SENTENCIA 2002-04600/39389 DE NOVIEMBRE 3 DE 2016

 

Sentencia 2002-04600/39389 de noviembre 3 de 2016

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION TERCERA - SUBSECCIÓN C

Rad.: 05001-23-31-000-2002-04600-01(39389)

Consejero Ponente:

Dr. Jaime Orlando Santofimio Gamboa (E)

Actor: José de Jesús Jaramillo Jaramillo

Referencia: Acción de reparación directa

Demandado: Nación - Fiscalía General de la Nación

Contenido: Descriptor: Se revoca la sentencia que accedió a las súplicas de la demanda porque se encuentra configurada la eximente de responsabilidad, culpa exclusiva de la víctima. Restrictor: presupuestos de la responsabilidad del Estado- El derecho a la libertad individual- Imputación de responsabilidad al Estado por privación injusta de la libertad.

Bogotá, D.C., tres de noviembre de dos mil dieciséis

EXTRACTOS: «Consideraciones

1. Competencia.

La Sala es competente para conocer del recurso de apelación toda vez que de conformidad con el artículo 73 de la Ley 270 de 1996, Estatutaria de la Administración de Justicia, y el auto proferido por la Sala Plena Contenciosa de esta corporación el 9 de septiembre de 2008, de las acciones de reparación directa relacionadas con el ejercicio de la administración de justicia conocen, en primera instancia, los Tribunales Administrativos y, en segunda instancia, el Consejo de Estado(13).

2. Legitimación en la causa.

La legitimación en la causa constituye un presupuesto procesal para obtener decisión de fondo y sobre ella se ha dicho que “La legitimación material en la causa activa y pasiva, es una condición anterior y necesaria, entre otras, para dictar sentencia de mérito favorable, al demandante o al demandado”(14)

Sobre la legitimación en la causa, la Sala se ha referido a la existencia de una legitimación de hecho, cuando se trata de una relación procesal que se establece entre quien demanda y el demandado y que surge a partir del momento en que se traba la litis, con la notificación del auto admisorio de la demanda y por otra parte, habla de una legitimación material en la causa, que tiene que ver con la participación real de las personas en el hecho que da origen a la interposición de la demanda, independientemente de que hayan sido convocadas al proceso.

Así lo ha dicho la Sala:

“En relación con la naturaleza jurídica de la noción de legitimación en la causa, que esta, en los procesos ordinarios y según lo ha señalado la Sala, no es constitutiva de excepción de fondo sino que se trata de un presupuesto necesario para proferir sentencia de mérito favorable ora a las pretensiones del demandante, bien a las excepciones propuestas por el demandado. Adicionalmente, se ha diferenciado entre la legitimación de hecho y la legitimación material en la causa. La primera se refiere a la relación procesal que se establece entre el demandante y el demandado por intermedio de la pretensión procesal, es decir, se trata de una relación jurídica nacida de la atribución de una conducta en la demanda y de la notificación del libelo inicial al demandado, de manera que quien cita a otro y le endilga la conducta, actuación u omisión que dan lugar a que se incoe la acción, está legitimado de hecho por activa y aquél a quien se cita y se le atribuye la referida acción u omisión, resulta legitimado de hecho y por pasiva, después de la notificación del auto admisorio de la demanda. Por su parte, la legitimación material en la causa alude a la participación real de las personas en el hecho que origina la presentación de la demanda, independientemente de que dichas personas no hayan demandado o que hayan sido demandadas. De ahí que la falta de legitimación material en la causa, por activa o por pasiva, no enerve la pretensión procesal en su contenido, como sí lo hace una excepción de fondo. Lo anterior lleva a concluir que en un sujeto procesal que se encuentra legitimado de hecho en la causa, no necesariamente concurrirá, al mismo tiempo, legitimación material, pues esta solamente es predicable de quienes participaron realmente en los hechos que han dado lugar a la instauración de la demanda. En consecuencia, el análisis sobre la legitimación material en la causa se contrae a dilucidar si existe, o no, relación real de la parte demandada o de la demandante con la pretensión que esta fórmula o la defensa que aquella realiza, pues la existencia de tal relación constituye condición anterior y necesaria para dictar sentencia de mérito favorable a una o a otra”(15).

En el proceso se encuentra demostrada la legitimación en la causa del señor José de Jesús Jaramillo Jaramillo como víctima directa, ya que estuvo privado de la libertad con ocasión del proceso penal seguido en su contra, y que concluyó con preclusión de la investigación.

