Sentencia 2002-04601 de noviembre 7 de 2013

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA

SUBSECCIÓN “A”

Rad.: 250002325000200204601-01 (1115-12)

Consejero Ponente:

Dr. Gustavo Eduardo Gómez Aranguren

Actor: José Hernando Pinilla Cuervo

Demandado: rama judicial dirección ejecutiva de administración judicial

Autoridades nacionales - apelación sentencia

Bogotá, D.C., siete de noviembre de dos mil trece.

EXTRACTOS: «V. Consideraciones de la Sala

El problema jurídico por resolver es si para un funcionario judicial investigado penalmente a quienes impuso medida de aseguramiento, por el hecho de haber sido sustituida la medida de detención domiciliaria, por intramural, tal situación puede dar lugar a la suspensión en el ejercicio de la función.

En este caso se demanda la nulidad del acta 16 del 11 de junio de 2001 emitida por la Sala Plena del Tribunal Superior de Bogotá mediante el cual no se accedió al impedimento invocado por el doctor José Hernando Pinilla Cuervo para reintegrarse al cargo de Juez 14 Laboral del Circuito
.

Igualmente impetra pretensión anulatoria frente a la decisión de la Sala General del Tribunal Superior de Bogotá, adoptada el 28 de noviembre de 2001 por medio de la cual se suspendió al doctor José Hernando Pinilla Cuervo, en el ejercicio del cargo de Juez 14 Laboral del Circuito de Bogotá, al cual fue reintegrado mediante Acuerdo 12 de abril 22 de 2001.

Cuestión previa

Debe anotarse en primer lugar que se demanda la decisión contenida en el acta 016 de junio 11 de 2001, de Sala Plena del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, mediante la cual no se accedió al impedimento invocado por el doctor José Hernando Pinilla Cuervo para reintegrarse al cargo de Juez 14 Laboral del Circuito(9).

Al respecto debe anotarse que en esta acta se contiene el proyecto de decisión presentado por la Sala de Gobierno a consideración de la plenaria que resuelve la solicitud presentada por “el actor el 23 de mayo de 2001, respecto de su voluntad de reintegrarse al cargo de Juez 14 Laboral del Circuito de esta ciudad, de acuerdo con lo dispuesto por este Tribunal Superior, en cumplimiento de una orden judicial. Sin embargo invoca un impedimento de fuerza mayor derivado de “orden de autoridad”, no imputable a su voluntad para reintegrarse al cargo de Juez 14 Laboral del Circuito, del cual trata la causal de fuerza mayor o caso fortuito contemplada en el artículo 1º de la Ley 95 de 1890, Por —sic— orden de autoridad (detención domiciliaria provisional) que le impide la prestación del servicio inmediatamente y que legalmente determina la suspensión de la relación laboral a partir de la fecha, de acuerdo con la aplicación analógica del artículo 53 del Código Sustantivo del Trabajo (L. 153/1887, art. 8º).

Agrega que una vez desaparezca el hecho constitutivo de la fuerza mayor que le impide prestar el servicio, se presentará inmediatamente para hacer efectivo el reintegro”.

La Sala Plena estimó inaplicable el artículo 53 del Código Sustantivo del Trabajo, por cuanto la normatividad aplicable para el caso en cita sería la contemplada en de la Ley 270 de 1996 y normas especiales a las que esta remite, dentro de las cuales no se encuentra alguna que regule el caso mencionado por el doctor Pinilla.

Luego de aludir que la fuerza mayor que se menciona no es atribuible al nominador, sino que fueron los propios hechos los que generaron la medida de aseguramiento que aduce el peticionario como hecho constitutivo del caso fortuito o la fuerza mayor que alega para no ejercer el cargo, con fundamento en el artículo 147 de la Ley 270 de 1996 la Sala no accedió a lo solicitado por el actor en aquella oportunidad(10).

Contra esta decisión se interpuso recurso de reposición que fue resuelto en decisión contenida en acta 020 de julio 16 de 2001, en donde la Sala Plena acordó no reponer la decisión atacada mediante el recurso que resolvió(11).

