Sentencia 2002-20480 de mayo 9 de 2014

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA-SUBSECCIÓN B

Consejero Ponente:

Dr. Danilo Rojas Betancourth

Expediente: 27424

Radicación: 25000 2326 000 2002 20480

Demandante: Myriam Consuelo Romero Romero

Demandado: Nación-Consejo Superior de la Judicatura-Dirección Ejecutiva de Administración Judicial

Naturaleza: Acción de reparación directa

Bogotá, D.C., 9 de mayo de 2014

Consideraciones

I. La competencia

7. El Consejo de Estado es competente para decidir el asunto por tratarse del recurso de apelación interpuesto en vigencia de la Ley 270 de 1996 contra la sentencia proferida en primera instancia por la Sección Tercera –Subsección B– del Tribunal Administrativo de Cundinamarca dentro de un proceso de reparación directa derivado de hechos de la administración de justicia(1).

II. Hecho probados

8. Con base en los medios de prueba antes señalados, se tienen como ciertas las siguientes circunstancias fácticas relevantes:

8.1. Myriam Consuelo Romero Romero prestó sus servicios profesionales como odontóloga especialista en odontopediatría para la Caja de Compensación Familiar-CAFAM, con una asignación salarial de $1.558.600, entre el 16 de abril de 1980 y el 15 de marzo de 1999, fecha en la cual la demandante dio por terminado el contrato laboral (sentencia del 30 de septiembre del Juzgado 20 Laboral del Circuito de Bogotá –f. 1 c. pruebas–).

8.2. El Juzgado 20 Laboral del Circuito de Bogotá, mediante sentencia del 30 de septiembre de 1999, emitió fallo de primera instancia, en el que decidió condenar a la demandada Caja de Compensación Familiar-CAFAM a pagar en favor de la señora Myriam Consuelo Romero Romero $39.709.491 por concepto de indemnización por despido. Denegó la indexación y la indemnización moratoria. Señaló la providencia en mención: “Así las cosas, encuentra el despacho que la demandante le asiste razón en su decisión de dar por terminado el contrato de trabajo por justa causa imputable al patrono, establecida en el artículo 62 del Código Sustantivo de Trabajo (…), pues una de las obligaciones legales del patrono al tenor del artículo 563 de la Constitución Nacional es la de garantizarle al trabajador su remuneración móvil, es decir, que esta se actualiza año tras año y no pierda poder adquisitivo…” (Providencia en mención –f. 7 c. pruebas).

8.3. La Sala Laboral de Descongestión del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá D.C., mediante fallo del 14 de noviembre de 2000, revocó en todas sus partes la sentencia apelada y absolvió de los cargos a la demandada. Consideró ese tribunal que el pacto colectivo de trabajo previó el aumento salarial para aquellos trabajadores clasificados bajo las categorías VII y VIII, y que la demandante ostentaba la categoría X, como esta lo manifiesta en el escrito de la demanda. Concluyó ese despacho (providencia en mención –f. 12 c. pruebas):

Observando las anteriores consideraciones, tenemos que la trabajadora invocó, para dar por terminada la relación laboral el incumplimiento del pacto convencional, al incumplirlo (sic) por no decretar el aumento salarial en él pactado (para enero del año 1999, hecho 7º de los hecho de la demanda), pero resulta que de conformidad con lo dispuesto en dicho pacto sobre salario, no cobijaba a la actora por ostentar la categoría décima, lo que nos conduce a concluir, sin lugar a dudas, que la actora no demostró el hecho invocado. En consecuencia no existe despido indirecto, pues la carta de renuncia irrevocable con indemnización por despido indirecto presentada por la actora, debe tenerse como una simple renuncia.

Además de lo expuesto, es oportuno recordar que la ley laboral señala de manera taxativa las causales o motivos que pueden dar legítimamente por terminada la relación laboral en forma unilateral por cualquiera de las partes, y una de ellas no es precisamente la falta de aumento salarial, puesto que la actora no estaba devengando el salario mínimo legal vigente para el año 1999, ni se le rebajó el salario, ya que recibía por la prestación de su servicio $1.558.600 mensuales. En estas condiciones no constituye tampoco de manera fatal y necesaria un motivo de extinción laboral, menos aun cuando no es causal o motivo legal para dar por terminado el contrato de trabajo.

