Sentencia 2002-200459 de julio 10 de 2013

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN A

Rad.: 2500023260002002200459 - 01 (27.238)

Consejero Ponente:

Dr. Mauricio Fajardo Gómez

Demandante: Jorge Antonio Zambrano y otro

Demandado: Dirección Ejecutiva de Administración Judicial

Asunto: Apelación sentencia de reparación directa

Bogotá, D.C., diez de julio de dos mil trece.

EXTRACTOS: «II. Consideraciones

Corresponde a la Sala decidir sobre el recurso de apelación interpuesto por la parte actora contra la sentencia del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Sala de Descongestión, proferida el día 11 de febrero de 2004.

1. Las pruebas aportadas al Expediente.

— Copia auténtica de la escritura pública 602, del 21 de septiembre de 1914, de la Notaría Primera del Círculo de Zipaquirá, mediante la cual se perfeccionó la venta del inmueble denominado “El Patico”, ubicado en la vereda Pasoancho del municipio de Zipaquirá, en la cual aparece como vendedora la señora Carmen Alarcón y como comprador el señor Estanislao Zambrano (fls. 1 a 5, cdno. 2).

— Copia auténtica de la escritura pública 2978, del 28 de octubre de 1992, de la Notaría Primera del Círculo de Zipaquirá, mediante la cual se protocolizó la partición de la sucesión del señor Estanislao Zambrano (fls. 6 a 11, cdno. 2); en la mencionada partición se adjudicó a cada uno de los señores Jorge Antonio Zambrano Marín y Ana Mery Pulido Zambrano:

“...el cincuenta (50%) por ciento de los derechos y acciones sobre el inmueble, lote de terreno con la construcción sobre él edificada, ubicada en Pasoancho, jurisdicción del municipio de Zipaquirá, de 20 mts. de ancho aproximadamente, por 90 mts. de largo aproximadamente y situado dentro de los siguientes linderos: Por un costado con tierras de Matías Alarcón, por otro con tierras de María de la Cruz Galeano, por otro con el camino que de Zipaquirá conduce a Sopó, y por último con terrenos que son o fueron de Carmen Alarcón. Dicho inmueble fue adquirido por el causante mediante escritura pública 602 del 21 de septiembre de 1914 de la Notaría Única de Zipaquirá, la cual fue debidamente inscrita en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos del Círculo de Zipaquirá, la que reposa actualmente al folio de matrícula inmobiliaria 176-0050234” (fls. 8 y 9, cdno. 2).

— Copia auténtica del folio de matrícula inmobiliaria 176-50234 (fl. 12, cdno. 2), correspondiente al predio objeto de la presente demanda, en el cual aparecen como propietarios los señores Jorge Antonio Zambrano Marín y Ana Mery Pulido Zambrano (anotación 3, de jul. 26/93); también aparece la inscripción de una demanda en proceso de pertenencia instaurado por la señora Ana Mercedes Tauta de Suárez contra los señores Zambrano Marín y Pulido Zambrano (anotación 4, de dic. 2/93).

— Copia auténtica de la providencia del 6 de agosto de 1998, proferida por el Juzgado Primero Civil del Circuito de Zipaquirá, en el marco del proceso reivindicatorio promovido por los señores Zambrano Marín y Pulido Zambrano contra la señora Tauta de Suárez, quien actuó a su vez como demandante en reconvención contra los anteriores (fls. 18 a 40, cdno. 2); en la mencionada sentencia, el juez de la causa señaló:

(...)

“B. Demanda principal (acción reivindicatoria).

(...)

“La prueba atrás reseñada, junto con la recaudada a instancia de la parte demandada —Ana Mercedes Tauta de Suárez— que más adelante se precisa, refleja el carácter de poseedora de dicha demandada sobre el predio en pretensión reivindicatoria. Asimismo débase puntualizar en primer lugar que gran parte del recaudo probatorio nos exterioriza una posesión material proveniente de la demandada y ejercida sobre el fundo pretendido en reivindicación, de tiempo notoriamente anterior al título de la parte actora, aspecto que debe ser tenido en cuenta para confrontar si el derecho que como poseedora tiene la demandada sobre el predio, debe prevalecer sobre el derecho que el título invocado por los demandantes les otorga.

(...)

“En este orden de ideas y siendo la posesión material de la demandada que ha venido ejerciendo sobre el fundo de antelación muy superior al título que presenta o exhibe la parte actora, es obvio que el derecho que le asiste a la demandada debe prevalecer sobre el derecho que el título invocado por la parte actora para su pretensión reivindicatoria, pretende otorgarse (sic).

“Son varios y de diverso orden los actos posesorios materiales que la demandada Ana Mercedes Tauta ha venido efectuando sobre el fundo, en pretensión reivindicatoria, los cuales datan de la época bastantemente anterior al título de los demandantes. Precisemos entonces de qué clase y en qué época, la demandada ejercita sobre el predio actos notoriamente exteriorizantes de posesión material...

(...)

