Sentencia 2002-04024 de marzo 11 de 2010 

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA

SUBSECCIÓN B

Ref.: Expediente 050012331000200204024-01

Número interno: 2439-2008

Consejera Ponente:

Dra. Bertha Lucía Ramírez de Páez

Actor: Antonio José Torres Virgen

Autoridades municipales

Bogotá, D.C., once de marzo de dos mil diez.

EXTRACTOS: «Consideraciones

Problema jurídico

Consiste en determinar si el actor tiene derecho a que el Municipio de Valparaíso (Antioquia), le reconozca y pague las prestaciones que le adeuda como consecuencia del contrato realidad suscrito para el desempeño del cargo de Celador.

Acto acusado

Resolución 68 de 11 de junio de 2002, proferida por la Alcaldesa de Valparaíso (Antioquia), que negó la solicitud del actor respecto al reconocimiento de las prestaciones por haber laborado del 17 de mayo al 31 de diciembre de 1997 como Celador del Liceo Rafael Uribe Uribe (fls. 4-5).

La entidad demandada negó la solicitud con el argumento de que el actor suscribió órdenes de prestación de servicios regidas por la Ley 80 de 1993, sin que ello genere relación laboral.

De lo probado en el proceso

Cargo Inexistente en la planta de personal

La certificación de 9 de junio de 2003, suscrita por la alcaldesa del municipio de Valparaíso (Antioquia), indica que para la vigencia de 1997 no se encontraba creado el cargo de celador para el Liceo Rafael Uribe Uribe, sin que exista vacante alguna (fl. 48).

Vinculación con la entidad demandada

De acuerdo con las órdenes de trabajo obrantes en el plenario, el actor se desempeñó como Celador del Liceo Rafael Uribe Uribe del municipio de Valparaíso (Antioquia), durante el siguiente período y asignación:

Orden de trabajo de 19 de mayo de 1997. Duración 12 días a partir de su legalización. Valor $ 103.203 (fl. 100).

Orden de trabajo de 1 de junio de 1997. Duración 15 días a partir de su legalización. Valor $ 129.004 (fl. 102).

Orden de trabajo de 16 de junio de 1997. Duración 15 días a partir de su legalización. Valor $ 129.004 (fl. 104).

Orden de trabajo de 1º de julio de 1997. Duración 15 días a partir de su legalización. Valor $ 129.004 (fl. 106).

Orden de trabajo de 16 de julio de 1997. Duración 15 días a partir de su legalización. Valor $ 129.004 (fl. 108).

Orden de trabajo de 1º de agosto de 1997. Duración 15 días a partir de su legalización. Valor $ 129.004 (fl. 110).

Orden de trabajo de 16 de agosto de 1997. Duración 15 días a partir de su legalización. Valor $ 129.004 (fl. 112).

Orden de trabajo de 1º de septiembre de 1997. Duración 15 días a partir de su legalización. Valor $ 129.004 (fl. 114).

Orden de trabajo de 16 de septiembre de 1997. Duración 15 días a partir de su legalización. Valor $ 129.004 (fl. 116).

Orden de trabajo de 1º de octubre de 1997. Duración 15 días a partir de su legalización. Valor $ 129.004 (fl. 118).

Orden de trabajo de 16 de octubre de 1997. Duración 15 días a partir de su legalización. Valor $ 129.004 (fl. 120).

Orden de trabajo de 1º de noviembre de 1997. Duración 15 días a partir de su legalización. Valor $ 129.004 (fl. 122).

Orden de trabajo de 16 de noviembre de 1997. Duración 15 días a partir de su legalización. Valor $ 129.004 (fl. 124).

Orden de trabajo de 1º de diciembre de 1997. Duración 15 días a partir de su legalización. Valor $ 129.004 (fl. 126).

Orden de trabajo de 16 de diciembre de 1997. Duración 15 días a partir de su legalización. Valor $ 129.004 (fl. 128).

Jurisprudencia relacionada con el contrato de prestación de servicios

La Corte Constitucional, en Sentencia C-154 de 1.997, con ponencia del doctor Hernando Herrera Vergara, estableció las diferencias entre el contrato de carácter laboral y aquel de prestación de servicios, así:

“b. La autonomía e independencia del contratista desde el punto de vista técnico y científico, constituye el elemento esencial de este contrato. Esto significa que el contratista dispone de un amplio margen de discrecionalidad en cuanto concierne a la ejecución del objeto contractual dentro del plazo fijado y a la realización de la labor, según las estipulaciones acordadas.

