Sentencia 2002-05450 de abril 7 de 2011

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA

SUBSECCIÓN “A”

Rad.: 25000-2325-000-2002-05450-01(0642-07)

Consejero Ponente:

Dr. Gustavo Eduardo Gómez Aranguren

Actor: Juana Cristina Arévalo Capera

Demandado: Nación-Procuraduría General de la Nación

Ref.: Autoridades nacionales.

Bogotá, D.C., siete de abril de dos mil once.

EXTRACTOS: «Consideraciones

Problema jurídico:

Se contrae a definir si son nulos los actos administrativos que negaron el reconocimiento y pago de la nivelación salarial a Juana Cristina Arévalo, en su calidad de funcionaria de la Procuraduría Veinte Judicial II en lo Penal, dado que considera que desempeñó las funciones de sustanciadora judicial y no las de oficinista grado 6.

Para resolverlo se estudiaran los cargos propuestos a partir del alcance del concepto de planta global, el cargo en la función pública, las pruebas allegadas y el caso concreto.

De lo probado

Nombramiento de Juana Cristina Arévalo como auxiliar de servicios generales grado 3- código 03-AS 075 de la Procuraduría Provincial de Fusagasugá, con Resolución 98 del 27 de enero de 1992 (fl.142).

Por Decreto 452 de junio 5 del mismo año, se ascendió al cargo de oficinista grado 6 código 060 F-213 de la misma provincial (fl. 135).

La inscripción en el escalafón de carrera administrativa de la Procuraduría General de la Nación, mediante Resolución 4 de julio 16 de 1996, en el cargo de oficinista código 50 F, grado 06 (fl. 123)

Por medio del Decreto 1110 de agosto 1º de 1997, se trasladó a la actora a la Procuraduría Primera Delegada para la Vigilancia administrativa, a la Procuraduría 20 Judicial Penal, con sede en Santafé de Bogotá (fl. 2).

Oficio de 24 de marzo que le comunica a Juana Cristina Arévalo, que fue incorporada a la planta de personal de la institución en el cargo de oficinista código 50 F, grado 06 de la planta globalizada (fl. 3) del cual tomó posesión el 5 de abril de 2000 (fl. 161).

Por Decreto 247 de 2 de junio de 2000, fue trasladada en su mismo cargo a la Procuraduría Delegada para la Policía Nacional y por la Resolución 211 de 13 de junio de 2000 se asignó a la Procuraduría 20 judicial II Penal, en Bogotá (D.C.)

Oficio de mayo 7 de 2001, en donde solicita la accionante al Procurador General de la Nación, el reconocimiento y pago de los dineros dejados de percibir como consecuencia del ajuste de su asignación mensual al cargo de sustanciadora grado 11 (fls. 6-10).

Respuesta del Secretario General de la Procuraduría mediante oficio 1681 de 31 de mayo de 2001, negando su pretensión (fls. 11-13).

Contra esa decisión interpuso recurso de reposición y en subsidio de apelación (fls. 14-17) resueltos mediante resoluciones 1489 de 18 de julio de 2001 expedida por el Secretario General de la Procuraduría y la 235 de 15 de agosto del mismo año, expedida por el Procurador General de la Nación (fls. 25-26), en las que se mantuvo la decisión inicial.

Certificación expedida por el doctor Jaime Gutiérrez Millán, Procurador 20 Judicial II en lo Penal de Bogotá D.C. de fecha 26 de julio de 2001 (fls. 34 y 110).

Certificación la Universidad Libre de Bogotá en donde consta que la actora se encuentra matriculada en cuarto año de la jornada nocturna de la carrera de derecho, expedida el 14 de marzo de 2002 (fl. 35)

Conciliación prejudicial adelantada ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca (fl. 33).

Testimonio del señor Enrique Delgado Ochoa, quien se desempeña como sustanciador grado 11 SU en la Procuraduría 18 Judicial Penal ante la justicia especializada.