Por consiguiente, las anteriores consideraciones son suficientes para revocar la indemnización por despido injusto reconocida por el juez de primera instancia y consecuencialmente, por sustracción de materia, no existe apoyo de ninguna naturaleza para pronunciarse sobre las demás cuestiones planteadas en este recurso.

8.4. La Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, en providencia del 24 de agosto de 2001, decidió no casar la sentencia recurrida. Señaló la Corte que en la impugnación la actora aceptó que la falta de aumento salarial en la que la odontóloga Romero Romero fundamentó su despido indirecto no tiene como fuente formal el pacto colectivo de trabajo que esta citó en la carta de renuncia. Sin embargo, sostuvo que había sido discriminada salarialmente y que el tribunal únicamente dio importancia a la parte de la comunicación que hizo alusión al pacto colectivo. Consideró la alta Corte que no era procedente casar la sentencia, toda vez que esta no ignoró la existencia de una norma, no se rebeló contra su mandato o negó validez en el tiempo o en el espacio. Además, la ausencia de aumento salarial para la actora se vio justificado de conformidad con el Tribunal Superior, no sólo a la luz del pacto colectivo sino de la ley, y desde ambos enfoques estimó que a la demandante no le asistía derecho al incremento salarial que pretendía y que invocó como causa del despido (providencia en mención –f. 19 c. pruebas):

El ataque incurre en una impropiedad al denunciar el supuesto quebramiento legal en que incurrió el tribunal, pues no obstante orienta el cargo por la vía indirecta, a través de la cual se plantean los yerros fácticos que se advierten en las decisiones recurridas en casación, señala como concepto de violación el de infracción directa que no tiene cabida en la vía escogida pues sólo tiene lugar tratándose de la vía de puro derecho y para acusar errores jurídicos del juzgador de segundo grado, cuando ignora la existencia de una norma, se rebela contra su mandato o le niega validez en el tiempo o en el espacio.

Pese a que la irregularidad referida es suficiente para desestimar la acusación, encuentra la Sala que el ataque tampoco prosperaría por cuanto conforme se vio a propósito de los cargos procedentes, el tribunal examinó el hecho imputado a la empleadora en la carta de renuncia, no sólo a la luz del pacto colectivo, sino de la ley, y desde ambos enfoques estimó que a la demandante no le asistía derecho al incremento salarial que pretendía y que invocó como causa del despido.

IV. Problema jurídico

9. La Sala deberá revisar si el fallo de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia en el cual decidió no casar la sentencia recurrida, constituye un error jurisdiccional.

V. Análisis de la Sala

10. El artículo 65 de la Ley 270 de 1996, vigente al momento en que la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia profirió la sentencia que motiva esta acción de reparación directa, establece que la responsabilidad patrimonial del Estado puede resultar comprometida por el llamado “error jurisdiccional”(2), el cual fue definido en el artículo 66 ibídem como “aquel cometido por una autoridad investida de facultad jurisdiccional, en su carácter de tal, en el curso de un proceso materializado a través de una providencia contraria a la ley”.

11. Al revisar la constitucionalidad de este artículo, la Corte Constitucional consideró que no es posible reclamar por la actuación de las altas corporaciones de la Rama Judicial, a menos de que se configure una vía de hecho judicial, por lo que condicionó su exequibilidad:

Sentadas las precedentes consideraciones, conviene preguntarse: ¿Respecto de las providencias proferidas por las altas corporaciones que hacen parte de la rama judicial, cuál es la autoridad llamada a definir los casos en que existe un error jurisdiccional? Sobre el particular, entiende la Corte que la Constitución ha determinado un órgano límite o una autoridad máxima dentro de cada jurisdicción; así, para la jurisdicción constitucional se ha previsto a la Corte Constitucional (art. 241 C.P.), para la ordinaria a la Corte Suprema de Justicia (art. 234 C.P.), para la contencioso administrativa al Consejo de Estado (art. 237 C.P.) y para la jurisdiccional disciplinaria a la correspondiente Sala del Consejo Superior de la Judicatura (art. 257 C.P.). Dentro de las atribuciones que la Carta le confiere a cada una de esas corporaciones, quizás la característica más importante es que sus providencias, a través de las cuales se resuelve en última instancia el asunto bajo examen, se unifica la jurisprudencia y se definen los criterios jurídicos aplicables frente a casos similares. En otras palabras, dichas decisiones una vez agotados todos los procedimientos y recursos que la ley contempla para cada proceso judicial, se tornan en autónomas, independientes, definitivas, determinantes y, además, se convierten en el último pronunciamiento dentro de la respectiva jurisdicción. Lo anterior, por lo demás, no obedece a razón distinta que la de garantizar la seguridad jurídica a los asociados mediante la certeza de que los procesos judiciales han llegado a su etapa final y no pueden ser revividos jurídicamente por cualquier otra autoridad de la rama judicial o de otra rama del poder público.

En virtud de lo anterior, la Corte juzga que la exequibilidad del presente artículo debe condicionarse a que no es posible reclamar por la actuación de las altas corporaciones de la rama judicial, una responsabilidad del Estado a propósito del error jurisdiccional, pues ello equivaldría a reconocer que por encima de los órganos límite se encuentra otros órganos superiores con lo cual, se insiste, se comprometería en forma grave uno de los pilares esenciales de todo Estado de derecho, cual es la seguridad jurídica. Por lo demás, cabe anotar que es materia de ley ordinaria la definición del órgano competente y del procedimiento a seguir respecto de la responsabilidad proveniente del error en que incurran las demás autoridades judiciales pertenecientes a esta rama del poder público.

Por otra parte, conviene aclarar que la argumentación expuesta no significa que el juez de tutela y la Corte Constitucional, en ejercicio de la atribución contenida en el artículo 86 superior, no pueda revisar las providencias proferidas por cualquier autoridad judicial, en aquellos casos en que al presentarse una “vía de hecho”, en los términos que han sido definidos en la Sentencia C-543 de 1992 y demás jurisprudencia de esta Corporación, se amenace o se vulnere un derecho constitucional fundamental. Nótese que en este caso se trata de una facultad de origen constitucional, que no implica la resolución de fondo del conflicto jurídico contenido en la providencia bajo revisión, ni se enmarca dentro del análisis de la responsabilidad patrimonial del Estado —como es el caso del artículo que se examina—. Se trata simplemente del reconocimiento de que el juez, al igual que cualquier otra autoridad pública, se encuentra comprometido con el respeto y la protección de los derechos fundamentales de los asociados dentro de la órbita constitucional; por ende, en caso de que una actuación judicial, incluso aquellas contenidas en una providencia, vulnere un derecho, será posible su amparo a través de la acción de tutela, sin perjuicio de la definición de las demás responsabilidades en los términos que han sido descritos en esta sentencia.

En estas condiciones el artículo será declarado exequible.

12. No obstante, en la sentencia del 4 de septiembre de 1997(3) la Sección Tercera del Consejo de Estado se apartó de la determinación adoptada por la Corte Constitucional con fundamento en que los principios y valores que rigen la función jurisdiccional no se vulneran con la posibilidad de que el Estado responda por los errores en que incurran las altas Cortes. Esta posición fue reiterada en sentencia del 5 de diciembre de 2007, en los siguientes términos(4):

De conformidad con lo expuesto la Sala concluye que el Estado, a través de las acciones y omisiones de sus altas cortes, también incurre en error judicial determinante de su responsabilidad patrimonial del Estado, por varias razones:

— Porque el artículo 90 de la Constitución no hace distinciones

Como se indicó precedentemente, la Constitución establece que todas las autoridades que ejercen función pública, pueden determinar con sus acciones u omisiones la responsabilidad del Estado.

— Porque no atenta el principio de seguridad jurídica.

