Sentencia 2002-11466 de mayo 27 de 2010

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION SEGUNDA

SUBSECCIÓN “B”

Ref. : Expediente 250002325000200211466 01

Nº Interno: 0867-2009

Autoridades nacionales

Consejera Ponente:

Dra. Bertha Lucía Ramírez de Páez

Actor: Luz Marina Consuelo Toro Suárez

Bogotá, D.C., veintisiete de mayo de dos mil diez.

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la Procuraduría General de la Nación contra la sentencia de 23 de octubre de 2008, mediante la cual el Tribunal Administrativo de Cundinamarca accedió a las pretensiones de la demanda incoada por Luz Marina Consuelo Toro Suárez.

EXTRACTOS: «Consideraciones

Problema jurídico

Se trata de establecer si, en su condición de secretaria general de la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá, ETB, organizada como sociedad comercial por acciones, la demandante estaba sujeta al régimen disciplinario aplicable a los servidores públicos y en consecuencia la Procuraduría General de la Nación tenía competencia para imponerle las sanciones cuya nulidad se demanda en el sub lite, o si se trataba de una particular sometida a las reglas del derecho privado, en especial a las del Código Sustantivo del Trabajo.

Los actos demandados

a) Fallo de 9 de abril de 2002, mediante el cual el Procurador General de la Nación declaró disciplinariamente responsable a Luz Marina Consuelo Toro Suárez, en su condición de secretaria general de la Empresa de Telecomunicaciones de Santafé de Bogotá, por las faltas definidas en la parte considerativa de ese fallo y en consecuencia sancionarla con multa de noventa (90) días del salario devengado para la época de los hechos, equivalente a $ 19’020.540, e inhabilidad para ejercer funciones públicas por el término de noventa (90) días, contados a partir de la ejecutoria de esa decisión (fls. 1-75, cdno. ppal.).

b) Fallo de 18 de junio de 2002, mediante el cual el Procurador General de la Nación resolvió los recursos de reposición interpuestos por los sancionados contra el fallo de 9 de abril de 2002 en el sentido de no reponerlo (fls. 76-95, cdno. ppal.).

Lo probado en el proceso

El certificado de existencia y representación legal de la Empresa de Telecomunicaciones de Santafé de Bogotá S.A. ESP ETB, da cuenta que mediante escritura pública Nº 0004274 de la Notaría 32 de Bogotá, de 29 de diciembre de 1997, inscrita en la misma data bajo el número 00616188 del libro IX se constituyó la sociedad comercial denominada Empresa de Telecomunicaciones de Santafé de Bogotá S.A., ESP ETB; el documento referido también da cuenta que la representación legal de la sociedad está en cabeza tanto del presidente como del secretario general, cargo en el cual aparece nombrada la señora Luz Marina Consuelo Toro Suárez; esa representación podía ser ejercida de manera conjunta o separada (fls. 217-218, cdno. ppal.). Dentro de las funciones señaladas al presidente están la de ejercer la facultad nominadora dentro de la empresa (num. 14) y nombrar y remover libremente los funcionarios y empleados de la compañía (num. 15).

Con ocasión de la transformación de la Empresa de Telecomunicaciones de Santafé de Bogotá, en sociedad comercial por acciones, constituida como una empresa de servicios públicos, conforme a las disposiciones de la Ley 142 de 1994 y demás normas concordantes, se expidieron los respectivos estatutos sociales (fls. 625-640 cdno. ppal.).

Atendiendo la solicitud del director de investigaciones disciplinarias de la Empresa de Telecomunicaciones de Santafé de Bogotá, mediante providencia de 13 de mayo de 1998, la Procuraduría Segunda Distrital de Bogotá dispuso asumir el conocimiento y ejercer el poder preferente sobre la investigación adelantada por la dirección de investigaciones disciplinarias de la Empresa de Telecomunicaciones de Santafé de Bogotá, contra los señores Juan Carlos Lee Corradine y Liliana Olarte Contreras, por posibles irregularidades en el proceso de adquisición del inmueble localizado en la avenida 19 Nº 114-65 (fls. 1-6, cdno. 28).

