Sentencia 2002-09989 de abril 29 de 2010

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA

SUBSECCIÓN "A"

Rad. 25000-23-25-000-2002-09989-01(5143-05)

Consejero Ponente:

Dr. Luis Rafael Vergara Quintero

Actor: Amanda Ricardo de Páez

Demandado: Departamento de Cundinamarca

Bogotá, D.C., veintinueve de abril de dos mil diez.

EXTRACTOS: «Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia del 16 de diciembre de 2004, proferida por la Sala de Descongestión del Tribunal Administrativo de Cundinamarca dentro del proceso de la referencia.

(...).

Consideraciones

El asunto se contrae a establecer la legalidad de las resoluciones 2599 del 17 de septiembre de 2001 y 360 de 22 de abril de 2002, proferidas por la directora del departamento administrativo de talento humano del departamento de Cundinamarca, que negaron la solicitud de reliquidación de la pensión de jubilación de la señora Amanda Ricardo de Páez.

La Caja de Previsión Social de Cundinamarca, mediante resolución 4557 de 31 de agosto de 1993, le reconoció a la señora Amanda Ricardo de Páez una pensión de jubilación a partir del 1º de julio de 1993.

Posteriormente, la señora Ricardo de Páez se reincorporó al servicio oficial como diputada de la Asamblea de Cundinamarca, desde el año 1998 hasta el 2000. En consecuencia, en el mes de diciembre de este último año, solicitó la reliquidación de su pensión, para lo cual anexó el certificado de tiempo de servicio y de los emolumentos devengados en dicha corporación.

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca concluyó que el reajuste de la pensión de jubilación de la actora se rige por las normas generales sobre la materia, entre ellas la Ley 171 de 1961, que en su artículo 4º, en lo pertinente, señala: “Al pensionado por servicios a una o más entidades de derecho público, que haya sido o sea reincorporado a cargos oficiales y haya permanecido o permanezca en ellos por tres (3) años o más, continuos o discontinuos, le será revisada su pensión a partir de la fecha en que quede nuevamente fuera del servicio, con base en el sueldo promedio de los tres últimos años de servicios”.

La anterior norma alude a un aspecto de la función pública como es la reincorporación al servicio del servidor público a quien se le había otorgado una pensión. Esta circunstancia genera derecho a la revisión de la pensión, a partir de la fecha de la nueva desvinculación del servicio, con base en el salario promedio devengado durante los tres últimos años de servicio.

Dicha preceptiva no fue derogada expresamente por la Ley 100 de 1993, y tal como lo advirtió la Corte Constitucional en Sentencia C- 331 de 2000, tampoco fue derogada tácitamente por la misma ley, porque los mandatos allá contenidos no resultan incompatibles con ella, dado que los aspectos relativos a la reincorporación del pensionado al servicio público y la posterior revisión de la pensión no fue objeto de regulación en el nuevo sistema de seguridad social.

El Consejo de Estado ha concluido(1) que los diputados gozan de las mismas prestaciones e indemnizaciones consagradas para los servidores públicos y que el reajuste o la reliquidación de la pensión de jubilación de aquellos igualmente se rige por las normas generales sobre la materia, es decir, por lo dispuesto en la Ley 171 de 1961, concretamente el artículo 4°. Lo anterior, por no haberse expedido el régimen normativo prestacional previsto en el artículo 299, constitucional.

El motivo de inconformidad de la actora con la decisión del a quo, está referido al presunto incumplimiento de su parte, del supuesto o condición contenida en el artículo 4º de la Ley 171 de 1961 para acceder a la reliquidación pensional, esto es, la efectiva prestación de los tres años de servicios contados a partir de la reincorporación al servicio.

Según la certificación obrante a folio 168, la actora fue elegida como diputada para la Asamblea de Cundinamarca para el período constitucional del 1º de enero de 1998 al 31 de diciembre de 2000. Y según la certificación visible a folio 29, del 19 de junio de 2002, laboró para la Asamblea de Cundinamarca durante 1998, 1999 y 2000.

En criterio del tribunal, la demandante no completó los tres años de servicios requeridos en la norma habilitante por no haber asistido a las últimas sesiones extraordinarias, convocadas entre el 5 y el 22 de diciembre del año 2000 (fls. 156 y 157).

A esa conclusión llegó el a quo después de analizar los incisos segundo y tercero del artículo 3º de la Ley 5ª del 13 de octubre de 1969, que disponen:

“ART. 3º—Para los efectos del artículo 29 de la Ley 6ª de 1945, los lapsos o períodos de tiempo en que se hayan devengado asignaciones por servicios prestados a la Nación, en ejercicio del cargo de senador, representante o diputado a la Asamblea Nacional Constituyente, o a los departamentos, en el de diputado a la asamblea, se acumularán a los lapsos de servicio oficial o semioficial.