Contra esta decisión que resolvió el recurso de reposición no se encamina la acción, ni fue objeto de adición en la demanda como si lo fue la decisión contenida en acta 016 de junio 11 de 2001. El artículo 138 del Código Contencioso Administrativo(12) establece que cuando se demande la nulidad de un acto administrativo este se debe individualizar con toda precisión y que si el acto definitivo fue objeto de recursos en la vía gubernativa, también deberán demandarse las decisiones que lo modifiquen o confirmen; pero si fue revocado, solo procede demandar la última decisión.

En este caso no se demandó la decisión contenida en el acta 020 de julio 16 de 2001, razón por lo que la demanda deviene en inepta sustancialmente y por tanto no es posible emitir pronunciamiento sobre estos actos.

Además de lo anterior, debe decirse que la demanda solo fue presentada el 21 de marzo del año 2002, razón por la que si bien no se advierte constancia de notificación, y aun a pesar de anotarse en la adición de la demanda que “pese a que se trataba de un acto administrativo que tocaba derechos fundamentales, tales como el de petición, libertad y debido proceso, mi poderdante no fue notificado; y tampoco se le advirtió acerca de los recursos que procedían por vía gubernativa”, doctor José Hernando Pinilla Cuervo el 26 de junio presentó recurso de reposición, como da cuenta el acta en mención que resuelve el recurso(13), luego para la fecha en que se presentó la demanda la acción había superado los cuatro meses de que da cuenta el numeral 2 del artículo 136 del Código Contencioso Administrativo situación que reitera la imposibilidad de la Sala para entrar a dilucidar la legalidad de estos actos administrativos y así lo declarará.

Análisis de la Sala

La Sala resolverá el problema jurídico planteado en el siguiente orden: 1) Competencia de esta sección para el conocimiento de la acción impetrada y la casuales de suspensión de la relación laboral dentro del régimen de la rama judicial; 2) Marco jurídico de la suspensión en el ejercicio del cargo de servidores judiciales; 3.) De la inhabilidad sobreviniente y, 4) Solución al caso en concreto.

1. Competencia de esta Sección para el conocimiento de la acción impetrada y la casual de suspensión de la relación laboral dentro del régimen de la rama judicial.

Esta sección, en sentencia del 25 de enero de 2007(14), precisó que el reconocimiento de salarios y prestaciones causadas por el lapso en que el servidor público estuvo suspendido del ejercicio del cargo por orden judicial, es de esta sección por ser un asunto eminentemente laboral.

En esa sentencia se indicó que “desde el mismo momento en que sea revocada la medida adoptada por la justicia penal, queda sin sustento legal la suspensión administrativa del actor en el cargo y sin efecto la suspensión del derecho a percibir los emolumentos económicos que se derivan de la relación laboral por el lapso de la suspensión”.

Por consiguiente, en principio, las entidades deben reconocer y pagar los salarios y prestaciones sociales por el término en que estuvo suspendido el empleado, sin que pueda exonerarse la entidad por el hecho de que materialmente no hubo prestación del servicio, pues el acto de suspensión en forma implícita la conlleva; de manera que el “levantamiento de la medida penal las cosas se retrotraen al estado anterior, como si nunca se hubiera expedido el acto de suspensión”, por ello, deben reconocerse los emolumentos dejados de percibir en el lapso aludido.

De la misma forma debe considerarse que el cumplimiento de la orden judicial es una carga pública tanto del empleado, a quien se le privó de la libertad mientras se adelanta la investigación penal y, de la entidad pública nominadora que debe asumir el reconocimiento y pago de los salarios y prestaciones dejados de percibir como consecuencia del acto de suspensión, pese a que fue por decisión judicial la existencia de la interrupción laboral.

Lo antes dicho, como se indicó en la providencia aludida, sin perjuicio de que se pueda repetir contra la autoridad judicial que profirió el mandato de suspensión, en especial, cuando se pueda demostrar la existencia de una privación injusta de la libertad.

Ahora bien, en nuestro caso concreto se trata de un funcionario vinculado con la rama judicial, que de acuerdo con el artículo 135 de la Ley 270 de 7 de marzo de 1996, “Estatutaria de la administración de justicia”, los empleados y funcionarios de la rama judicial se encuentran en una situación administrativa de separación temporal de sus funciones cuando son suspendidos por medida penal.

