Sentencia 2002-02791/29252 de febrero 26 de 2015

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

Rad. 760012331000200202791 01 (29.252)

Consejero Ponente:

Dr. Hernán Andrade Rincón

Asunto: Acción de reparación directa

Actor: Sociedad Orozco Conde Inversiones Corzo

Demandado: Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario —Inpec—

Bogotá, D.C., veintiséis de febrero de dos mil quince.

EXTRACTOS: «II. Consideraciones de la Sala

1. Competencia.

La Sala es competente para conocer del asunto en segunda instancia, en razón del recurso de apelación interpuesto por la parte actora en contra de la sentencia proferida por el Tribunal Contencioso Administrativo del Valle del Cauca el 9 de julio de 2004, comoquiera que la demanda se presentó el 10 de julio de 2002(13) y la pretensión mayor se estimó en la suma de $ 60.000.000, monto que supera la suma mínima exigida para que un proceso adelantado en ejercicio de la acción de reparación directa tuviera vocación de doble instancia ante esta corporación para aquella época, esto es $ 13.460.000(14).

2. El ejercicio oportuno de la acción.

De conformidad con lo previsto en el artículo 136 del Código Contencioso Administrativo, la acción de reparación directa deberá instaurarse dentro de los dos años contados a partir del día siguiente “del acaecimiento del hecho, omisión u operación administrativa o de ocurrida la ocupación temporal o permanente del inmueble de propiedad ajena por causa de trabajos públicos”.

En cuanto a la oportunidad para formular la presente acción indemnizatoria, advierte la Sala que esta se interpuso dentro de los dos (2) años que establece el numeral 8º del artículo 136 del Código Contencioso Administrativo, toda vez que la responsabilidad administrativa que se demanda se origina en los perjuicios sufridos por la Sociedad Orozco Conde Inversiones Corzo & Cia. S en C derivados de la explosión de un artefacto explosivo en las instalaciones del Inpec, en la ciudad de Cali, el día 27 de mayo de 2001 y, como quiera que la demanda se interpuso el 10 de julio de 2002, se impone concluir que se interpuso oportunamente.

3. El material probatorio recaudado en el expediente.

Dentro de la respectiva etapa procesal y con el lleno de los requisitos legales se recaudaron en el proceso los siguientes elementos de convicción:

a. Certificado de existencia y representación legal de la Sociedad Orozco Conde Inversiones Corzo & Cia. S en C(15), expedido por la Cámara de Comercio de Cali, documento en el que consta como objeto social de la sociedad, la administración directa o por medio de terceros de toda clase de establecimientos comerciales que se dediquen al expendio de toda clase de comidas precocidas o de cualquier clase de productos alimenticios, y en el que se certifica que a su nombre figura matriculado bajo el número 027707-02 un establecimiento de comercio denominado Restaurante Corzo, ubicado en la Calle 24 No. 2-73 de la ciudad de Cali.

b. Recortes de prensa del periódico “El País”, edición del 28 de mayo de 2001(16).

Frente a estos recortes de prensa la Sala debe precisar el valor probatorio que le merece el mismo a la luz del precedente sobre la materia desarrollado por esta corporación, que ha considerado que tales informaciones periodísticas pueden ser valoradas en calidad de indicio contingente, al dar fe de la existencia de una noticia o suceso reportado, aunque la credibilidad y certeza de lo allí contenido penderá de la correspondencia y/o coherencia con los demás medios probatorios que militan en el plenario, como lo ha sostenido esta corporación:

“Sin embargo, los reportes periodísticos allegados al expediente carecen por completo de valor probatorio, toda vez que se desconoce su autor y su contenido no ha sido ratificado y, adicionalmente, por tratarse de las informaciones publicadas en diarios no pueden ser consideradas dentro de un proceso como una prueba testimonial, como que adolecen de las ritualidades propias de este medio de prueba: no fueron rendidas ante funcionario judicial, ni bajo la solemnidad del juramento, ni se dio la razón de su dicho (CPC, art. 227).

