Sentencia 2002-02920 de agosto 12 de 2014

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN C

Rad.: 25000232600020020292201 (29891)

Consejera Ponente:

Dra. Olga Médila Valle de De La Hoz

Actor: Enrique Tinoco Contreras

Demandado: Municipio de Madrid

Referencia: Reparación Directa

Bogotá D.C., agosto doce de dos mil catorce.

EXTRACTOS: «II. Consideraciones

2.1. Competencia.

Esta Sala es competente de conformidad con los establecido en el artículo 129 del Código Contencioso Administrativo, modificado por el artículo 37 de la Ley 446 de 1998, el artículo 13 del Acuerdo 58 de 1999 y el Acuerdo 55 de 2003 del Consejo de Estado, para decidir el recurso de apelación formulado por la parte demandada contra la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sala de Descongestión, el 18 de noviembre de 2004, en proceso con vocación de segunda instancia ante esta Corporación, por razón de la cuantía(1).

2.2. Responsabilidad extracontractual del Estado.

El artículo 90 constitucional dispone que el Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la omisión de las autoridades públicas. La responsabilidad del Estado se hace patente cuando se configura un daño, el cual deriva su calificación de antijurídico atendiendo a que el sujeto que lo sufre no tiene el deber jurídico de soportar el perjuicio, tal como ha sido definido por la jurisprudencia de esta Corporación(2).

Verificada la ocurrencia de un daño, surge el deber de indemnizarlo plenamente, con el fin de hacer efectivo el principio de igualdad ante las cargas públicas, resarcimiento que debe ser proporcional al daño sufrido.

Los elementos que sirven de fundamento a la responsabilidad son esencialmente el daño antijurídico y su imputación a la administración entendiendo por tal, el componente que “permite atribuir jurídicamente un daño a un sujeto determinado. En la responsabilidad del Estado, la imputación no se identifica con la causalidad material, pues la atribución de la responsabilidad puede darse también en razón de criterios normativos o jurídicos. Una vez se define que se está frente a una obligación que incumbe al Estado, se determina el título en razón del cual se atribuye el daño causado por el agente a la entidad a la cual pertenece, esto es, se define el factor de atribución (la falla del servicio, el riesgo creado, la igualdad de las personas frente a las cargas públicas). Atribuir el daño causado por un agente al servicio del Estado significa que este se hace responsable de su reparación, pero esta atribución solo es posible cuando el daño ha tenido vínculo con el servicio. Es decir, que las actuaciones de los funcionarios solo comprometen el patrimonio de la entidades públicas cuando las mismas tienen algún nexo o vínculo con el servicio público”(3).

Así mismo, en providencia de Sala Plena radicación 24392 de agosto 23 de 2012, se dijo:

“Esta Sala, en sentencia de 19 de abril pasado(4), unificó su posición en el sentido de indicar que, en lo que se refiere al derecho de daños, el modelo de responsabilidad estatal que adoptó la Constitución de 1991 no privilegió ningún régimen en particular, sino que dejó en manos del juez definir, frente a cada caso concreto, la construcción de una motivación que consulte las razones tanto fácticas como jurídicas que den sustento a la decisión que habrá de adoptar. Por ello, la jurisdicción de lo contencioso administrativo ha dado cabida a la utilización de diversos ‘títulos de imputación’ para la solución de los casos propuestos a su consideración, sin que esa circunstancia pueda entenderse como la existencia de un mandato que imponga la obligación al juez de utilizar frente a determinadas situaciones fácticas —a manera de recetario— un específico título de imputación. Por ello se concluyó en la mencionada sentencia de la siguiente forma:

En consecuencia, el uso de tales títulos por parte del juez debe hallarse en consonancia con la realidad probatoria que se le ponga de presente en cada evento, de manera que la solución obtenida consulte realmente los principios constitucionales que rigen la materia de la responsabilidad extracontractual del Estado, tal y como se explicó previamente en esta providencia”(5).

En primer lugar es conveniente precisar que solo la parte demandada apeló y como según el artículo 357 del Código de Procedimiento Civil, la apelación se entiende interpuesta en lo desfavorable al apelante, la competencia del superior está limitada al estudio de los motivos de inconformidad. Así lo ha dicho la providencia de la Sección Tercera de esta Corporación:

“De conformidad con el principio de congruencia, al superior, cuando resuelve el recurso de apelación, solo le es permitido emitir un pronunciamiento en relación con los aspectos recurridos de la providencia del inferior, razón por la cual la potestad del juez en este caso se encuentra limitada a confrontar lo decidido con lo impugnado en el respectivo recurso.

