Sentencia 2002-03012 de octubre 20 de 2014

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA

SUBSECCIÓN A

Consejero Ponente:

Dr. Gustavo Eduardo Gómez Aranguren

Rad.: 05001-23-31-000-2002-03012-01(2919-13)

Actor: Julia Rosa Calle

Demandado: Municipio de Puerto Triunfo

Autoridades municipales - Apelación sentencia

Bogotá, D.C., veinte de octubre de dos mil catorce.

EXTRACTOS: «6. La apelación.

La apoderada de la demandante interpuso oportunamente recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia, bajo las siguientes consideraciones.

Sostuvo la parte recurrente no compartir la decisión del a quo por que no se tuvo en cuenta que Julia Rosa Calle al momento de la desvinculación se encontraba inscrita en carrera administrativa en el cargo de secretaria general de la tesorería de Puerto Triunfo, llevaba laborando desde el 16 de septiembre de 1991 hasta el 28 de febrero de 2002, es decir 10 años y 5 meses y si bien es cierto mediante la vigencia de la Ley 617 de 2000, creada para dar cumplimiento al ajuste fiscal de la época, tampoco podía echarse por la borda en aras al cumplimiento de dicha normatividad los principios que rigen la estabilidad del trabajador. Agrega que debió tenerse en cuenta la antigüedad y el hecho que se encontraba en carrera administrativa.

Señala que el burgomaestre de la época aprovecho la Ley 617 de 2000 para salir de los empleados que no estaban en su corriente política, porque de ser así la demandante con el tiempo que llevaba y la experiencia que tenía en el cargo pudo haber ocupado cualquiera de los otros tres cargos que quedaron en la tesorería municipal.

Insiste en que hubo falsa motivación porque en el municipio de Puerto Triunfo se desvinculó a un grupo de empleados públicos entre ellos a la demandante, pero se vinculó a un grupo más numeroso de adeptos políticos, significando que la desvinculación de la demandante no obedeció a razones de reducción de gastos públicos.

Cuestiona el que conociendo los documentos que conforman la hoja de vida de la actora con sus respectivas evaluaciones, debió decretar la prueba oficiosamente porque existían serias razones para determinar su certeza de que tuviera o no mejor derecho que las empleadas que quedaron en la secretaría de la tesorería de Puerto Triunfo, y existían fundadas razones para considerar que su inactividad podía apartar su decisión de una justa y equitativa decisión(6).

7. Alegatos de conclusión.

Las partes guardaron silencio en esta oportunidad.

8. Consideraciones.

El problema jurídico consiste en determinar si la actora tiene derecho a ser reintegrada al cargo de secretaria general de la tesorería en el municipio de Puerto Triunfo, suprimido por el alcalde municipal, para lo cual se debe establecer si la Administración incumplió con el estudio técnico que exige la Ley 443 de 1998 y el Decreto 1572 de 1998, o si por el contrario el análisis financiero era suficiente para adelantar el proceso de reestructuración y modificación de la planta de la entidad.

En este caso se controvierte la legalidad del Decreto 27 de febrero 28 de 2002, proferido por el alcalde municipal de Puerto Triunfo, por medio del cual se decidió suprimir el cargo que ocupaba la señora Julia Rosa Calle, determinación que se le comunicó el 28 de febrero de 2002, haciéndole saber que tenía derecho a optar por percibir una indemnización o a ser reincorporada en un cargo de igual o inferior jerarquía.

8.1. Cuestión previa - La excepción.

Como presenta entre las excepciones la de caducidad porque la demanda fue presentada luego de transcurrido los cuatro meses de haberse proferido o ejecutado el acto, ya que en su sentir los meses no traen dos fechas 28, por lo cual la caducidad ocurrió el día 27 de junio de 2002.

Al respecto se anota que por disposición legal, la acción de nulidad y restablecimiento del derecho caduca “al cabo de cuatro (4) meses, contados a partir del día siguiente al de la publicación, notificación, comunicación o ejecución del acto, según el caso(7)”. (resalta la Sala).