Estos recortes de prensa tan solo constituyen evidencia de la existencia de la información, pero no de la veracidad de su contenido, por lo que no ostentan valor probatorio eficaz merced a que se limitan a dar cuenta de la existencia de la afirmación del tercero, pero las afirmaciones allí expresadas deben ser ratificadas ante el juez, con el cumplimiento de los demás requisitos para que puedan ser apreciadas como prueba testimonial. De modo que el relato de los hechos no resulta probado a través de las publicaciones periodísticas a que se alude en la demanda, habida consideración que no configura medio probatorio alguno de lo debatido en el proceso, pues tan solo constituyen la versión de quien escribe', que a su vez la recibió de otro desconocido para el proceso”(17).

Así las cosas, es necesario considerar racionalmente su valor probatorio como prueba de una realidad de la que el juez no puede ausentarse, ni puede obviar en atención a reglas procesales excesivamente rígidas. Tanto es así, que la Sala valorará tales informaciones allegadas en calidad de indicio, para que así sea valorado racional, ponderada y conjuntamente dentro del acervo probatorio, en correspondencia a lo considerado, también, por la Sala Plena Contenciosa de esta corporación(18).

c. Veintidós (22) fotografías(19) presentadas junto con la demanda, del que, según el libelo introductorio, constituye el Restaurante Corzo, sin embargo, del material fotográfico acopiado al expediente no es posible determinar su origen ni el lugar o la fecha en el que fueron tomadas. En estas condiciones, no puede atribuírseles valor probatorio a tales documentos fotográficos ya que no existe certeza que las imágenes que allí se registran correspondan a los daños causados al local comercial de propiedad de la Sociedad Orozco Conde Inversiones Corzo & Cía. S en C(20).

Las fotografías o películas de personas, cosas, predios, etc., sirven para probar el estado de hecho que existía en el momento de ser tomadas, de acuerdo con la libre crítica que de ellas haga el juez; pero como es posible preparar el hecho fotográfico o filmado, es indispensable establecer su autenticidad mediante la confesión de la parte contraria o de testigos presentes en aquel instante o que hayan formado parte de la escena captada o intervenido en el desarrollo posterior del negativo o por el examen del negativo por peritos o por un conjunto fehaciente de indicios; cumplido este requisito, como documentos privados auténticos, pueden llegar a constituir plena prueba de hechos que no requieran por ley un medio diferente; si falta, tendrá un valor relativo libremente valorable por el juez, según la credibilidad que le merezcan y de acuerdo con su contenido, las circunstancias que pudieron ser obtenidas y sus relaciones con las demás pruebas (…) También son un valioso auxiliar de la prueba testimonial, cuando el testigo reconoce en la fotografía a la persona de la cual habla o el lugar o la cosa que dice haber conocido; en estos casos, el testimonio adquiere mayor verosimilitud. Los códigos de Procedimiento Civil y Penal colombianos lo autorizan” (subraya la Sala)(21).

Debe reiterarse que, las fotografías allegadas al expediente carecen del mérito demostrativo que la parte actora pretende porque no existe certeza de que correspondan a los daños causados al establecimiento de que se trata en este proceso, y solo son prueba de que se registró una imagen, sin que sea posible determinar su origen, ni el lugar y la época en que fueron tomadas.

d. Certificación de 10 de noviembre de 2001 expedida por la Subsecretaria de Gobierno y Convivencia de la Alcaldía de Santiago de Cali(22), quien da cuenta de la ocurrencia del atentado terrorista en contra de las instalaciones del Inpec, en los siguientes términos (se cita el texto tal cual aparece en el expediente):

“Que el día 27 de mayo de 2001, hacía las 5:00 A.M, como consecuencia del conflicto armado que por razones ideológicas vive el país, se produjo una explosión de un paquete bomba en la Calle 24 Norte con Avenida Segunda D Norte, en las instalaciones del INPEC.

El Comité Local de Emergencias, verificó que por efecto de la explosión resultó averiada la edificación de la Avenida 2C Norte No. 23 AN-84 donde funcionaba el RESTAURANTE CORZO, de propiedad de la firma OROZCO CONDE INVERSIONES CORZO Y CIA S. EN .C con NIT 800035199, cuyo representante legal es el señor FERNANDO R. OROZCO MONGE, titular dela cedula de ciudadanía No. 14.949.754 expedida en Cali (V)”.

e. Inspección ocular de 8 de junio de 2001(23) efectuada por el Comité local para la Atención y Prevención de Desastres de la alcaldía de Cali a la edificación donde funcionaba el Restaurante Corzo de propiedad de la sociedad demandante. En este documento se registró la siguiente información (se cita el texto tal cual aparece en el expediente):

“A raíz del atentado perpetrado el 27 de mayo de 2001, contra las instalaciones administrativas de Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario INPEC, se realizó visita de inspección ocular con el fin de determinar el nivel de afectación de la edificación.

