Sentencia 2002-04061/39313 de abril 26 de 2018

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN A

Consejera ponente:

Dra. María Adriana Marín

Bogotá D.C., veintiséis de abril de dos mil dieciocho.

Rad. 050012-33-10-000-2002-04061-01(39313)

Actor: Virgilio de Jesús Ríos Parra y otros.

Demandado: Nación - Ministerio de Defensa - Policía y Ejército Nacional

Referencia: Acción de reparación directa.

EXTRACTOS: «II. Consideraciones

1. Competencia.

La Sala es competente para conocer del presente asunto en segunda instancia, en razón del recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra la sentencia proferida el 5 de marzo de 2010 por el Tribunal Administrativo de Antioquia, dado que la demanda se presentó el 2 de octubre de 2002 y la sumatoria de sus pretensiones superan el monto exigido en el artículo 3º de la Ley 1395 de 2010 (500 SMLMV equivalentes a $ 154’500.000), para que un proceso adelantado en ejercicio de la acción de reparación directa tuviera vocación de doble instancia ante esta corporación para aquella época(1).

2. Caducidad de la acción.

En cuanto a la oportunidad para formular la presente acción indemnizatoria, advierte la Sala que la acción se ejerció dentro de los dos años que establece el numeral 8 del artículo 136 del C.C.A. (modificado por el art. 44 de la Ley 446 de 1998), toda vez que el daño por cuya indemnización reclaman los actores, esto es, la destrucción de un establecimiento comercial de propiedad del señor Virgilio de Jesús Parra Ríos, acaeció entre el 6 y el 7 de diciembre de 2000 en el municipio de Granada, Antioquia, razón por la cual, por haberse interpuesto la demanda el 2 de octubre de 2002, se impone concluir que se formuló oportunamente.

3. Legitimación en la causa.

Con ocasión del daño que originó la presente acción antes referido, concurrió al proceso el señor Virgilio de Jesús Ríos Parra, como propietario del establecimiento comercial denominado “Variedades La 23”.

En relación con la prueba de la propiedad de establecimientos de comercio, debe decirse que esta sección del Consejo de Estado ha sostenido(2) que el certificado de las cámaras de comercio sobre la propiedad de estos, si bien constituye un documento idóneo para acreditar tal circunstancia, lo cierto es que no es la única forma con la que puede demostrarse su titularidad, toda vez que en el sistema colombiano no existe tarifa probatoria, sino que hay libertad de aporte y apreciación de pruebas para ese tipo de eventos.

Precisado lo anterior y una vez revisado el expediente, encuentra la Sala que dentro del proceso obran certificaciones expedidas el 11 de febrero de 2001 por la alcaldía municipal de Granada, Antioquia, y por el inspector de Policía de ese municipio, así como una constancia expedida el 16 de abril de 2001 por la tesorería municipal, en los cuales se hizo constar que el señor Virgilio de Jesús Ríos Parra, para la fecha de los hechos —6 y 7 de diciembre de 2000—, era el propietario del establecimiento comercial denominado “Variedades La 23”, por lo que, concluye la Sala, dicha persona se encuentra legitimada en la causa por activa para actuar en el presente asunto (fls. 34 a 35 y 40 a 41, c. 1).

De otra parte, concurrieron al proceso los señores María Elsy Parra Naranjo, Juan Fernando Ríos Parra, Simón Pedro Ríos Hincapié, María Clotilde de Parra Sánchez, Clara Rosa Naranjo Hernández, Alincer de Jesús, Ana de Dios, Martha Nelly Ríos Parra, Leonila, Javier, Francisco Luis, Albeiro de Jesús, Inés Enid y Raúl de Jesús Parra Naranjo, quienes a partir de los respectivos registros civiles de nacimiento aportados al proceso, acreditaron su condición de cónyuge (fl. 19, c. 1 ), hijos, padres y hermanos del principal afectado, señor Virgilio de Jesús Ríos Parra (fls. 7 a 13, c. 1), así como de los padres y hermanos de su cónyuge (fls. 14 a 18, c. 1), motivo por el cual tales demandantes se encuentran legitimados en la causa por activa en el presente asunto.

En cuanto a la legitimación por pasiva, se tiene que la demanda se presentó en contra de la Nación-Ministerio de Defensa-Policía y Ejército Nacional, la cual tiene interés en controvertir las pretensiones de la demanda en los términos del artículo 90 de la Constitución Política, dado que sobre ésta repercutirían las eventuales consecuencias patrimoniales derivadas del supuesto daño antijurídico al que se refiere el libelo.

Adicionalmente, cabe señalar que a pesar de que el Ministerio de Defensa-Ejército Nacional fue la entidad que propuso el recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia, lo cierto es que los efectos de dicha impugnación resultan extensivos también al Ministerio de Defensa-Policía Nacional, dado que se trata de la misma persona jurídica (Nación) y de la misma cartera ministerial, de manera que ha de concluirse que la Policía Nacional se encuentra debidamente legitimada y representada en el presente proceso.

4. Alcance de la apelación formulada por la parte demandada.

Como se dejó indicado en los antecedentes, el tribunal de primera instancia en la sentencia impugnada no realizó pronunciamiento alguno en relación con la eventual responsabilidad que le pudiera ser atribuida a la administración demandada como consecuencia del desplazamiento forzado que habrían sufrido los demandantes a raíz de la incursión subversiva perpetrada el 6 y 7 de diciembre de 2000 en el municipio de Granada, Antioquia.

Adicionalmente, se advierte que la parte demandada nada dijo en relación con ese punto, en el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia de primera instancia, así como tampoco la parte actora formuló impugnación alguna sobre ese aspecto, razón por la cual, la Sala carece de competencia para pronunciarse sobre este punto del litigio.

5. Problema jurídico.

La Sala examinará si con ocasión de la incursión subversiva perpetrada en el municipio de Granada, Antioquia, el 6 y 7 de diciembre de 2000, se encuentra acreditada la responsabilidad patrimonial del Estado con fundamento en alguno de los títulos de imputación aceptados por la jurisprudencia del Consejo de Estado en este tipo de eventos.

6. Análisis de la Sala.

6.1. El daño.

De conformidad con las pruebas allegadas al proceso, se encuentra plenamente acreditado el daño antijurídico sufrido por el señor Virgilio de Jesús Ríos Parra, en tanto la destrucción del establecimiento comercial de su propiedad, como consecuencia de la confrontación que se presentó entre el 6 y el 7 de diciembre de 2000, entre un grupo de subversivos y la fuerza pública en el municipio de Granada, Antioquia, supone una afectación patrimonial, el cual se encuentra amparado por el ordenamiento jurídico.

Así pues, mediante certificación expedida el 11 de febrero de 2001, el inspector de policía del municipio de Granada, Antioquia, hizo constar que “en la toma guerrillera llevada a cabo en este municipio el día 6 de diciembre de 2000, el establecimiento de propiedad del señor Virgilio de Jesús Ríos Parra, con C.C. (…), fue destruido totalmente con la pérdida total de su mercancía, la cual estaba situada en la carrera 23 Nº 22-23”(3).

En ese mismo sentido, el coordinador del proyecto de reconstrucción del municipio de Granada, en certificación emitida el 11 de febrero de 2001, hizo constar que “el señor Virgilio de Jesús Ríos Parra, con C.C. (…), es propietario de la cacharrería ‘La 23’ ubicada en la avenida 23 de la cabecera municipal de este municipio, la cual resultó completamente destruida en su estructura física y con pérdida total de la mercancía, como consecuencia del atentado terrorista del 6 de diciembre del 2006(4)”.