Es evidente que por regla general la función pública se presta por parte del personal perteneciente a la entidad oficial correspondiente y solo, excepcionalmente, en los casos previstos, cuando las actividades de la administración no puedan realizarse con personal de planta o requieran de conocimientos especializados, aquellas podrán ser ejercidas a través de la modalidad del contrato de prestación de servicios”.

Lo anterior significa, que el contrato de prestación de servicios puede ser desvirtuado cuando se demuestra la subordinación o dependencia respecto del empleador, evento en el cual surgirá el derecho al pago de prestaciones sociales en favor del contratista, en aplicación del principio de prevalencia de la realidad sobre las formas en las relaciones de trabajo, artículo 53 de la Constitución Política.

La relación de trabajo se encuentra constituida por tres elementos, a saber, la subordinación, prestación personal del servicio y remuneración por el trabajo cumplido.

Es pertinente destacar que el reconocimiento de la existencia de una relación laboral, no implica conferir la condición de empleado público, pues, según lo ha indicado el Consejo de Estado, dicha calidad no se confiere por el sólo hecho de trabajar para el Estado:

“Como ya lo ha expresado la corporación, para acceder a un cargo público se deben cumplir todos y cada uno de los requisitos señalados en la Constitución y en la Ley. La circunstancia de trabajar para el Estado, no confiere la condición de empleado público”(1).

Al respecto, la Sala Plena del Consejo de Estado, en decisión adoptada el 18 de noviembre de 2003, Radicación IJ-0039, Consejero Ponente doctor Nicolás Pájaro Peñaranda, Actora: María Zulay Ramírez Orozco, manifestó:

“6. Es inaceptable el criterio según el cual la labor que se cumple en casos como aquel a que se contrae la litis, consistente en la prestación de servicios bajo la forma contractual, está subordinada al cumplimiento de los reglamentos propios del servicio público por no haber diferencia entre los efectos que se derivan del vínculo contractual con la actividad desplegada por empleados públicos, dado que laboran en la misma entidad, desarrollan la misma actividad, cumplen ordenes, horario y servicio que se presta de manera permanente, personal y subordinada.

Y lo es, en primer término, porque por mandato legal, talconvenciónno tiene otro propósito que el desarrollo de labores “relacionadas con la administración o funcionamiento de la entidad”; lo que significa que la circunstancia de lugar en que se apoya la pretendida identidad de la relación jurídica derivada del contrato (sitio donde se prestó el servicio) con la situación legal y reglamentaria, carece de fundamento válido. Son las necesidades de la administración las que imponen la celebración de contratos de prestación de servicios con personas naturales cuando se presente una de dos razones: a) que la actividad no pueda llevarse a cabo con personal de planta; b) que requiera de conocimientos especializados la labor (art. 32 L. 80/93).

Es inaceptable, además, porque si bien es cierto que la actividad del contratista puede ser igual a la de empleados de planta, no es menos evidente que ello puede deberse a que este personal no alcance para colmar la aspiración del servicio público; situación que hace imperiosa la contratación de personas ajenas a la entidad.

Y si ello es así, resulta obvio que deben someterse a las pautas de ésta y a la forma como en ella se encuentran coordinadas las distintas actividades. Sería absurdo que contratistas encargados del aseo, que deben requerirse con urgencia durante la jornada ordinaria de trabajo de los empleados, laboren como ruedas sueltas y a horas en que no se les necesita. Y lo propio puede afirmarse respecto del servicio de cafetería, cuya prestación no puede adelantarse sino cuando se encuentra presente el personal de planta.

En vez de una subordinación lo que surge es una actividad coordinada con el quehacer diario de la entidad, basada en las cláusulas contractuales”.

En dicho fallo se concluyó lo siguiente:

1. El vínculo contractual que subyace en los contratos de prestación de servicios no es contrario a la ley.

2. No existe identidad de la relación jurídica derivada del contrato (sitio donde se prestó el servicio) con la situación legal y reglamentaria, ya que, entre otras razones, el hecho de trabajar al servicio del Estado no puede en ningún caso conferir el status de empleado público, sujeto a un específico régimen legal y reglamentario.