Por su parte, el artículo 147 ibídem, dispone que la suspensión en el ejercicio del empleo se produce como sanción disciplinaria o por orden de autoridad judicial y en el parágrafo, expresamente indicó “la suspensión en el empleo genera vacancia temporal del respectivo cargo. En consecuencia la autoridad nominadora procederá a efectuar el respectivo nombramiento provisional o el encargo que corresponda, para la atención de las respectivas funciones”.

En nuestro caso, la suspensión se origina en una orden de autoridad judicial. Ha de resaltarse que su naturaleza no es sancionatoria sino cautelar, en tanto se adopta con el objeto de asegurar la transparencia, imparcialidad y efectividad de la investigación sin que implique un prejuzgamiento o la violación a la presunción de inocencia.

En este último supuesto, la Ley 600 de 2000, “Por la cual se expide el Código de Procedimiento Penal”, artículo 259, entonces vigente, establecía que: cuando “se imponga medida de aseguramiento en contra de un servidor público, en la misma providencia se solicitará a la autoridad respectiva que proceda a suspenderlo en el ejercicio del cargo. Mientras se cumple la suspensión, se adoptarán las medidas necesarias para evitar que el sindicado eluda la acción de la justicia. Si pasados cinco (5) días desde la fecha en que se solicite la suspensión, esta no se hubiere producido, se dispondrá la captura del sindicado.

Igualmente se procederá para hacer efectiva la sentencia condenatoria. No es necesario solicitar la suspensión del cargo cuando a juicio del funcionario judicial, la privación inmediata de la libertad no perturba la buena marcha de la administración”.

Bajo estas previsiones normativas, entonces, se resalta nuevamente el carácter preventivo de la medida de suspensión en el ejercicio del cargo.

Es decir, en el momento en que el demandante debía ser reintegrado, este expresamente manifestó al tribunal que no podía reintegrarse en propiedad al cargo de Juez 14 Laboral del Circuito de Bogotá, de acuerdo con lo dispuesto en el Tribunal Superior, en cumplimiento de una orden judicial, para lo cual invoca fuerza mayor o caso fortuito conforme al artículo 1º de la Ley 95 de 1890 en tanto media orden de autoridad (detención domiciliaria provisional).

En otras palabras, la orden judicial de reintegro a la función judicial consecuencia de anterior proceso contencioso administrativo no se dio en razón de encontrarse afecto a proceso penal con medida de aseguramiento de detención preventiva circunstancia frente a la que el demandante en oportunidad solicitó suspensión de la relación jurídica con la administración de justicia como funcionario judicial, petición que no le fue aceptada.

2. Marco jurídico de la suspensión en el ejercicio del cargo de servidores judiciales.

La Ley Estatutaria de la Administración de Justicia establece en su artículo 135(15) las situaciones administrativas en las que puede hallarse un funcionario judicial, cuales son en servicio activo o separados temporalmente del servicio de sus funciones, siendo en esta segunda situación una de las hipótesis el hallarse suspendidos por medida penal o disciplinaria.

Lo anterior implica que la suspensión tiene una doble posibilidad de producirse esto es, como consecuencia de un proceso disciplinario y al interior de aquel se adopta como medida cautelar o definitiva en razón de sanción impuesta, o como consecuencia del adelantamiento de un proceso penal y aquí tiene una doble posibilidad de presentarse una durante el adelantamiento de la investigación penal, y la otra como consecuencia de la sentencia que imponga la respectiva condena.

En efecto la Ley 600 de 2000 “Por la cual se expide el Código de Procedimiento Penal”, en su artículo 359(16), norma vigente para la época de los hechos endilgados al actor cuando se desempeñaba como Juez 14 Laboral del Circuito de Bogotá y bajo la cual se adelantó la investigación penal, de los cuales dieron cuenta tanto el Ministerio Público como la Contraloría General de la República en razón del trámite de procesos adelantados en tal despacho judicial y que daban cuenta de presuntas irregularidades como dobles pagos, embargo de bienes inembargables, presentación de resoluciones como título ejecutivo en simples fotocopias o para fines estadísticos, el no allegar a las resoluciones las declaraciones juradas que dieran cuenta del retiro del servicio, ni certificado de supervivencia, entre otros.