6.2. La imputación.

Ahora bien, establecida la existencia del daño antijurídico, aborda la Sala el análisis de la imputación con el fin de determinar si en el caso concreto dicho daño material le puede ser atribuido a la demandada y, por lo tanto, si ésta se encuentran en el deber jurídico de resarcir los perjuicios que se derivan del mismo y, en consecuencia, si la sentencia apelada debe ser revocada o confirmada.

Según se indicó, el tribunal de primera instancia declaró la responsabilidad de la demandada, por cuanto, de un lado, se habría incurrido en una falla del servicio de seguridad y protección frente a la población atacada y, por otro lado, por la configuración de un riesgo excepcional, dado que el ataque subversivo estuvo dirigido en contra de la estación de policía del referido municipio y afectó a los inmuebles aledaños, circunstancia que significó el quebrantamiento del principio de igualdad frente a las cargas públicas en perjuicio de los actores.

Ahora bien, en relación con las circunstancias en las que se produjo dicho hecho dañoso, obra en el proceso el informe del 20 de octubre de 2004, realizado por el Asesor Jurídico del Departamento de Policía de Antioquia, en la cual manifestó lo siguiente:

Día 061200. Siendo las 11:30 horas aproximadamente incursionó un grupo aproximado de 800 subversivos integrantes de los frentes 9, 34, 47 de las FARC y una comisión de la zona de distensión, incursionaron al municipio de Granada, los que iniciaron la toma con un carro bomba el cual dejaron rodar hasta llegar aproximadamente 60 metros a las instalaciones del comando, destruyéndolo en su totalidad y a las viviendas circunvecinas, a la vez que atacaron con toda clase de armamento, entre ellos, fusiles, rockets, granadas de 40 m.m., granadas de fragmentación y explosivos no convencionales (pipetas de gas y dinamita), destruyendo aproximadamente 200 viviendas y 120 averiadas; al igual que ocasionaron la muerte de un número indeterminado de personas y la desaparición de otros habitantes.

El personal de la estación se encontraba en diferentes partes de la población, montando un dispositivo de seguridad debido a la situación que allí se vivía, quienes reaccionaron oportunamente y mantuvieron contacto armado permanente hasta las 6:00 horas del día 071200. De acuerdo con las informaciones el personal policial logró dar de baja y lesionar a un número indeterminado de guerrilleros.

Siendo las 6:00 horas los subversivos se estaban replegando y alejando de la población y en momentos en que el personal del Ejército se dirigía en apoyo a los policiales, sostuvieron enfrentamientos y de acuerdo a las informaciones existen siete (7) subversivos dados de baja.

La estación contaba con un pie de fuerza de 0-3-22 y un personal del grupo de unidad de reacción y apoyo de 1-2-22, los cuales el comando del departamento envió de refuerzo, después del 031100 cuando incursionaron las autodefensas y hostigaron el comando de policía en donde asesinaron a 17 personas, igualmente debido a los constantes hostigamientos de los que estaba siendo objeto la Unidad por parte de los grupos subversivos del ELN y FARC.

Una vez se tuvo conocimiento de la incursión subversiva, el comando del departamento ordenó el desplazamiento de 9-16-125 para apoyar al personal que estaba siendo atacado, ubicando el puesto de mando en la estación Marinilla.

Como resultado fueron asesinados los siguientes policiales: IT Blandón Escobar Alirio Adolfo comandante entrante de la estación (…), asimismo fueron asesinados 14 civiles: (…), finalmente fueron lesionados 20 civiles(5)”.

— El 12 de diciembre de 2000, el alcalde municipal de Granada, Antioquia, presentó un informe sobre la incursión guerrillera del 6 y 7 de diciembre de ese mismo año, en los siguientes términos:

Pérdidas materiales: predios totalmente destruidos 206 de los cuales 82 son locales comerciales, predios parcialmente destruidos 107.

Total pérdidas parciales en edificaciones y mercancías: $ 5’000.000. Familias damnificadas y detectadas hasta la fecha 400.

El número de muertos asciende a 20, dentro de los cuales 5 son agentes de policía y 24 heridos, 10 de ellos también agentes de policía. (…)(6)”.

— Mediante certificación expedida el 6 de junio de 2006, la subdirectora de atención a víctimas de la violencia de acción social de la Presidencia de la República, hizo constar que esa entidad otorgó una ayuda humanitaria a 348 familias víctimas de la incursión guerrillera llevada a cabo el 6 y 7 de diciembre de 2000, las cuales recibieron una auxilio económico de $ 520.000 por familia afectada.

En ese mismo informe se dejó constancia de que “entre estas personas se entregó ayuda humanitaria por pérdida de bienes al señor Virgilio de Jesús Ríos Parra, con C.C. (…), por valor de $ 520.000”(7).

— Obra también el testimonio rendido ante el tribunal a quo por el señor Luis Alberto Rojas (fls. 175 a 176, c. 1), quien era habitante del municipio y vecino del señor Ríos Parra y, al ser interrogado sobre la incursión subversiva a la que alude la presente demanda, señaló:

Eso fue el 6 de diciembre de 2000, ese día yo sentí una explosión estando en la bomba, muy fuerte y pensé que volaron el comando de policía, inmediatamente sentí disparos por varios sitios alrededor y observé que subían hombres armados con letreros de las FARC, muy disimuladamente tomé la acera y me dirigí al hogar campesino, los disparos no cesaban y más luego seguían explosiones, había también un helicóptero que daba vueltas, tiraba bombas y hacían rafagasos (sic). (…). Desde antes del negocio La 23 de Virgilio Ríos, hasta la parte del comando por la variante fue destruido por el carro bomba (…).

— En el mismo sentido al anterior testigo, obran las declaraciones de los señores Julio Pio Duque López, María Eugenia Salazar Montes, Omar Albeiro Yepes Gómez y Gustavo Antonio Salazar Zuluaga (fls. 176 a 190, c. 1), quienes aseguraron que también eran habitantes del municipio afectado, que conocían al señor Ríos Parra y presenciaron los hechos señalados en la demanda. Tales deponentes coincidieron en manifestar que entre los días 6 y 7 de diciembre de 2000, el municipio de Granada, Antioquia, sufrió un ataque armado por parte de miembros de las FARC, los cuales accionaron un carro-bomba en contra de la estación de policía de ese municipio y que, posteriormente, se produjo un enfrentamiento entre la Policía Nacional, el Ejército Nacional y miembros de ese grupo guerrillero, hechos en los cuales se produjo la muerte de varios civiles y miembros de la fuerza pública y se causaron lesiones a otros, al tiempo que se ocasionó la pérdida total de los inmuebles aledaños a la referida estación de policía, entre los cuales se encontraba el establecimiento comercial de propiedad del señor Virgilio de Jesús Ríos Parra.

— Finalmente, a folios 20 a 32 del cuaderno 1, obran varios recortes de prensa (periódico El Colombiano)(8) correspondientes a los días 8 a 12 de diciembre de 2000, en los cuales se informó sobre el ataque guerrillero perpetrado contra el municipio de Granada, los días 6 y 7 de diciembre de esa misma anualidad, hecho que dejó como resultado varios policías y civiles muertos y otros más lesionados, al igual que la pérdida total de algunos inmuebles.

