Sentencia 2002-12189 de julio 10 de 2014

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN A

Ref.: Expediente 25000-23-25-000-2002-12189-01 (1575-2011)

Consejero Ponente:

Dr. Gustavo Eduardo Gómez Aranguren

Actor: Yumaira Maldonado García C/ Fondo de Previsión Social del Congreso de la República —Fonprecon—

Autoridades nacionales

Bogotá D.C., diez de julio de dos mil catorce.

Extractos: «Consideraciones

Teniendo en cuenta que en esta oportunidad el recurso de alzada fue interpuesto, tanto por la parte demandante como por la parte demandada, la competencia de la Sala para pronunciarse sobre las inconformidades que manifiestan ambos apelantes, se lleva a su total amplitud, lo que permite la revisión de todo lo decidido por el a quo, de conformidad con el artículo 357 del Código de Procedimiento Civil.

Pues bien, la cuestión litigiosa se contrae a establecer si a la demandante, quien actúa en calidad de cónyuge sobreviviente, le asiste el derecho al reconocimiento y pago del 50% del auxilio de cesantías definitivas que dejó causadas el occiso, quien laboró en calidad de empleado del Congreso, con inclusión de la prima de vacaciones y con derecho al reconocimiento de la sanción por mora en el pago de dicho auxilio.

Marco normativo

Legalmente las prestaciones sociales se han considerado como pagos, representados en dinero o en especie, que el empleador le debe hacer al empleado, bien sea de manera directa o por intermedio de las entidades de previsión, con la finalidad de cubrir los riesgos o las necesidades de este último, que encuentren su origen en la relación laboral.

Dentro de estas prestaciones se encuentra el auxilio de cesantías, que se ha concebido por la ley, como la suma de dinero que el empleador está obligado a pagar al trabajador a razón de un mes de salario por cada año de servicio(1), al momento en el que se finiquita la relación de trabajo y que tiene por finalidad, prever las necesidades que se originan para el empleado ante el cese de la actividad productiva.

En lo que hace referencia a aquellas personas que se encuentren afiliadas al Fondo de Previsión Social del Congreso de la República, como es el caso particular de los empleados del Congreso, se debe tener presente lo que para ellos se encuentra estipulado por el Decreto 2837 de 1986(2), por medio del cual se aprobó el reglamento general sobre las condiciones para el reconocimiento y efectividad de las prestaciones económicas a cargo de Fonprecon, que en el artículo 14(3) determina al auxilio de cesantías, como una prestación que debe ser reconocida a sus afiliados al igual que a los beneficiarios de estos, según sea el caso.

Es así como en su artículo 18 en cuanto a la cuantía de sus cesantías, establece que se deben reconocer y pagar a razón de un mes de salario por cada año de servicios y proporcionalmente por fracciones de año servido, y en lo que concierne a su liquidación prescribe, que se deben tener en cuenta como factores salariales, siempre que el afiliado tenga derecho a ellos y en las proporciones señaladas en las disposiciones legales vigentes, los siguientes: “a) Dietas; b) Asignación básica mensual; c) Gastos de representación y prima técnica; d). Dominicales y feriados; e) Horas extras; f) Auxilios de alimentación y transporte; g) Prima de navidad; h) Bonificaciones; i) Prima de servicios o semestral; j) Viáticos; k) Prima de antigüedad; l) Prima de vacaciones; ll) El trabajo suplementario y el realizado en jornada nocturna o en días de descanso obligatorio”.

En este punto vale la pena destacar, que el Decreto 1045 de 1978 por el cual se fijan las reglas para la aplicación de las normas sobre prestaciones sociales de los empleados públicos y trabajadores oficiales del sector nacional, en el artículo 45, igualmente contempla dentro de los factores de liquidación de las cesantías a la prima de vacaciones(4).

