Sentencia 2002-04168/44135 de julio 13 de 2017

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN “B”

Rad.: 05001-23-31-000-2002-04168-01 (44135)

Consejero Ponente:

Dr. Ramiro Pazos Guerrero

Actor: Gloria Elena Toro Giraldo y otro

Demandados: Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario - Inpec

Naturaleza: Acción de reparación directa (apelación de sentencia)

Bogotá, D. C., trece de julio de dos mil diecisiete.

EXTRACTOS: «III. Consideraciones de la Sala

1. Presupuestos procesales.

1.1. Jurisdicción, competencia y acción procedente.

Por ser las demandadas entidades de carácter estatal, el asunto es de conocimiento de esta jurisdicción (art. 82 C.C.A.). Además, el Consejo de Estado es competente para conocerlo, en razón del recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra la sentencia del 16 de diciembre de 2011, proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia, en un proceso con vocación de doble instancia, en los términos de la Ley 1395 de 2010, dado que la cuantía de la demanda, determinada por el valor de la suma de las pretensiones, supera la exigida por la norma para el efecto(10).

De igual modo, la acción procedente es la de reparación directa establecida en el artículo 86 del Código Contencioso Administrativo, comoquiera que la demanda persigue la declaratoria de responsabilidad de Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario - Inpec, por la muerte del dragoneante Luis Humberto Nieto Flórez en hechos ocurridos el 17 de enero de 2002.

1.2. La legitimación en la causa.

Se encuentra demostrada la legitimación por activa de la señora Gloria Elena Toro Giraldo y del menor Luis Felipe Nieto Toro como cónyuge(11) e hijo(12), respectivamente.

Por otra parte, se encuentra legitimado por pasiva el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario - Inpec, pues según los hechos alegados en la demanda, fue por supuestas fallas de esta entidad que se produjo la muerte del dragoneante Luis Humberto Nieto Flórez.

1.3. La caducidad.

Tratándose de la acción de reparación directa, conforme lo prescribe el numeral 8 del artículo 136 del C.C.A., el término para demandar es de dos (2) años contados a partir del día siguiente de la ocurrencia del hecho causante del daño. En el presente caso, el daño se produjo el 17 de enero de 2002 con la muerte del dragoneante Luis Humberto Nieto Flórez y la demanda de reparación fue interpuesta el 11 de octubre de 2002(13), por lo que se interpuso en tiempo.

2. Problema jurídico.

Corresponde a la Sala determinar si la muerte del dragoneante Luis Humberto Nieto Flórez a manos de un grupo armado al margen de la ley es imputable al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario - Inpec por no brindar las condiciones se seguridad suficientes para su traslado al municipio de Tunja o, si por el contrario, no le asiste responsabilidad a la entidad demandada por ausencia de fallas o configuración de alguna causal eximente de responsabilidad.

3. Cuestiones previas.

En relación con los hechos de que trata el proceso, obran las pruebas aportadas por las partes y las allegadas por orden del a quo. Sobre el particular, la Sala hace la siguiente precisión:

Si bien es cierto que en el expediente obran algunos documentos en copia simple, estos podrán ser valorados por cuanto estuvieron a disposición de las partes y no fueron tachados de falsos. Al respecto, la Sección Tercera de esta corporación en reciente fallo de unificación de jurisprudencia(14), consideró que las copias simples tendrán mérito probatorio, en virtud de los principios constitucionales de buena fe y lealtad procesal, en tanto se hayan surtido las etapas de contradicción y su veracidad no haya sido cuestionada a lo largo del proceso. Adujo la Sala, que una interpretación contraria implicaría afectar el acceso a la administración de justicia y la prevalencia del derecho sustancial sobre el procesal.

Por otro lado, en razón a que el a quo recaudó los testimonios rendidos por los señores Diomedes Uribe Ruiz (fls. 390 y 310, c. 2), Martin Villa Valderrama (fls. 310 y 311, c. 2), Álvaro Londoño Gutiérrez (fls. 333 a 335, c. 2) y Jaime Andrés Gutiérrez Jaramillo (fls. 348 a 350, c. 2), serán valorados en el momento de la comprobación del daño y sus subsecuentes perjuicios, solo si a ello hubiere lugar.

Respecto del testimonio de la señora María Eugenia Escobar Hernández (fls. 341 a 346, c. 2), es preciso resaltar que el mismo fue aportado al proceso como una prueba trasladada(15), originada en el proceso adelantado contra del Inpec por la muerte de Carlos Alberto Mesa García en iguales circunstancias que las del subjudice. Comoquiera que la prueba cumplió con las formalidades que ha dispuesto esta corporación(16) para ser tenida en cuenta, pues la misma fue decretada con la anuencia del hoy demandado, además, que frente al mismo no se presentó oposición en el desarrollo del proceso, se le otorgará el valor probatorio correspondiente.

4. Hechos probados.

De esta forma, y en consonancia con lo expuesto, constituyen hechos probados los siguientes:

4.1. El señor Luis Humberto Nieto Flores contrajo matrimonio con la señora Gloria Elena Toro Giraldo el 19 de septiembre de 1987 –certificado del registro civil de matrimonio (fl. 3, c. 2)–, de cuya unión nació Luis Felipe Nieto Toro el 2 de marzo de 1991 –certificado del registro civil de nacimiento (fl. 4, c. 2)–.

4.2. El 3 de agosto de 1985, el señor Luis Humberto Nieto Flórez ingresó a ser parte del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario - Inpec. Para la época de los hechos de la demanda ostentó el cargo de dragoneante 5260, grado 11, desempeñando sus labores en la Cárcel del Circuito Judicial de Ituango (Antioquia) –certificado laboral del 12 de julio de 2002 (fl. 6, c. 2), copia certificado laboral del 27 de marzo de 1995 (fl. 1784, c. 2) y copia certificado laboral de 28 de enero de 2002 (fl. 284, c. 2)–.

4.3. El 28 de noviembre de 2001, el director general del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario - Inpec ordenó la supresión del establecimiento carcelario del Circuito Judicial de Ituango (Antioquia) –copia de la Resolución 04192 de 2001 (fls. 10 y 11 - 325 y 326, c. 2)–.

4.4. El personal que estaba recluido en el centro carcelario de Ituango fue trasladado en helicóptero a la Cárcel del Distrito Judicial Bellavista - Medellín y al Circuito Judicial de Santa Rosa de Oso en el siguiente orden: el 20 de diciembre de 2001 a los condenados y el 11 de enero de 2002 a los sindicados –copia oficio ITU. 512.020 del 18 de enero de 2002 del director de la Cárcel de Ituango al Personero Municipal (fl. 15, c. 2)–.

4.5. Mediante oficio elaborado el 11 de diciembre de 2001, el alcalde y el personero del municipio de Ituango (Antioquia) le manifestaron al director regional del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario - Inpec los inconvenientes de suprimir el centro carcelario de su municipio. De igual forma, le pusieron de presente las difíciles circunstancias de orden público en las vías terrestres que comunican al municipio por la proliferación de grupos armados –copia oficio PM 329 del 11 de diciembre de 2001 (fls. 23 y 23, c. 2)–, así:

Le agradecemos la atención a la presente misiva y, le rogamos la haga conocer a la Dirección General del Inpec en Bogotá y al Ministerio de Justicia, a fin de que se reconsidere dicha medida y se haga un estudio de las condiciones tan especialísimas de orden público y de ubicación territorial que hace improcedente y nefasto el levantamiento de la cárcel. No es lo mismo suprimir cárceles en municipios que están en el Valle de la Aburra y/o en otros que se encuentran cercanos entre sí, que cuentan con vías de comunicación en óptimas condiciones, al contrario el municipio como el de Ituango, que es terminal por carretera, a más de diez horas de distancia de Medellín, a una lejanía de más de tres horas del municipio más vecino y con una vía carreteable en malas condiciones, amén de la inseguridad reinante en esta donde operan diversos grupos armados y al margen de la ley.

Consideramos que medidas de este tipo, posibilitan y agudizan los fenómenos de violencia y desorden público tan frecuentes en esta zona (fl. 23, c.2).

4.6. Así mismo, a través de escrito elaborado el 21 de diciembre de 2011, tanto el alcalde municipal, como el presidente del Concejo reiteraron su preocupación por la supresión de la institución carcelaria, aduciendo nuevamente los riesgos a los cuales estarían expuestos los internos y los guardias cuando tuviesen que hacer traslados vía terrestre –copia oficio 411 del 21 de diciembre de 2001 (fls. 30 y 31, c.2)–. Al respecto indicaron lo siguiente:

5. No entendemos bajo qué criterio el Inpec decidió levantar la Cárcel de Ituango; quisiéramos saber si se efectuó un estudio técnico por el cual se valoran las condiciones especialísimas de nuestro municipio en cuanto a problemática social, seguridad y distancia. Como bien lo expresamos en nuestro oficio PM 329 Ituango es un Circuito Judicial que abarca varios municipios, lo que hace pensar que fue una decisión que se tomó sin un verdadero análisis y, es que nos preguntamos qué va a pasar cuando se tengan que trasladar internos y sindicados desde los municipios de San Andrés, San José Toledo y Medellín hasta Ituango para someterse a diligencias judiciales y el tener que transportarlos por una carretera por donde pululan grupos al margen de la ley, lo que genera un grave riesgo para el personal de guardia y detenidos. Con esta situación el Inpec va tener que asumir permanentemente costos de transporte aéreo y aquí cabe preguntar ¿a caso (sic) esto no va a hacer (sic) mucho más costoso para el Inpec que el sostenimiento de nuestra cárcel donde el municipio durante tantos años a (sic) prestado colaboración efectiva? (…)

Respetuosamente, esperamos respuesta escrita de su parte doctor Medardo al presente oficio ya que el PM 329 aún no tiene respuesta; además, quiero dejar constancia con la presente misiva, por las demandas que se puedan presentar a futuro por fallas en el servicio ante hechos lamentables que puedan suceder con ocasión del levantamiento de la cárcel de Ituango, Antioquia (fl. 31, c.2) (subrayado fuera del texto).