La Nación – Fiscalía General de la Nación está legitimada en la causa por pasiva por tratarse de la entidad encargada de la investigación y acusación del señor José de Jesús Jaramillo Jaramillo dentro del proceso penal que se le siguió por la presunta comisión de los delitos de concierto para secuestrar y utilización ilegal de uniformes e insignias.

3. Presupuestos de la responsabilidad extracontractual del Estado

Con relación a la responsabilidad del Estado, la Carta Política de 1991 produjo su “constitucionalización” al erigirla como garantía de los derechos e intereses de los administrados y de su patrimonio, sin distinguir su condición, situación o interés.

De lo dispuesto en el artículo 90 de la Constitución, cláusula general de la responsabilidad extracontractual del Estado, se desprende que esta tiene como fundamento la determinación de un daño antijurídico causado a un administrado y la imputación del mismo a la administración pública, tanto por su acción como por su omisión, ya sea atendiendo a los criterios de falla en el servicio, daño especial, riesgo excepcional o cualquier otro.

En síntesis, la responsabilidad extracontractual del Estado se configura con la demostración del daño antijurídico y de su imputación a la administración.

El daño consiste en el menoscabo del interés jurídico tutelado y la antijuridicidad en que él no debe ser soportado por el administrado, ya sea porque es contrario a la Carta Política o a una norma legal, o, porque es “irrazonable,” sin depender “de la licitud o ilicitud de la conducta desplegada por la Administración”(16).

La imputación no es otra cosa que la atribución fáctica y jurídica que del daño antijurídico se hace al Estado, de acuerdo con los criterios que se elaboren para ello, como por ejemplo la falla del servicio, el desequilibrio de las cargas públicas, la concreción de un riesgo excepcional, o cualquiera otro que permita hacer la atribución en el caso concreto.

Finalmente, debe considerarse que la responsabilidad extracontractual no puede ser concebida simplemente como una herramienta destinada a la reparación, sino que debe contribuir con un efecto preventivo(17) que permita la mejora o la optimización en la prestación, realización o ejecución de la actividad administrativa globalmente considerada.

4. El derecho a la libertad individual

Dentro del catálogo de derechos contenido en la Constitución Nacional, la garantía de la libertad ocupa un especial e importantísimo lugar, esto es, la posición de derecho fundamental cuya eficacia emerge como el hilo conductor de todo el ordenamiento democrático y vincula a todas las manifestaciones del poder público y, fundamentalmente, al juez de responsabilidad extracontractual del Estado a quien se le impone el velar por la reparación integral de los perjuicios.

Es por esto que la limitación o restricción al derecho de libertad lleva consigo la configuración de un daño antijurídico que, en principio, el ciudadano no está obligado a soportar, en tanto no haya una razón jurídica que imponga tal carga, como es la comisión de una conducta punible, caso en el cual el particular puede ser restringido o privado del ejercicio de la libertad.

5. Imputación de responsabilidad al Estado por privación injusta de la libertad.

La responsabilidad patrimonial del Estado derivada de la privación injusta de la libertad en su construcción normativa y jurisprudencial ha pasado por las siguientes etapas:

En la primera etapa se consideró que debía aplicarse la teoría subjetiva o restrictiva, según la cual, esa responsabilidad estaba condicionada a que la decisión judicial de privación de la libertad fuera abiertamente ilegal o arbitraria, es decir, que debía demostrarse el error judicial(18).

También se sostuvo que dicho error debía ser producto “de la violación del deber que tiene todo juez de proferir sus resoluciones conforme a derecho, previa una valoración seria y razonable de las distintas circunstancias del caso”(19).

Así las cosas, tal declaratoria de responsabilidad procedía porque la privación de la libertad fue ilegal porque la captura se produjo sin que la persona se encontrara en situación de flagrancia o porque se realizó sin orden judicial previa.

Dijo entonces el Consejo de Estado:

“Ella [la sindicada] fue retenida en el curso de la investigación relacionada con el aludido secuestro; y del hecho de que hubiera sido absuelta al final no puede inferirse que fue indebida su retención. La justificación de la medida aparece plausible y nada hace pensar que en ella mediarán circunstancias extralegales o deseos de simple venganza.

La investigación de un delito, cuando medien indicios serios contra la persona sindicada, es una carga que todas las personas deben soportar por igual. Y la absolución final que puedan estas obtener no prueba, per se, que hubo algo indebido en la retención. Este extremo, de tan delicado manejo, requería pruebas robustas y serias y no meras inferencias o conjeturas”(20).