Durante la visita se puedo constatar el daño generalizado causado por la onda explosiva en los vidrios de ventanas y puertas, así como en los acabados de estas últimas. Igualmente se apreció que existen deflexiones apreciables en la losa del 2º piso, desplazamiento lateral de elementos de soporte de la cubierta que a la vez impiden el normal funcionamiento de algunas ventanas, fractura de muros de fachada, desplazamiento de elementos estructurales que conforman la cubierta, etc.

Teniendo en cuenta lo anterior, la amenaza sísmica sobre el municipio, la edad de la edificación y el grupo de uso, entre otros factores, se recomienda tomar las medidas necesarias para evitar situaciones lamentables, las cuales pueden considerar los lineamientos definidos en las Normas Colombianas de Diseño y Construcción Sismo-Resistente para la determinación de la vulnerabilidad de una edificación y la intervención o mitigación de la misma.

f. Dictamen pericial(24) de los daños ocasionados al inmueble ubicado en la avenida 2C norte 23 AN-84, donde funcionaba el Restaurante Corzo, realizado por el arquitecto Raúl Orlando Medellín González.

En efecto, para sustentar sus pretensiones, la parte actora allegó al proceso como prueba un dictamen pericial sobre los daños ocasionados por la explosión de un artefacto explosivo al Restaurante Corzo, practicada antes de que se iniciara el presente trámite contencioso administrativo. Sin embargo, debido a que la parte demandada no tuvo la oportunidad procesal para controvertir dicha prueba anticipada, esta no podrá ser tenida en cuenta, máxime cuando la parte actora no solicitó oportunamente que se corriera traslado a la entidad demandada con el fin de que se allegara al proceso la oposición necesaria para su valoración.

g. Oficio de 3 de mayo de 2002(25) por medio del cual Bancolombia informa que la Sociedad Orozco Conde Inversiones Corzo & Cía. S en C “tiene un crédito por la línea IFI damnificados por terrorismo por valor de $20.000.000 que constituyó en noviembre 30 de 2001 a 36 meses de plazo y con una tasa de interés de 6.17%”.

4. Conclusiones probatorias y caso concreto:

De conformidad con el material de convicción allegado al proceso se encuentra plenamente acreditado el daño sufrido por la sociedad demandante, en tanto la edificación donde funcionaba el Restaurante Corzo sufrió un daño material como consecuencia de la detonación de un artefacto explosivo ocurrida en la ciudad de Cali en inmediaciones del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario —INPEC— el 27 de mayo de 2001.

Ahora bien, establecida la existencia del daño, aborda la Sala el análisis de la imputación con el fin de determinar si en el caso concreto dicho daño le puede ser atribuido a la administración pública demandada y, por lo tanto, si esta se encuentra en el deber jurídico de resarcir los perjuicios que de dicho daño se derivan y, en consecuencia, si la sentencia apelada debe ser revocada o confirmada.

En cuanto a la imputabilidad del daño a la administración, es pertinente poner de presente que esta Sala, en sentencia de 19 de abril de 2012(26), unificó su posición en el sentido de indicar que, en lo que se refiere al derecho de daños, el modelo de responsabilidad estatal que adoptó la Constitución de 1991 no privilegió ningún régimen en particular, sino que dejó en manos del juez definir, frente a cada caso concreto, la construcción de una motivación que consulte las razones tanto fácticas como jurídicas que den sustento a la decisión que habrá de adoptar. Por ello, la jurisdicción de lo contencioso administrativo ha dado cabida a la utilización de diversos “títulos de imputación” para la solución de los casos propuestos a su consideración, sin que esa circunstancia pueda entenderse como la existencia de un mandato que imponga la obligación al juez de utilizar frente a determinadas situaciones fácticas —a manera de recetario— un específico título de imputación. Por ello se concluyó en la mencionada sentencia de la siguiente forma:

“En consecuencia, el uso de tales títulos por parte del juez debe hallarse en consonancia con la realidad probatoria que se le ponga de presente en cada evento, de manera que la solución obtenida consulte realmente los principios constitucionales que rigen la materia de la responsabilidad extracontractual del Estado, tal y como se explicó previamente en esta providencia”(27).

