Sentencia 2002-09414 de abril 4 de 2013

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN CIVIL

Ref.: Exp. 11001-31-03-008-2002-09414-01

Magistrada Ponente:

Dr. Ruth Marina Díaz Rueda

(Aprobado en sesión de 5 de marzo de 2013)

Bogotá, D.C., cuatro de abril de dos mil trece.

EXTRACTOS: « Consideraciones de la Corte

1. En este asunto se recuerda, el accionante solicita declarar a los convocados solidaria y civilmente responsables de los daños ocasionados al vehículo identificado con la placa Nº SVE-828, derivados del percance ocurrido el 18 de julio de 2001 y en consecuencia, obligados a pagarlos, en razón de ostentar, Leasing de Occidente S.A., la condición de “propietario inscrito” del automotor que lo causó, y Luis Augusto Peña Gualteros y Ana Delia Gualteros de Rivera, la de “locatarios del mismo (...) para la época en que sucedió el accidente”.

2. El fundamento toral del tribunal para confirmar la sentencia del a quo que accedió a las pretensiones, devino del análisis de las pruebas, particularmente, de las cláusulas del “contrato de leasing” y del certificado de tradición, pues a partir de ellas consideró que la tenencia del rodante había revertido a la compañía demandada, puesto que para el momento del suceso, el plazo pactado había fenecido, toda vez que tal convención tuvo vigencia entre el 20 de octubre de 1994 y esa misma data de 1997; además no se acreditó que los locatarios hubiesen ejercido la opción de compra, tampoco la celebración de otro negocio de tal estirpe y aquella seguía figurando como propietaria.

3. El censor rebate esos planteamientos, al no haberse demostrado que “Leasing de Occidente S.A.” hubiera recuperado la “tenencia material” del tractocamión, pues lo acreditado con los supuestos y documentos referidos por el sentenciador es la exigibilidad de tal prestación, más no su efectivo cumplimiento, y el aceptarse tal argumentación implicaría que los tenedores quedaran desvinculados, lo que generaría su absolución, desconociendo de esta manera el contenido del libelo propulsor que los responsabilizó, a aquella en su condición de propietaria y a estos de arrendatarios financieros.

4. Con miras a verificar la existencia de los errores endilgados por el recurrente, seguidamente se registran los elementos de persuasión con trascendencia para la decisión que se está adoptando.

a. Demanda dirigida contra “Leasing de Occidente S.A., Luis Augusto Peña Gualteros y Ana Delia Gualteros de Rivera, el primero en su condición de propietario inscrito del vehículo SUK 041 y los segundos como locatarios del mismo (...) para la época en que sucedió el accidente”, tendiente a que se les declare solidaria y civilmente responsables de los daños causados al automotor de placa SVE-828 y de contera obligados a resarcirlos (fls. 176 a 181, cdno. 1).

b. Contrato de leasing 00279 suscrito entre Multileasing S.A. Compañía de Financiamiento Comercial y las precitadas personas naturales, por medio del cual aquella entregó en arrendamiento financiero a estas, el vehículo de servicio público tipo remolque de placa SUK-041, por el lapso de tres años, comprendido entre el 20 de octubre de 1994 y esa misma fecha de 1997 (cláusula 27).

c. Acta en donde consta que en cumplimiento del “contrato de leasing 00279” suscrito el 20 de octubre de 1994, la aludida empresa le entregó al locatario Luis Augusto Peña Gualteros el citado rodante (fl. 95, cdno.1).

