Sentencia 2002-30392/42438 de mayo 18 de 2017

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN C

Exp.: 42.438

Rad.: 50001-23-31-000-2002-30392-01

Actor: Pedro Nel Burgos Romero y otros.

Demandado: Nación - Rama Judicial - Fiscalía General de la Nación

Naturaleza: Acción de Reparación Directa

Consejero Ponente:

Dr. Jaime Enrique Rodríguez Navas

Bogotá D.C., dieciocho de mayo de dos mil diecisiete.

«EXTRACTOS: III. Consideraciones

3.1. Sobre los presupuestos materiales de la sentencia de mérito

La Sala es competente para resolver el presente caso iniciado en ejercicio de la acción de reparación directa, en razón a la naturaleza del asunto. La Ley 270 de 1996 desarrolló la responsabilidad del Estado en los eventos de error jurisdiccional, defectuoso funcionamiento de la administración de justicia y privación injusta de la libertad, y determinó la competencia para conocer de tales asuntos en primera instancia en cabeza de los tribunales administrativos, y en segunda instancia en el Consejo de Estado, sin que sea relevante lo relacionado con la cuantía(24).

La acción de reparación directa estaba vigente al momento de presentación de la demanda, pues la providencia que absolvió al señor Pedro Nel Burgos Romero de responsabilidad penal se profirió el 30 de abril de 2001(25) y la demanda que dio origen a este proceso es de fecha 14 de noviembre de 2002, luego, entre aquella y esta no transcurrió un lapso superior a dos (2) años.

El señor Pedro Nel Burgos Romero es la víctima directa de la privación de la libertad que dio origen a este proceso, es padre de Eduard Antony Burgos Romero, Alix Julieth Burgos Romero y Karen Irenia Burgos Romero, según se puede establecer con las copias auténticas de los registros civiles de nacimiento de estos que se encuentran incorporabas al expediente a los folios 41, 42 y 43 del cuaderno de primera instancia.

Así las cosas, puesto que “el registro civil de nacimiento constituye el documento idóneo para acreditar de manera idónea, eficaz y suficiente la relación de parentesco con los progenitores de una persona, comoquiera que la información consignada en dicho documento público ha sido previamente suministrada por las personas autorizadas y con el procedimiento establecido para tal efecto”(26); y es criterio reiterado y pacífico en esta Corporación, que la acreditación del parentesco constituye un indicio para la configuración del daño moral en los parientes hasta el segundo grado de consanguinidad y primero civil, se concluye que la privación de la libertad que sufrió Pedro Nel Burgos Romero ha obrado como causa de un grave dolor en sus hijos, y que por tanto, tanto aquel, como estos, se encuentran legitimados para la causa, por activa.

Ahora bien, respecto a la señora Rosa Alicia Romero Morales, quien demanda como su compañera permanente, se tiene los testimonios extraproceso rendidos los señores Rosmira López, María Cristina Segura Romero y Gilberto Granada Giraldo(27), dieron fe de que conocen a la citada y el señor Burgos Romero: “(…) desde hace mas (sic) de 25 años [21 años en el caso de la señora Rosmira López] y me consta que conviven en unión libre de manera permanente e ininterrumpida desde hace 20 años, de esta unión existen 3 hijos (…)”, declaraciones que tienen el suficiente valor para acreditar la condición alegada por la señora Romero Morales y por ende considerarla como legitimada para la causa, por activa.

Lo anterior, tiene su fundamento en el precedente jurisprudencial de la Sala(28), el cual determinó que de conformidad al principio de lealtad procesal, las declaraciones extrajuicio aportadas con la demanda y que obran en el expediente, durante todo el trámite procesal, sin que sean objeto de tacha o contradicción por parte de la entidad demandada, pueden ser objeto de valoración, aún si no fueron ratificadas en el proceso.

En lo que concierne a las demandadas, no obstante la solidez que presenta la postura de la Sala acerca de la exclusión de la falta de legitimación en la causa del ámbito de las excepciones de fondo en cuanto se trata de razón de una condición anterior y necesaria para dictar sentencia de mérito favorable al demandante o al demandado(29), considera pertinente que su análisis en el presente caso se lleve a efecto dentro del acápite atinente al estudio de la imputación, dada la conexidad que existe entre las actuaciones adelantadas por los organismos demandados y su relación mediata o inmediata con el daño.

3.2. Sobre la prueba de los hechos.

A partir de la preceptiva del artículo 90 de la Constitución, dos son los elementos constitutivos de la responsabilidad de la administración, a saber, que haya un daño antijurídico y que éste sea imputable a una acción u omisión de una autoridad pública.

La parte demandante, dentro del relato que ofrece en el libelo introductorio como sustento fáctico de sus pretensiones, hace relación a estos dos elementos, para presentar, de un lado, el daño sufrido, su extensión, intensidad y modalidades, y de otro, las actuaciones u omisiones que endilga a las demandadas y en cuya virtud les imputa la responsabilidad que pide, sea declarada en esta sentencia. En torno a estos dos elementos gravita la carga probatoria que esa parte soportaba, y por tanto, el estudio de los hechos probados lo hará la Sala en dos grandes apartes, a saber: hechos relativos al daño, y hechos relativos a la imputación.

3.2.1. Sobre la prueba de los hechos relativos al daño.

El daño entendido como el atentado material contra una cosa o persona, lo hace consistir la parte demandante en el hecho de la afrenta que padeció Pedro Nel Burgos Romero en su libertad física, en su honra, en su derecho al sosiego y a la paz interior y en la vida de relación, por causa de la imputación, de la captura, de la detención preventiva y de la resolución acusatoria de las que fue víctima directa; y en el agravio que soportaron sus hijos y cónyuge, tanto en su derecho a la paz y al sosiego interior.

Los hechos en los que concretó la parte actora este daño, pretende acreditarlos de la siguiente manera:

3.2.1.1. La afrenta a la libertad física de Pedro Nel Burgos Romero, con los documentos que fueron arrimados en copia auténtica(30) por el Juzgado Penal del Circuito Especializado, a petición del ad quem:

• La orden de captura 5267 de fecha 1º de noviembre de 1998, proferida contra el señor Pedro Nel Burgos Romero por la presunta comisión de los delitos de rebelión y homicidio con fines terroristas. La cual se hizo efectiva el 17 de agosto de 2000 por parte de tropas de la séptima brigada del ejército(31).

