Sentencia 2002-03960 de marzo 8 de 2018

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA

SUBSECCIÓN B

Rad.: 76001-23-31-000-2002-03960-02(2135-11)

Actor: Universidad del Valle

Demandado: Isabel Romero Tenorio

Asunto: Recurso extraordinario de revisión contra la sentencia del 26 de marzo de 2010, proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca

Consejero Ponente:

Dr. César Palomino Cortés

Bogotá D.C., ocho de marzo de dos mil dieciocho.

«EXTRACTOS: II. Consideraciones de la Sala

2.1. Competencia.

La Sala es competente para conocer del presente recurso extraordinario de revisión, conforme con el inciso 3º, numeral 10, del artículo 13 del Acuerdo 59 de 1999, modificado por el Acuerdo 55 de 2003 de la Sala Plena de la Corporación(5), pues está dirigido contra la sentencia ejecutoriada de segunda instancia proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, dentro del proceso ordinario que, en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, la Universidad del Valle instauró contra los actos administrativos proferidos por dicha institución educativa que reconocieron una pensión vitalicia de jubilación a la señora Isabel Romero Tenorio.

La Sala recuerda que la Corte Constitucional, mediante Sentencia C-520 de 2009, declaró inexequible la expresión “dictadas por las secciones y subsecciones de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado y por los tribunales administrativos, en única o segunda instancia”, contenida en el artículo 57 de la Ley 446 de 1998. Lo anterior, “con el fin de que bajo la expresión “sentencias ejecutoriadas” empleada en el artículo cuestionado, queden cobijadas todas las hipótesis de sentencias que admitirían el recurso extraordinario de revisión: (i) las dictadas por las secciones y subsecciones de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado; (ii) las dictadas en única, primera o segunda instancia por los tribunales administrativos y (iii) las dictadas en primera o segunda instancia por los jueces administrativos, cuya naturaleza permita la interposición de tal recurso” (resalta la Sala).

Teniendo en cuenta que el fallo recurrido quedó ejecutoriado el 19 de mayo de 2010(6) y la demanda de revisión se presentó el 29 de junio de 2011, se tiene que el recurso fue oportunamente presentado, conforme con el artículo 187 del Código Contencioso Administrativo que dispone que debe ser presentado dentro de los 2 años siguientes a la ejecutoria de la respectiva sentencia.

2.2. Problema jurídico.

En los términos del recurso extraordinario de revisión presentado por la Universidad del Valle, la Sala debe determinar si en la sentencia de segunda instancia, proferida el 26 de marzo de 2010 por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, se incurrió en la causal de revisión prevista en el numeral 8º del artículo 188 del Código Contencioso Administrativo que consiste en “ser la sentencia contraria a otra anterior que constituya cosa juzgada entre las partes del proceso en que aquella fue dictada”.

Para resolver el problema jurídico se analizará el objeto del recurso extraordinario de revisión, así como el alcance de la causal invocada por el demandante, para descender al caso concreto.

2.3. Resolución del problema jurídico.

Ha sido jurisprudencia pacífica de la Corporación considerar que el propósito del recurso extraordinario de revisión es permitir que se garantice una justicia material en un caso que ya se ha decidido; un caso que si bien ha hecho tránsito a cosa juzgada y respecto del cual se pregona su certeza y ejecutoriedad, por razones distintas al debate mismo de la instancia que dio lugar a la decisión judicial, se permite que esa fuerza de cosa juzgada se rompa y pueda dar paso a la protección, en algunos casos, de derechos fundamentales que fueron desconocidos o amenazados por el operador judicial.

Las causales que el legislador prevé como únicas para superar y quebrar la seguridad jurídica que se deriva de una sentencia judicial, en caso de su prosperidad, atienden a circunstancias específicas y objetivas que no corresponden a un cuestionamiento de valoraciones de tipo jurídico, fáctico o probatorio adelantado por el juzgador en el proceso que dio lugar a la decisión cuestionada. Por ello, no puede utilizarse este medio impugnativo so pretexto de reabrir el debate jurídico o revivir una valoración probatoria que fue realizada por el juez de instancia.