Téngase presente que la exigencia que consagra la ley para que el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia deba sustentarse no es, en consecuencia, una simple formalidad irrelevante para el proceso, a tal punto de su inobservancia acarrea la declaratoria de desierta del recurso y, por contera, la ejecutoria de la providencia que se pretende impugnar (artículo 212, CCA)”(6).

De esta manera se limitará la Sala al análisis de los motivos de inconformidad expuestos por la parte demandada.

2.3. La caducidad.

La caducidad es un fenómeno jurídico que se presenta en los eventos en que las personas dejan transcurrir el tiempo sin ejercer su derecho en el término establecido por la ley, y en consecuencia pierde su facultad de accionar ante la jurisdicción. Este término se consagra como uno de los desarrollos del principio de seguridad jurídica, puesto que asegura la existencia de un plazo objetivo para que el ciudadano pueda hacer efectivos sus derechos; tradicionalmente se ha considerado que no puede ser materia de convención antes de su complimiento, o de renuncia, una vez cumplido.

La caducidad es una figura procesal que extingue la acción por el no ejercicio de la misma en el término perentorio establecido por el legislador, no admite renuncia ni suspensión, salvo en el evento de presentación de la solicitud de conciliación extrajudicial en derecho y se interrumpe con la demanda.

Su consagración en el ordenamiento jurídico está orientada a ofrecer certeza jurídica a quienes tienen interés en acudir a la justicia para obtener la protección de sus derechos y también a la colectividad a la cual debe garantizársele la seguridad jurídica, de tal modo que cuando se desconoce el término de caducidad se vulnera el derecho al debido proceso.

El artículo 136 numeral 8º del Decreto 1 de 1984, estableció que la acción de reparación directa debe intentarse dentro de los dos años siguientes a la ocurrencia del hecho, la omisión o la operación administrativa que dé origen al perjuicio, pero la jurisprudencia ha considerado que en algunas ocasiones, cuando el hecho no se hizo visible, el término se cuenta a partir del conocimiento del hecho dañino y no a partir de su ocurrencia.

Así lo ha considera esta Sala:

“(...) Solo en eventos muy especiales, como aquellos en los cuales la producción o manifestación del daño no coindice con el acaecimiento de la actuación que les da origen, la Sala ha considerado que el término para accionar no debe empezar a contarse desde cuando se produjo la actuación causante del daño sino desde que el afectado tuvo conocimiento del mismo, de acuerdo con las circunstancias concretas del caso. En conclusión, la Sala considera que conforme al artículo 136 del Código Contencioso Administrativo, modificado por el artículo 23 del Decreto Ley 2304 de 1989, el actor contaba con un plazo de dos años para ejercitar la acción de reparación directa, a partir del día en que conoció el daño, esto es, cuando se enteró que por la ocupación material de su predio la entidad no le iba a cancelar su valor”(7).

También puede ocurrir que el daño no sea de aquellos que se producen de manera instantánea, sino de los que se prolongan en el tiempo, caso en el cual el término debe contarse a partir del momento en que se tiene conocimiento del mismo(8).

En el fallo objeto de apelación el a-quo consideró que no existía caducidad de la acción puesto que el término previsto en el artículo 136 del CCA debía empezar a contarse a partir del momento en que la administración dio respuesta al derecho de petición del demandante, esto es, a partir del 19 de octubre de 2001, a lo cual se opone la parte demandada, por cuanto esta aduce que la función de vigilancia y cuidado culminó para el municipio el 30 de junio de 1998 cuando entregó el bien en arrendamiento a la cooperativa de recicladores, y adicionalmente, los daños fueron conocidos por el señor Tinoco Contreras, ocho meses después de que el vehículo ingresara al parqueadero como lo manifestó su compañera permanente.

No obstante, en criterio de esta Sala, el término de caducidad no puede contarse a partir de la respuesta al derecho de petición presentado por el señor Tinoco Contreras, sino a partir del momento en que se realizó la entrega efectiva del automotor a su propietario, puesto que es en ese momento en el que cesan las obligaciones a cargo del ente municipal, quien en este caso actuaba como depositario de bien.

De esta manera, el término de caducidad debe contarse a partir del 29 de mayo de 2001, fecha en que al realizarse la entrega del bien a cargo del depositario, cesó su obligación de custodia y vigilancia sobre el mismo, y, en consecuencia como la demanda fue presentada el 10 de octubre de 2002, la acción no estaba caducada.

2.4. El Caso concreto.

El demandante es propietario de un vehículo que resultó implicado en un homicidio ocurrido en un accidente de tránsito, motivo por el cual fue detenido y puesto a disposición de las autoridades, quedando en custodia en los patios del municipio de Madrid.

