Sentencia 2002-04245 de octubre 1 de 2014

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION TERCERA - SUBSECCION A

Rad. 76001-23-31-000-2002-04245-01(33686)

Consejero ponente:

Dr. Carlos Alberto Zambrano Barrera

Actor: Cecilia Valenzuela de Quique y otros

Demandado: Nación - Ministerio de Defensa - Ejercito Nacional - Policía Nacional

Referencia: Reparación Directa

Bogotá, D.C., primero de octubre de dos mil catorce.

EXTRACTOS: «II. Consideraciones

2.1 Competencia de la Sala.

La Sala es competente para conocer del recurso de apelación interpuesto por el demandante contra la sentencia del 2 de noviembre de 2006, mediante la cual se declaró la responsabilidad solidaria de las demandadas, con ocasión de la muerte del señor Luis Antonio Díaz Gómez, proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca en un proceso con vocación de doble instancia, toda vez que la pretensión mayor de la demanda fue estimada en 1000 salarios mínimos legales mensuales vigentes que, por concepto de perjuicios morales, los actores pidieron para cada uno de ellos.

Al respecto, es menester indicar que el recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia fue interpuesto el 18 de diciembre de 2006, esto es, en vigencia de la Ley 446 de 1998 y después de que entraron en funcionamiento los jueces administrativos(2). Dicha norma dispuso que los Tribunales conocieran, en primera instancia, y el Consejo de Estado, en segunda instancia, de los procesos de reparación directa cuya cuantía excediera, al momento de presentación de la demanda, de 500 salarios mínimos legales mensuales vigentes, como ocurre en este caso.

2.2. Caducidad de la acción.

De conformidad con el artículo 136 del Código Contencioso Administrativo, aplicable para la época de los hechos(3), la acción de reparación directa caduca al cabo de dos (2) años, contados a partir del día siguiente al acaecimiento del hecho, omisión u operación administrativa o de ocurrida la ocupación temporal o permanente del inmueble de propiedad ajena, por causa de trabajo público o por cualquier otra causa. En el presente asunto, los hechos ocurrieron el 2 de marzo de 2002 y la demanda fue instaurada el 7 de octubre de ese mismo año, es decir, dentro del término que contemplaba el ordenamiento legal de entonces.

2.3. Derecho de postulación.

En los procesos contenciosos administrativos, la Administración puede actuar como demandante, demandada o interviniente. En cualquiera de estos eventos, debe hacerlo a través de sus representantes, debidamente acreditados. Así lo indica el artículo 149 del CCA, norma que dispuso, además, que la Nación, para efectos judiciales, estaría representada por el “Ministro, director de departamento administrativo, Superintendente, Registrador Nacional del Estado Civil, Fiscal General, Procurador o Contralor o por la persona de mayor jerarquía en la entidad que expidió el acto o produjo el hecho”(4).

Así, la Nación, como persona jurídica que es —artículo 80 de la Ley 153 de 1887—, se encuentra representada por diversos funcionarios o autoridades, según la rama del poder público, dependencia u órgano que deba concurrir al proceso y, por lo mismo, cuando tales funcionarios o autoridades comparecen al proceso, si bien como cabeza máxima de los órganos a su cargo, en estricto sentido acuden en representación de la persona jurídica de la que estos hacen parte, esto es, de la Nación.

Sobre el particular, la Sección Tercera del Consejo de Estado puntualizó (se transcribe textualmente):

“Podría afirmarse que el centro genérico de imputación —Nación— es una persona jurídica unitaria y como tal, para efectos procesales, considerada parte, sólo que en cuanto a su representación esa imputación se particulariza teniendo en cuenta la rama, dependencia u órgano al que, específicamente para los efectos de la responsabilidad extracontractual del Estado, se le atribuya el hecho, la omisión, la operación administrativa o la ocupación causante del daño indemnizable (art. 86 CCA)(5).

En el caso de las Fuerzas Armadas, el artículo 6º del Decreto 1512 de 2000, “por el cual se modifica la estructura del Ministerio de Defensa Nacional y se dictan otras disposiciones”, dispuso que la Policía Nacional, la Fuerza Aérea, el Ejército Nacional y la Armada Nacional hacen parte de la estructura orgánica del Ministerio de Defensa, cuya dirección, a términos del artículo 2º ibídem, está a cargo del Ministro de Defensa y, por tanto, es este quien lo representa judicialmente y, al hacerlo, obra en nombre y representación de la Nación.