En este caso, la notificación de la decisión de supresión se dio el día 28 de febrero de 2002(8), y la demanda se presentó el día 28 de junio de 2002(9). Como el término de cuatro meses empieza a contar a partir del día siguiente de la notificación, en este caso empezaría el día 1º de marzo siendo presentada la demanda el día 28 de junio es decir dentro del término de 4 meses contados conforme al calendario(10).

Por tanto, la excepción no prospera.

Respecto de las restantes excepciones que presenta y que denomina competencia del funcionario, expedición regular, falta de causa petendi, y ausencia de desviación de poder en la forma como han sido planteadas constituyen argumentos defensivos mas no excepciones de mérito.

Al respecto debe anotarse que no todas las argumentaciones en que el demandado soporte su rechazo a los pedimentos formulados por la parte demandante pueden calificarse, sin más, como excepciones. Únicamente tienen el carácter de tales las que apunten a combatir el derecho de aducido, bien para invocar que nunca ha existido, ora para alegar que, aun existiendo, todavía no es exigible por estar sometido a plazo o condición(11).

Sobre el tema de las excepciones tiene sentado la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, sentencia de casación 109 de 11 de junio de 2001, expediente 6343, en argumentación de recibo en esta corporación que:

“(...) la excepción de mérito es una herramienta defensiva con que cuenta el demandado para desmerecer el derecho que en principio le cabe al demandante; su función es cercenarle los efectos. Apunta, pues, a impedir que el derecho acabe ejercitándose (...). A la verdad, la naturaleza de la excepción indica que no tiene más diana que la pretensión misma; su protagonismo supone, por regla general, un derecho en el adversario, acabado en su formación, para así poder lanzarse contra él a fin de debilitar su eficacia o, lo que es lo mismo, de hacerlo cesar en sus efectos; la subsidiariedad de la excepción es, pues, manifiesta, como que no se concibe con vida sino conforme exista un derecho; de lo contrario, se queda literalmente sin contendor (...). Por modo que, de ordinario, en los eventos en que el derecho no alcanza a tener vida jurídica, o, para decirlo más elípticamente, en los que el actor carece de derecho porque este nunca se estructuró, la excepción no tiene viabilidad (...). De ahí que la decisión de todo litigio deba empezar por el estudio del derecho pretendido “y por indagar si al demandante le asiste. Cuando esta sugestión inicial es respondida negativamente, la absolución del demandado se impone; pero cuando se halle que la acción existe y que le asiste al actor, entonces sí es procedente estudiar si hay excepciones que la emboten, enerven o infirmen” (G. J. XLVI, 623; XCI, pág. 830)”.

En ese orden de ideas y, atendiendo al fundamento de las excepciones propuestas por la apoderada de la entidad demandada las que denomina(12): “incompetencia del funcionario, expedición irregular, falta de causa petendi, y ausencia de desviación de poder”, es evidente que en la forma como han sido propuestas, ellas no pretenden enervar la acción, sino que se trata de verdaderos argumentos de la defensa, en tanto se dirigen a desvirtuar los hechos de la demanda, razón por la que se examinarán simultáneamente con el fondo del asunto, conforme a las previsiones contenidas en el artículo 164 del Código Contencioso Administrativo(13).

8.2. El caso concreto.

En el sub lite se encuentra acreditado que:

Julia Rosa Calle fue designada mediante Decreto 71 de 16 de septiembre de 1991 como tesorera Auxiliar del municipio de Puerto Triunfo, cargo del que tomó posesión el 1º de octubre del mencionado año. (fl. 17).

Por Resolución 1689 de 1992 fue designada como Secretaria General de la Tesorería, cargo en el cual fue inscrita en carrera administrativa mediante Resolución 5320 del 21 de junio de 1994 emanada de la Comisión Seccional del Servicio Civil de Antioquia. (fl. 13 a 15).