En una segunda etapa, el Consejo de Estado consideró que la privación injusta de la libertad por “error judicial” comprendía casos diferentes a los contemplados en el artículo 414 del Código de Procedimiento Penal,(21)-(22) eventos aquellos en los cuales la víctima debe demostrar lo injusto de su detención toda vez que en los del artículo 414 se presumen:

“En este orden de ideas, fuera de los casos señalados en el artículo 414 del Código de Procedimiento Penal, en los cuales la ley presume que se presenta la privación injusta de la libertad, cuando se pretenda obtener indemnización de perjuicios por esta causa, el demandante debe demostrar que la detención preventiva que se dispuso en su contra fue injusta; y, en tales eventos, habiéndose producido la detención preventiva por una providencia judicial, la fuente de la responsabilidad no será otra que el error jurisdiccional”(23)

En la tercera, que es la que prohíja la Sala actualmente, sostiene que se puede derivar la responsabilidad patrimonial del Estado por la privación injusta de la libertad, cuando el proceso penal termina con sentencia absolutoria (o preclusión de la investigación), incluyendo el evento del in dubio pro reo, aunque para la privación se hayan cumplido todas las exigencias legales ya que se entiende que es desproporcionado, inequitativo y rompe con las cargas públicas soportables que una persona en el Estado social de derecho vea limitado su derecho a la libertad para luego resultar absuelto del cargo imputado.

Y es que en un Estado social de derecho la privación de la libertad sólo debería ser consecuencia de una sentencia condenatoria, con el fin de proteger el principio universal de la presunción de inocencia establecido en el artículo 29 de la Constitución.

En consecuencia, se reitera que una vez que el juez de lo contencioso administrativo encuentre probado que el derecho fundamental a la libertad de una persona ha sido vulnerado como consecuencia de una decisión judicial, lo que constituye un daño antijurídico a la luz del artículo 90 de la C.P, debe ordenar su reparación.

En síntesis, la privación injusta de la libertad no se limita a las hipótesis previstas en el artículo 414 del Decreto 2700 de 1991 y además no interesa que ella sea intramural, domiciliaria, o consista en restricciones para salir del país o para cambiar de domicilio.

Esta idea vertebral se encuentra expresada como postulado en el artículo 68 de la Ley 270 de 1996 al disponer que “[q]uien haya sido privado injustamente de la libertad podrá demandar al Estado reparación de perjuicios,” sin perder de vista que el artículo 70 de esa misma Ley prevé que “[e]l daño se entenderá como debido a culpa exclusiva de la víctima cuando esta haya actuado con culpa grave o dolo, o no haya interpuesto los recursos de ley. En estos eventos se exonerará de responsabilidad al Estado”.

6. Culpa exclusiva de la víctima.

Previamente a verificar la existencia o no de esta causal de exoneración de responsabilidad del Estado, la Sala estima necesario examinar los precedentes constitucionales y de la Jurisdicción contencioso administrativa, en relación con el artículo 70 de la Ley 270 de 1996.

A propósito de esta disposición, lo expresado por la Corte Constitucional en la sentencia C-037 de 1996 fue lo siguiente:

“Este artículo contiene una sanción por el desconocimiento del deber constitucional de todo ciudadano de colaborar con el buen funcionamiento de la administración de justicia (Art. 95-7 C.P.), pues no sólo se trata de guardar el debido respeto hacia los funcionarios judiciales, sino que también se reclama de los particulares un mínimo de interés y de compromiso en la atención oportuna y diligente de los asuntos que someten a consideración de la rama judicial. Gran parte de la responsabilidad de las fallas y el retardo en el funcionamiento de la administración de justicia, recae en los ciudadanos que colman los despachos judiciales con demandas, memoriales y peticiones que, o bien carecen de valor o importancia jurídica alguno, o bien permanecen inactivos ante la pasividad de los propios interesados. Por lo demás, la norma bajo examen es un corolario del principio general del derecho, según el cual “nadie puede sacar provecho de su propia culpa”.

La norma, bajo la condición de que es propio de la ley ordinaria definir el órgano competente para calificar los casos en que haya culpa exclusiva de la víctima, será declarada exequible”.

Transcrita las consideraciones de la Corte Constitucional en relación con este precepto, resulta indispensable puntualizar las conclusiones a las que ha llegado esta Sala en torno a la culpa exclusiva de la víctima como elemento que excluye la responsabilidad del Estado.