Teniendo presente que en lo que concierne a la sanción moratoria por el no pago del pre mentado auxilio, el decreto en mención no contiene regulación expresa, se debe entonces acudir a lo estipulado por la Ley 244 de 1995(5) reguladora del pago de las cesantías de los servidores públicos, en cuyo artículo 1° se dispone, que las entidades dentro de los 15 días hábiles siguientes a la presentación de la solicitud de la liquidación de las cesantías definitivas por parte de dichos servidores de todos los órdenes, están obligadas a expedir la resolución correspondiente, siempre que reúna todos los requisitos determinados en la ley. Y, de acuerdo con su artículo 2º, para efectuar la cancelación de esta prestación social, cuentan con una plazo máximo de 45 días hábiles, a partir de la fecha en la que quede en firme el acto administrativo que ordena la liquidación, so pena de constituirse en mora; situación, que les determina la obligación de reconocimiento y cancelación del auxilio con sus propios recursos, en proporción de un día de salario por cada día de retardo hasta que se haga efectivo el pago.

De esta manera, cuando la entidad no se pronuncie frente a la solicitud de reconocimiento y pago de las cesantías definitivas, el término para el cálculo de la indemnización moratoria se comenzará a computar a partir del día siguiente a los 65 días hábiles posteriores a la radicación de la petición de Cesantías definitivas, que obviamente debe ser posterior al retiro; término que comprende: 15 días hábiles para expedir la resolución de liquidación de las cesantías definitivas, 5 días hábiles de su ejecutoria y 45 días hábiles para efectuar el pago de la prestación social.

Sobre la transmisión del auxilio de cesantías a los herederos de los empleados del Congreso, no se estipula nada al respecto por parte del Decreto 2837 de 1986, por lo que se debe acudir a lo dispuesto por la normativa general(6).

De acuerdo con los anteriores preceptos se puede inferir, que las prestaciones económicas del empleado del Congreso, encuentran especial regulación en el Decreto 2837 de 1986, que en lo que respecta al caso particular del auxilio de las cesantías, de manera expresa, contempla a la prima de vacaciones dentro de los factores que se deben tener en cuenta al momento de efectuar su liquidación, más no, la prima técnica, igual como ocurre para la liquidación de este auxilio, cuando se trata del caso de los empleados públicos del nivel nacional.

Igualmente se deduce, que como en este decreto no se contemplan disposiciones alusivas a los eventos en los que Fonprecon incurra en mora en el pago del referido auxilio, ni al caso de la transmisión del mismo a los sucesores del afiliado, se debe acudir a la normativa general, que no es otra, la Ley 244 de 1995, que en sus artículos 1º y 2º fija los términos para el pago oportuno de las cesantías de los servidores públicos y el Decreto 3118 de 1968, que al establecer las normas relativas a este auxilio para el caso de los empleados públicos, en su artículo 44, por remisión al Código Sustantivo de Trabajo, determinó a la cónyuge y a los hijos del de cujus como beneficiarios de esta prestación económica.

De lo acreditado en el proceso

Está demostrado en el expediente, que el fallecido prestó sus servicios en el Senado de la República en calidad de Contador categoría 25 desde el 21 de octubre de 1974 hasta el 1º de enero de 1975; como asistente auxiliar del 1º de enero de 1975 al 1º de marzo de 1977; como auxiliar de contabilidad entre el 30 de marzo de 1977 y el 1º de agosto de 1978 y del 25 de septiembre de 1978 al 18 de mayo de 1982; como asistente de la nómina 250 desde el 18 de mayo de 1982 hasta el 11 de agosto de 1982; como asistente en la categoría 1 entre el 1º de octubre de 1982 y el 20 de julio de 1990. Luego laboró en la Cámara de Representantes del 20 de julio de 1990 al 1º de septiembre de 1994 en el cargo de asesor VI. Nuevamente trabajó al servicio del Senado entre el 1º de septiembre de 1994 y el 23 de octubre de 2000 -fecha de su muerte-, como asesor VI (fls. 36 a 38, 40, 39, cdno. 3).

El 3 de noviembre de 2000, el Senado de la República en Resolución 1437, resolvió retirar al occiso del servicio por causa de muerte y en consecuencia declarar vacante el cargo de asesor VI (fl. 12, cdno. 3).

El 22 de marzo de 1985 nació su hijo Carlos Eduardo Hernández Valdeblánquez de la unión con la señora Nubia Luz Valdeblánquez Márquez (fl. 27, cdno. 3).