“Es todo ese caudal probatorio el que nos lleva al convencimiento de que la demandada asumió para sí juntando corpus con el animus y respecto del predio, la calidad de poseedora del mismo, actos que se remontan al año de 1982, otorgándose por ende la posesión material del predio, con muchísima antelación al título de los demandantes, razonamientos que nos permiten predicar que el derecho de poseedora de la demandada sobre el fundo, debe tener prevalencia sobre el título de los actores, tal y como se planteó anteriormente en apoyo de lo que ha venido sosteniendo la Corte Suprema de Justicia, concluyéndose que en este caso especial, la pretensión reivindicatoria debe ceder frente al derecho que le asiste a la demandada sobre el predio y por ende haciéndose nugatorio el derecho invocado por la parte actora.

“C. La demanda de reconvención (prescripción adquisitiva de dominio de linaje extraordinario).

“Si bien es cierto que alguno de los presupuestos axiológicos de tal acción concurre comprobado, tal y como que la cosa sea susceptible de ser adquirida por el modo invocado (cosas que se encuentran en el comercio, que no se trate de bienes de uso público, baldíos, etc.), no es menos cierto que el requisito relacionado con el tiempo de ejercicio de esa posesión, no fluye debidamente comprobado en el caso presente y veamos por qué:

“Atrás se tuvo la oportunidad de precisar detenidamente cuáles han sido los actos posesorios ejercidos por la demandada Ana Mercedes Tauta sobre el bien cuyo dominio pretende sea reconocido a través de la demanda de reconvención y desde qué época han sido efectuados en dicha calidad. Pero pese a lo anterior y teniendo en cuenta que la época en que probatoriamente se soporta el carácter de poseedora de la demandada sobre el predio, data escasamente de los alrededores del año 1982, al tiempo que exige la ley para adquirir el dominio, no lo completa aún dicha demandada, máxime si lo invocado a su favor es la prescripción adquisitiva de carácter extraordinaria (sic), lo que implicaba para la demandada haber demostrado actos posesorios sobre el bien en un periodo de antelación de veinte años y respecto a la fecha de su demanda de reconvención que lo fue en el año de 1993.

(...)

“En este orden de ideas, resulta claro para este despacho que la demandada, vino a ostentar la calidad de poseedora respecto al bien que persigue en pertenencia en un lapso que no supera el tiempo exigido por la ley para ganar el dominio por la prescripción adquisitiva de carácter extraordinaria (sic), lo que implica entonces que sus pretensiones deban ser despachadas en forma desfavorable.

“De otra parte, la posesión ejercida por la demandada sobre el fundo le ha venido siendo disputada por uno de los acá demandantes —Jorge Antonio Zambrano Marín— a través de la instauración de querella policiva, disputa que no logró tener el éxito pretendido por la negativa de las pretensiones que provinieron de la Inspección Cuarta de Policía de esta localidad, en fallo del 17 de mayo de 1995, tal y como lo demuestra la prueba documental arrimada al proceso.

(...)

“Sirvan las anteriores consideraciones para que el Juzgado Primero Civil del Circuito de Zipaquirá (Cundinamarca), administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

“RESUELVA:

“1. Negar las pretensiones incoadas en la demanda principal en orden a los razonamientos que recoge la parte motiva de esta providencia.

“2. Negar las pretensiones impetradas en la demanda de reconvención, en virtud de los considerandos que plasma la motivación de este fallo.

“3. Declarar fundada la tacha de falsedad que se propuso contra los documentos que obran a los folios 2 (dos), trece (13) del cuaderno número uno (1), por razón de los planteamientos que consigna la parte motiva de esta providencia. Como consecuencia de ello, ordenar que por la secretaría de este despacho se compulsen copias de toda la actuación surtida dentro del presente expediente, con destino a la fiscalía seccional de la localidad para la investigación respectiva y en aplicación de lo que consagra el artículo 289 del Código de Procedimiento Civil.

“4. Condenar en costas a la parte demandante en la demanda principal en un sesenta por ciento (60%) y a la parte demandante en la demanda de reconvención en un cuarenta por ciento (40%). La secretaría las tasará”.

— Copia auténtica de la sentencia del 27 de enero de 1999, proferida por la Sala Civil - Familia - Agraria del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca (fls. 41 a 57, cdno. 2), mediante la cual se desató el recurso de apelación interpuesto contra el anterior proveído por los señores Zambrano Marín y Pulido Zambrano; en la providencia se concluyó:

(...)

“5. Conclusiones.

“1. El título de dominio presentado por los actores Jorge Antonio Zambrano Marín y Ana Mery Pulido Zambrano, data del 18 de septiembre de 1992, fecha en la cual se dictó la sentencia aprobatoria de la partición dictada en el proceso sucesorio de Estanislao Zambrano, es posterior a los actos posesorios que ha venido ejerciendo la demandada Ana Mercedes Tauta de Suárez, por consiguiente su pretensión reivindicatoria está llamada al fracaso.

“2. La demandada y reconviniente Ana Mercedes Tauta de Suárez, si bien demostró que se encuentra en posesión del predio El Patico, dicha posesión solo se remonta a 1982, término inferior a veinte años que requiere la prescripción extraordinaria de dominio por ella invocada, por tanto, su pretensión también debe ser desestimada.

“3. En cuanto a la tacha de falsedad, la Sala encuentra improcedente porque los recibos sobre los cuales recae no tienen ninguna trascendencia en el resultado del proceso, por haber sido aportados por quien los creó en su favor; por consiguiente revocará este punto en su integridad.

“4. El a quo condenó a la parte demandante a pagar el 60% de las costas procesales y a la demandada el 40%, pronunciamiento que se mantendrá.

