Sentencia 2002-05433/38006 de 14 de septiembre de 2017

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN A

Consejera Ponente (E):

Dra. Marta Nubia Velásquez Rico

Rad.: 76001233100020020543301 (38.006)

Actor: Sainc Ingenieros Constructores S.A. y otros

Demandado: Municipio de Santiago de Cali y otros

Ref.: Apelación sentencia - Reparación directa

Bogotá, D.C., catorce de septiembre de dos mil diecisiete.

EXTRACTOS: «II. Consideraciones

Procede la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia de primera instancia, para cuyo efecto se abordarán los siguientes temas: 1. competencia de la Sala; 2. legitimación en la causa; 3. la acción procedente en el presente asunto; 4. decisión sobre costas.

1. Competencia.

La Sala es competente para conocer del asunto en segunda instancia, en razón del recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia proferida el 20 de marzo de 2009 por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, dado que la demanda se presentó el 19 de diciembre de 2002 y la pretensión mayor se estimó en una suma equivalente a $1.546'054.317, por concepto del valor del pagaré Nº 01-99 a favor de la sociedad demandante, monto que supera el exigido —500 smlmv—, para que un proceso adelantado en ejercicio de la acción de reparación directa tuviera vocación de doble instancia ante esta corporación para aquella época19.

2. Legitimación en la causa.

Con ocasión del daño material alegado en la presente acción, derivado del no pago de unas obligaciones contenidas en unos pagarés, concurrieron al proceso la sociedad Sainc Ingenieros Constructores S.A., a través de su representante legal Francisco Angulo Angulo20; asimismo, acudieron al proceso los señores Raúl Orlando Medellín González y Enrique Jordán Sarria como directos afectados por la falta de pago de los pagarés 1 y 2 suscritos el 23 de agosto de 199921.

En cuanto a la legitimación por pasiva, se tiene que la demanda se enderezó en contra del municipio de Cali, la sociedad Airear Urbano S.A. y la Corporación Promotora del Centro de Cali, Procentro.

En cuanto hace al municipio de Cali, se tiene que acudió representado a través del alcalde municipal22 y tiene interés en controvertir las pretensiones de la demanda, en los términos del artículo 90 de la Constitución Política, dado que es la persona jurídica sobre la cual repercutirían las eventuales consecuencias patrimoniales derivadas de la aludida falla del servicio a la que alude el libelo.

Respecto de la sociedad Airear Urbano S.A. —en liquidación obligatoria— y la Corporación Promotora del Centro de Cali, Procentro, se observa que están legitimadas en la causa por pasiva, dado que suscribieron los pagarés núms. 1 y 2 del 23 de agosto de 1999 a los que se refiere la demanda; además, se tiene que la primera de las nombradas concurrió al proceso a través de su liquidador, señor Germán Rincón Herrera23 y, por su parte, —Procentro— lo hizo a través del curador ad litem24.

2.2. La acción procedente en el caso concreto.

Tal y como se dejó indicado en los antecedentes de esta sentencia, los demandantes interpusieron demanda en ejercicio de la acción de reparación directa, con el fin de obtener la declaratoria de responsabilidad de las demandadas —Procentro y Airear Urbano— por la falta de pago de los pagarés núms. 1/99 y 2/99 suscritos el 23 de agosto de 1999 a favor de los actores.

De igual forma, tanto en el libelo introductorio como en el recurso de apelación formulado contra la sentencia de primera instancia se arguyó que el daño antijurídico en el presente asunto devino por "el no pago de las sumas invertidas en los parques comerciales, este daño es cierto, real y la causa eficiente del mismo la generó la entidad demandada”".

Sobre el particular, advierte la Sala ab initio que la demanda es sustancialmente inepta por indebida escogencia de la acción.

En efecto, de una correcta interpretación de los hechos y de las pretensiones de la demanda, se infiere, sin hesitación alguna, que la génesis del litigio se ubica en la falta de pago, por parte de las demandadas, de unas obligaciones contenidas en unos títulos ejecutivos —pagarés 1 y 2 del 23 de agosto de 1999—, cuyo vencimiento acaeció el 23 de octubre de ese mismo año.

Ahora bien, el artículo 86 del Código Contencioso Administrativo prevé el ejercicio válido de la acción de reparación directa cuando una persona demanda directamente la reparación de un daño que tenga como fuente la ocurrencia de un hecho, una omisión, una operación administrativa o la ocupación temporal o permanente de bienes inmuebles por causa de trabajos públicos o por cualquier otra causa.

Por su parte, el artículo 488 del Código de Procedimiento Civil dispone que “pueden demandarse ejecutivamente las obligaciones expresas, claras y exigibles que consten en documentos que provengan del deudor o de su causante y constituyan plena prueba contra él...”. Lo anterior implica que ante la existencia de un título ejecutivo que reúna tales requisitos, la acción idónea resulta ser la ejecutiva prevista en los artículos 488 y siguientes del referido estatuto procesal.

Debe recordarse que en materia de lo contencioso administrativo la fuente del daño que se afirma irrogado es la que determina la acción idónea o procedente a efectos de lograr la consideración del asunto por parte del juez, y ello, a su vez, fija la técnica apropiada en la formulación de las pretensiones y la oportunidad en el tiempo para hacerlas valer25.

Para el caso sub examine la Sala ha verificado que la fuente del daño, como se indicó en precedencia, no es una falla del servicio, puesto que, a pesar de que en la demanda se atribuyen al municipio unas supuestas omisiones en los deberes de adquisición de predios y desalojos de vendedores ambulantes que habrían influido en la iliquidez de la sociedad Airear Urbano S.A., lo cierto es que el daño alegado en el sub examine —bueno es reiterarlo—, se habría producido como consecuencia de la falta de pago de los referidos títulos ejecutivos (pagarés núms. 1/99 y 2/99).