• Por providencia del 4 de septiembre de 2000(32), la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía General de la Nación resolvió la situación jurídica del señor Burgos Romero, y decretó en su contra medida de aseguramiento de detención preventiva, y como medida accesoria la prohibición de salir del país.

• El Ministerio Público contra la anterior decisión interpuso el recurso de reposición, por escrito fechado 12 de septiembre de 2000(33).

• Posteriormente, por providencia de1º de noviembre de 2000(34), la Unidad Nacional de Derechos Humanos de la Fiscalía General de la Nación repuso la decisión del pasado 17 de agosto de 2000, y en su lugar, concedió a favor del procesado, su libertad inmediata.

• Finalmente, por providencia del 30 de abril de 2001, la Unidad Nacional de Derechos Humanos de la Fiscalía General de la Nación precluyó la investigación proseguida contra el señor Pedro Nel Burgos Romero, por acoger los argumentos del Ministerio Público.

Vistos los anteriores documentos, como lo anotó el a quo, se evidencia que éstos no componen la totalidad del expediente penal donde constó la investigación penal por los hechos ocurridos en la toma de Mitú, identificada con el radicado 863, y donde se estudió la posible participación en esos hechos del señor Burgos Romero. No obstante, a criterio de la Sala, éstos resultan suficientes para acreditar el daño soportado por parte del señor Burgos Romero, esto es, la detención o la limitación efectiva de su libertad.

La anterior determinación, por cuanto la Sala considera que la prosperidad de las pretensiones de responsabilidad estatal por la privación injusta de la libertad, no resulta sujeta a que se allegue la copia íntegra del expediente penal de la presunta víctima. En efecto, la jurisprudencia de esta Corporación ha reconocido la concurrencia de varios regímenes de responsabilidad para este título de imputación, el subjetivo y el objetivo, —sobre los cuales se ahondará al momento de analizar la responsabilidad de la parte demandante— para los cuales variará el thema probandum, en tanto son distintos los presupuestos de responsabilidad previstos en cada uno de estos.

Sin embargo, ambos regímenes coinciden en requerir, se acredite la detención o privación efectiva de la libertad, hecho que siempre constituye el daño reclamado tratándose de la privación injusta de la libertad, circunstancia cuya carga de la prueba siempre recaerá sobre la parte interesada, es decir, la parte demandante. De ahí, que sin tener que ahondar en el régimen de responsabilidad aplicable se pueda verificar la existencia con los documentos que dan cuenta de la existencia de la privación y su extensión.

En este orden de ideas, esta demostrado que el señor Pedro Nel Burgos Romero estuvo privado de su libertad por un lapso de 76 días, contados desde su captura, el 17 de agosto de 2000 hasta la fecha que se profirió la providencia que le otorgó su libertad inmediata, esto es, el 1º de noviembre de 2000; fecha que además concuerda con la fecha en que el susodicho recobró efectivamente la libertad, según el dicho de la demanda —hecho sexto—.

3.2.1.4.(sic) Sobre el daño moral.

Las personas naturales tienen derecho a disfrutar de una vida interior o espiritual, plácida, sosegada, pacífica. Cuando esta condición se altera para dar paso al dolor, a la angustia, a la aflicción, se configura una modalidad de daño que se conoce con el apelativo de daño moral.

Este daño, como colofón de una elemental regla de experiencia, se presume en la víctima directa de la lesión en un derecho inherente a su condición humana, como lo es el derecho a la libertad física. Con apelación a la misma regla, se presume que los vínculos naturales de afecto y solidaridad que se crean entre cónyuges, compañeros permanentes, padres e hijos, y hermanos. Así lo ha entendido en forma reiterada la jurisprudencia de la Sección Tercera desde el año 1992(35).

Luego, la Sala encuentra probado este daño con basamento en las pruebas de parentesco que obran en el expediente y que fueron referidas con ocasión del análisis de la legitimación por activa.

3.2.1.5. Sobre el daño patrimonial modalidad daño emergente.

En lo que concierne a este rubro, en la demanda se solicitó fuera restituido el valor correspondiente a $ 5.000.000, el cual debió destinar el señor Burgos Romero al pago de los honorarios profesionales, del abogado que adelantó su defensa penal; y también se pretende, se otorgue a los demandantes, el 40% del monto reconocido en el presente proceso, por concepto de los honorarios profesionales del abogado que adelanta la presente actuación.

En lo que se refiere a estas peticiones, obra en el expediente la copia del contrato de prestación de servicios profesionales que suscribieron los señores Pedro Nel Burgos Romero y la señora Rosa Alicia Romero Morales con el profesional del derecho José Ignacio Osorio Rojas, el 18 de agosto de 2000(36), donde se pactó el monto de $ 5.000.000 millones de pesos por la defensa durante el proceso penal y “(…) El valor correspondiente al cuarenta por ciento (40%) de los dineros que logre recaudar de la Nación - Rama Judicial - Fiscalía General de la Nación, por vía judicial o extrajudicial (…)”.

Visto lo anterior, la Sala denegará la primera petición, al constatarse que en el expediente no obra prueba dirigida a acreditar que los honorarios pactados en el contrato en precitado hayan sido cancelados, como lo hubiere sido un paz y salvo dirigido a los demandantes; esto con independencia de que el apoderado del ese proceso y de éste sea el mismo.

La misma suerte corre, la solicitud de que sea comprendida dentro de la condena pretendida, la suma pactada por los demandantes para el ejercicio de la presente acción. Esto por ser esta erogación, propia de las agencias en derecho, así la misma estará comprendida dentro de las costas (CGP, arts. 365 y ss.), cuya causación será definida más adelante en esta providencia.

3.2.1.6. Sobre el daño patrimonial modalidad lucro cesante.

Por concepto de lucro cesante, Pedro Nel Burgos Romero, solicitó el reconocimiento de la suma de dinero que dejó de percibir durante el tiempo que duró la privación de su libertad, “por la no explotación económica de un parador turístico de su propiedad ubicado a orillas del río Negro, en la vereda de “Santa Rosa”, comprensión municipal de Villavicencio (Meta) del cual derivaba el sustento personal y de su familia”.

