Sentencia 1698 de mayo 30 de 2002 

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA

Sala Jurisdiccional Disciplinaria 

Rad. 20021698 01 219 I 02, mayo 30/2002 

M.P. Fernando Coral Villota. 

Aprobado Según acta de Sala 43 del 30 de mayo de 2002. 

Ref.: Impugnación del fallo de tutela instaurada por Gloria Esperanza Mesa Mesa contra Datacrédito. 

Procede la Sala a decidir lo que corresponda en derecho sobre la impugnación del fallo adiado el 19 de abril del año en curso, proferido por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Cundinamarca, mediante el cual fue concedida la tutela a la señora Gloria Esperanza Mesa Mesa para la protección de los derechos fundamentales del habeas data e igualdad, ordenándole a Datacrédito que dentro del término de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación del proveído, actualice la información financiera de la accionante, en tal forma que sólo refleje la situación de la misma y le expida a la interesada la correspondiente certificación.

Antecedentes

La ciudadana Gloria Esperanza Mesa Mesa instauró amparo constitucional contra Datacrédito, pues fue reportada como deudora morosa del Banco de Bogotá y Capitel por no cancelar a tiempo las obligaciones, las cuales posteriormente fueron canceladas en noviembre y diciembre de 2001.

No obstante lo anterior, cuando la accionante pretendió obtener un crédito hipotecario con la inmobiliaria Prodesa, ésta se lo negó bajo el argumento de que se encuentra reportada por mora en Datacrédito.

En su sentir, la accionante considera que de conformidad con la reciente jurisprudencia, Datacrédito debe borrar su nombre del banco de datos, pues de lo contrario se le estarían vulnerando sus derechos fundamentales al buen nombre, la igualdad, la honra, la buena fe y el libre derecho de constituir obligaciones mercantiles.

Bajo las anteriores consideraciones, la accionante solicitó que se ordene a la accionada, su exclusión de la lista de deudores morosos para la protección de sus derechos fundamentales.

2. El doctor José de la Calle Restrepo, en su calidad de apoderado de la Sociedad Computec S.A. división de Datacrédito, en escrito del 16 de abril del presente año, solicitó que el amparo no debía ser concedido, por cuanto la citada entidad presenta la información de manera objetiva y si bien era cierto la accionante se encontraba al día con su obligación, también lo era, que existió una mora para efectuar dicho pago, el cual discriminó de la siguiente manera:

• Banco de Bogotá. Tarjeta de crédito 01329498. Obligación que fue cancelada en forma voluntaria en el mes de diciembre de 2001, pero que registró mora en los meses de abril, mayo, junio, julio, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2000 y nuevamente desde el mes de marzo hasta el mes de noviembre de 2001.

• Capitel. Cartera de servicios públicos 000199936. Obligación que se encuentra al día, pero que registró mora desde el mes de abril de 2001 hasta el mes de octubre de 2001”.

Para Datacrédito, el término de caducidad (esto es el tiempo durante el cual el dato aparece en el registro) será de dos años contados a partir de la fecha en que la misma fue cancelada. El término en cuestión, se aplica de forma general a todos los casos donde el pago de la obligación se realiza en forma voluntaria y la mora ha sido superior a un año, de conformidad con las políticas generales de la citada empresa, las cuales tienen pleno sustento en sentencias de la Corte Constitucional.

Agregó la empresa accionada, que en el caso sub judice no es procedente la aplicación del alivio contenido en el artículo 19 de la Ley 716 de 2001, toda vez que éste debe ser aplicado únicamente a aquellas personas que dentro del año siguiente a la vigencia de dicha ley se pusieran al día en su pago de obligaciones.

Igualmente, indicó Datacrédito que a ello debe sumarse lo previsto en el Decreto 181 del 31 de enero de 2002, reglamentario de la citada ley, el cual estableció que los bancos de datos pueden conservar en sus archivos la información sujeta al alivio.

La accionada en su respuesta al amparo constitucional, aclaró que no procede a hacer la eliminación de la información existente en los bancos de datos, por cuanto ésta no tiene ningún efecto, razón por la cual no puede ser utilizada por las entidades financieras o usuarios del servido para negar un crédito.