Dicha representación puede delegarse en cualquiera de las dependencias del Ministerio, en la medida en que hacen parte de su estructura orgánica y, por tanto, las condenas que lleguen a proferirse contra una o varias de ellas, se imputan a un solo presupuesto, esto es, el de la Nación, en cabeza del Ministerio.

Ahora bien, el ordenamiento procesal civil dispuso, por una parte, que quienes “hayan de comparecer al proceso deberán hacerlo por conducto de abogado inscrito, excepto en los casos en que la ley permite su intervención directa” —artículo 63 del C. de P.C.,— y, por otra parte, que “en ningún proceso podrá actuar simultáneamente más de un apoderado judicial de una misma persona” —artículo 66 ibídem—, disposición esta última que fue reproducida por el artículo 75 (inciso tercero) del Código General del Proceso, de suerte “que a cada sujeto de derecho le asiste la facultad de designar su representante judicial dentro de un proceso” y, por lo mismo, “no puede haber más abogados actuando que el número de personas reconocidas dentro del proceso”(6).

En el presente asunto, la parte actora dirigió la demanda contra la Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional – Policía Nacional, a fin de que se le declarara responsable por la muerte del señor Luis Antonio Díaz Gómez; así, la demandada, esto es, la Nación actuó en el proceso a través de dos apoderados principales, con claro desconocimiento de las normas procesales que prohíben la actuación simultánea “de más de un apoderado judicial de una misma persona”.

Adicionalmente, los abogados de la demandada no actuaron de manera coordinada y coherente, pues lejos de defender los intereses de su representada, los contrapusieron, al punto que, en los alegatos de conclusión de segunda instancia, el apoderado de la Policía Nacional solicitó que se exonerara de responsabilidad a esta última, por cuanto se demostró en el proceso penal que el presunto autor de la muerte del señor Díaz Gómez fue un miembro del Ejército Nacional; además, a pesar de que el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca declaró la responsabilidad de la accionada y la condenó al pago de los perjuicios causados, ninguno de los abogados que la defendieron apeló la sentencia.

Al respecto, debe decirse que, si bien el ordenamiento legal no contempla como causal de nulidad el hecho de que la entidad demandada (en este caso, la Nación, en cabeza del Ministerio de Defensa), representada por diferentes dependencias que hacen parte de la misma estructura orgánica (acá, de la del mencionado ministerio), concurra al proceso con dos abogados principales, como sucedió en este caso, sí es responsabilidad de este último observar los postulados procesales, en aras de garantizar una defensa seria y coherente de sus derechos (que, en últimas, son los de la Nación) y de evitar que ocurran de nuevo situaciones como las evidenciadas en el sub júdice, con independencia de que, de perder el proceso, el Ministerio impute internamente el pago de la condena al presupuesto de una u otra de las instituciones que conforman la Fuerza Pública.

Se aclara, de todas formas, que la prohibición del artículo 66 del C. de P.C. (75 del CGP) no aplica a casos en que los órganos o dependencias de la entidad que estos representan conforman una estructura orgánica diferente, como ocurre, por ejemplo, cuando se demanda a varios ministerios, departamentos administrativos, Superintendencias y/o Unidades Administrativas Especiales, sin personería jurídica, pues en estos eventos tales dependencias pueden concurrir al proceso con su respectivo apoderado judicial, ya que el ordenamiento legal las faculta para comparecer a juicio, bien como demandantes, demandados o intervinientes (artículos 149 del C.C.A. y 44 del C. de P.C.)(7), circunstancia que puede facilitar, en gran medida, la obtención y recolección de la información que reposa en cada uno de esos órganos y que es necesario incorporar al proceso, a fin de garantizar el derecho defensa de quien representan, con lo cual se evitarían las dificultades que frecuentemente ocurren durante el proceso de obtención de dicha información, particularmente cuando esta reposa en diferentes organismos de la Nación que forman parte de otra estructura orgánica dentro de dicha persona jurídica.