4.7. Mediante Resolución 00041 del 9 de enero de 2002 el Director General del Instituto Nacional Carcelario y Penitenciario - Inpec ordenó el traslado del varios funcionarios de la Cárcel del Circuito Judicial de Ituango a la Cárcel del Distrito Judicial de Tunja, entre ellos, el dragoneante Luis Humberto Nieto Flórez (fls. 7 a 9 y 317 a 319, c. 2). La orden se dio en los siguientes términos:

ARTÍCULO NOVENO. Trasladar por necesidades del servicio al señor Luis Humberto Nieto Flórez, identificado con la cédula de ciudadanía No. 13.469.561, DRAGONEANTE, código 5260, grado 11, de la Cárcel Circuito Judicial de Ituango a la Cárcel Distrito Judicial de Tunja.

ARTÍCULO DÉCIMO. Reconózcase y páguese al señor Luis Humberto Nieto Flórez, con cargo a Prima de instalación sección 1208. Cuenta 1 subcuenta 0, Objeto1, Ordinal 5, Subordinal 7, ítem 2, PRIMA DE INSTALACIÓN, por alojamiento $157.358 por instalación $209.810, Transporte de Muebles $786.788.

TOTAL…$1.153.956 (fl. 8, c. 2).

4.8. Como consecuencia de la orden de traslado a la ciudad de Tunja, el día 15 de enero de 2002, los dragoneantes Luis Humberto Nieto Flórez y Carlos Alberto Meza García se comunicaron con la sección de presupuesto vía telefónica con el propósito de que se les asignara transporte aéreo hasta la ciudad de Tunja. Prueba de lo anterior se encuentra en el oficio 061 del 21 de enero de 2002 elaborado por la doctora María Elena Median Estrada, quien en su calidad de Fiscal Seccional 017 dio respuesta al oficio PM 009 del personero municipal de Ituango (Antioquia), exponiendo lo siguiente:

“Es cierto que a principio de la semana pasada, más concretamente el martes 15 de enero de la corriente anualidad, cerca de las horas del medio día, se acercó a la sede de esta Unidad Seccional de Fiscalías el Dragoneante del Inpec Luis Humberto Nieto Flórez, solicitándole a la suscrita permiso en nombre del Inspector del Inpec Aldofo Valera Guerrero, que le hiciera el favor de regalarle una llamada para hablar y colocar un fax a la Direccional Nacional del Inpec en Bogotá, para gestionar el traslado, tiquetes y demás, por cuanto habían recibido la orden de traslado hacia la ciudad de Tunja; pero no les habían enviado ningún dinero para dicho efectos, a pesar de que en la resolución de traslado para la Cárcel Distrital de Tunja, desde esta ciudad habían indicado unas sumas para el traslado, y que solicitaba dicho favor, ya que desde hace más de dos meses les habían cortado el servicio de teléfono por no pago” (subrayado fuera del texto) (fl. 24, c.2).

Además, en el testimonio rendido por el señor Álvaro Londoño Gutiérrez(17) se expresó:

No obstante el Inpec, trasladó finalmente la cárcel. En vista de ello, pidieron de manera casi angustiosa que los trasladaran por aire, me consta porque del teléfono de mi propia oficina hicieron llamadas y se les negó el traslado aéreo bajo el argumento de que el Inpec no tenía ningún convenio con aerolíneas o empresas de helicópteros y vía telefónica que tenían que irse obligatoriamente por tierra y ellos ante la orden perentoria y ante el temor de declararles abandono del cargo se fueron en bus y horas después tuvimos conocimiento de la trágica noticia donde nos manifestaban que el bus en el que viajaban fue abordado por un grupo al parecer de autodefensas, quienes luego de identificarlos como funcionarios del Inpec los ajusticiaron (fl. 334, c. 2).

Y en el testimonio de la señora María Eugenia Escobar Hernández(18) se manifestó lo siguiente:

[M]e enteré dado que Carlos Alberto vivía donde yo residía y en múltiples ocasiones se comunicaron a través de vía telefónica a la Dirección del Inpec regional Noreste - Sede Medellín a objeto de que le autorizaran los tiquetes vía aérea tanto Carlos Alberto Mesa como a Luis Humberto Nieto Flórez; también lo hicieron vía FAX desde el despacho de la Fiscalía Sección donde yo trabajaba; igualmente, hizo el Inspector Adolfo Valera quien para la época de enero de 2002 fue encargado de la cárcel pues el Directos (sic) de entonces Doctor Demetrio ya había sido removido del cargo. Fue imposible que accedieran a los tiquetes aéreos, se les dijo que Inpec no tenía convenio con las rutas aéreas que viajaban a ese municipio, se les dio la orden que se trasladaran esa misma semana ya que el 21 de enero debían de estar en la ciudad de Tunja. (fl. 342, c. 2).

4.9. En relación con la mencionada petición la persona encargada de brindar tiquetes aéreos en el Inpec, les indicó: “que de Ituango a Medellín, se reconocían pasajes por carretera, lo mismo Bogotá Tunja, eso mismo me comunicó cuando yo llamé [Adolfo Valera Guerrero], argumentando que el Inpec, no tenía convenios con la aerolínea o avionetas que viajaban a los pueblos de Antioquia, por lo tanto solo se reconocía en avión Medellín Bogotá(19)”.

4.10 Ante la negativa de la entrega de tiquetes aéreos, los señores Luis Humberto Nieto Flórez y Carlos Alberto Mesa García viajaron por carretera el 16 de enero de 2001 en el bus de las 10:00 P.M. de la empresa Coonorte de placas TOD-189, lo anterior se encuentra demostrado con los testimonios de los señores Diomedes de Jesús(20) y Martin Alfonso Villa Valderrama(21), así como de la certificación emitida por el Fiscal Delegado ante los jueces del Circuito de Santa Rosa de Osos en Antioquia(22) y del testimonio de María Eugenia Escobar Hernández(23).

4.11. El dragoneante Luis Humberto Nieto Flórez falleció el día 17 enero de 2002(24) como consecuencia de heridas en el cráneo y abdomen producidos por proyectiles de arma de fuego(25), los cuales fueron disparados por sujetos armados que en la madrugada interceptaron el vehículo en el que se transportaba hacia la ciudad de Medellín, tal como lo acreditó uno de los pasajeros(26) que viajaba en el mismo bus en su declaración, así:

CONTESTO. Yo parto de un viaje que había de Ituango hacia Medellín, era en el bus de las 10 de la noche de Ituango a Medellín, en el lugar de la carretera un grupo armado obligó al bus a detenerse y a desviarse hacia otra carretera, posteriormente se subieron al bus, manifestando que no bajáramos ninguna pertenencia pero que nos bajáramos, una vez todas las personas nos encontramos en tierra los delincuentes procedieron a revisar todas las pertenencias en un momento determinado llamaron a las dos personas que asesinaron en ese momento, las cuales fueron separadas del grupo y amarradas. Estas personas manifestaron que a estas dos personas que habían amarrado las iban a asesinar textualmente “que eran unos sapos, regalados que trabajaban en la cárcel que también si veían la Fiscal de Ituango que se cuidara que también tenían ganas de matarla igual que al comandante de Policía en ese momento“. Luego de quitarnos las pertenencias nos obligaron a subir al bus que no os (dic) bajáramos por ningún motivo, que tampoco encendieran el vehículo, las dos personas que amarraron se quedaron con ellos y los llevaron a la parte trasera del bus en medio de un silencio se escucharon dos gritos posteriormente unos disparos, luego de aproximadamente media hora, nos arriesgamos a bajarnos del bus y encontramos los cadáveres de esas personas lo cual impedía el retorno del vehículo hacia Medellín, por lo que varias personas procedimos a moverlos a un lado para así podernos dirigir a la inspección de Santa Rosa donde colocamos el denuncio de los hechos (el testigo se muestra con los ojos lagrimosos por la narración que hace) PREGUNTADO: Usted puede indicar quienes eran esas dos personas a quienes asesinaron. CONTESTO: las dos personas eran el señor NIETO y CARLOS, no recuerdo bien el apellido los cuales los identificaba como empleados del Inpec, ellos iban de civil. PREGUNTADO: Por qué afirmó usted que a ellos los identificaron como empleados del INPEC. CONTESTO: por que (sic) en medio de la requisas que hicieron a las pertenencias [de] ellos [se] encontraba documentación por lo cual notamos que fueron llamados solamente a ellos, a ellos los llamaron por su nombre. PREGUNTADO. El grupo armado se identificó o cuál era ese grupo armado. CONTESTO. En ningún momento tuvieron una identidad específica. (fls, 348 y 349, c.2)

4.12. Frente al móvil del homicidio del señor Luis Humberto Nieto Flórez, si bien no se puede deducir que el hecho de custodiar reclusos que hacían parte de grupos armados al margen de la ley incitó su asesinato pudo establecerse que fue por su calidad de miembros del Inpec que las personas que detuvieron el bus decidieron dispararles –testimonios de Diomedes de Jesús Uribe Ruiz(27) y Martín Alonso Villa Valderrama(28) y el citado testimonio de Jaime Andrés Gutiérrez Jaramillo(29) y María Eugenia Escobar Hernández(30)–.