En ese orden de ideas, el doctor de la Calle expresó que el Decreto 181 de enero 31 de 2002, facultó expresamente a los bancos de datos para conservar la información acerca de las obligaciones que hayan sido cobijadas por el alivio; así las cosas, el derecho a la honra y al buen nombre, siempre que la información sea veraz y actualizada no puede oponerse como derecho prevalente frente a esa libertad Informática.

Finalmente, la accionada consideró que la información imparcial, completa y verídica sobre un hecho de naturaleza crediticia no puede lesionar el buen nombre de una persona.

3. Por su parte, Capitel señaló la morosidad de la que da cuenta Datacrédito y explicó que “…cancelada la obligación en noviembre 14 de 2001, de igual manera a finales de dicho mes se le informó a Datacrédito que había quedado a paz y salvo con Telecom – Capitel fecha desde la cual se encuentra al día en los pagos”.

Fallo impugnado

La Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de Cundinamarca, mediante proveído del 19 de abril de la anualidad que transcurre, tuteló a favor de la señora Gloria Esperanza Mesa Mesa, el derecho fundamental al habeas data, ordenándole a Datacrédito que dentro del término de cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación del fallo en cuestión, actualice la información financiera de la accionante en tal forma que sólo refleje la situación actual de la misma y le expida la correspondiente certificación.

La colegiatura de instancia, consideró que “el hecho dado a conocer por la actora e imputable a Datacrédito, realmente atenta contra el derecho de la igualdad y de habeas data, de conformidad con los derroteros jurisprudenciales —Sentencia de Tutela 01.4487, M.P. Dr. Temístocles Ortega Narváez, Consejo Superior de la Judicatura y Sentencia T-10580 de la Corte Suprema de Justicia— sobre el contenido del artículo 19 de la Ley 716 de 2001 en armonía con el artículo 2º del Decreto 181 de 2002, las cuales tienen aplicación en la situación planteada por la accionante, pues si bien es cierto estuvo en mora frente a sus obligaciones, no era menos cierto que en los meses de noviembre y diciembre de 2001 canceló las mismas”.

Entiende este juez constitucional, con fundamento en el alivio consagrado en el artículo 19 de la Ley 716 de 2001 que la caducidad inmediata prevista allí, impone que quien se encuentre al día con sus obligaciones no debe aparecer reportado en el sistema con antecedentes de mora.

Señaló la primera instancia, que pese a las explicaciones de la accionada, la información que reposa en la base de datos debe ser actualizada y rectificada, en el sentido de que los antecedentes morosos no deben aparecer en la base de datos, pues las obligaciones fueron canceladas, por lo cual en virtud del principio de igualdad y favorabilidad le es aplicable el contenido del mencionado artículo 19 de la Ley 716 de 2001.

Así las cosas, la colegiatura de instancia accedió a la protección de los derechos primarios de la actora y dispuso que en un lapso no mayor de cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de este fallo, se proceda a actualizar la situación financiera de la accionante.

Impugnación

El 29 de abril del año en curso, el abogado José Miguel de la Calle Restrepo en representación de la Sociedad Computec S.A. división de Datacrédito impugnó la providencia en comento, con el propósito que sea revocada la decisión y en consecuencia se abstenga esta superioridad, de tutelar los derechos fundamentales de la accionante, permitiendo mantener el dato en cuestión en la base de datos, con los siguientes argumentos:

A) En el caso en concreto, la señora Gloria Esperanza Mesa Mesa se encuentra reportada en la base de datos de Datacrédito, de esta manera:

Banco de Bogotá. Tarjeta de crédito Nº 010329498. Obligación que fue cancelada por la entidad informante en el mes de diciembre de 2001, debido a mal manejo. La actora incurrió en mora en los meses de abril, mayo, junio y julio, septiembre, octubre y diciembre de 2001.

Capitel. Cartera de servicios públicos 000199936, obligación que se encuentra al día pero que registró mora desde abril de 2001 hasta octubre de 2001.