El 17 de marzo de 1986 y el 4 de noviembre de 1988 nacieron sus hijas Pamela Melissa Hernández Cabrera y Denise Angélica Hernández Cabrera de la unión con la señora María Gladis Cabrera Galeano (fls. 28 y 29, cdno. 3).

El 31 de marzo de 1991 contrajo matrimonio con la demandante y de esa unión, el 10 de febrero de 1993, nació Karla Margarita Hernández Maldonado (fls. 23 y 26, cdno. 3).

El 16 de marzo de 2001 la señora Yumaira Maldonado García -hoy demandante-, en calidad de cónyuge sobreviviente del occiso, elevó ante Fonprecon petición de reconocimiento y pago de cesantías definitivas. El 23 de abril de 2001, en igual sentido, su compañera permanente, señora María Gladis Cabrera Galeano, presentó solicitud ante el fondo, argumentando su convivencia con aquel en los últimos dos años anteriores a su deceso. También el 7 de mayo de 2001 y reclamando igual derecho, compareció la señora Nubia Luz Valdeblánquez Márquez, en representación del hijo menor concebido con el extinto y sin invocar la calidad de compañera (fls. 11, 22, 30 a 33, 66 a 67 y 72, cdno. 3).

En la Resolución 1318 de 19 de noviembre de 2001, el fondo reconoció a favor del causante la cesantía definitiva post mortem por valor de $ 65.464.766, pero dejó suspendido el 50% equivalente a $ 32.732.383, hasta que “se presente copia auténtica de la sentencia judicial definitiva que decida a quien le corresponde” entre las beneficiarias, señoras Yumaira Maldonado García —cónyuge— y María Gladis Cabrera Galeano —compañera permanente—, en atención a la controversia que se presenta entre ellas. Y el otro 50%, ordenó se distribuyera en partes iguales entre los hijos del causante (fls. 11 a 15, cdno. ppal.).

El anterior acto fue confirmado por la Resolución 558 de 4 de julio de 2002, habida cuenta que “...las dos solicitantes de la sustitución pensional acreditan convivencia para la misma época con el causante... y que las dos procrearon hijos con el causante que a la fecha son menores de edad, adicionalmente según lo informa la señora María Gladis Cabrera Galeano, en el juzgado tercero de familia cursa proceso de sucesión del causante, el fondo... dejará en suspenso el 50% del valor de las cesantías reconocidas hasta tanto las interesadas presenten copia debidamente autenticada de la sentencia judicial definitiva que haya decidido a quien le asiste mejor derecho” (fls. 3 a 10, cdno. ppal.).

Según la Resolución 1317 de la misma fecha, el fondo declaró la prescripción de las cesantías definitivas por el periodo comprendido entre el 21 de octubre de 1974 al 1º de marzo de 1977 y entre el 29 de marzo de 1977 y el 11 de agosto de 1982, ante la falta de continuidad en la prestación del servicio (fls. 99 a 101, cdno. 3).

Pero, por medio de la Resolución 559 de 4 de julio de 2002, se repuso la anterior decisión, en el entendido que en este evento, no operó el fenómeno de la prescripción, porque el peticionario siempre reclamó las cesantías y el fondo siempre se las canceló con retroactividad al 21 de octubre de 1974, por medio de actos administrativos que se encuentran ejecutoriados (fls. 134 a 138, cdno. 3).

En Resolución 1286 de 26 de noviembre de 2002, se dio cumplimiento al anterior acto, liquidando nuevamente las cesantías definitivas causadas por el fallecido, determinando su valor en la suma de $ 99.257.791, pero, nuevamente dejando en suspenso el 50% correspondiente a $ 49.628.895,50, hasta que “se presente copia auténtica de la sentencia judicial definitiva que decida a quien le corresponde” entre la cónyuge y la compañera permanente. Y, ordenó la distribución del otro 50%, en partes iguales, entre los hijos del causante, que efectivamente fueron girados en su favor según Resolución 1600 de 24 de diciembre de 2002 (fls. 161 a 164 y 165 a 166, cdno. 3).