Con fundamento en las pruebas relacionadas anteriormente, se tiene acreditado que entre el 6 y el 7 de diciembre de 2000, aproximadamente 800 miembros de las FARC irrumpieron en el municipio de Granada, utilizando para ello un carro-bomba, varios explosivos y armamento de largo alcance contra la estación de policía, hecho que fue repelido por miembros del Ejército Nacional y de la Policía Nacional, produciéndose en el intercambio de fuego la muerte de varios miembros de la fuerza pública y de civiles, y la destrucción de varios inmuebles, entre ellos, el establecimiento comercial del señor Virgilio de Jesús Ríos Parra.

No obstante lo anterior, para el caso sub examine, advierte la Sala que el material probatorio relacionado anteriormente no resulta suficiente para acreditar y/o estructurar la responsabilidad deprecada a título de falla en el servicio, comoquiera que, para ello, debe contarse con los elementos de prueba mínimos que permitan entender que la fuerza pública actuó de manera defectuosa —por acción u omisión—, en el cumplimiento de sus funciones, aspectos éstos que en el presente caso no fueron demostrados.

Ciertamente, esta Sección del Consejo de Estado ha precisado que la falla del servicio o la falta en la prestación del mismo se configura por retardo, por irregularidad, por ineficiencia, por omisión o por ausencia del mismo. En ese sentido ha señalado que se le exige al Estado la utilización adecuada de todos los medios de que está provisto, en orden a cumplir el cometido constitucional en el caso concreto; si el daño se produce por su incuria en el empleo de tales medios, surgirá su obligación resarcitoria; por el contrario, si el daño ocurre pese a su diligencia no podrá quedar comprometida su responsabilidad(9).

Para el caso que ocupa la atención de la Sala, a pesar de la dificultad de encuadrar la responsabilidad bajo el título mencionado, ello no impide a la Sala analizar el presente asunto bajo otras ópticas, como la del riesgo excepcional, pues ciertamente se encuentra acreditado que el daño por el cual se reclama tuvo lugar en medio de un enfrentamiento armado entre las fuerzas del orden y un grupo de subversivos en el marco del conflicto armado interno que ha venido soportando el Estado colombiano de tiempo atrás, por lo que, a la luz de las circunstancias establecidas con el material probatorio allegado al presente proceso, la Sala considera que es posible determinar la existencia de la responsabilidad patrimonial del Estado, en este caso concreto, como se dijo, a título de riesgo excepcional.

La Sección Tercera ha considerado este título de imputación como fundamento de la responsabilidad estatal por los actos violentos perpetrados por terceros, bajo la consideración de que el ataque esté dirigido contra instalaciones oficiales, tales como estaciones de policía, cuarteles del Ejército Nacional —incluso si la fuerza pública reacciona o no violentamente para repeler el acto(10)—, centros de comunicaciones al servicio del Estado, oficinas estatales, o también contra personajes representativos del Estado, bajo la consideración de que la presencia o ubicación de aquellos blancos en medio de la población civil los convierte en objetivos militares de los grupos armados al margen de la ley en el contexto del conflicto armado o en objetivos de ataque cuando se vive una situación de exacerbada violencia como lo son los estados de tensión o disturbios internos, lo cual pone a los administrados en una situación de riesgo potencial de sufrir daños colaterales por la misma situación desentrañada por la violencia(11).

De este modo, se infiere que el Estado no podrá exonerarse de responsabilidad bajo el argumento del cumplimiento a su deber de diligencia, pues a la luz de este título de imputación, esta causal exonerativa de responsabilidad resulta inane. En ese orden, para el surgimiento de la responsabilidad patrimonial del Estado(12) se requiere de la realización de un riesgo excepcional, cuya única manera de exoneración opera cuando media una causa extraña imprevisible e irresistible como lo es la fuerza mayor o el hecho exclusivo y determinante de la víctima.

Para el caso sub examine, acreditado como está que la destrucción del establecimiento de comercio de propiedad del señor Virgilio de Jesús Ríos Parra, fue causada en momentos en que se presentaba una confrontación entre las fuerzas del orden y un grupo de subversivos, la Sala encuentra en este caso que resulta irrelevante determinar la autoría del causante del daño o precisar cuál fue el arma o instrumento con que se causó para imputar responsabilidad al Estado, toda vez que su declaratoria en estos precisos eventos solo exige que el daño se produzca en el marco de un enfrentamiento armado en el que estén involucradas fuerzas estatales, aspecto que, al estar suficientemente probado en el proceso, impone a la Sala la necesidad de declarar la existencia de responsabilidad en cabeza de la administración pública demandada.

Se precisa que en la jurisprudencia de la corporación, se ha fundado la responsabilidad patrimonial del Estado, en eventos similares a los que ahora se decide, en el régimen de responsabilidad objetivo por daño especial, tal como se relató en la sentencia proferida por la Sala Plena de la Sección Tercera el 20 de junio de 2017(13). Respecto de los requisitos para la procedencia del título de imputación de daño especial, esta Sección del Consejo de Estado ha precisado lo siguiente:

A manera de síntesis, para que pueda hablarse de responsabilidad administrativa por daño especial, es indispensable la concurrencia de los siguientes requisitos tipificadores de la figura, a saber:

a) Que se desarrolle una actividad legítima de la administración;

b) La actividad debe tener como consecuencia el menoscabo del derecho de una persona;

c) El menoscabo del derecho debe tener origen en el rompimiento del principio de la igualdad frente a la ley y a las cargas públicas;

d) El rompimiento de esa igualdad debe causar un daño grave y especial, en cuanto recae sólo sobre alguno o algunos de los administrados;

e) Debe existir un nexo causal entre la actividad legítima de la administración y el daño causado; y

f) El caso concreto no puede ser susceptible de ser encasillado dentro de otro, de los regímenes de responsabilidad de la administración.

Se trata, entonces, de una responsabilidad objetiva dentro de la cual demostrado el hecho, el daño y la relación de causalidad entre uno y otro se produce la condena, teniendo en cuenta (...) que se presenten los demás elementos tipificadores de este especial régimen(14) (negrillas adicionales).

Así las cosas, se tiene que para la aplicación del título de daño especial, se requiere la intervención positiva, legítima y lícita de la entidad estatal, a fin de que sea viable el resarcimiento solicitado, es decir, se debe establecer que el daño proviene de una acción positiva y lícita estatal(15); a contrario sensu, de no existir tal actuación estatal, se excluiría de uno de los elementos estructurantes de la responsabilidad como lo es la imputación.

En conclusión, los casos en los que se dilucida la declaratoria de responsabilidad estatal por daños ocasionados por actos violentos perpetrados por un tercero, en los que no se acredita una falla del servicio por infracción a un deber jurídico interno o internacional, pueden, según sus particularidades, ser examinados a la luz del título de imputación objetivo de riesgo excepcional, bajo la condición de que el acto violento proveniente del tercero esté dirigido en contra de un integrante o institución estatal, esto es, personas o entidades que representen al Estado(16).

Con fundamento en las anteriores consideraciones expuestas, la Sala confirmará la sentencia apelada, esto es, la proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia el 5 de marzo de 2010, en cuanto declaró la responsabilidad de la Nación-Ministerio de Defensa-Ejército y Policía Nacional, por los hechos materia de este asunto y procederá a estudiar la liquidación de perjuicios realizada por el Tribunal de primera instancia de acuerdo con el siguiente razonamiento:

6.3. Competencia del juez de segunda instancia para estudiar la liquidación de perjuicios realizada por el a quo.

Es importante precisar que la parte demandada, es apelante única y, en consecuencia, en virtud de la prohibición de la no reformatio in pejus, consagrada por el artículo 31 de la Constitución Política(17), debe la Sala limitarse a analizar los aspectos señalados en el recurso(18) y abstenerse de desmejorar su situación.