B) El criterio de Datacrédito en materia de caducidad será de dos (2) años contados a partir de la fecha en que la misma fue cancelada. Dicho término corresponde al que se aplica de forma general a todos los casos donde el pago de la obligación se realiza en forma voluntaria y la mora fue superior al año. Para la accionada, la conservación del dato mientras éste sea relevante, se mantendrá en los bancos de datos, esto es, mientras sea conducente para proporcionar información veraz sobre el grado de riesgo que presentan los usuarios del sistema crediticio;

c) Determinó Datacrédito que la inaplicabilidad del alivio contenido en la Ley 716 de 2001, para la accionante, tiene como fundamento el artículo 19 de la Ley 716 de 2001, el cual reza:

“Las personas que dentro del año siguiente a la vigencia de la presente ley se pongan el día en obligaciones por cuya causa hubieren sido reportadas a los bancos da datos de que trata este artículo tendrán un alivio consistente en la caducidad inmediata de la información negativa histórica, sin importar el monto de la obligación e independientemente de si el pago se produce judicial o extrajudicialmente. La Defensoría del Pueblo velará por el cumplimiento da esta norma”.

Como se desprende de manera inequívoca del texto de la ley, el alivio debe ser aplicado sólo a aquellas personas que dentro del año siguiente a la vigencia de la ley se pongan al día en el pago de sus obligaciones, y no se hace extensivo el efecto a aquellas personas que se pusieron al día con anterioridad a la expedición de la misma.

Por otra parte la Ley 716 de 2001 fue reglamentada mediante el Decreto 181 del 31 de enero de 2002, el cual dispuso que para acceder al alivio previsto en el artículo 19 de la ley en cita, se requiere el pago de todas las obligaciones por las cuales hayan sido reportadas en los bancos de datos, pudiéndose incluso conservar en sus archivos la información que fue sujeta a alivio.

En efecto, el citado decreto dispuso que el alivio, “Implica que dicha información no tendrá ningún efecto por lo cual no podrá utilizarse para negar un crédito y que en todo caso, los bancos de datos podrán conservar en sus archivos la información sujeta al alivio de que trata el artículo 19 de la Ley 716 de 2001”.

Esa información no permanece en la base de datos indefinidamente, ya que siguen vigentes los criterios de razonabilidad que señalan el momento en el cual debe ser eliminada la información de manera definitiva, una vez hayan sido canceladas las obligaciones.

Ahora bien, la aplicación de alivio no implica obligaciones para los bancos de datos sino para las entidades que tengan acceso a la información, las cuales conociendo las condiciones bajo las cuales debe aplicarse el alivio no podrán tomar decisiones en perjuicio de los titulares de la información.

Igualmente destacó el impugnante, que una información veraz no atenta contra los derechos a la honra, al buen nombre y a la intimidad. La información imparcial completa y verídica sobre un hecho de naturaleza crediticia no puede lesionar el buen nombre de una persona, pues la bueno o mala fama se deriva del comportamiento crediticio del deudor y no del reporte fidedigno que de este hecho se haga.

El criterio de la accionada está ampliamente respaldado por decisiones del Consejo de Estado, en los que ha considerado consideró (sic) que los datos pueden mantenerse para todos los casos por un período de caducidad, inclusive por un término de 5 años. En efecto en Sentencia 2500023400020001133801 de octubre 31 de 2001, en tutela presentada por Amparo Barajas, el citado ente judicial, a través de su sección tercera, reconoció que: “la conservación, uso y circulación de datos sobre la solvencia económica de los usuarios de los servicios financieros es una medida de seguridad que la Constitución le otorga al sujeto pasivo del dato (establecimiento de crédito) el cual ejerce actividades de interés público por autorización estatal (art. 335)”.

(...) “Por lo anterior cree esta Sección del Consejo de Estado que el término de los cinco años debe tenerse como término de caducidad del dato negativo, de cualquier índole, precisamente porque no existe otra base legal que permita graduación de término y el juez no llene alcances de legislador”.

Consideraciones de la Sala

1. La tutela es un amparo jurídico creado en procura de salvaguardar los derechos fundamentales que tienen todas las personas para ser protegidas de las acciones u omisiones de autoridades que violan o amenacen esa clase de derechos.

En tal sentido, la tutela obedece a situaciones específicas y es evidente que es el juez, quien determinará su alcance frente a los hechos esgrimidos por la persona, que cree amenazado un derecho fundamental, igualmente, ésta procede ante la inexistencia de otro medio de defensa judicial o como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.