Teniendo en cuenta lo anterior, resulta claro para la Sala que si bien a la sociedad demandante y a los otros dos actores, como consecuencia de la falta de pago de tales acreencias contenidas en unos títulos ejecutivos, se les habría podido crear una situación jurídica desfavorable, lo cierto es que solamente resultaba posible su reclamo judicial a través de la acción ejecutiva, dado que se trata de unas obligaciones claras, expresas y exigibles suscritas por las demandadas a favor de los actores.

Así las cosas, ha de concluir la Sala que resulta improcedente emitir un pronunciamiento de fondo en el presente asunto, toda vez que está demostrada la indebida escogencia de la acción, la cual constituye presupuesto necesario de la sentencia de mérito, tal como lo ha sostenido esta Sección del Consejo de Estado26.

“Al efecto cabe tener en cuenta que esta Corporación ha precisado que persisten algunos requisitos indispensables para proferir una decisión de fondo, como lo es que la acción contencioso administrativa se ejerza con sujeción a los requisitos que prevé la ley para su procedencia, sin perjuicio de que, como lo explica la doctrina, el juez cumpla con la obligación 'de declarar la razón por la cual no puede proveer”27.

Finalmente, cabe señalar que en los documentos allegados al proceso en virtud de la prueba de oficio decretada en segunda instancia, se tiene que frente al proceso ejecutivo que cursaba ante el Juzgado 14 Civil del Circuito de Cali, mediante auto del 2 de octubre de 2014 ese despacho judicial decretó la terminación del proceso por desistimiento tácito, habida cuenta de que luego de la sentencia que ordenó seguir adelante con la ejecución, la parte ejecutante no desplegó actuación alguna para continuar con el trámite del proceso ejecutivo28.

De otra parte, se observa que dentro del trámite de la liquidación obligatoria de la sociedad Airear Urbano S.A. la Superintendencia de Sociedades, a través de proveído del 24 de diciembre de 2003, ordenó la calificación y la graduación de los créditos presentados por los ahora demandantes, así29:

AcreedorCréditoCuantía solicitadaCuantía reconocida
Raúl Orlando Medellín194$1.135'066.529$1.090'992. 434
Enrique Jordán Sarria195$105'525.200$105'525.200

Asimismo, la Sala observa que a través de autos proferidos el 17 de marzo y el 31 de 2011, la Superintendencia de Sociedades aprobó y ajustó el plan de pagos, redistribuyó y aprobó la cesión de bienes de la sociedad liquidada, trámite dentro del cual quedaron incluidas las acreencias de los ahora demandantes30 .

Con fundamento en lo anterior, advierte la Sala que la parte actora se hizo parte dentro del trámite de liquidación de la sociedad Airear Urbano S.A., con el fin de obtener el pago de las acreencias que pretende cobrar nuevamente a través de la presente acción de reparación directa, lo cual resulta abiertamente improcedente, tal y como lo concluyó el Tribunal de primera instancia.

5. Costas.

Toda vez que para el momento en que se profiere este fallo, el artículo 55 de la Ley 446 de 1998 indica que solo hay lugar a la imposición de costas cuando alguna de las partes haya actuado temerariamente y, debido a que ninguna procedió de esa forma en el sub lite, no habrá lugar a su imposición.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA

1. REVOCAR la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, el 20 de marzo de 2009 y en su lugar se dispone:

1. Inhibirse para resolver de fondo el asunto sometido a su conocimiento por indebida escogencia de la acción.

2. Devolver el remanente de lo consignado para gastos del proceso.

2. Sin condena en costas.

3. En firme este fallo DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen.

Cópiese, notifíquese y cúmplase».

19 Ley 446 de 1998.

20 A folio 4 a 25 del cuaderno 1 obra certificado de existencia y representación legal de la sociedad Sainc S.A. en el cual figura la referida persona como representante legal.

21 En dicho pagaré figuran tales personas como acreedores —fls. 432 a 441 cdno. 1).

22 El artículo 149 del CCA —modificado por el artículo 49 de la Ley 446 de 1998— establece al respecto: “Las entidades públicas y las privadas que cumplan funciones públicas podrán obrar como demandantes, demandadas o intervinientes en los procesos contencioso administrativos, por medio de sus representantes, debidamente acreditados. Ellas podrán incoar todas /as acciones revistas en este código si las circunstancias lo ameritan (...)”.

23 A folios 513 a 514 del cuaderno 1 obra certificado de existencia y representación legal de la sociedad Airear Urbano S.A. En Liquidación Obligatoria, expedido el 15 de diciembre de 2003, en el cual figura la referida persona como liquidador.

24 De conformidad con el certificado
de existencia y representación legal dicha sociedad se encuentra debidamente constituida ante la Cámara de Comercio de Cali (fls. 23 y 24 cdno. 1.

25 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 23 de abril de 2008, exp. 15.906 y sentencia del 13 de mayo de 2009, exp. 15.652.

26 Sentencia de 28 de abril de 2010, exp. 17.811, M.P. Mauricio Fajardo Gómez.

27 José Chiovenda, Principios de Derecho Procesal Civil, Editorial Reus S.A., Madrid. 1977; tomo 1, págs. 125 y 126. Cita original en: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 28 de abril de 2010, exp. 17.811, M.P. Mauricio Fajardo Gómez.

28 Folios 179 a 180 cdno. 3.

29 Folios 956 a 981 cdno. ppal.

30 Folios 939 a 953 cdno. ppal.