5. Dado que este asunto atañe a la responsabilidad civil extracontractual derivada del ejercicio de actividades peligrosas, en cuanto tiene que ver con el tránsito automotriz, se torna pertinente traer a colación lo iterado por la Corte en la sentencia de 2 de diciembre de 2011, Exp. 2000-00899, en la que expuso:

“Natural corolario que se sigue de todo cuanto queda expuesto es que, siendo una de las situaciones que justifica la aplicación del artículo 2356 del Código Civil el hecho de servirse de una cosa inanimada al punto de convertirse en fuente de potenciales peligros para terceros, requiérese en cada caso establecer a quien le son atribuibles las consecuencias de acciones de esa naturaleza, cuestión esta para cuya respuesta, siguiendo las definiciones adelantadas, ha de tenerse presente que sin duda la responsabilidad en estudio recae en el guardián material de la actividad causante del daño, es decir la persona física o moral que, al momento del percance, tuviere sobre el instrumento generador del daño un poder efectivo e independiente de dirección, gobierno o control, sea o no dueño, y siempre que en virtud de alguna circunstancia de hecho no se encontrare imposibilitado para ejercitar ese poder, de donde se desprende, que en términos de principio y para llevar a la práctica el régimen del que se viene hablando, tienen esa condición: ‘(i) El propietario, si no se ha desprendido voluntariamente de la tenencia o si, contra su voluntad y sin mediar culpa alguna de su parte, la perdió, razón por la cual enseña la doctrina jurisprudencial que ‘(...) la responsabilidad del dueño por el hecho de las cosas inanimadas proviene de la calidad que de guardián de ellas presúmese tener (...)’, agregándose a renglón seguido que esa presunción, la inherente a la ‘guarda de la actividad’, puede desvanecerla el propietario si demuestra que transfirió a otra persona la tenencia de la cosa en virtud de un título jurídico, (...) o que fue despojado inculpablemente de la misma como en el caso de haberle sido robada o hurtada (...)’ (G.J. T. CXLII, pág. 188). ‘(ii). Por ende, son también responsables los poseedores materiales y los tenedores legítimos de la cosa con facultad de uso, goce y demás, cual ocurre con los arrendatarios, comodatarios, administradores, acreedores con tenencia anticrética, acreedores pignoraticios en el supuesto de prenda manual, usufructuarios y los llamados tenedores desinteresados (mandatarios y depositarios). ‘(iii) Y en fin, se predica que son ‘guardianes’ los detentadores ilegítimos y viciosos, usurpadores en general que sin consideración a la ilicitud de los antecedentes que a ese llevaron, asumen de hecho un poder autónomo de control, dirección y gobierno que, obstaculizando o inhibiendo obviamente el ejercicio del que pertenece a los legítimos titulares, a la vez constituye factor de imputación que resultaría chocante e injusto hacer de lado”.

6. Así mismo, en razón a que la censura se apoya en la “violación indirecta de la ley sustancial” por yerro fáctico, para fustigar el fallo, se impone remembrar que de acuerdo con la reiterada jurisprudencia de la Sala, esta clase de desatino “(...) ‘atañe a la prueba como elemento material del proceso, por creer el sentenciador que existe cuando falta, o que falta cuando existe, y debido a ella da por probado o no probado el hecho’ (LXXVIII, pág. 313), es decir, acontece ‘a) cuando se da por existente en el proceso una prueba que en él no existe realmente; b) cuando se omite analizar o apreciar la que en verdad sí existe en los autos; y, c) cuando se valora la prueba que sí existe, pero se altera sin embargo su contenido atribuyéndole una inteligencia contraria por entero a la real, bien sea por adición o por cercenamiento’ (cas. civ. Sent. 034 de ago. 10/99, Exp. 4979); siendo tal su notoriedad y gravedad, ‘cuando su solo planteamiento haga brotar que el criterio del sentenciador fue totalmente desenfocado, que está por completo divorciado de la más elemental sindéresis; si se quiere, que repugna al buen juicio’, lo cual ocurre en aquellos casos en que ‘el fallador está convicto de contraevidencia’ (cas. civ., sent. jul. 11/90 y ene. 24/92), ‘cuando el sentenciador se estrelló violentamente contra la lógica o el buen sentido común, evento en el cual no es nada razonable ni conveniente persistir tozudamente en el mantenimiento de la decisión so pretexto de aquella autonomía’ (CCXXXI, pág.644), o en otros términos, ‘que a simple vista se imponga a la mente, sin mayor esfuerzo ni raciocinio, o en otros términos, de tal magnitud, que resulte contrario a la evidencia del proceso (...)’ (G.J. Tomo LXXVII, pág. 972)’ (cas. civ. sent. 006 de feb. 12/98, Exp. 4730; 080 de sep. 18/98, Exp. 5058) (...)” (sent. dic. 16/2011 Exp. 2000-00018-01).