2.4. No reformatio in pejus.

En el presente asunto, la parte actora fue la única que apeló la sentencia que declaró la responsabilidad de las demandadas, de modo que no podrá agravarse su situación, dada la calidad de apelante único que ostenta, en virtud del principio de la no reformatio in pejus, esto es, de la prohibición de empeorar la situación del apelante único; así, la decisión que se impugna solo puede ser modificada por el juez de segunda instancia si con ello el apelante resulta favorecido o mejorado en su situación.

Ahora bien, como quiera que el recurso de apelación se limitó a cuestionar el monto de la condena impuesta por el Tribunal, la Sala, de conformidad con las pautas trazadas por la jurisprudencia del Consejo de Estado y las pruebas que militan en el plenario, estudiará las razones expuestas por el recurrente, quien solicitó incrementar el monto de los perjuicios morales fijados en la sentencia de primera instancia y acceder al pago de los perjuicios materiales reclamados por la compañera permanente de la víctima, los cuales, a pesar —según su opinión— de haberse acreditado en el plenario, fueron negados por el a quo.

III. Indemnización de perjuicios

3.1. Perjuicios morales.

Por la muerte del señor Luis Antonio Díaz Gómez concurrieron al proceso Cecilia Valenzuela de Quique (compañera permanente), Ana Elvia Gómez de Díaz (madre), Mercedes Díaz Gómez (hermana), Yolercy Quique Valenzuela y José Uberney Pame Silva, quienes alegaron su condición de hijos de crianza de la víctima. Los actores solicitaron, por perjuicios morales, 1000 smlmv, para cada uno de ellos (fl. 22, cdno. 1).

El Tribunal, por su parte, ordenó pagar, por dicho concepto, 100 salarios mínimos legales mensuales vigentes, esto es, $40.800.000, para Cecilia Valenzuela de Quique, así como 50 salarios mínimos legales mensuales vigentes, esto es, $20.400.000, para Ana Elvia Gómez de Díaz y 25 salarios mínimos legales mensuales vigentes, esto es, $10.200.000, para cada una de las siguientes personas: Mercedes Díaz Gómez, Yolercy Quique Valenzuela y José Uberney Pame Silva.

Se encuentra acreditado en el plenario, según los registros civiles de nacimiento, visibles a folios 12 y 13 del cuaderno 1, que Luis Antonio Díaz Gómez era hijo de Ana Elvia Gómez Díaz y que Mercedes Díaz Gómez era su hermana.

Acreditado el parentesco de las personas citadas en el párrafo anterior con el hoy occiso, puede inferirse, aplicando las reglas de la experiencia, que aquéllas tenían un nexo afectivo importante con este, lo cual determinó la existencia de lazos de alianza y solidaridad entre ellos y que, por lo tanto, sufrieron un profundo dolor y pesar con su muerte trágica. Así, las pruebas del parentesco aportadas al proceso son suficientes para tener por demostrado el daño moral reclamado por los demandantes.

Conforme a lo anterior y siguiendo los parámetros trazados por la jurisprudencia de esta corporación en materia de reconocimiento y liquidación de perjuicios morales en caso de muerte(8), la Sala modificará las condenas de 50 y 25 salarios mínimos legales mensuales vigentes impuestas por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca a favor de Ana Elvia Gómez de Díaz, en su condición de madre de la víctima y de Mercedes Díaz Gómez, en su condición de hermana de la víctima, las cuales quedarán, respectivamente, en 100 y 50 salarios mínimos legales mensuales vigentes.

De otro lado, la Sala confirmará la condena de 100 salarios mínimos legales mensuales vigentes impuesta por el Tribunal a favor de Cecilia Valenzuela de Quique, en su condición de compañera permanente de la víctima, calidad que está demostrada en el plenario con las declaraciones de Hernán Mejía y Jairo Álvarez Marín (fl. 289 a 294, cdno 3).

En cuanto a los perjuicios morales reclamados por Yolercy Quique Valenzuela y José Uberney Pame Silva, quienes comparecieron al proceso alegando la calidad de hijos de crianza de la víctima, se encuentra acreditado, conforme a las declaraciones citadas en precedencia, que si bien ellos no eran hijos del señor Díaz Gómez, este los trataba como si lo fueran, pues convivían bajo el mismo techo.

