara15 SMLMV
David Santiago López Jiménez7,5 SMLMV
Miguel Ángel López Conde7,5 SMLMV
Flor Alba López Conde7,5 SMLMV
Bertha Cecilia López Conde7,5 SMLMV

3. CONDENAR a la FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN a pagar a título de lucro cesante a favor de David López Conde la suma de $ 551.296.87.

4. CONDENAR a la FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN a pagar por concepto de daño emergente por concepto de honorarios, la suma de $ 5.621.714.81 a favor de David López Conde

5. CONDENAR a la FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN por concepto de indexación de $ 20.000.000.oo incautados por la Fiscalía 28 Seccional de Chaparral mediante providencia del 21 de noviembre de 2000, la suma de $ 29.208.782.1 a favor de David López Conde.

6. CONFIRMAR la sentencia del 29 de noviembre de 2004 en los numerales primero y tercero de la providencia.

7. DEVOLVER el expediente al tribunal de origen.

Cópiese, notifíquese y cúmplase».

13 Corte Constitucional, Sentencia C-254 de 2003.

14 “En consecuencia, la función de la responsabilidad extracontractual (sic) no puede ser ni única ni primariamente indemnizatoria. Tiene que ser, ante todo, preventiva o disuasoria, o se trataría de una institución socialmente absurda: ineficiente”. Pantaleón, Fernando. “Cómo repensar la responsabilidad civil extracontractual (También de las Administraciones públicas)”, en Afduam, Nº 4, 2000, pág.174.

15 Consejo de Estado. Sección Tercera. Sentencia de 1º de octubre de 1992, expediente: 10923.

16 Consejo de Estado. Sección Tercera. Sentencia de 2 de mayo de 200, expediente: 15989.

17 Consejo de Estado. Sección Tercera. Sentencia de 25 de julio de 1994, expediente: 8666.

18 Otros casos de detención injusta, distintos de los tres previstos en el artículo 414 del Código de Procedimiento Penal, podrían ser, por vía de ejemplo, los siguientes: detención por delitos cuya acción se encuentra prescrita; detención por un delito que la legislación sustrae de tal medida de aseguramiento; detención en un proceso promovido de oficio, cuando el respectivo delito exige querella de parte para el ejercicio de la acción penal, etc.

19 Decreto 2700 de 1991, artículo 414. Indemnización por privación injusta de la libertad. Quien haya sido privado injustamente de la libertad podrá demandar al Estado indemnización de perjuicios.
Quien haya sido exonerado por sentencia absolutoria definitiva o su equivalente porque el hecho no existió, el sindicado no lo cometió, o la conducta no constituía hecho punible, tendrá derecho a ser indemnizado por la detención preventiva que le hubiere sido impuesta siempre que no haya causado la misma por dolo o culpa grave.

20 Consejo de Estado. Sección Tercera. Sentencia de 17 de noviembre de 1995, expediente: 10056.

21 Folio 592 del C. Nº 3.

22 Folios 1 al 3 del C. de pruebas parte demandante.

23 Folios 14 al 20 del C. de pruebas parte demandante.

24 Fls 53 al 68 del C. de pruebas.

25 “Por hallarse improcedente negar la entrega del dinero a David López Conde”.

26 “Disponerse el decomiso del dinero incautado la suma de veinte millones de pesos ($ 20.000.000) representados en el título judicial 595508 Banco Agrario de Ortega, a favor de la Fiscalía General de la Nación. Los trámites ante la autoridades que correspondan se efectuarán a la ejecutoria de esta resolución”.

27 Fl 74 del C. de pruebas.

28 En el folio 11 del cuaderno principal, reposa declaración autentica en la que el señor Edilberto Henoch Suárez Cortes declara conocer a los señores Hernando López y María Bertha Conde, de quienes declara tienen vida marital y de esa unión procrearon 6 hijos, entre ellos el señor David López Conde.

29 Declaración extra juicio de los señores David López Conde y Carmenza Guevara Suarez, quienes manifestaron tener una vida marital y de esa unión han procreado tres hijos.

30 Registro civil de nacimiento de Melissa Stephanie López Guevara, hija de David López Conde y Carmenza Guevara Suarez. Folio 7 del C.P.

31 Registro civil de nacimiento de David Felipe López Guevara, hijo de David López Conde y Carmenza Guevara Suarez. Folio 6 del C.P.

32 Registro civil de nacimiento de Christian David López Guevara, hijo de David López Conde y Carmenza Guevara Suarez. Folio 8 del C.P.

33 Registro civil de nacimiento de David Santiago López Jiménez, hijo de Christian David López Guevara y Annel Milena Jiménez Lombana. Folio 9 del C.P.

34 Registro civil de nacimiento de Miguel Ángel López Conde, hijo de Hernando López y Bertha Conde. Folio 10 del C.P.

35 Registro civil de nacimiento de Flor Alba López Conde, hija de Hernando López y Bertha Conde. Folio 139 del C.P.

36 Registro civil de nacimiento de Bertha Cecilia López Conde, hija de Hernando López y Bertha Conde. Folio 140 del C.P.

37 Folio 125 C. Nº 1.

38 Folio 130 C. Nº 1.

39 Folio 129 C. Nº 1.

40 Folios 121 y 122 C. Nº 1.

41 Folios 121 y 122 C. Nº 1.

42 En la cual consta que el demandante canceló la suma en pagos periódicos desde el 2 de septiembre de 1994 hasta el 21 de noviembre de 2000, fecha en que quedó ejecutoriada la resolución por medio de la cual precluyó la investigación a su favor.

43 Folio 142 del Cuaderno Principal

44 Artículos 1628,1653, 1654 y 1669 del Código Civil.

45 Artículo 28 numeral 8º.

46 Artículos 877 y 1163.

47 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 26 de junio de 2015, expediente Nº 25664.

48 Resolución 1ª del 25 de junio de 2000 de Conalbos.

49 Consejo Superior de la Judicatura, auto del 14 de mayo 1998, expediente Nº 9979-A

50 “ART. 3º—Criterios. El funcionario judicial, para aplicar gradualmente las taridas establecidas hasta los máximos previstos en este Acuerdo, tendrán en cuenta la naturaleza, la calidad y duración útil de la gestión ejecutada por el apoderado o la parte que litigió personalmente, autorizada por la ley, la cuantía de la pretensión y las demás circunstancias relevantes, de modo que sean equitativas y razonables. Las tarifas por porcentaje se aplicarán inversamente al valor de las pretensiones.
PAR.—En la aplicación anterior, además, se tendrán en cuenta las normas legales que en particular regulen la materia”.

51 Folio 15 y 119 del C. Nº 1.

52 Del certificado de Cámara de Comercio de Neiva, se encuentra registrada la razón social “Cueros Galería”, con matricula Nº: 00071298 del 30 de mayo de 1995, de propiedad del señor David López Conde.

53 Del certificado de Cámara de Comercio de Ibagué, se encuentra registrada la razón social “Cueros Galería”, con matricula Nº 00058156 del 20 de febrero de 1992, de propiedad del señor Davis López Conde.

54 Fls. 84 al 86 del cuaderno de pruebas.

55 Fls. 82 y 83 del cuaderno de pruebas.

56 Consejo de Estado – Sección Tercera – Subsección C, sentencia de fecha 27 de febrero de 2013, Exp. 24734.