(...)

“Constancia secretarial.

“En Santa fe de Bogotá, D.C., a los cuatro (4) días del mes de febrero de mil novecientos noventa y nueve (1999), se fija edicto en un lugar visible de la secretaría de la Sala por el término legal de conformidad con el artículo 323 del Código de Procedimiento Civil, a las 8 de la mañana (8 a.m.)”.

— Copia auténtica de la demanda de reivindicación, del 27 de septiembre de 1999, promovida por los señores Jorge Antonio Zambrano Marín y Ana Mery Pulido Zambrano contra la señora Ana Mercedes Tauta de Suárez, mediante la cual se solicitó la reivindicación del bien inmueble denominado El Patico (fls. 58 a 63, cdno. 2).

— Copia auténtica de la providencia del 12 de junio de 2000, proferida por el Juzgado Primero Civil del Circuito de Zipaquirá, en el marco del proceso reivindicatorio instaurado el 27 de septiembre de 2000 por los señores Zambrano Marín y Pulido Zambrano contra la señora Tauta de Suárez (fls. 65 a 69, cdno. 2); en la mencionada providencia el fallador resolvió:

(...)

“Del anterior examen se infiere, sin lugar a dudas, que lo pretendido en uno y otro proceso es la restitución o reivindicación del inmueble El Patico, ubicado en la calle 1 Nº 2-120 a que ya se hizo referencia y que los demandantes y la demandada son los mismos y que si bien es cierto difiere la forma como fueron relatados los hechos en que se sustentan las pretensiones, no es menos cierto que la causa es la misma, es decir la adquisición del derecho de dominio por los demandantes por el modo de la sucesión por causa de muerte, la cual se remonta en ambos eventos a la adjudicación hecha a los aquí demandantes en la sucesión de los causantes Luis Jorge Zambrano y Resurrección Zambrano de Pulido.

(...)

“Por lo anteriormente expuesto, el Juzgado Primero Civil del Circuito de Zipaquirá,

“Resuelve:

“1. Declarar probada la excepción de ‘cosa juzgada’, por los motivos expuestos anteriormente.

“2. Como consecuencia de lo anterior, se decreta la terminación del proceso de conformidad con lo previsto por el artículo 97 numeral 7º del Código de Procedimiento Civil”.

“3. Costas a cargo de la parte demandante. Tásense. Liquídense por secretaría”.

La anterior providencia se notificó por anotación en el estado de la secretaría del Juzgado Primero Civil del Circuito de Zipaquirá, el 14 de junio de 2000 (fl. 69, cdno. 2).

— Copia auténtica de la providencia del 20 de septiembre de 2000, que profirió la Sala Civil - Familia - Agraria del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca (fls. 70 a 76, cdno. 2), mediante la cual se desató negativamente el recurso de apelación interpuesto contra el anterior proveído por los señores Zambrano Marín y Pulido Zambrano; en la providencia se concluyó:

(...)

“En el presente caso no cabe la menor duda que se tipifican los elementos de la cosa juzgada. En efecto, en los dos procesos, esto es el ya fallado y el actual, hay identidad de partes; en ambos, el objeto es el mismo, se depreca la restitución del inmueble materia del proceso ya fallado. Y finalmente, la causa petendi aducida en la primera demanda es la misma que hoy se invoca, ser los demandantes titulares del inmueble reivindicado y la demandada poseedora del bien.

(...)

“El hecho de que los fundamentos del fallo de seis de agosto de mil novecientos noventa y ocho no satisfagan a la actora, no lo autoriza para deprecar un nuevo proceso [por] las mismas pretensiones cuando ya en el primer proceso se resolvió el fondo de la cuestión debatida.

(...)

“No sobra advertir que el recurso de apelación lo dirige la parte actora a cuestionar las tesis sostenidas en la sentencia de seis de agosto de 1998, lo que corrobora aún más, si cabe, que lo que en últimas se pretende a través de este proceso es la revisión de lo decidido en dicho fallo.

(...)

“Lo que la sentencia señaló, y lo corrobora hoy esta Sala, es que frente al título aducido por la actora, la demandada estaba amparada por la presunción de dominio consagrada en el artículo 762 del Código Civil. Y si estaba amparada por tal presunción, funge como tal hasta que se demuestre lo contrario. Por lo demás, tanto el derecho de propiedad como el hecho de la posesión están amparadas por el derecho sustancial”.

El término de ejecutoria de la anterior providencia venció el 28 de septiembre de 2000 (fl. 76, cdno. 2).

— Copia auténtica de la demanda formulada en ejercicio de la acción de tutela, promovida por los señores Zambrano Marín y Pulido Zambrano, contra los autos del 12 de junio y del 20 de septiembre de 2000 que emitieron el Juzgado Primero Civil del Circuito de Zipaquirá y la Sala Civil - Familia - Agraria del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca, respectivamente, por haber incurrido en vía de hecho (fls. 77 a 86, cdno. 2).

— Copia auténtica de la providencia del 2 de noviembre de 2000, que profirió la Sala Civil - Familia - Agraria del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca (fls. 87 a 96, cdno. 2), mediante la cual se decidió la acción de tutela promovida por los señores Zambrano Marín y Pulido Zambrano; en la providencia se concluyó

(...)