3. No existe violación del derecho de igualdad por el hecho de la suscripción de los contratos de prestación de servicios, puesto que la situación del empleado público, se estructura por la concurrencia de elementos sin los cuales dicha relación no tiene vida jurídica (C.P., art. 122), es distinta de la que se origina en razón de un contrato de prestación de servicios. Esta última no genera una relación laboral ni prestacional.

4. La situación del empleado público es diferente a la que da lugar al contrato de trabajo, que con la administración sólo tiene ocurrencia cuando se trata de la construcción y mantenimiento de obras públicas.

5. Se hizo énfasis en la relación de coordinación entre contratante y contratista para el caso específico.

Sin embargo y pese a lo anterior, si el interesado vinculado bajo la forma de contrato de prestación de servicios, logra desvirtuar su existencia al demostrar la presencia de la subordinación o dependencia respecto del empleador, prestación personal del servicio y remuneración, tendrá derecho al pago de prestaciones sociales en aplicación del principio de prevalencia de la realidad sobre las formas en las relaciones de trabajo (C.P., art. 53).

Tal posición ha sido adoptada por la Sala en los siguientes términos(2):

“De acuerdo con lo anterior, en un plano teórico y general, cuando existe un contrato de prestación de servicios entre una persona y una entidad pública y se demuestra la existencia de los tres elementos propios de toda relación de trabajo, esto es, subordinación, prestación personal y remuneración, surge el derecho a que sea reconocida una relación de trabajo que, en consecuencia, confiere al trabajador las prerrogativas de orden prestacional.

(...).

De acuerdo con las pruebas que obran en el proceso, la demandante estuvo vinculada mediante contratos de prestación de servicios u órdenes de servicios durante los periodos que se encuentran señalados en el acápite de hechos probados.

La Sala reconocerá la existencia de una relación laboral por la existencia de una relación de subordinación entre la entidad contratante y la contratista, según se desprende de las cláusulas que a continuación se transcriben, además del ejercicio por parte de ésta de labores propias de un funcionario público:

(...).

Las estipulaciones anteriores permiten concluir que cuando la demandante desarrolló su actividad bajo la figura de contratos u órdenes de prestación de servicios lo hizo para cumplir una relación de tipo laboral, pues el cumplimiento de labores encomendadas se llevó a efecto en desarrollo de instrucciones impartidas por sus superiores y debía reportar a estos el desarrollo de la actividad”.

Ahora bien, es necesario aclarar que la relación de coordinación de actividades entre contratante y contratista, implica que el segundo se somete a las condiciones necesarias para el desarrollo eficiente de la actividad encomendada, lo cual incluye el cumplimiento de un horario, o el hecho de recibir una serie de instrucciones de sus superiores, o tener que reportar informes sobre sus resultados, sin que signifique necesariamente la configuración de un elemento de subordinación.

Cambio jurisprudencial

En reciente sentencia de la Sección Segunda del Consejo de Estado, modificó la tesis que se venía acogiendo respecto del reconocimiento a título de indemnización de las prestaciones ordinarias que devenga un empleado público en igualdad de condiciones, cuando se demuestra la existencia del contrato realidad.

En dicha providencia(3) se indicó que si bien el contratista que desvirtúa su situación no se convierte automáticamente en empleado público, ello no restringe la posibilidad de que precisamente luego de probar la subordinación se acceda a la reparación del daño, aclarando que el título no sería consistente con el restablecimiento del derecho entendido como la restitución de la situación al estado anterior (v. gr. reintegro y pago de los emolumentos dejados de percibir) pues al ser inexistente el empleo en la planta de personal se imposibilita ordenar tal condena, empero sí, el pago de la totalidad de las prestaciones sociales que nunca fueron sufragadas liquidada con base en los honorarios pactados en el contrato.

Asimismo, se varió la posición para indicar que si se logra desvirtuar el contrato de prestación de servicios, y se acepta la existencia de una verdadera relación laboral es apenas lógico que produzca plenos efectos, ello es, que el tiempo laborado sea útil para el reconocimiento de la pensión de jubilación, así como la seguridad social (salud), caja de compensación y subsidio familiar, aspectos éstos que no requieren de petición específica, pues constituyen una consecuencia obligada de la declaración de la existencia de tal relación(4).