7. Al examinar las reflexiones del sentenciador y seguir las argumentaciones de la impugnante, refulge el error manifiesto y protuberante, como pasa a evidenciarse.

Al respecto se constata que el ad quem “dio por existente en el proceso una prueba que en él no existe”, pues supuso la concerniente al reintegro de la “tenencia” del camión de placa SUK-041 a la empresa de Leasing, sin que esa circunstancia pueda verificarse con base en el convenio celebrado con los locatarios como lo concibió el tribunal, puesto que en él lo que se menciona es la vigencia, la fecha de entrega, los hitos temporales para que aquellos hicieran uso de la opción de compra y la oportunidad para la devolución del bien, en el evento de no acogerse esa alternativa.

Específicamente en las estipulaciones del citado contrato se indica que la compañía de leasing adquirió el vehículo de placa SUK-041 “con el fin exclusivo” de dárselo en arrendamiento financiero a Luis Augusto Peña Gualteros y Ana Delia Gualteros de Rivera, precisando que el término de duración se extendía del 20 de octubre de 1994 al mismo día y mes de 1997.

En punto de la “opción de compra”, sobre la que el ad quem sustenta la deducción cuestionada, se indica:

“Vencido el arrendamiento financiero, según lo estipulado en el numeral 2º de la cláusula vigésima séptima (27ª) de este contrato, el locatario tendrá la posibilidad dentro de los quince (15) días comunes posteriores a su vencimiento, de adquirir el bien respectivo por el valor final fijado a la opción de compra, según se establece en el numeral cuarto (4º) de la precitada cláusula vigésima séptima (27ª). Si el locatario no manifiesta oportunamente su voluntad en el sentido anterior, ni hace uso del derecho alternativo que se consagra en la cláusula primera (1ª) de este contrato dentro del término antes estipulado, estará obligado a restituir, a más tardar dentro de los tres (3) días hábiles inmediatamente siguientes al vencimiento de dicho término, el bien objeto del contrato” (cláusula 12), y en otro item se precisó que “[e]n todas aquellas hipótesis de terminación de este contrato, ya por incumplimiento del locatario o por vencimiento del término de su duración, siempre que este último no haga uso del derecho de compra de (los) bien (es) o no se convenga la celebración de un nuevo contrato de leasing o de arrendamiento financiero, el locatario deberá restituirlo (s) al Leasing en buen estado de conservación y funcionamiento, salvo el deterioro natural por su adecuado y normal uso, libre (s) de todo pendiente o embargo en su tenencia, en el sitio y condiciones que el Leasing le indique por escrito ...” (estipulación 17).

Lo anterior evidencia que los elementos de juicio a que alude el juzgador, no permiten deducir que la accionada, para el momento en que aconteció el hecho sustento de la demanda, fungía o tenía la calidad de guardián del automotor con el que se causó el daño, o como erradamente lo dedujo el tribunal, que la tenencia había revertido para Leasing de Occidente, dado que los supuestos contemplados en la reseñada estipulación contractual, lo que revelan es la exigibilidad de la obligación restitutoria y no la materialización de esta, como lo resalta la censura.

En lo concerniente al certificado de tradición del rodante, se verifica que en él figura inscrita en su condición de dueña, Multileasing S.A., empero también obra prueba de su entrega a los locatarios, pues en el acta respectiva consta que “[e]n cumplimiento del Contrato de Leasing 00279 suscrito el 20 octubre 1994, la sociedad Multileasing S.A. Compañía de Financiamiento Comercial entrega a los señores Peña Walteros Luis Augusto (el usuario) a entera satisfacción de este, el bien que a continuación se describe: Un (1) vehículo Marca Kenworth (...) tipo remolque (...) placas Nº SUK-041”, documento que fue rubricado por dichos intervinientes.