Ahora bien, a partir del pasado 16 de marzo del presente año cobró vigencia el Decreto 1382 del 12 de julio de 2000 a través del cual el Presidente de la República con base en las facultades extraordinarias consagradas en el numeral 11 del artículo 189 de la Constitución Política reguló la forma de reparto de las acciones de tutela con el fin de racionalizar y desconcentrar el conocimiento de las mismas. La vigencia de dicho decreto había sido suspendida por un año a través del Decreto 404 del 14-03-01, hasta tanto el Consejo de Estado decidiera sobre la legalidad del mismo, lo cual hasta el momento no se ha hecho. En consecuencia ha cobrado vigencia el Decreto 1382 de 2002.

No obstante lo anterior, esta Sala comparte la decisión adoptada por la Corte Constitucional el 27 de febrero de 2001 que otorgó efectos interpares a la decisión en el sentido de inaplicar el artículo 1º del Decreto 1382 de 2000, por resultar contrario a la Constitución Nacional y hasta tanto el Consejo de Estado, no se pronuncie sobre la legalidad de dicho decreto, se continuará aplicando el artículo 37 del Decreto 2591 de 1991.

Y con apoyo en la sentencia de la Corte, la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura decidió también inaplicar dicha disposición y al respecto expresó:

“Dado que el Consejo de Estado ante el cual cursa demanda de nulidad de inconstitucionalidad no se ha pronunciado aún de fondo, esta corporación remitiéndose a la ratio decidendi del citado proveído del 27 de febrero de 2001 y acatando lo allí decidido inaplicará para el presente caso el artículo 1º del Decreto 1382 de 2000 y por ende se abstendrá de sumir el conocimiento de la acción” (Decisión, abr. 3/2002, M.P. Temístocles Ortega Narváez).

2. El caso sub judice, se refiere a la acción de tutela incoada por la señora Gloria Esperanza Mesa Mesa contra Datacrédito, pues se encuentra registrada en la base de datos de la empresa accionada, por una mora en relación con el pago de las obligaciones que contrajo con el Banco de Bogotá y Capitel. Dicho reporte le impidió, contraer un préstamo hipotecario con la inmobiliaria Prodesa.

3. En la respuesta a la acción de tutela y en la misma impugnación, es la misma accionada la que certifica que la accionante está reportada en la base de datos, desconociendo el contenido del artículo 19 de la Ley 716 de 2001.

En ese orden de ideas y con base en el fallo aprobado en Sala 41 de 15 de mayo de este año, esta colegiatura precisó:

La citada norma prevé que las personas que dentro del año siguiente a la vigencia de la ley, se pongan al día en obligaciones por cuya causa hubieren sido reportadas a los bancos de datos, tendrán un alivio consistente en la caducidad inmediata de la información negativa histórica, sin importar el monto de la obligación e independientemente de si el pago se produce judicial o extrajudicialmente.

En ese orden de ideas, la ley debe aplicarse para el caso sub judice, pues aquella resulta propicia, aun cuando sea posterior, por cuanto se trata de un beneficio de orden legal a favor de la deudora morosa.

Ahora bien, Datacrédito aportó en su defensa la sentencia del honorable Consejo de Estado, la cual señala (...) “Por lo anterior cree esta Sección del Consejo de Estado que el término de los cinco años debe tenerse como término de caducidad del dato negativo, de cualquier índole, precisamente porque no existe otra base legal que permita graduación de término y el juez no tiene alcances de legislador”.

En otras palabras, si la ley prevé un término para la caducidad debe dársele preferencia a aquella situación que resultaba restrictiva o desfavorable a la persona, aplicación que debe ser retroactiva, pues el Estado debe actuar en todos los campos, con los mismos criterios respecto de todos, lo que equivale a hacer viable el principio de igualdad, máxima que es fundamental para la marcha armoniosa del Estado.

Así las cosas, nadie cuestiona que la información suministrada por la accionada, sea veraz, imparcial, completa y verídica sobre la mora que registra la accionante y que dicho reporte sea consecuencia de su comportamiento crediticio; pero frente al alivio establecido por ley en favor de los deudores morosos, Datacrédito está en la obligación de cumplir con ese deber previsto en la ley, en aras de respetar y garantizar el derecho fundamental del buen nombre de la actora.