Mediante auto de 10 de junio de 1998, el despacho mencionado ordenó la ampliación de apertura de investigación disciplinaria y la vinculación de la señora Luz Marina Consuelo Toro Suárez, en su condición de secretaria general y representante legal de la ETB (fls. 9-16 cdno. 28).

El 5 de octubre de 1998, la Procuraduría Segunda Distrital de Santafé de Bogotá profirió auto de cargos disciplinarios, contra Juan Carlos Lee Corradine, en calidad de subgerente comercial, Liliana Olarte Contreras, en condición de profesioal VI y Luz Marina Consuelo Toro Suárez, como secretaria general, funcionarios de la Empresa de Telecomunicaciones de Santafé de Bogotá (fls. 1-66 cdno. 23).

Mediante auto de 27 de junio de 2001, la procuraduría segunda delegada para la contratación estatal decretó la nulidad de la actuación a partir del auto de cargos de 5 de octubre de 1998, por violación del derecho de defensa, en cuanto no se determinó el elemento subjetivo de la conducta, es decir no se calificó si era a título de dolo o culpa, conforme establecían los artículos 92, numeral 7º y 131, numeral 2º, de la Ley 200 de 1995; en la misma providencia se sugirió concretar las conductas irregulares de cada servidor, las pruebas soporte de ellas y las normas violadas como garantía del derecho fundamental del debido proceso (fls. 6-23, cdno. 27).

El 17 de septiembre de 2001, la Procuraduría Segunda Distrital de Santafé de Bogotá profirió auto de cargos, entre otros, contra Luz Marina Consuelo Toro Suárez, en calidad de secretaria general de la ETB, por infracción de los artículos 227 y 229 de la Ley 223 de 1995 y lo estipulado en la cláusula décima cuarta de la promesa de compraventa, lo cual, a la luz de lo normado en el artículo 40, numeral 1º, de la Ley 200 de 1995, constituía falta disciplinaria, que para el caso fue calificada de grave (fls. 35-114, cdno. 27). La diligencia de entrega del auto de cargos al apoderado de la sancionada, se llevó a cabo el 28 de septiembre de 2001 y en ella se le informó que disponía de un término de diez (10) días hábiles para presentar sus descargos por escrito y/o aportar o pedir pruebas (fl. 118, cdno. 27).

El 12 de octubre de 2001, el apoderado de la señora Luz Marina Toro Suárez presentó descargos (fls. 121-160, cdno. 27); por auto de 12 de diciembre del mismo año se admitieron las pruebas allegadas por Luz Marina Consuelo Toro y Liliana Isabel Olarte y se negaron las solicitadas por Juan Carlos Lee, además se decretaron otras de oficio (fls. 190-197, cdno. 27).

Con fundamento en el artículo 277, numeral 6º, de la Constitución Política, en armonía con el artículo 7º, numeral 17, del Decreto 262 de 2000 y dada la trascendencia del asunto, el Procurador General de la Nación decidió, mediante auto de 6 de febrero de 2002, asumir personalmente el conocimiento del proceso disciplinario adelantado contra Luz Marina Consuelo Toro y otros, transformándolo en proceso de única instancia (fl. 205, cdno. 27).

El 7 de febrero de 2002, la apoderada del señor Juan Carlos Lee Corradine interpuso recurso de apelación contra el auto de 12 de diciembre de 2001 que resolvió sobre la solicitud de pruebas (fls. 330-338, cdno. 27), el cual, mediante auto de 22 de febrero de 2002, fue despachado por el Procurador General de la Nación, de forma adversa al recurrente (fls. 381-387, cdno. 27).