Con fundamento en lo anterior, el Tribunal ordenó pagar, a favor de cada uno de los mencionados, 25 salarios mínimos legales mensuales vigentes; no obstante, la Sala, de conformidad con los criterios plasmados en la sentencia de unificación de jurisprudencia del 28 de agosto de 2014, mencionada en la cita 8 de pie de página, modificará tales valores y, en su lugar, condenará a la demandada a pagar a cada uno de ellos 100 salarios mínimos legales mensuales vigentes.

3.2. Perjuicios materiales.

3.2.1. Lucro cesante.

Por dicho concepto, los actores solicitaron que se condenara a pagar, a favor de la compañera permanente de la víctima, las sumas que lograren establecerse en el proceso o, en subsidio, 800 salarios mínimos legales mensuales vigentes(9). Por su parte, el Tribunal negó el pago de tales perjuicios, por cuanto, según dijo, no se demostraron los ingresos que percibía la víctima para la época de su muerte (fl. 289, cdno. ppal.).

Al respecto, se encuentra acreditado en el plenario que el señor Luis Antonio Díaz Gómez era transportador, actividad en la cual, según lo manifestado por Jairo Álvarez Marín, devengaba, en promedio, $1.000.000 (fls. 292 a 294, cdno. 3). En torno a esto último, vale la pena señalar que la prueba testimonial, por sí sola, sin otros medios de convicción que la respalden, no sirve para acreditar los ingresos de una persona(10).

Así las cosas, para establecer el monto de los perjuicios materiales sufridos por la compañera permanente de la víctima, la Sala tendrá en cuenta el salario mínimo legal mensual vigente para la época de los hechos, esto es, $309.000, pues lo cierto es que el señor Díaz Gómez, cuando falleció, desarrollaba una actividad productiva y, cuando menos, debió percibir un salario mínimo.

Aplicando la fórmula utilizada para actualizar la renta, se tiene que la renta actualizada (Ra) es igual a la renta histórica (suma mensual devengada por la víctima), multiplicada por la cifra que arroja dividir el índice de precios al consumidor del mes anterior a esta sentencia por el índice de precios al consumidor vigente en el mes de los hechos.

ra1
 

Ra = $528.607,17

Puesto que la suma obtenida es inferior al valor del salario mínimo legal mensual vigente en el año que avanza, se tendrá en cuenta este último, es decir, $616.000(11). Esta suma será incrementada en un 25% ($154.000), por concepto de prestaciones sociales, para un total de $770.000. La suma anterior será deducida en un 50%, porcentaje que se presume la víctima destinaba para sus gastos personales, esto es, $385.000, suma con la cual se liquidará la indemnización (debida y futura) reclamada por la compañera permanente.

a. Indemnización debida o consolidada.

Comprende el período transcurrido desde la fecha de los hechos (2 de marzo de 2002), hasta la fecha de esta sentencia, para un total de 149,93 meses.

Para su liquidación, se aplicará la fórmula matemático – actuarial utilizada por la jurisprudencia del Consejo de Estado, la cual se expresa en los siguientes términos (“i” es una constante y “n” corresponde al período mencionado, esto es, 149,93 meses):

ra2
 

S= $84.705.450,16

b. Indemnización futura.

Comprende el periodo que transcurriría, desde el día siguiente de esta sentencia, hasta la vida probable de Cecilia Valenzuela de Quique, teniendo en cuenta que ella era mayor que la víctima (fls. 12 y 17, cdno. 1). Calculando desde la fecha de los hechos y de conformidad con las tablas de supervivencia de la Superintendencia Bancaria, su vida probable era de 23,22 años más, para un total de 278,64 meses, teniendo en cuenta que, para la época de los hechos, Cecilia Valenzuela tenía 57 años, según su registro civil de nacimiento (fl. 17, cdno. 1). Al tiempo anterior se le deben restar los 149,93 meses correspondientes a la indemnización consolidada, que ya se liquidó, para un total a tener en cuenta para la indemnización futura de 128,71 meses.

Para su liquidación, se aplicará la fórmula matemático – actuarial utilizada por la jurisprudencia, la cual se expresa en los siguientes términos (“i” es una constante y “n” corresponde al período mencionado, esto es, 128,71 meses):

raa3
 

S = $36.759.036,42

Sumados los valores de la indemnización debida y futura, se obtiene un valor total a pagar de $121.464.486,60, por lucro cesante.