5. El título de imputación en el caso concreto.

Según viene de verse, se tiene debidamente establecido que la edificación afectada se encontraba cerca de las instalaciones del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario —Inpec—, y que el ataque del 27 de mayo de 2001 se dirigió contra dicha edificación estatal, hecho que se enmarca en el conflicto armado que ha venido soportando el país de tiempo atrás.

Ahora bien, no obra en el expediente prueba alguna que permita entender que la demandada hubiera tenido conocimiento de la inminencia del ataque a que se contraen los hechos de la demanda y que, a pesar de ello, no hubiese tomado medidas para prevenirlo, así como tampoco se demostró la ocurrencia de alguna conducta reprochable en su actuar.

Ciertamente no se acreditó en el proceso la configuración de una conducta omisiva o descuidada y por ello reprochable en cabeza de la demandada, dada la especial naturaleza de ese tipo de ataques que son de suyo sorpresivos y pocas veces predecibles, debiéndose resaltar que en este caso nada distinto a esa mera circunstancia se probó en el proceso.

Por eso mismo, según pone de presente el material probatorio allegado al expediente, tiene que convenirse en que el daño sufrido por la parte actora ocurrió en el marco y por causa del conflicto armado interno, razón por la cual la Sala considera que la determinación de la responsabilidad en cabeza de la demandada debe hacerse a título de daño especial, título de imputación que traslada el estudio de la imputación, valga la redundancia, al daño mismo desde la perspectiva de la víctima, para deducir si la no reparación del perjuicio causado llegaría a configurar un atentado directo contra los principios constitucionales de justicia, solidaridad y equidad. Así lo expuso la Sección Tercera cuando dijo(28):

“Como sea que los hechos que dieron lugar al daño por el cual hoy se reclama ocurrieron en el marco del conflicto armado interno(29) y resulta evidente que es al Estado a quien corresponde la búsqueda de soluciones que conlleven a la terminación de la guerra, de ahí que debe convenirse en que se aparta de los más elementales criterios de justicia y equidad que al producirse estos ataques subversivos, el Estado no acuda a socorrer a sus víctimas (…).

“(…) Ahora, en cuanto al título de imputación como herramienta de motivación que debe ser aplicado para dar respuesta al caso concreto, la Sala considera que, en aras de materializar el valor justicia(30), la responsabilidad del Estado en este caso se ha comprometido a título de daño especial, por entenderse que no hay conducta alguna que pueda reprochársele a entidad demandada, quien actuó dentro del marco de sus posibilidades, así como tampoco se puede reprochar la conducta de la actora, quien se presenta como habitante del pequeño poblado de Silvia, víctima indirecta de un ataque dirigido contra el Estado, cuyo radio de acción no se limitó a objetivos estrictamente militares, sino que comprendió también a la población civil y que, en tales circunstancias le causó un perjuicio en un bien inmueble de su propiedad, trayendo para ella un rompimiento de las cargas públicas que debe ser indemnizado (…).

“(…) En conclusión, la Sección considera que en este caso resulta aplicable la teoría del daño especial, habida cuenta que el daño, pese que se causó por un tercero, lo cierto es que ocurrió dentro de la ya larga confrontación que el Estado ha venido sosteniendo con grupos subversivos, óptica bajo la cual, no resulta constitucionalmente aceptable que el Estado deje abandonadas a las víctimas y, que explica que la imputación de responsabilidad no obedezca a la existencia de conducta alguna que configure falla en el servicio, sino que se concreta como una forma de materializar los postulados que precisamente justifican esa lucha contra la subversión y representan y hacen visible y palpable, la legitimidad del Estado”.