Esta norma establece que cuando se imponga medida de aseguramiento en contra de un servidor público, en la misma providencia se solicitará a la autoridad respectiva que proceda a suspenderlo en el ejercicio del cargo. Agrega que mientras se cumple la suspensión provisional, se adoptaran las medidas necesarias para evitar que el sindicado eluda la acción de la justicia, lo que implica que una primera hipótesis de procedencia de la suspensión es posible cuando se está adelantando la investigación penal, y en este caso tiene una naturaleza de medida cautelar.

Si la misma no se produce dentro del término de cinco días se habilita la captura del sindicado de manera directa sin más consideraciones.

De la misma manera se procederá para hacer efectiva la sentencia condenatoria, luego esta es la segunda hipótesis de suspensión en el ejercicio del cargo mientras se produce la pérdida del empleo o cargo público producto de la ejecutoria de la sentencia condenatoria.

Ahora bien, el artículo 147(17) de la misma ley estatutaria de la administración de justicia establece, en desarrollo de las situaciones administrativas previstas en el artículo 135 ídem, en qué casos se da lugar al reconocimiento y pago de la remuneración dejada de percibir durante el período de suspensión y del consecuente cómputo del tiempo de suspensión para todos los efectos legales en los casos de terminación del proceso por cesación de procedimiento o por preclusión de la instrucción o cuando sea absuelto o exonerado.

De tal suerte que, fuera de estas hipótesis no es posible acceder a reconocimiento alguno.

3. De la inhabilidad sobreviniente.

Ahora bien, dentro del régimen de la rama judicial las inhabilidades están contempladas en la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia, en los siguientes términos:

ART. 150.—No podrá ser nombrado para ejercer cargos en la rama judicial:

1. (...).

3. Quien se encuentre bajo medida de aseguramiento que implique la privación de la libertad sin derecho a la libertad provisional.

(...).

PAR.—Los nombramientos que se hagan en contravención de lo dispuesto en el presente artículo y aquellos respecto de los cuales surgiere inhabilidad en forma sobreviniente, serán declarados insubsistentes mediante providencia motivada, aunque el funcionario o empleado se encuentre escalafonado en la carrera judicial” (destacado no es del texto).

Esta norma al ser revisada en constitucionalidad, mediante el denominado control previo de las leyes estatutarias, en el acápite transcrito fue declarada ajustada a la Constitución en los siguientes términos:

“Las situaciones que contempla la presente disposición para no poder ser nombrado en cargos en la rama judicial, suponen que la persona o no se encuentra física o mentalmente apta para asumir las funciones asignadas, o ha demostrado su incapacidad o su irresponsabilidad para manejar los asuntos que se confían a los servidores públicos. Cualquiera que sea el evento de que se trate, resulta evidente que no solo la administración de justicia sino también la sociedad en general, se verían perjudicadas en caso de permitir que una persona bajo esas condiciones haga parte de la rama judicial. Así, se torna en un asunto de interés común el establecer unas limitaciones para el desempeño de determinados cargos, en especial cuando se trata de resolver jurídicamente los diversos conflictos que se pongan de presente.

Dentro de los criterios expuestos, las causales de inhabilidad que establece la disposición bajo examen aparecen razonables, en virtud de la naturaleza de las labores que se asignan a quienes deseen hacer parte de esta rama del poder público (...)”(18).

Conforme a lo antes expuesto, para la Sala la existencia de una inhabilidad sobreviniente o incompatibilidad, desaparece en el momento en que, se levanta la medida de aseguramiento que priva la libertad del sindicado porque, la norma es clara en precisar que solo existe incompatibilidad sobreviviente cuando exista la medida de aseguramiento “que implique la privación de la libertad sin derecho a la libertad provisional”.

En otras palabras, el funcionario judicial que goza de presunción de inocencia al igual que todos los ciudadanos, solo puede estar separado del cargo cuando esté privado de la libertad; es más, aún en este último evento, la ley autorizó que continúe en el ejercicio del cargo cuando tenga el beneficio de la libertad condicional cuando a juicio del funcionario judicial, la privación inmediata de la libertad no perturba la buena marcha de la administración.

Lo antes dicho se sustenta en el contenido normativo que busca proteger la presunción de inocencia del investigado, pues solo hasta cuando exista una condena ejecutoriada debe sobrevenir su retiro definitivo del servicio, y también la preservación del servicio de justicia, de manera que, solo la medida cautelar que implique un impedimento material del ejercicio de la función es la única causal de incompatibilidad para el ejercicio del cargo.