Por Acuerdo 36 de 10 de agosto de 2001 expedido por el Concejo Municipal de Puerto Triunfo, por medio del cual se da una autorización pro tempore al ejecutivo Municipal para en el marco de un programa de saneamiento fiscal y financiero de entidades territoriales y de acuerdo a los lineamientos de la Ley 617 de 2000 y sus normas reglamentarias disponga de los recursos que sean necesarios para adelantar un programa en procura del restablecimiento de las condiciones financiera y viabilidad económica del municipio, habiendo sido facultado el alcalde “para que haga los ajustes presupuestales que sean necesarios por efecto de la suspensión de las destinaciones especificas incorporadas en el presente acuerdo y para destinar dichos recursos al saneamientos fiscal y financiero conforme a lo establecido en la Ley 617 de 2000 y sus decretos reglamentarios” (fls. 38 a 40).

Por Acuerdo 2 de 12 de febrero de 2001 expedido por el Concejo Municipal de Puerto Triunfo, por medio del cual se faculta al ejecutivo municipal para efectuar una reestructuración administrativa “en la actual carta organizacional de la entidad, dentro de la cual podrá: Fusionar, suprimir y crear los cargos esencialmente necesarios que le permitan desarrollar con eficiencia y eficacia los procesos que redunden en beneficio de la comunidad acorde con la carta política, plan de gobierno y desarrollo municipal, y la Ley 617 de 2000”. (fls. 41 a 43).

Mediante Resolución de fecha 21 de diciembre de 2001, el alcalde municipal integró el comité de estudio para la reestructuración de la administración municipal central”. (fls. 157 a 158).

Aparece “evaluación de procesos administrativos”, de 26 de febrero de 2001, suscrito por el alcalde municipal, el secretario general y de gobierno, tesorera de rentas municipales, el secretario de obras públicas, el secretario de presupuesto, el secretario de salud, el secretario Ugamumata, la Secretaria de desarrollo social, el gerente del IMDER, el secretario de educación municipal, y un abogado especialista en derecho administrativo, en el que se señala que:

La administración municipal de Puerto Triunfo en cabeza del señor alcalde municipal Javier Aristides Guerra, considerando que debe modernizar y aplicar avance de la tecnología en todos los procesos internos y comprometido en su programa de gobierno, requiere conocer con exactitud la forma en que se opera en la actualidad a través de un análisis objetivo basado en el acercamiento a cada área de gestión con la técnica de la entrevista personal a cada funcionario directamente responsable de la dependencia; nadie más que ellos saben la forma en que se desarrolla cada procedimiento. Obviamente en este análisis se describen los procesos sistematizados y los manuales para identificar los puntos de conexión permitiendo lograr el objetivo del mismo.

Se inició este diagnóstico para establecer el inicio del proceso, su culminación, su objeto, los puntos críticos y su relación con el proceso administrativo que a la luz del objeto social debe cumplir cada área.

La forma en que se desarrolló el diagnóstico es muy práctica y sencilla, en primer lugar se establece el proceso de recaudo donde se generan los ingresos, sus formas, la contabilidad, los informes, el papel de la tesorería, la sistematización de los procedimientos y su relación con las otras áreas administrativas, el público en general y coordinación que debe existir con el almacén municipal.

El estudio es la base para discutir y generar mejores proyectos que permitan normalizar los procesos, disminuir costos en los mismos, eliminar trámites, estandarizar formatos, establecer sistemas de control, buscar la eficiencia, diseñar indicadores de gestión para mejorar el servicio a la comunidad, lograr la eficiencia y eficacia.

El programa de gobierno de Puerto Triunfo tiene como finalidad mejorar la calidad de vida de los habitantes y adecuar la estructura de los procesos y la estructura administrativa a las exigencias de la descentralización administrativa y fiscal que plantea la Constitución Política de 1991 y la Ley 136 de 1994, la Ley 617 de 2000. Por ello se encuentra como un proyecto a ejecutar a corto plazo en el Plan de Desarrollo Municipal 2001-2003 y como una exigencia del plan de acción establecido por la alcaldía municipal.

Busca también enfrentar con responsabilidad el problema según los lineamientos del artículo 209 de la Constitución Política.

Además, para poder unir los diferentes puntos de encuentro de la información en cada proceso y recomendar la forma en que deben interactuar las diferentes entidades al interior de la administración, fue preciso realizar un análisis riguroso de la situación actual en que se desarrollan los procesos.

1. Análisis de cargos para reasignar funciones:

Denominación del cargo: Jefe de grupo de obras (...)

