Sentencia 2002-02975 de abril 7 de 2016

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA

SUBSECCIÓN A

Consejero Ponente:

William Hernández Gómez

Bogotá, D.C., siete (07) de abril de dos mil dieciséis (2016). SE 029

Rad.: 05001-23-31-000-2002-02975-01(0738-13)

Actor: Rubén Darío Restrepo Restrepo

Demandado: Nación-Ministerio de Defensa Nacional. Tribunal Médico Laboral de Revisión Militar y de Policía

Acción de nulidad y restablecimiento del derecho. Decreto 01 de 1984.

EXTRACTOS: «CONSIDERACIONES

Problema jurídico.

El problema jurídico que se debe resolver en esta instancia, se resume en las siguientes preguntas:

1. ¿El acta núm. 1875-1883 del 10 de agosto de 2001 proferida por el Tribunal Médico Laboral de Revisión Militar y de Policía, es un acto definitivo que podía demandarse directamente ante esta jurisdicción?

De ser así,

2. ¿Se configura la excepción de caducidad de la acción? En caso negativo,

3. ¿Se desvirtuó la presunción de legalidad de la decisión contenida en el acta núm. 1875-1883 expedida el 10 de agosto de 2001 proferida por el Tribunal Médico Laboral de Revisión Militar y de Policía?

Primer problema jurídico.

¿El acta núm. 1875-1883 del 10 de agosto de 2001 proferida por el Tribunal Médico Laboral de Revisión Militar y de Policía, es un acto definitivo que podía demandarse directamente ante esta jurisdicción?

El problema jurídico planteado se resolverá en los siguientes términos:

Decisiones del Tribunal Médico-Laboral de Revisión Militar y de Policía.

El Presidente de la República en ejercicio de las facultades extraordinarias conferidas por la Ley 578 de 2000, expidió el Decreto 1796 del mismo año, por medio del cual reguló la evaluación de la capacidad psicofísica, la disminución de la capacidad laboral, aspectos sobre incapacidades, indemnizaciones, pensión de invalidez e informes administrativos por lesiones de los miembros de la fuerza pública.

Para efectos de la valoración médica a los miembros de la Fuerza Pública, el artículo 14 del mencionado decreto, dispuso que eran organismos médico laborales militares y de policía: i) la junta médico laboral y ii) el Tribunal Médico Laboral de Revisión Militar y de Policía.

Por su parte, el artículo 22 ibídem señaló:

“ART. 22.—Irrevocabilidad. Las decisiones del Tribunal Médico-Laboral de Revisión Militar y de Policía son irrevocables y contra ellas sólo proceden las acciones jurisdiccionales pertinentes”. 

Establecido entonces que las decisiones del Tribunal Médico Laboral de Revisión Militar son irrevocables y que contra ellas sólo proceden las acciones jurisdiccionales, es necesario dilucidar cuándo dichas decisiones pueden ser consideradas como actos administrativos definitivos, y en consecuencia demandarse directamente ante la administración, y cuándo son actos de trámite.

Al respecto, la Sala Plena de la Sección Segunda en auto del 16 de agosto de 2007 precisó(1):

“(...) Los actos expedidos por la Junta Médica Laboral y recurridos ante el Tribunal Médico Laboral, en cuanto determinan una incapacidad inferior a la requerida para tener derecho a la pensión de invalidez, son actos definitivos en la medida en que impiden seguir adelante con la actuación. 

Sobre el particular, el inciso final del artículo 50 del Código Contencioso Administrativo dispone: 

“...son actos definitivos, que ponen fin a una actuación administrativa, los que deciden directa o indirectamente el fondo del asunto; losactosdetrámite pondránfinalaactuacióncuandohaganimposiblecontinuarla...” (Subrayas del texto).

En las anteriores condiciones, no es posible exigir al interesado que a pesar de no alcanzar el porcentaje mínimo de incapacidad para tener derecho a la pensión de invalidez, acuda ante la entidad en procura de tal derecho, siendo en cambio procedente, ante la irrevocabilidad de tales actos, acudir en su demanda para que se estudie si estuvo bien fijado el índice lesional, y si además la pérdida de la capacidad es imputable al servicio, lo que conllevaría, en caso de ser favorable al actor, al reconocimiento de la prestación. 