En efecto, las causales del recurso extraordinario de revisión están previstas en el artículo 188 del Código Contencioso Administrativo así:

“ART. 188.—Causales de revisión. Son causales de revisión:

1. Haberse dictado la sentencia con fundamento en documentos falsos o adulterados.

2. Haberse recobrado después de dictada la sentencia documentos decisivos, con los cuales se hubiera podido proferir una decisión diferente, y que el recurrente no pudo aportar al proceso por fuerza mejor o caso fortuito o por obra de la parte contraria.

3. Aparecer, después de dictada la sentencia a favor de una persona, otra con mayor derecho para reclamar.

4. No reunir la persona en cuyo favor se decretó una pensión periódica, al tiempo del reconocimiento, la aptitud legal necesaria, o perder esa aptitud con posterioridad a la sentencia, o sobrevenir alguna de las causales legales para su pérdida.

5. Haberse dictado sentencia penal que declare que hubo violencia o cohecho en el pronunciamiento de la sentencia.

6. Existir nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso y contra la que no procede recurso de apelación.

7. Haberse dictado la sentencia con base en dictamen de peritos condenados penalmente por ilícitos cometidos en su expedición.

8. Ser la sentencia contraria a otra anterior que constituya cosa juzgada entre las partes del proceso en que aquella fue dictada. Sin embargo, no habrá lugar a revisión si en el o proceso se propuso la excepción de cosa juzgada y fue rechazada”.

La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo de la Corporación, en sentencia del 2 de marzo de 2010, precisó la naturaleza de este recurso extraordinario, así:

“Las causales que pueden proponerse como fundamento de este recurso, enlistadas de manera taxativa en el artículo 188 del Código Contencioso Administrativo, dan cuenta de la naturaleza eminentemente procedimental de los vicios o errores que, de conformidad con la ley procesal, son los únicos que permiten la revisión de la sentencia por la vía del recurso extraordinario que se analiza. Ciertamente, a excepción de la causal del numeral 5º, referida a la violencia o cohecho en que se pudo incurrir en el pronunciamiento del fallo, ninguno de los yerros que se relacionan en los numerales del mencionado artículo se refiere de modo directo a la actividad analítica del juez, dado que ninguno cuestiona la labor intelectual de juzgamiento, sino que todos involucran, bien sea una irregularidad de carácter procesal (numeral 6º, referido a la existencia de causal de nulidad originada en la sentencia, y numeral 8º, referido al desconocimiento de la cosa juzgada), o bien, aspectos que atañen a la validez intrínseca o insuficiencia de los elementos de prueba que determinaron el sentido de la decisión (nums. 1º, 2º, 3º, 4º y 7º).

Como lo sostuvo esta Sala Plena en anterior oportunidad, “la naturaleza del recurso extraordinario de revisión pretende conciliar nociones esenciales del ordenamiento legal, como lo son la seguridad jurídica que representa el principio de inmutabilidad de las sentencias ejecutoriadas, o la cosa juzgada material y el principio de restablecimiento de la justicia material que persigue asegurar la vigencia de un orden justo, propuesto por el Preámbulo de la Constitución Política”[1]. Y, precisamente, bajo ese entendimiento, en esa misma oportunidad sostuvo que “el recurso extraordinario de revisión conlleva una limitación a la seguridad jurídica que representan las sentencias ejecutoriadas, constituye un medio excepcional de impugnación, que permite cuestionar una sentencia que está amparada por el principio de cosa juzgada material”.

A su turno, en el mismo sentido la Corte Constitucional entiende que el recurso extraordinario de revisión permite el ejercicio de una verdadera acción contra decisiones injustas, a fin de restablecer la justicia material del caso concreto[2]. Por ello, dice la Corte, “El recurso de revisión ha sido establecido para respetar la firmeza de los fallos, con miras a preservar la certeza y obligatoriedad incondicional que acompaña a las decisiones de los jueces, sin perjuicio de la necesidad de hacer imperar en ellos los dictados constitucionales y los imperativos legales, artículos 2º, 29 y 230 de la Constitución Política”[3].