“La jurisprudencia de esta corporación ha definido los parámetros con base en los cuales resulta forzoso reconocer que la responsabilidad del Estado no puede quedar comprometida como consecuencia de la actuación de la autoridad pública en el caso concreto, en consideración a que el carácter de hecho causalmente vinculado a la producción del daño no es predicable de aquélla, sino del proceder activo u omisivo de quien sufre el perjuicio. Así pues, en punto de los requisitos para considerar que concurre, en un supuesto específico, el hecho de la víctima como eximente de responsabilidad administrativa, la Sala ha expresado:

‘Cabe recordar que la culpa exclusiva de la víctima, entendida como la violación por parte de esta de las obligaciones a las cuales está sujeto el administrado, exonera de responsabilidad al Estado en la producción del daño. Así, la Sala en pronunciamientos anteriores ha señalado:

(…) Específicamente, para que pueda hablarse de culpa de la víctima jurídicamente, ha dicho el Consejo de Estado, debe estar demostrada además de la simple causalidad material según la cual la víctima directa participó y fue causa eficiente en la producción del resultado o daño, el que dicha conducta provino del actuar imprudente o culposo de ella, que implicó la desatención a obligaciones o reglas a las que debía estar sujeta. Por tanto puede suceder en un caso determinado, que una sea la causa física o material del daño y otra, distinta, la causa jurídica la cual puede encontrarse presente en hechos anteriores al suceso, pero que fueron determinantes o eficientes en su producción. Lo anterior permite concluir que si bien se probó la falla del servicio también se demostró que el daño provino del comportamiento exclusivo de la propia víctima directa, la cual rompe el nexo de causalidad; con esta ruptura el daño no puede ser imputable al demandado porque aunque la conducta anómala de la Administración fue causa material o física del daño sufrido por los demandantes, la única causa eficiente del mismo fue el actuar exclusivo y reprochable del señor Mauro Restrepo Giraldo, quien con su conducta culposa de desacato a las obligaciones a él conferidas, se expuso total e imprudentemente a sufrir el daño (…)”(24).

De igual forma, se ha dicho:

“(…) para que la culpa de la víctima releve de responsabilidad a la administración, aquella debe cumplir con los siguientes requisitos:

— Una relación de causalidad entre el hecho de la víctima y el daño. Si el hecho del afectado es la causa única, exclusiva o determinante del daño, la exoneración es total. Por el contrario, si ese hecho no tuvo incidencia en la producción del daño, debe declararse la responsabilidad estatal. Ahora bien, si la actuación de la víctima concurre con otra causa para la producción del daño, se producirá una liberación parcial, por aplicación del principio de concausalidad y de reducción en la apreciación del daño, de acuerdo con lo previsto en el artículo 2357 del Código Civil.

— El hecho de la víctima no debe ser imputable al ofensor, toda vez que si el comportamiento de aquella fue propiciado o impulsado por el ofensor, de manera tal que no le sea ajeno a este, no podrá exonerarse de responsabilidad a la administración (…)’(25)” (subrayas fuera del texto original).

Por otra parte, a efectos de que opere el hecho de la víctima como eximente de responsabilidad, es necesario aclarar, en cada caso concreto, si el proceder activo u omisivo de aquélla tuvo, o no, injerencia y en qué medida, en la producción del daño. Y ello como quiera que la Sala ha señalado que el hecho de la víctima, como causal de exoneración de responsabilidad o de reducción del monto de la condena respectiva, debe constituir, exclusiva o parcialmente, causa eficiente del perjuicio reclamado, pues de no ser así se estaría dando aplicación a la teoría de la equivalencia de las condiciones, desechada por la doctrina y la jurisprudencia, desde hace mucho tiempo, para establecer el nexo de causalidad”(26).

Para la Sala(27), con base en el precedente que se acaba de reseñar, de las pruebas existentes sobre las circunstancias en las cuales se produjo la medida de aseguramiento en el caso concreto, se colige que la privación de la libertad que sufrió el señor José de Jesús Jaramillo Jaramillo, se produjo como resultado de una actuación imputable a él mismo.

7. Análisis del caso concreto.

Conforme a los lineamientos teóricos antes expuestos, la Sala revocará la sentencia del a quo, y en su lugar declarará probada la excepción de culpa exclusiva de la víctima, propuesta por la Fiscalía General de la Nación, de conformidad con los siguientes hechos probados.