El Juez Único de Funza profirió sentencia condenatoria, el 10 de octubre de 2000 y el 29 de mayo de 2001 se suscribió acta de entrega ante el Juzgado de Funza y se libraron los oficios correspondientes a las autoridades de tránsito para la entrega material del automotor, pero al presentare en el inmueble se le informó que el citado vehículo no se encontraba allí y luego en respuesta a los derechos de petición presentados, el Secretario General de la Alcaldía Municipal le informó que hasta 1998 el vehículo estuvo en los patios del municipio pero luego la administración cedió el terreno en que funcionaban esos patios a una cooperativa de recicladores y por eso el vehículo ya no estaba allí.

2.5. Pruebas obrantes en el proceso.

1. Providencia proferida por la Fiscalía Segunda Delegada, Unidad Primera de Vida de Bogotá, el 9 de septiembre de 1996, mediante la cual precluyó la investigación a favor del señor Enrique Tinoco Contreras (fls. 1 a 6, c. pruebas).

2. Providencia calendada el 10 de octubre de 2000, mediante la cual el Juzgado Penal del Circuito de Funza condenó al señor Aniceto Padilla Varela por Homicidio Culposo y en el acápite de otras decisiones dispuso:

“La entrega provisional que hiciera la Fiscalía de los vehículos de placas FUJ 063 y SRC 854 se tendrán (sic) como definitiva conforme a los artículos 110 del Código Penal y 338 del Código de Procedimiento Penal, tal como fueron modificados por el art. 43 de la Ley 81/93, toda vez que, el primero era de propiedad del señor Enrique Tinoco Contreras, persona a quien se le precluyó la instrucción al momento de calificar el mérito del sumario y el segundo,(sic) porque aunque este fallo fue sancionatorio, dicho rodante no pertenecía al hoy sentenciado y el verdadero propietario jamás fue vinculado como tercero civilmente responsable. Por tanto, se citará a los propietarios, para que compadezca (sic) a suscribir el acta de entrega definitiva, así como se librará oficio dirigido a las autoridades de tránsito, comunicándoles lo aquí decidido”.

Y en el numeral sexto de la parte resolutiva dispuso: “ordenar la entrega definitiva de los automotores de placas FUJ 063 y SRC 854 a sus propietarios, en los términos especificados en el cuerpo de esta providencia” (fls. 7 a 21, c. pruebas).

3. Oficio 818 de julio 3 de 2001, mediante el cual el Juez Penal de Funza ordena al administrador del Parqueadero Municipal de Madrid la entrega del vehículo de propiedad del señor Enrique Tinoco y acta de entrega definitiva suscrita el 29 de mayo de 2001 en el citado Juzgado (fls. 22, 23 y 37, c. pruebas).

4. Derechos de petición presentados por el señor Tinoco Contreras el 13 de julio de 2001, solicitando la entrega del vehículo ordenado por el Juez Penal del Circuito de Funza y el 31 de julio de 2001, en el que pide explicación sobre el estado actual del vehículo (fls. 24 a 25, c. pruebas).

5. Respuesta del Municipio de Madrid, al derecho de petición del demandante, con fecha 19 de octubre de 2001, en el cual manifestó que en junio de 1998 el lote en el que funcionaba el parqueadero municipal fue entregado en arriendo a una cooperativa de recicladores que en ese momento el vehículo se encontraba endichas instalaciones, pero totalmente desvalijado y allí continuaba al resolver la petición por lo que se procedería a la entrega (fls. 27 a 28, c. pruebas).

6. Copia de la Tarjeta de propiedad del vehículo Chevrolet Chevette, modelo 1982 de placas FUJ 063 a nombre de Enrique Tinoco y certificado de propiedad (fls. 29 y 38, c. pruebas).

7. Informe de accidente 93-0162907 del 5 de octubre de 1994, donde consta que el vehículo fue trasladado al parqueadero municipal de Madrid (fl. 32 a 33, c. pruebas).

8. Formulario de Inventario de ingreso del vehículo donde se registró que el vehículo fue recibido en mal estado por accidente de tránsito (fl. 34, c. pruebas).

9. Oficio CID-52-2003, del 23 de abril de 2003, mediante el cual el Jefe de Control Interno Disciplinario del Municipio manifestó:

“Los patios del municipio de Madrid, funcionaron como tal, en el predio ubicado en la carrera 1º Nº 5-84 barrio San Francisco del municipio de Madrid Cundinamarca, hasta el 29 de junio de 1998. ...