“Como en el caso sub examine es ostensible que en últimas la acción de tutela está dirigida contra una providencia dictada por la Sala Civil - Familia - Agraria de este tribunal, se impondrá la denegación del amparo invocado, al no evidenciarse vía de hecho de ninguna índole en la decisión atacada.

“3.4. En conclusión, tratándose de cuestión de interpretación jurídica que desde ningún punto de vista puede tomarse como subjetiva o caprichosa, sino por el contrario ajustada al ordenamiento legal, no se configura vía de hecho y por consiguiente no se avizora afectación del derecho fundamental al debido proceso, procede la negación de la tutela solicitada” (fl. 95, cdno. 2).

— Copia auténtica de la sentencia del 14 de diciembre de 2000, que profirió la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia (fls. 97 a 109, cdno. 2), mediante la cual se desató negativamente el recurso de apelación que interpusieron los señores Zambrano Marín y Pulido Zambrano contra el anterior proveído; en la mencionada providencia se consideró:

(...)

“4. Como lo pone de manifiesto el contenido de las providencias de las cuales derivan los peticionarios al menoscabo de su derecho al debido proceso, los accionados apoyaron la decisión cuestionada, de una parte, en la normatividad que gobierna el instituto de la cosa juzgada y de otra, en las argumentaciones y pruebas aducidas por las partes, en las cuales hallaron la trilogía de identidades procesales que la perfilan (partes-objeto-causa) que la sustentan, derivando, a partir de ella, las consecuencias jurídicas correspondientes, con sujeción a las previsiones normativas que rigen la materia.

“Así las cosas, si tales decisiones están edificadas en los pilares enunciados, no pueden ser tildadas de caprichosas, fruto del voluntarismo de sus autores o alejadas del ordenamiento jurídico y consecuentemente, como no están revestidas del carácter arbitrario propio de la vía de hecho judicial, resultan inexpugnables por vía de tutela, pues para tal propósito no basta el descontento que puedan generar en la parte a la cual resultan adversas, habida cuenta que dicho mecanismo no fue instituido como una instancia adicional que franquee el replanteamiento irrestricto de los asuntos propuestos a los jueces ordinarios, en forma que, lo negado por estos pueda reclamarse, como última opción, ante el juez constitucional, pues si así fuera se minaría el principio de independencia que, por mandato constitucional caracteriza la función judicial. Por lo demás, el punto per se no es lo suficientemente claro como para concluir la incursión en vía de hecho”.

2. Lo hechos probados y el objeto del litigio.

En el expediente se encuentra debidamente acreditado que los señores Zambrano Marín y Pulido Zambrano al ser adjudicatarios del predio denominado El Patico, ubicado en la vereda Pasoancho, del municipio de Zipaquirá, instauraron proceso reivindicatorio contra la señora Ana Mercedes Tauta de Suárez quien, a su vez, interpuso demanda de reconvención contra los demandantes principales al considerar que era poseedora del predio en cuestión y solicitó la declaración de pertenencia a su favor; el trámite de la demanda le correspondió por reparto al Juzgado Primero Civil del Circuito de Zipaquirá, el cual, en providencia del 6 de agosto de 1998, denegó tanto las pretensiones reivindicatorias como las de la demanda de reconvención.

Inconformes con el anterior proveído, los señores Zambrano Marín y Pulido Zambrano interpusieron recurso de apelación, el cual fue resuelto por la Sala Civil - Familia - Agraria del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca, en sentencia del 27 de enero de 1999, mediante providencia por cuya virtud se confirmó la sentencia de primera instancia en lo atinente a la denegatoria de las pretensiones de la demanda de reivindicación del bien inmueble denominado “El Patico” y las de la demanda de reconvención.

El 27 de septiembre de 1999, los señores Zambrano Marín y Pulido Zambrano interpusieron una nueva demanda de reivindicación respecto del inmueble “El Patico” contra la señora Ana Mercedes Tauta de Suárez, nuevo proceso cuyo trámite le correspondió al mismo Juzgado Primero Civil del Circuito de Zipaquirá; en auto del 12 de junio de 2000, el referido Juzgado declaró probada la excepción de cosa juzgada propuesta por la demandada; apelado el anterior proveído, la Sala Civil - Familia - Agraria del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca, en providencia del 20 de septiembre de 2000, confirmó el auto recurrido por encontrarlo ajustado a derecho.

Ante esta situación, los hoy demandantes incoaron acción de tutela contra los autos del 12 de junio y del 20 de septiembre de 2000, mediante los cuales se decidió y se confirmó, respectivamente, la declaración de cosa juzgada y la decisión de dar por terminado ese nuevo proceso; la acción de tutela fue resuelta en contra de la parte actora en primera instancia por la Sala Civil - Familia - Agraria del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca, en sentencia del 2 de noviembre de 2000 y en segunda instancia por la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, en providencia del 14 de diciembre de 2000.

En criterio de la parte actora, la actuación judicial en su integridad constituyó un error judicial en la medida en que existieron varias incongruencias en las providencias que decidieron denegar sus pretensiones en el primer proceso reivindicatorio que instauró, pero añadió que tanto los autos del 12 de junio y del 20 de septiembre de 2000, mediante los cuales se declaró probada la excepción de cosa juzgada y se decretó la terminación del segundo proceso reivindicatorio, al igual que en las providencias que negaron el amparo constitucional impetrado, las autoridades judiciales incurrieron en errores judiciales, principalmente por cuanto no se había configurado el fenómeno jurídico de la cosa juzgada al no haber sido resuelto de fondo el primer proceso reivindicatorio.