Ahora, si la apelación se interpuso en relación con un aspecto global de la sentencia, en este caso, la declaratoria de responsabilidad de las entidades demandadas, la Sala bien puede pronunciarse sobre cada uno de los elementos que la constituyen, aunque el apelante no los hubiera controvertido expresamente, o puede modificar, en favor de la parte que solicitó expresamente que se le exonerara de responsabilidad, la liquidación de perjuicios efectuada en la sentencia de primera instancia, dado que se trata de un aspecto implícito relacionado con la apelación.

En efecto, es de esperar que los argumentos expuestos en el recurso de apelación por parte de quien ha sido condenado a pagar una indemnización y pretenda la revocatoria del fallo, se centren en las razones por las cuales se pide tal revocatoria, pero que se omita toda reflexión relacionada con los aspectos consecuenciales de la sentencia en la cual se accedió a las pretensiones, dado que al revocarse la declaración de responsabilidad, se negarán las pretensiones de la demanda. No obstante lo cual, la ausencia de razones expuestas por el recurrente no impiden al juez corregir la sentencia apelada, para hacer reducciones por concurrencia de la intervención de la víctima en la causación del daño, o por reconocimientos de daños que no aparecen demostrados en el expediente, o por errores en la liquidación de las indemnizaciones(19).

Con fundamento en lo anterior, se procederá a estudiar la liquidación de perjuicios realizada por el tribunal de primera instancia con fundamento en las pruebas allegadas al proceso.

7. Indemnización de perjuicios.

7.1. Perjuicios morales.

Según se dejó indicado en los antecedentes de esta sentencia, el tribunal de primera instancia accedió al reconocimiento de perjuicios morales a favor de la víctima directa en cuantía de 50 SMLMV, por considerar que dentro del proceso obraba elemento de prueba alguno que permitiera acreditar su existencia. Sobre el particular, conviene precisar que la parte actora no formuló inconformidad alguna, dado que no interpuso recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia, razón por la cual, la Sala mantendrá la decisión, dado que al no haber sido controvertido por ninguna de las partes, ese punto de la litis quedó definido en sede de primera instancia.

En la providencia de primera instancia se accedió al reconocimiento de perjuicios por concepto de perjuicios morales por 75 SMLMV a favor del señor Virgilio de Jesús Parra, 35 SMLMV para María Elsy Parra Naranjo y 20 SMLMV para su hijo menor Juan Fernando Ríos Parra, como consecuencia de la destrucción del establecimiento de comercio denominado “Variedades La 23”.

Ahora bien, advierte la Sala que en cuanto a la procedencia de reconocer daños morales derivados de la pérdida o afectación a bienes materiales, la doctrina y la jurisprudencia nacionales tradicionalmente la ha aceptado(20) siempre y cuando el perjuicio aparezca plenamente probado en el proceso. Así pues, el daño moral comprende el aspecto interno del individuo, la afección directa a los sentimientos del ser humano, como la congoja, la tristeza, entre otros, y para que haya lugar a su indemnización, resulta necesario que el mismo esté acreditado, pues debe recordarse que, únicamente, los perjuicios derivados de la afectación a la vida o integridad sicofísica de la persona se presumen respecto de la víctima directa y de sus familiares más cercanos.

Ya esta Subsección del Consejo de Estado, sobre la procedencia del reconocimiento de ese perjuicio ha razonado de la siguiente manera:

Salvo en circunstancias muy especiales, la pérdida de las cosas materiales no amerita el reconocimiento de perjuicios morales, pues ‘la materia necesita ser tratada con un especial enfoque cultural y filosófico para no rendirle culto a las personas que, no poseen las cosas, sino que se dejan poseer por ellas’.

Si bien en la generalidad de las sentencias se admite la posibilidad de indemnización moral por la pérdida de un bien material, se exige al actor demostrar plenamente su existencia, pues tal perjuicio no se presume(21).

En tal sentido ha entendido la Sala que la indemnización por daño moral debe estar precedida de un análisis del fallador que verifique la existencia de criterios o referentes objetivos para su cuantificación, tales como: “las características mismas del perjuicio, su gravedad y extensión, el grado de afectación en el caso a cada persona, vale decir, el conjunto de elementos o circunstancias de hecho que enmarcan la situación del demandante afectado(22)”.

Ahora bien, respecto de la existencia y magnitud de tales perjuicios morales, dentro del proceso obran los siguientes elementos probatorios:

— Testimonio del señor Luis Alberto Rojas, quien aseguró que era vecino del sector donde explotó la bomba, y respecto de los perjuicios que sufrieron los demandantes manifestó:

Con ocasión de la toma guerrillera en diciembre de 2000, se produjo la destrucción total de todo surtido que había, ya que estaba muy cerca de donde se produjo la explosión del carro bomba, donde hubiera habido vivientes ahí hubieran perecido. (…). El señor Virgilio Ríos recibió mucho perjuicio porque lo perdió todo en un instante, quedando desprotegido, también su familia fueron afectados psicológicamente por la toma guerrillera, pues uno en un instante perder todo lo que tenía, le causa traumas, nosotros como vecinos los reanimábamos, diciéndoles que no se desesperaran. (…). Por las conversaciones que he tenido con ellos, actualmente pagan arriendo (fls. 175 a 177, c. 1).

— A su turno, el señor Julio Pio Duque, quien también aseguró que era vecino de los ahora demandantes, en su declaración manifestó lo siguiente:

Las actividades que yo le conocía a Virgilio Ríos era que él se dedicaba al negocio, cuando él se iba a surtir a Medellín, quedaba la esposa y la cuñada, atendiendo el negocio aquí en Granada, Variedades La 23, y después de la toma del pueblo, le tocó irse para Medellín desplazado y a jornaliar (sic) por allá donde le resulte para levantarse el sustento. (…). Soy consciente de que en este momento el señor Virgilio de Jesús Parra está en Medellín Jornaliando (sic) y pagando arriendo (fls. 178 a 179, c. 1).

— Finalmente, el señor Hernán Darío Jaramillo Escobar, amigo del señor Virgilio Ríos, en su declaración manifestó:

Él se sentía muy mal, él decía que se iba a enloquecer, se sintió muy mal, y se fue para Medellín, porque ya no tenía que hacer aquí, se sintió muy mal de ver como el negocio lo tenía de surtido y quedarse sin nada de la noche a la mañana (fls. 179 a 180, c. 1).

Así pues, de acuerdo con los testimonios antes transcritos, quienes eran vecinos y amigos personales del señor Virgilio de Jesús Ríos Parra, como con los demás elementos de prueba allegados al proceso, la Sala tiene por acreditado que en hechos acaecidos entre el 6 y el 7 de diciembre de 2000, se produjo un enfrentamiento entre miembros del FARC y la Fuerza Pública, hecho que originó, entre otros, la destrucción total del establecimiento de comercio del señor Ríos Parra, así como la afectación moral padecida por aquél, por su esposa y su hijo, respectivamente.

Adicionalmente, resulta comprensible que una persona que haya padecido las consecuencias de la destrucción de su establecimiento de comercio como consecuencia del estallido de un carro-bomba, en medio de una confrontación armada, se sienta moralmente afectada, al igual que su núcleo familiar, como en este caso ocurrió con el principal afectado, su esposa y su hijo(23).

En efecto, en el caso que hoy ocupa a la Sala, a pesar de que, según se acreditó en el proceso, el daño antijurídico recayó únicamente sobre daños materiales, lo cierto es que ese atentado, supone una afectación moral para los citados demandantes, dado que resulta comprensible que unas personas que hayan presenciado la destrucción de su establecimiento de comercio como consecuencia de un ataque terrorista, sientan un profundo dolor moral, el cual amerita ser compensado económicamente.