Vía recurso de reposición, la anterior decisión fue confirmada por medio de la Resolución 824 de 11 de junio de 2003, en el entendido de que tanto la cónyuge como la compañera permanente acreditaron convivencia con el extinto por idéntica época, además de que las dos procrearon hijos con él mismo y adicionalmente se tiene noticia de que “...en el juzgado tercero de familia cursa proceso de sucesión del causante...”, motivo por el cual se debe dejar en suspenso el 50% del valor de las cesantías reconocidas ante la existencia de dicha polémica (fls. 191 a 201, cdno. 3).

Análisis del asunto

De estas probanzas se infiere, que Fonprecon reconoció en favor del extinto, el auxilio de cesantías definitivas que dejó causadas en calidad de empleado del Congreso, ante las reclamaciones que al respecto elevaron su cónyuge sobreviviente —hoy actora—, en nombre propio y en el de su hija menor concebida con aquel dentro del matrimonio, al igual que la señora María Gladis Cabrera Galeano, en calidad de compañera permanente en nombre propio y de sus dos hijas menores fruto de la convivencia con el fallecido. Además, elevó petición en igual sentido, pero sin invocar la condición de compañera permanente, la señora Nubia Luz Valdeblánquez Márquez, en representación de su hijo menor concebido con el difunto.

El fondo, en atención a que el causante laboró a su servicio entre los años 1974 y 2000, siempre en calidad de empleado del Congreso, siendo el último cargo desempeñado, el de asesor VI del Senado de la República, decidió reconocerle el auxilio en mención, advirtiendo, que en razón a que tanto la cónyuge como la compañera permanente presentaron petición formal tendiente al reconocimiento de las cesantías, situación que se traduce en una controversia suscitada entre ambas en torno a una misma prestación, procedía entonces a efectuar la liquidación correspondiente, ordenando el reconocimiento —según el D. 3118/68, art. 44—, del 50% del valor total de las mismas para los hijos menores, entre quienes debían dividirse en partes iguales, pero, dejando suspendido el otro 50%, hasta que se le allegara fotocopia auténtica de la sentencia judicial definitiva, que decidiera a quién correspondía hacerle entrega de dicha suma. Lo anterior, ante el conocimiento que tuvo por parte de la compañera permanente, que en el Juzgado Tercero de Familia de Bogotá, cursaba el proceso de sucesión del occiso (fls. 9 y 14, cdno. ppal. y 5, cdno. 2).

En efecto, el 8 de febrero de 2011, el Juzgado Tercero de Familia de Bogotá certificó, que adelantaba proceso de sucesión intestada del de cujus, en cuya diligencia de inventarios y avalúos adicionales realizada el 24 de abril de 2002, en el capítulo de bienes sociales, en la partida segunda, se encontraba denunciada “La suma de $ 32.732.383, valor de la cesantía definitiva reconocida por el Fondo de Previsión Social del Congreso de la República a favor del causante mediante Resolución 01318 del 19 de noviembre de 2001”.

Pues bien, al analizar las acciones acumuladas de nulidad y restablecimiento del derecho, instauradas ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo surge evidente, que lo que pretende la demandante al amparo de las mismas, es obtener para sí e invocando la calidad de cónyuge supérstite, el pago del 50% del valor del auxilio de cesantías definitivas que el fondo dejó suspendido, prevalida del registro civil de matrimonio y de nacimiento de su hija procreada con el causante en conjunto con prueba testimonial.

En este punto se debe resaltar, que aunque es cierto, que la actuación administrativa acusada, en tanto que es contentiva de la liquidación del auxilio se constituye en demandable ante esta jurisdicción, no lo es menos, que su competencia está instituida para velar por el sometimiento de los actos administrativos a la ley; por lo que no le es dable al juez contencioso administrativo, emitir pronunciamiento respecto a quién le corresponde la adjudicación del derecho a ese 50% de las cesantías definitivas, pues esta decisión encuentra su origen en un conflicto sucesoral entre particulares.

Y no puede ser de otra manera, porque teniendo en cuenta, que en este caso en particular, desde la muerte del de cujus han concurrido, con el fin de obtener el pago del referido auxilio, no solo la cónyuge sobreviviente, sino también la compañera permanente; es claro, que tal disputa, en tanto que gravita en torno a la reclamación de unos derechos sucesorales entre herederos concurrentes, le compete al juez de familia. Este juez al interior del proceso sucesorio y según las pruebas que en el mismo reposen debe determinar, cuál de esas dos personas comprobó tener un mejor derecho herencial respecto de los bienes sociales.