El juicio es el de la responsabilidad del Estado y no comporta la reapertura del proceso definido en la providencia cuestionada. Tiene por objeto la verificación del derecho o interés lesionado y de la imputación del mismo al Estado, con fundamento en lo cual habrá de declararse la misma y de disponerse la reparación de los perjuicios causados. El juicio de responsabilidad recae sobre la actuación del juez en ejercicio de sus funciones y sobre la configuración del daño; no comporta el renacimiento de un proceso ya terminado. Así también porque la decisión del juez contencioso administrativo no comprende la modificación o alteración de lo dispuesto en el juicio materia de la providencia acusada.

— Porque las altas cortes no son infalibles

Así se deduce de la consagración legal de recursos extraordinarios y de lo expuesto por la Corte Constitucional al conocer de las tutelas contra providencias judiciales proferidas por las altas cortes.

— Porque el Consejo de Estado es el tribunal supremo de lo contencioso administrativo(5) y como corporación judicial competente para juzgar la responsabilidad del Estado, no está limitado por la investidura del juez que incurre en error judicial.

No obstante todo lo anterior la Sala precisa que en la sentencia proferida en 1997 se consideró procedente calificar el error judicial determinante de esta responsabilidad, con fundamento en que “que sólo excepcionalmente será admisible la responsabilidad patrimonial del Estado derivada del error judicial cometido por las altas corporaciones de justicia y demás tribunales y juzgados en los eventos en que éste sea absolutamente evidente y no se requiera realizar ninguna labor hermenéutica para hallarlo configurado”.

Ahora bien, la Sala advierte que la referida postura de la Corte Constitucional respecto de la procedencia de un juicio de responsabilidad del Estado por las acciones u omisiones de sus altos dignatarios fue, en la realidad, modificada en sentencia C-038 del 1º de febrero de 2006 por medio de la cual se pronunció sobre la constitucionalidad del artículo 66 del Código Contencioso Administrativo modificado por la Ley 446 de 1998. En esta oportunidad, al revisar los cargos que propuso el accionante con fundamento en que dicha norma no comprendía la responsabilidad del Estado por el hecho del legislador, afirmó:

“(…) tal como lo ha entendido el Consejo de Estado, la disposición constitucional que regula la materia establece la obligación de reparar los daños antijurídicos provenientes de cualquier autoridad pública. En efecto, como se ha reiterado el precepto simplemente establece dos requisitos para que opere la responsabilidad patrimonial estatal, a saber, que haya un daño antijurídico y que éste sea imputable a una acción u omisión de una autoridad pública, sin hacer distingos en cuanto al causante del daño”.

Señaló además que pretender que la responsabilidad patrimonial del Estado sólo se predica respecto de las acciones y omisiones de algunos de sus poderes, “sería abiertamente inconstitucional desde la perspectiva del Estado social de derecho y de los principios y valores que rigen nuestro ordenamiento constitucional tales como la solidaridad, la igualdad, la justicia material y la supremacía de la Constitución. Principios que cristalizaron en el ordenamiento jurídico colombiano y que encontraron una de sus expresiones en la disposición constitucional en comento”(6)(negrillas originales).

13. En conclusión, la Sala reitera que nada se opone a que la responsabilidad patrimonial del Estado pueda declararse con fundamento en el error jurisdiccional de las altas corporaciones de la Rama Judicial.

14. Los presupuestos que deben reunirse en cada caso concreto para que pueda predicarse la existencia de un error jurisdiccional, se encuentran establecidos en el artículo 67 de la Ley 270 de 1996:

Artículo 67. Presupuestos del error jurisdiccional. El error jurisdiccional se sujetará a los siguientes presupuestos:

1. El afectado deberá haber interpuesto los recursos de ley en los eventos previstos en el artículo 70, excepto en los casos de privación de la libertad del impuesto cuando ésta se produzca en virtud de una providencia judicial.

2. La providencia contentiva de error deberá estar en firme.

15. En relación con el primer presupuesto, la Sección Tercera del Consejo de Estado ha precisado, de una parte, que el error judicial solo se configura si el interesado ha ejercido los “recursos de ley” pues si no agota los medios de defensa judicial que tiene a su alcance el perjuicio sería ocasionado por su negligencia y no por el error judicial; “en estos eventos se presenta una culpa exclusiva de la víctima que excluye la responsabilidad del Estado”(7). Y de otra parte, que los “recursos de ley” deben entenderse como “los medios ordinarios de impugnación de las providencias, es decir, aquellos que no sólo permiten el examen limitado de la decisión con el objeto de corregir los errores de toda clase, tanto de hecho como jurídicos, sino que pueden interponerse sin sujeción a las rígidas causales que operan para los extraordinarios, los que adicionalmente requieren para su trámite la presentación de una demanda”(8).