En cuanto a la destinación y ubicación dada al vehículo lo único que le puedo informar al honorable tribunal es que ante la solicitud que hace el señor Enrique Tinoco Contreras, se presidió (sic) a determinar si en los patios municipales existía un vehículo con similares características a las señaladas por parte de este señor, en compañía de él se encuentra un vehículo que reúne dichos acondicionamientos” (fl. 35, c. pruebas).

10. Declaración del señor Carlos Adelmo Gutiérrez Sanabria, quien manifestó que cuando se desempeñó como encargado de cuidar el parqueadero municipal recibió el vehículo del señor Tinoco, el cual estaba muy estrellado y cuando el inmueble fue arrendado a la cooperativa el carro quedó allí, ya estaba más dañado porque se encontraba expuesto al sol y al agua (fls. 62 a 64, c. pruebas).

11. Declaración del señor Nicolás Rayo quien corroboró que el patio para vehículos decomisados en el municipio funcionó hasta mediados del año 1998, fecha en que fue entregado a una cooperativa de recicladores; manifestó también que estaba trabajando allí cuando el vehículo ingresó y que estaba en muy mal estado y al entregar el lote a la cooperativa quedó allí al cuidado de dicha asociación (fls. 65 a 66, c. pruebas).

12. Copia autenticada de la investigación adelantada por la Oficina de Control Interno Disciplinario del Municipio, por causa de lo ocurrido con el vehículo (fls. 69 a 175, c. pruebas).

De esta investigación se resalta:

12.1. Declaración del señor José Joaquín Palacios quien presentaba servicios a los vehículos del municipio y manifestó:

“Preguntado: Podría dar el nombre de la persona encargada de los patios municipales antes de junio de 1998 y podría mencionarme a partir de esa fecha si hubo algún cambio en cuanto los encargados de dicho predio y en caso afirmativo mencione quien. Contestó: Hasta antes de junio del 98 lo cuidó el señor Adelmo Gutiérrez, y después entró una cooperativa de reciclaje que ellos mismos cuidaban, después se disolvió esa cooperativa entró el señor Ulpiano Zúñiga, hasta la actualidad.

Preguntado: Recuerda usted haber visto un vehículo marca Chevrolet Chevet color azul bruma de placas FUJ063 y si en este caso particular manifieste si recuerda algún hecho en especial con relación a dicho automotor. Contestó: Sí, lo he visto todavía, recuerdo que hasta cuando estuvo la cooperativa de reciclaje el vehículo estaba allí deteriorado por las inclemencias del tiempo y durante más no estoy seguro, dentro del segundo semestre de el (sic) año 1998 o el primer semestre del año 1999, se dictó un curso de mecánica por parte de los instructores del sena (sic) para gente particular y se cogió el vehículo por estar deteriorado como maqueta y se desarmó en su totalidad y se dejó así” (fls. 166 a 167, c. pruebas).

12.2. Declaraciones de los señores Carlos Adelmo Gutiérrez Sanabria y Nicolás Rayo, en el mismo sentido de los testimonios recepcionados en este proceso (fls. 80 a 83, c. pruebas).

13. Fotografías aportadas por la señora María del Socorro Contreras Andrade, quien adujo ser la compañera permanente del demandante y manifestó que fueron tomadas ocho meses después de haber ingresado el carro a los patios, donde se observa el automotor en mal estado (fls. 176 a 179, c. pruebas).

14. Declaración del señor Jaime Tinoco Contreras, quien manifestó:

“Sí, se trata de un accidente de tránsito que se presentó entre Madrid y Faca, eso hace más o menos entre nueve y diez años, y después del accidente los dos conductores fueron retenidos en la inspección de policía de Madrid, y los carros quedaron en los patios de Madrid, a ellos los condujeron acá a Bogotá a la Fiscalía, la misma noche quedaron libres, de ahí para adelante yo no sé en qué quedó el proceso, aproximadamente a los ocho meses después de eso, fuimos Enrique Tinoco y yo a tomar unas fotos y el carro en esos momentos estaba destruido, le habían colocado unos carros encima, estaba pero de los (sic) que quedó en el accidente, después volvimos a esos patios y ya no estaba el carro, habían tantos carros hechos chatarra pero no estaba porque me acuerdo que era un Chevrolet de dos puertas de color azul, y después de eso no he vuelto a saber de ese carro no sé qué pasó (fls. 180 a 181, c. pruebas).