Mediante fallo de 9 de abril de 2002, el Procurador General de la Nación sancionó a la actora con multa equivalente a noventa (90) días del salario devengado para la época de los hechos, e inhabilidad para ejercer funciones públicas por el mismo término, contado a partir de la ejecutoria de la decisión, por la comisión de las faltas disciplinarias, previstas en el artículo 40, numeral 1º, del Código Único Disciplinario; dicha providencia fue notificada personalmente al apoderado de la actora el 18 de abril siguiente (fl. 510, cdno. 27).

Contra el fallo precitado, el apoderado de la señora Toro Suárez interpuso recurso de reposición (fls. 526-539, cdno. 27), el cual fue resuelto de forma adversa por el Procurador General de la Nación, mediante providencia de 18 de junio de 2002 (fls. 561-580, cdno. 27).

Análisis de la Sala

El 6 de diciembre de 1997, el Concejo Distrital de Bogotá, dictó el Acuerdo 21, Por el cual se transforma la naturaleza jurídica de la Empresa de Telecomunicaciones de Santafé de Bogotá y se dictan otras disposiciones”; el cabildo local dictó el referido acto administrativo, invocando para el efecto las facultades constitucionales y legales y en especial las contempladas en los artículos 12 y 55 del Decreto 1421 de 1993, artículos 17 y 180 de la Ley 142 de 1994 y segundo de la Ley 286 de 1996.

En sus artículos 1º y 2º el acuerdo citado señaló:

“ART. 1º—Transformación.La Empresa de Telecomunicaciones de Santafé de Bogotá constituída (sic) mediante el Acuerdo 72 de 1967 como establecimiento público descentralizado y modificada en su razón social por medio del Acuerdo 01 de 1992, se transforma enempresa de servicios públicos del orden distrital con la totalidad de aportes oficiales, bajo la forma jurídica de sociedad por acciones, la que se denominará Empresa de Telecomunicaciones de Santafé de Bogotá, D.C. ESP - S.A. pudiendo identificarse para todos los efectos con la sigla ETB.

ART. 2º—Régimen. La Empresa de Telecomunicaciones de Santafé de Bogotá D.C. ESP - S.A. “ETB” se someterá al régimen establecido en la Ley 142 de 1994 y demás normas concordantes” (subrayas y negrillas fuera del texto).

En el expediente no obra copia de la escritura pública que cambió la naturaleza jurídica deestablecimiento público descentralizadoque ostentaba la ETB y tal como quedó reseñado en los antecedentes de esta providencia, el certificado de existencia y representación legal de la Empresa de Telecomunicaciones de Santafé de Bogotá S.A. ESP ETB, que obra a folios 217 y 218 del cuaderno principal, da cuenta que mediante escritura pública Nº 0004274 de la Notaría 32 de Bogotá, de 29 de diciembre de 1997, inscrita en esa fecha bajo el número 00616188 del libro IX se constituyó la sociedad comercial denominada Empresa de Telecomunicaciones de Santafé de Bogotá S.A., ESP ETB.

El artículo 5º del Decreto 1050 de 1968 indica que los establecimientos públicos son organismos creados por la ley o autorizados por esta, encargados principalmente de atender funciones administrativas, conforme a las reglas del derecho público, excepcionalmente, en materia de contratación, se aplica el derecho privado y en materia laboral son empleados públicos, sin embargo quienes se dediquen a actividades de construcción y sostenimiento de obras públicas son trabajadores oficiales (D. 3135/68, art. 5º); dichas entidades reúnen las siguientes características: personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio independiente, constituido con fondos públicos comunes o con el producto de impuestos, tasas o contribuciones de destinación especial.

Es decir que antes de su transformación, cuando la ETB era un establecimiento público, la demandante era empleada pública.