16. En segundo término, la norma exige que el error se encuentre contenido en una providencia judicial que esté en firme, esto es, que haya puesto fin de manera normal o anormal al proceso, lo cual tiene pleno sentido ya que si la misma todavía puede ser impugnada a través de los recursos ordinarios, no se configura el error judicial.

17. Finalmente, es necesario que la providencia sea contraria a derecho, lo cual no supone que la víctima de un daño causado por un error jurisdiccional tenga que demostrar que la misma es constitutiva de una vía de hecho por ser abiertamente grosera, ilegal o arbitraria, o que el agente jurisdiccional actuó con culpa o dolo(9), ya que el régimen que fundamenta la responsabilidad extracontractual del Estado es distinto al que fundamenta el de la responsabilidad personal del funcionario judicial(10). Basta, en estos casos, que la providencia judicial sea contraria a la ley, bien porque surja de una inadecuada valoración de las pruebas (error de hecho), de la falta de aplicación de la norma que corresponde al caso concreto o de la indebida aplicación de la misma (error de derecho)(11). Sobre el particular señaló la Corporación:

“b) Tal y como se deduce de pronunciamientos anteriores de esta Sección(12), el error jurisdiccional puede ser de orden factico o normativo. El primero supone diferencias entre la realidad procesal y la decisión judicial, porque i) no consideró un hecho debidamente probado o ii) se consideró como fundamental un hecho que no lo era, o se presentan distancias entre la realidad material y la procesal, i) porque no se decretaron pruebas conducentes para determinar al hecho relevante para el derecho o ii) porque la decisión judicial se fundamentó en un hecho que posteriormente se demostró que era falso). El error normativo o de derecho, supone equivocaciones i) en la aplicación del derecho, pues se aplicó al caso concreto una norma que no era relevante o se dejó de aplicar una directa o indirectamente aplicable al mismo y, ii) cuando se aplicaron normas inexistentes o derogadas u otros similares(13).

18. Con todo, determinar la existencia de un error judicial comporta en muchos casos un juicio difícil, pues bien el parámetro para definir el error es la norma jurídica aplicable al caso, no siempre ésta arroja resultados hermenéuticos unificados, con lo cual distintos operadores jurídicos pueden aplicar la misma norma a partir de entendimientos diferentes, con resultados igualmente dispares. Y ello podría trivializar la idea de que existan errores judiciales, para decir que lo constatable son simplemente interpretaciones normativas o de hechos, de modo diferentes, merced a distintos y válidos entendimientos de lo jurídico.

19. Este asunto de la banalización del error judicial adquiere un carácter superlativo si se tiene en cuenta no solo los distintos métodos de interpretación jurídica existentes —que llevan a juicios concretos distintos—, sino también la variedad de concepciones del derecho que circulan en el mundo académico y que tienen gran incidencia en cuestiones prácticas como las judiciales. Si según alguna versión del realismo jurídico el derecho es lo que diga el juez y para el iuspositivismo existen varias respuestas correctas en derecho, entonces la pregunta por el error judicial puede quedar en entredicho, pues en el primer caso no sería posible juzgar a quien estipula el derecho y en el segundo el intérprete siempre quedaría justificado porque básicamente escogió una de las posibilidades hermenéuticas de las varias que ofrece la norma.