En conclusión, si el acto del Tribunal Médico Laboral impide continuar con la actuación en la medida en que no permite al afectado solicitar el reconocimiento de la pensión de invalidez, no se le puede dar el calificativo de simple acto de trámite y en tal caso, es susceptible de demanda ante ésta jurisdicción. (...)”. (Negrillas de la subsección).

Lo mismo ocurre cuando la decisión del Tribunal Médico Laboral fija un porcentaje que impide al interesado adelantar el trámite de reliquidación de su pensión de invalidez, verbi gracia, cuando se establece o ratifica un porcentaje igual al señalado inicialmente para el reconocimiento de la prestación. En esa hipótesis es claro que dicho acto no puede ser considerado como un acto de trámite, sino como un acto definitivo, en la medida en que le imposibilita continuar con la actuación administrativa de reliquidación pensional.

Pensión de invalidez para miembros de la Fuerza Pública.

El artículo 90 del Decreto 94 de 1989, vigente para la época en la que ocurrieron los hechos que originaron el reconocimiento pensional del señor Rubén Darío Restrepo, establecía que la cuantía de la pensión para el caso de los soldados y los grumetes se determinaría teniendo en cuento el índice lesional establecido por los organismos de calificación médico militar, en los siguientes términos:

“ART. 90.—Pensión de invalidez del personal de soldados y grumetes. A partir de la vigencia del presente decreto, cuando el personal de soldados y grumetes de las Fuerzas Militares, adquiera una incapacidad durante el servicio que implique una pérdida igual o superior al 75% de su capacidad sicofísica tendrá derecho mientras subsista la incapacidad, a una pensión mensual pagadera por el tesoro público y liquidada así: 

a) El 75% del sueldo básico de un cabo segundo o su equivalente, cuando el índice de lesión fijado determine una disminución de la capacidad sicofísica del 75% y no alcance al 95%.

b) El 100% del sueldo básico de un cabo segundo o su equivalente cuando el índice de lesión fijado determine una disminución de la capacidad sicofísica igual o superior al 95%”. 

La norma en cita trae pues dos posibilidades para efectos de determinar el valor de la pensión de invalidez así:

i) Si el índice de la lesión fijado por el Tribunal Médico Laboral de Revisión Militar y de Policía equivale a un valor entre el 75% y el 94,9999%, la pensión debe liquidarse sobre el 75% del salario básico de un cabo segundo o su equivalente; y

ii) Si el índice de la lesión fijado por el Tribunal Médico Laboral de Revisión Militar y de Policía equivalía a un valor igual o superior al 95%, la pensión se liquida sobre el 100,00% del salario básico de un cabo segundo o su equivalente.

En este orden de ideas, se concluye que para obtener la reliquidación de una pensión de invalidez liquidada sobre el 75% del salario básico devengado por un Cabo Segundo, es menester que el nuevo índice lesional que determine el Tribunal Médico Laboral de Revisión Militar y de Policía sea igual o superior al 95%, pues en caso contrario, ningún reajuste procedería.

Por consiguiente, cualquier acto del Tribunal Médico Laboral de Revisión Militar y de Policía que establezca un porcentaje de pérdida de capacidad laboral inferior al

95%, impide al soldado o grumete que percibe una pensión de invalidez liquidada sobre el 75% del salario aludido, solicitar su reliquidación. Y en tal virtud, se convierte en un acto definitivo, demandable directamente ante la jurisdicción.

Análisis del caso concreto.

En el sub judice se encuentra probado que mediante acta núm. 2912 del 26 de diciembre de 1992, la Junta Médico Laboral de la Dirección de Sanidad del Ejército Nacional determinó al actor una disminución de la capacidad laboral del 78.61% (fls. 36-39).

Con ocasión de lo anterior, y mediante resolución núm. 20291 del 31 de diciembre de 1996, el jefe de la división de prestaciones sociales del Ministerio de Defensa Nacional, ordenó reconocer y pagar a Rubén Darío Restrepo Restrepo, una pensión mensual de invalidez equivalente al 75% del sueldo básico que perciba en todo tiempo un Cabo Segundo, sin que sea inferior al salario mínimo legal mensual vigente, a partir del 1º de mayo de 1996 (fls. 136-137).