4.13. Como consecuencia del suceso, el 17 de enero de 2002, el señor Adolfo Valera Guerrero en su calidad de Director de la Cárcel (e) elaboró un informe dirigido al Director Regional Noroeste - Inpec, Medardo Areiza Correa, sobre el homicidio de los dos dragoneantes en su traslado a la ciudad de Medellín –oficio ITU.512.017 del 17 de enero de 2002 (fls. 28 y 29, c. 2)–; sin embargo, el contenido de este documento será estudiado más adelante, ya que existen testimonios que indican una posible alteración del mismo –testimonio de María Eugenia Escobar Hernández (fls. 344 y 345, c. 2) y Álvaro Londoño Gutiérrez (fls. 334 y 335, c. 2)–.

4.14 Posterior al homicidio de los dragoneantes, pese a la asignación de tiquetes terrestres para la ruta Ituango - Medellín y Bogotá - Tunja(31), el señor Adolfo Valera, Director de la cárcel (E) fue traslado a la ciudad de Tunja vía aérea mediante helicóptero por cuestiones de seguridad, según se extraer de los siguientes testimonios:

Del testimonio del compañero de trabajo, el señor Martin Alonso Villa:

PREGUNTADO. Sabe usted, que actitud asumieron las directivas del Inpec ante la noticia del fallecimiento de los dragoneantes Nieto Flórez y Mesa García? CONTESTO. La actitud que tomaron fue optar mandar el resto del personal por aire, más concretamente en helicóptero. (…) (fl. 31, c. 2).

Del testimonio del personero municipal de Ituango para la época de los hechos, el señor Álvaro Londoño Gutiérrez:

[Y]o tuve conocimiento de esto, como también tuve conocimiento de que primero trasladaron todo el personal detenido por helicóptero y a los guardianes y a los dos guardianes asesinados les negaron el servicio aéreo y como a los dos días de haber fallecido, trasladaron al señor VARELA y al personal de guardia restante ahí si vía aérea (fl. 334, c. 2).

5. Análisis de la Sala.

Con el fin de abordar integralmente la problemática que supone el recurso de apelación interpuesto, la Sala analizará la demostración del daño, toda vez que se trata del primer elemento que debe dilucidarse para establecer la responsabilidad extracontractual del Estado(32), de manera que, resuelto el tema relativo a la afectación de los intereses de la parte demandante, se entrará a estudiar la imputación que es el objeto de los argumentos de impugnación.

5.1. El daño.

En el sub lite, el daño alegado por la parte demandante se concretó con la muerte del dragoneante Luis Humberto Nieto Flórez, que con ocasión de su traslado a la ciudad de Tunja (Boyacá), viajó por carretera desde el municipio de Ituango (Antioquia) hacia la ciudad de Medellín y fue asesinado por un grupo armado al margen de la ley que interceptó el vehículo en el que se transportaba, hecho que está suficientemente acreditado con el registro civil de defunción (fl. 5, c. 2) y los testimonios recaudados –ver supra 3.11–.

5.2. La imputación.

En cuanto a la imputación del daño a la administración, es pertinente poner de presente que la Sección Tercera del Consejo de Estado en pleno señaló que así como la Constitución Política de 1991 no privilegió ningún régimen de responsabilidad extracontractual en particular, tampoco podía la jurisprudencia establecer un único título de imputación a aplicar a eventos que guarden ciertas semejanzas fácticas entre sí, ya que este puede variar en consideración a las circunstancias particulares acreditadas dentro del proceso y a los parámetros o criterios jurídicos que el juez estime relevantes dentro del marco de su argumentación(33):

En lo que se refiere al derecho de daños, como se dijo previamente, se observa que el modelo de responsabilidad estatal establecido en la Constitución de 1991 no privilegió ningún régimen en particular, sino que dejó en manos del juez la labor de definir, frente a cada caso concreto, la construcción de una motivación que consulte razones, tanto fácticas como jurídicas, que den sustento a la decisión que habrá de adoptar. Por ello, la jurisdicción contenciosa ha dado cabida a diversos “títulos de imputación” como una manera práctica de justificar y encuadrar la solución de los casos puestos a su consideración, desde una perspectiva constitucional y legal, sin que ello signifique que pueda entenderse que exista un mandato constitucional que imponga al juez la obligación de utilizar frente a determinadas situaciones fácticas un determinado y exclusivo título de imputación.

En consecuencia, el uso de tales títulos por parte del juez debe hallarse en consonancia con la realidad probatoria que se le ponga de presente en cada evento, de manera que la solución obtenida consulte realmente los principios constitucionales que rigen la materia de la responsabilidad extracontractual del Estado, tal y como se explicó previamente en esta sentencia.

En ese orden, de conformidad con la jurisprudencia citada, no todos los casos en los que se discuta la responsabilidad del Estado por daños derivados de un supuesto de hecho que guarde semejanzas tienen que resolverse de la misma forma, se insiste, el juez puede –en cada caso concreto– válidamente considerar que existen razones tanto jurídicas como fácticas que justifican la aplicación de un título o una motivación diferente.

Ahora, el título de imputación para casos como el presente resulta aplicable el régimen subjetivo, pues si bien el daño alegado fue ocasionado por grupos al margen de la ley, es posible abordar el estudio jurídico de la responsabilidad en torno a la existencia de una falla en el servicio por parte del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario - Inpec que hubiese propiciado su materialización.

Para ello, es preciso referir que esta corporación(34) al abordar la responsabilidad de Estado en aquellos casos en los que son víctimas agentes encargados de funciones o actividades relacionadas con la fuerza pública ha partido de diferencia entre aquellos que ingresan de manera voluntaria y aquellos que ingresan de forma obligatoria, pues la responsabilidad en uno y otro caso se aborda de forma distinta, así:

De conformidad con las pruebas reseñadas el soldado murió en combate, debe tenerse en cuenta que aunque la actividad militar es considerada de alto riesgo, como consecuencia de los peligros a que se exponen quienes optan por pertenecer a las Fuerzas Militares, es necesario distinguir entre quienes deciden formar parte de la institución militar en forma voluntaria, y aquéllos, que como los conscriptos, se ven obligados a incorporarse, a fin de cumplir con ese deber ciudadano consagrado en el artículo 216 de la Constitución, en virtud del cual “todos los colombianos están obligados a tomar las armas cuando las necesidades públicas lo exijan...”. Lo anterior, por cuanto mientras los primeros asumen todos los riesgos inherentes al servicio, y por tal razón los daños que sufren en ejercicio de su actividad son resarcidos con fundamento en la normatividad especial, que atendiendo a la naturaleza de aquélla, se ha expedido (salvo que se produzcan como consecuencia de una falla del servicio o en virtud de un riesgo excepcional), en el caso de los conscriptos, dado que su vinculación a las fuerzas armadas no obedece por regla general a la liberalidad del sujeto, sino al llamado imperativo que el Estado le hace para que ingrese a filas, es a partir de ese momento que el joven queda bajo su custodia y protección, y en consecuencia adquiere la carga de, una vez terminado el servicio, devolverlo a sus padres y familiares en similares condiciones físicas y síquicas a aquéllas que presentaba en el momento de la incorporación al ejército.

Interpretación que resulta igualmente predicable respecto de los guardias del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario - Inpec, en tanto, si bien no hacen parte de la fuerza pública, de sus funciones y actividades en la vigilancia y custodia de la seguridad de los centros penitenciarios, se puede derivar su relación con la defensa y seguridad del Estado, haciendo posible determinar que se asumen riesgos de manera voluntaria cuando se vinculan al servicio, pues se exponen a un riesgo inherente en relación con la afectación de los derechos a la vida y la integridad personal(35), por lo tanto, asumen el riesgo propio de esa actividad, que al momento de concretarse no deviene en la responsabilidad del Estado. Sin embargo, se ha advertido que, cuando la concreción del daño desborda el riesgo propio de la actividad por causa de la configuración de una falla de la administración que facilitó su materialización es posible derivar su responsabilidad, al respecto se cita in extenso lo referido por esta corporación:

3. La jurisprudencia reiterada de esta corporación ha sostenido que la afectación de los derechos a la vida y a la integridad personal de los agentes profesionales de la fuerza pública constituye un riesgo propio de la actividad que dichos servidores públicos despliegan ordinariamente (por tal razón, se ha establecido un régimen prestacional de naturaleza especial, diferente al de los demás servidores del Estado); de allí que, cuando el riesgo se concreta, no resulta viable, en principio, atribuirle responsabilidad alguna al Estado por dicha afectación, salvo que se demuestre que el daño se concretó por una falla en la prestación del servicio o por la materialización de un riesgo excepcional que hubiere padecido el agente del Estado, riesgo que debe ser diferente o mayor al que se vieron sometidos los demás compañeros. Así, al explicar la justificación de los regímenes que consagran las denominadas indemnizaciones a forfait (o previamente establecidos en la ley) y la posibilidad de la indemnización plena en los casos excepcionales, esta Sección ha sostenido9:

“Por este motivo la ley ha consagrado un régimen de indemnización predeterminada o a forfait, como lo denominan los franceses, para los casos de muerte o lesiones en servicio activo simplemente, en actos comunes de servicio o en actos especiales, extraordinarios o eminentes de servicio de que tratan los decretos 2338 de 1971 y 094 de 1989 y que responden a la idea de riesgo o accidente de trabajo, sin consideración a la culpa o falla del servicio (responsabilidad patrimonial objetiva). “Aquí se parte de la exigencia de una obligación de seguridad del empleado, lo que conduce a considerar una lesión o la muerte del trabajador como el incumplimiento o la violación de esa obligación. “Por el contrario, cuando se logra probar la culpa del patrono o la falla del servicio el trabajador tiene derecho a la indemnización plena u ordinaria (Ley 6ª de 1945, art. 12 literal b, inciso final). “… tal como lo ha repetido la jurisprudencia, los miembros de los cuerpos armados del Estado aunque están sometidos a grandes riesgos, dichos riesgos son los propios del servicio. Así se ven enfrentados a la delincuencia, a la subversión armada, a los paros cívicos, etc. Por esta razón y para cubrir hasta donde sea posible esa situación riesgosa que viven, la ley ha creado una legislación protectora especial. De allí que cuando por actos del servicio y dentro de los riesgos propios de su prestación sufren daños en su vida o integridad personal o moral, deberán ser restablecidos prestacionalmente. “Esto es la indemnización a forfait. Pero cuando sufren daños porque estuvieron sometidos a riesgos no propios de su actividad militar o policial o por fuera del servicio mismo, podrán pretender una indemnización plena dentro del régimen general de responsabilidad” (subraya la Sala).

Ahora, si bien es cierto que las personas que se vinculan a un cuerpo de seguridad del Estado asumen los riesgos propios del servicio, también es cierto que esa carga desaparece cuando se observa una conducta negligente e indiferente de la institución (Ejército, Policía, Fuerza Aérea o Armada Nacional, entre otros) que ponga en situación de indefensión a su personal; por tanto, bajo este supuesto se configuraría una falla en la prestación del servicio. Así lo dispuso esta Sección en sentencia del 26 de febrero de 2009, con ponencia del doctor Enrique Gil Botero, donde se expresó10:

“(…) En este sentido, si bien existe prueba de que la víctima fue agredida por un grupo subversivo, y por ende ajeno a la Institución de la Policía Nacional, lo cierto es que las conductas omisivas de esta entidad, constituyeron la causa que posibilitó la muerte de Luis Alfonso Torres, quien se encontraba cumpliendo con su deber en una situación de abandono, y desatención de las circunstancias de seguridad que existían en el municipio de Mogotes. “Sin duda alguna, la vinculación profesional a un cuerpo de seguridad como la Policía Nacional, (sic) implica la existencia de unos riesgos que se deben asumir; este deber, sin embargo, deja de existir, cuando con una conducta negligente e indiferente de la institución, (sic) se pone a su personal en una situación de indefensión y por ende constitutiva de una falla del servicio que impone el deber patrimonial de responder en nombre del Estado colombiano, en los términos del artículo 90 constitucional (…)(36)”.

Así, descendiendo al caso concreto, para la Sala resulta relevante dilucidar si la muerte del dragoneante Luis Humberto Nieto Flórez a manos de un grupo armado al margen de la ley fue con ocasión a los riesgos propios del servicio o, si hubo una falla por parte del Inpec que derivó en un riesgo que no estaba en la obligación de soportar. Para ello, es preciso entender que la configuración de una falla en el servicio por omisión, está íntimamente ligada a la demostración del desconocimiento de las obligaciones constitucionales, legales y reglamentarias por parte de la entidad, en este caso, del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario - Inpec, el cual en su condición de empleador ordenó el traslado de sus agentes y empleados de un centro carcelario a otro como consecuencia de la supresión de uno de ellos.

Ahora, al consultar las normas que regulan el régimen del personal del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, se puede extraer que según los artículos 24(37) y 25(38) del Decreto-Ley 407 de 1994, el traslado de un miembro de dicha institución debe ser ordenado a través de resolución y una vez notificado, es de forzoso cumplimiento. En estas circunstancias, la orden proferida por el Inpec en la Resolución 00041 del 9 de enero de 2002 –fls. 317 a 319, c. 2–, según la cual el dragoneante Luis Humberto Nieto Flórez debía trasladarse por necesidad del servicio a la ciudad de Tunja era obligatoria y debía surtirse en un tiempo perentorio so pena de configurar una falta disciplinaria gravísima.

Siendo claro lo anterior, en lo relacionado con las obligaciones del Inpec en su calidad de empleador a fin de brindar los medios idóneos para el traslado de sus funcionarios, los artículos 5º y 7º del Decreto 446 de 1994 disponen lo siguiente:

Artículo 5º. Prima de instalación y alojamiento. Cuando un miembro del Cuerpo de Custodia y Vigilancia Penitenciaria y Carcelaria Nacional sea trasladado de una localidad a otra, se le pagará una prima de instalación que no constituye factor de salario y tendrá un valor equivalente a una suma que fluctúe entre el treinta por ciento (30%) y el cincuenta por ciento (50%) del sueldo básico, la cual será fijada por la Dirección General del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario. Inpec, teniendo en cuenta factores como la distancia, la calidad de las vías de comunicación, los medios de transporte empleados y otros semejantes.

Igualmente se reconocerá una prima de alojamiento correspondiente a un treinta por ciento (30%) del sueldo básico.

Cuando el trasladar, sea efectuado a solicitud propia, no habrá lugar a reconocimiento de la prima de instalación.

(…)

Artículo 7º. Derecho a pasajes y gastos de transporte. Al funcionario del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, Inpec, trasladado por necesidades del servicio, le serán reconocidos los pasajes para él, su esposa, compañero o compañera permanente, circunstancia comprobada mediante dos declaraciones extrajuicio e hijos menores, y una suma equivalente a un sueldo básico, por concepto de pago de transporte de sus muebles, sin perjuicio de la prima de instalación reconocida a los mismos funcionarios para el mismo evento.

En casos excepcionales esta partida podrá ampliarse hasta por el doble del sueldo básico, de acuerdo con lo establecido en el artículo 2º del Decreto 2833 de 1980.

Cuando el traslado sea efectuado por solicitud propia, no habrá lugar a los reconocimientos de que trata este artículo. (Negrilla fuera del texto).

De la norma citada, se desprende que la obligación de garantizar el transporte a sus funcionarios surge para la entidad cuando la orden de traslado sea con ocasión al servicio, pues la norma condiciona este derecho únicamente a esa situación determinada.

Ahora, vale la pena destacar que la norma no especifica o condiciona que la obligación de reconocer pasajes por parte del Inpec se encuentra circunscrita a otorgar un medio de transporte determinado; sin embargo es posible deducir que si la fuente de la obligación es la de garantizar la prestación del servicio de custodia y vigilancia, la discrecionalidad para cumplir la obligación debe atender las realidades del lugar donde se presta el servicio para no poner en peligro a sus funcionarios, por lo tanto, es preciso que la decisión del trasporte idóneo para su traslado a la nueva sede de trabajo se encuentre determinada por la geografía, la alteración del orden público, la distancia por recorrer, entre otros.

Así, no puede considerarse que esta decisión sea totalmente libre, ya que de acuerdo con las realidades de cada caso, corresponderá la asignación del transporte más adecuado.

Una vez aclarado lo anterior, resulta pertinente indicar que esta corporación(39) se ha referido a las obligaciones de seguridad que debe brindar el Inpec a sus agentes afirmando lo siguiente: (i) la regla general de protección a los ciudadanos, no implica la asignación de funcionarios a cada persona en el territorio nacional, pero si se involucra la implementación de medidas para garantizar los derechos de todos y (ii) para el caso de protección a determinadas personas es indispensable una valoración distinta cuando se advierten circunstancias que la ponen en un riesgo real y concreto que puede vulnerar su vida o integridad, obligando al Estado a tomar medidas necesarias y eficaces para su evitación o mitigación, in extenso se cita:

Aún más, esta misma Subsección, de manera reciente, condenó patrimonialmente al Inpec por la muerte del director de la cárcel del municipio de Florencia, Caquetá, ocurrida el 6 de enero de 1998. En ese caso, las pruebas que obraban en el expediente acreditaban que la situación en la que se hallaba el penal así como las medidas adoptadas por el director de la cárcel lo habían convertido en objetivo concreto de los grupos delincuenciales que cometían sus desmanes, con la participación activa de los mismos guardianes de la cárcel, al punto que uno de ellos estuvo penalmente vinculado por el delito homicidio, aunque fue absuelto en aplicación del principio iura novit curia.

En esa providencia se destacó que si bien es cierto que el Estado no puede destinar protección particular para cada persona, sí debe implementar las medidas que sean conducentes para garantizar los derechos de todos. Por lo tanto, solo habrá lugar a deducir responsabilidad patrimonial del Estado por los daños causados por terceros cuando se omita la implementación de tales medidas. No obstante, la obligación de brindar seguridad a determinadas personas debe ser valorada de manera diferente cuando se hubiera tenido conocimiento previo de que una persona se encuentra expuesta al riesgo real y concreto de sufrir daños en su vida e integridad, bien porque esa información hubiera sido brindada a las autoridades, o bien porque en consideración a sus circunstancias particulares sea ostensible y manifiesta esa necesidad y, sin embargo, se hubiera omitido la adopción de las medidas necesarias y eficaces para confrontar y anular dicho riesgo.