4. Del caso concreto.

En el sub júdice, lo que se discute es la falta de competencia del nominador, para el caso Tribunal Superior de Distrito Judicial de Bogotá para suspender en el ejercicio del cargo al actor, en criterio del demandante, porque no se podía reincorporar al servicio por presencia de fuerza mayor o caso fortuito dado que mediaba orden de autoridad, que implicaba detención domiciliaria provisional, y la medida no fue solicitada por la autoridad judicial penal.

De la misma forma, el demandante señala que expresamente manifestó su intención de no reintegrarse, para lo cual previamente había solicitado suspensión de su relación laboral aduciendo una fuerza mayor o caso fortuito consecuencia de orden de autoridad, para el caso judicial que impedía su reincorporación al cargo de Juez 14 Laboral del Circuito de Bogotá,

Lo probado dentro del proceso es lo siguiente

Mediante acta 016 de junio 11 del 2001 el Tribunal Superior en Sala Plena decidió la petición del Dr. José Hernando Pinilla Cuervo relacionada con su voluntad de reintegrarse en propiedad al cargo de Juez 14 Laboral del Circuito de esta ciudad, de acuerdo con lo dispuesto por el Tribunal Superior en cumplimiento de fallo judicial. Sin embargo, invoca causal de impedimento de fuerza mayor derivado de ‘orden de autoridad’, no imputable a su voluntad para reintegrarse al cargo de Juez 14 Laboral del Circuito con fundamento en el artículo 1º de la Ley 95 de 1890 —detención domiciliaria—, que le impide la prestación del servicio inmediatamente y que legalmente determina la suspensión de la relación laboral a partir de la fecha en que radicó la petición esto es, el 23 de mayo de 2001, por aplicación analógica que invoca del artículo 53 del Código Sustantivo del Trabajo.

Al respecto, el Tribunal Superior de Bogotá estimó como inaplicable el artículo 53 del Código Sustantivo del trabajo en tanto la normatividad que se ajusta al caso es la contemplada en la ley estatutaria de administración de justicia, Ley 270 de 1996 y las normas especiales a las que este remite.

Frente a la causal de fuerza mayor invocada por el peticionario, señala no atribuible esta al nominador, porque tiene origen en los actos reputados como presuntamente ilícitos que precisamente generaron la medida de aseguramiento consistente en la privación de la libertad, en principio de detención domiciliaria, revocada en el fallo condenatorio de primera instancia, sin derecho a la libertad provisional y consecuente obligación para el Inpec de hacer efectiva la detención intramural.

Estimando que la solicitud de suspensión en los términos invocados no se subsume dentro de las hipótesis del artículo 147 de la Ley 270 de 1996, no accedió a la petición de suspensión (fls. 256-259).

Interpuesto recurso de reposición contra la anterior decisión, en el entendido que el tribunal no aplicó la analogía en tanto la ley estatutaria no tiene norma que prevea la situación de suspensión de la relación laboral y que el mismo Tribunal Superior dio por establecido, sin estarlo, que el recurrente no tiene derecho a la libertad provisional; y consiguientemente que se le detenga en sitio diferente al que al momento de la petición se encuentra.

En sesión de fecha 16 de julio de 2001, contenida en acta 020 sometió a discusión el proyecto de decisión del recurso de interpuesto en el entendido que el artículo 147 de la ley estatutaria de la administración de justicia incorpora el artículo 51-1 del Código Sustantivo del Trabajo, eliminándose el vacío normativo que haga acudir a la figura de la analogía.

Estimó que el referido artículo 147 no contempla el caso fortuito y la fuerza mayor como causal de suspensión y luego de hacer otras precisiones, ratifica su postura de la determinación adoptada en la plenaria del 11 de junio de 2001, acordando no reponer la decisión impugnada. La plenaria aprobó el texto de la decisión, con salvamento de voto del magistrado Luis Alfredo Barón Corredor y aclaración de voto del magistrado Edgar Carlos Sanabria Melo (fls. 261-273).

