Sentencia 2002-04698 de febrero 12 de 2014

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA – SUBSECCIÓN A

Rad.: 76001-23-31-000-2002-04698-01 (29.998)

Consejero Ponente:

Dr. Carlos Alberto Zambrano Barrera

Actor: Jaime Camacho Ríos

Demandado: Cámara de Comercio de Cali

Asunto: Acción de reparación directa

Bogotá, D. C., doce de febrero de dos mil catorce.

EXTRACTOS: «V. Consideraciones

Competencia

Las normas de asignación de competencia que rigen la actuación se encuentran previstas en el Decreto 597 de 1988 y de allí que, para que el asunto pueda ser tramitado en segunda instancia, la cuantía del proceso debe exceder de $36’950.000. Como quiera que la pretensión de mayor valor formulada en la demanda corresponde a la suma de $500’000.000, solicitada por concepto de daño emergente, esta Corporación es competente para conocer del recurso interpuesto.

Consideraciones previas

1. Naturaleza jurídica de las Cámaras de Comercio.

Las Cámaras de Comercio son entidades de naturaleza privada, creadas por el Gobierno Nacional(1), cuyas funciones se encuentran consagradas en el artículo 86 de Código de Comercio, así:

“ART. 86.—Las Cámaras de Comercio ejercerán las siguientes funciones:

1. Servir de órgano de los intereses generales del comercio ante el gobierno y los comerciantes mismos;

2. Adelantar investigaciones económicas sobre aspectos o ramos específicos del comercio interior y exterior y formular recomendaciones a los organismos estatales y semioficiales encargados de la ejecución de los planes respectivos;

3. Llevar el Registro Mercantil y certificar sobre los actos y documentos en él inscritos, como se prevé en este código;

4. Dar noticia en sus boletines u órganos de publicidad de las inscripciones hechas en el Registro Mercantil y de toda modificación, cancelación o alteración que se haga de dichas inscripciones;

5. Recopilar las costumbres mercantiles de los lugares correspondientes a su jurisdicción y certificar sobre la existencia de las recopiladas;

6. Designar el árbitro o los árbitros o los amigables componedores cuando los particulares se lo soliciten;

7. Servir de tribunales de arbitramento para resolver las diferencias que les defieran los contratantes, en cuyo caso el tribunal se integrará por todos los miembros de la junta;

8. Prestar sus buenos oficios a los comerciantes para hacer arreglos entre acreedores y deudores, como amigables componedores;

9. Organizar exposiciones y conferencias, editar o imprimir estudios o informes relacionados con sus objetivos;

10. Dictar su reglamento interno que deberá ser aprobado por el Superintendente de Industria y Comercio;

11. Rendir en el mes de enero de cada año un informe o memoria al Superintendente de Industria y Comercio acerca de las labores realizadas en el año anterior y su concepto sobre la situación económica de sus respectivas zonas, así como el detalle de sus ingresos y egresos; y

12. Las demás que les atribuyan las leyes y el Gobierno Nacional”.

Como se observa, se trata de entidades que tienen, entre otras, funciones públicas registrales, tales como las enunciadas en los numerales 3 y 4 de la norma transcrita, consistentes en llevar el Registro Mercantil y dar publicidad de las inscripciones hechas en el mismo.

El otorgamiento de funciones administrativas a particulares —como ocurre en el caso de las de registro atribuidas a las Cámaras de Comercio— tiene sustento normativo en el artículo 209 de la Constitución Política, el cual dispone que tales funciones están al servicio de los intereses generales y que se desarrollan con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la delegación y la desconcentración de funciones.

Para ser precisos, es la descentralización por colaboración la figura de la cual se vale el Gobierno para trasladar la función pública registral a personas jurídicas privadas, como las Cámaras de Comercio, las cuales deben cumplirla con autonomía administrativa, patrimonial y técnica, “en las condiciones que señale la ley”, como dispone el artículo 210 ibídem.

Sobre el particular, la Sala Plena de la Corte Constitucional en Sentencia C-1142/00 dijo:

“(…) las funciones de las cámaras de comercio, en especial en lo que toca con el Registro Mercantil, son de carácter público, no obstante la naturaleza privada de tales entes, como lo ha señalado la Corte en varias de sus providencias, entre otras la C-144 del 20 de abril de 1993.