En el presente asunto, las pruebas que reposan en la actuación dan cuenta de que la muerte del señor Víctor Manuel Pérez Camacho ocurrió en el marco de sus funciones como director de la Cárcel de Florencia, agobiada por una situación general de indisciplina, en la que los internos, apoyados por algunos guardianes, imponían su ley. Ambiente a todas luces representativo del estado de cosas inconstitucional, propio de los establecimientos carcelarios en nuestro país, puesto de presente por la Corte Constitucional y por esta corporación, sin que se vislumbre una solución definitiva o al menos medidas transitorias para conjurarlo.

En el sub lite, las pruebas dan cuenta de las irregularidades que se presentaban al interior del centro de reclusión de Florencia, lugar en el que imperaba la voluntad de los internos, sin restricción, con la colaboración de algunos integrantes del personal de guardia.

Se conoce que el guardián comprometido en la sustracción de la planta eléctrica estaba incurso en infracciones disciplinarias reiterativas, pues propiciaba el desorden, facilitaba la fuga de internos, permitía el ingreso de objetos, armas y sustancias no autorizadas, así como de personas sin el cumplimiento de horarios y procedimientos, al punto de brindar, con otros integrantes del personal de guardia, protección personal a los internos integrantes de bandas al interior del penal, quienes abandonaban sus puestos de trabajo estando en servicio, dando lugar a la presentación de varios informes que no fueron atendidos por la entidad. Esto es así porque el acervo probatorio permite establecer que las infracciones cometidas eran conocidas por las directivas de la demandada desde el año anterior a los hechos, según lo afirmado por el Inspector Jefe de la Cárcel de Florencia, también amenazado y, para entonces, sin protección. Sostuvo el funcionario que, en razón de las medidas adoptadas por el mismo y por la víctima, juntos fueron amenazados. Refirió que las directivas del instituto, indiferentes con la situación, no tomaron acciones para contrarrestar lo que ocurría en el establecimiento carcelario, tampoco para protegerlos de las amenazas de internos y de personal de guardia, por promover sus traslados y tratar de restablecer el orden en el centro de reclusión.

Para la Sala este es el caso del señor Víctor Manuel Pérez Camacho, quien impuso medidas de disciplina y formuló denuncias por el caos que imperaba en el establecimiento y que perdió la vida a los seis meses de haber llegado y emprendido una labor ejemplar, sin respuestas de parte del Inpec, pues, a pesar de haber denunciado la sustracción de la planta de energía y señalado a los responsables, guardianes e internos, la investigación por los hechos acaecidos la noche del 17 de diciembre de 1997, se inició después del homicidio del director y aún no se conoce el resultado.

Ahora, en este caos institucional, la Sala debe destacar la labor de directores y guardianes, que en lugar de dejarse amedrentar por el delito, se empeñan en hacer cumplir las reglas, denunciar los hechos delictivos y solicitar traslados que resulten necesarios.

Empero la Sala echa de menos el acompañamiento que esa labor requiere, por parte de las instituciones, pues no se trata de que funcionarios valerosos pierdan la vida en cumplimiento del deber, sino que este sea un objetivo institucional, para lo cual, quienes se comprometen con la labor deben contar con la garantía de que su misión dará frutos y que no serán inmolados impunemente. Cabe anotar que, si bien la sentencia emitida por la justicia penal no culminó con condena, aporta indicios contundentes sobre que el homicidio ocurrió por causas y ocasión del cumplimiento del deber asumido por la víctima, en un ambiente de impunidad y desorden imposible de conjurar por la sola voluntad del director, acompañado del Inspector, como este mismo lo depuso y de algunos guardianes.

Nótese que el señor Germán Díaz Aguirre, Inspector Jefe de la Cárcel de Florencia refiere que desde noviembre de 1997, en el establecimiento reinaba el desorden y la impunidad. Y la documentación allegada al plenario demuestra que el Director General del Inpec recibió comunicación que denunciaba los hechos, por su misma gravedad anónimas, sin que ello despertara algún interés. Al punto que la recibida el día anterior a la muerte del director del penal Pérez Camacho, fue retenida por la secretaria de la entidad, de modo que el instituto accionado conoció de las amenazas que la misión revelaba, una vez estas se cumplieron cobrando la vida de la víctima. Indiferencia que pone al descubierto que el estado de cosas inconstitucional, entronizado en los centros de reclusión del país, acostumbró a las autoridades penitenciarias, al punto de que nada les asombra. (Subrayado fuera del texto)

De lo anterior, también resulta relevante para el estudio del presente caso que el conocimiento de la existencia de un riesgo por parte de la entidad, puede tener dos supuestos, a saber: (i) que le hubiese sido brindada la información de la existencia del riesgo y (ii) que de las circunstancias particulares se evidencie de manera fehaciente una necesidad de protección(40).

Así las cosas, una vez determinado el marco de las obligaciones derivados de un traslado frente al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario - Inpec, la Sala estima que en el subjudice se logró demostrar para la fecha de ocurrencia de los hechos que i) la entidad demandada tuvo conocimiento del alto grado de inseguridad que se presentaba en las vías que conducen al municipio de Ituango antes de efectuarse el traslado terrestre del dragoneante –ver supra 4.5 y 4.6–; ii) que esta situación fue advertida o dada a conocer de manera previa a las autoridades del Inpec encargadas de gestionar los trámites de traslado y iii) que esta situación no fue atendida de manera adecuada porque el dragoneante Luis Humberto Nieto Flórez fue obligado a viajar vía terrestre a pesar de los peligros planteados y la solicitud de asignación de transporte aéreo, situaciones de las que dieron cuenta algunos testimonios, entre los cuales, se encuentra el del hermano(41) del alcalde de la época, que refirió:

PREGUNTADO. Sabe usted si los funcionarios públicos viajaban por tierra o por aire en esa época para Medellín. CONTESTO. Yo tenía conocimiento de que viajaba por aire por seguridad. Yo se lo anterior porque mi hermano lo hacía para evitar posibles retenes que se presentaran en la vía. PREGUNTADO. Cuando su hermano le comento que era por posibles retenes quiere decir que era de conocimiento público que a veces se presentaron este tipo de acciones en la vía que de Ituango Conduce a Medellín. CONTESTO. Si, ya que era retenes inesperados. (…) (fl. 350, c. 2).

Por su parte, el testimonio el personero municipal refirió lo siguiente:

PREGUNTADO. Indíquele al Despacho si para la época del 17 de enero de 2002, existía en el trayecto de Ituango al municipio de Santa Rosa de osos, en la carretera, presencia permanente o circulante de la fuerza pública, llámese Ejército o Policía Nacional. CONTESTO. En absoluto, era una carretera totalmente expósita al accionar de grupos al margen de la ley y era tan así que incluso en las reuniones que nosotros hacíamos con los empleados de la administración, les manifestábamos que debían ser muy cuidadosos en sus desplazamientos hacia Medellín y hacia las veredas. (Fl. 334, c. 2).

A su vez, la señora María Eugenia Escobar Hernández manifestó lo siguiente:

[E]sto es 17 enero del 2002 esas personas que los interceptaron preguntaron que si ahí iban las viejas de la Fiscalía, bajaron toda la gente del bus y con documento en mano fueron identificando uno a uno lo[s] pasajeros ahí fue cuando detectaron que estos dos jóvenes laboraban con el Inpec; de este riesgo tenían conocimiento la misma dirección del Inpec, por cuanto cuando fue por primera vez a laborar al Municipio de Ituango Carlos Alberto y Diego Castro PREGUNTANDO, que apenas salían de la escuela y los remitieron para el municipio les dijeron las directivas del Inpec que dijeran en los retenes si los paraban que iban a trabajar con el Magisterio, los uniformes y el arma de dotación se les entregaron ya estando en el municipio de Ituango, esto lo sé por que los dos Vivian (sic) en la casa donde yo vivía. El riego (sic) lo conocimos todos los que trabajábamos allá, la policía, La Fiscalía. Ninguna de las directivas hizo nada incluyendo al Director de Fiscalías de entonces que la única precaución que tenía con nosotros era indicarnos que sostuviéramos que trabajamos en el archivo del municipio, cuando lo primero que hacen estos grupos al margen de la ley es identificar cualquier persona extraña que hay en el municipio (fl. 343, c. 2).

En este sentido, para la Sala es claro que la orden de traslado del señor Luis Humberto Nieto Flórez por sí misma no generó un riesgo para su vida, pues según el referido artículo 24 del Decreto 407 de 1994, la entidad se encuentra en posibilidad de ordenar a un funcionario el traslado de sede por necesidad del servicio. No obstante, ello no significa que para el cumplimiento de esa orden surjan obligaciones o deberes adicionales como los de verificar los riesgos del desplazamiento o la escogencia del medio de transporte más adecuado según las circunstancias particulares del caso (peligros en la vía, presencia de grupos armados, amenazas entre otros).