Conclusión final:

Se recomienda la supresión de:

Denominación del cargo: Jefe de grupo de obras (...).

Código: (...)

Nivel: (...)

Grado (...)

(...) Denominación del cargo: Secretaria (Julia Rosa Calle)

Código: 540

Nivel 5

Grado. 05

(...)

Costos financieros

Los costos financieros que demanda la reestructuración se encuentra dentro del anexo número uno, el cual hace parte integrante del presente estudio, el cual podemos resumir de la siguiente manera; Valor total de las cesantías $66533.578; valor de las vacaciones pendientes y causadas: $9.043.560; Valor de las dotaciones adeudadas: $14.550.000; Valor de las indemnizaciones del personal de carrera administrativa cuyo cargo se suprime: $55.335.162, para un total de $145.462.299.

El ahorro que significa para el municipio de Puerto Triunfo, seria mensual incluidos los parafiscales y loso aportes patronales a la seguridad social, ascienden a la suma de $14..849.257, y aunado a los gastos de nómina anuales, tales como prima de navidad, vacaciones y cesantías, asciende a un ahorro anual de $207.653.596 (...).

Es decir se reducirían los gastos de funcionamiento de una manera considerable, que pasaron a ser gastos de inversión. Toda vez que en la presente ejecución presupuestal no se pudo hacer la inversión obligatoria de la Ley 617 consistente en el 15% de los Ingresos de libre destinación, por cuanto el recaudo de ingresos propios estuvo deficiente.

Hacen parte integrante de la presente Acta los informes financieros presentados por el contador”. (fls. 38 a 80).

Por Decreto 27 de 28 de febrero de 2002 expedido por el alcalde municipal se suprimió de la “estructura administrativa central del municipio”, entiéndase de la planta de personal, el cargo de la demandante, declarando la insubsistencia de los nombramientos de las persona en los cargos que se suprimieron, entre ellos la demandante. (fls. 182 a 187). Decisión comunicada por el alcalde municipal el 28 de febrero de 2002 (fl. 9).

Esta corporación ha señalado que el numeral 7º del artículo 315 de la Constitución Política se debe interpretar en relación armónica con el numeral 6º del artículo 313 de la misma Carta(14).

Así las cosas, se debe entender que la competencia para suprimir empleos en las dependencias de la administración municipal, la ejerce de forma autónoma el alcalde cuando tal supresión no comporta un cambio o modificación en la estructura orgánica de la administración municipal; y cuando dicha supresión es el resultado de un cambio en la estructura orgánica de la administración municipal, el acto de supresión debe motivarse en la existencia previa de un acuerdo expedido por el concejo municipal, mediante el cual esta entidad colegiada ejerce su competencia constitucional para definir las variaciones de la estructura orgánica de la municipalidad.

En este asunto, al ser la supresión de cargos producto de un cambio en la estructura orgánica de la administración municipal, es evidente que el Decreto 27 de 2002 que dispuso esa medida, debía estar soportado en un acuerdo válido que definiera las variaciones requeridas y confiriera las facultades extraordinarias necesarias, como en efecto ocurrió por Acuerdo 2 de 13 de febrero de 2001.

En este caso el alcalde del municipio de Puerto Triunfo sí estaba facultado por el Concejo municipal para proceder a hacer el cambio o modificación en la estructura orgánica de la administración municipal.

Por esta razón, el cargo sustentado en la carencia de competencia del alcalde municipal para efectuar la modificación de la estructura orgánica del sector central del municipio carece de sustento probatorio, y no está llamado a prosperar.

En cuanto la falsa motivación(15), se traduce en aquel error de hecho o de derecho que en determinado momento puede afectar la legalidad del acto y el desvío de poder, en la intención con la cual la autoridad toma una decisión persiguiendo un fin diferente al previsto por el legislador, que obedece a un propósito particular, personal o arbitrario.

A su turno, los vicios del acto administrativo que contempla el referido precepto como formales, son los de infracción de las normas en las que debe fundarse, expedición por funcionario u organismo incompetente y expedición irregular.