Mediante oficio radicado el 11 de agosto de 2000 y en atención a su evolución médica, el señor Rubén Darío Restrepo Restrepo solicitó la convocatoria del Tribunal Médico Laboral de Revisión Militar, con el fin de que le fuera revisado el índice lesional fijado en el acta de Junta Médica Laboral núm. 2912 del 26 de diciembre de 1992 (f. 76).

Con acta núm. 1875-1883 del 10 de agosto de 2001, el Tribunal Médico Laboral de Revisión Laboral y de Policía, decidió la solicitud del actor, ratificando la totalidad de las conclusiones del acta de junta médica laboral del Ejército núm. 2912 del 26 de diciembre de 1992 (fls. 77-78).

Así las cosas y como el índice lesional que el Tribunal Médico Laboral de Revisión Militar y de Policía, le asignó al demandante, por medio del acto administrativo acusado, fue de un 78,61%, es claro que éste no podía al tenor de lo dispuesto en el artículo 90 del Decreto 094 de 1989, continuar con el trámite de reliquidación de la pensión de invalidez que le había sido otorgada por la entidad demandada a través de resolución núm. 20291 del 31 de diciembre de 1996, pues dicho valor, en nada modificaba el porcentaje que le había sido inicialmente reconocido.

Por lo anterior, la Subsección considera que contrario a lo afirmado por el a quo, el acta núm. 1875-1883 del 10 de agosto de 2001 no es un acto de trámite, sino un acto definitivo que puede ser controvertido directamente ante la jurisdicción administrativa, en la medida en que imposibilitó al afectado continuar con el trámite correspondiente para obtener la reliquidación de la pensión de invalidez que devenga.

En atención a lo expuesto, no es dable exigir al actor que demande la resolución núm. 20291 del 31 de diciembre de 1996, por medio de la cual se le reconoció su pensión por invalidez, cuando su argumento es precisamente que el porcentaje sobre el cual se estableció la aludida prestación ha variado.

En conclusión, el acta núm. 1875-1883 del 10 de agosto de 2001 proferida por el Tribunal Médico Laboral de Revisión Militar y de Policía, es un acto definitivo que puede demandarse directamente ante esta jurisdicción, en tanto ratificó el índice lesional sobre el cual le fue reconocida la pensión de invalidez al actor, y en consecuencia, impidió al afectado continuar con el trámite para su reliquidación.

Segundo problema jurídico.

¿Se configura la excepción de caducidad?

En la contestación de la demanda, la Nación-Ministerio de Defensa-Ejército Nacional, sostuvo que en el presente asunto se configura el fenómeno de caducidad, en razón a que el acto administrativo demandado se notificó al actor mediante oficio núm. 235 MDSG-TML-421 del 21 de diciembre de 2001, el cual fue recibido por él, el 15 de enero de 2002, tal y como lo admite en el libelo introductor.

No obstante lo anterior, la demanda se presentó el 26 de junio de 2002, es decir, cuando ya había vencido el término de cuatro meses que la ley le confiere para controvertir su legalidad en sede judicial.

Sobre el particular, es conveniente señalar que el artículo 136 del Código Contencioso Administrativo, consagra el término de caducidad en tratándose de prestaciones periódicas en los siguientes términos:

“ART. 136.—Caducidad de las acciones. 

1. La acción de nulidad podrá ejercitarse en cualquier tiempo a partir de la expedición del acto. 

2. La de restablecimiento del derecho caducará al cabo de cuatro (4) meses, contados a partir del día siguiente al de la publicación, notificación, comunicación o ejecución del acto, según el caso. Sin embargo, los actos que reconozcan prestaciones periódicas podrán demandarse en cualquier tiempo por la administración o por los interesados, pero no habrá lugar a recuperar las prestaciones pagadas a particulares de buena fe (...)”. (Negrillas fuera del texto).