Adicionalmente, obsérvese que la empresa de Leasing afirma que el bien no se le había restituido, aseveración que al tener el carácter de indefinida, conforme al inciso 2º del artículo 177 del Código de Procedimiento Civil, no requería probarla.

Así mismo, téngase en cuenta, tal como lo sostiene el recurrente, que el juzgador desconoció el contenido del libelo incoatorio, dado que en él se manifestó con nitidez que se formulaba “demanda ordinaria de responsabilidad civil extracontractual en contra de Leasing de Occidente S.A., Luis Augusto Peña Gualteros y Ana Delia Gualteros de Rivera, el primero en su condición de propietario inscrito del vehículo de placas SUK-041 y los segundos como locatarios(1) del mismo (...) para la época en que sucedió el accidente narrado en los hechos (...)”, lo cual significa que el propio actor se apoyó en la circunstancia atinente a que la “tenencia” del camión se hallaba en cabeza de los arrendatarios, más no de la persona jurídica accionada.

En tales condiciones, al no existir ninguna clase de referencia probatoria respecto de que “para la data del insuceso ocurrido el 18 de julio de 2001, la tenencia del automotor (...) había revertido a su propietario Leasing de Occidente S.A.”, como lo predica el tribunal, es incontrastable su desacierto, con las características de protuberante y trascendente, pues el mismo se advierte sin dificultad y fue base fundamental de la decisión en contra de la impugnante.

8. Colofón de lo anterior, el cargo alcanza prosperidad y consecuentemente se casará el fallo impugnado, por lo que ha de proferirse el que ha de reemplazarlo.

Sentencia sustitutiva

1. Situada la Corte en sede de segunda instancia, al no advertir tropiezo alguno atinente a la presencia de los presupuestos procesales, ni irregularidad que impida este pronunciamiento, se procede a su emisión, dado que además, las partes involucradas se encuentran legitimadas por la ley para afrontarlo.

2. Comenzará entonces la Sala teniendo por reproducidos los antecedentes que ab initio se expusieron, añadiendo que como la alzada fue propuesta únicamente por la convocada Leasing de Occidente S.A., no abordará aspectos distintos, ni extenderá su análisis a lo decidido frente a los otros accionados quienes ninguna inconformidad mostraron con lo resuelto por el a quo.

3. En la sustentación de la apelación, la recurrente comienza aludiendo al artículo 305 del Código de Procedimiento Civil, según el cual, la sentencia debe hallarse en consonancia con los hechos y pretensiones aducidos en el escrito introductorio y en las demás oportunidades que facultan las normas procedimentales, al igual que con las excepciones que aparezcan probadas y hubiesen sido alegadas, si así lo exige la ley, sin que pueda “condenarse al demandado por cantidad superior o por objeto distinto del pretendido en la demanda, ni por causa diferente a la invocada en esta”.

Así mismo, señala que la apelante fue “demandada” únicamente por aparecer como propietaria inscrita del vehículo de placa SUK-041 “pero teniendo perfecto conocimiento (...) de que no fue la autora del hecho y además, que la tenencia, y por ende la guarda, administración, y dirección del [mismo], no se encontraba en la compañía, sino en los locatarios contra quienes también se acciona, dando cuenta de este conocimiento las confesiones que hace en la demanda y en demás pruebas aportadas de su parte”.