De todo lo anterior ha de seguirse que la responsabilidad del Estado en este caso se fundamenta en el deber de acompañamiento a las víctimas del conflicto, quienes se vieron sometidas al rompimiento de las cargas públicas que normalmente debían asumir, circunstancia de desequilibrio que se concretó en la afectación a la edificación donde funcionaba el Restaurante Corzo, de propiedad de la sociedad demandante, razones -todas estas- que llevan a entender que no resultan de recibo los planteamientos de la demandada en este punto enderezados a obtener la confirmación de la sentencia en tanto la eximió de responsabilidad, por lo que ha de procederse, a continuación, al estudio de la indemnización de perjuicios de conformidad con el petitum de la demanda y de lo probado en el proceso.

6. Liquidación de perjuicios.

6.1. Perjuicios materiales.

Para la indemnización de perjuicios materiales no podrá tenerse en cuenta el dictamen pericial allegado como prueba anticipada, por cuanto, como se dijo, esta prueba no tiene valor probatorio al no haber sido controvertida por la parte demandada.

A lo anterior se debe agregar que, si bien la institución financiera Bancolombia certificó que la Sociedad Orozco Conde Inversiones Corzo & Cía. S en C había adquirido un crédito por valor de $ 20.000.000 para damnificados del terrorismo, con los medios de convicción allegados al expediente no es posible determinar la destinación de esos rubros para esos precisos efectos.

Así las cosas, la Sala dará aplicación a lo previsto en el artículo 172 del Código Contencioso Administrativo, y condenará en abstracto al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario —INPEC—, al pago de este perjuicio. La liquidación deberá hacerse mediante el trámite incidental previsto en el artículo 137 del Código de Procedimiento Civil, con base en las pruebas que allegue la parte actora para acreditar el valor de las obras de reconstrucción directa y estrictamente relacionadas con la afectación que sufrió el inmueble, como consecuencia de la acción insurgente ocurrida.

7. Condena en costas.

Comoquiera que para el momento en que se profiere este fallo, el artículo 55 de la Ley 446 de 1998 indica que solo hay lugar a la imposición de costas cuando alguna de las partes haya actuado temerariamente y, debido a que ninguna procedió de esa forma en el sub lite, no habrá lugar a su imposición.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

FALLA:

1. REVOCAR la sentencia proferida el 9 de julio de 2004 por el Tribunal Contencioso Administrativo del Valle del Cauca, mediante la cual se negaron las súplicas de la demanda y, en su lugar,

2. DECLARAR la responsabilidad administrativa del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario —Inpec—, por los daños ocasionados al establecimiento de comercio Restaurante Corzo, el 27 de mayo de 2001, por el ataque terrorista contra las instalaciones del Inpec, en la ciudad de Cali.

3. CONDENAR en abstracto al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario —Inpec—, al pago de los perjuicios materiales causados al establecimiento de comercio Restaurante Corzo, como consecuencia del ataque terrorista contra las instalaciones del Inpec, en la ciudad de Cali.

Este perjuicio deberá liquidarse mediante el trámite incidental regulado en el artículo 137 del Código de Procedimiento Civil, el cual deberá promoverse por el interesado dentro del término de dos (2) meses contados desde la ejecutoria de esta sentencia y resolverse con sujeción a las pautas indicadas en la parte motiva de esta sentencia.

4. Para el cumplimiento de esta sentencia expídanse copias con destino a las partes, con las precisiones del artículo 114 del Código de Procedimiento Civil y con observancia de lo preceptuado en el artículo 37 del Decreto 359 de 22 de febrero de 1995. Las copias destinadas a la parte actora serán entregadas al apoderado judicial que ha venido actuando.

5. Las condenas se cumplirán en los términos de los artículos 176 a 178 del Código Contencioso Administrativo.

6. Sin costas (L. 446/98, art. 55).

7. Una vez en firme esta providencia, devuélvase el expediente al tribunal de origen.

Cópiese, notifíquese, cúmplase y publíquese».

(13) Folio 40 del cuaderno principal.

(14) Decreto 597 de 1988.

(15) Folios 2 a 4 del cuaderno 1.

(16) Folios 5 a 6 del cuaderno 1.