“No obstante su naturaleza privada, las cámaras de comercio cumplen funciones públicas de aquellas que corresponde ejecutar al Estado, pero que, en virtud de lo previsto en el artículo 210 C.P., también pueden ser desarrolladas por particulares, en los términos que señale la ley. En efecto, el inciso 2º del citado artículo constitucional consagra que los particulares pueden cumplir funciones administrativas en las condiciones que la ley señale, trasladando al legislador la facultad de precisar en qué forma pueden las personas privadas desarrollar este tipo de funciones.

“Dentro de los nuevos esquemas del Estado, cada vez es más frecuente que los particulares entren a desarrollar muchas de las tareas que a aquel pertenecen, sin que ello cambie la naturaleza de la entidad particular que las realiza, ni sus empleados adquieran la calidad de servidores públicos. Es un concepto material y no formal ni subjetivo de la actividad que desarrollan, lo cual implica que se la considere y evalúe por su naturaleza propia y por su contenido.

“Precisamente el artículo 123 de la Constitución señala quiénes son considerados como servidores públicos y consagra que ellos están al servicio del Estado y de la comunidad, y ejercen sus funciones en la forma prevista por al Constitución, la ley y el reglamento. La norma agrega que ‘la Ley determinará el régimen aplicable a los particulares que temporalmente desempeñen funciones públicas y regulará su ejercicio’.

“En cuanto al cumplimiento de funciones administrativas, debe reiterarse:

‘Así las cosas, de las consideraciones anteriores se desprende con meridiana claridad que el desempeño de funciones administrativas por particulares, es una posibilidad reconocida y avalada constitucional y legalmente, y que esa atribución prevista en el artículo 210 de la Carta opera por ministerio de la ley y, en el caso de las personas jurídicas, no implica mutación en la naturaleza de la entidad a la que se le atribuye la función, que conserva inalterada su condición de sujeto privado sometido al régimen de derecho privado en lo atinente a la organización y desarrollo de las actividades anejas a su específica finalidad.

‘Empero, resulta ineludible precisar que las personas jurídicas privadas aunque se hallan esencialmente orientadas a la consecución de fines igualmente privados, en la medida en que hayan sido investidas de la facultad de ejercer funciones administrativas, participan de la naturaleza administrativa, en cuanto toca con el ejercicio de esas funciones, en cuyo desempeño ocupan la posición de la autoridad estatal gozando, por ende, de las prerrogativas del poder público y encontrándose, en consecuencia, sometidas a la disciplina del derecho público; de modo que los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad que, según el artículo 209 Superior, guían el desarrollo de la función administrativa, les son por completo aplicables.

‘De otra parte, el régimen de derecho administrativo sujeta a la persona privada que cumple función administrativa a la consiguiente responsabilidad y le impone el despliegue de una actuación ceñida a lo expresamente autorizado y permitido para la consecución de la específica finalidad pública que se persigue; ello se erige en una garantía para el resto de los asociados y justifica la operancia de los controles especiales que, normalmente, se ubican en cabeza de la administración pública’” (Cfr. Corte Constitucional. Sala Plena. Sentencia C-166 del 20 de abril de 1995. M. P. Hernando Herrera Vergara)(2).

De esta forma, aunque no pierden su naturaleza jurídica privada, las Cámaras de Comercio, en calidad de autoridades, cumplen funciones públicas aplicando procedimientos administrativos y profiriendo decisiones administrativas que, en todo caso, son susceptibles de ser recurridas en vía gubernativa e, inclusive, de ser demandadas ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo.

En efecto, el artículo 82 del anterior Código Contencioso Administrativo (Decreto 1 de 1984), aquí aplicable, al definir el objeto de la jurisdicción de lo contencioso administrativo, señala que la misma “está instituida para juzgar las controversias y litigios administrativos originados en la actividad de las entidades públicas y de las personas privadas que desempeñen funciones propias de los distintos órganos del Estado” (subrayas de la Sala); en consecuencia, es el Consejo de Estado el competente para conocer del presente asunto.

2. Oportunidad de la acción.

Aunque la demandada formuló la excepción de caducidad de la acción, el a quo no se pronunció al respecto; así las cosas, la Sala estudiará si, en el presente asunto, operó dicho fenómeno jurídico, respecto de la acción de reparación directa.

La Sala ha señalado que, para garantizar la seguridad jurídica de los sujetos procesales, el legislador instituyó la figura de la caducidad como una sanción en los eventos en que determinadas acciones judiciales no se ejerzan en un término específico. En este sentido, los interesados tienen la carga procesal de poner en funcionamiento el aparato jurisdiccional del Estado dentro del plazo fijado por la ley o, de no hacerlo en tiempo, no podrán obtener la satisfacción del derecho reclamado por la vía jurisdiccional.