En lo que guarda relación con este rubro, la Sala no lo encuentra demostrado, si bien, en las actuaciones penales allegadas al plenario se adujo que al momento de los hechos, por los cuales se le endilgó responsabilidad penal el señor Pedro Nel Burgos Romero, éste era el dueño de un puesto de comidas rápidas en el municipio del Mitú, nunca se hizo mención que el mismo contara con un establecimiento de comercio en el municipio de Villavicencio. Por otro lado, se constata que al expediente no se arrimó siquiera prueba sumaria de la existencia y propiedad del referido “parador turístico”.

Por consiguiente, la Sala denegará la condena por este rubro habida cuenta que no se acredito por parte del señor Pedro Nel Burgos Romero, con prueba directa e idónea, que éste estuviese económicamente activo en la época que fue privado de la libertad.

3.2.2. Sobre la imputación.

Se encuentra debidamente probado, a través de prueba documental allegada al expediente en copias simples(37) no controvertidas de documentos públicos, que:

1. En la providencia por la cual se le definió la situación jurídica al señor Pedro Nel Burgos Romero, del 4 de septiembre de 2000, el análisis probatorio realizado para sustento de la medida se contrae al siguiente:

Se ha establecido por las labores dispuestas inmediatamente acaecida la toma de la ciudad (sic) de Mitú, y el secuestro de varias personas, como miembros del (sic) policía han logrado constatar que Pedro Nel Burgos es una de las personas que dentro de Mitú, encargadas de dar de comer y auxiliar activamente a la guerrilla, observemos como se concatena cada testimonio de los policías afectados, destacando en primer lugar los nombres de los policías que trabajan en Mitú, y alimentando en gran grupo de guerrilleros que invadían la ciudad (…).

Resulta desconcertante las respuestas de Pedro Nel Burgos, como es que afirma que si les han pagado. cuando (sic) se conoce que la guerrilla siempre a sus colaboradores directos los premia por la ayuda, y fue un hecho notorio su ayuda relevante para con el grupo subversivo, por lo tanto los indicios están claros y se consideran suficientes para dictar medida de aseguramiento en contra de Pedro Nel Burgos Romero (…).

2. Obra el recurso de reposición y en subsidio de apelación interpuesto por el Ministerio Público, fechado 12 de septiembre de 2000(38), en el cual se adujo, lo siguiente:

(…) En primer término frente a la calificación jurídica provisional que en la resolución (sic) recurrida se ha hecho, es claro que deben distinguirse dos aspectos que impiden llegar a la conclusión profesada en la providencia. En primer Lugar que no existe el más mínimo indicio de que el sindicado fuera coautor o cómplice del homicidio agravado que se le imputa, pues no solo está probado un asomo de comportamiento que así lo haga deducir, sino que lejos de inferirse un conocimiento previo a los hechos se advierte la común y ordinaria conducta desplegada por quienes sin hacer parte del conflicto se ven involucrados en él. (…) La declaración de los agentes de la policía por sí sola no puede tomarse como testimonio digno de credibilidad frente al comportamiento que pretende deducirse, pues si bien se afirma que el sindicado vendía comida a los subversivos ello no es prueba de que aquél también lo sea o sea su colaborador . Negar la situación social del país y colegir que le procesado no debía vender comida a los guerrilleros es desconocer una realidad muy triste pero cierta que desafortunadamente comporta a gran cantidad de ciudadanos colombianos sometidos al imperio de la fuerza so pena de caer acribillados en una lucha sin igual (…).

3. Luego, en la decisión que accedió al recurso de reposición incoado por el Ministerio Público, esto es, la providencia del 1º de noviembre de 2000, la Fiscalía en su análisis probatorio aseveró, lo siguiente:

(…) Es reconocido que la guerrilla toma asiento en zonas cercanas a muchos municipios de Colombia y desde allí manda llamar a la gente, desde el alcalde, cura, personero, tendero, juez, entonces se considera raro y mucho menos delito el que Pedro Burgos también hubiese asistido alguna vez a un requerimiento hecho por los grupos subversivos.

La situación de Pedro Burgos no viene a ser diferente que la colaboración obligatoria en la que se vio la necesidad de subsistir no le quedaba otro remedio que acceder a los requerimientos de la guerrilla y aportarle el poco alimento que tenía cuando se presentó la toma de Mitú (…).

Entonces es del orden legal que la relación de los testimonios que apuntan a deducir que la conducta que envuelve a Pedro Nel Burgos, está empapada del obedecimiento influido por el medio que tiene derecho a sentir todo ciudadano cuando un grupo armado le apunta.

Igualmente es de advertir que en este caso, los elementos probatorios sobre la existencia del hecho y la probable responsabilidad de Pedro Nel Burgos está determinada por que la prueba testimonial se ha ablandado pues se entiende que los que existen sin rumores sobre la ayuda que prestaba Pedro Nel Burgos a los grupos insurgentes (…).

4. Por último, al precluir la investigación proseguida contra el señor Pedro Nel Burgos Romero, la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía General, aclaró que los razonamientos que la llevaron a tal determinación, son los siguientes:

(…) En la situación de Pedro Nel Burgos quién tenía una venta de comidas rápidas para la época de la toma de Mitú, y a quien esta delegada le revocó la medida de aseguramiento consistente en detención preventiva por considerar que su colaboración con la guerrilla era presionada. Se recaudo(sic) alguna prueba testimonial más como la declaración del señor Obispo de Mitú, quien mediante declaración certificada fue muy parco en sus respuestas pero asevero (sic) que el local donde vendía comidas Pedro Nel Burgos era un lugar normal donde concurría toda la ciudadanía a degustar comidas rápidas.

A través del expediente no se incorporó (sic) prueba nueva que pueda desvirtuar lo expuesto en resolución que modificó la medida de aseguramiento en su contra y que le otorgo (sic) la libertad, por ello se acogerán (sic) el concepto del Ministerio Público y se procederá a dictar preclusión de la investigación a su favor (…).