Al proceso fueron aportados los estatutos sociales de la Empresa de Telecomunicaciones de Santafé de Bogotá, transformada ya en sociedad comercial por acciones, constituida como empresa de servicios públicos, conforme a las disposiciones de la Ley 142 de 1994 y demás normas concordantes (art. 2º) y el capítulo II intitulado “Capital, accionistas y régimen de las acciones”,señaló el capital autorizado de la sociedad ($ 1.701.504.695); la representación en acciones nominativas (1.701.504.695) y el valor nominal de cada una de ellas ($ 1.00), representadas en títulos negociables (art. 6º); señaló además el capital pagado($ 1.701.504.695) (art. 8º) y el capital suscrito del capital autorizado ($ 1.701.504.695), por los siguientes accionistas (art. 7º):

AccionistasAccionesValorClase de acción
Distrito Capital de Santafé de Bogotá1.701.501.719$ 1.701.501.719.00A
Lotería de Bogotá744$ 744.00A
Instituto de Desarrollo Urbano de Santafé de Bogotá —IDU—744$ 744.00A
Fondo de Ahorro y Vivienda Distrital –Favidi—744$ 744.00A
Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Santa fe de Bogotá —EAAB—744$ 744.00A
Total1.701.504.695$ 1.701.504.695.00 

 

El Capítulo II, artículo 9º, ibidem determinó que en la sociedad existirían cuatro (4) clase de acciones a saber: estatales ordinarias; estatales con dividendo preferencial y sin derecho a voto; privadas ordinarias y privadas con dividendo preferencial y sin derecho a voto.

Las acciones estatales ordinarias son las suscritas por las entidades públicas que, sin perjuicio de lo dispuesto en los acuerdos entre accionistas, confieren a su titular los derechos de (i) participar en las deliberaciones de la asamblea general de accionistas y votar en ella; (ii) percibir una parte proporcional de los beneficios sociales establecidos por los balances de fin de ejercicio de la compañía (iii) negociar las acciones con sujeción a la ley y a los estatutos (iv) inspeccionar libremente los libros y papeles sociales, dentro de los quince (15) días hábiles anteriores a las reuniones de la asamblea general de accionistas en que se examinen los balances de fin de ejercicio (v) retirarse la sociedad, el cual únicamente podrá ser ejercicio por aquellos accionistas disidentes o ausentes de acuerdo con lo previsto en el artículo 73 de los estatutos y las normas aplicables del Código de Comercio (vi) recibir, en caso de liquidación de la sociedad, una parte proporcional de los activos sociales una vez pagado el activo externo de la sociedad y (vii) cualesquiera otros inherentes a la calidad de accionista que confiera la ley y agrega que en la emisión de títulos correspondientes esas acciones serán distinguidas como acciones clase A (art. 10).

El 17 de septiembre de 2001 la Procuraduría Segunda Distrital de Santafé de Bogotá profirió auto de cargos contra Luz Marina Consuelo Toro, así:

“2. La doctora Luz Marina Toro deberá explicar el hecho de haber suscrito el día 27 de enero de 1998 la escritura pública Nº 0078 para la adquisición del inmueble ubicado en la avenida 19 Nº 114-65, sin estudiar previamente si los términos en que estaba redactada se ajustaban a lo estipulado en la ley, a la realidad fáctica de la negociación y al contrato de promesa de compraventa, lo cual originó las graves consecuencias financieras que se relacionan en el auto de apertura de fecha 7 de mayo de 1998 (fls. 160-164, del cdno. ppal. 1) y que nuevamente concretará el despacho al final de este capítulo...” (fl. 79, cdno. 27).

Quiere ello decir que para cuando ocurrió el hecho por el cual se le adelantó investigación y se sancionó disciplinariamente a la demandante (27 de enero de 1998), la ETB ya no era un establecimiento público descentralizado sino la sociedad por acciones, en la que se transformó por medio de laescritura pública Nº 0004274 de la Notaría 32 de Bogotá, de 29 de diciembre de 1997, inscrita en la misma data bajo el número 00616188 del libro IX.