15. Declaración de la señora María del Socorro Contreras Andrade, quien adujo ser la compañera permanente del demandante y manifestó:

“En el momento del accidente lógicamente que el carro quedó en regular estado, pero cuando fuimos a tomarle unas fotos a los ocho meses aproximadamente de haberlo dejado en el parqueadero, lo encontramos en un estado de chatarra que casi no lo reconocimos, fotos que me permito aportar en cuatro folios para un total de ocho fotografías. Este estado fue ocasionado por haberle puesto otro carro encima, cuando se identificó el carro el vigilante sagazmente con otra persona bajaron el carro, carro que aparece al fondo de la fotografía Nº 1, ese carro no fue bajado sino empujado hacia un lado, quedando al lado del carro nuestro. Preguntado: Dígale al Despacho, si una vez se ordena la entrega definitiva del vehículo al que nos hemos venido refiriendo, ustedes acudieron a los patios a hacer los trámites necesarios para su retiro, y de ser así explique qué sucedió. Contestó: Sí, apenas ordenaron el retiro del vehículo de los patios, Enrique Tinoco se dirigió al parqueadero con un hermano para el patio respectivo, el vigilante manifestó que el vehículo no se encontraba porque el municipio había dado en arriendo dicho patio a unos recicladores, saliendo él con las manos vacías (fls. 182 y 183, c. pruebas).

Es de anotar que estos dos últimos declarantes coincidieron en que el vehículo era utilizado por la víctima para transporte de él y su familia y para actividades de tipo particular.

16. Copia del contrato de prestación de servicios Nº 0102 del 30 de junio de 1998, entre el Municipio de Madrid y la Cooperativa de Trabajo Asociado de Madrid, cuyo objeto era servicio especial de aseo público, para la recolección de aquellos residuos que el servicio de aseo del Municipio no podía recoger, manejar o tratar. En el acuerdo contractual se pactó como parte de pago la entrega de un lote de propiedad del municipio que antes funcionaba como patio de vehículos del ente municipal y de algunos particulares.

En la cláusula Cuarta del citado documento se estableció como obligación especial:

“EL CONTRATISTA, en el disfrute del arrendamiento que aquí se pacta, como pago en especie del presente contrato, estará sujeto a las siguientes obligaciones y limitaciones: a) A partir de la entrega material del predio que deberá constar en acta respectiva, junto con el inventario de los bienes allí depositados, EL CONTRATISTA deberá, bajo su responsabilidad directa y en forma independiente, asumir la vigilancia del predio y responder por la integridad del mismo y de los bienes del Municipio y/o particulares que allí se encuentren; b) parte del predio será dedicada, en forma exclusiva, al parqueo de los vehículos del EL MUNICIPIO y de aquellos otros que este señale por escrito a EL CONTRATISTA. La parte pertinente, del predio y los vehículos que en (sic) tendrán parqueo permanente, se relacionan en plano simple y listado adjunto que se adjuntan y hacer parte integral del presente contrato; 3. EL CONTRATISTA, está facultado previa aprobación de EL MUNICIPIO, para cobrar valores por concepto de parqueo, bodegaje o depósito de bienes muebles, diferentes a los de propiedad de EL MUNICIPIO, de que trata el literal anterior; (...)” (fls. 24 a 30).

17. Copia de los contratos de prestación de servicios Nº 0012 del 30 de junio de 1998 y 0014-A del 1º de febrero de 1999, entre el Municipio de Madrid y la Cooperativa de Trabajo Asociado de Madrid, cuyo objeto era el servicio especial de aseo público, para la recolección de aquellos residuos que el servicio de aseo del Municipio no podía recoger, manejar o tratar (fls. 31 35).

Respecto del acervo probatorio integrado por las pruebas aportadas directamente por las partes y por las ordenadas por el A quo, y concretamente sobre las copias simples esta Sub Sección en reciente sentencia(9) dijo:

“En lo que se refiere a las copias simples anexadas tanto con la demanda como con la contestación, las mismas serán valoradas teniendo en cuenta que reposaron en el plenario desde el inicio del proceso sin que fueran tachadas de falsas en las etapas procesales pertinentes. Así pues, dado que han obrado a lo largo del plenario y han sido sometidas a los principios de contradicción y de defensa de las partes conforme a los principios de buena fe y lealtad procesal que rigen toda actuación judicial, se les dará valor probatorio”(10).

En efecto, sobre la valoración de las copias simples ha dicho la Sala:

“La entidad demandada allegó en copia simple varios de los documentos que integraron el expediente administrativo de protección a favor del menor Sebastián Rojo Jiménez, medios de convicción que serán valorados en esta instancia por las siguientes razones: i) porque son documentos cuyos originales se encuentran en poder del ICBF —concretamente en sus archivos—, ii) fueron aportados por el propio instituto, razón adicional para reconocerles valor probatorio, y iii) en los términos de esta subsección, es procedente apreciar las copias simples siempre y cuando hayan obrado a lo largo del plenario, conforme al principio constitucional de buena fe, puesto que han estado sometidas al principio de contradicción, por las partes.