Ahora bien, la falta de motivación, bien puede interpretarse como el vicio formal denominado expedición irregular(16), que particularmente acontece cuando se emite el acto administrativo sin sujeción a un procedimiento y a unas fórmulas determinadas; referido no solo a su mera condición exterior, sino a la inobservancia de las exigencias expresas de la ley para ciertos actos, como cuando aquella ordena que sea adoptado únicamente por escrito o con expresión de los motivos, vale decir, con motivación explícita y obligatoria(17).

El artículo 41 de la Ley 443 de 1998, establece:

“...Reforma de plantas de personal. Con el fin de garantizar la preservación de los derechos de los empleados de carrera, las reformas de planta de personal de las entidades de la rama ejecutiva de los órdenes nacional y territorial, que impliquen supresión de empleos de carrera, deberán motivarse expresamente; fundarse en necesidades del servicio o en razones de modernización de la Administración y basarse en estudios técnicos que así lo demuestren, elaborados por las respectivas entidades, la Escuela Superior de Administración Pública, firmas especializadas en la materia, o profesionales en administración pública u otras profesiones idóneas, debidamente acreditados, de acuerdo con la reglamentación que para el efecto expida el Gobierno Nacional.

Toda modificación a las plantas de personal de las entidades del orden nacional, incluidas sin excepción los establecimientos públicos, las corporaciones autónomas regionales y las plantas de personal de empleos públicos que formen parte de las empresas industriales y comerciales del Estado, deberá ser aprobada por el Departamento Administrativo de la Función Pública. El Departamento Administrativo de la Función Pública llevará el balance de cargos deficitarios que, requiriéndose para el cumplimiento de los fines de las entidades nacionales, no hubiere sido posible crearlos en las respectivas plantas de personal por razones de orden presupuestal. Dicho balance se justificará en estudios técnicos de planta consultando exclusivamente las necesidades del servicio y las técnicas de análisis ocupacional con prescindencia de cualquier otro concepto.

PAR.—En el orden territorial, los estudios de justificación de reformas a las plantas de personal serán remitidas para su conocimiento a las Comisiones Departamentales del Servicio Civil y a las comisiones seccionales de contralorías, según el caso”(18).

A su turno, el artículo 148 del Decreto 1572 de 1978, prevé:

“...Las modificaciones a las plantas de personal de las entidades pertenecientes a la Rama Ejecutiva de los órdenes nacional y territorial deberán motivarse expresamente y fundarse en las necesidades del servicio o en razones que propendan por la modernización de la institución, las cuales estarán soportadas en estudios técnicos que así lo demuestren...”.

Señala el mismo cuerpo normativo(19) que “Se entiende que la modificación de una planta de personal está fundada en necesidades del servicio o en razones de modernización de la administración, cuando las conclusiones del estudio técnico de la misma deriven en la creación o supresión de empleos con ocasión, entre otros, de:

1. Fusión o supresión de entidades.

2. Cambios en la misión u objeto social o en las funciones generales de la entidad.

3. Traslado de funciones o competencias de un organismo a otro.

4. Supresión, fusión o creación de dependencias o modificación de sus funciones.

5. Mejoramiento o introducción de procesos, producción de bienes o prestación de servicios,

6. Redistribución de funciones y cargas de trabajo.

7. Introducción de cambios tecnológicos.

8. Culminación o cumplimiento de planes, programas o proyectos cuando los perfiles de los empleos involucrados para su ejecución no se ajusten al desarrollo de nuevos planes, programas o proyectos o a las funciones de la entidad.

9. Racionalización del gasto público.

10. Mejoramiento de los niveles de eficacia, eficiencia, economía y celeridad de las entidades públicas.

PAR.—Las modificaciones de las plantas a las cuales se refiere este artículo deben realizarse dentro de claros criterios de racionalidad, proporcionalidad y prevalencia del interés general”.

Señala el artículo 153 del decreto en mención que:

Las entidades pertenecientes a la Rama Ejecutiva del orden territorial que inicien procesos de modificaciones a sus plantas de personal deberán comunicar tal situación a la respectiva Comisión Departamental o Distrital del Servicio Civil, según el caso, con indicación de sí tal proceso lo adelantará de manera directa o a través de la Escuela Superior de Administración Pública o de personas naturales o jurídicas; en este último evento, el jefe de la entidad designará por lo menos dos de sus empleados que conformarán el equipo ejecutor del estudio.