20. Para darle sentido y justificación a una norma como el artículo 65 de la Ley 270 de 1996 que ve materializado el error judicial “a través de una providencia contraria a la ley”, la concepción del derecho que mejor explica el fenómeno es el iusnaturalismo en su versión moderna iusracionalista que apuesta por la corrección de las decisiones jurídicas sobre la base de una argumentación razonada. Como es sabido, la tesis de la única respuesta correcta desarrollada por la concepción iusracionalista del derecho, con Dworkin a la cabeza(14), tiene como su variante más influyente la propuesta de Alexy sobre la respuesta correcta como idea regulativa, la que a su turno es un desarrollo de su tesis filosófica sobre la moral correcta(15). En palabras de Alexy:

En todo caso, está claro que en la realidad no existe ningún procedimiento que permita, con una seguridad intersubjetivamente necesaria llegar en cada caso a una única respuesta correcta. Esto último no obliga, sin embargo, a renunciar a la idea de única respuesta correcta sino que únicamente da ocasión para determinar su estatus con más precisión. El punto decisivo aquí es que los respectivos participantes en un discurso jurídico, si sus afirmaciones y fundamentaciones han de tener un pleno sentido, deben, independientemente de si existe o no una única respuesta correcta, elevar la pretensión de que su respuesta es la única correcta. Esto significa que deben presuponer la única respuesta correcta como idea regulativa. La idea regulativa de la única respuesta correcta no presupone que exista para cada caso una única respuesta correcta. Sólo presupone que en algunos casos se puede dar una única respuesta correcta y que no se sabe en qué casos es así, de manera que vale la pena procurar encontrar en cada caso la única respuesta correcta(16).

21. De modo que a diferencia de la corrección sustancial a la que sería capaz de llegar el juez Hércules de Dworkin, en Alexy se propone una corrección como idea regulativa y a la que es posible llegar en un escenario ideal de diálogo, a partir del cumplimiento de las reglas y formas de la argumentación jurídica, teniendo en cuenta que ésta no es más de un caso especial de la argumentación general, caracterizada por la racionalidad esto es, por el uso de la razón práctica(17).

22. En suma, mejor que otras concepciones del derecho, la iusracionalista permite justificar la existencia y sentido de normas sobre el error judicial y explicar adecuadamente las propiedades mismas de este fenómeno jurídico en el que eventualmente pueden incurrir las autoridades judiciales, independientemente de su nivel jerárquico.

23. En el caso concreto, la demandante acusó la decisión de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, por no casar la sentencia de su inferior jerárquico que revocó la decisión de primera instancia en la que se condenaba a la caja de compensación por el pago de la indemnización por despido injusto.

24. Para dar respaldo a sus argumentos, la parte actora señaló que la alta corte no interpretó las estipulaciones del pacto colectivo de trabajo en un sentido favorable a los intereses de la señora Myriam Consuelo Ramos, sin aclarar con mayor detalle esa afirmación, y que ese fallo obedeció a una interpretación subjetiva, caprichosa, arbitraria, que violó el debido proceso y que se erigió en un error judicial y escrito de la demanda-parr. 1.3.). También alegó la violación del artículo 53 de la Carta Política, el cual regula entre otras, la primacía de la realidad sobre formalidades establecidas en el marco de las relaciones laborales (recurso de apelación-párr. 5).

25. La Sala se aparta de la anterior apelación. La Corte Suprema de Justicia, manifestó que no era procedente casar la sentencia toda vez que no se había presentado una vía de derecho por cuanto el Tribunal Superior de Bogotá no ignoró la existencia de una norma, no se rebeló contra su mandato o negó su validez en el tiempo o en el espacio. Además consideró que la ausencia de aumento salarial en favor de la actora se vio justificado de conformidad con el Tribunal Superior, no sólo a la luz del pacto colectivo, sino de la ley y desde ambos enfoques estimó que a la demandante no le asistía derecho al incremento salarial que pretendía y que invocó como causa del despido (párr. 8.4.).

26. Analizado lo anterior, la Sala estima que la parte actora no demostró que le juez haya incumplido con la carga argumentativa de justificar que su respuesta era la única correcta, o que la posición recogida en la sentencia acusada careció de una justificación jurídicamente atendible, bien porque no ofrece una interpretación razonada de las normas jurídicas, o porque adolece de una apreciación probatoria debidamente sustentada por el juez de conocimiento. En conclusión, el alegado error judicial no resulta “absolutamente evidente y tampoco se observa que “no se requiera realizar ninguna labor hermenéutica para hallarlo configurado(18),con lo cual la Sala halla mérito para denegar las pretensiones de la demanda.