[…]

De modo que por la vía del recurso extraordinario de revisión no es posible reabrir el debate propio de las instancias, sino revisar la sentencia mediante la cual fue resuelta esa controversia a fin de determinar la justicia de ese pronunciamiento a la luz de estrictas causales legales”(7).

De la causal 8ª del artículo 188 del Código Contencioso Administrativo.

La censura frente al fallo proferido por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, objeto del presente recurso extraordinario, consiste en considerar que dicha sentencia es contraria a otra anterior que constituye cosa juzgada entre las partes del proceso en que aquella fue dictada.

Esta causal, consagrada en el numeral 8º del artículo 188 del Código Contencioso Administrativo, evita que la sentencia impugnada incurra en la violación al principio de cosa juzgada, concepto propio de las providencias judiciales que, con autoridad, han dado fin a un litigio y que definen una situación o contienda de tipo jurídico que ha sido puesta en conocimiento de un órgano de la administración de justicia, para su resolución.

Este concepto se expresa frente a los efectos que produce la sentencia judicial, e implica que la resolución definitiva a un debate, que se puso en conocimiento de un juez, sea respetado por las partes del proceso y por terceros; que en un proceso posterior no pueda ser desconocida, ni siquiera discutirse nuevamente, y que la parte a favor de quien se profirió dicha decisión, pueda de manera coercitiva obtener su concreción o satisfacción. Ello permite que la cosa juzgada pueda hacerse valer como acción o como excepción.

Dentro de un Estado social de derecho, este principio garantiza la pacífica convivencia entre los ciudadanos, como quiera que los conflictos de tipo jurídico o situaciones de incertidumbre de la misma índole, que se presenten dentro de una sociedad, van a ser solucionados, los primeros, o definidas, las segundas, de manera permanente, inmodificable y cierta, dotando de estabilidad a las relaciones humanas y a los vínculos propios de cualquier sociedad.

Sobre esta causal, la Sala Catorce Especial de Decisión de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo de la Corporación, en sentencia del 5 de abril de 2016(8), se pronunció en los siguientes términos:

“17. La consagración de esta circunstancia —desconocimiento de la cosa juzgada— como causal de revisión, busca garantizar la unidad de la jurisdicción, de modo que solamente haya un pronunciamiento sobre la misma controversia. Así, cuando la jurisdicción se agota con una decisión, “ésta se vuelve intangible por antonomasia y ningún otro juez puede volver sobre el asunto, pues de hacerlo, sería posible el hallazgo de dos sentencias contradictorias sobre idéntica controversia lo cual desconocería la unidad de jurisdicción y lesionaría la seguridad jurídica, pues la aplicación de unas mismas normas a un caso idéntico, no puede conducir razonablemente a resultados distintos”(9).

18. Para que se configure esta causal, es necesaria la presencia concurrente de tres presupuestos esenciales, a saber: (i) que existan dos sentencias contradictorias; (ii) que la sentencia contrariada constituya cosa juzgada entre las partes del proceso en que fue dictada y frente al segundo proceso —lo cual ocurre cuando éste involucra a las mismas partes de un proceso anterior, versa sobre el mismo objeto y se adelanta por la misma causa— y (iii) que en el segundo proceso no se haya propuesto como excepción la cosa juzgada. Sobre esta causal, ha dicho la jurisprudencia de la Corporación(10):

Además de lo anterior, para los efectos de esta causal, ha de entenderse que la alusión a un término nuevo o segundo proceso deben analizarse lógicamente en relación con un primer o anterior proceso, pues solamente cuando se inicia un proceso entre las mismas partes y sobre el mismo asunto, luego de haberse proferido sentencia en otro anterior, podría argumentarse que este segundo pretende revivir lo ya decidido en contravía del propósito de la cosa juzgada que no es otro que evitar decisiones contradictorias sobre un mismo asunto y entre las mismas partes.