Terminado el estudio técnico, soporte de la reforma de la planta de personal, acompañado con la planta finalmente adoptada, será remitido a la Comisión Departamental o Distrital del Servicio Civil correspondiente, para su conocimiento.

Al tenor de esta normatividad, los “estudios que soportan las modificaciones de las plantas de personal deberán estar basados en metodologías de diseño organizacional y ocupacional que contemplen, dependiendo de la causa que origine la propuesta, alguno o varios de los siguientes aspectos:

1. Análisis de los procesos técnico-misionales y de apoyo.

2. Evaluación de la prestación de los servicios.

3. Evaluación de las funciones asignadas, perfiles y las cargas de trabajo de los empleados”(20).

Una de las formas más contundentes para demostrar que las razones que motivaron la supresión de cargos no se fundaron en necesidades del servicio o en modernización de la administración, sino en un interés ajeno a estos colectivos, la constituye el hecho de probar la inexistencia del estudio técnico exigido en la ley o la insuficiencia o limitación del mismo, o más aún la ausencia de comunicación a la respectiva Comisión Departamental o Distrital del Servicio Civil del inicio del proceso de modificación a sus planta de personal.

En este caso, se evidencia que el estudio financiero de la entidad no puede suplir o asimilarse a un estudio técnico, teniendo en cuenta que el proceso de reestructuración obedece a la necesidad de reformar la Planta de Personal, por lo que era indispensable adelantar un estudio técnico que reflejara su viabilidad, conforme a lo establecido en la Ley 443 de 1998 y el Decreto Reglamentario 1572 del 5 de agosto de 1998. Por tanto, no se contó con un estudio técnico previo que le sirviera de fundamento a la modificación de la planta de personal y tampoco se comunicó a la comisión departamental del servicio civil del inicio del proceso de modificación a su planta de personal lo que resulta ser un elemento indicador de la ausencia del procedimiento con sustento legal.

Para la Sala, el Decreto 27 de febrero 28 de 2002 enjuiciado, en lo que toca con la demandante, además de estar viciado por estar falsamente motivado al pretender apariencia de legalidad a una situación carente de la misma, resultó expedido de manera ilegal por ser fruto de una reestructuración que no atendió los presupuestos exigidos en el ordenamiento jurídico, porque no se elaboró estudio técnico basado en metodologías de diseño organizacional y ocupacional siguiendo los lineamientos de análisis y evaluación, previstos jurídicamente en el ordenamiento, parámetros desconocidos por el estudio financiero efectuado y presentado como estudio técnico.

Es decir que el acto acusado tiene por causa hechos que son ajenos a la realidad, y por lo tanto desconoce los derechos de carrera que le asistían a la demandante.

De esta manera, se infiere que los estudios técnicos se erigen como un presupuesto que compromete la legalidad de la reestructuración administrativa, pues su inexistencia o incumplimiento de requisitos genera, como consecuencia, la nulidad de los actos que con fundamento en dicho proceso se expidan.

No se encuentra que la decisión de reducir la planta de personal del municipio sea el resultado de estudio técnico alguno, tal como lo ordena el artículo 41 de la ley 443 de 1998, ni se determinó cuáles son las necesidades del servicio, ellas deben ser conclusiones de un estudio técnico y no de medidas improvisadas que la administración toma para sortear circunstancias momentáneas.

En este orden, la Sala encuentra que la demandante logró desvirtuar la legalidad del decreto acusado y conforme a lo expuesto, no comparte las razones que tuvo el a quo para denegar las súplicas del libelo, que no atendió los antecedentes jurisprudenciales existentes y acceder, en su lugar, a las pretensiones de la demanda, no sin antes precisar, que de las sumas que resulten a favor de la accionante se descontará lo que eventualmente le haya sido pagado por concepto de indemnización, pues al desaparecer la causa (supresión del cargo), también desaparece la justificación de esa erogación.