De otra parte, comoquiera que en esta oportunidad no se probaron otros perjuicios, como los derivados del supuesto desplazamiento forzado que habrían padecido los demandantes, pues -reitera la Sala-, sobre ese punto el Tribunal de primera instancia guardó silencio y la parte actora no formuló recurso de apelación, habrá lugar a disminuir los perjuicios morales reconocidos en la sentencia de primera instancia, los cuales recaen únicamente sobre la destrucción del establecimiento de comercio en las circunstancias vistas.

Así las cosas, por concepto de indemnización de perjuicios morales se reconocerá la suma de 50 SMLMV a favor del señor Virgilio de Jesús Ríos Parra (principal afectado), 25 SMLMV a favor de la señora María Elsy Parra Naranjo (cónyuge) y 15 SMLMV a favor de Juan Fernando Ríos Parra (hijo).

7.2. Perjuicios materiales.

7.2.1. Daño emergente.

En lo atinente con los perjuicios materiales, en la demanda se solicitó, por una parte, el valor de la mercancía que tenía en existencia al momento de la destrucción de su almacén Variedades La 23, equivalente a $ 46’793.710 y, por otra, el valor del arrendamiento que habría pagado desde el mes de diciembre de 2000, hasta septiembre de 2002, por la suma de $ 6’720.000.

En la sentencia de primera instancia, el tribunal de primera instancia reconoció la suma de $ 77’526.267, correspondientes al valor de la mercancía destruida a noviembre 30 de 2002, y denegó la pretensión frente al valor de los cánones de arrendamiento, dado que no había prueba alguna en el expediente sobre dicho perjuicio.

Respecto de este último perjuicio derivado de las sumas pagadas por concepto de arrendamiento, la Sala se abstendrá de realizar análisis alguno, dado que fue denegado en la sentencia de primera instancia y frente a dicha decisión no se formuló apelación por la parte demandante.

Ahora bien, las nociones de daño emergente y lucro cesante se hallan consagradas en el artículo 1614 del Código Civil, a cuyo tenor:

Entiéndese por daño emergente el perjuicio o la pérdida que proviene de no haberse cumplido la obligación o de haberse cumplido imperfectamente, o de haberse retardado su cumplimiento; y por lucro cesante, la ganancia o provecho que deja de reportarse a consecuencia de no haberse cumplido la obligación, o cumplídola imperfectamente, o retardado su cumplimiento.

El daño emergente supone, por tanto, una pérdida sufrida, con la consiguiente necesidad —para el afectado— de efectuar un desembolso si lo que quiere es recuperar aquello que se ha perdido. El daño emergente implica que algún bien económico salió o saldrá del patrimonio de la víctima. Este puede ser tanto presente como futuro, dependiendo del momento en que se haga su valoración.

En el presente caso, para acreditar dicho perjuicio material se aportaron los siguientes elementos de prueba:

— Certificación expedida el 2 de diciembre de 2000, por el contador público Rafael López Riquett, identificado con tarjeta profesional Nº 44365-T, en la cual, en un documento denominado “estado de pérdidas y ganancias de enero 1º a noviembre 30 de 2000” del Almacén Variedades La 23, de propiedad del señor Virgilio de Jesús Ríos Parra, hizo constar el inventario de mercancías para la fecha del hecho dañoso equivalía a $ 39’528.250(24).

Para la Sala dicha certificación expedida por un contador público, tiene valor probatorio, puesto que de conformidad con el artículo 1º de la Ley 43 de 1990(25), “todo contador público está facultado para dar fe pública de hechos propios del ámbito de su profesión y dictaminar sobre estados financieros”; adicionalmente, según el artículo 35 de esa misma normatividad legal, “el contador público como depositario de la confianza pública, da fe pública cuando con su firma y número de tarjeta profesional suscribe un documento en que certifique sobre determinados hechos económicos. Esta certificación, hará parte integral de lo examinado”.

Adicionalmente, se tiene que dicha certificación fue decretada como prueba por el tribunal de primera instancia mediante auto del 9 de julio de 2004, y durante el traslado de tal documento no fue tachada de falsedad por la entidad demandada, por lo que resulta procedente tenerla como prueba dentro del proceso.

Finalmente, se tiene que tales certificaciones del contador público concuerdan con lo dicho por los testimonios de los señores Luis Alberto Rojas, Julio Pio Duque López, María Eugenia Salazar Montes, Omar Albeiro Yepes Gómez y Gustavo Antonio Salazar Zuluaga, quienes eran habitantes del municipio afectado y vecinos del señor Ríos Parra, y señalaron que el Almacén Variedades La 23 de propiedad del ahora demandante, era un negocio próspero y con cerca de veinte (20) años de funcionamiento.

Así las cosas, la Sala tendrá en cuenta el certificado expedido por el contador público obrante a folio 37 del cuaderno 1, en el cual se establece como inventario de mercancías para la fecha de los hechos la suma de $ 39’528.250.

Ahora bien, dentro del expediente obra una certificación expedida el 6 de junio de 2006, por la Subdirectora de Atención a Víctimas de la Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional(26), en la cual se hizo constar que “entre las personas que se entregó ayuda humanitaria por pérdida de bienes se encuentra el señor Virgilio de Jesús Ríos Parra, por valor de $ 520’000”.

En ese mismo documento se precisó que “… es de aclarar que la acción social antes red de solidaridad social no indemniza sino que presta una ayuda humanitaria, de acuerdo con lo ordenado por la Ley 418 de 1997, por lo tanto la ayuda humanitaria por la pérdida de bienes o heridas es única por el valor de dos salarios mínimos al año de la ocurrencia del hecho, y para todas las personas sin importar el monto de la pérdida(27)”.

Sobre el particular, la jurisprudencia del Consejo de Estado(28) en casos en los que se ha declarado la responsabilidad del Estado colombiano por violaciones a derechos humanos, ha precisado frente a la Ley 418 de 1997(29), que las víctimas(30) son beneficiarias de la asistencia humanitaria para mitigar los efectos de los daños sufridos con ocasión del conflicto armado interno, pero que, “[n]o obstante, esta asistencia o ayuda humanitaria, bajo ninguna circunstancia, sustituye la obligación de reparación y la garantía de no repetición a cargo del Estado y de los grupos organizados al margen de la ley, de acuerdo con las previsiones de la Ley 975 de 2005 y la Convención Americana sobre Derechos Humanos [1 y 25], entre otros instrumentos internacionales que regulan la materia”.

Así pues, de conformidad con las disposiciones antes descritas y con la jurisprudencia tanto de la corporación, como de la Corte Constitucional, se puede establecer que aquellas “ayudas”, “auxilios”, “subsidios”, etc, por parte del Estado a favor de las víctimas del aludido conflicto armado, no pueden ni deben confundirse con la reparación que en tales eventos esté llamada a proceder mediante las diversas acciones o mecanismos judiciales; sin embargo, ello tampoco puede erigirse en una herramienta que transforme a la reparación del daño en un enriquecimiento de la parte afectada con el hecho violento.

Nótese cómo los pronunciamientos jurisprudenciales antes descritos coinciden en sostener que ese “apoyo” económico que brindan las entidades públicas competentes a las víctimas apunta a “… mitigar los efectos de los daños sufridos con ocasión del conflicto armado interno …”, para efectos de “… garantizar condiciones dignas de existencia y evitar la continuación de la violación de derechos fundamentales”; es más, de acuerdo con lo sostenido por la propia Corte Constitucional, el artículo 16 de la Ley 418 de 1997 (modificado por el artículo 7º de la Ley 782 de 2002) prevé el derecho a favor de las víctimas a recibir una asistencia humanitaria, entendida como una “ayuda indispensable para sufragar los requerimientos esenciales, a fin de satisfacer los derechos que hayan sido menoscabados …”.