Caso concreto

De las pruebas que fueron arrimadas al plenario para determinar la existencia de una relación laboral entre el actor y el municipio de Valparaíso (Antioquia), se destacan las órdenes de trabajo indicadas anteriormente, cuyo objeto contractual fue “prestar al Municipio, los servicios como Celador en el Liceo Rafael Uribe Uribe” pactándose expresamente que “de conformidad con la Ley 80 de 1993, artículo 39, este tipo de vinculación no requiere de contrato escrito y, con lo dispuesto en el artículo 1º, inciso 3º de Decreto 1732 de 1960, no se considera como empleado del Municipio, sino que se encuentra en la calidad de contratista independiente. En consecuencia, el municipio no adquiere ningún vínculo de carácter laboral, ni tiene derecho a prestaciones sociales”.

Para desvirtuar lo anterior, es necesario analizar los tres elementos existentes en la relación laboral, o sea como ya se indicó, prestación personal del servicio, remuneración y subordinación.

Sobre el primero y segundo, (prestación personal del servicio y remuneración), la Sala dirá que en efecto se presentaron, pues de las órdenes de trabajo se concluye que el servicio fue prestado y pagado exclusivamente a la parte actora, como se desprende de las órdenes de pago debidamente discriminadas a folios 99 a 128 del plenario.

Ahora bien, para demostrar los hechos de la presente acción, el actor solicitó la práctica de varias testimoniales que afirmaron lo siguiente:

Luis Carlos Cardona Quintero (fl. 68), 43 años, se desempeñó como celador del Liceo Rafael Uribe Uribe del municipio de Valparaíso (Antioquia), indicó que el actor fue compañero suyo “... unos siete u ocho meses...”. Sobre el horario dijo que “era de dos de la tarde a diez de la noche...”, respecto a la Jefe inmediata manifestó que “... era la Rectora del Liceo Rafael Uribe Uribe, señora Lubeida Ríos”. En cuanto a la remuneración dijo el testigo que “Teniendo en cuenta que el señor don Antonio estaba por cuenta del municipio y yo por cuenta del departamento, el salario era diferente, en ese entonces ganaba dos salarios mínimos, pero cuál sería el salario de Antonio, el Municipio siempre ha pagado menos que el Departamento”. Respecto a si se percató de una orden en específico dijo: “no, la única función era la de celador, ya si uno quería colaborar con algo era cuestión de nosotros”.

Blanca Nubia Castro Rincón (fl. 69 vto.), 48 años, empleada del departamento de Antioquia en el cargo de aseadora, vecina del demandante, contestó a la pregunta de si sabía quién le daba órdenes al demandante que “la coordinadora era la rectora quien le daba las órdenes verbalmente... que consistían en cumplir un horario de dos a diez de la noche, también como recibía a las dos de la tarde él colaboraba regando las matas, barriendo la avenida y botando las canes (sic) de basura, pero esto lo hacía dentro del horario de dos a diez”.

Horacio de Jesús Arenas Cano (fl. 75), 49 años, bachiller, respecto a la subordinación manifestó “... el estuvo allá en un horario de dos de la tarde a diez de la noche, él acataba las directrices y ordenes que le daba el rector o rectora de ese tiempo no recuerdo, básicamente esto es lo que tengo que decir...”.

Analizadas las testimoniales anteriores, encuentra esta instancia que advierten uniformidad en cuanto al lugar y jornada que el actor cumplía durante la prestación de sus servicios, así como descripciones someras sobre el elemento de subordinación de la relación laboral.

Empero dichos testimonios, por sí solos, no llevan al convencimiento de la subordinación que el actor tenía dentro de su relación laboral, por cuanto dicho elemento se concreta al interior de la Institución, en la interacción cotidiana con los compañeros de trabajo y el jefe jerárquico.

Si bien es cierto que dentro del plenario no existen pruebas documentales ni testimoniales que demuestren claramente el elemento de subordinación, v. gr., llamados de atención, memorandos, sanciones, felicitaciones, investigaciones disciplinarias etcétera, que permitan afirmar que dependía del superior jerárquico recibiendo órdenes continuas y realmente subordinadas, también lo es, que tal elemento debe ser apreciado con el conjunto de las pruebas obrantes como uno de los indicios que contribuyen a la convicción del juez sobre la situación fáctica materia de conocimiento.