Al respecto, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo de esta Corporación, al analizar un recurso extraordinario de revisión interpuesto con fundamento en la causal octava de revisión que se viene analizando, señaló:

“la cosa juzgada se predica de los puntos que han sido materia expresa de la decisión de una sentencia y que sólo puede extenderse a aquéllos que por ser consecuencia necesaria o depender indispensablemente de ella, se reputan tácitamente decididos. Igualmente, que tratándose de sentencias dictadas en litigios interpartes, la cosa juzgada está sujeta a dos límites: el objetivo, que mira hacia el objeto sobre el que versa el debate y la causa petendi de la pretensión, y el subjetivo, que tiene que ver con las personas que fueron parte en el proceso”(11) (…).

Recapitulando lo expuesto se tiene que la cosa juzgada se estructura desde que la sentencia queda ejecutoriada, es decir, desde que hace tránsito a cosa juzgada formal; y para que se estructure la causal de revisión es necesario que se adelante un nuevo proceso con posterioridad a la ejecutoria de la sentencia dictada en otro anterior; que el nuevo proceso sea entre las mismas partes, es decir, que haya identidad jurídica de partes más no de personas, excepto cuando se trata de sentencias a las que la ley les otorga efectos erga omnes; que el nuevo proceso verse sobre un mismo objeto entendido como las prestaciones o declaraciones que se reclaman a la justicia; y que el nuevo proceso se adelante por la misma causa que originó el anterior, entendiendo por causa la razón por la cual se demanda”.

Normativamente, el Código Contencioso Administrativo consagra el principio de cosa juzgada así:

“ART. 175.—Cosa juzgada. La sentencia que declare la nulidad de un acto administrativo tendrá fuerza de cosa juzgada “erga omnes”.

La que niegue la nulidad pedida producirá cosa juzgada “erga omnes” pero sólo en relación con la “causa petendi” juzgada.

La sentencia dictada en procesos relativos a contratos y de reparación directa y cumplimiento, producirá cosa juzgada frente a otro proceso que tenga el mismo objeto y la misma causa y siempre que entre ambos procesos haya identidad jurídica de partes; la proferida en procesos de restablecimiento del derecho aprovechará a quien hubiere intervenido en el proceso y obtenido esta declaración a su favor.

Cuando por sentencia ejecutoriada se declare la nulidad de una ordenanza o de un acuerdo intendencial, comisarial, distrital o municipal, en todo o en parte, quedarán sin efectos en lo pertinente los decretos reglamentarios”.

Y en el Código General del Proceso, en términos similares a la anterior redacción contenida en el artículo 332 del derogado Código de Procedimiento Civil, la figura de la cosa juzgada se encuentra regulada así:

“ART. 303.—Cosa juzgada. La sentencia ejecutoriada proferida en proceso contencioso tiene fuerza de cosa juzgada siempre que el nuevo proceso verse sobre el mismo objeto, se funde en la misma causa que el anterior y entre ambos procesos haya identidad jurídica de partes.

Se entiende que hay identidad jurídica de partes cuando las del segundo proceso son sucesores por causa de muerte de las que figuraron en el primero o causahabientes suyos por acto entre vivos celebrado con posterioridad al registro de la demanda si se trata de derechos sujetos a registro, y al secuestro en los demás casos.

En los procesos en que se emplace a personas indeterminadas para que comparezcan como parte, incluidos los de filiación, la cosa juzgada surtirá efectos en relación con todas las comprendidas en el emplazamiento.

La cosa juzgada no se opone al recurso extraordinario de revisión”.

Entonces, de acuerdo a las disposiciones anteriormente referidas y bajo los criterios jurisprudenciales expuestos, son varios los presupuestos que deben darse para que tenga prosperidad la causal 8ª del recurso extraordinario de revisión, contra una sentencia judicial, en términos del artículo 188 del Código Contencioso Administrativo.