Agrega que la presunción de responsabilidad del propietario se halla desvirtuada “por el hecho de haberse desprendido (...) de la guarda, administración y custodia del automotor entregándola a los locatarios o arrendatarios financieras mediante el contrato de leasing o arrendamiento financiero Nº 279 celebrado entre Multileasing S.A. de una parte como arrendadora y de la otra Luis Augusto Peña Walteros y Ana Delia Walteros de Rivera”, inexistencia de “responsabilidad” que reconoce el fallo del a quo y sin embargo, contrariando el acontecer fáctico y legal, sustenta una condena solidaria en su contra, con unas consideraciones erradas, pues afirma que los perjuicios se causaron “con ocasión del accidente, por supuestamente no haber atendido un derecho de petición que el demandante simplemente cita en uno de los hechos de su demanda, sin ser fundamento en ningún momento de la misma”, lo cual no constituye objeto, ni causa del litigio, lo que generó un fallo extrapetita y carente de sustento.

Con base en lo anterior pide que se revoque el fallo atacado y se absuelva a la apelante.

4. Es sabido que en los casos de responsabilidad extracontractual o aquiliana, le compete al demandante acreditar los presupuestos de su pretensión, y si como fuente de aquella existe una actividad de las denominadas peligrosas, este se releva de acreditar la incuria o imprudencia de quien aspira obtener el resarcimiento, pues en desarrollo del artículo 2356 del Código Civil, le resulta suficiente demostrar, a más del responsable del menoscabo, el acaecimiento del daño y que el mismo se produjo en desarrollo de una actuación de tales características.

A este respecto, la Corte ha precisado que “El responsable por el hecho de las cosas inanimadas es su guardián, o sea quien tiene sobre ellas el poder de mando, dirección y control independientes. Y no es cierto que el carácter de propietario implique necesaria e ineludiblemente el de guardián, pero si lo hace presumir como simple atributo del dominio, mientras no se pruebe lo contrario. ...O sea, la responsabilidad del dueño por el hecho de las cosas inanimadas proviene de la calidad que de guardián de ellas presúmese tener. Y la presunción de guardián puede desvanecerla el propietario si demuestra que transfirió a otra persona la tenencia de la cosa en virtud de un título jurídico, como el de arrendamiento, el de comodato, etc., o que fue despojado inculpablemente de la misma, como en el caso de haberle sido robada o hurtada (...)” (sent. de mayo 17/2011, Exp. 2005-00345-0).

5. Al estudiarse el cargo que salió avante, se evidenció que el automotor de placa SUK-041 fue entregado por la compañía de Leasing en arrendamiento financiero, al locatario Luis Augusto Peña Walteros, como se acreditó con el acta por ellos suscrita, la cual fue allegada a la actuación en copia auténtica.

Si lo anterior es así y no se infirmaron las múltiples aseveraciones de Leasing de Occidente S.A. en cuanto a que “[e]l vehículo le fue entregado a los arrendatarios-locatarios el 20 de octubre de 1994, acorde con lo pactado en el referido contrato de leasing financiero Nº 279, detentándolo ellos en consecuencia para la época en que se dice ocurrieron los hechos materia de este proceso (...) razón por la cual (...) no tiene, ni ha tenido de hecho desde esa fecha y hasta el presente, el poder autónomo de control, dirección y gobierno del [mismo]”, la sentencia recurrida ha de modificarse en cuanto a la responsabilidad y condena deducidas a la impugnante, máxime cuando la juez dedujo aquella desconociendo los supuestos fácticos sobre los que se apoyaron las pretensiones y lo planteado en las defensas propuestas por la empresa demandada.

En efecto, según ha quedado visto, el actor pidió declarar civilmente responsables a los convocados de los perjuicios ocasionados a su vehículo, según los hechos narrados, a la persona jurídica, “en su condición de propietario inscrito del vehículo de placas SUK-041” y a los otros codemandados por ser “locatarios del mismo” y sin embargo, la juzgadora, después de “concluir que Leasing de Occidente pese a ser el propietario del vehículo no cumplía las obligaciones de guardián de la cosa, es decir, carecía de poder de dirección y control sobre este bien, que ejercía una actividad peligrosa por cuenta de los locatarios”, inopinadamente decidió mutar el sendero trazado por el promotor del juicio, declarando responsable a la impugnante por haber omitido responder un derecho de petición, con lo que de paso arrasó con el principio de congruencia, que impone guardar absoluta correspondencia con las reclamaciones aducidas en la demanda y en las demás oportunidades que dicho estatuto consagra, sin perjuicio, como es claro, de las facultades oficiosas que algunas normas especiales le atribuyen al sentenciador, a las que también se debe ceñir al momento de ejercer las atribuciones propias de esa función.