En este mismo sentido, no habrá lugar a realizar descuentos por las sumas de dinero que hubiere recibido la actora en el evento de que durante su desvinculación con el municipio de Puerto Triunfo haya celebrado otra u otras vinculaciones laborales con entidades del Estado En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley.

FALLA:

REVÓCASE la sentencia de 6 de marzo de 2013, proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia que negó las súplicas de la demanda, en el proceso promovido por la señora Julia Rosa Calle contra el Municipio de Puerto Triunfo.

En su lugar se dispone:

1. DECLÁRASE la nulidad del Decreto 27 de 28 de febrero de 2002, proferido por el Alcalde Municipal de Puerto Triunfo, por medio del cual fue suprimido el cargo que ocupaba la demandante de Secretaria, Código 540, nivel 5 grado 05 adscrito a la tesorería municipal.

2. A título de restablecimiento del derecho CONDÉNASE al Municipio de Puerto Triunfo a reintegrar a la señora Julia Rosa Calle al cargo que venía desempeñando o a otro igual o de superior jerarquía y al pago de salarios y prestaciones sociales dejados de percibir, desde la fecha de la desvinculación hasta el día en que se haga efectivo el reintegro.

Las sumas que resulten a favor de la actora se actualizarán en su valor como lo ordena el artículo 178 del Código Contencioso Administrativo, dando aplicación a la siguiente fórmula:

 

indice final
 

 

En el que el valor presente (R) resulta de multiplicar el valor histórico (Rh), que corresponde a la suma adeudada, por el guarismo que resulte de dividir el índice final de precios al consumidor, vigente a la fecha de ejecutoria de esta sentencia, certificado por el DANE, por el índice inicial vigente a la fecha en que debió realizarse el pago correspondiente. Es claro que por tratarse de pagos de tracto sucesivo la fórmula se aplicará separadamente, mes por mes, respecto de cada obligación teniendo en cuenta que el índice inicial es el vigente al momento de la causación de cada uno de ellos.

De las sumas que resulten a favor de la demandante, se descontará el valor de lo que eventualmente le haya sido pagado por concepto de indemnización, mas no se deducirán las sumas de dinero que hubiere recibido en el evento de que durante su desvinculación con el municipio de Puerto Triunfo haya celebrado otra u otras vinculaciones laborales con entidades del Estado.

3. DECLÁRASE para todos los efectos legales que no existió solución de continuidad en la prestación de los servicios.

Devuélvase el expediente al tribunal de origen.

Cópiese, notifíquese y cúmplase».

(6) Folios 233-235,

(7) Código Contencioso Administrativo, artículo 136.

(8) Folio 9.

(9) Folio 31.

(10) Código de Procedimiento Civil, artículo 121.

(11) Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, M.P. Silvio Fernando Trejos Bueno. Bogotá, D.C., 9 de diciembre de 2004. Referencia expediente 6080-01.

(12) Folio 143

(13) Folio 43

(14) Sentencia de 14 de abril de 2005, expediente 1448-2004, actor: María Ofelia Cuevas Gómez, M.P. Ana Margarita Olaya Forero.

(15) Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda Subsección A. C,P. Gustavo Eduardo Gómez Aranguren. Bogotá D.C., 7 de marzo de 2013. Radicación 13001-23-31-000-2007-00052-01(0105-12). Actor: Antonio José Martínez Madero. Demandado: Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, Inpec.

(16) El artículo 84 del Código Contencioso Administrativo, como causales de nulidad de los actos administrativos, contempla los vicios formales: de infracción de las normas en las que deben fundarse, expedición por funcionario u organismo incompetente y expedición irregular y como vicios materiales: su emisión con desconocimiento del derecho de audiencias y defensa, falsa motivación, o con desviación de las atribuciones propias del funcionario o corporación que lo profirió.

(17) Gómez Aranguren, Gustavo. Derecho Administrativo. Bogotá D.C: ABC Editores Librería Ltda., 2004, pág. 406.

(18) Parágrafo declarado inexequible por la Corte Constitucional, en Sentencia C-372 de 1999.

(19) ART. 149.—Modificado por el artículo 7º, Decreto Nacional 2504 de 1998.

(20) ART. 154.—Modificado por el artículo 9º, Decreto Nacional 2504 de 1998.