De lo anterior se evidencia, entonces, que existen dos procesos distintos en el marco de los cuales se profirieron las providencias que constituyen el objeto de las pretensiones de la parte actora: por un lado, se encuentran aquellas mediante las cuales se resolvió en primera y en segunda instancias el primer proceso reivindicatorio promovido por los hoy demandantes contra la señora Ana Mercedes Tauta de Suárez; por el otro, se encuentran las providencias mediante las cuales se declaró la excepción de cosa juzgada, igualmente en primera y segunda instancias, en el segundo proceso reivindicatorio promovido por los señores Zambrano Marín y Pulido Zambrano contra la señora Tauta de Suárez, así como las sentencias de tutela que se profirieron en el proceso promovido por los demandantes contra estos proveídos por haber incurrido los jueces en una supuesta vía de hecho.

3. La caducidad de la acción de reparación directa respecto del alegado error judicial en el que habría incurrido la administración de justicia en el primer proceso reivindicatorio promovido por los señores Zambrano Marín y Pulido Zambrano contra la señora Ana Mercedes Tauta de Suárez.

A manera de cuestión previa, teniendo en cuenta que el primer proceso reivindicatorio instaurado por los hoy demandantes terminó con la sentencia que profirió la Sala Civil - Familia - Agraria del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca el 27 de enero de 1999, la cual se notificó por edicto el 4 de febrero de 1999 y se ejecutorió el 12 de los mismos mes y año, y que la demanda que se decide ahora en segunda instancia se presentó el 7 de marzo de 2002, la Sala debe señalar que frente a la eventual e hipotética responsabilidad patrimonial del Estado por lo ocurrido en ese primer proceso reivindicatorio se configuró el fenómeno de caducidad de la acción de reparación directa, razón por la cual en la presente providencia el análisis de los hechos de la demanda se hará única y exclusivamente frente a las providencias proferidas en el marco del segundo proceso reivindicatorio promovido por los hoy demandantes y frente a las sentencias que decidieron la acción de tutela instaurada contra aquellos por haber, en criterio de la parte actora, incurrido los jueces en vías de hecho.

Por lo tanto, la Sala analizará de manera exclusiva los argumentos esgrimidos por los demandantes acerca del supuesto yerro que, en su criterio, se podría predicar de las providencias mediante las cuales se decretó la configuración de la cosa juzgada respecto de la pretensión reivindicatoria cuyo objeto lo constituía el predio denominado “El Patico”, en el entendido de que, según la opinión de la parte actora, en las decisiones proferidas en el marco del primer proceso reivindicatorio no se resolvió de fondo acerca de sus pretensiones, sin entrar, se reitera, a analizar el pretendido error judicial que cometió la administración de justicia en el primer proceso reivindicatorio, por cuanto en ese caso se configuró el fenómeno de caducidad de la acción de reparación directa.

4. La aludida responsabilidad de la administración de justicia en el marco del segundo proceso reivindicatorio.

En un principio la jurisprudencia y luego la ley se encargaron de dotar de sustantividad al régimen de responsabilidad patrimonial del Estado en aquellos casos en que se cuestionaba la ocurrencia de un daño causado por la acción del aparato judicial, ya fuere en el marco del tráfico procesal mismo o como consecuencia de un error judicial o jurisdiccional o en los casos de privación injusta de la libertad realizadas como consecuencia de una providencia judicial.

Así pues se precisó que la responsabilidad patrimonial del Estado se vería, entonces, comprometida cuando quiera que por la falta de vigilancia en los despachos judiciales o por la negligencia de los funcionarios de la Rama Judicial se perdieran documentos vitales para las resultas del proceso, como títulos ejecutivos o pruebas, todo ello en el marco de la falla del servicio, sin embargo, se consideraba que existía una carga pública que debían soportar los ciudadanos por razón del ejercicio de la función de administrar justicia, cuyo fundamento lo constituía principalmente el efecto de la cosa juzgada y el principio de la estabilidad de las decisiones judiciales, soportado a su vez en el de la seguridad jurídica.

La situación descrita en torno a la responsabilidad del Estado por las acciones u omisiones de las autoridades judiciales antes de 1991, se modificó sustancialmente con la expedición de la Constitución Política de dicho año, en cuyo artículo 90 se estableció como regla de principio la responsabilidad patrimonial del Estado por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la omisión de todas las autoridades públicas, incluidas entre estas, como no podría ser de otro modo, las autoridades judiciales.

En 1996, con la Ley 270, Estatutaria de la Administración, el asunto se consolidó en torno a las hipótesis en las cuales se puede enmarcar la responsabilidad patrimonial del Estado por las actuaciones del aparato judicial, las cuales quedaron, junto con la noción de falla del servicio judicial, definidas en los artículos 65 a 69 de la norma en comento, a cuyo tenor:

“ART. 65.—De la responsabilidad del estado. El Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la omisión de sus agentes judiciales.

“En los términos del inciso anterior el Estado responderá por el defectuoso funcionamiento de la administración de justicia, por el error jurisdiccional y por la privación injusta de la libertad.