Así las cosas, la Sala encuentra debidamente acreditado que la Fiscalía General de la Nación se dispuso a capturar y a dictar medida de aseguramiento de detención preventiva, la cual posteriormente revocó, contra el señor Pedro Nel Burgos Romero, por considerarlo responsable de los ilícitos de rebelión, homicidio con fines terroristas y secuestro; cometidos durante los hechos ocurridos el 1º de noviembre de 1998, en lo que se conoció como la “toma de Mitú”.

Se observa de las providencias proferidas por el ente investigador en el transcurso de la investigación adelantada contra el señor Burgos Romero, que en un primer momento, aseguró que la participación de éste durante la “Toma de Mitú” se dirigió a prestar ayuda a los insurgentes por medio de la provisión de alimentos y de información. No obstante, y luego de la intervención del Ministerio Público, así como el recaudo de nueva prueba testimonial, la Unidad de Derechos de la Fiscalía General de la Nación cambió la teoría, que hasta entonces tenía del caso, y concluyó que la actuación del señor Burgos Romero fue coaccionada; argumento del que luego se sirvió la Fiscalía, para revocar la medida de aseguramiento y precluir la investigación penal proseguida contra éste.

Ahora bien, la Nación —Rama Judicial— Dirección Ejecutiva de Administración Judicial alegó que en virtud de la autonomía administrativa que ostenta la Fiscalía General de la Nación, por mandato de los artículos 249 de la Constitución Política; 28 de la Ley 270 de 1996, y el 149 del Código Contencioso Administrativo —modificado por el artículo 49 de la Ley 446 de 1998—, ésta era la única legitimada para ser demandada por los hechos que a ella se le atribuyen, circunstancia, —que a su criterio— permite aseverar que favor suyo se configura excepción de falta de legitimación por pasiva.

Al respecto, la Sala estima que esta excepción no está llamada a prosperar, habida cuenta, esta Sección adoptó como criterio unificado(39), que la circunstancia alegada por la Rama Judicial se enmarca como un problema de indebida representación y no uno de legitimación por pasiva; no obstante, a la Rama Judicial le asiste la razón, al atribuir el daño endilgado exclusivamente a las decisiones de la Fiscalía General de la Nación.

Ello al observarse, que la privación de la libertad del señor Burgos Romero fue el resultado de una decisión adoptada por la Fiscalía, quien fue la única que tuvo intervención en la producción del daño, habida cuenta, la investigación penal contra el señor Burgos Romero no superó la etapa de instrucción.

Por consiguiente, la Sala concluye que el daño alegado, solamente resulta imputable a la Fiscalía General de la Nación y no a la Nación —Rama Judicial— Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, por lo cual, el examen de responsabilidad en el caso concreto se limitará a las actuaciones adelantadas por el ente investigador.

3.3. Problema jurídico.

Le corresponde a la Sala determinar si hay responsabilidad patrimonial de la Fiscalía General de la Nación, por la privación de la libertad a la que fue sometido el señor Pedro Nel Burgos Romero por consecuencia de la orden de captura impartida y la detención preventiva ordenada por cargos de rebelión y homicidio agravado y secuestro agravado, teniendo en cuenta que posteriormente, el mismo ente investigador precluyó. A continuación, si a ello hay lugar, deberá resolverse si la conducta del sindicado constituye, en términos civiles, un hecho de la víctima, o si se configura en el caso una culpa de tercero que quiebre el nexo de imputación de responsabilidad estatal o si por el contrario.

3.4. Análisis de la Sala sobre la responsabilidad.

En relación al problema jurídico propuesto, el Tribunal Administrativo del Meta, se sirvió a denegar las pretensiones en primera instancia, al propugnar que para la prosperidad de las pretensiones, le competía a la parte demandante, aportar la totalidad del expediente penal a efecto de examinar “lo injusto de la privación de la libertad”.

A efecto de resolver el problema jurídico formulado, y en atención a las consideraciones del a quo y las incorporadas en su impugnación, le compete a la Sala verificar la extensión del deber de la carga de la prueba, en los casos que se pretende atribuir responsabilidad al Estado como producto de la privación injusta de la libertad.

Partiendo del mandato previsto en el artículo 177 del Código de Procedimiento Civil —estatuto procesal vigente al interponerse la demanda—, a saber: “Incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen (…)”; es dable concluir, en principio, que a la parte demandante le corresponde probar los hechos alegados en la demanda y a la parte demandada los expuestos en su contestación.

Ahora bien, la Sala ha considerado(40) que si bien el artículo 68 de la Ley 270 de 1996 se refiere a la responsabilidad patrimonial del Estado en los eventos en los cuales la actuación de cualquiera de sus ramas u órganos hubiera sido “abiertamente arbitraria”, dicha disposición no excluye la aplicación directa del artículo 90 de la Constitución para derivar el derecho a la reparación cuando los daños provienen de una actuación legítima del Estado, adelantada en ejercicio de la actividad judicial, pero que causa daños antijurídicos a las personas, en tanto estos no tengan el deber jurídico de soportarlos, como sucede con todos aquéllos daños que sufren las personas que son privadas de la libertad durante una investigación penal, a pesar de no haber cometido ningún hecho punible.

Asimismo, cabe recordar, que la Sala Plena de la Sección Tercera ha unificado su jurisprudencia en relación con el régimen de responsabilidad o el título jurídico de imputación aplicable a los casos en los cuales se demanda la reparación de los daños causados por el decreto de una medida cautelar de detención privación que resulta revocada posteriormente, y lo ha hecho, como corolario de la presunción constitucional de inocencia que ampara al afectado y de la excepcionalidad que debe revestir a la privación de la libertad en forma cautelar, con adopción, de un régimen objetivo basado en el daño especial(41), cuando la absolución del procesado obedezca a la aplicación del principio in dubio pro reo a alguna de las circunstancias que preveía el artículo 414 del Decreto 2700 de 1991, norma que establecía:

“Quien haya sido privado injustamente de la libertad podrá demandar al estado indemnización de perjuicios. Quien haya sido exonerado por sentencia absolutoria definitiva o su equivalente porque el hecho no existió, el sindicado no lo cometió o la conducta no constituía hecho punible, tendrá derecho a ser indemnizado por la detención preventiva que le hubiere sido impuesta siempre que no haya causado la misma por dolo o culpa”.