Sobre el particular, en reciente providencia se discurrió así:

‘Lo primero que advierte la Sala es que el proceso penal fue aportado en copia simple por la parte actora desde la presentación de la demanda, circunstancia que, prima facie, haría invalorable los medios de convicción que allí reposan. No obstante, de conformidad con los lineamientos jurisprudenciales recientes, se reconocerá valor probatorio a la prueba documental que si bien se encuentra en fotocopia, ha obrado en el proceso desde el mismo instante de presentación del libelo demandatorio y que, por consiguiente, ha surtido el principio de contradicción.

En efecto, los lineamientos procesales modernos tienden a valorar la conducta de los sujetos procesales en aras de ponderar su actitud y, de manera especial, la buena fe y lealtad con que obra a lo largo de la diferentes etapas que integran el procedimiento judicial.

En el caso sub examine, por ejemplo, las partes demandadas pudieron controvertir y tachar la prueba documental que fue acompañada con la demanda y, especialmente, la copia simple del proceso penal que se entregó como anexo de la misma, circunstancia que no acaeció, tanto así en los motivos de inconformidad y que motivaron la apelación de la providencia de primera instancia por parte de las demandadas no se relacionan con el grado de validez de las pruebas que integran el plenario sino con aspectos sustanciales de fondo que tienen que ver con la imputación del daño y con la forma de establecer la eventual participación en la producción del mismo.

Por lo tanto, la Sala en aras de respetar el principio constitucional de buena fe, así como el deber de lealtad procesal reconocerá valor probatorio a la prueba documental que ha obrado a lo largo del proceso y que, surtidas las etapas de contradicción, no fue cuestionada en su veracidad por las entidades demandadas.

El anterior paradigma fue recogido de manera reciente en el nuevo Código de Procedimiento Administrativo y de lo contencioso Administrativo —que entra a regir el 2 de julio de 2012— en el artículo 215 determina que se presumirá, salvo prueba en contrario, que las copias tienen el mismo valor del original cuando no hayan sido tachadas de falsas; entonces, si bien la mencionada disposición no se aplica al caso concreto, lo cierto es que con la anterior o la nueva regulación, no es posible que el juez desconozca el principio de buena fe y la regla de lealtad que se desprende del mismo, máxime si, se insiste, las partes no han cuestionado la veracidad y autenticidad de los documentos que fueron allegados al proceso’(11).

Así las cosas, la Salva valorará con libertad probatoria la documentación aportada por el demandado”(12) (resaltado fuera de texto).

En el presente asunto, observa la Sala que los medios de prueba relacionados, fueron aportados con la demanda, decretados en el auto de pruebas de primera instancia y allegados al proceso directamente por las partes dentro del periodo probatorio, es decir, de manera oportuna y regular, razón por la cual, conforme al precedente de esta Sub Sección, serán valorados teniendo en cuenta los principios que informan la sana crítica, máxime cuando los testimonios rendidos en el proceso disciplinario fueron ratificados en el proceso contencioso administrativo.

De igual forma, respecto de las fotografías allegadas al proceso debe tenerse en cuenta que en este caso ellas fueron ratificadas por los testigos quienes manifestaron que las mismas fueron tomadas ocho meses después del ingreso del vehículo a los patios.

2.7. El Daño Antijurídico.

La existencia del daño antijurídico es el primer elemento que debe acreditarse para que pueda predicarse la responsabilidad.

Al tenor de lo dispuesto en el artículo 90 Superior al que antes se hizo referencia, el Estado debe responder por todo daño antijurídico que le sea imputable, causado por la acción u omisión de las autoridades públicas, de manera que lo exigido en la norma no es solo la existencia de un daño, entendido este como un menoscabo, afectación o lesión de un bien, sino que además se requiere que este sea antijurídico, es decir, aquel que no se tiene la obligación de padecer y que es contrario a derecho, que vulnera el ordenamiento jurídico y con ello lesiona los bienes e intereses jurídicamente protegidos.

Sobre el daño antijurídico ha dicho la Corte Constitucional en Sentencia C-333 del 1º de agosto de 1996:

“El daño antijurídico no tiene una definición constitucional expresa, por lo cual es un concepto constitucional parcialmente indeterminado, cuyos alcances pueden ser desarrollados, dentro de ciertos límites, por el Legislador. Sin embargo una interpretación sistemática de la Carta y de los antecedentes de la norma permiten determinar los elementos centrales de este concepto.

La doctrina española ha definido entonces el daño antijurídico no como aquel que es producto de una actividad ilícita del Estado sino como el perjuicio que es provocado a una persona que no tiene el deber jurídico de soportarlo.