Siendo entonces, la determinación de ese mejor derecho sucesoral a la obtención del pago del auxilio de cesantías definitivas, un tema ajeno a la naturaleza de la acción contencioso administrativa, debe ser el juez natural en la justicia ordinaria, concretamente en la especialidad de familia, el que debe dirimir este conflicto, lo que se traduce en que la accionante debe acudir ante dicha autoridad, no solo en aras de obtener solución al mismo sino principalmente, en acatamiento del principio del juez natural, que se encuentra establecido en el inciso 2º del artículo 29 superior y que se constituye en elemento medular del debido proceso, en la medida en que comporta la exigencia de que un asunto debe ser sometido al conocimiento de ese juez competente, independiente e imparcial a quien por virtud de la ley se le ha atribuido el conocimiento de un determinado asunto, lo que a su vez se traduce para las partes, en la seguridad de un juicio ecuánime y con plenas garantías.

En esta línea, debe entonces la demandante, en caso de que el proceso sucesorio haya finiquitado, allegar ante el fondo, la respectiva decisión judicial de familia definitoria del referido proceso, en la que se encuentre determinado si efectivamente al interior del mismo, comprobó la existencia de un mejor derecho sucesoral respecto de la compañera permanente, que le habilite la adjudicación del 50% del valor del auxilio de cesantías definitivas que dejó causadas el extinto, y que como quedó probado, forma parte de la partida segunda dentro de la diligencia de inventarios y avalúos adicionales, a fin de que le efectúe el pago correspondiente. En caso contrario, deberá esperar la emisión de la sentencia y la ejecutoria de la misma, que en caso de que la determine como sucesora con mejor derecho al 50% del auxilio, se tornará en título ejecutivo que le permitirá acudir ante Fonprecon a fin de que le cancele la aludida prestación.

Ahora bien, en lo que concierne a la legalidad del acto acusado se encuentra, que el fondo para efecto de la liquidación del auxilio de cesantías, como factores tuvo en cuenta: la asignación básica mensual, la prima técnica, de antigüedad, de navidad, de servicios o semestral y la bonificación por servicios. No incluyó la prima de vacaciones.

Sin embargo, el Decreto 2837 de 1986, que como líneas atrás se explicó, regula la situación particular del empleado del Congreso, dispone expresamente, que para efecto de liquidar esta prestación económica, se debe tener en cuenta la prima de vacaciones y no enlista como factor a la prima técnica; por lo que es evidente, que en este caso, adolece de nulidad la liquidación del auxilio de cesantías definitivas, cuando omite incluir la prima de vacaciones y tiene presente a la prima técnica.

Con lo anterior se deduce, que en cuanto a la prima de vacaciones, no le asiste la razón al fondo cuando en sus intervenciones procesales alega que lo que aparece certificado como devengado por el causante es la indemnización por prima vacacional; porque en efecto, el factor que legalmente se debe contemplar para efecto liquidatorio de la cesantía, es la prima de vacaciones, que efectivamente aparece percibida en el correspondiente certificado y sin que el demandado la haya contemplado en la liquidación, encontrándose en la obligación legal de hacerlo. Ligado a que la accionante nunca solicitó la inclusión de la referida indemnización por prima vacacional.

Ahora, teniendo en cuenta que fueron objeto de demanda, en el proceso 2002-12189: la Resolución 1318 de 19 de noviembre de 2001, que dejó suspendidas las cesantías definitivas en la suma de $ 32.732.383 y su confirmatoria la 558 de 4 de julio de 2002, y en el proceso 2003-08476: la Resolución 1286 de 26 de noviembre de 2002, que ordenó la reliquidación de dicho auxilio dejando en suspenso el valor de $ 49.628.895,50 y la que la confirmó Nº 824 de 11 de junio de 2003; es por lo que la decisión del a quo será adicionada, en cuanto a que se debe declarar la nulidad, no solo de la Resolución 1286 de 26 de noviembre de 2002, sino de los demás actos acusados en ambos procesos, en consideración a que toda esta actuación administrativa se torna en ilegal ante la no inclusión de la prima de vacaciones como factor de liquidación.