Para el presente caso, se tiene que la destrucción parcial del establecimiento de comercio de propiedad de los demandantes fue objeto de una ayuda humanitaria o contribución económica, pero de forma alguna esa suma de dinero $ 520.000 significó el resarcimiento del daño padecido, amén de que no se trató de un subsidio para la reconstrucción de dicho establecimiento comercial, sino de una ayuda humanitaria de emergencia, por manera que no habrá lugar a descontar dicha suma de dinero de la indemnización que se reconocerá a la víctima por concepto de perjuicios materiales.

Así las cosas, la Sala procederá a actualizar dicha suma de dinero, así:

Ra = R ($ 39’528.250(31))Índice final – marzo 2018 -último conocido- (141,04) =$ 89’934.898
———————————————————————
Índice inicial – diciembre 2000 (61,99)

Total perjuicios daño emergente a favor de Virgilio de Jesús Ríos Parra: ochenta y nueve millones novecientos treinta y cuatro mil ochocientos noventa y ocho pesos ($ 89’934.898).

7.2.2. Lucro cesante.

Finalmente, por concepto de indemnización de lucro cesante, en la demanda se solicitó la suma $ 167’0642.249, derivada de “la utilidad dejada de percibir desde el 6 de diciembre de 2000, fecha de la toma guerrillera, hasta el mes de agosto de 2002, por concepto de utilidad bruta en ventas (promedio 20 meses)”.

En la sentencia de primera instancia se reconoció la suma de $85’692.367, que corresponde al “interés legal de toda la mercancía destruida debidamente actualizada”.

Ahora bien, para acreditar dicho perjuicio, únicamente, obra en el expediente una certificación expedida por el contador público Rafael López Riquett, en la cual se manifestó que “el señor Virgilio de Jesús Parra, con C.C. (…), percibe ingresos mensuales por venta de mercancía y misceláneas por $ 22’542.770, los cuales provienen del establecimiento de comercio Variedades La 23, matriculado en Industria y Comercio del Municipio de Granada (Antioquia)(32)”.

Sin embargo, advierte la Sala que en la certificación no se especificó de forma alguna, si tales ingresos corresponden a los ingresos brutos o netos, motivo por el cual esa certificación no puede servir como prueba para acreditar los ingresos dejados de percibir por la destrucción de la mercancía y del establecimiento de comercio.

Así las cosas, ante la ausencia de elementos de prueba para determinar el lucro cesante, se reconocerán, únicamente, los intereses que pudo percibir sobre el capital reconocido como daño emergente desde el 7 de diciembre de 2000, fecha en la cual fue destruido el establecimiento de comercio y la mercancía que en él poseía y por un año más, el cual se considera razonable para que el señor Virgilio de Jesús Ríos Parra hubiere logrado reactivar su actividad productiva. Sobre el particular esta Sección del Consejo de Estado ha precisado(33):

La situación dañina que es objeto de prolongación en el tiempo debe tener un límite racional que el juez aprecia y determina en cada caso concreto ya que ‘se trata, pues, de eventos en los cuales, a partir de una situación creada por el hecho dañino, se tiene que establecer hasta cuándo es admisible la prolongación de la situación. La lógica del juez colombiano en este aspecto es la de impedir que la víctima se quede impasible ante su daño. Se parte, pues, de un principio sano en el sentido de que no se avala la tragedia eterna y, por el contrario, se advierte a la víctima que su deber es reaccionar frente al hecho dañino y sobreponerse’… Llegar, en efecto, a la posibilidad de que las consecuencias de la situación dañina se extiendan indefinidamente sería patrocinar la lógica de la desesperanza, de la tragedia eterna y de un aprovechamiento indebido.

De otra parte, se reitera la jurisprudencia de la Sala en el sentido de que el interés puro legal se reconoce a título de lucro cesante, porque busca compensar el perjuicio sufrido por la privación temporal del uso del capital y, en consecuencia, hace parte de la indemnización integral. Sobre el particular, esta Corporación, en sentencia del 22 de abril de 2009(34), precisó lo siguiente:

Ha entendido la doctrina que si un crédito reajustado en función de la depreciación sufrida entre la fecha en que se causó la obligación y el pago, se le suman intereses corrientes bancarios, se originaría un enriquecimiento sin causa, porque, esta clase de intereses incluye un ‘plus’ destinado a recomponer el capital. No se excluyen entre sí los rubros de devaluación e intereses puros puesto que tienen causas diferentes: los intereses buscan compensar el perjuicio sufrido por la privación temporal del uso del capital (lucro cesante), en tanto que la compensación por depreciación monetaria se dirige a mantener indemne el patrimonio del acreedor que sufriría menoscabo si recibiese como reparación el monto del daño originado en signo monetario envilecido (daño emergente).

Se habla de intereses puros porque los bancarios corrientes llevan en su seno una parte que busca compensar la incidencia del fenómeno inflacionario. Por eso no sería equitativo evaluar y cobrar esta clase de intereses. De allí que comparte la Sala que si se realizan reajustes del crédito, el interés debe ser un interés puro exclusivamente retributivo del precio del uso del capital que es lo que ha dejado de ganar el acreedor por la falta de inversión de sus fondos excluyendo el plus del interés que tiene otra función.

Toda indemnización debe ser integral y completa, de modo que compense para su acreedor el daño que se le produce con el no pago oportuno de la obligación. Así, debe comprender no sólo el rendimiento que dejó de percibir, traducido ordinariamente en intereses, sino también la pérdida del valor adquisitivo de la moneda con la que pretende pagar. En este orden de ideas el equilibrio o la justeza de la indemnización debe mostrar ésta o similar ecuación: indemnización debida igual a deuda en la fecha del perjuicio, más intereses hasta que el pago se efectúe, más devaluación”.

En casos similares al que ahora se debate, esta Subsección del Consejo de Estado, ha reiterado la anterior tesis jurisprudencial, en los siguientes términos(35):

Finalmente, respecto del pago de intereses comerciales deprecados en la demanda, advierte la Sala que si bien el actor va a recibir el valor equivalente a los $ 29.950 dólares debidamente actualizado para la fecha de la sentencia, con el propósito de que se le repare integralmente el daño sufrido, tiene derecho, también a título de lucro cesante, a que se le reconozcan los intereses que pudo percibir sobre ese capital desde el 11 de enero de 1999, fecha en la cual fueron incautados los mencionados dólares, hasta la fecha de esta providencia.

Con este reconocimiento se reitera la jurisprudencia de la Sala en el sentido de que el interés puro legal se reconoce a título de lucro cesante, porque busca compensar el perjuicio sufrido por la privación temporal del uso del capital y, en consecuencia, hace parte de la indemnización integral y es compatible con la indexación(36).

En consecuencia, se procederá a liquidarlos a la tasa del 6% anual (art. 2232 del Código Civil), sobre el valor acreditado dentro del plenario como daño emergente, es decir, sobre la suma de $ 97’539.560, desde enero de 1999 a la fecha de la sentencia:

I = K x R x T

K: costo de la suma de dinero: $ 97’539.560.

R: 6% anual: 0.5% mensual .

T: 173 meses (enero de 1999 a junio de 2013).

I = $ 97.539.560 x 0.5% x 173.