Pues bien, de acuerdo con su composición accionaria, en la que la totalidad de los aportes a la nueva sociedad es estatal, como dispuso el artículo 1º del Acuerdo 21 de 1997, es evidente que nos encontramos frente a una empresa de servicios públicos oficial, de acuerdo con lo estipulado en el artículo 14, numeral 5º, de la Ley 142 de 1994 que dice:

“ART. 14.—Definiciones. Para interpretar y aplicar esta ley se tendrán en cuenta las siguientes definiciones:

“(...).

14.5. Empresa de servicios públicos oficial. Es aquella en cuyo capital la Nación, las entidades territoriales, o las entidades descentralizadas de aquella o estas tienen el 100% de los aportes” (subrayas y negrillas fuera del texto).

El artículo 38 de la Ley 489 de 1998 se refiere a la integración de la rama ejecutiva del poder público en el orden nacional y dentro de los organismos que la componen en el sector descentralizado (num. 2º), señala las empresas sociales del Estado y las empresas oficiales de servicios públicos domiciliarios (lit. d) y el parágrafo 1º del artículo 38 ibidem prevé. “Las sociedades públicas y las sociedades de economía mixta en las que el Estado posea el noventa por ciento (90%) o más de su capital social, se someten al régimen previsto para las empresas industriales y comerciales del Estado” (subrayas y negrillas fuera del texto).

Por su parte, el parágrafo del artículo 2º de la ley en comento dispone que las reglas relativas a los principios propios de la función administrativa, sobre delegación y desconcentración, características y régimen de las entidades descentralizadas, racionalización administrativa, desarrollo administrativo, participación y control interno de la administración pública se aplicarán, en lo pertinente, a las entidades territoriales, sin perjuicio de la autonomía que les es propia de acuerdo con la Constitución Política.

Al referirse a las entidades descentralizadas, el artículo 1º del Decreto 3130 de 1968 prevé que los institutos y empresas oficiales son de tres tipos: establecimientos públicos, empresas industriales y comerciales del Estado y sociedades de economía mixta.

El artículo 6º del Decreto 1050 de 1968 define a las empresas industriales y comerciales del Estado como organismos creados por ley, o autorizados por esta, que desarrollan actividades de naturaleza industrial o comercial conforme a las reglas del derecho privado, salvo las excepciones que consagra la ley y reúnen las siguientes características: personería jurídica, vale decir que pueden adquirir derechos y contraer obligaciones; autonomía administrativa, lo cual les permite cumplir las funciones que les asigna la ley o los estatutos y capital independiente, constituido totalmente con bienes o fondos públicos comunes, los productos de ellos, o el rendimiento de impuestos, tasas o contribuciones de destinación especial.

El artículo 30 del Decreto 1050 de 1968 dispone que, en cumplimiento de sus funciones, las empresas industriales y comerciales del Estado se ceñirán a la ley o norma que los creó y a sus estatutos.

Del contenido del artículo 31 del Decreto 3130 de 1968 se infiere que dichas empresas desarrollan actividades sujetas al derecho público y al derecho privado, en cuanto indica que los actos y hechos que realicen para el desarrollo de sus actividades comerciales e industriales están sujetos a las reglas del derecho privado y a la jurisdicción ordinaria; los que realicen en cumplimiento de funciones administrativas, para los fines señalados en la ley son de carácter administrativo regidos por el derecho público; sus bienes y fondos son de carácter público y su manejo debe conformarse a los preceptos legales.

Las personas que prestan servicios en las empresas industriales y comerciales del Estado son trabajadores oficiales cuando su vinculación es por contrato de trabajo y empleados públicos, cuando tiene origen en una relación legal y reglamentaria y en los estatutos se debe determinar quienes pertenecen a una u otra categoría.

Por su parte, el artículo 20 de la Ley 200 de 1995, vigente para la época en que ocurrieron los hechos al precisar quiénes eran destinatarios de la ley disciplinaria indicó: los empleados y trabajadores del Estado y de sus entidades descentralizadas territorialmente y por servicios.