En el presente caso, se tiene acreditado que el señor José de Jesús Jaramillo Jaramillo, fue vinculado al proceso penal en el cual se investigaba el secuestro de varias personas que se dirigían a Palmira - Valle a un encuentro de parapentistas, realizado en el año de 1999; toda vez que en la Hacienda Las Vegas ubicada en jurisdicción del municipio de Bello, la cual era administrada por el demandante, se encontraron armas de fuego y uniformes de uso privativo de la fuerza pública. Por estos hechos, el 14 de febrero de 2000, la Fiscalía Delegada ante los Jueces Penales del Circuito Especializado de Medellín, resolvió la situación jurídica del implicado y decretó medida de aseguramiento sin beneficio de excarcelación, por la presunta comisión de los delitos de concierto para secuestrar, utilización ilegal de uniformes e insignias y otros(28).

El 15 de septiembre de 2000, la Fiscalía Delegada ante los Jueces Penales del Circuito Especializado de Medellín, resolvió revocar parcialmente la medida de aseguramiento de detención preventiva sin beneficio de excarcelación que se impusiera en contra del demandante como presunto coautor del delito de concierto para secuestrar y no revocó la medida de aseguramiento por el delito de violación al Decreto 3664 de 1986 y utilización ilegal de uniformes e insignias.(29)En ella se consignó:

“(…) para concluir que el dicho de su defendido consignado en su indagatoria como en la ampliación de la misma, no reviste orfandad probatoria porque con los testimonios recepcionados, se conoce que la costumbre del señor José de J.Jaramillo Jaramillo es guardar insumos y en general cargas, concentrados para animales, etc, sin inspeccionar su contenido a los residentes del sector, dada la ubicación estratégica de la finca a su cargo, la que presentaba fácil vía de acceso y se haya localizada en la entrada principal. Los testigos corroboran además la presencia de Rubén Darío Solera y su compañero Luis Manuel Padilla Salazar el día 31 de enero del año 2000 en la finca Las Vegas, administrada por JOSÉ DE JESÚS y fue el señor Fabián Elías Betancur el encargado de hacerle entrega de la llaves, justamente por encargo del señor Jaramillo, de la bodega donde se solía guardar insumos y herramientas propias de las actividades desplegadas en la finca, lugar donde se produjo el hallazgo de las autoridades por señalamiento que personalmente hiciera el cosindicado Lui Manuel Padilla Sañlazar. (Declaración de Fabían Elías fls. 246 a 251 c. Nº 7) (…)” (El subrayado es nuestro).

Posteriormente, el 16 de noviembre de 2000, la Fiscalía Delegada ante el Tribunal Superior de Antioquia decide el recurso de apelación interpuesto contra la Resolución de 15 de septiembre de 2000, resolviendo revocar el numeral segundo de la citada resolución y ordenó la libertad del demandante, previo pago de una caución.(30) Sin embargo se señaló lo siguiente:

“(…) en primer lugar sabemos que en la Hacienda Las Vegas ubicada en jurisdicción del municipio de Bello, administrada por José de Jesús Jaramillo Jaramillo, fueron halladas armas de fuego y uniformes de uso privativo de la fuerza pública (folios 12, 13 y 14 del cuaderno número 3), elementos con los cuales se cometieron otras ilicitudes.

Cómo llegaron allí? José de Jesús Jaramillo Jaramillo dice que Rubén Soler y Pachito (José Miguel García Hernández) las llevaron y las guardaron en una pieza, claro está, con su permiso pero no supo del contenido de los costales, Rubén le había dicho que eran insumos.

Dónde fueron halladas esas armas? En una habitación de aquella finca. Razón tiene la fiscal aquo al afirmar que “a simple vista puede diferenciarse un alijo repleto de objetos prohibidos de un costal contentivo de concentrado para animales o cuido”; pero, en los informes que dan cuenta del hallazgo de todos los elementos encontrados en la finca que Jaramillo Jaramillo administra, no está especificado en que sitio de la pieza estaban los costales, si estaban a la vista, si estaban escondidos con otros costales o bultos de insumos (…)” (el subrayado es nuestro).

El 13 de diciembre de 2000, la Fiscalía Delegada ante los Jueces Penales del Circuito Especializado de Medellín, procedió a decretar el cierre parcial de la investigación y ordenó la ruptura de la unidad procesal. Frente al demandante resolvió cerrar la investigación por los delitos de concierto para secuestrar, utilización ilegal de uniformes e insignias y violación al Decreto 3664 de 1986(31).