6. Aunado a lo anterior, esto es, a la demostración de la celebración del contrato de leasing y la entrega del automotor a los locatarios, debe tenerse presente que la aseveración de la entidad accionada, en cuanto a que “no tiene, ni ha tenido (...) desde [aquella] fecha y hasta el presente, el poder autónomo de control, dirección y gobierno del vehículo”, se convierte en una negación indefinida, que al decir del precepto 177 ibídem, no requiere prueba, por lo que le incumbía al actor demostrar, no solo que la sociedad demandada figuraba en el certificado de tradición como propietaria del camión, sino que lo afirmado por ella para liberarse de responsabilidad, era contrario a la realidad, o lo que es igual que para el día del insuceso aquí referido, aquella sí ostentaba la calidad de guardián del mismo.

Como no procedió de esta forma, no hay lugar a acceder a lo impetrado en cuanto a Leasing de Occidente S.A., menos si se tiene en cuenta, se reitera, que el actor le endilgó “responsabilidad” a ella, por ser propietaria del vehículo causante del daño cuyo resarcimiento persigue, y ya se ha dicho que esa sola circunstancia no es suficiente para atribuirla, si se demuestra, como aquí ocurrió, que aquella carecía del poder de dirección, administración y control del mismo.

7. Las razones expuestas son suficientes para acoger la excepción denominada “inexistencia de responsabilidad en cabeza de Leasing de Occidente S.A.” y determinar la improsperidad de las pretensiones en cuanto a la impugnante se refiere, por lo que en ese aspecto habrá de modificarse la decisión del a-quo, todo lo cual torna inoficioso asumir el estudio de los demás medios de defensa que esta formuló.

8. Finalmente, en razón del éxito de la alzada, se “condenará en costas de ambas instancias” al actor, a favor de la censora, sin que ocurra lo mismo respecto de la impugnación extraordinaria, al alcanzar éxito la acusación, según lo previsto en el inciso final del artículo 375 del Código de Procedimiento Civil.

VI. Decisión:

En mérito de lo analizado, la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, CASA la sentencia de de 29 de febrero de 2012 proferida por la Sala Civil de Descongestión del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, en el proceso ordinario promovido por Henry Arturo Buitrago Cely contra Leasing de Occidente S.A. Compañía de Financiamiento Comercial, Luis Augusto Peña Walteros y Ana Delia Walteros de Rivera, y actuando en sede de segunda instancia,

RESUELVE:

1. Declarar probada la excepción de “inexistencia de responsabilidad en cabeza de Leasing de Occidente S.A.”.

2. Modificar los numerales primero y segundo del fallo objeto de apelación, en cuanto declaró civil y extracontractualmente responsable a “Leasing de Occidente S.A. Compañía de Financiamiento Comercial” y la condenó a pagar los daños allí indicados, para en su lugar, negar las pretensiones formuladas en su contra, absolviéndosele de los cargos endilgados.

3. Reformar el “punto 3º” de la decisión de primer grado, en el sentido de revocar la “condena en costas” a la mencionada apelante.

4. Condenar al actor a pagarle a la empresa accionada las “costas de ambas instancias” e incluir en las de segunda, la suma de $ 3.000.000, por concepto de “agencias en derecho”.

5. Sin costas en el trámite de la casación, ante la prosperidad del recurso.

6. Devolver el expediente al tribunal de origen.

Cópiese y notifíquese».

(1) Resalta la Corte.