En el asunto objeto de análisis se demanda el acto que le impidió al actor acceder a la reliquidación de su pensión de invalidez, prestación periódica que en atención a la normativa precitada es susceptible de demandarse en cualquier tiempo, en razón precisamente a que el derecho a la pensión y su reliquidación no prescriben. En este sentido esta Subsección consideró(2):

“En suma, la relectura y alcance que en esta oportunidad fija la Sala al artículo 136 del Código Contencioso Administrativo, en cuanto dispone que los actos que reconocen prestaciones periódicas pueden demandarse en cualquier tiempo, no apunta sólo a aquéllos que literalmente tienen ese carácter, sino que igualmente comprende a los que las niegan. Ello por cuanto de un lado, la norma no los excluye sino que el entendimiento en ese sentido ha sido el resultado de una interpretación restringida, y de otro, tratándose de actos que niegan el reconocimiento de prestaciones periódicas, tales como pensiones o reliquidación de las mismas, para sus titulares que son personas de la tercera edad, ello se traduce en reclamaciones y controversias que envuelven derechos fundamentales. No puede perderse de vista que la Carta Política garantiza la primacía de los derechos inalienables y éstos prevalecen sobre aspectos procesales. El derecho a la pensión y su reliquidación es un bien imprescriptible e irrenunciable para sus titulares. 

En el sub examine, al tiempo que como quedó expresado en párrafos anteriores, la demanda contra los actos impugnados fue presentada por fuera del término de caducidadcuestión que extrañamente ignoró el magistrado que admitió la demanda y la Sala que la decidió—, sin embargo bajo la motivación expuesta precedentemente, su extemporaneidad se torna en una inconsistencia inane, pues en cualquier caso, si no hay caducidad para los actos que reconocen prestaciones periódicas tampoco la habrá para aquellos que las niegan, fundamento que facilita el examen de fondo del asunto propuesto en esta instancia”. (Negrilla de la Sala).

En conclusión:

Como la pensión de invalidez tiene el carácter de prestación periódica imprescriptible, el actor podía demandar en cualquier tiempo su reliquidación y por tal razón, la excepción de caducidad propuesta por la parte demandada, no está llamada a prosperar.

Tercer problema jurídico.

¿Se desvirtuó la presunción de legalidad del acta núm. 1875-1883 del 10 de agosto de 2001?

El demandante afirmó que el acta núm. 1875-1883 del 10 de agosto de 2001, se encuentra viciada de nulidad por cuanto no se hizo una valoración integral, con inclusión de todos los componentes funcionales biológicos, psíquicos y sociales de las lesiones que adquirió en combate.

Indicó que de acuerdo con el historial médico, el demandante presenta secuelas que tienen relación directa con las heridas y los traumas siquiátricos que sufrió en combate, mientras prestaba el servicio militar obligatorio. Ellas son:

“— Perturbación funcional permanente del órgano de la visión por pérdida de la visión del ojo izquierdo totalmente y parcialmente en el derecho. 

— Perturbación funcional transitoria del órgano de la respiración por desviación del tabique nasal. 

— Perturbación funcional permanente del órgano de la audición por daño acústico (hipoacusia) del oído izquierdo. 

— Perturbación funcional permanente del órgano de la cópula por disfunción eréctil. 

— Perturbación funcional permanente del órgano de la micción por vejiga hipermeflexica, nicturia y hematoria(sic) constante. 

— Trastorno depresivo por estrés postraumático. 

— Perturbación funcional dependiente del órgano del sostenimiento del cuerpo por espondilosis de L5 actualmente con osteosíntesis de columna lumbar.” 

Al expediente se allegaron los siguientes medios de prueba, relevantes al asunto objeto de litis:

La junta médica laboral, a través de acta núm. 2912 del 26 de diciembre de 1995, determinó que Rubén Darío Restrepo presentaba una disminución de la capacidad laboral del 78.61%, resultado que lo determinó como NO APTO con fundamento en lo siguiente:

“A. Diagnóstico positivo de las lesiones o afecciones. 