La anterior resolución fue objeto de apelación ante los Fiscales Delegados ante el Tribunal Superior de Antioquia, la cual fue confirmada en todas sus partes el 24 de enero de 2001(32).

El 25 de enero de 2001, la Fiscalía Delegada ante los Jueces Penales del Circuito Especializado de Medellín, decretó la preclusión de la instrucción a favor del demandante por los delitos de concierto para secuestrar, utilización ilegal de uniformes e insignias y violación al Decreto 3664 de 1986(33). En dicha providencia se indicó lo siguiente:

En lo que respecta a José de Jesús Jaramillo Jaramillo, donde se hallaron los tres fardos con armas de fuego, municiones y uniformes de uso privativo de las fuerzas armadas, existe una probabilidad de no se haya enterado de su contenido y de otro lado las conversaciones telefónicas con Rubén Darío Solera Hernández, legalmente interceptadas y transcritas por funcionarios del grupo Gaula, no nos indica que el primero fue llamado por el segundo para organizar un secuestro y en base a suposiciones no podemos llegar a la verdad y como lo anotara su defensor contractual, la duda debe resolverse a favor del procesado en cualquier etapa procesal que se presente, necesariamente donde hay duda no puede haber certeza; en otras palabras ellas no pueden coincidir y la falta de esta pro ausencia de pruebas, impone el reconocimiento al principio indubio pro reo. (…)” (el subrayado es nuestro).

En este orden de ideas, se impone precisar las circunstancias que rodearon la imposición de la medida de aseguramiento en contra del señor José Jesús Jaramillo Jaramillo, a fin de establecer si existió una actuación irregular de su parte que indicara que la privación de su libertad fue desproporcionada.

En este sentido, es pertinente recordar, que el actuar doloso o gravemente culposo de los sindicados vinculados al proceso penal, constituye una forma de exoneración de responsabilidad del Estado, al tenor del artículo 70 de la Ley 270 de 1996.

Sobre el dolo o la culpa grave del procesado en la producción de la medida de aseguramiento, como causal de exoneración de responsabilidad del Estado, esta corporación ha sostenido en recientes pronunciamientos que el análisis de la actuación de la conducta del procesado no constituye una revaloración probatoria del proceso penal ni una afectación a la cosa juzgada formal o material sino que se pretende determinar si la actuación de la actuación previa de la víctima dio lugar a que la autoridad administrativa profiriera la medida de aseguramiento(34).

De esta manera tenemos que el señor José Jesús Jaramillo Jaramillo fue vinculado al proceso penal al existir evidencias que lo relacionaban con la perpetración de la conducta punible de concierto para secuestrar y violación al Decreto 3664 de 1986, artículo 1º y 2(35), pues se estableció que en la Hacienda Las Vegas, la cual administraba, se encontraron armas de fuego y uniformes de uso privativo de las fuerzas armadas, las cuales fueron llevadas a ese sitio en varios costales por dos sujetos con el consentimiento del demandante, quien dio permiso para que se guardaran dichos elementos en una de las habitaciones del inmueble, aunque en el proceso penal no se logró demostrar que el señor Jaramillo Jaramillo tuviere conocimiento del contenido ilegal del material que recibió en depósito.

Así las cosas, si bien la presunción de inocencia del demandante se mantuvo incólume en el proceso penal, por cuanto no se logró establecer su participación activa en los delitos investigados; sí está probado en el expediente que resguardó en el inmueble que administraba unos costales que contenían armas y uniformes de uso privativo de las fuerzas armadas, lo que constituyó una negligencia grave de su parte, por cuanto omitió verificar el contenido de los fardos que recibió y guardó en la propiedad bajo su administración, los cuales escondían material ilícito. De esta manera, considera la Sala que de acuerdo a los lineamientos establecidos en el Código Civil, la conducta del demandante fue determinante para que se adelantara investigación en su contra y sufriera el daño que padeció.

La culpa grave es una de las especies de culpa o descuido, según la distinción establecida en el artículo 63 del Código Civil, también llamada negligencia grave o culpa lata, que consiste en no manejar los negocios con aquel cuidado que aún las personas negligentes o de poca prudencia suelen emplear en sus negocios propios, culpa esta que en materia civil equivale al dolo, según las voces de la norma en cita.