Lo anterior se traduce en que el fondo deberá realizar una nueva liquidación del auxilio de cesantías definitivas, que incluya como factor a la prima de vacaciones y poner dicho acto administrativo en conocimiento, no solo del juez tercero de familia para lo de su competencia, sino además del señor Carlos Alfonso Hernández Ballesteros en calidad de hijo del causante y quien se hizo parte del proceso como coadyuvante (fls. 204, cdno. 2).

En torno a la prima técnica como elemento que ilegalmente se contempló en la liquidación, se previene en el sentido, que aunque fue incluido y en consecuencia fue objeto de reconocimiento y pago a los hijos del causante; en aplicación del artículo 85 de la Carta Política, respecto de la misma no se ordenará devolución alguna, en tanto que dichos beneficiarios la percibieron de buena fe.

Diferente sucede en el caso de la demandante y de la compañera permanente, en el entendido, de que el fondo deberá realizar nueva liquidación descartando el valor de la prima técnica ilegalmente incluida, siempre y cuando, aún no se haya proferido por parte del juez tercero de familia, sentencia definitiva que se encuentre legalmente ejecutoriada y en la que se haya definido a quien está comprobado le asiste el mejor derecho en la asignación de la partida segunda correspondiente al auxilio de cesantía definitiva. Por el contrario, si existe sentencia definitiva ejecutoriada, los dineros que por tal concepto le correspondan a una de estas dos personas, según lo decidido por el juez tercero de familia, se entienden percibidos de buena fe y por tal razón aplica a dicha situación, el principio vertido en el artículo 85 constitucional, por lo que no deben ser objeto de devolución.

En cuanto a la sanción moratoria, según lo expuesto en párrafos precedentes, se observa que le asiste razón al tribunal cuando niega la imposición de la misma frente al fondo, porque evidentemente el retraso en el pago de la prestación económica, no le es atribuible, ante el hecho de la existencia de un proceso de familia del cual depende la determinación respecto a quién le asiste mejor derecho para percibirla.

Corolario de lo expuesto, la decisión del tribunal se confirmará en cuanto declaró la nulidad de la Resolución 1286 de 26 de noviembre de 2002 y se adicionará, en el sentido de que se declarará la nulidad de la restante actuación administrativa, ante la no inclusión de la prima de vacaciones.

FALLA:

1. CONFÍRMASE la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, el 15 de abril de 2011, en cuanto declaró la nulidad de la Resolución 1286 de 19 de noviembre de 2001, dentro de la demanda promovida por la señora Yumaira Maldonado García contra el Fondo de Previsión Social del Congreso de la República —Fonprecon—.

2. ADICIÓNASE el fallo emitido por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, el 15 de abril de 2011, porque igualmente son nulas las resoluciones 1318 de 19 de noviembre de 2001, 558 de 4 de julio de 2002 y 824 de 11 de junio de 2003, según lo expuesto en la parte motiva de este proveído.

3. En consecuencia ORDÉNASE al Fondo de Previsión Social del Congreso de la República —Fonprecon—, efectuar nueva liquidación del auxilio de cesantías definitivas que corresponden al señor Carlos Alfonso Hernández Ballesteros (QEPD), según lo estipulado en los considerandos de esta providencia y dando cumplimiento a las advertencias allí expuestas.

4. PÓNGASE la presente decisión en conocimiento del juez tercero de familia de Bogotá para lo de su competencia al igual que del señor Carlos Alfonso Hernández Ballesteros en calidad de hijo del causante y quien actuó al interior del proceso como coadyuvante.

Reconócese al abogado Freddy Rolando Pérez Huertas como apoderado judicial del demandando, en los términos y para los efectos conferidos en el poder visible a folio 277 del expediente.

Devuélvase el expediente al tribunal de origen.

Cópiese, notifíquese y cúmplase.

Esta providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha».