Se allegó la Resolución 450 de 12 de diciembre de 2000, en donde constan las funciones de sustanciador código 4 SU grado 11 en las procuradurías judiciales.

Decreto 257 de 8 de febrero de 2005 expedido por el Procurador General de la Nación, por medio del cual se encarga a la demandante como sustanciadora, código 4 SU, grado 11 de la Procuraduría Décima Judicial II Penal, en el cargo de Juan Humberto Pedreros, con funciones en la Procuraduría 20 Judicial Penal de Bogotá (fl. 312)

Decisión disciplinaria de octubre 11 de 2002, que ordenó el archivo de la actuación seguida contra el doctor Jaime Gutiérrez Millán, Procurador 20 Judicial II Penal, la cual se inicio con ocasión de la certificación por él expedida sobre las funciones de la accionante, cuando era función de la división de gestión humana (fls. 317-321)

Los cargos propuestos se resolverán conforme fueron planteados.

Violación a la ley

Fundamentado en la vulneración de los artículos 25 y 53 de la Constitución Política y las resoluciones 51 de 1996, 106 de 1998 y 450 de 2000, en lo que hace referencia a las funciones y requisitos, dado que no fue trasladada a un cargo afín, sino para desempeñar un empleo con denominación y grado superior como lo era el de sustanciadora grado 11 en la Procuraduría 20 Judicial Penal.

El desarrollo del mismo hace necesario fijar el alcance del concepto de planta global, el ejercicio del cargo o empleo público y el marco funcional de los empleos cuestionados por la actora.

La planta de personal podría definirse como el contenido de la maqueta que contempla la estructura de los cargos necesarios para cumplir las funciones que le corresponden a la administración. En principio se describían dos tipos de planta, la rígida, que tenía asignada funciones por áreas, divisiones o direcciones. Esta rigurosidad no le permitía a los funcionarios laborar en las diferentes dependencias, sino solo en aquella en donde había sido ubicados conforme a su especialidad y formación. Esta modalidad volvía estática la administración y dificultaba el cumplimiento de los principios de la función pública.

De otra parte, la planta global en donde “los distintos empleos simplemente se enlistan o determinan de manera globalizada o genérica en su denominación, código y grado, e indicando el respectivo número de cada empleo(1)”, organización que le permite a la entidad ubicar a sus funcionarios en diferentes áreas de acuerdo a su perfil profesional, experiencia y conocimientos, es decir, este tipo de planta admite mayor movilidad en el ejercicio funcional y optimización en la prestación del servicio. Por esta razón, las plantas globales tienen mayor discrecionalidad para ordenar las reubicaciones territoriales de sus servidores cuando así lo demande la necesidad del servicio, de manera que, la estabilidad territorial de quienes laboran en instituciones con planta global es menor a la de quienes lo hacen para otro tipo de plantas, permitiéndole a la entidad el ejercicio del ius variandi de una manera más amplia cuando existen motivos de interés general que justifican un tratamiento diverso; sin embargo, debe aclararse como bien lo señaló la Corte Constitucional(2) que “La flexibilidad de la planta de personal no se predica de la función asignada al empleo sino del número de funcionarios que pueden cumplirla”.

De la prueba documental enlistada se puede extraer, que la actora se vinculó a la Procuraduría General de la Nación como auxiliar de servicios generales grado 3, código 03 AS-075 (fl. 135). Posteriormente fue ascendida a oficinista grado 06 código 060F-213 de la Procuraduría Provincial de Fusagasugá. Este último empleo ha sido el ostentado por la señora Arévalo Capera, desde el 5 de junio de 1992. Precisamente en este cargo fue trasladada en virtud del manejo de personal llamado planta global, a diversas dependencias de la entidad así:

Oficinista grado 6 060F-213 de la Procuraduría Provincial de Fusagasugá en un cargo vacante, según se lee del Decreto 452 de junio 5 de 1992 (fl. 135) y acta de posesión (fl. 132).