27. De otro lado el Tribunal a quo estableció como probada la excepción de cosa juzgada y consideró que de acuerdo con este principio de orden constitucional no le era posible a la actora volver a plantear las mismas pretensiones ante otra autoridad judicial. De conformidad con lo analizado acerca de la procedencia de la reparación directa por error judicial, los principios y valores que rigen la función jurisdiccional no se vulneran con la posibilidad de que el Estado responda por los errores que cometan las altas cortes, pues como se mencionó, la configuración de un daño antijurídico puede ocurrir con la actuación u omisión de todas las ramas del poder público que incurran en una falla en el servicio. Y cuando esto ocurra el juez de lo contencioso administrativo, llamado a resolver el alegado error judicial, no pretenderá reabrir el proceso original, definido en la providencia cuestionada. Solo revisará el derecho o interés lesionado a través del error judicial y en caso de hallarlo probado, procederá a la reparación de los perjuicios causados. En otras palabras, el juez contencioso administrativo no modifica o altera lo dispuesto en el juicio materia de la providencia acusada, es decir, no se encuentra habilitado para obrar en disonancia con el principio de la cosa juzgada. De manera que el a quo incurrió en una imprecisión al dar por probada la excepción basada en la cosa juzgada, pues lo que realmente hay lugar a declarar, en la negación de las pretensiones ante la ausencia del error judicial alegado, razón por la cual se modificará el segundo numeral del resuelve.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, administrando justicia en nombre de la Republica y por autoridad de la ley.

FALLA:

MODIFICAR la sentencia recurrida, esto es, la proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Sala de Descongestión, el 9 de marzo de 2004, la cual quedará así:

PRIMERO. Declárese no probada la excepción de inepta demanda propuesta por la Nación-Consejo Superior de la Judicatura-Dirección Ejecutiva de Administración Judicial.

SEGUNDO. Deniéguese las súplicas de la demanda que en ejercicio de la acción de reparación directa instauró Myriam Consuelo Romero Romero contra la Nación-Consejo Superior de la Judicatura-Dirección Ejecutiva de Administración Judicial.

TERCERO. No hay lugar a condena en costas.

CUARTO. DEVUÉLVASE el expediente al tribunal de origen.

Cópiese, notifíquese y cúmplase.

(1) La Ley 270 de 1996 desarrolló la responsabilidad del Estado en los eventos de error jurisdiccional defectuoso funcionamiento de la administración de justicia y privación injusta de la libertad, y fijó la competencia funcional para conocer de tales asuntos en primera instancia, en cabeza de los Tribunales Administrativos y, en segunda instancia, en el Consejo de Estado, sin que sea relevante consideración alguna relacionada con la cuantía. Para tal efecto puede consultarse el auto proferido por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo el 9 de septiembre de 2008, C.P. Mauricio Fajardo Gómez, exp. 11001-03-26-000-2008-00009-00.

(2) De acuerdo con lo previsto en esta norma, el defectuoso funcionamiento de la administración de justicia y la privación injusta de la libertad también son fuente de responsabilidad estatal.

(3) Exp. 10285, C.P. Ricardo Hoyos Duque.

(4) Exp. 15128, C.P. Ramiro Saavedra Becerra.

(5) [47] Artículo 237, num. 1º.

(6) [48] Expediente D-5839, actor: Félix Hoyos Lemus. M.P.: Humberto Antonio Sierra Porto.

(7) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 14 de agosto de 2008, exp. 16594, C.P. Mauricio Fajardo. En el mismo sentido, véase sentencia de 22 de noviembre de 2001, exp. 13164, C.P. Ricardo Hoyos Duque.

(8) Ibíd.

(9) No obstante, es posible que la decisión de la cual se predica el error constituya una vía de hecho en los términos en que ha sido definida por la Corte Constitucional, pero ello no siempre ocurre. En este sentido pueden consultarse los siguientes pronunciamientos de la Sala: sentencia del 28 de enero de 1999, exp. 14399, C.P. Daniel Suárez Hernández; sentencia del 2 de mayo de 2007, exp. 15576. C.P. Mauricio Fajardo Gómez; sentencia del 5 de diciembre de 2007, exp. 15128, C.P. Ramiro Saavedra Becerra.