Al respecto, la Sala considera que la entidad demandada pudo prever el daño porque diversas autoridades del municipio de Ituango le manifestaron al Director Regional del Inpec, los riesgos en que se encontraba el municipio y las condiciones de inseguridad que se presentaban, especialmente las relativas a los traslados por carretera en los que se exponía tanto a los reclusos como a los guardianes a los ataques de grupos al margen de la ley –ver supra 4.5 y 4.6–.

De igual forma, se encuentra demostrado que el dragoneante Luis Humberto Nieto Flórez también solicitó por vía telefónica la asignación de transporte aéreo desde el municipio de Ituango (Antioquia) hasta la ciudad de Tunja (Boyacá), petición que si bien pudo tener diversas motivaciones, entre ellas las condiciones de inseguridad, sirve para establecer que el Inpec tuvo conocimiento de las intenciones de la victima de no realizar el traslado por tierra, sino a través de otro medio que no le generara peligros o riesgos.

Colorario de lo anterior, es evidente que el Inpec conocía los factores de inseguridad a los cuales se exponían sus agentes al viajar por la carretera, por tal motivo, debió estudiar la posibilidad de suministrar otro medio de transporte o adoptar medidas de seguridad en caso de optar por el transporte terrestre (verbigracia vehículo escolta), pues a pesar de no establecer el artículo 7º del Decreto 446 de 1994 un medio especifico, esto no significa que no deban evaluarse las circunstancias particulares para la elección.

Por otra parte, tampoco es de recibo para la Sala el argumento del Inpec referente a que el motivo por el cual se negó el transporte aéreo fue la ausencia de convenios con aerolíneas que viajaran entre los municipios de Antioquia, toda vez que, se demostró en el proceso que previo al suceso varios miembros del personal de la cárcel y los reclusos fueron trasladados mediante el uso del helicóptero, inclusive luego de los hechos en los que murió el dragoneante Luis Humberto Nieto Flórez, se dispuso el traslado aéreo por cuestionares de seguridad de otros funcionarios, lo que evidenciaría que además, no existieron medidas adecuadas y eficaces para controlar o anular el riesgo, pues el simple reconocimiento del valor de los tiquetes terrestres no es suficiente para considerar que se efectuaron gestiones tendientes a evitar que los grupos al margen de la ley que operaban en la vía atentaran contra los funcionarios del Inpec.

Es así como no resulta aceptable el argumento del recurrente relativo a la ruptura del nexo causal por la configuración del hecho de un tercero(42), ya que resultaba previsible para el Inpec que sus funcionarios estaban expuestos a ataques de grupos al margen de la ley si viajaban por la carretera que conduce de Ituango a Medellín, y aun así no se dispuso de un medio adecuado de transporte o medidas de seguridad idóneas para suprimir o mitigar el riesgo al que estaban siendo sometidos. Además, si bien el traslado realizado por el dragoneante Luis Humberto Nieto Flórez no corresponde a la función de vigilancia y custodia del establecimiento carcelario, el desplazamiento que este tuvo que realizar si estaba atado con la prestación del servicio, ya que con ocasión al mismo es que se ordenó su cambio de sede.

Respecto al argumento del recurrente de la configuración de una concurrencia de culpas o la culpa única, exclusiva y determinante de la víctima(43), por haber desconocido y desatendido las órdenes impartidas por su superior de no viajar por carretera en las horas de la noche, la Sala considera que no se encuentran acreditadas en el proceso, tal como se explicara a continuación.

Si bien para la Sala existen dudas respecto a la alteración o modificación(44) del oficio ITU.512.017(45), expedido por el entonces superior del dragoneante Luis Humberto Nieto Flórez pues aparentemente se cambió el contenido y eso afecta su credibilidad. Además, a parte de ese documento no hay pruebas en el proceso que respalden(46) o confirmen esa teoría, en esa medida no se tendrá por demostrada esa situación planteada a efecto de estructurar una concurrencia de culpas o el hecho exclusivo y determinante de la víctima.

En ese orden de ideas, a manera de conclusión, es claro que fue por el actuar negligente del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario - Inpec que se expuso a un riesgo que no estaba en la obligación de soportar, por cuanto no se le garantizó un transporte idóneo para materializar su traslado, pese a tener conocimiento de la existencia de actuar delictivo de grupos al margen de la ley en la vía que de Ituango conducía a la ciudad de Medellín, situación que constituye una falla del servicio que generó un daño antijurídico a los demandantes que debe ser reparado.

De esta forma, con base en lo expuesto, la Sala confirmará la sentencia del a quo por las razones y motivos expuestos y, en consecuencia, procederá, a la revisión de la liquidación de los perjuicios, restringida a los argumentos de la apelación y a las reglas que gobiernan la indemnización en casos como el presente.

5.3. En relación con los perjuicios(47). 

5.3.1. Perjuicios morales.

En la demanda se depreca por este concepto un petitum de 100 S.M.L.M.V. para cada uno de los demandantes (cónyuge e hijo); por su parte, el a quo, accedió a dicha petición otorgándoles ese monto indemnizatorio a cada uno de los accionantes por daños morales (fl. 387, c. 2).

En relación con lo anterior, la Sala encuentra que los demandantes acreditaron ser de aquellos afectados del nivel 1, por lo tanto, el monto otorgado en la primera instancia está acorde con la razón y tasación en la jurisprudencia de unificación, en la que esta corporación(48) ha fijado los criterios de indemnización del daño moral en caso de muerte.

En consecuencia, de acuerdo al vínculo matrimonial y al grado de consanguinidad acreditado, en el presente caso operaba la presunción de la aflicción moral para los demandantes.

En consecuencia, se confirmará la condena en favor de Gloria Elena Toro Giraldo y Luis Felipe Nieto Toro en relación con los perjuicios morales.

5.3.2. Perjuicios materiales.

5.3.2.1. Daño emergente.

En las pretensiones de la demanda se estableció que en relación a los perjuicios materiales en la modalidad de daño emergente se estaría a lo que se acreditara en el proceso, circunstancia que el a quo valoró y tras observar que no existían elementos probatorios que acreditaran su configuración, negó su reconocimiento. Frente a esta decisión no se presentaron inconformidades en el recurso de apelación, por lo que, la Sala mantendrá la decisión y no reconocerá ningún valor por este concepto.

5.3.2.2. Lucro cesante.

En relación a la reclamación de los perjuicios por concepto de lucro cesante, el recurrente adujo que no existía prueba que acreditara el porcentaje de manutención que el señor Luis Humberto Nieto Flórez destinaba para el sostenimiento de su familia y que la configuración del perjuicio no se origina porque el cónyuge y el hijo sean titulares de la pensión de sobrevivientes según la ley.

La Sala considera que este argumento no tiene asidero jurídico porque la sentencia de primera instancia no tuvo como fundamento para el reconocimiento del lucro cesante la titularidad de los demandantes para ser beneficiarios de la pensión de sobrevivientes, únicamente dio aplicación a la presunción que por vínculos matrimoniales o de consanguinidad se aplica, sin que hubiera sido desvirtuada por la parte demandada.

De otro lado, el argumento de la ausencia de prueba para determinar el porcentaje de manutención que el fallecido aportaba a su familia no resulta procedente, pues la decisión de primera instancia se soportó en la presunción de manutención con ocasión al grado de parentesco acreditado por los demandantes, circunstancia que deviene en la carga para de demandado de aportar pruebas que acrediten lo contrario.

Así, sobre el ingreso de la víctima, si bien en el plenario existen soportes probatorios que acreditan valores diferentes(49) respecto al último salario devengado por el señor Luis Humberto Nieto López, el a quo tomó como base para la liquidación el monto de $555.997,00, decisión que se mantendrá en razón a que dicho valor fue el referido en un acto administrativo cuya legalidad no se ha desvirtuado y fue aportado al proceso por la entidad demandada.

Ahora, la Sala observa que en la decisión de primera instancia se dijo que el valor del salario del señor Luis Humberto Nieto Flórez se encontraba actualizado a la fecha de la sentencia, lo que no resulta ser cierto pues el valor corresponde al último salario devengado para la fecha de los hechos, esto es, para enero de 2002.

No obstante, en virtud de la aplicación del principio de la non reformatio in pejus, no se recalculará el lucro cesante teniendo como base el salario del año 2002 actualizado, ya que arrojaría un valor superior al reconocido en primera instancia. Igualmente, en cumplimiento de la mencionada garantía, pese a que el tribunal no la aplicó las fórmulas para calcular la indemnización del lucro cesante con acrecimiento(50), en esta instancia tampoco se aplicaran porque ello incrementaría el valor de la condena en contra del apelante único.

En consecuencia, la Sala solo actualizará a la fecha, los valores que por perjuicios materiales se reconocieron en la primera instancia, para lo cual la procederá de conformidad con la variación de los índices de precios al consumidor certificados por el DANE aplicando la fórmula matemática reconocida por la jurisprudencia de esta corporación, así:

IPC diciembre de 2011 = 109,16

IPC junio de 2017 = 137,87

— Para Gloria Elena Toro Giraldo

Ra = 86.599.640,48 * (137,87 ÷ 109,16) = $ 109.376.075,79

— Para Luis Felipe Nieto Toro

Ra = 53.540.560,81 * (137,87 ÷ 109,16) = $ 67.622.179,54

Así las cosas, el monto actualizado de la indemnización correspondiente a perjuicios materiales en la modalidad de lucro cesante será para Gloria Elena Toro Giraldo la suma de ciento nueve millones trescientos setenta y seis mil setenta y cinco pesos con setenta y nueve centavos ($109.376.075,79) y para Luis Felipe Nieto Toro la suma de sesenta y siete millones seiscientos veintidós mil ciento setenta y nueve pesos con cincuenta y cuatro centavos ($67.622.179,54).