En el mismo cargo fue designada en la Procuraduría Auxiliar del 13 al 18 de enero de 1994 (fl. 131)

Luego fue reubicada del cargo de oficinista grado 6 código 060F-213 de la Procuraduría Provincial de Fusagasugá, al cargo de oficinista grado 6 código 060F-011 de la sección de proveeduría y almacén, en intercambio con Martha Isabel Monroy Mariño, por Decreto 389 de abril 28 de 1993 (fls. 129-130).

Posteriormente con Resolución 497 de 24 de marzo de 1994, fue asignada a la Procuraduría Primera Delegada para la Vigilancia Administrativa (fl. 126).

Finalmente, por Decreto 1110 de 1 de agosto de 1997, fue trasladada como oficinista grado 6, código 50 F 0651 de la Procuraduría Primera Delegada para la Vigilancia Administrativa, a la Procuraduría 20 Judicial II Penal, con sede en Bogotá.

Todo lo anterior evidencia, que la actora fue reubicada con su cargo en las diferentes dependencias, arrastrando con el ejercicio del mismo las funciones señaladas para él, en el manual de funciones. Es tan claro el traslado de que fue objeto y por ende su función, que la persona a la cual ella reemplazó, Somarina Carranza de la Hoz —Sustanciadora grado 11—, también fue reubicada con su empleo —para el cual fue nombrada y posesionada— a otra dependencia de la entidad.

El traslado entonces, implica la reubicación de los empleos incluidos en la planta globalizada en donde no existe un cambio de funciones pues siguen siendo las mismas, ya que se trata simplemente de la radicación del cargo en otra ciudad o dependencia de la institución.

El ejercicio de la función es reglada, por tanto, es formal. Una persona entra a un cargo público por concurso o por discrecionalidad del nominador a cumplir unas funciones que están previamente definidas, no ejerce un cargo de manera improvisada y asumiendo tareas que no le corresponden o que no le ha indicado o formalizado el funcionario competente.

Lo expuesto tiene fundamento en el artículo 122 de la Carta Política, que dispone, que no habrá empleo público que no tenga funciones detalladas en la ley o reglamento, y para proveer los de carácter remunerado se requiere que estén contemplados en la respectiva planta y previstos sus emolumentos en el presupuesto correspondiente.

Tan es así, que el modelo constitucional de función pública en Colombia se ha construido sobre la noción de empleo o cargo público, concepto fundamental desde el punto de vista organizativo o estructural y desde la dimensión subjetiva del individuo que cumple funciones al interior del aparato estatal(3).

La Constitución Colombiana(4) utiliza indistintamente la palabra empleo o cargo público y la ley se encarga de ubicarlo orgánicamente dentro de la estructura administrativa conforme a su especialidad, clasificándolo por código y grado; es más podría decirse, que el ejercicio mismo del cargo presenta una conexión inescindible entre la prestación de contenido personal y el objeto mismo de la relación jurídica con la administración.

La Ley 909 de 2004(5) en su artículo 19, enriqueció el concepto de empleo integrando tres grandes contenidos: uno funcional, uno personal y uno teleológico.

Martínez de Pisón(6) ha señalado que desde el punto de vista objetivo, el derecho al cargo implica el derecho a ejercer las funciones que son propias del empleo, lo cual se traduce en una triple garantía:

A. No se puede desempeñar un empleo que carezca de funciones. B. debe permitírsele al funcionario ejercer las tareas que hacen parte del elemento funcional de su puesto de trabajo y C. Debe realizarse una labor por parte de la autoridad pública en donde se dé contenido concreto al puesto de trabajo mediante la especificación, precisión e identificación de funciones y competencias.

En conclusión, el contenido personal de la relación jurídica conformada con la administración, se enmarca en la delimitación de tareas, responsabilidades, deberes y atribuciones, junto con las condiciones y calidades para ingresar a un cargo, que hacen que éste sea ocupado intuito personae y que se ejerza de manera imparcial buscando el interés general y no de conveniencia personal.