En este caso, según la demanda, el hecho generador del daño por el que se demanda (expedición de certificado de existencia y representación de la sociedad Constructora La Cascada S.A.) ocurrió en 1995, fecha a partir de la cual tendría que contarse, en principio, el término de caducidad de la acción de reparación directa formulada, que, conforme al artículo 136 del Código Contencioso Administrativo, es de dos años, contados a partir del acaecimiento del hecho, omisión u operación administrativa.

Como la demanda fue presentada el 6 de noviembre de 2002, es decir, más de 7 años después, en principio, la acción estaría caducada.

No obstante, esta corporación ha expresado, en diferentes ocasiones, que “si bien el término de caducidad empieza a correr a partir de la ocurrencia del hecho o la omisión, cuando no puede conocerse, en el mismo momento, cuáles son las consecuencias de estos, debe tenerse en cuenta la fecha en la que se determina el perjuicio y el afectado tiene conocimiento de ello. Con mayor razón, entonces, debe entenderse que el término de caducidad no puede comenzar a contarse desde una fecha anterior a aquella en que el daño ha sido efectivamente advertido”(3).

En el caso concreto, no se acreditó en qué momento tuvo conocimiento el demandante de que continuaba figurando como primer suplente del gerente de la sociedad Constructora Astro S.A. (antes sociedad Constructora La Cascada S.A.). Lo que sí se probó fue que, el 1º de febrero de 2001, el vicecónsul de la embajada de los Estados Unidos de América le comunicó al señor Camacho Ríos que su nombre y número de cédula aparecían en el listado de presuntos narcotraficantes, emitido durante la presidencia del señor Clinton; así mismo, obra en el expediente un certificado de existencia y representación de la misma sociedad, expedido el 9 de febrero de 2001 por la Cámara de Comercio de Cali, en el que aparece el nombre del señor Jaime Camacho Ríos como suplente del gerente.

Por lo anterior, entiende la Sala que fue en ese momento, esto es, a principios del año 2001, cuando el demandante tuvo conocimiento de que continuaba figurando como gerente suplente de esa sociedad, de modo que es a partir de ese momento que comienza a contarse el término de caducidad.

Como la demanda se presentó el 6 de noviembre de 2002, se entiende presentada dentro del término de los 2 años con los que el demandante contaba para ese efecto y, en consecuencia, la acción no se encontraba caducada y se analizará el fondo del asunto.

El caso concreto

El 12 de abril de 1994, mediante el acta 93(4), la junta directiva de la sociedad Constructora La Cascada S.A. designó al señor Jaime Camacho Ríos, como primer suplente de la gerencia, quien aceptó el cargo. Dicha acta fue registrada ante la Cámara de Comercio de Cali el 18 de los mismos mes y año.

El 30 de agosto de 1994, en documento dirigido a la presidenta de la junta directiva de la Inmobiliaria Aurora Ltda., el señor Jaime Camacho Ríos presentó renuncia al cargo de gerente de esa inmobiliaria(5), así como al de suplente del gerente de Construcciones La Cascada(6).

El 1º de septiembre siguiente, la presidenta de la junta directiva de la Inmobiliaria Aurora Ltda. le aceptó la renuncia al cargo de gerente de esa inmobiliaria(7), pero en ningún momento le aceptó la renuncia al de suplente del gerente de Construcciones La Cascada.

El 12 de septiembre de 1994 se formalizó el acta de la entrega de la gerencia de la inmobiliaria(8), la cual se realizó entre el 31 de agosto y el 2 de septiembre del mismo año, del señor Camacho Ríos a la nueva gerente.

Es del caso tener en cuenta que, según la demanda, el hecho generador del daño por el que se demanda es la expedición de un certificado de existencia y representación de la sociedad Constructora La Cascada S.A. en el que el demandante aparecía como gerente suplente, luego de haber renunciado a ese cargo; sin embargo, se advierte que, aunque aquel renunció a ser suplente de esa gerencia, lo hizo en una carta dirigida a la junta directiva de la Inmobiliaria Aurora Ltda. y no a la de la sociedad Constructora La Cascada S.A y, además, que en el expediente no obra prueba que dé cuenta de que esa renuncia haya sido aceptada y mucho menos de que se haya comunicado tal decisión a la Cámara de Comercio para su registro.