1. HERIDAPORARMADEFUEGOENPENE,HERIDASMÚLTIPLES PORESQUIRLASENMIEMBROSINFERIORES,OCULARDERECHO, TRAUMAACÚSTICOQUEDEJACOMOSECUELAS:a)FIBROSIS POSTRAUMÁTICAENPENE,PÉRDIDADEERECCIÓNb)CICATRICES DOLOROSASENMIEMBROSINFERIORESc)AMBLIOPIAY ANISOMETROPIAAGUDEZAVISUALOJOIZQUIERDOBULTOSQUE CORRIGEA20/200OJODERECHO20/25QUECORRIGEA20/20d) CEFALEACRÓNICAe)DEPRESIÓNREACTIVAOHIPOACUSIA BILATERALDE20DECIBELES.

2. ESCOLIOSISQUEDEJACOMOSECUELAa)LUMBALGIA. 

B. Clasificación de las lesiones y calificación de la capacidad sicofísica para el servicio.

Le determina una incapacidad relativa y permanente. NO APTO. 

(...)

D. Imputabilidad del servicio.

LESIÓN 1. Afección diagnosticada en acción directa con el enemigo inf 030 LESIÓN 2. Lesión diagnosticada en el servicio pero no por causa ni razón del mismo.

E. Fijación de los correspondientes índices.

De acuerdo con el Artículo No. 21 Decreto 94 del 17-ENE-89, le corresponde por: 1.a) NUMERAL 9-053 INDICE 12 (DOCE) (POR ASIMILACIÓN) 1.b) NUMERAL 10-001 LITERAL a) INDICE 2 (DOS) 1.c) NUMERAL 6-053 INDICE 7 (SIETE) 1.d) NUMERAL 3-017 LITERAL d) INDICE 9 (NUEVE) POR (ASIMILACIÓN) 1.e) NUMERAL 3-040 LITERAL

a) INDICE 5 (CINCO) 1.f) NUMERAL 6-034 LITERAL b INDICE 4 (CUATRO).

2.a) NUMERAL 1-062LITERAL a INDICE CINCO (5)”.

El Tribunal Médico Laboral de Revisión Militar y de Policía, en el acta núm. 1875- 1883 del 10 de agosto de 2001, ratificó el anterior porcentaje, para lo cual tuvo en cuenta los antecedentes de las lesiones del actor, la situación actual y el análisis de la misma, que consistió en lo siguiente:

“El calificado se presenta el día 27-JUL-01 (...), quien refiere que presenta pérdida total de la visión por ojo izquierdo y pérdida progresiva de agudeza visual ojo derecho. Además manifiesta pérdida auditiva. Anexa un folio que contiene audiometrías que muestra una curva diferente a la valorada por la junta médico laboral. Los miembros del Tribunal Médico Laboral de Revisión Militar y de Policía aplazan su decisión hasta obtener concepto actualizado y definitivo de OFTALMOLOGÍA Y OTORRINO. 

ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN 

Se revisan antecedentes, Junta Médico Laboral de EjércitoNº(sic) 2912 del 26-Dic-92 y demás documentación del paciente. Los miembros del Tribunal Médico Laboral de Revisión Militar y de Policía verifican conceptos solicitados de OTORIINO(SIC) (31-jul-01) con un diagnóstico de hipoacusia neurosensorial moderada bilateral, no requiere adaptación de audífonos. Firma Dr. Jhon Restrepo V.; este concepto no se encuentra documentado adecuadamente por lo cual el Tribunal Médico Laboral se aparta de él y da veracidad al emitido por el oftalmólogo del Hospital Militar Central el doctor José Iván Garcés de la junta médico laboral”. 

Ahora bien, al plenario se allegó dictamen de perito médico especialista en salud ocupacional, en el cual se estimó la pérdida de la capacidad laboral del demandante en el equivalente a un porcentaje del 69,85%. (fls. 113 a 119).