Ahora bien, es posible que por fuera de lo prescrito en los manuales de funciones y utilizando el último numeral de cada regulación en donde se dispone que “las demás que le sean asignadas” la entidad a través de los jefes inmediatos o en este caso directamente del Procurador General conforme al Decreto 262 de 2002, en su artículo 7º, numeral 6º, (y las normas que los han modificado o reglamentado) asigne funciones especiales a los diferentes funcionarios para optimizar recursos, mejorar y agilizar la gestión y en fin para logar el cumplimiento de los cometidos especiales, etc; potestad que puede ejercer pero siempre a través de un acto administrativo, porque se reitera, la función es regulada, no informal. En el caso que se estudia, se extraña un acto que provenga del funcionario competente —Procurador General de la Nación— que ordene el cambio funcional de la actora.

En conclusión de lo expuesto, la Sala debe señalar que el caudal probatorio demuestra que el concepto analizado deberá negarse, porque la señora Arévalo Lopera conservó los derechos derivados del cargo, oficinista grado 06, para el cual fue nombrada y posesionada en todos las dependencias en donde fue ubicada por una decisión administrativa que no se cuestiona y en donde le fueron pagados sus emolumentos; dado que el ejercicio de un nuevo cargo o de una nueva función como la pretendida, sustanciadora grado 11, implica el nombramiento y posesión del mismo, que no es precisamente lo probado en este proceso.

La segunda parte del cargo está relacionada con las pruebas que demuestran que Juana Cristina Arévalo Lopera ejerció las funciones no de oficinista grado 06, sino de sustanciadora grado 11.

Las entidades cumplen dos tipos de funciones, unas generales y otras especiales. Las especiales son las que corresponden a cada empleo y están contempladas por lo general en los reglamentos.

Este marco está expuesto en la Procuraduría General de la Nación, en los decretos 262, 263 y 264 de febrero 22 de 2000 con las funciones generales, y las especiales, inicialmente se establecieron en las resoluciones 51 de 17 de mayo de 1996, 106 de 19 de junio de 1998, que fueron luego modificadas por la Resolución 450 de diciembre 12 de 2000. Como el punto central de la controversia gira en torno al reconocimiento de unas prestaciones producto del desempeño de unas funciones que corresponden a un cargo diferente para el que fue nombrada la accionante, se revisarán las funciones del sustanciador grado 11, las de oficinista grado 06 y las certificadas por el procurador judicial. iniciamos con las del sustanciador código 4 SU grado 11, en las procuradurías judiciales así (fl. 202,338):

“Transcribir toda clase de información requerida en desarrollo de las actividades de la dependencia.

Mantener actualizado el sistema con el estado de los procesos, relación de consultas, conceptos y demás asuntos de conocimiento del despacho.

Vigilar el desarrollo y agilización de los procesos y realizar actividades de acuerdo con las normas vigentes.

Solicitar información conducente y pertinente que se requiera dentro de los procesos en los cuales intervenga el despacho, e incorporar a ellos la correspondencia recibida.

Proyectar autos de sustanciación, dar respuesta a los derechos de petición y demás actos administrativos que den impulso a los procesos.

Llevar el control diario de las actividades y eventos en todos los que deba participar el jefe inmediato y atender todos los asuntos previos a la realización de los mismos.

Elaborar la estadística mensual sobre la actividad del despacho.

Redactar actas cuando se realicen reuniones con los diferentes funcionarios.

Controlar el vencimiento de los términos y las fechas para que las diligencias en los distintos procesos.

Mostrar los expedientes a quien legalmente pueda examinarlos y vigilar que no se hagan anotaciones marginales, interlineales o subrayar o extravío de documentos.

Confrontar físicamente el inventario anual de bienes devolutivos de la dependencia.