Sobre las obligaciones de las Cámaras de Comercio respecto del registro de los representantes legales de las sociedades, la Sección Tercera de esta corporación ha dicho(9):

“En primer lugar, debe recordarse que las sociedades comerciales están sujetas a las normas del Código de Comercio, cuyo Título III reguló lo concerniente al Registro Mercantil, el cual tiene por objeto llevar la matrícula de los comerciantes y de los establecimientos de comercio, así como la inscripción de todos los actos, libros y documentos respecto de los cuales la ley exigiere esa formalidad (art. 26); dicho Registro Mercantil corresponde a una función pública que le fue atribuida a las cámaras de comercio por el legislador (art. 27) y en él debe inscribirse, entre otras actuaciones, la designación de los representantes legales de las sociedades y su remoción (art. 28, num. 9), disponiendo así mismo el estatuto comercial, que ‘(…) los actos y documentos sujetos a registro no producirán efectos respecto de terceros sino a partir de la fecha de su inscripción’ (art. 29, num. 4) y que ‘Toda inscripción se probará con certificado expedido por la respectiva cámara de comercio o mediante inspección judicial practicada en el Registro Mercantil’ (art. 30); de otro lado, el estatuto de los comerciantes dispone que ‘La designación o revocación de los administradores o de los revisores fiscales previstas en la ley o en el contrato social no se considerará (sic) como reforma, sino como desarrollo o ejecución del contrato (…)’, pero estará sujeta a registro en la cámara de comercio, mediante las copias del acta o acuerdo en que conste la designación o la revocación (art. 163); no obstante, cuando la delegación de la administración o representación legal no conste en los estatutos, debe otorgarse con las formalidades propias de las reformas estatutarias y son inoponibles a terceros la revocación, el cambio de delegado y las limitaciones a sus facultades, mientras no se llenen dichas formalidades (art. 313); por otra parte, cuando sobrevenga la disolución de la sociedad, mientras no se haga y se registre el nombramiento de liquidadores, el Código de Comercio establece que actuarán como tales las personas que figuren inscritas en el Registro Mercantil del domicilio social como representantes de la sociedad (art. 227); a su vez, el artículo 441 ibídem, dispone que para inscribir la designación de representante legal en el Registro Mercantil, basta la copia de la parte pertinente del acta de la junta directiva o de la asamblea, en su caso, una vez aprobada y firmada por el presidente y el secretario o, en su defecto, por el revisor fiscal; y el artículo 442 reitera la regla general contenida en el artículo 164, relativa a que las personas cuyos nombres figuren inscritos en el Registro Mercantil como gerente principal y suplentes serán los representantes de la sociedad para todos los efectos legales, mientras no se cancele su inscripción mediante el registro de un nuevo nombramiento.

“Las anteriores exigencias, relativas a la inscripción de comerciantes y de ciertos actos, documentos y circunstancias que les atañen, encuentran su razón de ser en la necesidad de otorgar publicidad a los mismos y de este modo brindar seguridad jurídica a los terceros que pudieren llegar a relacionarse con ellos, quienes tienen acceso a dicha información y pueden conocer distintos aspectos de interés en la vida mercantil, como son, por ejemplo, los relativos a la existencia y representación de las personas jurídicas dedicadas a la actividad comercial y que, por lo tanto, están sujetas a las disposiciones que regulan el Registro Mercantil (…)

“(…)

“De acuerdo con lo anterior, salvo normas especiales que dispongan otra cosa(10), la representación legal de una sociedad comercial solo puede probarse a través de la respectiva certificación expedida por la Cámara de Comercio en la que aquella hubiere efectuado su inscripción en el Registro Mercantil, pues una de las funciones atribuidas por el artículo 86 del C. de Co. a las cámaras de comercio es, precisamente, la de ‘Llevar el Registro Mercantil y certificar sobre los actos y documentos en él inscritos (…)’ (num. 3).

“Por otra parte, se observa que el Libro Segundo, Título I, Capítulo II del C. de Comercio, regula el tema de las sociedades comerciales y allí, el artículo 117, relativo a la prueba de la existencia y de la representación, establece de manera expresa:

‘La existencia de la sociedad y las cláusulas del contrato se probarán con certificación de la cámara de comercio del domicilio principal, en la que constará el número, fecha y notaría de la escritura de constitución y de las reformas del contrato, si las hubiere; el certificado expresará, además, la fecha y el número de la providencia por la cual se le concedió permiso de funcionamiento y, en todo caso, la constancia de que la sociedad no se halla disuelta.