I = $ 84.371.719.

Total perjuicios lucro cesante: Ochenta y cuatro millones trescientos setenta y un mil setecientos diecinueve mil pesos $ 84’371.719 m/cte.

Con fundamento en lo anterior, se procederá a liquidar los intereses a la tasa del 6% anual (artículo 1617 del Código Civil), sobre el valor acreditado dentro del plenario como daño emergente para le fecha de los hechos, es decir, sobre la suma de $39’528.250(37), desde diciembre de 2000 hasta diciembre de 2001:

Para la liquidación del lucro cesante, se aplicará la fórmula matemático – actuarial utilizada por la jurisprudencia para la liquidación de dicho perjuicio. La misma se expresa en los siguientes términos: (I = K x R x T), donde:

I: Interés a liquidar

K: costo de la suma de dinero: $39’528.250.

R: 6% anual: 0.5% mensual.

T: 12 meses (diciembre de 2000 a diciembre de 2001).

I = $ 39.528.250 x 0.5% x 12.

I = $ 2’371.695.

Suma que debe ser actualizada desde el mes de diciembre de 2001, hasta la presente fecha, así:

Ra = R ($ 2’371.695)Índice final – marzo 2018 -último conocido- (141,04) =$ 5’013.547
———————————————————————
Índice inicial – diciembre 2001 (66,72)

Total perjuicios por lucro cesante para Virgilio de Jesús Ríos Parra: cinco millones trece mil quinientos cuarenta y siete pesos $ 5’013.547.

8. Costas.

Toda vez que para el momento en que se profiere este fallo, el artículo 55 de la Ley 446 de 1998 indica que solo hay lugar a la imposición de costas cuando alguna de las partes haya actuado temerariamente y, debido a que ninguna procedió de esa forma en el sub lite, no habrá lugar a su imposición.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

MODIFICAR la sentencia apelada, esto es, la proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia el 5 de marzo de 2010, la cual quedará así:

1º. Declárase a la Nación-Ministerio de Defensa-Policía Nacional-Ejército Nacional, administrativa y patrimonialmente responsables por los daños y perjuicios ocasionados a los demandantes como consecuencia de los hechos ocurridos los días 6 y 7 de diciembre de 2000, en el municipio de Granada, Antioquia.

2º. Como consecuencia de la anterior declaración, condénase a la Nación-Ministerio de Defensa-Policía Nacional-Ejército Nacional a pagar al señor Virgilio de Jesús Parra, por concepto de indemnización de perjuicios materiales en su modalidad de daño emergente, la suma de ochenta y nueve millones novecientos treinta y cuatro mil ochocientos noventa y ocho pesos ($ 89’934.898), y en la modalidad de lucro cesante, la suma de cinco millones trece mil quinientos cuarenta y siete pesos $ 5’013.547.

3º. Condénase a la Nación-Ministerio de Defensa-Policía Nacional-Ejército Nacional a pagar por concepto de perjuicios morales los siguientes valores: al señor Virgilio de Jesús Ríos Parra la suma de 50 SMLMV, a María Elsy Parra Naranjo (cónyuge), la suma de 25 SMLMV y para su hijo menor Juan Fernando Ríos Parra, la suma de 15 SMLMV.

4º. DENEGAR las demás súplicas de la demanda.

5º. Sin condena en costas.

6º. CUMPLIR lo dispuesto en esta providencia, en los términos establecidos en los artículos 176 y 177 del Código Contencioso Administrativo.

7º. Ejecutoriada esta providencia, DEVOLVER el expediente al tribunal de origen para su cumplimiento y expídanse a la parte actora las copias auténticas con las constancias de las que trata el artículo 115 del Código de Procedimiento Civil.

Cópiese, notifíquese y cúmplase».

(1) Ley 1395 de 2010. “ART. 3º—La cuantía se determinará así: (…). Por el valor de la suma de todas las pretensiones acumuladas al momento de la presentación de la demanda”.

(2) Consejo de Estado. Sección Tercera. Sentencia del 9 de junio de 2010, Exp. 18.536, M.P. Ruth Stella Correa Palacio.

(3) Fl. 40, c. 1.

(4) Fl. 39, c. 1.

(5) Fls. 129 a 133, c. 1.

(6) Fl. 145, c. 1.

(7) Fls. 202 a 203, c. 1.

(8) Sobre la utilidad de dichos medios de prueba esta Sección del Consejo de Estado ha considerado que: “Es necesario dilucidar qué valor probatorio le otorga la Sala a la información de prensa, ya que el principal problema para su valoración es la necesidad de cuestionar la verosimilitud que pueda ofrecer de la ocurrencia de los hechos. Más aún, es necesario considerar racionalmente su valor probatorio como prueba de una realidad de la que el juez no puede ausentarse, ni puede obviar en atención a reglas procesales excesivamente rígidas. De acuerdo con los anteriores argumentos, la Sala tendrá en cuenta la información consignada en tales informes de prensa”. Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, Sentencia del 7 de octubre de 2015, Exp. 34.677, M.P. Hernán Andrade Rincón y Sentencia del 14 de septiembre de 2017, Exp. 35.840, M.P. (E) Marta Nubia Velásquez Rico.

(9) Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, Sentencia del 7 de marzo de 2012, Exp. 20.042.

(10) En las Sentencias de 6 de octubre de 2005, Rad. AG-00948, M.P. Ruth Stella Correa; de 4 de diciembre de 2006, Rad. 15.571, M.P. Mauricio Fajardo; y de 5 de diciembre de 2006, Rad. 28.459, M.P. Ruth Stella Correa, la Sección Tercera del Consejo de Estado declaró la responsabilidad extracontractual del Estado por los daños padecidos por los habitantes de distintos municipios del país cuando se presentaban reyertas armadas entre los subversivos y la fuerza pública.

(11) Cfr. Consejo de Estado, Sala Plena de Sección Tercera, sentencia de unificación del 20 de junio de 2017, Exp. 18.860, M.P. Ramiro Pazos Guerrero.

(12) Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia de 10 de agosto de 2000, Rad. 11.585, M.P. Alier Eduardo Hernández.

(13) Consejo de Estado, Sala Plena de la Sección Tercera, Sentencia del 20 de junio de 2017, Exp. 18.860, M.P. Ramiro Pazos Guerrero.

(14) Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia del 13 de septiembre de 1991, Exp. 6.453. M.P. Daniel Suárez Hernández, jurisprudencia reiterada de forma reciente por el Consejo de Estado, Sala Plena de la Sección Tercera, en Sentencia del 20 de junio de 2017, Exp. 18.860, M.P. Ramiro Pazos Guerrero.

(15) Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia de abril 19 de 2012, Exp. 21.515, M.P. Hernán Andrade Rincón, reiterada en la Sentencia de agosto 23 de 2012, Rad. 23219, M.P. Hernán Andrade Rincón.

(16) Cfr. Consejo de Estado, Sala Plena de Sección Tercera, Sentencia de unificación del 20 de junio de 2017, Exp. 18.860, M.P. Ramiro Pazos Guerrero.

(17) Esta disposición estipula: “Toda sentencia judicial podrá ser apelada o consultada, salvo las excepciones que consagre la ley. // El superior no podrá agravar la pena impuesta cuando el condenado sea apelante único.”

(18) De conformidad con lo establecido en el artículo 357 del Código de Procedimiento Civil, “… el superior no podrá enmendar la providencia en la parte que no fue objeto del recurso, salvo que en razón de la reforma fuere indispensable hacer modificaciones sobre puntos íntimamente relacionados con aquella…”.