2.4. Condena en costas.

Teniendo en cuenta que, en el asunto sub examine, no se dan los supuestos previstos por el artículo 55 de la Ley 446 de 1998, ya que no se demostró que alguna de las partes hubiera actuado temerariamente, la Sala se abstendrá de imponer costas.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. MODIFÍCASE la sentencia del 2 de noviembre de 2006, proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, la cual quedará así:

a. DECLÁRASE la responsabilidad de la Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional – Ejército Nacional, por la muerte del señor Luis Antonio Díaz Gómez, en hechos ocurridos el 2 de marzo de 2002, en la vereda La Riviera, jurisdicción del municipio de Tulúa, departamento del Valle del Cauca.

b. CONDÉNASE a la Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional – Ejército Nacional a pagar, por concepto de perjuicios morales, 100 salarios mínimos legales mensuales vigentes, para cada una de las siguientes personas: Cecilia Valenzuela de Quique, Ana Elvia Gómez de Díaz, Yolercy Quique Valenzuela y José Uberney Pame Silva, así como la suma de 50 salarios mínimos legales mensuales vigentes, para Mercedes Díaz Gómez.

c. CONDÉNASE a la Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional – Ejército Nacional a pagar, por concepto de perjuicios materiales, en la modalidad de lucro cesante, ciento veintiún millones cuatrocientos sesenta y cuatro mil cuatrocientos ochenta y seis pesos con sesenta centavos ($121.464.486,60) m/cte., para Cecilia Valenzuela de Quique.

2. ABSTIÉNESE de condenar en costas.

3. Dése cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 176 y 177 del Código Contencioso Administrativo, para lo cual se expedirá copia de la sentencia de segunda instancia, conforme a lo dispuesto en el artículo 115 del Código de Procedimiento Civil. Para tal efecto, el Tribunal de instancia cumplirá los dictados del artículo 362 del C. de P.C.

4. Ejecutoriada esta providencia, DEVUÉLVASE el expediente al Tribunal de origen.

Cópiese, notifíquese y cúmplase».

(2) Consejo Superior de la Judicatura, Acuerdo 3409 del 9 de mayo de 2006, “Por el cual se dictan medidas tendientes a poner en operación los juzgados administrativos”.

“ART. 2º—Entrada en operación. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo tercero del Acuerdo 3345 de 2006 y de las diligencias y gestiones de índole administrativo que deben adelantarse para un adecuado funcionamiento de los nuevos Despachos, así como en desarrollo de lo establecido por el parágrafo del artículo 164 de la Ley 446, modificado por el artículo 1º de la Ley 954 de 2005, establecer como fecha de entrada en operación de los Juzgados Administrativos el día 1º de agosto del año 2006”.

(3) Ley 446 de 1998.

(4) Dicha norma fue reproducida por el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, con algunas pequeñas modificaciones, así:

“ART. 159.—Capacidad y representación. Las entidades públicas, los particulares que cumplen funciones públicas y los demás sujetos de derecho que de acuerdo con la ley tengan capacidad para comparecer al proceso, podrán obrar como demandantes, demandados o intervinientes en los procesos contencioso administrativos, por medio de sus representantes, debidamente acreditados.

“La entidad, órgano u organismo estatal estará representada, para efectos judiciales, por el Ministro, director de departamento administrativo, Superintendente, Registrador Nacional del Estado Civil, Procurador General de la Nación, Contralor General de la República o Fiscal General de la Nación o por la persona de mayor jerarquía en la entidad que expidió el acto o produjo el hecho.

(...).

(5) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 30 de octubre de 1997, expediente 10.958.

(6) López Blanco, Hernán Fabio: “Procedimiento Civil, Parte General”, Tomo I, Dupré Editores, Bogotá, 2002, pág. 370.

(7) Normas que fueron reproducidas, respectivamente, por los artículos 159 del CPACA y 54 del CGP.

(8) Consejo de Estado, Sala Plena de la Sección Tercera, sentencia de unificación de jurisprudencia del 28 de agosto de 2014, Expediente 27.709.

(9) Los actores únicamente solicitaron perjuicios materiales para la compañera permanente de la víctima (fls. 38 a 41, cdno. 1).

(10) Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia del 16 de julio de 2008, Expediente 15.821.

(11) Decreto 3068 del 30 de diciembre de 2013.