En sus expresiones “empleados y trabajadores”, el artículo 20 precitado fue declarado exequible por la Corte Constitucional y en cuanto se refiere al punto en cuestión dijo:

“(...).

Los destinatarios de la ley disciplinaria. 

“5. Uno de los actores radica el reproche constitucional al artículo 20 del CDU en la violación a la libertad contractual y al derecho a la negociación sindical que posee el trabajador oficial frente al Estado para definir sus condiciones laborales, entre ellas, el régimen disciplinario. En últimas, el demandante desestima la subordinación laboral como elemento determinante de la calidad de sujeto disciplinable para darle un mayor efecto a la forma de vinculación del servidor público.

“(...).

“Siendo así las cosas, esta corporación debe precisar quiénes son los destinatarios de la ley disciplinaria.

“6. La Corte recuerda que la potestad sancionadora que tiene la administración se manifiesta en dos dimensiones bien diferenciadas, ‘la disciplinaria (frente a los funcionarios que violan los deberes y prohibiciones) y la correccional (por las infracciones de los particulares a las obligaciones o restricciones en materia de higiene, tránsito, financiera, fiscal, etc.)’. Esto significa que la potestad disciplinaria se manifiesta sobre los servidores públicos, esto es, sobre aquellas personas naturales que prestan una función pública bajo la subordinación del Estado, incluida una relación derivada de un contrato de trabajo. En efecto, en aquellos casos en los cuales existe una relación laboral de subordinación entre el Estado y una persona, se crea una relación de sujeción o supremacía especial debido a la situación particular en la cual se presenta el enlace entre la administración y la aludida persona. Por ello esta corporación ya había señalado que el ‘régimen disciplinario cobija a la totalidad de los servidores públicos, que lo son, de acuerdo al artículo 123 de la Constitución los miembros de las corporaciones públicas, los empleados y trabajadores del Estado y de sus entidades descentralizadas territorialmente y por servicios”.

“Este ámbito de aplicación de la ley disciplinaria se explica porque la posición del servidor público en el aparato estatal, como ente físico que actualiza la tarea del Estado, comporta una serie de obvias obligaciones especiales de aquel con este, llamadas a mantener el orden interno de la organización y el logro de los objetivos estatales. Así las cosas, un elemento esencial que define al destinatario de la potestad disciplinaria es la existencia de una subordinación del servidor público para con el Estado.

“7. En ese orden de ideas, los trabajadores del Estado vinculados mediante un contrato laboral de trabajo están bajo la subordinación del Estado. Es así como no tiene relevancia para la determinación de la calidad de sujeto disciplinable, la forma de vinculación del servidor público a la organización estatal. Dado lo anterior, los trabajadores oficiales son destinatarios de un régimen disciplinario impuesto por el Estado de forma unilateral, por lo cual la Corte considera que es admisible constitucionalmente el texto legal acusado “empleados y trabajadores” del artículo 20 del CDU. Esta aplicación de la ley disciplinaria a los trabajadores oficiales no es en manera alguna caprichosa sino que deriva de las funciones de interés general que cumplen estas personas (C.P. art. 209), por lo cual, como bien lo señala la vista fiscal, es razonable que el régimen disciplinario no sea materia de acuerdo entre las partes, porque en este campo están en juego valores sociales y estatales que desbordan los intereses de los partícipes en la relación laboral de derecho público.