Para efectos de la jubilación precedente, las sesiones ordinarias o extraordinarias de esas corporaciones en cada legislatura anual, se computarán en materia de tiempo y de asignaciones como si el congresista o diputado hubiese servido los doce meses del respectivo año del calendario, y hubiese percibido durante cada uno de dichos doce meses idénticas asignaciones mensuales a las devengadas en el tiempo de sesiones.

Si los miembros de las mencionadas corporaciones no hubiesen asistido a todas las sesiones ordinarias o extraordinarias de la legislatura, se hará el cómputo en proporción al tiempo de servicio.

PAR. 1º—Si las corporaciones públicas no se hubiesen reunido por cualquier causa, se aplicará el presente artículo para los efectos de tiempo y asignaciones como si dichas corporaciones hubiesen estado reunidas.

PAR. 2º—Estas reglas se aplicarán cualquiera que fuere la época en que se hayan prestado estos servicios a la Nación o a los departamentos (negrillas de la Sala)”.

Aunque esta Sala, al igual que el tribunal, considera que se debe realizar una interpretación armónica del artículo 4º de la Ley 171 de 1961 y del artículo 3º de la Ley 5ª de 1969, no puede convalidar la conclusión a la que llegó el tribunal, porque no corresponde a la finalidad de los dos textos arriba escritos, como pasa a explicarse:

El artículo 4º de la Ley 171 de 1961, condiciona el derecho a la reliquidación de la pensión a que el reincorporado pensionado hubiere permanecido en el cargo durante tres años o más. Lo anterior significa, para el caso concreto, que es requisito indispensable que la actora hubiere ostentado la calidad de diputada por lo menos tres años.

La calidad de diputado no se pierde por la no asistencia a las sesiones ordinarias o extraordinarias. Esa inasistencia podrá tener otros efectos, entre ellos, el no pago de salarios, la disminución del monto pensional por el cálculo de la reliquidación pensional, en los términos de la Ley 5ª de 1969, y seguramente consecuencias de tipo disciplinario.

Pero el contenido de los incisos segundo y tercero del artículo 3º de la Ley 5ª de 1969, no están directamente relacionados con la condición de permanencia durante tres años en el cargo para acceder a la reliquidación, sino con el cómputo de la pensión, es decir con el quantum pensional.

En efecto, el referido inciso segundo autoriza, para efectos de la reliquidación pensional, computar las sesiones de dos meses cada año en las asambleas, como un año de servicios, tomando idénticas asignaciones durante los doce meses, sin importar el tiempo de sesiones o tiempo de servicios.

Por su parte, el inciso tercero, prevé la posibilidad de la inasistencia de los diputados a las sesiones ordinarias o extraordinarias, para lo cual dispone ya no promediar la pensión conforme al inciso segundo, sino únicamente “en proporción al tiempo de servicio”.

Conforme con lo anterior, es claro que la señora Amanda Ricardo de Páez, sí cumple con el supuesto fáctico de los tres años de permanencia en el cargo que ejerció cuando se reincorporó al servicio oficial, y teniendo en cuenta que no existe discusión con los demás requisitos, posee legítimamente el derecho a la reliquidación pensional deprecada, en los términos de la Ley 5ª de 1969.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección “A”, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

REVÓCASE la sentencia de 16 de diciembre de 2004, proferida dentro del proceso de la referencia por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca. En su lugar se dispone:

1) DECLÁRASE la nulidad de las resoluciones 2599 del 17 de septiembre de 2001 y 360 de 22 de abril de 2002, expedidas por el departamento de Cundinamarca.

2) A titulo de restablecimiento del derecho SE ORDENA a la entidad demandada reliquidar la pensión de jubilación de la señora Amanda Ricardo de Páez, conforme al certificado que expida la Asamblea de Cundinamarca.

3) CONDÉNASE a la entidad demandada a pagar las diferencias a que haya lugar.

4) Las sumas adeudadas se actualizarán en los términos del artículo 178 y de acuerdo con la siguiente fórmula:

200-009989.JPG

En donde el valor presente (R) se determina multiplicando el valor histórico (RH), que es el que corresponde a lo adeudado, por el guarismo que resulta de dividir el índice final de precios al consumidor certificado por el DANE (vigente a la fecha de ejecutoria esta sentencia) por el índice inicial (vigente para la fecha en que debería efectuarse el pago).

5) Dese cumplimiento a lo previsto en los artículos 176 y 177 del Código Contencioso Administrativo.

Cópiese, notifíquese y devuélvase el expediente al tribunal de origen. Cúmplase.

Esta providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión celebrada en la fecha».

(1) Sentencia del 17 de febrero de 2000, Expediente 9138/2618/99, M.P. Carlos A. Orjuela Góngora; sentencia de 16 de noviembre de 2000, Expediente 1823-00, M.P. Alejandro Ordoñez Maldonado; y sentencia de 7 de junio de 2001, Expediente 2760-99 M.P. Tarsicio Cáceres Toro.