Por otra parte, cuando las circunstancias del caso concreto no se ajusten a los casos previstos en la norma en cita, para atribuir la responsabilidad al Estado bajo el régimen objetivo, se deberá demostrar por parte del demandante una falla del servicio.

No significa lo anterior, que la aplicación de un régimen objetivo proscriba la aplicación de otros regímenes, de hecho pues puede ocurrir que en el caso particular concurran los elementos necesarios para declarar la responsabilidad del Estado, por ejemplo, por falla en el servicio, que conviene develar por el contenido admonitorio de una condena así fundamentada.

De ahí que, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 177 del Código de Procedimiento Civil (ahora CGP, art. 167), sea la parte demandante sobre quien recaiga la carga de acreditar los supuestos de hecho alegados en la demanda. Entonces, pretendiéndose la responsabilidad del Estado por privación injusta de la libertad, la parte actora siempre deberá acreditar, sin importar el régimen aplicable, la detención o privación de la libertad(42), la autoridad que determinó tal detención y el motivo de la absolución o desvinculación del proceso penal(43) —como se expuso antes—. Pero cuando los motivos de la absolución o desvinculación del proceso penal, no se enmarquen dentro de alguno de los supuestos definidos en la jurisprudencia como configurativo de un régimen objetivo, la actora deberá demostrar, además, la estructuración de una falla del servicio.

Es decir, que luego de probarse el daño —“la detención”— y su imputación, deberá necesariamente determinarse el régimen de responsabilidad aplicable al caso, a fin de, verificar que supuestos se deben observar a fin de poder calificar la privación de la libertad como “injusta”. Lo anterior, no demanda la aducción de la totalidad del proceso penal, como expresó el a quo, solamente de las piezas que conduzcan a convencer a juzgador de la configuración del daño su imputación, y el carácter de “injusto” del mismo; y pues, en el caso de la demandada, ésta deberá aportar al proceso la prueba por las cuales desvirtuar tales supuestos.

De acuerdo con lo expuesto, para poder determinar si en el proceso se encuentran demostrados los presupuestos para configurar la responsabilidad del Estado por la privación injusta del señor Burgos Romero, en primer lugar, hay que remitirse al régimen de responsabilidad aplicable; cometido, que demanda consultar la motivación de la decisión que precluyó la investigación penal emprendida contra el mismo.

De acuerdo a lo expresado en la Resolución del 30 de abril de 2001, proferida por la Unidad Nacional de Derechos Humanos de la Fiscalía General de la Nación, la preclusión de la investigación del señor Burgos Romero, obedeció a que no hubo nueva prueba que desvirtuara lo resuelto en la providencia que revocó la medida de aseguramiento contra el mismo, la cual concluyó, que la actuación del señor Burgos Romero se desarrolló bajo insuperable coacción ajena. Asimismo, relató que en el periodo que siguió a la resolución que revocó la medida de aseguramiento, se recaudó como prueba la declaración del obispo de Mitú, quien dio cuenta de la actividad económica del señor Burgos Romero.

Visto lo anterior, a prima facie, se podría concluir que el régimen aplicable sería el régimen objetivo, comoquiera la absolución obedeció a la configuración de una causal de ausencia de responsabilidad penal, precisamente el “obrar bajo insuperable coacción ajena”, supuesto que excluye la antijuridicidad de la conducta del procesado, y que en ultimas, no permite que la misma configure un hecho punible; circunstancia contemplada en el antiguo artículo 414 del Decreto 2700 de 1991, y que a la luz de la jurisprudencia de esta Corporación, comporta un caso susceptible de ser estudiado a la luz de un régimen objetivo.

Sin embargo, la Sala, se dispondrá a someter a examen la legalidad de la actuación de la Fiscalía, a fin de evidenciar si por parte de ésta se incurrió en un error que valga poner de presente a efecto su prevención, y constituya una falla del servicio.

Así, no resulta posible evaluar la valoración que efectuó la Fiscalía General de la Nación sobre las declaraciones de los uniformados, a fin de definir si los mismos tenían el suficiente mérito para justificar la detención del señor Burgos Romero.

En lo que se refiere a los presupuestos de legalidad de la medida preventiva, la Sala encuentra, a la luz del articulado del Decreto 2700 de 1991, normativa rectora de las restricciones a la libertad en el proceso penal para la época de los hechos, lo siguiente:

• Que la punibilidad prevista en el Decreto 100 de 1980 para los delitos de rebelión (art. 125), homicidio agravado (arts. 323 y 324) y secuestro agravado (arts. 268 y 270) que se le endilgaban a Pedro Nel Burgos Romero oscilaba entre 3 y 6 años, 40 a 60 años, y 10 a 45 años —más 8 a 10 años adicionales por los agravantes—; respectivamente. De forma tal que era de aquellos que conforme a la ley procesal penal de la época obligaba a resolver situación jurídica, y por tanto, en atención a lo dispuesto por el artículo 375 concordante con el 376 del Decreto 2700 de 1991, era procedente su captura con fines de oír su versión en indagatoria.

• Que entre la indagatoria y la providencia que define la situación jurídica del procesado, el artículo 387 ejusdem, estatuía, que máximo podrán transcurrir 5 días, cuando la persona no fue aprehendida con más de otros 5 capturados y actualmente está privada de la libertad, como en el sub lite; ello, sin perjuicio que el término sea aumentado en 20 si el delito se trataba de aquellos del conocimiento de los “jueces regionales” —como ocurre con el delito de rebelión (art. 71 ejusdem)— y la indagatoria hubiere sido practicada en fiscalía de sede distinta, de la que resuelve la situación jurídica.

No obstante, tampoco, existe prueba suficiente para asegurar si la privación de la libertad, del señor Burgos Romero se extendió injustificadamente desde la indagatoria hasta la resolución de la situación jurídica. En efecto, en la demanda se hace mención que la indagatoria se adelantó el 18 de agosto de 2000 ante el Fiscal Sexto Especializado de Villavicencio, pero no se allegó copia de la misma, pero, si está acreditado que la decisión que definió la situación jurídica del señor Romero se profirió el 4 de septiembre de 2000, por parte la Unidad de Derechos Humanos, por lo que se podría concluir, sumariamente, que la decisión fue oportuna, teniendo en cuenta el término de 20 días previsto en el artículo 387 ejusdem.