8- La situación es diferente en el caso de la persona que realiza una determinada actividad para el Estado a través de un contrato de prestación de servicios personales o de servicio simplemente, pues allí no se presenta la subordinación de una parte frente a la otra, que es un elemento determinante de la calidad de disciplinable como se señaló anteriormente. En efecto, entre el contratista y la administración no hay subordinación jerárquica, sino que este presta un servicio, de manera autónoma, por lo cual sus obligaciones son aquellas que derivan del contrato y de la ley contractual. Entonces, no son destinatarios del régimen disciplinario las personas que están relacionadas con el Estado por medio de un contrato de prestación de servicios personales, por cuanto de (sic) trata de particulares contratistas y no de servidores públicos, por lo cual son contrarias a la Carta las referencias a los contratos de prestación de servicios contenidas en las expresiones acusadas de los artículos 29 y 32 del CDU. Lo anterior no significa que frente a estos contratistas la administración esté desprovista de instrumentos jurídicos para garantizar el cumplimiento de los objetivos estatales, pues para ello cuenta con las posibilidades que le brinda la ley de contratación administrativa, pero lo que no se ajusta a la Carta es que a estos contratistas se les aplique la ley disciplinaria, que la Constitución ha reservado a los servidores públicos, por cuanto el fundamento de las obligaciones es distinto” (subrayas y negrillas fuera del texto)(2).

Por una parte , el a quo sugirió en el proveído apelado que, dada la naturaleza de la ETB, de empresa de servicios públicos mixta, que, como quedó demostrado, no lo es, la demandante era trabajadora de carácter particular, mientras que la accionante se considera servidora pública, pues en los alegatos presentados en esta instancia expuso: “... el esfuerzo que implica ser funcionario público, y el afán de acertar, fueron siempre mis faros y guías ...” (fl. 702, cdno. ppal.); tal condición se reafirma con el hecho de que la secretaria general, cargo que desempeñaba la demandante, integraba los órganos de dirección, administración, fiscalización y organización de la Empresa de Telecomunicaciones de Santafé de Bogotá S.A. ESP ETB (art. 38, estatutos sociales), contando además, con que junto con el presidente ostentaban la representación legal de dicha sociedad, representación que bien podía ser ejercida de manera conjunta o separada.

Así entonces, de conformidad con la normatividad precitada, la jurisprudencia transcrita y la convicción de la demandante de ser empleada pública, e independientemente de su forma de vinculación a la ETB, es evidente que la Procuraduría General de la Nación tenía competencia para investigarla y sancionarla disciplinariamente en su condición de secretaria general de la ETB y en consecuencia, por este aspecto, la sentencia recurrida que accedió a las pretensiones de la demanda debe ser revocada para en su lugar denegar las pretensiones de la demanda.

En cuanto tiene que ver con la aseveración de la demandante, consistente en que para la celebración de contratos no le era aplicable a la ETB la Ley 80 de 1993, la Sala comparte la apreciación del colaborador fiscal, en el sentido de que la sanción impuesta no derivó del proceso de celebración de contratos, sino de la inobservancia de las reglas que deben guiar la actuación de los servidores públicos, v. gr. la diligencia y cuidado necesarios y que en el sub lite no fueron acatadas por la demandante, según se desprende de la manifestación de su apoderado quien al contestar los cargos manifestó:

“(...).

“—El aspecto dogmático del problema

“... mi defendida no tenía obligación de revisar personalmente ni hacer revisar de la vicepresidencia jurídica el contrato objeto de esta investigación antes de suscribir la escritura pública que se le remitió para su firma. Por el contrario su obligación era la de proceder a rubricar el documento correspondiente... (fl. 158, cdno. 27).

Las anteriores consideraciones son suficientes para revocar la sentencia apelada, mediante la cual el Tribunal Administrativo de Cundinamarca accedió a las pretensiones de la demanda y en su lugar denegarlas, tal como habrá de decidirse.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección “B”, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley.

FALLA:

REVÓCASE la sentencia de 23 de octubre de 2008, mediante la cual el Tribunal Administrativo de Cundinamarca accedió a las pretensiones de la demanda incoada por Luz Marina Consuelo Toro Suárez y en su lugar decide.

DENÍEGANSE las súplicas de la demanda.

Cópiese, notifíquese y ejecutoriada esta providencia devuélvase el expediente al tribual de origen.

La anterior decisión fue discutida y aprobada en sesión de la fecha.

Cúmplase».

(2) Sentencia C-280 de 1996 de 25 de junio de 1996. Dr. Alejandro Martínez Caballero.