6. Costas procesales.

El artículo 55 de la Ley 446 de 1998 prevé la condena en costas a la parte que hubiere actuado en forma temeraria. En el presente caso la Sala no observa un comportamiento que amerite ser calificado de tal manera, razón por la cual no se impondrá condena alguna por este concepto.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección “B”, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. MODIFICAR la sentencia del 16 de diciembre de 2011, proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia, de conformidad con lo expuesto en la parte considerativa de esta providencia, la cual quedará así:

PRIMERO: DECLARAR administrativamente responsable al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario - Inpec, de los perjuicios ocasionados a los señores: Gloria Elena Toro Giraldo, y Luis Felipe Nieto Toro, en calidad de cónyuge e hijo del occiso Luis Humberto Nieto Flórez.

SEGUNDO: Como consecuencia de lo anterior, CONDÉNESE AL Inpec, a pagar por concepto de PERJUICIOS MORALES, los siguientes:

— Para la cónyuge Gloria Elena Toro Giraldo y su hijo Luis Felipe Nieto Toro, se concede el equivalente a cien (100) salarios mínimos mensuales legales vigentes, a cada uno.

TERCERO: CONDÉNESE AL Inpec, a pagar por concepto de perjuicios materiales en su modalidad de lucro cesante, lo siguiente:

— Total perjuicios materiales para Gloria Elena Toro Giraldo por concepto de indemnización consolidada y futura la suma de ciento nueve millones trescientos setenta y seis mil setenta y cinco pesos con setenta y nueve centavos ($109.376.075,79).

— Total perjuicios materiales para Luis Felipe Nieto Toro por concepto de indemnización consolidada y futura la suma de sesenta y siete millones seiscientos veintidós mil ciento setenta y nueve pesos con cincuenta y cuatro centavos ($67.622.179,54).

CUARTO: Désele cumplimiento al fallo en los términos de los arts. 176 y 177 del C.C.A.

2. EXPEDIR, por Secretaría, copias con destino a las partes, con las precisiones del artículo 114 del Código General del Proceso y se entregarán a quien ha venido actuando como apoderado judicial.

3. Ejecutoriada esta providencia devuélvase el expediente al tribunal de origen.

¿Cópiese, notifíquese y cúmplase».

10 La suma de las pretensiones, correspondiente a los perjuicios materiales reclamados en la modalidad de lucro cesante fue estimada en $215.000.000 (fl. 48, c. 2) y los perjuicios morales exceden la suma de $29.000.000 (fl. 48, c. 2), monto que supera la cuantía de 500 SMLMV ($154.500.000.oo) requerida en el numeral 6º del artículo 132 del C.C.A., modificada por el artículo 40 de la Ley 446 de 1998, para que un proceso de reparación directa sea conocido en primera instancia por los tribunales administrativos y en segunda instancia por el Consejo de Estado.

11 Cfr. Certificación del Notario Único del Círculo de Ituango en la que consta la inscripción del matrimonio entre Luis Humberto Flórez y Gloria Elena Toro Giraldo (fl. 3, c. 2).

12 Certificado de nacimiento de la Notaria Primera de Yamural - Antioquia (fl. 4, c. 2). Se advierte que pese a obtener la mayoría de edad en el trascurso del proceso, a la fecha este no ha revocado el poder otorgado al apoderado. Ver Consejo de Estado, sentencia de sala plena del 24 de noviembre de 2014, Exp. 37747, C. P. Enrique Gil Botero.

13 Folio 48 del cuaderno 2.

14 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 28 de agosto de 2013, Exp. 25022, M. P. Enrique Gil Botero.

15 Mediante auto del 3 de noviembre de 2005, se accedió a la solicitud de traslado en copia autentica del testimonio (fl. 339, c. 2).

16 Consejo de Estado, Sala Plena, sentencia de unificación del 11 de septiembre de 2013, Exp. 20601, C. P. Danilo Rojas Betancourth.

17 En la declaración rendida el 5 de septiembre de 2005, quien fue personero municipal de Ituango para la época de los hechos.

18 En el testimonio rendido el 11 de octubre de 2005, quien para fecha de los hechos ostentaba el cargo de técnico judicial adscrita a la Fiscalía de Ituango.

19 Oficio ITU.512.019 del 18 de enero de 2002 proferido por Adolfo Varela Guerrero en calidad de Director de la Cárcel (E) al personero municipal (fl. 26, c. 2).

20 En la declaración recaudada el 26 de febrero de 2004 al respectó expresó lo siguiente:
[S]i el me comentada a mi todo y me comentó que estuvo insistiendo sobre eso, y que no hubo forma de que le dieran el tiquete y entonces se fue en bus. PREGUNTADO. Sabe si el señor NIETO FLOREZ el Inpec le negó o le dio e (sic) tiquete aéreo de Ituango para Medellín para efectos de trasladarse hacia su nueva sede de trabajo? CONTESTO. Simplemente el insistió en eso, si se lo dieron, no sé, pero el insistió en eso, si llegó, no llegó a tiempo porque ellos se tenían que ir rápido. PREGUNTADO. Bajo la gravedad del juramento prestado manifieste al despacho si sabe y le consta porque (sic) señor NIETO FLOREZ y SU OTRO COMPAÑERO solicitaron insistentemente tiquetes aéreos para Medellín al momento de su traslado. CONESTO. Mas menos porque tenían uno o dos días para ir a su nueva sede de traslado, y era más rápido, y porque en bus se demora más, se les iba un día ahí. (Fl. 309, c. 2).

21 En el testimonio que se recaudó el 26 de febrero de 2004, refirió lo siguiente:
CONTESTO. Nieto me dijo que porque no les enviaron pasajes para irse por vía aérea de la Dirección Nacional del Inpec con quién laboran. PREGUNTADO. Manifieste al despacho si el señor NIETO FLOREZ gestionó ante el Inpec para que su traslado fuera aéreo y porque (sic) no quería viajar por tierra? Se lo que él me dijo, que no les habían autorizado el pasaje vía aéreo (sic), palabras de él, él me dijo que habían gestinado (sic). PREGUNTADO. Sigue la respuesta anterior el motivo fue por la inseguridad de la carretera y el trabajo que hacían acá en Ituango (guardianes) (fl. 310, c. 2).

22 Cfr. Folio 27 del cuaderno 2.

23 En el que acreditó que “el 16 de enero de 2002 en el bus de las 10 de la noche de la empresa Coonorte viajaron Carlos Alberto Mesa y Luis Humberto Nieto (…)”. (Fl. 342, c. 2).

24 Cfr. Copia del registro civil de defunción (fl. 5, c. 2).

25 En la certificación del Fiscal Delegado ante los jueces del Circuito de Santa Rosa de Osos en Antioquia se indica que: “La diligencia del levantamiento del cadáver [del señor Nieto Flórez] fue realizado por el inspector municipal de policía de esta ciudad. Según consta en el acta de necropsia realizada al occiso en el hospital San Juan de Dios, la muerte fue consecuencia natural y directa a: “SHOCK TRAUMÁTICO, secundario a: HERIDAS EN CRÁNEO Y ABDOMEN, producido por: PROYECTILES DE ARMA DE FUEGO”. (Fl. 27, c. 2).

26 Testimonio recaudado al señor Jaime Andrés Gutiérrez Jaramillo, quien adujo haber viajado en el bus cuando ocurrieron los hechos y ser hermano del Alcalde de la época, Jorge Orlando Gutiérrez, obrante a folios 348 a 350 del cuaderno 2.

27 Con ocasión a su relación de amistad con el dragoneante Nieto Flórez cuando fue consultado en relación a su conocimiento de los motivos del homicidio del agente, este acreditó que no le conoció enemigos en el municipio de Ituango, en los siguientes términos:
CONTESTO. Pues según las cosas porque eran del Inpec por ser trabajadores del Gobierno peligran ante los grupos ilegales y al haber tanto reten, cualquier grupo sale. PREGUNTADO. Le expresó a usted el señor NIETO FLOREZ algún temor para viajar por tierra al momento de trasladarse hacia la ciudad de Medellín y en caso positivo dirá las razón de este temor? CONTESTO. Él no me comento nada, que yo supiera el aquí no tenía enemigos ni nada de eso. (Fl. 309, c. 2).

28 En su condición de compañero en el centro carcelario de Ituango refirió en el testimonio rendido el 26 de febrero de 2004 lo siguiente:
PREGUNTADO. Manifieste al despacho si sabe y le consta que el dragoneante LUIS HUMBERTO NIETO FLOREZ le hubiera tocado custodiar presos correspondientes a grupos al margen de la ley? CONTESTO. Si, porque en la cárcel hubo detenidos pertenecientes a diferentes grupos armados al margen de la ley, le tocó custodiarlos en la cárcel y hacia otros lugares también. (Fl. 310, c. 2).