Es importante tener en cuenta que estos requisitos deben darse de manera concurrente, pues si falta alguno de ellos no se puede tener por configurada la causal. Estos presupuestos son:

(i) Que exista una sentencia ejecutoriada, en firme y constituya cosa juzgada entre las partes del proceso en que se dictó.

(ii) Que se adelante un segundo proceso con posterioridad a la ejecutoria de la sentencia dictada en el proceso anterior.

(iii) Que en ambos procesos exista identidad de partes, reducido a los sujetos procesales obligatorios (sujetos activo y pasivo; y litisconsortes necesarios), es decir, que sean los mismos en ambos procesos; identidad de objeto, aspecto relacionado con el “qué se demanda”, es decir, el petitum de la demanda, que el tema sometido a conocimiento del juez sea el mismo en uno y otro, las pretensiones coincidan en una demanda y otra; e identidad de causa, aspecto relacionado con el “por qué se demanda”, es decir que la motivación o razón jurídica de la primera demanda sea la misma invocada en la segunda demanda.

(iv) Que en el segundo proceso no se haya propuesto como excepción la cosa juzgada, porque si fue propuesta y se negó, no se configura la causal, comoquiera que el recurso extraordinario no puede ser usado para revisar la decisión del juez natural de instancia.

(v) Que la sentencia dictada en el segundo proceso sea contraria a la proferida en el primer proceso, donde se dio la identidad de partes, de objeto y causa.

Ahora bien, de acuerdo a los anteriores presupuestos, la Sala anticipa que en el caso concreto no se presenta la causal 8ª del artículo 188 del Código Contencioso Administrativo, por las siguientes razones:

El recurrente fundamenta la configuración de la causal en el hecho de que en el proceso ordinario en el que se dictó la sentencia que ahora solicita su revisión, el juez de segunda instancia ya había proferido una sentencia totalmente contraria a la que es objeto del presente recurso, fallo que fue dictado en cumplimiento a una orden de tutela proferida por la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado que dejó sin efectos la primera sentencia mencionada.

El argumento central del recurso es que mediante una acción de tutela no se puede desconocer la fuerza de cosa juzgada de una sentencia en firme, invocando la existencia de un precedente jurisprudencial. Que aun cuando la Corte Constitucional ha admitido en algunos eventos la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, lo ha sido solo en casos muy excepcionales, en los que se han vulnerado o amenazado derechos fundamentales.

Pues bien, lo primero que la Sala advierte es que la presencia de cosa juzgada, en este caso, está planteada sobre un mismo proceso, es decir, no existe un segundo proceso adelantado entre las mismas partes, con el mismo objeto e idéntica causa, en el que se haya dictado una sentencia contraria proferida en un proceso anterior. Se trata de dos sentencias dictadas en el mismo proceso, por el mismo Tribunal, que deciden de manera “contradictoria” la contienda. Y ello tiene una explicación, y es que la primera sentencia fue dejada sin efectos por un fallo de tutela y la segunda sentencia se profirió en cumplimiento de ese fallo, como quedó consignado en los antecedentes de esta providencia.

Otro aspecto que se evidencia es que el fundamento del recurso extraordinario está dirigido a cuestionar la decisión que se tomó en la acción de tutela instaurada por la señora Romero Tenorio, parte demandada en el proceso ordinario. Es más, la recurrente extraordinaria pretendía que se anulara la sentencia proferida en la mencionada acción de tutela por ser violatoria del principio de la cosa juzgada, sin embargo, tal pretensión fue rechazada en el auto mediante el cual se admitió el recurso extraordinario de revisión, como también quedó relatado en los antecedentes de este pronunciamiento.

De acuerdo con lo anterior, no es posible en este caso hacer mayor análisis frente a la causal invocada, pues no es este el escenario ni el presente recurso el idóneo para establecer si la acción de tutela procede contra providencias judiciales en firme, tema que, por lo demás, ya fue objeto de pronunciamiento tanto por la Corte Constitucional como por esta Corporación, en sentencias de unificación.