En tal sentido, el alivio consiste en la caducidad inmediata de la información negativa histórica de la morosidad de la accionante, sin importar el monto de la obligación e independientemente de si el pago se produjo judicial o extrajudicialmente.

Se trata de un dato que sólo puede ser suministrado por la accionada, razón por la cual, es a ella a quien compete proceder en debida forma, sin hacer ningún tipo de disquisición, pues la ley establece de forma directa e inmediata una obligación.

De otra parte, la accionada quiere mantener una posición de renuencia para cumplir con lo previsto en la ley, sobre la base del artículo 19 del Decreto 181 del 31 de enero de 2002, que dispuso que el alivio “Implica que dicha información no tendrá ningún efecto por lo cual no podrá utilizarse para negar un crédito y que en todo caso, los bancos de datos podrán conservar en sus archivos la información sujeta al alivio de que trata el artículo 19 de la Ley 716 de 2001”.

A simple vista se observa, que en el ejercicio de la potestad reglamentaria, atribución que tiene el gobierno de expedir normas generales, impersonales y abstractas, a fin de que las leyes tengan su debido cumplimiento, fue desbordado para establecer una cortapisa evitando el desarrollo de la ley y su correcta aplicación; olvidando la rama ejecutiva que el ejercicio de esta facultad simplemente es para sujetarse a los lineamientos y el alcance de la ley que reglamenta, es decir, que debe circunscribirse a ella, sin sobrepasar, limitar, ni modificar los parámetros ya establecidos en la misma.

Este tipo de disquisiciones resultan propicias al juez de tutela en virtud de un test intermedio de los derechos fundamentales al buen nombre de la accionante, el cual se encuentra contrapuesto con el del habeas data suministrado por Datacrédito, situación que fue resuelta por la Ley 716 de 2001, la cual estableció como se ha dicho, las condiciones bajo las cuales debe aplicarse el tan aludido alivio en beneficio de las personas que se encuentran reportadas en las bases de datos.

Así las cosas, se observa que el poder de información suministrado por los bancos de datos, traspasa el umbral de la normatividad cuando al usuario se le niega la posibilidad de que su nombre sea borrado de un sistema, a pesar de tener a su favor una ley que así lo dispone; por ende, Datacrédito deberá garantizar el derecho fundamental del buen nombre de la accionante y hacer la respectiva corrección en la base de datos.

Finalmente, resulta pertinente aclarar que las entidades financieras se nutren de las entidades públicas o privadas que se encargan de la recolección, tratamiento y circulación de informaciones en bancos de datos, las cuales están en la obligación de garantizarle a las personas que los datos que sobre ellas se recojan o almacenen, deberán ser actualizados de conformidad con los parámetros previstos en la citada normativa; no hacerlo de esa manera, afecta y se conculca el buen nombre de las personas.

En conclusión, esta colegiatura procederá a confirmar el fallo proferido por la primera instancia, pues es evidente que Datacrédito con su injustificado proceder, conculcó el buen nombre de la accionada, razón por la cual deberá proceder tal y como lo indicó el Consejo Seccional de la Judicatura de Cundinamarca.

Por lo expuesto, la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

CONFIRMAR el fallo adiado el 19 de abril del año en curso, proferido por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Cundinamarca, mediante el cual fue concedida la tutela a la señora Gloria Esperanza Mesa Mesa para la protección de los derechos fundamentales al habeas data e igualdad, ordenándole a Datacrédito, que dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación actualice la información financiera de la accionante, en tal forma que sólo refleje la situación de la misma y le expida la correspondiente certificación, de conformidad con las razones expuestas en la presente providencia.

SÚRTANSE las notificaciones de rigor, contenidas en el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991.

Envíese a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

Notifíquese y cúmplase.

Magistrados: Temístocles Ortega Narváez, Presidente—Jorge Alonso Flechas Días, Vicepresidente—Guillermo Bueno Miranda—Eduardo Campos Soto, no asistió, con excusa—Fernando Coral Villota—Rubén Darío Heno Orozco, no asistió, con excusa.—Leonor Perdomo Perdomo, no asistió, con permiso.

Yira Lucía Olarte Ávila, Secretaria Judicial.

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