Esta concepción de daño antijurídico ha sido admitida por la jurisprudencia del Consejo de Estado en nuestro país. Así, en múltiples oportunidades ese tribunal ha definido el daño antijurídico como ‘la lesión de un interés legítimo, patrimonial o extrapatrimonial, que la víctima no está en la obligación de soportar’, por la cual ‘se ha desplazado la antijurícidad de la causa del daño al daño mismo’. Por consiguiente, concluye esa Corporación, ‘el daño antijurídico puede ser el efecto de una causa ilícita, pero también de una causa lícita. Esta doble causa corresponde, en principio, a los regímenes de responsabilidad subjetiva y objetiva’[5].

Desde el punto de vista sistemático, la Corte considera que esta acepción del daño antijurídico como fundamento del deber de reparación del Estado armoniza plenamente con los principios y valores propios del Estado Social de Derecho (C.P., art. 1º), pues al propio Estado corresponde la salvaguarda de los derechos y libertades de los particulares frente a la actividad de la administración. Así, la responsabilidad patrimonial del Estado se presenta entonces como un mecanismo de protección de los administrados frente al aumento de la actividad del poder público, el cual puede ocasionar daños, que son resultado normal y legítimo de la propia actividad pública, al margen de cualquier conducta culposa o ilícita de las autoridades, por lo cual se requiere una mayor garantía jurídica a la órbita patrimonial de los particulares. Por ello el actual régimen constitucional establece entonces la obligación jurídica a cargo del Estado de responder por los perjuicios antijurídicos que hayan sido cometidos por la acción y omisión de las autoridades públicas, lo cual implica que una vez causado el perjuicio antijurídico y este sea imputable al Estado, se origina un traslado patrimonial del Estado al patrimonio de la víctima por medio del deber de indemnización’.

(...).

Por ende, la fuente de la responsabilidad patrimonial del Estado es un daño que debe ser antijurídico, no porque la conducta del autor sea contraria al derecho, sino porque el sujeto que lo sufre no tiene el deber jurídico de soportar el perjuicio, por lo cual este se reputa indemnizable. Esto significa obviamente que no todo perjuicio deber ser reparado porque puede no ser antijurídico, y para saberlo será suficiente acudir a los elementos del propio daño, que puede contener causales de justificación que hacen que la persona tenga que soportarlo”.

Para que el daño antijurídico pueda ser indemnizado debe ser cierto y estar plenamente acreditado, carga procesal que le incumbe a la parte demandante, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 177 del CPC.

Pues bien, en el presente caso, el daño consiste en el deterioro del vehículo de propiedad del actor, el cual se probó con lo manifestado en la respuesta al derecho de petición, mediante oficio SGE 1204-01, del 19 de octubre de 2001, en el cual el Secretario General del Municipio manifestó que personalmente se dirigió al predio y encontraron el vehículo totalmente desvalijado; a lo anterior se suma lo manifestado por los encargados de los patios sobre el estado del vehículo y las mismas fotografías aportadas por el demandante.

2.8. La imputación.

Establecida la existencia del daño antijurídico, corresponde efectuar el análisis pertinente, a fin de determinar si el mismo puede ser imputado a las partes demandadas.

De acuerdo con lo manifestado por la entidad demandada, al momento del ingreso del vehículo a los patios, estos estaban a cargo de la administración municipal, pero en virtud de un contrato celebrado por esta con una cooperativa de recicladores, el predio pasó a ser administrado por ellos, motivo por el cual consideran que su obligación de custodia y vigilancia cesó al hacer entregar del lote al contratista.

Al respecto considera la Sala, que con la entrega del predio a la cooperativa de recicladores no cesó la obligación de vigilancia y cuidado de los vehículos recibidos en calidad de depósito en los patios del ente municipal porque de acuerdo con el texto del contrato allegado al proceso, el contratista debía asumir dicha obligación, lo cual implicaba entonces que la administración no se relevaba de responsabilidad, ya que el contratista actuaba a nombre de esta y en consecuencia, no puede considerarse válidamente que el deber de custodia en cabeza de la administración cesó con la celebración del contrato y la entrega del bien inmueble.

Adicionalmente, según lo afirmado por los testigos, el contrato celebrado entre el municipio y la cooperativa finalizó y en el predio restituido al entre territorial todavía permanecía el vehículo del demandante, razón por la cual, el deber de vigilancia y cuidado a cargo del demandado se mantuvo a lo largo del tiempo mientras no se ordenó el retiro del automotor.