Es así, como al encontrarse plenamente establecida la función de vigilancia del actor, como se desprende de cada una de las órdenes de servicio, no puede dejarse a un lado lo que reiteradamente a dicho la Sala respecto de la subordinación de esta labor, con el siguiente tenor literal:

“(...) La función de celador subsiste y puede subsistir bajo una relación legal y reglamentaria y por ello puede derivarse el reconocimiento de la existencia de una relación laboral.

La labor de vigilancia no puede considerarse prestada de forma autónoma pues el celador no puede decidir en qué lugares presta el servicio ni en qué horario. Es más ni siquiera puede ausentarse del trabajo sin causa previa y debidamente justificada pues pondría en riesgo los bienes confiados a su cuidado, en otras palabras, existe una relación de subordinación.

De acuerdo con los razonamientos precedentes la Sala concluye que en el asunto conciliado puede haber una relación de carácter laboral durante el tiempo en que el demandante se desempeñó como vigilante de las instalaciones del colegio Francisco de Paula Santander del Municipio de Duitama (...)” (negrilla fuera del texto)(5).

En el caso de autos, según obra en el plenario, se suscribieron con el demandante órdenes de trabajo dada la imposibilidad de suplirlos con personal de planta. No se trató, entonces, de una relación o vínculo de tipo esporádico u ocasional sino de una verdadera relación de trabajo que, por ello, requirió de la continuidad durante alrededor de 7 meses, constituyéndose en un indicio claro de que bajo la figura del contrato de prestación de servicios se dio en realidad una relación de tipo laboral.

Si bien es cierto que la administración estaba facultada para celebrar los contratos de prestación de servicio con el actor, según lo estipulado en el artículo 32 de la Ley 80 de 1993, y el cambio Jurisprudencial que sobre la materia incluyó la sentencia de Sala Plena de esta Corporación, adoptada el 18 de noviembre de 2003, Radicación IJ-0039, Consejero Ponente doctor Nicolás Pájaro Peñaranda, actora: María Zulay Ramírez Orozco, también lo es que la citada sentencia indicó que el trabajo desempeñado por determinados contratistas no se podría considerar como generador de una relación laboral, por cuanto en el mismo se presentaban relaciones de coordinación, más no de subordinación, con el siguiente tenor literal:

“Es inaceptable, además, porque si bien es cierto que la actividad del contratista puede ser igual a la de empleados de planta, no es menos evidente que ello puede deberse a que este personal no alcance para colmar la aspiración del servicio público; situación que hace imperiosa la contratación de personas ajenas a la entidad. Y si ello es así, resulta obvio que deben someterse a las pautas de ésta y a la forma como en ella se encuentran coordinadas las distintas actividades. Sería absurdo que contratistas encargados del aseo, que deben requerirse con urgencia durante la jornada ordinaria de trabajo de los empleados, laboren como ruedas sueltas y a horas en que no se les necesita. Y lo propio puede afirmarse respecto del servicio de cafetería, cuya prestación no puede adelantarse sino cuando se encuentra presente el personal de planta. En vez de una subordinación lo que surge es una actividad coordinada con el quehacer diario de la entidad, basada en las cláusulas contractuales”.

Sin embargo, el presente caso se diferencia de las razones y situaciones expuestas en la sentencia de Sala Plena, en la medida en que entre el actor y la entidad demandada no hubo relación de coordinación, pues aquel cumplió su actividad de manera subordinada conforme se ha expuesto anteriormente, sin un mínimo de independencia sobre la actividad desarrollada, llevándose a efecto de conformidad con las orientaciones emanadas por su superior y no de otra forma o bajo su propia dirección y gobierno(6).

Por las razones expuestas, se revocará la decisión impugnada, que negó las pretensiones de la demanda, en consideración a la demostración de los elementos de subordinación, remuneración y prestación personal del servicio del demandante con el municipio de Valparaíso (Antioquia).