Solicitar elementos para el buen funcionamiento del despacho.

Recibir las notificaciones correspondientes.

Llevar el control de las audiencias programadas.

Elaborar citaciones a las partes dentro de las diferentes audiencias de conciliación.

Las demás funciones asignadas por la ley y el Procurador General de la Nación”.

A su vez el Procurador Jaime Gutiérrez Millán, Procurador veinte judicial II Penal en Bogotá, certificó que Juana Cristina Arévalo Capera, titular del cargo de oficinista grado 6 de la planta global de la Procuraduría General de la Nación y quien fuera trasladada a ese despacho desempeñaba las siguientes funciones (fls. 34 y 110):

“Elaboración de proyectos de conceptos jurídicos en materia penal, contravencional y disciplinaria en los procesos de que conocen las respectivas autoridades competentes, ante las cuales esta procuraduría judicial lleva la representación del Ministerio Público;

Registro de notificaciones y control sobre la fecha y hora para la celebración de audiencia pública en los asuntos de interés para este despacho.

Archivo de documentación, atención al público, guarda y uso adecuado de los elementos de consumo y devolutivos de dotación para el cumplimiento de nuestras funciones, así como la elaboración de estadísticas mensuales.

En conclusión, la mencionada señora cumple en esta oficina las funciones que, conforme al manual de funciones de la entidad, corresponden a los sustanciadores grado once (11) judicial”.

En cuanto a las actividades del cargo de oficinista grado 06 señala el manual de funciones además de indicar que puede estar ubicado en cualquier dependencia de la procuraduría, las siguientes (fl. 237):

“1. Transcribir, toda clase de documentos relacionados con las actividades de la dependencia.

2. Recibir, radicar, clasificar y distribuir internamente la correspondencia, de conformidad con los procedimientos establecidos.

3. Entregar la correspondencia y expedientes que deben ser enviados a otras dependencias llevando un estricto control de su despacho.

4. Organizar, clasificar y mantener actualizada la información y los archivos correspondientes a la correspondencia, según los procedimientos establecidos para su control.

5. Colaborar con la entrega de expedientes y documentos a los profesionales y asesores de la dependencia.

6. Colaborar con la actualización de los datos en el sistema correspondiente.

7. Colaborar en el manejo de la fotocopiadora.

8. Las demás funciones asignadas por la ley y el Procurador General de Nación”.

De la transcripción de funciones se observa que hay una gran diferencia entre las que cumple el sustanciador grado 11 y las de oficinista grado 06. Mientras el primero contempla varias funciones de orden jurídico, la segunda cumple funciones operativas.

Las actividades realizadas por la actora al desempeñar su cargo como auxiliar del Procurador 20 Judicial II Penal, y las del cargo de sustanciador grado 11, demuestran similitudes que se confirman en su ejercicio real con la declaración del señor Enrique Delgado Ochoa, quien trabajaba concomitantemente con la actora y quien manifestó que “Cristina” ejerció la función de sustanciadora desde el año 1997, porque cumplió las mismas actividades que él, con la diferencia que fue ante la justicia ordinaria (fls. 179-181).

A estas pruebas se agrega la investigación preliminar adelantada contra el Procurador 20 Judicial II Penal, Jaime Gutiérrez Millán (fl. 224-228) “al asignar funciones en forma discrecional a la señora Juana Cristina Arévalo y expedir a la misma certificación de funciones, cuya competencia le fue asignada a la división de gestión humana conforme al numeral 3º. Del artículo 63 del Decreto 262 de 2000”; que argumento para el archivo de las diligencias que “si bien es cierto, aparece una constancia expedida por el Procurador 20 Judicial II Penal, doctor Jaime Gutiérrez Millán, en la cual certifica sobre las funciones que cumple la señora Juana Cristina Arévalo Capera, también lo es que tales funciones corresponden a la actividad real desempeñada, para el momento de la expedición de la certificación, por la señora Arévalo Capera y que su traslado para ese desempeño deviene nada menos que del decreto 1110, mediante el cual la entidad materializó ese traslado a partir de 1997 para laborar en la Procuraduría 20 Judicial II Penal, conforme obra a folio 10 del diligenciamiento, con sede en Bogotá de donde es titular el doctor Gutiérrez Millán, y además de ello el día 14 de junio del año 2000 se le informa que ha sido asignada a la Procuraduría 20 Judicial II Penal y que debe comunicarse con su titular en orden a establecer la prestación de sus servicios”.