Valga decir, que de la definición de culpa grave anotada, puede decirse que es aquella en que se incurre por inobservancia del cuidado mínimo que cualquier persona del común imprime a sus actuaciones.

En efecto, no cabe duda que el demandante actuó sin el cuidado debido frente al inmueble que regentaba, que, en los términos del artículo 63 del Código Civil constituye una culpa grave, pues el hecho de haber recibido y guardado materiales ilegales como armas de fuego, y uniformes de uso privativo de las fuerzas militares, evidenció negligencia de su parte pues debió cerciorarse previamente del tipo de objetos que colocaban bajo su custodia antes de proceder a guardarlos bajo su responsabilidad, lo cual constituyó además, un indicio de su participación en las conductas punibles investigadas por la Fiscalía General de la Nación.

Ahora bien, como lo sostuvo esta corporación, no es posible desconocer la participación de la víctima en la producción del daño antijurídico, por cuanto ello convertiría al Estado en un garante ecuménico al desencadenar su responsabilidad con independencia de la imputación procedente de la lesión:

“Una posición contraria supondría desconocer la participación que tuvo la víctima en la generación del daño antijurídico, y compelería a que el Estado se convirtiera en un asegurador universal puesto que se desencadenaría su responsabilidad con independencia de la imputación fáctica y jurídica de la lesión”(36).

De esta manera, al no poder desconocerse que el comportamiento inadecuado del procesado ocasionó que se le abriera investigación penal justificándose de esta manera la acción de la justicia y constituyó la causa eficiente y determinante que dio lugar a que se le dictara la medida de aseguramiento de detención preventiva, no cabe duda que no es posible atribuirle jurídicamente a la parte demandada el daño irrogado al aquí demandante con ocasión de la privación de su libertad, sino al actuar gravemente culposo de este.

La reprochable conducta de la víctima, en el caso sub examine, hace que la decisión adoptada por la autoridad judicial aparezca como plenamente proporcionada como resultado del juicio de ponderación entre los intereses jurídicos que colisionan en el caso concreto: efectividad de las decisiones a adoptar por la administración de justicia, de un lado; y la esfera de derechos y garantías fundamentales del individuo, de otro(37).

En conclusión, dadas las circunstancias del caso concreto, se dan los presupuestos para afirmar que se trata de un evento de culpa exclusiva de la víctima, que da lugar a exonerar de responsabilidad patrimonial al Estado, por lo tanto se revocará la providencia venida en apelación.

9. Condena en costas.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 55 de la Ley 446 de 1998, sólo hay lugar a la imposición de costas cuando alguna de las partes hubiere actuado temerariamente y como en este caso ninguna de aquellas actuó de esa forma no se efectuará condena en costas alguna.

En mérito de lo expuesto, la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA

1. REVOCAR la sentencia del veintiséis (26) de abril de dos mil diez (2010), proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia, mediante la cual accedió a las súplicas de la demanda.

2. DECLARAR probada la excepción de culpa exclusiva de la víctima, propuesta por la entidad demandada, y en consecuencia desestímense las pretensiones de la demanda.

3. Sin condena en costas.

Ejecutoriada esta providencia, DEVUÉLVASE el expediente al tribunal de origen para su cumplimiento.

Cópiese, notifíquese y cúmplase».

7 Folio 295, cuaderno 3.

8 Folios 313-314, cuaderno 3.

9 Folios 304-307, cuaderno 3.

10 Folios 308-311, cuaderno 3.

11 Folio 316, cuaderno 3.

12 Folios 317-320, cuaderno 3.

13 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, auto del 9 de septiembre de 2008, C.P.: Mauricio Fajardo Gómez, Exp.: 2008-00009. En este sentido véase también, Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Auto de 9 de diciembre de 2010, Exp.: 39085, C.P.: Ruth Stella Correa; Auto de 21 de octubre de 2009, Exp.: 36913, C.P.: Mauricio Fajardo Gómez; y Auto de 28 de marzo de 2012, Exp.: 42864, C.P.: Jaime Orlando Santofimio Gamboa.

14 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 20 de septiembre de 2001, Exp. :10973, C.P. María Elena Giraldo Gómez.

15 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 31 de octubre de 2007, Exp.: 13503, C.P. Mauricio Fajardo Gómez.