Ahora en los que se refiere al fundamento factico de la medida, vale destacar los argumentos de los cuales se valió el ente investigador, al proferir la resolución del 4 de septiembre de 2000, para resolver la situación jurídica al señor Burgos Romero, y proferir en su contra medida de aseguramiento de detención preventiva. A este respecto, el ente investigador refirió que la anterior determinación, se hizo con fundamento a los testimonios de varios uniformados de la Policía Nacional que señalaron al señor Burgos Romero de prestar colaboración activa a los miembros de las FARC, durante la “toma del Mitú”, ayuda consistente en proveer de alimentos a los insurgentes e indicarles los nombres de los policías de Mitú. Pese a esto, en la providencia no se individualizaron cada uno de los declarantes, que con su injuriada, señalaron al señor Burgos Moreno de cometer el delito enrostrado, y en el expediente se extrañó la aducción de éstos como prueba trasladada desde el proceso penal.

Sin embargo, vista la decisión que revocó la medida de aseguramiento proferida contra el señor Burgos Romero, esto es, la proferida el 1º de noviembre de 2000, se evidencian anotaciones que permiten estimar que la conducta del ente investigador pudo recaer en lo que se califica como una falla del servicio.

En la referida decisión, se resolvió el recurso de reposición que interpuso el Ministerio Público, por escrito fechado 12 de septiembre de 2000, y se adoptaron varios de los argumentos elevados por éste, como lo fue el considerar que “(…) La situación de Pedro Burgos no viene a ser diferente que la colaboración obligatoria en que vio por la necesidad de subsistir no le quedaba otro remedio que acceder a los requerimientos de la guerrilla y aportarle el poco alimento que tenía cuando se presentó (sic) la toma de Mitú (…)”.

Sin embargo, más adelante, valoró nuevamente la prueba testimonial que motivo la medida cautelar impuesta sobre el procesado, y afirmó:

(…) Igualmente es de advertir que en este caso, los elementos probatorios sobre la existencia del hecho y la probable responsabilidad de Pedro Nel Burgos esta (sic) determinada por que la prueba testimonial se ha ablandado pues se entiende que los que existen son rumores sobre la ayuda que prestaba Pedro Nel Burgos a los grupos insurgentes (…) (resaltado fuera del texto original).

Entonces, según la calificación de la propia de la Fiscalía General de la Nación, las declaraciones de los policías, supusieron simplemente rumores y no una prueba directa de la conducta del señor Burgos Romero, o por los menos indiciaria. Conclusión, a la que llegó sin valorar medios de prueba adicionales, o no los mencionó en la referida decisión; además, que con la sola recepción del testimonio, se puede diferenciar una verdadera representación directa de los hechos de los simples rumores. Por esto, se podría concluir que la detención del señor Burgos Romero se dio sin el mérito probatorio exigido por el estatuto penal procesal vigente al momento de los hechos.

De hecho, el artículo 388 del Decreto 2700 de 1991, norma procesal vigente cuando se profirió la medida cautelar, establecía la necesidad de acreditar (…) por lo menos un indicio grave de responsabilidad, (…) (negrilla fuera del texto original), a efecto de imponer la detención preventiva del procesado. De esta forma, atendiendo la calificación que el propio ente investigador le dio a las declaraciones de los policías, no puede estimarse que existía si quiera un indicio grave de responsabilidad penal al tomarse la determinación de imponer medida de aseguramiento de detención preventiva, por cuanto, el rumor no puede configurar prueba representativa, directa, indirecta o siquiera indiciaría del ilícito penal, como se procede a establecer.

En una ocasión anterior, esta Corporación al referirse a los rumores, conceptuó lo siguiente:

“(…) Rumor público, que según la doctrina es otro hecho social vago, impreciso e indefinido que tiene cierto carácter de improbabilidad, porque quienes lo esparcen no aseguran sino que manifiestan que puede haber ocurrido, que parece ser cierto, o que alguien, o algunos, o un grupo (sin precisar quién o quiénes), lo que lo hace sospechoso y debe ser probatoriamente descartado (…)”(44).

Así, si el único medio de prueba con el que contaba el ente investigador eran las declaraciones de los uniformados, al calificar sus injuriadas como rumores, estos ni siquiera tenían la capacidad de constituir un indicio, habida cuenta, (…) Un indicio es un hecho material que permite mostrar otro o que sirve para formular una conjetura; es un punto de partida para construir una prueba, pero aisladamente no sustituye a la prueba misma. (…)(45); o en otras palabras, las declaraciones de los policías ni siquiera permitían acreditar un hecho conocido del cual se pudiera formular un indicio.

Por consiguiente, en el sub lite, contrario a las alegaciones presentadas por el ente investigador, la Sala estima que al momento de resolverse la situación jurídica del señor Burgos Romero, no existía mérito suficiente para proferir en contra de éste, medida de aseguramiento de detención preventiva. Esto al considerar, que las declaraciones con las cuales se justificó la medida, eran simples “rumores” y no tenían ningún valor probatorio. De ahí que, la responsabilidad patrimonial del ente investigador se deba verificar bajo el régimen subjetivo o falla del servicio; en tanto se demostró que su actuación fue negligente.

El artículo 70 de la Ley 270 de 1996 estableció que el hecho de la víctima da lugar a exonerar de responsabilidad al Estado, así: “(…) El daño se entenderá como culpa exclusiva de la víctima cuando ésta haya actuado con culpa grave o dolo, o no haya interpuesto los recursos de ley. En estos eventos se exonerará de responsabilidad al Estado (…)”. La Corte Constitucional respecto de la disposición precitada manifestó:

(…) Este artículo contiene una sanción por el desconocimiento del deber constitucional de todo ciudadano de colaborar con el buen funcionamiento de la administración de justicia (C.P., art. 95-7), pues no sólo se trata de guardar el debido respeto hacia los funcionarios judiciales, sino que también se reclama de los particulares un mínimo de interés y de compromiso en la atención oportuna y diligente de los asuntos que someten a consideración de la rama judicial. Gran parte de la responsabilidad de las fallas y el retardo en el funcionamiento de la administración de justicia, recae en los ciudadanos que colman los despachos judiciales con demandas, memoriales y peticiones que, o bien carecen de valor o importancia jurídica alguna, o bien permanecen inactivos ante la pasividad de los propios interesados. Por lo demás, la norma bajo examen es un corolario del principio general del derecho, según el cual ‘nadie puede sacar provecho de su propia culpa’.