Para probar la representación de una sociedad bastará la certificación de la cámara respectiva, con indicación del nombre de los representantes, de las facultades conferidas a cada uno de ellos en el contrato y de las limitaciones acordadas a dichas facultades, en su caso’ (las negrillas son de la Sala).

“En relación con las consecuencias de esta disposición, se observa que, según lo dispuesto por el artículo 196 ibídem, las limitaciones o restricciones de las facultades de los representantes legales de las sociedades que no consten expresamente en el contrato social inscrito en el registro mercantil, no serán oponibles a terceros.

“Específicamente respecto de las sociedades anónimas, especie a la cual pertenece la sociedad demandante en el sub lite, el artículo 441 del C. de Co., establece la obligación de inscribir su designación en el Registro Mercantil:

‘ART. 441.—En el registro mercantil se inscribirá la designación de representantes legales mediante copia de la parte pertinente del acta de la junta directiva o de la asamblea, en su caso, una vez aprobada y firmada por el presidente y el secretario, o en su defecto, por el revisor fiscal’.

“Y a su vez, el artículo 442 establece que es la inscripción en el registro mercantil, la que vale frente a terceros, al disponer como efectos de la inscripción:

‘ART. 442.—Las personas cuyos nombres figuren inscritos en el correspondiente registro mercantil como gerentes principales y suplentes serán los representantes de la sociedad para todos los efectos legales, mientras no se cancele su inscripción mediante el registro de un nuevo nombramiento’.

“De acuerdo con el análisis de la normatividad enunciada, no queda duda alguna de que, por disposición del legislador, la representación legal de las sociedades comerciales en general y de las anónimas en particular, debe constar en el registro mercantil en el que se hallen inscritas, lo cual significa que recae sobre las cámaras de comercio el deber de certificar sobre la misma, constituyendo dicha certificación la única prueba idónea de la existencia y representación de estas sociedades, sin que la misma pueda ser subsanada por algún otro medio probatorio, por cuanto sin lugar a dudas y como quedó visto, en esta materia no existe libertad probatoria”.

Se tiene, entonces, que la Cámara de Comercio tiene el deber de certificar la representación legal que se encuentre inscrita en el registro mercantil y, por lo tanto, en el cumplimiento de sus funciones, expidió el certificado de existencia y representación de la sociedad Constructora La Cascada S.A. que contenía el nombre del señor Jaime Camacho Ríos como suplente del gerente de la misma, puesto que su renuncia a ese cargo no aparecía inscrita en ese registro mercantil.

Por lo anterior, mal podría imponérsele a la Cámara de Comercio la obligación de omitir el nombre del demandante cuando este todavía figuraba en el registro mercantil, como suplente del gerente de esa sociedad y menos teniendo en cuenta que no se allegó prueba alguna al expediente que demuestre que la Cámara de Comercio tuvo noticia de la aceptación de su renuncia como tal.

Ahora bien, en certificado de existencia y representación de la sociedad Construcciones Astro S.A. elaborado por la Cámara de Comercio de Cali, el 9 de febrero de 2001(11), obra la anotación de que, mediante el acta 97 de la junta directiva de esa sociedad (antes sociedad Constructora La Cascada S.A.)(12), celebrada el 21 de marzo de 1997, fueron nombrados el gerente y el suplente de esa sociedad y, sin embargo, el señor Jaime Camacho Ríos continuaba apareciendo como suplente del gerente de la misma.

En sentencia de tutela del 20 de marzo de 2001(13), el Juzgado 23 Civil Municipal de Cali concedió la protección tutelar solicitada por el demandante y, en consecuencia, ordenó a la Cámara de Comercio de Cali retirar el nombre de Jaime Camacho Ríos como primer suplente del gerente de Construcciones Astro Ltda.

De lo anterior podría entenderse, en principio, que a partir de la inscripción del acta 97 de 1997, en la que se designó un nuevo suplente de la gerencia, y no antes, la Cámara de Comercio debió eliminar el nombre del señor Jaime Camacho de ese registro mercantil, conforme a las normas y a la jurisprudencia transcritas.