(17) En este sentido ver sentencias de expediente 3122; de 16 de enero de 2001, de 1º de marzo de 2006, expediente16587. Magistrado Ponente Jaime Orlando Santofimio Gamboa.

(18) Conforme el artículo 175 del Código de Procedimiento Civil y a lo que ha sostenido la doctrina procesal, la publicación periodística que realice cualquiera de los medios de comunicación puede ser considerada prueba documental. Sin embargo, en principio solo representa valor secundario de acreditación del hecho en tanto por sí sola, únicamente demuestra el registro mediático de los hechos. Carece de la entidad suficiente para probar en sí misma la existencia y veracidad de la situación que narra y/o describe. Su eficacia como plena prueba depende de su conexidad y su coincidencia con otros elementos probatorios que obren en el expediente. Por tanto, individual e independientemente considerada no puede constituir el único sustento de la decisión del juez.
En la jurisprudencia de esta corporación existen precedentes que concuerdan con esta posición. Se ha estimado que las publicaciones periodísticas “(…) son indicadores solo de la percepción del hecho por parte de la persona que escribió la noticia”, y que si bien “(…) son susceptibles de ser apreciadas como medio probatorio, en cuanto a la existencia de la noticia y de su inserción en medio representativo (periódico, televisión, Internet, etc.) no dan fe de la veracidad y certidumbre de la información que contienen”. Lo anterior equivale a que cualquier género periodístico que relate un hecho (reportajes, noticias, crónicas, etc.), en el campo probatorio puede servir solo como indicador para el juez, quien a partir de ello, en concurrencia con otras pruebas regular y oportunamente allegadas al proceso, podría llegar a constatar la certeza de los hechos. Consecuentemente, a las noticias o informaciones que obtengan los medios de comunicación y que publiquen como reportaje de una declaración, no pueden considerarse por sí solas con el carácter de testimonio sobre la materia que es motivo del respectivo proceso”. Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia de 29 de mayo de 2012. Expediente 2011-01378.

(19) Folios 4 a 16 del cuaderno 2.

(20) Sobre el valor probatorio de las fotografías, véanse, entre otras, las siguientes sentencias proferidas por la Sección Tercera del Consejo de Estado: 5 de diciembre de 2006, expediente 28.459, C.P. Ruth Stella Correa; 28 de julio de 2005, expediente 14.998, C.P. María Elena Giraldo; 3 de febrero de 2010, expediente 18034, C.P. Enrique Gil Botero.

(21) Devis Echandia, Hernando, Teoría general de la prueba judicial, Tomo segundo, Temis, Bogotá, 2.002, pág. 565.

(22) Folio 25 del cuaderno principal.

(23) Folio 23 del cuaderno principal.

(24) Folios 26 a 35 del cuaderno principal.

(25) Folio 17 del cuaderno principal.

(26) Consejo de Estado. Sección Tercera. Sentencia de 19 de abril de 2012. Exp 21515.

(27) Ídem.

(28) Ídem.

(29) En lo que concierne a la definición de Conflicto Armado Interno, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, caso “La Tablada” – Informe 55/97, caso 11.137 – Juan Carlos Abella vs. Argentina, 18 de noviembre de 1997, lo definió de la siguiente manera.
“En contraste con esas situaciones de violencia interna, el concepto de conflicto armado requiere, en principio, que existan grupos armados organizados que sean capaces de librar combate, y que de hecho lo hagan, y de participar en otras acciones militares recíprocas, y que lo hagan. (…) Los conflictos armados a los que se refiere el artículo 3º, típicamente consisten en hostilidades entre fuerzas armadas del gobierno y grupos de insurgentes organizados y armados”.

(30) De lo anterior se desprende, entonces, que el título jurídico más correcto para determinar la responsabilidad de reparar un daño será aquel que pase el análisis como el más justo. Pero ¿Qué es lo justo? Es bien sabido que el tema es particularmente álgido en nuestros días y admite muchos enfoques de escuelas del pensamiento jurídico. No obstante si partimos de la aceptación de que la justicia es dar a cada uno lo suyo según la celebérrima sentencia de Ulpiano podemos explorar una respuesta. En efecto, esta definición, permite comprender lo que es la injusticia, que contrario a reconocer el Derecho, implica desconocerlo, lesionarlo, negarlo.