También señaló:

“De modo que no puede atribuirse al doctor Gutiérrez Millán, la responsabilidad por las pretensiones de la señora Arévalo Capera, cuando se trata de una situación creada a instancia de este en el sentido de haber sido la misma entidad quien la ubicó en el estatus laboral que ahora reclama prestacionalmente…”.

La entidad reconoce para archivar la indagación preliminar, que si bien el Procurador Judicial II 20 en lo Penal no era el competente para certificar unas funciones, éste se limitó a refrendar la realidad del ejercicio de la actividad laboral de su auxiliar, situación que se generó por el traslado que la Procuraduría hizo de la misma para laborar en esa dependencia.

La situación fáctica descrita lleva a concluir, que si bien la actora pudo cumplir unas funciones diferentes al cargo para el cual había sido nombrada y posesionada —oficinista grado 06—, no tiene la habilitación legal para reclamar las prestaciones que le corresponden al cargo de sustanciadora grado 11, por las siguientes razones:

1. No existe un acto administrativo del Procurador General de la Nación —único funcionario competente— que le asigne unas funciones especiales, sino un acto de traslado horizontal a una Delegada, es decir, que fue reubicada ocupando el empleo que venía desempeñando.

2. La actora no puede derivar unos beneficios laborales con un título precario, esto es, sin que exista en su haber un nombramiento y una posesión que le permitan el ejercicio de la función diversa a la legal, lo que significa, que no podía esencialmente ejercer el cargo de sustanciadora grado 11, porque para ello no fue nombrada y posesionada. Admitir una tesis inversa sería contravenir el artículo 122 de la Carta Política.

3. La mera liberalidad de la actora al ejercer unas funciones que no le correspondían conforme al empleo para el cual fue nombrada y posesionada, no la habilita para el reclamo pretendido, porque como se ha insistido a lo largo de la providencia, las funciones son regladas, el exceso en las mismas o su cambio —como en este caso— favorecen el interés general pero no puede su ejercicio dar al trasto con las normas constitucionales, legales e internas de la entidad, en beneficio particular, ya que ello desarticularía el desempeño de función pública.

4. La permisividad del jefe funcional tampoco le concede un justo título a la pretensión, porque no es el funcionario competente para asignar funciones, ni modificar el reglamento. Su complicidad puede conllevar como efectivamente se hizo a una investigación disciplinaria.

5. Permitir que cualquier funcionario usurpe las funciones de un cargo, anarquizaría el ejercicio de la función pública y violentaría los principios presupuestales, dado que no habría respeto por la organización, elaboración y ejecución del presupuesto.

6. El encargo mismo de las funciones no siempre permite el reconocimiento de estipendios diferentes al del propio empleo; sin embargo, sin importar que tal situación administrativa genere reconocimientos, debe estar precedida de un acto administrativo expedido por el funcionario competente.

7. En conclusión, lo único que genera derechos laborales ciertos es el vínculo real —nombramiento y posesión— con la administración pública. El ejercicio liberal y voluntario de unas funciones diversas a las generadas por la vinculación legal o reglamentaria o inclusive contractual, no automatiza el cambio reglado del nombramiento y por consiguiente, no genera el pago de los emolumentos pertinentes.