Así las cosas, no puede cuestionarse la actuación de la Cámara de Comercio de Cali entre 1995 (momento en el que, según la demanda, se expidió el certificado de existencia y representación de la sociedad Constructora La Cascada S.A. que causó el daño) y marzo de 1997 (momento en el que se designó un nuevo suplente del gerente, ya de la sociedad Construcciones Astro Ltda.), período durante el cual el señor Camacho Ríos figuró como gerente suplente la sociedad.

Lo anterior, en virtud de que no se cumplió con la carga de la prueba en este extremo; sobre el particular, recuérdese que, según el artículo 177 del Código de Procedimiento Civil, corresponde a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen; en consecuencia, era deber de los demandantes probar tanto el daño alegado, como que este era atribuible a la entidad demandada.

Por lo expuesto, habrá lugar a confirmar la negativa de las pretensiones de la demanda.

Costas

En consideración a que no se evidenció temeridad, ni mala fe en la actuación procesal de las partes, la Sala se abstendrá de condenarlas en costas, de conformidad con lo establecido en el artículo 171 del C.C.A., modificado por el artículo 55 de la Ley 446 de 1998.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

Primero. Confírmase la sentencia del 1º de octubre de 2004, proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca.

Segundo. Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al Tribunal de origen.

Cópiese, notifíquese y cúmplase».

(1) De oficio o a petición de los comerciantes del territorio donde hayan de operar, según el artículo 78 del Código de Comercio.

(2) Sentencia C-1142/00 proferida el 30 de agosto de 2000 por la Sala Plena de la Corte Constitucional. M. P. José Gregorio Hernández Galindo.

(3) Sentencia del 29 de enero de 2004, Radicado 18273, M. P. Alier Hernández Enríquez. Ver también radicados 3393 del 26 de abril de 1984 y 11676 del 29 de junio de 2000.

(4) Folios 8 y 9 del cuaderno 1.

(5) De cuya vinculación no se tiene prueba en el proceso.

(6) Folio 10 del cuaderno 1.

(7) Folio 11 del cuaderno 1.

(8) Folios 12 a 16 del cuaderno 1.

(9) Sentencia del 17 de marzo de 2010. Expediente 16452. C. P. Mauricio Fajardo Gómez.

(10) “A título de ejemplo, se observa que la existencia y representación de las sociedades sometidas a la inspección y control permanente de la Superintendencia Financiera, deberá ser certificada por esta entidad, según lo establecido por el artículo 325 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, contenido en el Decreto-Ley 663 de 1993, sin que ello implique que no sean también sociedades de naturaleza comercial, que por lo mismo deben cumplir con los requisitos establecidos por el Código de Comercio respecto del Registro Mercantil; así se estableció de tiempo atrás, cuando las Superintendencias Bancaria y de Industria y Comercio, conjuntamente con la Comisión Nacional de Valores, expidieron la Circular Externa 1 del 3 de noviembre de 1983, en la cual se refirieron específicamente a las obligaciones de los vigilados por estas entidades frente al Registro Mercantil y la Superintendencia Bancaria, documento en el cual, de manera expresa, manifestaron tales autoridades, entre otras cosas, que:

‘(…) la existencia y representación legal de las empresas vigiladas que se mencionan a continuación, como también la inscripción de los restantes actos sujetos a la formalidad registral, se probará con certificado de la Cámara de Comercio correspondiente (…)’.

“Así mismo, compete exclusivamente a las Cámaras de Comercio certificar sobre los revisores fiscales y miembros de juntas directivas de las referidas sociedades, como también de los demás actos, contratos y documentos sometidos a la formalidad del Registro Mercantil.

“Cuando se trate de actos atinentes a la existencia y/o la representación legal de las entidades vigiladas de que trata esta circular, exceptuadas las señaladas en los literales a y b del presente numeral, las cámaras certificarán el cumplimiento del registro de los documentos relacionados con tales cuestiones, solamente para acreditar su inscripción (C. Co., art. 30), más se abstendrán de otorgar medio de prueba sobre existencia y representación (C. Co., art. 117), que se repite, solo se probará con certificado de la Superintendencia Bancaria o la Comisión Nacional de Valores” (las negrillas son del texto original).

(11) Folio 54 del cuaderno 1.

(12) Mediante la escritura 6698 del 22 de octubre de 1996, se cambió el nombre a la sociedad Constructora La Cascada S.A. al de Construcciones Astro S.A. Ver folios 17 a 19 del cuaderno 1.

(13) Folios 43 a 47 del cuaderno 1.