Se encuentra probado que el Tribunal Superior de Bogotá, D.C., en Sala de Decisión Penal mediante sentencia de 24 de enero de 2001 resolvió no decretar la nulidad solicitada por el otro procesado, a quien absolvió y condenar al doctor José Hernando Pinilla Cuervo a las penas principales de ocho (8) años de prisión, setecientos mil pesos de multa ($ 700.000.oo) y cuatro (4) años de interdicción de derechos y funciones públicas, como autor responsable del delito de prevaricato por acción y peculado por apropiación, hechos juzgados en concurso y realizados cuando el acusado se desempeñó las funciones de Juez Catorce (14) Laboral del Circuito de Bogotá. Como consecuencia de la pena impuesta, se revocó la detención domiciliaria de la que venía gozando (fls. 290-434, 454-456).

La Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Penal mediante auto de 26 de noviembre de 2001 resolvió solicitud de libertad provisional efectuada por el doctor Hernando Pinilla Cuervo, en el entendido que presupuesto para su decisión lo constituye la sentencia de condena ejecutoriada, en virtud de la cual se hayan cumplido las tres quintas partes de la condena, requisito que no se cumplía en esa instancia procesal.

La decisión de la alta corporación negó al doctor José Hernando Pinilla la libertad provisional, declaró la prescripción de la acción penal frente al delito de prevaricato y ordenó cesar todo procedimiento, disponiendo librar la correspondiente orden de captura (fls. 437-450).

Como consecuencia de la sentencia de 12 de septiembre de 2002 proferida por la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, que decidió confirmar la proferida por el Tribunal Superior de Bogotá, por el delito de peculado por apropiación, imponiéndole como penas principales siete (7) años de prisión tres (3) años de interdicción de derechos y funciones públicas y $ 700.000.oo pesos de multa, el Tribunal Superior de Distrito Judicial de Bogotá en Sala Plena de fecha 2 de diciembre de 2002 acordó declarar insubsistente al Dr. José Hernando Pinilla Cuervo, en su condición de Juez 14 laboral del Circuito de Bogotá, decisión que se concretó en acta 036 de la misma fecha (fls. 459-460).

Ahora bien, como presupuesto de validez material del acto administrativo en este caso, debe tenerse presente el principio de proporcionalidad. Este principio, se centra en la relación medio-fin. Una medida que se adopta en cuanto medio para alcanzar un fin determinado, o consecuencia, debe ser conforme al principio de proporcionalidad en sentido amplio, es decir, debe ser adecuada, necesaria y proporcionada en sentido estricto. La terminología, aunque en realidad existe acuerdo en torno a ella, no es totalmente uniforme y en la actualidad también se habla de prohibición del exceso o de mandato de intervención mínima.

Así en este caso, la medida es adecuada solo si permite alcanzar la consecuencia querida; la medida adecuada es necesaria solo cuando no está al alcance ningún otro medio adecuado que resulte menos perjudicial para los afectados y la generalidad; y la medida necesaria es proporcionada en sentido estricto solo si se adecua al fin pretendido.

En este caso la prueba no evidencia más que la proporcionalidad, y razonabilidad de la medida de suspensión en el ejercicio del cargo dentro de los parámetros establecidos por el artículo 135 en concordancia con el 147 de la ley estatutaria de la administración de justicia, porque para la Sala en este caso medió orden de autoridad judicial en tanto fue el Tribunal Superior de Bogotá en Sala de Decisión Penal, quien determinó en sentencia del 24 de enero de 2001 la condena impuesta al hoy demandante, en consecuencia, revocó la detención domiciliaria de que venía gozando y le impuso detención intramural o carcelaria.

Lo anterior da cuenta que el hoy demandante se encontraba privado efectivamente de su libertad y no gozando de libertad condicional, hipótesis única prevista bajo la cual podía seguir desempeñando el cargo. Luego, lo cierto es que ante la imposibilidad física de desempeñar el cargo por la situación ilegal en la que se colocó el demandante cuando se desempeñaba como Juez 13 Laboral de Bogotá, la medida de suspensión provisional venia ajustada a la proporcionalidad del fin perseguido esto es, esperar la decisión por parte de la Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Penal, quien finalmente la confirmó la sentencia de primera instancia que profirió el Tribunal Superior de Bogotá, lo que configuró la inhabilidad sobreviniente de manera definitiva

Resultan suficientes estas argumentaciones para confirmar la sentencia recurrida en este aspecto.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección “A”, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley.

