Sentencia 2002-03836 de agosto 8 de 2011

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA-SUBSECCIÓN “A”

Rad.: 760012331000200203836 01

Magistrado Ponente:

Dr. Alfonso Vargas Rincón

Número Interno: 1120-2006

Actor: Guillermo González de la Cruz

Autoridades nacionales

Bogotá, D.C., ocho de agosto de dos mil once.

EXTRACTOS: «Considera

El problema jurídico gira entorno a determinar si se ajusta o no a derecho la Resolución 304 de 18 de diciembre de 2001, proferida por la Procuraduría Segunda Delegada para la Vigilancia Administrativa, por medio de la cual se declaró disciplinariamente responsable al señor Guillermo González de la Cruz y lo sancionó con amonestación escrita con copia en la hoja de vida, y de la providencia de 8 de abril de 2002, proferida por la Sala Disciplinaria de la Procuraduría General de la Nación, que confirmó la decisión anterior.

Para el efecto, es necesario determinar si en el presente asunto operó el fenómeno jurídico de la prescripción de la acción disciplinaria.

En ese orden, sea lo primero precisar que para la fecha en que ocurrieron los hechos y se inició el proceso disciplinario, esto es, en el año 1997, la norma vigente era la Ley 200 de 1995, la cual en su artículo 34 previó la prescripción como forma de extinción de la acción, en los siguientes términos:

“ART. 34.—Términos de la prescripción de la acción disciplinaria y de la sanción. La acción disciplinaria prescribe en el término de cinco (5) años. La prescripción de la acción empezará a contarse para las faltas instantáneas desde el día de la consumación y, desde la realización del último acto, en las de carácter permanente o continuado”.

De la lectura de la norma transcrita, la Sala observa que el legislador sólo precisó el momento en que se empieza a contar el término de prescripción de los cinco años, mas no señaló los eventos ni el momento en que se entiende interrumpido.

Ante tal vacío jurídico propiciado por la norma, esta corporación(1) señaló:

“... En su misión de unificar jurisprudencia, la Sala adopta la tesis según la cual entratándose de régimen sancionatorio disciplinario, la sanción se impone de manera oportuna si dentro del término asignado para ejercer esta potestad, se expide y se notifica el acto que concluye la actuación administrativa sancionatoria, que es el acto principal o primigenio y no el que resuelve los recursos de la vía gubernativa. Es este el acto que define la conducta investigada como constitutiva de falta disciplinaria. En él se concreta la expresión de la voluntad de la administración. Por su parte, los actos que resuelven los recursos interpuestos en vía gubernativa contra el acto sancionatorio principal no pueden ser considerados como los que imponen la sanción porque corresponden a una etapa posterior cuyo propósito no es ya emitir el pronunciamiento que éste incluye la actuación sino permitir a la administración que éste sea revisado a instancias del administrado ...”.

Lo anterior quiere decir que para efecto de la interrupción de la prescripción de la acción disciplinaria, no basta con la expedición del acto principal sino que además es necesaria la notificación del mismo para que surta plenos efectos jurídicos(2).

Por cuanto si la finalidad de la creación de los términos de prescripción es la necesidad de buscar la certidumbre jurídica de los derechos, es lógico que sólo se llega a tener certeza de éstos, cuando el administrado conoce su situación jurídica, esto es, cuando se le notifica de la providencia que la resuelva.

En definitiva, los cinco años de prescripción de la acción disciplinaria se empiezan a contabilizar para las faltas instantáneas desde el día de la consumación y, desde la realización del último acto, en las de carácter permanente o continuada, y se interrumpe con la debida notificación al disciplinado de la providencia que defina la situación jurídica.

En el presente caso, y para determinar si la conducta del señor Guillermo González de la Cruz constituye una falta de carácter instantánea o permanente, es oportuno señalar que es deber de la administración contestar oportunamente las peticiones que se le formulen, conforme a las competencias legalmente atribuidas y de acuerdo con ello, iniciar los trámites tendientes a lograr su satisfacción en caso de ser procedente.

Según el artículo 6º del Código Contencioso Administrativo, el término del que dispone la administración para contestar las solicitudes que en ejercicio de este derecho presentan los ciudadanos es de 15 días hábiles, salvo que haya norma que establezca un término diferente en casos especiales.

Así las cosas, y tal como lo advirtió el Ministerio Público, la conducta omisiva por la que fue sancionado el actor, se presentó por no responder oportunamente, es decir, dentro del término establecido por la ley, el derecho de petición presentado por el señor Julio César Pérez Chicue el 16 de enero de 1997.

Si bien es cierto, el actor dio respuesta al derecho de petición el 10 de abril de 1997 como consecuencia de la acción de tutela interpuesta ante el Tribunal Superior de Buga, también lo es, que este término de conformidad con la norma señalada venció el 6 de febrero de 1997, fecha desde la cual incurrió en la infracción al deber de responder oportunamente la petición, configurándose una conducta de carácter instantáneo, por ser esta la fecha en la que se consumó la falta, y desde la cual se debe contabilizar el término de prescripción.

Definido lo anterior, el término de 5 años de prescripción de la acción disciplinaria empezó a contarse desde la fecha anteriormente señalada y venció el 6 de febrero de 1997 y terminaba dicho lapso el 6 de febrero de 2002.

Está probado en el expediente que la Procuraduría Segunda Delegada para la Vigilancia Administrativa profirió el fallo de primera instancia el 18 de diciembre de 2001 y lo notificó el 22 de febrero de 2002 (fl. 383, cdno. 2).

Así las cosas, la Sala encuentra que la acción disciplinaria para el momento en que fue notificado el fallo de primera instancia había prescrito, pues la entidad demandada tenía plazo para definir la situación jurídica del actor y notificarlo, hasta el 6 de febrero de 2002, es decir, que el acto fue expedido por fuera del término de los cinco años previsto en el artículo 34 de la Ley 200 de 1995.

En consecuencia, se concluye que los actos acusados no se ajustaron a derecho y, por ende, deberá accederse a las pretensiones de la demanda y declarar su nulidad.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección “A”, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

DECLÁRASE la nulidad de la Resolución 304 de 18 de diciembre de 2001, proferida por la Procuraduría Segunda Delegada para la Vigilancia Administrativa, por medio de la cual declaró al señor Guillermo González de la Cruz disciplinariamente responsable y lo sancionó con amonestación escrita con copia a la hoja de vida, y de la providencia de 8 de abril de 2002, proferida por la Sala Disciplinaria de la Procuraduría General de la Nación, que confirmó la decisión anterior, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

Como consecuencia de la anterior nulidad y a título de restablecimiento del derecho, se ORDENA a la Procuraduría General de la Nación la cancelación del registro efectuado respecto de la sanción impuesta al señor Guillermo González de la Cruz, con ocasión de los actos demandados.

Cópiese, notifíquese y cúmplase.

Ejecutoriada, Archívese.

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en sesión de la fecha».

(1) Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 29 de septiembre de 2009, actor: Álvaro Hernán Velandia Hurtado, consejera ponente Susana Buitrago Valencia.

(2) La Corte Constitucional en Sentencia C-1076 de 2002 adoptó el mismo criterio en cuanto a que la ejecutoria de las providencias disciplinarias comprende también su notificación, cuando declaró exequible el artículo 119 de la Ley 734 de 2002, que si bien no es aplicable al presente asunto, su contenido material es el mismo del otrora artículo 98 de la Ley 200 de 1995.