“ART. 66.—Error jurisdiccional. Es aquel cometido por una autoridad investida de facultad jurisdiccional, en su carácter de tal, en el curso de un proceso, materializado a través de una providencia contraria a la ley.

“ART. 67.—Presupuestos del error jurisdiccional. El error jurisdiccional se sujetará a los siguientes presupuestos:

“1. El afectado deberá haber interpuesto los recursos de ley en los eventos previstos en el artículo 70, excepto en los casos de privación de la libertad del imputado cuando esta se produzca en virtud de una providencia judicial.

“2. La providencia contentiva de error deberá estar en firme.

“ART. 68.—Privación injusta de la libertad. Quien haya sido privado injustamente de la libertad podrá demandar al Estado reparación de perjuicios.

“ART. 69.—Defectuoso funcionamiento de la administración de justicia. Fuera de los casos previstos en los artículos 66 y 68 de esta ley, quien haya sufrido un daño antijurídico, a consecuencia de la función jurisdiccional tendrá derecho a obtener la consiguiente reparación”.

A la luz de las normas legales transcritas queda claro que el legislador estableció tres hipótesis en alguna de las cuales se deben enmarcar los hechos objeto de la demanda con el fin de que se declare una eventual responsabilidad del Estado por la actividad del aparato judicial: i) el error jurisdiccional; ii) la privación injusta de la libertad; y, iii) el defectuoso funcionamiento de la administración de justicia.

La corporación, en reciente sentencia, analizó los elementos constitutivos del error jurisdiccional o judicial y al respecto identificó algunos límites estrictos en los que se debe enmarcar el juez de lo contencioso administrativo para su determinación:

“13. Los presupuestos que deben reunirse en cada caso concreto para que pueda predicarse la existencia de un error jurisdiccional, se encuentran establecidos en el artículo 67 de la Ley 270 de 1996:

(...)

“14. En relación con el primer presupuesto, la Sección Tercera del Consejo de Estado ha precisado, de una parte, que el error judicial solo se configura si el interesado ha ejercido los “recursos de ley” pues si no agota los medios de defensa judicial que tiene a su alcance el perjuicio sería ocasionado por su negligencia y no por el error judicial; “en estos eventos se presenta una culpa exclusiva de la víctima que excluye la responsabilidad del Estado”(1). Y de otra parte, que los “recursos de ley” deben entenderse como “los medios ordinarios de impugnación de las providencias, es decir, aquellos que no solo permiten el examen limitado de la decisión con el objeto de corregir los errores de toda clase, tanto de hecho como jurídicos, sino que pueden interponerse sin sujeción a las rígidas causales que operan para los extraordinarios, los que adicionalmente requieren para su trámite la presentación de una demanda”(2).

“15. En segundo término, la norma exige que el error se encuentre contenido en una providencia judicial que esté en firme, esto es, que haya puesto fin de manera normal o anormal al proceso, lo cual tiene pleno sentido ya que si la misma todavía puede ser impugnada a través de los recursos ordinarios, no se configura el error judicial.

“16. Finalmente, es necesario que la providencia sea contraria a derecho, lo cual no supone que la víctima de un daño causado por un error jurisdiccional tenga que demostrar que la misma es constitutiva de una vía de hecho por ser abiertamente grosera, ilegal o arbitraria, o que el agente jurisdiccional actuó con culpa o dolo,(3) ya que el régimen que fundamenta la responsabilidad extracontractual del Estado es distinto al que fundamenta el de la responsabilidad personal del funcionario judicial(4). Basta, en estos casos, que la providencia judicial sea contraria a la ley, bien porque surja de una inadecuada valoración de las pruebas (error de hecho), de la falta de aplicación de la norma que corresponde al caso concreto o de la indebida aplicación de la misma (error de derecho)(5).

“17. Con todo, determinar la existencia de un error judicial comporta en muchos casos un juicio difícil, pues si bien el parámetro para definir el error es la norma jurídica aplicable al caso, no siempre esta arroja resultados hermenéuticos unificados, con lo cual distintos operadores jurídicos pueden aplicar la misma norma a partir de entendimientos diferentes, con resultados igualmente dispares. Y ello podría trivializar la idea de que existan errores judiciales, para decir que lo constatable son simplemente interpretaciones normativas o de hechos, de modo diferentes, merced a distintos y válidos entendimientos de lo jurídico.

“18. Este asunto de la banalización del error judicial adquiere un carácter superlativo si se tienen en cuenta no solo los distintos métodos de interpretación jurídica existentes —que llevan a juicios concretos distintos—, sino también la variedad de concepciones del derecho que circulan en el mundo académico y que tienen gran incidencia en cuestiones prácticas como las judiciales. Si según alguna versión del realismo jurídico el derecho es lo que diga el juez y para el iuspositivismo existen varias respuestas correctas en derecho, entonces la pregunta por el error judicial puede quedar en entredicho, pues en el primer caso no sería posible juzgar a quien estipula el derecho y en el segundo el intérprete siempre quedaría justificado porque básicamente escogió una de las posibilidades hermenéuticas de las varias que ofrece la norma.

(...)