16 Corte Constitucional, sentencia C-254 de 2003.

17 “En consecuencia, la función de la responsabilidad extracontractual (sic) no puede ser ni única ni primariamente indemnizatoria. Tiene que ser, ante todo, preventiva o disuasoria, o se trataría de una institución socialmente absurda: ineficiente”. PANTALEÓN, Fernando. “Cómo repensar la responsabilidad civil extracontractual (También de las Administraciones públicas)”, en AFDUAM, No.4, 2000, p.174.

18 Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia de 1 de octubre de 1992, Exp.: 10923.

19 Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia de 2 de mayo de 200, Exp.: 15989.

20 Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia de 25 de julio de 1994, Exp.: 8666.

21 Otros casos de detención injusta, distintos de los tres previstos en el artículo 414 del Código de Procedimiento Penal, podrían ser, por vía de ejemplo, los siguientes: detención por delitos cuya acción se encuentra prescrita; detención por un delito que la legislación sustrae de tal medida de aseguramiento; detención en un proceso promovido de oficio, cuando el respectivo delito exige querella de parte para el ejercicio de la acción penal, etc.

22 Decreto 2700 de 1991, artículo 414. Indemnización por privación injusta de la libertad. Quien haya sido privado injustamente de la libertad podrá demandar al Estado indemnización de perjuicios.
Quien haya sido exonerado por sentencia absolutoria definitiva o su equivalente porque el hecho no existió, el sindicado no lo cometió, o la conducta no constituía hecho punible, tendrá derecho a ser indemnizado por la detención preventiva que le hubiere sido impuesta siempre que no haya causado la misma por dolo o culpa grave.

23 Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia de 17 de noviembre de 1995, Exp.: 10056.

24 Nota original de la sentencia citada: Consejo de Estado, Sentencia de 25 de julio de 2002, Exp. 13744, Actor: Gloria Esther Noreña B.

25 Nota original de la sentencia citada: Consejo de Estado, Sentencia de 2 de mayo de 2002 Exp. 13262, Actor: Héctor A. Correa Cardona y otros. Esta tesis ha sido reiterada en varias oportunidades por esta Sala, al respecto véase, entre otras, la Sentencia de 20 de abril de 2005, Exp. 15784 C. P.:Ramiro Saavedra Becerra y la Sentencia del 2 de mayo de 2007, Exp. No. 15.463 C.P.: Mauricio Fajardo.

26 Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia del 2 de mayo de 2007, Exp. No. 15.463 C.P.: Mauricio Fajardo. En este sentido véase también la Sentencia de 18 de octubre 2000, Exp. 11981.

27 Sentencia del 29 de abril de 2015 Exp. 68012315000200003028 01 (31044), Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C.

28 Folios 14-25, cuaderno 2.

29 Folios 51-61, cuaderno 2.

30 Folios 62-84, cuaderno 2.

31 Folios 88-89, cuaderno 2.

32 Folios 119-147, cuaderno 2.

33 Folios 148-168, cuaderno 2

34 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 29 de agosto de 2012, Exp. 25.267 C.P. Enrique Gil Botero.

35 “Decreto 3664/1986: Artículo 1º—Mientras se halle turbado el orden público y en estado de sitio todo el territorio nacional, el que sin permiso de autoridad competente importe, fabrique, transporte, almacene, distribuya, venda, suministre, repare o porte armas de fuego de defensa personal, municiones o explosivos, incurrirá en prisión de uno (1) a cuatro (4) años y en el decomiso de dicho elemento.
La pena anteriormente dispuesta se duplicará cuando el hecho se cometa en las circunstancias siguientes:
a) Utilizando medios motorizados.
b) Cuando el arma provenga de un hecho ilícito.
c) Cuando se oponga resistencia en forma violenta a los requerimientos de las autoridades.
d) Cuando se empleen máscaras o elementos similares que sirvan para ocultar la identidad o la dificulten.
Artículo 2º—Mientras se halle turbado el orden público y en estado de sitio todo el territorio nacional, el que sin permiso de autoridad competente importe, fabrique, repare, almacene, conserve, adquiera, suministre o porte armas o municiones de uso privativo de las Fuerzas Armadas, incurrirá en prisión de tres (3) a diez (10) años y en el decomiso del material correspondiente.
La pena mínima anteriormente dispuesta se elevará al doble cuando concurran las circunstancias determinadas en el inciso 2o. del artículo 1º de este decreto”.

36 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 22 de mayo de 2013, Exp. 26.685, C.P Olga Mélida Valle de De la Hoz.

37 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 2 de mayo de 2007, Exp. 15.463 C.P.: Mauricio Fajardo.