La norma, bajo la condición de que es propio de la ley ordinaria definir el órgano competente para calificar los casos en que haya culpa exclusiva de la víctima, será declarada exequible (…)(46).

Teniendo en cuenta el fundamento normativo citado, y lo señalado por la Corte Constitucional, el Consejo de Estado ha indicado que el hecho de la víctima como eximente de responsabilidad se origina cuando el suceso causalmente vinculado a la producción del daño no es predicable de la administración, sino del proceder —activo u omisivo— de la propia víctima, al respecto ha dicho:

(…) Cabe recordar que la culpa exclusiva de la víctima, entendida como la violación por parte de ésta de las obligaciones a las cuales está sujeto el administrado, exonera de responsabilidad al Estado en la producción del daño. (…).

Específicamente, para que pueda hablarse de culpa de la víctima jurídicamente, ha dicho el Consejo de Estado, debe estar demostrada además de la simple causalidad material según la cual la víctima directa participó y fue causa eficiente en la producción del resultado o daño, el que dicha conducta provino del actuar imprudente o culposo de ella, que implicó la desatención a obligaciones o reglas a las que debía estar sujeta. Por tanto puede suceder en un caso determinado, que una sea la causa física o material del daño y otra, distinta, la causa jurídica la cual puede encontrarse presente en hechos anteriores al suceso, pero que fueron determinantes o eficientes en su producción.

(…).

Lo anterior permite concluir que si bien se probó la falla del servicio también se demostró que el daño provino del comportamiento exclusivo de la propia víctima directa, la cual rompe el nexo de causalidad; con esta ruptura el daño no puede ser imputable al demandado porque aunque la conducta anómala de la administración fue causa material o física del daño sufrido por los demandantes, la única causa eficiente del mismo fue el actuar exclusivo y reprochable del señor Mauro Restrepo Giraldo, quien con su conducta culposa de desacato a las obligaciones a él conferidas, se expuso total e imprudentemente a sufrir el daño (…)(47).

Considera esta Corporación que para que la culpa exclusiva de la víctima tenga plenos efectos liberadores de la responsabilidad estatal es necesario que la conducta desplegada sea exclusiva (única) y determinante (adecuada), condición que no se cumple, de acuerdo a las pruebas obrantes en el plenario, toda vez que en las piezas probatorias allegadas al proceso en ninguna parte indicaron conducta alguna por parte de la víctima, de la cual se desprenda que ésta fue causante del daño que la aqueja, y que en caso de configurarse competía a la parte demandada demostrar, lo cual no se verificó en el sub lite(48).

En consideración a la carga probatoria del demandante en el caso que se analiza, el Consejo de Estado ha reiterado que corresponde a la parte actora acreditar los elementos que configuran la responsabilidad, a saber: actuación del Estado, daño antijurídico e imputación, elementos que se encuentran suficientemente acreditados en el expediente con la prueba de la privación de la libertad y sentencias absolutorias a favor del procesado, pues fue, una decisión de la Fiscalía General de la Nación la que determinó que el señor Pedro Nel Burgos, le fuera impuesta medida de aseguramiento la cual, como se acertó, fue proferida sin el suficiente mérito probatorio. En contraste, es a la parte accionada a quien le corresponde demostrar, mediante pruebas legales y regularmente traídas al proceso, si se ha dado algún supuesto de hecho en virtud del cual pudiere entenderse configurada la causal de exoneración por el hecho exclusivo y determinante de la víctima.

Por tanto, esta Sala considera apropiado concluir que en el presente caso se reúnen los presupuestos necesarios para atribuirle responsabilidad a cargo de la Fiscalía General de la Nación, en consideración a que sus actuaciones causó el hecho dañoso.

Teniendo en cuenta que el Tribunal Administrativo del Meta profirió sentencia que denegó las súplicas de la demanda, ésta ha de ser revocada para proferir, en su lugar, una sentencia declarativa de responsabilidad conforme a las consideraciones precedentes, y condenatoria al pago de perjuicios que pasan a liquidarse.

3.5. Análisis de la Sala sobre los perjuicios.

3.5.1. De los perjuicios morales.

La Sección Tercera del Consejo de Estado dispuso en sentencia proferida el 28 de agosto de 2014, las reglas para determinar el monto de los perjuicios morales causa dos como consecuencia de la privación injusta de la libertad, determinable en salarios mínimos mensuales vigentes, a partir de cinco niveles que se configuran teniendo en cuenta el parentesco o la cercanía afectiva existente entre la víctima directa y aquellos que acuden a la justicia en calidad de perjudicados, y el término de duración de la privación de la libertad, así:

 Nivel 1Nivel 2Nivel 3Nivel 4Nivel 5
Reglas para liquidar el perjuicio moral derivado de la privación injusta de la libertadVictima directa, conyugue o compañero(a) permanente y parientes en el 1º de consanguinidadParientes en el 2º de consanguinidadParientes en el 3º de consanguinidadParientes en el 4º de consanguinidad y afines hasta el 2ºTerceros damnificados
Término de privación injusta en meses 50% del porcentaje de la víctima directa35% del porcentaje de la víctima directa25% del porcentaje de la víctima directa15% del porcentaje de la víctima directa
 SMLMVSMLMVSMLMVSMLMVSMLMV
Superior a 18 meses10050352515
Superior a 12 e inferior a 18904531.522.513.5
Superior a 9 e inferior a 128040282012
Superior a 6 e inferior a 9703524.517.510.5
Superior a 3 e inferior a 6502517.512.57.5
Superior a 1 e inferior a 33517.512.258.755.25
Igual e inferior a 1157.55.253.752.25

Para los niveles 1 y 2 se requiere la prueba del estado civil o de la convivencia de los compañeros; para los niveles 3 y 4 es indispensable además la prueba de la relación afectiva; y para el nivel 5 sólo se exige la prueba de la relación afectiva.