“El hecho de que uno o varios magistrados puedan discrepar razonablemente de la decisión adoptada mayoritariamente por la sala o corporación judicial a la cual pertenecen, no es razón suficiente para afirmar que aquella es contraria a derecho. Tal entendimiento es abiertamente incompatible con el principio de autonomía judicial y desconoce el sentido que tiene la expresión de opiniones disidentes en el ejercicio de la magistratura, el cual no es el de deslegitimar o descalificar la decisión adoptada por la mayoría, sino el de formular una crítica útil a la sentencia o la de expresar un punto de vista jurídico distinto, que se considera más apropiado.

“24. Por ello, para que se configure el error jurisdiccional, el demandante debe demostrar que en el caso concreto el juez no cumplió con la carga argumentativa de justificar que su respuesta era la única correcta. Esto implica demostrar que la posición recogida en la sentencia acusada de verdad carece de una justificación jurídicamente atendible, bien porque no ofrece una interpretación razonada de las normas jurídicas, o porque adolece de una apreciación probatoria debidamente sustentada por el juez de conocimiento” (negritas fuera del texto)(6).

Descendiendo al caso concreto, la Sala encuentra que en el presente asunto se cuestiona la responsabilidad extracontractual del Estado por la declaratoria de la excepción de cosa juzgada respecto de la pretensión reivindicatoria de los señores Zambrano Marín y Pulido Zambrano y la consecuente terminación del proceso, contenida en el auto del 12 de junio de 2000, proferido por el Juzgado Primero Civil del Circuito de Zipaquirá y confirmada mediante providencia del 20 de septiembre de 2000, proferida por la Sala Civil - Familia - Agraria del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca; así como por la negativa de acceder al amparo incoado por los hoy demandantes por la supuesta comisión de vías de hecho en la expedición de los anteriores proveídos.

En este sentido y atendiendo los parámetros jurisprudenciales reseñados, según los cuales al juez de la acción de reparación directa no le es dable abrir un proceso judicial que por virtud de la ley se entiende fenecido o revivir el objeto de la litis que dio lugar a la providencia respecto de la cual se alega la existencia del error judicial, para la Sala no existe duda alguna que tanto el Juzgado Primero Civil del Circuito de Zipaquirá como la Sala Civil - Familia - Agraria del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca, actuaron de manera ajustada a derecho al declarar la cosa juzgada respecto de las pretensiones reivindicatorias de los señores Zambrano Marín y Pulido Zambrano, por cuanto: i) las diferentes autoridades judiciales que intervinieron en el marco del segundo proceso reivindicatorio y en el proceso promovido con ocasión de la acción de tutela impetrada por los hoy demandantes cumplieron con una carga argumentativa plena para fundamentar la decisión de declarar la cosa juzgada que se adoptó; de igual manera, ii) las autoridades judiciales apoyaron su decisión en el ordenamiento jurídico vigente, principalmente en lo dispuesto en los artículos 332(7) y 333(8) del Código de Procedimiento Civil., disposiciones normativas directamente aplicables al caso sometido a su conocimiento; y, finalmente, iii) las providencias judiciales se basaron en las pruebas oportunamente aportadas al expediente.

Pues bien, sin que por ello se pretenda resolver nuevamente el proceso que dio origen a las providencias cuestionadas, la Sala encuentra pertinente resaltar que no existió error jurisdiccional alguno atribuible al Juzgado Primero Civil del Circuito de Zipaquirá o a la Sala Civil - Familia - Agraria del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca, por haber declarado la cosa juzgada respecto de la pretensión reivindicatoria promovida, en memorial del 27 de septiembre de 1999, por los señores Zambrano Marín y Pulido Zambrano contra la señora Ana Mercedes Tauta de Suárez, por cuanto esa misma pretensión, por ese mismo objeto y entre las mismas partes ya había sido resuelta de manera definitiva mediante la sentencia del 27 de enero de 1999, proferida por la Sala Civil - Familia - Agraria del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca, providencia que hizo tránsito a cosa juzgada en los términos del artículo 332 del Código de Procedimiento Civil. Por otro lado, en el presente caso no se evidencia la ocurrencia de alguna de las excepciones a la cosa juzgada contempladas en el artículo 333 del Código de Procedimiento Civil; por las mismas razones, las autoridades jurisdiccionales que decidieron en las diferentes instancias la acción de tutela promovida por los reivindicantes, también encuentra pleno asidero en el ordenamiento jurídico.

La Sala encuentra pertinente reiterar que los argumentos esgrimidos por la parte actora en torno a un supuesto error jurisdiccional se centraron en las providencias de 6 de agosto 1998, proferida por el Juzgado Primero Civil del Circuito de Zipaquirá, y del 27 de enero de 1999, emitida por la Sala Civil - Familia - Agraria del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca, esto es las proferidas en el primer proceso reivindicatorio, principalmente para endilgarle una supuesta incongruencia que dejaría en el limbo la situación jurídica de los hoy demandantes frente al predio denominado “El Patico”, lo cierto es, sin embargo, que frente al posible error jurisdiccional en que habrían podido incurrir los jueces al proferir dichas providencias operó el fenómeno de caducidad y ello impide ahora, a la jurisdicción de lo contencioso administrativo, ocuparse del examen de fondo propuesto a través de tales argumentaciones.