Posteriormente, el mismo perito presentó una aclaración a la anterior calificación de invalidez, en escrito radicado en la Secretaría del Tribunal Administrativo de Antioquia el 13 de febrero de 2006, que según afirmó, efectuó con fundamento en el Decreto 94 de 1989, toda vez que en ella tuvo como base las disposiciones contenidas en el Decreto 917 de 1999, que modificó el Manual Único para la Calificación de la Invalidez. Allí concluyó que la disminución de la capacidad laboral del señor Restrepo Restrepo era de un 99%, y agregó: “la invalidez por este manual es más drástica que por el 917, creería uno que por ese valor la condición sería la de un vegetal, pero con este formulario, la manera de evaluar, hace que estos porcentajes sean altos. Igualmente considero que el valor que me ha dado es muy superior al encontrado de 78.6%”. (fls. 129-130)

Posteriormente, y en cumplimiento del auto para mejor proveer dictado por esta Subsección, se allegó dictamen de la Junta Regional de Calificación de Invalidez de Antioquia de fecha 29 de enero de 2015, en el cual se determinó que el señor Rubén Darío Restrepo presenta una pérdida de capacidad laboral del 100,00%. (fls. 28-31 Cuaderno núm. 04).

En aquella oportunidad se evaluaron los exámenes que se le han practicado al actor desde 1991, y se expuso el siguiente diagnóstico calificado:

“(...) 

1. Pérdida funcional del ojo izquierdo y déficit visual del ojo derecho pos traumáticos.H541. 

2. Lumbalgia crónica por espondilolistesis tratada con fijación vertebral.M431, M961 

3. Hipoacusia neurosensorial bilateral moderada. H903 

4. Disfunción eréctil pos traumática. S312 

5. Vejiga hiperreflexica pos traumática. N318 

6. Trastorno depresivo y estrés postraumáticos. F321, F431. (...)” 

Asimismo, se expuso el siguiente análisis y conclusión: “La sala primera de la junta regional de calificación de invalidez con los fundamentos de hecho y de derecho expuestos considera que el paciente tiene los diagnósticos antes anotados los cuales configuran un estado de invalidez y con los datos del examen clínico de la junta y los datos de la historia clínica estudiada, se le califica con el 100% laboral. Se califica con el Decreto 094 de 1989 (fl. 31 vto.).

Es de anotar que la pérdida de dicha capacidad laboral tiene origen en el servicio, tal como se estableció en el acta núm. 2912 del 26 de diciembre de 1996.

Ahora bien, respecto de la estructuración de la invalidez en el 100.00%, debe anotarse que ninguno de los dictámenes allegados al proceso establece una fecha exacta, por lo que la Subsección considera que debe tenerse en cuenta para tal efecto, la fecha del primero de los dictámenes periciales allegados al proceso, en el cual consta dicho porcentaje de conformidad con el Decreto 094 de 1989, esto es, el contenido en la ampliación del dictamen inicial que obra a folios 128 a 130, presentado el 13 de febrero de 2006, prueba que fue puesta a disposición de la entidad demandada y no fue controvertida, y que por demás coincide con la conclusión del dictamen practicado en cumplimiento del auto para mejor proveer dictado en esta instancia.

En conclusión, y al acreditarse mediante prueba pericial que la pérdida de la capacidad laboral del demandante es del 100,00%, y no del 78,61% como lo estableció el Tribunal Médico de Revisión Militar y de Policía, se desvirtúa la presunción de legalidad del acto administrativo demandado, esto es, del acta núm.1875-1883 del 10 de agosto de 2001, proferida por el Tribunal Médico Laboral de Revisión Militar y de Policía, y en consecuencia debe declararse su nulidad.

Restablecimiento del derecho.

Al establecerse entonces que la pérdida de capacidad del actor equivale al 100,00% debe ordenarse la reliquidación de su pensión de invalidez, en los términos del literal b) del artículo 90 del Decreto 094 de 1989, vigente para el momento de estructuración de la invalidez por primera vez, en cuanto señala que los soldados y grumetes de las Fuerzas Militares que adquieran una incapacidad durante el servicio que implique una pérdida igual o superior al 95% de su capacidad sicofísica tendrán derecho mientras subsista la incapacidad, a una pensión mensual equivalente al 100,00% del sueldo básico de un Cabo Segundo o su equivalente.