29 Folio 348 y 349 del cuaderno 2.

30 Por su relación de amistad con Carlos Alberto Mesa con ocasión a que se hospedaban en la misma vivienda y por sus funciones como técnica judicial adscrita la Fiscalía General de la Nación, en su testimonio refirió:
“[y]o viajaba es noche con ellos pero decidí cambiar el tiquete para el otro días a las 6 de la mañana, sentí mucho miedo de viajar con ellos porque yo sabía el peligro que corrían pues a un kilómetro del pueblo en el sitio conocido como el Filo de la Aurora encontrábamos el primer reten que era el del Bloque José José de la Montaña encontrábamos el retén de las Autodefensas y me pareció muy riesgoso hacer ese viaje en compañía de ellos porque estos traían los documentos que los identificaban como servidores del Inpec, las ordenes de traslado y los uniformes; lo único que no tenían eran las armas de dotación; le hice ver eso y ellos me dijeron tomándonos un tinto antes de abordar el bus a las 10 de la noche que no podían hacer nada, que tenían que viajar y lo hicieron por tierra. (Fl. 342, c. 2).

31 Memorando 7241-DFI-GCC-0003 del 14 de enero de 2004 expedido por el Jefe de la División al Secretario General del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario - Inpec (fl. 328, c. 2).

32 Henao, Juan Carlos. El daño, Universidad Externado de Colombia, Bogotá, 1998, p. 37.

33 Consejo de Estado, Sección Tercera, Sala Plena, sentencia del 19 de abril de 2012, Exp. 21515, C. P. Hernán Andrade Rincón, reiterada en la sentencia del 23 de agosto de 2012, Exp. 23219, C. P. Hernán Andrade Rincón.

34 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 21 de abril de 2004, Exp. 13607, C. P. German Rodríguez Villamizar.

35 Al respecto ver Consejo de Estado, Sección Tercera, Sala Plena, sentencia del 28 de agosto de 2014, Exp. 27709, C. P. Carlos Alberto Zambrano. // Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección “B”, sentencia del 30 de enero de 2013, Exp. 25583, C. P. Danilo Rojas Betancourth (E).

36 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección “A”, sentencia del 13 de mayo de 2015, Exp. 37118, C. P. Carlos Alberto Zambrano.
[9] Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia de 3 de mayo de 2001, Exp. 12338, C. P. Alier Hernández.
[10] Radicado 6800-123-15000-1999-01399-01 (31842), demandante: Solange Forero Jaimes y otros, demandado: La Nación - Ministerio de Defensa - Policía Nacional.

37 “ARTÍCULO 24. Traslado. Se produce traslado cuando el Director General del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, Inpec, mediante resolución, prevé en forma permanente con un miembro del instituto, un cargo vacante a nivel similar en un establecimiento carcelario, asignándole funciones afines a las que desempeña en el establecimiento de origen. Así mismo, cuando es llamado a adelantar curso para ascenso.
Una vez notificado oficialmente el interesado, éste cumplirá la disposición de traslado en los siguientes términos máximos:
“a) Dentro de los doce (12) días siguientes a la fecha de la notificación oficial, si cumplen funciones directiva o de manejo;
“b) Dentro de los seis (6) días siguientes a la fecha de la notificación oficial, en los demás casos;
“c) Inmediatamente, cuando se trate de urgentes motivos de orden público penitenciario u otras razones de conveniencia institucional determinadas por el ordenador del traslado”.

38 “ARTÍCULO 25. Incumplimiento del traslado. El incumplimiento del traslado sin causa justificada, tanto por parte del trasladado como por parte de quien deba ordenar su ejecución, constituye falta grave sancionable de conformidad con el estatuto disciplinario”.

39 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 3 de septiembre de 2015, Exp. 37252, C. P. Ramiro Pazos Guerrero. Cita original Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 9 de octubre de 2014, Exp. 26386, C. P. Stella Conto Díaz del Castillo.

40 Cita original de Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia de 29 de julio de 2013, Exp. 24.496, C. P. Danilo Rojas Betancourth.

41 Testimonio de Jaime Andrés Gutiérrez Jaramillo recaudado el 5 de marzo de 2006, también refirió que iba a bordo del mismo vehículo que del dragoneante Nieto Flórez el día de su homicidio.

42 En Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 7 de abril de 2011, Exp. 20750, C. P. Mauricio Fajardo Gómez, se refirió lo siguiente:
Por otro lado, en cuanto a la alegada eximente de responsabilidad consistente en el hecho exclusivo de la víctima, conviene recordar que, al igual que acontece con las demás eximentes de responsabilidad –fuerza mayor, caso fortuito, hecho exclusivo y determinante de un tercero–, tres son los elementos cuya concurrencia tradicionalmente se ha señalado como necesaria para que sea procedente admitir su configuración: (i) su irresistibilidad; (ii) su imprevisibilidad y (iii) su exterioridad respecto del demandado.

43 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 25 de enero de 2017, Exp. 39544, C. P. Hernán Andrade Rincón, refirió que “para que la culpa de la víctima releve de responsabilidad a la administración aquella debe cumplir con los siguientes requisitos: (i) Una relación de causalidad entre el hecho de la víctima y el daño y (ii) El hecho de la víctima no debe ser imputable al ofensor”.

44 En el Testimonio de María Eugenia Escobar Hernández quien entonces ostentaba el cargo de técnico judicial adscrita al Fiscalía de Ituango, folio 344 del cuaderno 2, se indicó lo siguiente:
[A] eso de las 9 de la mañana el Inspector Adolfo Valera que en ese momento hacía de Director de la Cárcel llevó un oficio para que lo enviáramos vía FAX al Director del Inpec Regional Noroeste Sede Medellín y otro dirigido a la Fiscalía Seccional para que nosotros a su vez pasáramos un informe completo a la Dirección Seccional de Antioquia. Y le recibí el oficio que iba dirigido a la Fiscalía en original y duplicado y le entregue una copia firmada a él. Varela remitió el FAX para el Inpec y se fue para la casa; posteriormente a eso de las once de la mañana aproximadamente llamaron de la regional del Inpec a Adolfo Varela al despacho de la Fiscalía porque ellos están incomunicados, y le dije que lo llamaran en un cuarto de hora o 20 minutos que tenía que llamar a alguien para que lo llamara; este señor se Valera se hizo presente, le repitieron la llamada y en eso me dijo que le devolviera el oficio que él me había entregado para la Fiscalía que le iba a hacer unas correccioncitas, yo le dije que de que se trataban que ya ese oficio tenía firma y sello de la Fiscalía, él me dijo que era un cosita que ya me lo traía. Yo le entregue solamente un copia y deje otra en la Fiscalía, no sé si él no se percató pero no me dijo nada yo la deje para luego verificar cual eran las cositas que iba a arreglar. No sé qué hablaría con la persona del Inpec con quien se comunicó, lo cierto del caso es que se fue con la copia que yo le había entregado y copia de informe que él había entregado vía FAX; se fue y al rato volvió con el informe cambiado, yo no le quise recibir la copia que trajo porque era totalmente diferente a su contenido inicial, con la copia del informe anterior y con la copia que le recibió la Fiscal maría Elena ya con los ajustes y arreglos me dirigí a la personería municipal porque lo consignado allí era totalmente falso, se estaba incurriendo en un delito y lo denuncie disciplinariamente, (…)

45 Único documento que prueba la presunta orden impartida por el señor Adolfo Valera Guerrero en su calidad de director de la cárcel (e), el cual obra en copia en los folios 28 y 29 del cuaderno 2.

46 En el testimonio del señor Martin Alfonso Villa Valderrama, quien entonces fue compañero laboral de los fallecidos dragoneantes, indicó que no conoció de instrucciones para viajar, así:
PREGUNTADO. Sabe usted si el Inpec –les recomendó a los dragoneante asesinados que si viajaban por tierra lo hicieran– siempre de día y no en la noche? CONTESTO. Nunca supe que hubieran recomendaciones especiales para viajar (fl. 311, c. 2).

47 Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera, Sala Plena, sentencia del 9 de febrero de 2012, Exp. 20104, C. P. Ruth Stella Correa Palacio. En esa oportunidad sobre la posibilidad de analizar aspectos no discutidos expresamente por la parte apelante se dijo:
Es de esperar que los argumentos expuestos en el recurso de apelación por parte de quien ha sido condenado a pagar una indemnización y pretenda la revocatoria del fallo, se centrarán en las razones por las cuales se pide tal revocatoria, pero que se omitirá toda reflexión relacionada con los aspectos consecuenciales de la sentencia en la cual se accedió a las pretensiones, dado que al revocarse la declaración de responsabilidad, se negarán las pretensiones de la demanda. Sin embargo, la ausencia de razones expuestas por el recurrente no impiden al juez corregir la sentencia apelada, para hacer reducciones por concurrencia de la intervención de la víctima en la causación del daño, o por reconocimientos de daños que no aparecen demostrados en el expediente, o por errores en la liquidación de las indemnizaciones.

48 Consejo de Estado, Sección Tercera, Sala Plena, sentencia del 28 de agosto de 2014, Exp. 27709, C. P. Carlos Alberto Zambrano.

49 En la certificación del 28 de enero de 2002 proferida por el Director Regional (fl. 275, c.2) y la certificación del 17 de julio de 2002 expedida por la Pagadora Regional (e) (fl. 6, c.2) se acredito como salario devengado la suma de $524.525; mientras que en la Resolución 3819 del 28 de noviembre de 2002 por medio de la cual se efectuó el reconocimiento de los servicios personales se tomó como sueldo básico mensual la suma de $555.997 (fls. 275 y 276, c. 2).

50 Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera, Sala Plena, sentencia del 22 de abril de 2015, Exp. 19146, C. P. Stella Conto Díaz Del Castillo.