Al liquidar las sumas dinerarias en favor del demandante, los valores serán ajustados en los términos del artículo 178 del Código Contencioso Administrativo, utilizando la siguiente fórmula:

R= Rh X Indice final

           Indice inicial

Según la cual el valor presente (R) se determina multiplicando el valor histórico (Rh), que es el que corresponde a la prestación social, por el guarismo que resulta de dividir el índice final de precios al consumidor certificado por el DANE (vigente a la fecha de ejecutoria esta sentencia) por el índice inicial (vigente para la fecha en que debería efectuarse el pago). Los intereses serán reconocidos en la forma señalada en el último inciso del artículo 177 del Código Contencioso Administrativo, adicionado por el artículo 60 de la Ley 446 de 1998.

Por tratarse de pagos de tracto sucesivo la fórmula se aplicará separadamente, mes por mes, para cada valor prestacional.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección “B”, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley,

FALLA:

REVÓCASE la sentencia de 2 de julio de 2008, proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia, que negó las pretensiones de la demanda dentro del proceso promovido por Antonio José Torres Virgen contra el municipio de Valparaíso (Antioquia).

En su lugar,

DECLÁRASE la nulidad de la Resolución 068 de 11 de junio de 2002, proferida por la Alcaldesa de Valparaíso (Antioquia), que negó la solicitud del actor respecto al reconocimiento de las prestaciones por haber laborado del 17 de mayo al 31 de diciembre de 1997 como celador del Liceo Rafael Uribe Uribe.

CONDÉNASE al Municipio de Valparaíso a pagar al actor, a título de reparación del daño, el valor equivalente a las prestaciones sociales comunes devengadas por los empleados vinculados a dicha entidad, durante el periodo que prestó sus servicios, liquidadas conforme al valor pactado en el contrato de prestación de servicios, sumas que serán ajustadas conforme quedó expuesto en la motiva de la presente providencia.

CONDÉNASE a la entidad demandada a pagar al demandante a título de reparación del daño, los porcentajes de cotización correspondientes a pensión y salud que debió trasladar a los fondos correspondientes durante el periodo acreditado que prestó sus servicios, dichas sumas serán ajustadas conforme quedó expuesto.

DECLÁRASE que el tiempo laborado por el señor Antonio José Torres Virgen, bajo la modalidad de ordenes de trabajo, se debe computar para efectos pensionales.

CONDÉNASE al municipio de Valparaíso (Antioquia) a pagar a la actora a título de indemnización, las cotizaciones de caja de compensación durante el periodo acreditado que prestó sus servicios conforme a la parte motiva, dichas sumas igualmente serán ajustadas conforme quedó descrito.

NIÉGANSE las demás pretensiones de la demanda.

ACÉPTASE la renuncia presentada por la doctora Marcela Tamayo Arango al poder conferido por la entidad demandada. En cumplimiento del inciso 4º del artículo 69 del Código de Procedimiento Civil, infórmese a la parte interesada, mediante telegrama, la manifestación hecha por su apoderada judicial (fl. 178).

La presente sentencia se cumplirá con arreglo a lo dispuesto por los artículos 176 a 178 del Código Contencioso Administrativo.

Cópiese, notifíquese y devuélvase el expediente al tribunal de origen. Cúmplase.

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en la presente sesión».

(1) Sentencia del 25 de enero de 2001, expediente No. 1654-2000, Magistrado Ponente Nicolás Pájaro Peñaranda

(2) Expedientes 0245 y 2161 de 2005, M.P. Jesús María Lemos Bustamante.

(3) Sentencia de 19 de febrero de 2009, M.P. Bertha Lucía Ramírez de Páez, Expediente 2005-3074, actora Ana Reinalda Triana Viuchi.

(4) El Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, había ordenado el reconocimiento de estos efectos, en sentencia del 17 de abril de 2008, Radicación 54001-23-31-000-2000-00020-01(2776-05), Actor: José Nelson Sandoval Cárdenas, demandado: Instituto Financiero para el Desarrollo de Norte de Santander - Ifinorte, M.P. Jaime Moreno García.

(5) M.P. Jesús María Lemos Bustamante, auto de 3 de mayo de 2007, Expediente 4583-2004, actor Martín Gallo Gallo.

(6) Esta posición ha sido sostenida por esta Sección en sentencia del 24 de noviembre de 2005, Expediente 760012331000200105512-01, Referencia 4058-2004, demandante: Edinson Sánchez Castro.