(1) Desde la Ley 10 de 1934, cuando se creó el auxilio de cesantías para el empleado particular y con motivo de su despido injusto, pasando por la Ley 6ª de 1945, que lo consagró expresamente como prestación social para los empleados y obreros nacionales, y por la Ley 65 de 1946, que lo extendió a todos los asalariados cualquiera fuera la causal de retiro, luego por el Código Sustantivo de Trabajo y por la Ley 50 de 1990, siempre este auxilio se ha determinado en razón a un mes de salario por cada año de servicio.

(2) Decreto 2837 de 1986 “Por medio del cual se aprobó el reglamento general sobre las condiciones y términos necesarios para el reconocimiento y efectividad de las prestaciones económicas a cargo del Fondo de Previsión Social del Congreso de la República”.

(3) ART. 14.—“El Fondo de Previsión Social del Congreso de la República reconocerá y pagará a sus afiliados así como a los beneficiarios de estos, según el caso, las siguientes prestaciones económicas de acuerdo con las normas legales y reglamentarias. — Auxilio de cesantía, — Pensión vitalicia de jubilación, — Pensión de invalidez, — Pensión de retiro por vejez, — Sustitución pensional, — Auxilio funerario delos pensionados, — Auxilio por muerte, — Auxilio por enfermedad profesional, — Auxilio por enfermedad no profesional, — Auxilio por accidente de trabajo, — Auxilio por maternidad”.

(4) Decreto 1045 de 1978. ART. 45.—“De los factores de salario para la liquidación de cesantía y pensiones. Para efectos del reconocimiento y pago del auxilio de cesantía y de las pensiones a que tuvieren derecho los empleados públicos y trabajadores oficiales, en la liquidación se tendrá en cuenta los siguientes factores de salario: a) La asignación básica mensual; b) Los gastos de representación y la prima técnica; c) Los dominicales y feriados; d) Las horas extras; e) Los auxilios de alimentación y transporte; f) La prima de navidad; g) La bonificación por servicios prestados; h) La prima de servicios; i) Los viáticos que reciban los funcionarios y trabajadores en comisión cuando se hayan percibido por un término no inferior a ciento ochenta días en el último año de servicio; j) Los incrementos salariales por antigüedad adquiridos por disposiciones legales anteriores al Decreto—Ley 710 de 1978; k) La prima de vacaciones; l) El valor del trabajo suplementario y del realizado en jornada nocturna o en días de descanso obligatorio; ll) Las primas y bonificaciones que hubieran sido debidamente otorgadas con anterioridad a la declaratoria de inexequibilidad del artículo 38 del Decreto 3130 de 1968”.

(5) La Ley 244 de 1995 “Por medio de la cual se fijan términos para el pago oportuno de cesantías para los servidores públicos, se establecen sanciones y se dictan otras disposiciones”, es la que regula esta litis habida cuenta que se encuentran en debate actos administrativos expedidos en los años 2001 a 2003. Esta ley fue adicionada y modificada por la Ley 1071 de 2006, en lo que concierne al retiro parcial de cesantías.

(6) El Decreto 3118 de 1968 “Por el cual se crea el Fondo Nacional de Ahorro, se establecen normas sobre auxilio de cesantías de empleados públicos y de trabajadores oficiales y se dictan otras disposiciones...” en el artículo 44 señaló, que cuando se presenta la muerte del trabajador, la entrega de las sumas que se encuentren a su favor en dicho fondo, se hará “directamente a las personas que señala el artículo 204, literal e), del Código Sustantivo del Trabajo, mediante el procedimiento previsto en el artículo 212 del mismo estatuto”. Y el artículo 204 del Código Sustantivo del Trabajo, establece, que en caso de muerte del afiliado cuando le sobrevivan cónyuge e hijos, ambos tienen derecho al pago de una suma de dinero equivalente a 24 meses de salario del trabajador: la mitad para el cónyuge y la otra mitad para los hijos, por partes iguales. Sin embargo esta disposición fue derogada por el artículo 98 del Decreto 1295 de 1994 “Por el cual se determina la organización y administración del sistema general de riesgos profesionales”, sin que en el mismo se estipule norma alguna concerniente a la entrega de sumas a los beneficiarios del empleado fallecido.