En cuanto a la responsabilidad de la entidad demandada, debe señalarse que entre las obligaciones que la ley establece para el depositario, está la del restituir la cosa en el mismo estado en que la recibió, aspecto que fue desconocido totalmente por la administración, tal como se indicó en precedencia(13), puesto que si bien el vehículo ingresó a los patios en mal estado como consecuencia del accidente, las partes que presentaban daños quedaron registradas en el inventario inicial y al comparar lo allí consignado como lo manifestado por los testigos, quienes incluso afirmaron que el carro se desarmó para que sirviera de maqueta a instructores del SENA, y confrontarlo con las fotografías donde se muestra el estado del automotor, es evidente que el automotor sufrió un deterioro que no presentaba al momento de su ingreso a los patios, ya que permaneció a la intemperie, expuesto al sol y al agua, con los resultados narrados por los declarantes y aceptados por la entidad demandada como se indicó en precedencia.

Así las cosas, al encontrar que el municipio no cumplió con los deberes que la ley le imponía en calidad de depositario del bien se estructura entonces una falla del servicio, por la cual procede entonces endilgar responsabilidad.

2.9. Los perjuicios.

Acerca de los perjuicios morales solicitados por el demandante considera la Sala que no es procedente su reconocimiento comoquiera que no obra en el proceso prueba alguna que permita acreditar el dolor, la congoja o el sufrimiento causado al demandante por esta situación, motivo por el cual se confirmará la decisión de primera instancia en este aspecto.

Ahora bien, en cuanto a los perjuicios materiales, en el proceso se estableció plenamente la existencia del daño y que este debe ser imputado al demandado, pero no como se aportó el inventario de entrega final del vehículo en donde se consignara el estado del automotor al momento de ser recibido por el propietario para efectos de compararlo con el inventario de ingreso y establecer entonces los daños sufridos por el mismo, y tampoco obra dictamen pericial que permita cuantificar el monto de los perjuicios materiales, se confirmará la condena en abstracto proferida por el Tribunal de primera instancia.

Así las cosas, para la liquidación de la condena se deberán allegar los documentos que acrediten el estado del automotor al momento de su entrega definitiva aportando de ser posible el inventario final del mismo, para establecer cuál fue el deterioro causado al vehículo o los soportes de (sic) prueben los gastos de reparación del mismo, si fue reparado, o el monto al que ascendería tal reparación, excluyendo las partes que según el inventario de ingreso estaban dañadas por el accidente.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sub-Sección C, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA

1. Confirmar la sentencia apelada, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sala de Descongestión, el 18 de noviembre de 2004, de acuerdo con lo expuesto en las consideraciones.

2. En firme esta providencia envíese el expediente al Tribunal de origen para lo de su cargo, previas las anotaciones de rigor.

Cópiese, notifíquese y cúmplase».

1 La mayor pretensión de la demanda es de $ 43.260.000 y por tanto es de doble instancia, teniendo en cuenta que para la época de presentación de la demanda la mayor cuantía era de $ 36.950.000.

2 Consejo de Estado; Sección Tercera; Sentencia del 13 de agosto de 2008; Exp. 17042; C.P. Enrique Gil Botero.

3 Consejo de Estado; Sección Tercera; sentencia del 16 de septiembre de 1999; Exp. 10922 C.P. Ricardo Hoyos Duque.

4 Consejo de Estado. Sección Tercera. Sentencia de 19 de abril de 2012. C.P. Hernán Andrade Rincón. Exp. 21515.

5 Ídem.

6 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de febrero 9 de 2012, rad. 21060, C.P. Mauricio Fajardo.

7 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de mayo 7 de 2008, rad. 16922, C.P. Ruth Estela Correa Palacios.

8 Sobre la diferencia entre el daño y la agravación del mismo, puede consultarse: Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. Sentencia de 28 de enero de 1994. Expediente Nº 8610. Consejero Ponente: Carlos Betancur Jaramillo.

9 Sentencia de enero 30 de 2013, Radicación 26604, Actor: Ana Dioneira Bustos Caballero y otros, Demandados Nación-Ministerio de Defensa-Ejército Nacional, M.P. Olga Mélida Valle de De la Hoz.

10 Reposan en folios: 8, 12, 13,14, 16 a 30, 39 a 126, 128, 129, 131 a 144 del cuaderno de pruebas.

11 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 7 de marzo de 2011, Exp. 20171.

12 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 9 de mayo de 2011, Exp. 36912.

13 “ART. 2253.—El depositario es obligado a la restitución de la misma cosa o cosas individuales que se han confiado en depósito, aunque consistan en dinero o cosas fungibles salvo el caso del artículo 2206.
La cosa depositada debe restituirse con todas sus accesiones y frutos”.