Finalmente para la Sala, a diferencia de lo afirmado por la parte actora, la existencia de un proceso de declaración de pertenencia promovido por la señora Ana Mercedes Tauta de Suárez contra los demandantes en el proceso que ahora se decide en segunda instancia, no tiene la virtud de configurar la alegada responsabilidad patrimonial del Estado por el presunto error jurisdiccional, puesto que este se predica de un defecto de las decisiones objeto de cuestionamiento y no de actos o actuaciones que posteriormente a su ejecutoria pudieren iniciar los ciudadanos.

Así las cosas, en el sub lite la parte actora no cumplió con su deber de demostrar que la posición recogida en las providencias acusadas carecería de una justificación jurídicamente atendible, bien porque las referidas decisiones no ofrecieron una interpretación razonada de las normas jurídicas o porque adolecieron de una apreciación probatoria debidamente sustentada por el juez de conocimiento, razón por la cual la Sala confirmará la sentencia recurrida.

5. Condena en costas.

Habida cuenta que para el momento en que se dicta este fallo, el artículo 55 de la Ley 446 de 1998 indica que solo hay lugar a la imposición de costas cuando alguna de las partes hubiere actuado temerariamente y, en el sub lite, ninguna actuó de esa forma, en el presente asunto no habrá lugar a imponerlas.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. Confírmase la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Sala de Descongestión, el día 11 de febrero de 2004.

2. Ejecutoriada esta providencia devuélvase el expediente al tribunal de origen.

Cópiese, notifíquese y cúmplase».

(1) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 14 de agosto de 2008, Expediente 16594. En el mismo sentido, véase sentencia de 22 de noviembre de 2001, Expediente 13164, C.P. Ricardo Hoyos Duque.

(2) Ibíd.

(3) Cita textual del fallo: “No obstante, es posible que la decisión de la cual se predica el error constituya una vía de hecho en los términos en que ha sido definida por la Corte Constitucional, pero ello no siempre ocurre. En este sentido pueden consultarse los siguientes pronunciamientos de la Sala: sentencia del 28 de enero de 1999, Expediente 14399, C.P. Daniel Suárez Hernández; sentencia del 2 de mayo de 2007, Expediente 15576, C.P. Mauricio Fajardo Gómez; sentencia del 5 de diciembre de 2007, Expediente 15128, C.P. Ramiro Saavedra Becerra”.

(4) Cita textual del fallo: “Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 28 de enero de 1999, Expediente 14399, C.P. Daniel Suárez Hernández. En el mismo sentido, véase la sentencia de 5 de diciembre de 2007, Expediente 15128, C.P. Ramiro Saavedra Becerra”.

(5) Cita textual del fallo: “De cualquier forma será forzoso analizar con cuidado los argumentos esgrimidos por la parte actora, con el fin de detectar si lo que se cuestiona es, realmente, una actuación contraria a la ley o carente de justificación, o si el propósito del demandante es que se revise la decisión, como si el proceso en sede contencioso administrativa pudiera constituirse en una nueva instancia, desconociendo que ‘el juicio al que conduce el ejercicio de la acción de reparación directa tiene como presupuesto la intangibilidad de la cosa juzgada que reviste a las providencias judiciales a las cuales se endilga la causación de un daño antijurídico (...)’. Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 14 de agosto de 2008, Expediente 16.594, C.P. Mauricio Fajardo”.

(6) Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 24 de julio de 2012, Expediente 22581, C.P. Danilo Rojas Betancourth.

(7) A cuyo tenor:

“ART. 332.—Cosa juzgada. La sentencia ejecutoriada proferida en proceso contencioso tiene fuerza de cosa juzgada, siempre que el nuevo proceso verse sobre el mismo objeto, y se funde en la misma causa que el anterior, y que entre ambos procesos haya identidad jurídica de partes.

“Se entiende que hay identidad jurídica de partes, cuando las del segundo proceso son sucesores mortis causa de las que figuraron en el primero o causahabientes suyos por acto entre vivos celebrado con posterioridad al registro de la demanda, si se trata de derechos sujetos a registro y al secuestro en los demás casos.

“La sentencia dictada en procesos seguidos por acción popular produce cosa juzgada erga omnes.

“Los efectos de la cosa juzgada en procesos en que se ventilen cuestiones relativas al estado civil de las personas, se regularán por lo dispuesto en el Código Civil y leyes complementarias.

“En los procesos en que se emplace a personas indeterminadas para que comparezcan como parte, la cosa juzgada surtirá efectos en relación con todas las comprendidas en el emplazamiento.

“La cosa juzgada no se opone al recurso extraordinario de revisión” (negritas por fuera del texto).

(8) Por cuya virtud:

“ART. 333.—Sentencias que no constituyen cosa juzgada. No constituyen cosa juzgada las siguientes sentencias:

“1. Las que se dicten en procesos de jurisdicción voluntaria.

“2. Las que decidan situaciones susceptibles de modificación mediante proceso posterior, por autorización expresa de la ley.

“3. Las que declaren probada una excepción de carácter temporal, que no impida iniciar otro proceso al desaparecer la causa que dio lugar a su reconocimiento.

“4. Las que contengan decisión inhibitoria sobre el mérito del litigio”.

El numeral 4º de esta disposición normativa fue declarado ajustado a la Constitución Política por la Corte Constitucional, en Sentencia C-522 de 2009, M.P. Nilson Pinilla Pinilla.