FALLA:

MODIFÍCASE la sentencia de 21 de noviembre de 2011, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda Subsección F en Descongestión que negó las pretensiones de la demanda dentro de la acción de nulidad y restablecimiento interpuesta por José Hernando Pinilla Cuervo en contra de la Nación rama judicial Consejo Superior de la Judicatura Dirección Nacional de Administración Judicial, y en su lugar se dispone:

1. DECLÁRASE probada de oficio la excepción de caducidad de la acción frente a la decisión contenida en el acta 016 de junio 11 de 2011 proferida por la Sala Plena del Tribunal Superior de Distrito Judicial de Bogotá mediante la cual no se accedió a la solicitud de suspensión elevada por el hoy actor.

2. DECLÁRASE INHIBIDA la Sala para hacer un pronunciamiento de fondo, por ineptitud sustantiva de la demanda, de conformidad con lo manifestado en las consideraciones frente a este acto.

3. CONFÍRMASE en lo demás.

Devuélvase el expediente al tribunal de origen.

Cópiese, notifíquese y cúmplase».

(8) Folio 179.

(9) Folios 184-188.

(10) Folios 256-260.

(11) Folios 261-270.

(12) ART. 138.—Individualización de las pretensiones. Cuando se demande la nulidad del acto se le debe individualizar con toda precisión.

Cuando se pretendan declaraciones o condenas diferentes de la declaración de nulidad de un acto, deberán enunciarse clara y separadamente en la demanda.

Si el acto definitivo fue objeto de recursos en la vía gubernativa, también deberán demandarse las decisiones que lo modifiquen o confirmen; pero si fue revocado, solo procede demandar la última decisión.

Si se alega el silencio administrativo a la demanda deberán acompañarse las pruebas que lo demuestren.

(13) Folio 263.

(14) Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda. Subsección “B”. Radicado 05001-23-31-000-1998-00883-01 (1618-03), actor: César Castaño Jaramillo, M.P. Bertha Lucía Ramírez de Páez.

(15) ART. 135.—Situaciones administrativas. Los funcionarios y empleados pueden hallarse en alguna de las siguientes situaciones administrativas:

1. En servicio activo, que comprende el desempeño de sus funciones, la comisión de servicios y la comisión especial.

2. Separados temporalmente del servicio de sus funciones, esto es: en licencia remunerada que comprende las que se derivan de la incapacidad por enfermedad o accidente de trabajo o por el hecho de la maternidad, y las no remuneradas; en uso de permiso; en vacaciones; suspendidos por medida penal o disciplinaria o prestando servicio militar.

(16) ART. 359.—De los servidores públicos. Cuando se imponga medida de aseguramiento en contra de un servidor público, en la misma providencia se solicitará a la autoridad respectiva que proceda a suspenderlo en el ejercicio del cargo. Mientras se cumple la suspensión, se adoptarán las medidas necesarias para evitar que el sindicado eluda la acción de la justicia.

Si pasados cinco (5) días desde la fecha en que se solicite la suspensión, esta no se hubiere producido, se dispondrá la captura del sindicado.

Igualmente se procederá para hacer efectiva la sentencia condenatoria.

No es necesario solicitar la suspensión del cargo cuando a juicio del funcionario judicial, la privación inmediata de la libertad no perturba la buena marcha de la administración.

(17) ART. 147.—Suspensión en el empleo. La suspensión en el ejercicio del empleo se produce como sanción disciplinaria o por orden de autoridad judicial.

El funcionario suspendido provisionalmente en un proceso penal o disciplinario que sea reintegrado a su empleo, tendrá derecho a reconocimiento y pago de la remuneración dejada de percibir durante ese período y de ese tiempo se le computará para todos los efectos legales en los siguientes casos:

1. Cuando el proceso termine por cesación de procedimiento o por preclusión de la instrucción.

2. Cuando sea absuelto o exonerado.

Cuando la sanción disciplinaria sea suspensión o multa se tendrá en cuenta el tiempo que haya estado suspendido provisionalmente y se le reconocerá el pago de lo que exceda de la sanción impuesta. En caso de multa se le descontará del valor que haya que reintegrarle por el tiempo que estuvo suspendido.

(18) Sentencia C-037 de 5 de febrero de 1996, M.P. Vladimiro Naranjo Mesa.