8. Finalmente, no hay violación del artículo 53 de la Constitución Política, ya que esta se presentaría si la actora estuviera nombrada y posesionada en el cargo de sustanciadora grado 11 y no se le pagara el mismo salario ni las mismas prestaciones, que a otras del mismo nivel.

Estas conclusiones evidencian la improsperidad del cargo.

Desviación de poder

Sustentada en que el acto demandado no fue adecuado a los fines constitucionales y legales, ni mucho menos proporcional a los hechos que le sirvieron de causa al haber ubicado a la actora en una vacante de mayor categoría debió ajustar de igual manera su asignación básica mensual.

Es claro que la señora Juana Cristina Arévalo no fue ubicada en un cargo de mayor categoría, porque como ya se demostró a lo largo de esta providencia su traslado fue horizontal, por tanto, el ejercicio del mismo tenía como límite el nombramiento y posesión del empleo para el cual era titular, lo que demuestra, que la respuesta del Secretario General fue adecuada a las normas constitucionales y legales; por tanto el cargo no prospera.

Falsa motivación

Soportado en que los actos son contrarios a la realidad, teniendo en cuenta que el reconocimiento del derecho reclamado se fundamenta en situaciones fácticas diversas a las que reposan en su hoja de vida, que finalmente constituyó el fundamento de la decisión atacada.

El análisis de las pruebas allegadas y de las funciones ejercidas se hizo en la segunda parte del primer cargo, a lo cual se remite la Sala para negar la impugnación por este concepto.

Falta del debido proceso y vicios de forma

Soportado en que al negarle a la peticionaria la práctica de las pruebas solicitadas sin motivación, se violentó el artículo 29 constitucional en lo relacionado al derecho de presentar pruebas y controvertir las allegadas en su contra.

En primer lugar, el control que aquí se adelanta es sobre una respuesta a un derecho de petición que conllevó un trámite administrativo expedito y no el riguroso procedimiento de un proceso disciplinario. Sin embargo, la petición fue hecha y resuelta de manera motivada en los actos administrativos que agotaron vía gubernativa.

En segundo lugar, el control de las decisiones administrativas en vía gubernativa son los recursos diseñados por el legislador para tal efecto. La actora hizo uso de ellos: reposición y apelación —que son resueltos de plano—, en donde pudo ampliamente controvertir su cuestionamiento y sus pretensiones, por ende, no encuentra la Sala ninguna causal de nulidad por no decretar las pruebas solicitadas, ya que en últimas era un asunto de legalidad y con el cumplimiento del presupuesto procesal abría las puertas de la jurisdicción para su revisión judicial tal y como lo hizo.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

CONFÍRMESE la sentencia del diez (10) de noviembre de dos mil seis (2006) proferida por el Tribunal de Cundinamarca, Sección Segunda Subsección “B”, que negó las pretensiones de la demanda propuesta por Juana Cristina Arévalo Capera, contra la Procuraduría General de la Nación.

En firme esta providencia, devuélvase el expediente al tribunal de origen.

Devuélvase el expediente al tribunal de origen.

Cópiese, notifíquese y cúmplase

El anterior proyecto fue leído y aprobado por la Sala en sesión celebrada en la fecha».

(1)Villegas Arbeláez , Jairo. Derecho Administrativo Laboral, Legis octava edición, 2008, pag. 586

(2) C- 447 de .P. Carlos Gaviria Díaz

(3) JORGE IVÁN RINCÓN CÓRDOBA, Derecho Administrativo Laboral. Universidad Externado de Colombia

(4) En el Art. 122 inciso 1° señala que no habrá empleo que no tenga detalladas sus funciones en ley o reglamento, mientras el inciso 2°, dispone que ningún funcionario entra a ejercer un cargo sin prestar juramento de defender la Constitución.

(5) Los Decretos 2400 de 1968 y 1042 de 1978, en sus artículos segundos, se refirieron al empleo público como conjunto de funciones.

(6) IÑIGO MARTÍNEZ DE PISÓN . El derecho al cargo. pag. 56-57