(19) Sobre el particular, consultar, Consejo de Estado, Sala Plena de la Sección Tercera, Sentencia de fecha 6 de abril de 2018, Exp. 46.005, M.P. Danilo Rojas Betancourth.

(20) “Pero, ¿acaso no basta con señalar que la primera ocasión en que la Corte concedió indemnización por daño moral (1922), fue precisamente por daño a bienes o cosas con especial valor de afección, como sin duda los eran los restos de su esposa para el señor Villaveces?” Del daño moral al daño fisiológico, una evolución real?. Ensayos de Derecho Privado Nº 4. Felipe Navia. Pág. 52.

(21) Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, Sentencia del 16 de julio de 2015, Exp. 28.389, M.P. Hernán Andrade Rincón.

(22) Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, Sentencia de 23 de agosto de 2012. Exp. 24.392, M.P. Mauricio Fajardo Gómez.

(23) Esta conclusión resulta congruente con la posición reiterada por la Sala Plena de esta Sección del Consejo de Estado, en el sentido de señalar la necesidad de acreditación probatoria del perjuicio moral que se pretende reclamar. Sentencia de 23 de agosto de 2012, Exp. 1800-12-33-1000-1999-00454-01 (24392), C.P. Hernán Andrade Rincón.

(24) Fl. 37 C. 1.

(25) “Por la cual se reglamentaria de la profesión de Contador Público y se dictan otras disposiciones”.

(26) Fls. 202 a 203, c. 1.

(27) Fls. 202 a 203, c. 1.

(28) Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, Sentencia del 20 de mayo de 2013, Exp. 22.732, M.P. Mauricio Fajardo Gómez. Ver también: Consejo de Estado, Sección Cuarta, Sentencias del 22 de julio de 2009, M.P. Héctor Romero Díaz, Exp. 19001-23-31-000-2009-00061-01(AC), y Sentencia del 18 de marzo de 2010, M.P. Martha Teresa Briceño de Valencia, Nº 08001-23-31-000-2009-00894-01(AC).

(29) “Por la cual se consagran unos instrumentos para la búsqueda de la convivencia, la eficacia de la justicia y se dictan otras disposiciones”.

(30) El artículo 3º de Ley 1448 de 2011 definió el concepto de víctima como: “[a]quellas personas que individual o colectivamente hayan sufrido un daño por hechos ocurridos a partir del 1º de enero de 1985, como consecuencia de infracciones al Derecho Internacional Humanitario o de violaciones graves y manifiestas a las Normas Internacionales de Derechos Humanos, ocurridas con ocasión del conflicto armado interno”.

(31) Valor certificado por contador público del inventario de la mercancía destruida para la fecha de los hechos (fl. 37, c. 1).

(32) Fl. 36, c. 1.

(33) Consejo de Estado Sección Tercera, Sentencia del 18 de febrero de 2010, Exp. 18.436, M.P. Mauricio Fajardo Gómez. En aquella oportunidad se señaló: “A pesar de que en el expediente obra prueba testimonial - Luis Hernando Bonilla C. y Enrique Villarreal Q. demostrativa de que el Hotel VAS no fue reconstruido con posterioridad a la ocurrencia del incendio el 18 de mayo de 1989, la Sala reconocerá perjuicios materiales en la modalidad de lucro cesante durante el término de un (1) año, el cual se considera fue el tiempo razonable para que sus propietarios realizaran las reparaciones locativas, si se tiene en cuenta que el mencionado incendio consumió el inmueble donde funcionaba el hotel así como la totalidad de sus muebles y enseres de dotación”. En similar sentido, consultar también: Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia del 14 de diciembre de 1998, Exp. 10.311, M.P. Ricardo Hoyos Duque.

(34) Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia del 22 de abril de 2009, Exp. 17.616, M.P. Ruth Stella Correa Palacio.

(35) Consejo de Estado, Sección tercera, Subsección A, sentencias del 12 de junio de 2013, exp. 28.390. M.P. Hernán Andrade Rincón, posición jurisprudencial reiterada en sentencia del 29 de julio de 2015, exp. 32.519, M.P. (E) Hernán Andrade Rincón.

(36) Al respecto consultar, Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia del 22 de abril de 2009, Exp. 17.616, M.P. Ruth Stella Correa Palacio.

(37) Suma que corresponder al valor que fue certificado por contador público sobre el inventario de la mercancía destruida para la fecha de los hechos (fl. 37, c. 1).

ACLARACIÓN DE VOTO

Con el respeto que profeso por las decisiones de la Sala mayoritaria, me permito expresar las razones que me llevaron a aclarar el voto respecto de la decisión adoptada a través de la providencia de 26 de abril de 2018, mediante la cual se resolvió modificar la sentencia proferida el 5 de marzo de 2010 por el Tribunal Administrativo de Antioquia, en el sentido de disminuir las condenas otorgadas en primera instancia, aspectos que serán tratados a continuación para sustentar la razón de la aclaración de voto.

Luego de hacer referencia a los hechos probados en el proceso, se consideró acreditado que

“(...) el daño por el cual se reclama tuvo lugar en medio de un enfrentamiento armado entre las fuerzas del orden y un grupo de subversivos en el marco del conflicto armado interno que ha venido soportando el Estado colombiano de tiempo atrás, por lo que, a la luz de las circunstancias establecidas con el material probatorio allegado al presente proceso, la Sala considera que es posible determinar la existencia de la responsabilidad patrimonial del Estado, en este caso concreto, como se dijo, a título de riesgo excepcional”.

Estimo que tal valoración lleva a una conclusión contradictoria de cara al cumplimiento del deber estatal de proveer seguridad a los ciudadanos, pues, al mismo tiempo, se señala la generación de un factor de riesgo al que se ve expuesta la población civil y que desencadena la o ligación de indemnizar, es decir, que el Estado finalmente es responsable patrimonialmente por cumplir con su deber de protección, criterio que no comparto, pues, a mi juicio, resulta más adecuado acudir al daño especial como título de imputación, toda vez que sus elementos estructurantes se encuentran reunidos, dado que el daño ocurrió como consecuencia del rompimiento del principio de igualdad ante las cargas públicas que deben portar todos los ciudadanos, en desarrollo de una actividad lícita y legítima, cual es la protección de la vida, honra y bienes de los ciudadanos por parte de las fuerzas armadas.

De otra parte, en la providencia de 26 de abril de 2018, la Sala mayoritaria realizó una verificación de las condenas impuestas en primera instancia, a pesar de que la parte demandada Nación - Ministerio de Defensa - Ejército Nacional no formuló ningún cuestionamiento en el recurso de apelación respecto de las indemnizaciones fijadas por el tribunal de primera instancia, es decir, no desplegó carga argumentativa alguna que pueda comprender los perjuicios otorgados, ni referir la relación consecuencial de los mismos con lo alegado en su recurso, de manera que, aI abordar ese análisis, la sentencia de segunda instancia incurrió en incongruencia.

Tal análisis se llevó a cabo a la luz de las consideraciones expuestas en la sentencia de unificación dictada por la Sala Plena de la Sección el 6 de abril de 2018(1) sobre el alcance del recurso tratándose de la entidad pública como apelante único, criterio que no comparto, pero que acato, por lo que aclaro el voto y, en gracia de brevedad, me remito a las consideraciones expuestas en el salvamento presentado en esa oportunidad.

En este sentido, con el mayor respeto por la decisión en comento, dejo expresada mi aclaración de voto.

Marta Nubia Velásquez Rico 

(1) Exp. 46.005, C.P. Danilo Rojas Betancourth.