Ciertamente, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en sentencias en sentencia de unificación del 31 de julio de 2012(12), aceptó la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales cuando resulten violatorias de derechos fundamentales, “observando al efecto los parámetros fijados hasta el momento jurisprudencialmente”.

Así consideró la Corporación:

“De lo que ha quedado reseñado se concluye que si bien es cierto que el criterio mayoritario de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo ha sido el de considerar improcedente la acción de tutela contra providencias judiciales, no lo es menos que las distintas secciones que la componen, antes y después del pronunciamiento de 29 de junio de 2004 (exp. AC-10203), han abierto paso a dicha acción constitucional, de manera excepcional, cuando se ha advertido la vulneración de derechos constitucionales fundamentales, de ahí que se modifique tal criterio radical y se admita, como se hace en esta providencia, que debe acometerse el estudio de fondo, cuando se esté en presencia de providencias judiciales que resulten violatorias de tales derechos, observando al efecto los parámetros fijados hasta el momento jurisprudencialmente”.

Posteriormente, el 5 de agosto de 2014, la Sala Plena precisó la procedencia de la acción de tutela contra las sentencias dictadas por el Consejo de Estado(13), al señalar:

“2.1.11. Entonces, en virtud de lo dispuesto en el artículo 86 de la Carta, la acción de tutela sí procede contra las providencias del Consejo de Estado, materializadas en autos y sentencias, en la medida en que la corporación hace parte de una de las ramas del poder público —rama judicial—, conforme con los artículos 113 y 116 de la Constitución y, por tanto, es una autoridad pública.

Aceptar la procedencia de la acción de tutela contra las providencias del Consejo de Estado, no es otra cosa que aceptar la prevalencia de los derechos fundamentales de las personas y, por ende, desarrollar los mandatos constitucionales contenidos en los artículos 1º, 2º, 4º, 6º, 121 y 230 Constitucionales.

2.1.12. No puede perderse de vista que los autos y sentencias que profieren los jueces de las distintas jurisdicciones, incluidos los órganos que se encuentran en la cúspide de la estructura judicial, pueden vulnerar los derechos fundamentales de las personas.

Por lo tanto, es procedente el mecanismo de control previsto en el artículo 86 de la Constitución para su protección, más cuando así se garantiza el cumplimiento de lo dispuesto por los artículos 2º del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, como ya se explicó.

2.1.13. En conclusión, como las providencias que profieren los jueces de las distintas jurisdicciones, entre estas de sus máximos tribunales, artículo 34 de la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia, son una típica actuación de una autoridad pública que pueden eventualmente vulnerar los derechos fundamentales de las personas, la acción de tutela es procedente, de forma excepcional, para garantizar el amparo de esos derechos, lo que no debe confundirse con una tercera instancia para discutir los asuntos debatidos en el proceso ordinario”.

Por su parte, la Corte Constitucional, ya en Sentencia C-590 del 8 de junio de 2005 había considerado la procedencia de esta acción de amparo contra providencias judiciales(14), así:

“38. Se ha dicho también que la tutela contra sentencias vulnera los principios de seguridad jurídica y de autonomía funcional del juez.

A este respecto hay que decir que si bien las acciones judiciales ordinarias constituyen supuestos de reconocimiento y respeto de los derechos fundamentales, de resultar inidóneos e ineficaces, la persona tiene derecho a hacer uso de la acción de tutela como mecanismo subsidiario de protección directamente configurado por el constituyente. Lo contrario implicaría admitir que la democracia constitucional colombiana está concebida de tal manera que una persona a la que se le ha vulnerado un derecho fundamental en una sentencia respecto de la que no existen otros mecanismos ordinarios de protección, está condenada a sobrellevar esa vulneración y con esto se estaría renunciando al efecto vinculante de los derechos fundamentales.