(10) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 28 de enero de 1999, exp. 14399, C.P. Daniel Suárez Hernández. En el mismo sentido, véase la sentencia de 5 de diciembre de 2007, exp. 15128, C.P. Ramiro Saavedra Becerra.

(11) De cualquier forma será forzoso analizar con cuidado los argumentos esgrimidos por la parte actora, con el fin de detectar si lo que se cuestiona es, realmente, una actuación contraria a la ley o carente de justificación, o si el propósito del demandante es que se revise la decisión, como si el proceso en sede contencioso administrativa pudiera constituirse en una nueva instancia, desconociendo que “el juicio al que conduce el ejercicio de la acción de reparación directa tiene como presupuesto la intangibilidad de la cosa juzgada que reviste a las providencias judiciales a las cuales se endilga la causación de un daño antijurídico (…)”. Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 14 de agosto de 2008, exp. 16.594. C.P. Mauricio Fajardo.

(12) Sentencias citadas del 4 de abril de 2002 y 30 de mayo de 2002.

(13) Sentencias de 27 de abril de 2006, exp. 14.837.

(14) En “Los casos difíciles”. Ronald Dworkin defendió la tesis de la única respuesta correcta, para lo cual creó al juez Hércules capaz de hallarla (en Los derechos en serio pp. 147 a 208, trad. del inglés de Martha Guastavino, Barcelona, Ariel, 1984).

(15) En “validez del derecho”, una vez justificada la relación derecho y moral, Robert Alexy concluye afirmando la moral correcta como una idea regulativa (ver Concepto y validez del derecho, Barcelona, Ariel, 1994).

(16) Robert Alexy, Sistema jurídico, principios jurídicos y razón práctica, traducción de Manuel Atienza, y Doxa, Cuadernos de Filosofía del Derecho, 5, Alicante, 1988, cit, p. 151 y ss.

(17) Robert Alexy, Teoría de la argumentación jurídica. La teoría del discurso racional como teoría de la fundamentación jurídica, traducción de M. Atienza e I. Espejo, Madrid, Centro de Estudios Constitucionales, 1989, pp. 302-303. Sobre el aporte de la teoría jurídica a la reflexión sobre el error judicial, la Sala ha dicho: (…) el denominado “principio de unidad de respuesta correcta o de unidad de solución justa” de los enunciados jurídicos es, apenas, una aspiración de los mismos, la cual podrá, en veces, ser alcanzada, mientras que, en otras ocasiones, no acontecerá así. De ello se desprende que, ante un mismo caso, es jurídicamente posible la existencia de varias soluciones razonables —en cuanto correctamente justificadas— pero diferentes, incluso excluyentes o contradictorias. Tal consideración limita el ámbito dentro del cual puede estimarse que la decisión de un juez incurre en el multicitado error jurisdiccional toda vez que la configuración de éste ha de tener en cuenta que en relación con un mismo punto de hecho, pueden darse varias interpretaciones o soluciones de Derecho, todas jurídicamente admisibles en cuanto correctamente justificadas. Entonces sólo las decisiones carentes de este último elemento —una justificación o argumentación jurídicamente atendible— pueden considerarse incursas en error judicial (…). Por tanto, sólo las decisiones judiciales que —sin necesidad de que constituyan una vida de hecho, que determinaría la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales— resulten contrarias a Derecho por carecer de una justificación coherente, razonable, jurídicamente atendible, que las provea de aceptabilidad, pueden ser válidamente catalogadas como incursas en error jurisdiccional (…). Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 2 de mayo de 2007, exp. 15576. En el mismo sentido véanse las sentencias de noviembre 30 de 2006, exp. 18059; C.P. Alier Eduardo Hernández. 11 de mayo de 2011, exp. 22322, C.P. Ruth Stella Correa Palacio y 14 de agosto de 2008, exp. 16594, C.P. Mauricio Fajardo.

(18) Exp. 15128. C.P. Ramiro Saavedra Becerra. Op-cit.