Así las cosas, se ordenará la reliquidación de la pensión por invalidez a partir del 13 de febrero de 2006, fecha en que se estructuró su estado de invalidez en un 100%, en una cuantía liquidada de conformidad con lo establecido en el artículo 90, literal b) del Decreto precitado y las diferencias que se causen entre lo efectivamente pagado y lo que debió cancelar por el reajuste, se pagarán a partir de dicha fecha

Finalmente, las sumas que le serán reconocidas a la parte actora se ajustarán al valor en los términos del artículo 178 del Código Contencioso Administrativo., utilizando la fórmula adoptada de tiempo atrás por esta Corporación para obligaciones administrativas laborales:

R = Rh x Índice final

Índice inicial

Donde el valor presente (R) se determina multiplicando el valor histórico (Rh), que es el correspondiente al valor por concepto de reliquidación dejado de cancelar, por el guarismo que resulta de dividir el índice final de precios al consumidor certificado por el DANE (vigente a la fecha de ejecutoria esta sentencia) por el índice inicial (vigente para la fecha en que debió hacerse el pago). Por tratarse de obligaciones de tracto sucesivo, la fórmula se aplicará mes por mes, comenzando por la primera mesada insoluta que resulte del cumplimiento de este fallo.

Decisión de segunda instancia:

La Subsección considera que se impone revocar la sentencia de primera instancia proferida el 10 de mayo de 2012 por el Tribunal Administrativo de San Andrés,

Providencia y Santa Catalina, que declaró probada la excepción de inepta demanda y negó las pretensiones de la demanda (sic), para en su lugar, acceder a las pretensiones de la demanda, en los términos señalados ut supra.

Finalmente se ordenará que los dos anexos identificados como “cuaderno Nº 1” y “cuaderno Nº 2” sean desagregados del expediente, comoquiera que no hacen parte de este proceso y se devuelvan al tribunal de origen con el fin de que se incorporen al expediente que corresponda.

En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Segunda, Subsección “A” administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA

1. Revocar la sentencia del 10 de mayo de 2012 proferida por el Tribunal Administrativo de San Andrés, Providencia y Santa Catalina dentro del proceso de la referencia, que declaró probada la excepción de inepta demanda y negó las pretensiones de la demanda (sic). Para en su lugar:

Declarar no probadas las excepciones de inepta demanda y caducidad propuestas por el apoderado de la Nación-Ministerio de Defensa-Ejército Nacional.

Declarar la nulidad del acta del Tribunal Médico Laboral de Revisión Militar y de Policía núm. 1875-1883 del 10 de agosto de 2001, por medio de la cual se ratificaron las conclusiones del acta de Junta Médica Laboral del Ejército Nacional núm. 2912 del 26 de diciembre de 1995, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

2. Como consecuencia de la anterior declaración, la Nación-Ministerio de Defensa Nacional-Ejército Nacional deberá proceder a la reliquidación de la pensión de invalidez que devenga el señor Rubén Darío Restrepo Restrepo, a partir del 13 de febrero de 2006, en una cuantía liquidada de conformidad con lo establecido en el artículo 90, literal b) del Decreto 94 de 1989, esto es, sobre el 100% del sueldo básico de un Cabo Segundo o su equivalente. Las diferencias que se causen entre lo efectivamente pagado y lo que debió cancelar por el reajuste, se pagarán a partir de dicha fecha, conforme a lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

3. A la sentencia se dará cumplimiento en los términos de los artículos 176, 177 y 178 del Código Contencioso Administrativo.

4. Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al tribunal de origen y háganse las anotaciones pertinentes en el programa informático “Justicia Siglo XXI”.

5. Desagregar del expediente los dos anexos identificados como “Cuaderno Nº1” y “Cuaderno Nº 2”, comoquiera que no hacen parte de este proceso y se devuelvan al Tribunal de origen con el fin de que se incorporen al expediente que corresponde.

Notifíquese y cúmplase

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en la presente sesión.

Consejeros: William Hernández Gómez Gabriel—Valbuena Hernández—Luis Rafael Vergara Quintero».

1 Consejo de Estado, Sección Segunda, Exp. 1836-05, M.P. Dr. Alfonso Vargas Rincón.

2 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 2 de octubre de 2008, Exp. 0363 de 2008. Actor: María Araminta Muñoz de Luque, C.P. Gustavo Gómez Aranguren, reiterada por la subsección B en la sentencia de 25 de octubre de 2012, Actor: Rubén Jhon Jairo Cortés Correa, C.P. Víctor Hernando Alvarado Ardila.