El valor de cosa juzgada de las sentencias y el principio de seguridad jurídica suponen que los fallos son respetuosos de los derechos y ese respeto no se determina a partir de la visión que cada juez tenga de ellos sino del alcance que les fije la Corte Constitucional, pues esta es la habilitada para generar certeza sobre su alcance. Y ello es lógico ya que si algo genera inseguridad jurídica es la promoción de diferentes lecturas de la Carta Política por los jueces y, en particular, sobre el alcance de los derechos fundamentales. Este es precisamente el peligro que se evita mediante la excepcional procedencia de la tutela contra sentencias pues a través de ella se promueven lecturas uniformes sobre el alcance de tales derechos y de la Carta Política como su soporte normativo”.

De acuerdo con lo anterior, una sentencia que se dicta en reemplazo de otra por virtud del cumplimiento de un fallo de tutela no puede señalarse como violatoria del principio de cosa juzgada, pues, evidentemente, la sentencia primigenia perdió todos sus efectos; es más, desapareció del mundo jurídico por el amparo constitucional, dando lugar a un nuevo pronunciamiento que en últimas se convierte en la única sentencia del proceso.

Así las cosas, bajo los argumentos expuestos por el recurrente no puede considerarse configurada la causal 8 del artículo 188 del Código Contencioso Administrativo, pues la sentencia de segunda instancia, proferida el 26 de marzo de 2010 por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, no es contraria a otra anterior con efectos de cosa juzgada entre la Universidad del Valle y la señora Isabel Romero Tenorio, razón por la cual, la Sala declarará que no prospera el recurso extraordinario de revisión.

Por último, la Sala no condenará en costas al recurrente vencido en este proceso debido a que en virtud de lo establecido en el artículo 365, numeral 8º del Código General del Proceso, aplicable al caso por expresa remisión del artículo 171 del Código Contencioso Administrativo, “Sólo habrá lugar a costas cuando en el expediente aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación”, lo cual no ocurre en el sub lite. Además de la conducta de la parte recurrente no se advierte que amerite una condena en tal sentido.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. DECLÁRASE infundado el recurso extraordinario de revisión interpuesto por la Universidad del Valle contra la sentencia del 26 de marzo de 2010, proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca.

2. No hay lugar a condena en costas, por no haberse causado.

En firme esta providencia, devuélvase el expediente a la Sección Quinta de esta Corporación.

Cópiese, notifíquese y cúmplase.

Se deja constancia de que la anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha».

(5) ART. 13.—Distribución de los negocios entre las secciones. Para efectos de repartimiento, los negocios de que conoce la Sala de lo Contencioso Administrativo se distribuirán entre sus secciones atendiendo un criterio de especialización y de volumen de trabajo, así: […] Sección Segunda: […] 3. El recurso extraordinario de revisión contra las sentencias de única instancia dictadas por los tribunales administrativos, en asuntos relacionados con la competencia de esta sección.

(6) Folio 453, cuaderno 2.

(7) Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, C.P. Mauricio Torres Cuervo, exp. 11001-03-15-000-2001-00091-01(REV).

(8) Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala 14 Especial de Decisión, C.P. Danilo Rojas Betancourth, exp. 11001-03-15-000-2007-01433-00 (REV).

(9) Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 30 de diciembre de 2014, rad. 2012-00228-00(REV), C.P. Gustavo Gómez Aranguren.

(10) Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 2 de abril de 2013, exp. 11001-03-15-000-2001-00118-01 (REV), M.P. Gerardo Arenas Monsalve.

(11) Cita original: Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 2 de diciembre de 1994, Rev. 038, C.P. Dolly Pedraza de Arenas.

(12) C.E., Sala Plena, Sent. jul. 31/2012, rad. 2009-01328-01(IJ), C.P. María Elizabeth García González.

(13) C.E., Sala Plena, Sent. ago. 5/2014, rad. 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ), C.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez.

(14) M.P. Jaime Córdoba Triviño.