En el presente caso, se decretarán perjuicios morales tasados en salarios mínimos legales mensuales para los demandantes, esto es, Pedro Nel Burgos Romero (víctima de la privación injusta); Eduard Antony Burgos Romero, Karen Irina Burgos Romero y Alix Julieth Burgos Romero, en su condición de hijos de la víctima directa de la privación injusta de la libertad; y la señora Rosa Alicia Romero Morales, en su condición de compañera permanente del señor Burgos Romero.

Lo anterior en atención a que, la simple acreditación del parentesco, para los eventos de perjuicios morales reclamados por cónyuge, abuelos, padres, hijos, hermanos y nietos cuando alguno de estos haya sufrido un daño, a partir del contenido del artículo 42 de la Carta Política(49), permite presumir que el peticionario ha padecido el perjuicio solicitado.

Así mismo se encuentra que la privación injusta de la libertad tuvo lugar por el término 2 meses y 19 días, transcurridos entre el 11 de agosto de 2000 y el 1º de noviembre de 2000.

Todo lo anterior significa que el señor Jorge Emilio Camacho Picón y sus hijos se encuentran en el primer nivel de la tabla y en el primer rango indemnizatorio, puesto que la privación se duró entre 1 y 3 meses, en consecuencia, la cuantificación del daño asciende a 35 smlmv.

En consecuencia, la Sala reconocerá por concepto de perjuicios morales las siguientes sumas(49)(sic):

NivelDemandanteCalidadIndemnización
Pedro Nel Burgos RomeroVíctima35 smlmv
Rosa Alicia Romero MoralesCompañera 35 smlmv
Eduar Antony Burgos RomeroHijo35 smlmv
Karen Irenia Burgos RomeroHija35 smlmv
Alix Julieth Burgos RomeroHija35 smlmv

3.5.2. De los perjuicios materiales.

3.5.2.1. Del daño emergente.

Por no haberse acreditado debidamente en el proceso, no se concederá el valor por concepto de pago de honorarios del abogado defensor del señor Pedro Nel Burgos Romero.

3.5.2. Del lucro cesante.

La parte demandante solicitó que se le indemnizara la suma que percibía en el ejercicio de la “(…) explotación económica de un parador turístico de su propiedad ubicado a orillas del Rio Negro, en la vereda de “Santa Rosa”, comprensión municipal de Villavicencio (…)”. A pesar de esto, se denegará su pretensión por no haberse allegado prueba siquiera sumaria del perjuicio pretendido.

3.6. Sobre las costas.

No hay lugar a la imposición de costas, debido a que no se evidencia en el caso concreto actuación temeraria de ninguna de las partes, condición exigida por el artículo 55 de la Ley 446 de 1998 para que se proceda de esta forma.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección “C”, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

REVOCAR la sentencia proferida el 19 de julio de 2011 por el Tribunal Administrativo del Meta y en su lugar se dispone:

1. DECLARAR patrimonial y extracontractualmente responsable a la Fiscalía General de la Nación de los perjuicios sufridos por los demandantes como consecuencia de la privación injusta de la libertad de que fue víctima Pedro Nel Burgos Romero.

2. CONDENAR a la Fiscalía General de la Nación a pagar a título de perjuicios morales, a cada uno de los demandantes las siguientes sumas:

NivelDemandanteCalidadIndemnización
Pedro Nel Burgos RomeroVíctima35 smlmv
Rosa Alicia Romero MoralesCompañera 35 smlmv
Eduar Antony Burgos RomeroHijo35 smlmv
Karen Irenia Burgos RomeroHija35 smlmv
Alix Julieth Burgos RomeroHija35 smlmv

3. NEGAR las demás pretensiones de la demanda.

4. Sin condena en costas en esta instancia.

5. Para el cumplimiento de esta sentencia DESE APLICACIÓN a lo dispuesto en el artículo 176, 177 y 178 del Código Contencioso Administrativo.

6. En firme este fallo devuélvase el expediente al Tribunal de origen para su cumplimiento y expídase a la parte actora las copias auténticas con las constancias de las que trata el artículo 115 del Código de Procedimiento Civil.

7. Reconózcase personería a la abogada Ana Ceneth Leal Baron, identificada con cédula de ciudadanía 46.353.342 y portadora de la T.P. 112.282 del Consejo Superior de la Judicatura, como apoderada de la entidad demandada -Nación- Rama Judicial, conforme al poder otorgado, visible a folio 352 del cuaderno principal.

Cópiese, notifíquese y cúmplase».

24 La Ley 270 de 1996 —vigente para el momento de interposición del recurso de apelación en el caso en estudio— desarrolló la responsabilidad del Estado en los eventos de error jurisdiccional, defectuoso funcionamiento de la administración de justicia y privación injusta de la libertad. En relación con la competencia funcional en el juzgamiento de las controversias suscitadas por tales asuntos, determinó que, en primera instancia, conocerían los Tribunales Administrativos y, en segunda instancia, el Consejo de Estado. Para tal efecto, consultar: Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, auto del 9 de septiembre de 2008, expediente 2008-00009, C.P. Mauricio Fajardo Gómez.

25 Fls. 141 a 158, cdno. 1, copia arrimada por la parte demandada —Nación Rama Judicial— en respuesta del oficio 68 del 12 de febrero de 2007 del Juzgado Quinto Administrativo de Villavicencio.

26 Consejo de Estado, sentencia de 7 de abril de 2011, exp. 20.750.

27 Fls. 44 a 46 ibid.

28 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 12 de noviembre de 2014, rad. 27578.

29 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 22 de noviembre de 2001, exp. 13356.

30 Fl. 126, cdno. 2.

31 Fls. 127 a 129, cdno. 1.

32 Fls. 130 a 133, ibid.

33 Fls. 134 a 137, ibid.

34 Fls. 138 a 140.

35 Sentencia de 17 de julio de 1992, rad. 6750, Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Actor: Luis Maria Calderón Sánchez y otros, C.P. Daniel Suárez Hernández.

36 Fls. 46 y 47, ibíd.

37 De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 168 del Decreto 01 de 1984, en los procesos contencioso administrativos son aplicables las normas del Código de Procedimiento Civil sobre la admisibilidad de los medios de prueba, la forma de practicarlas y los criterios de valoración. La Sala valorará los documentos presentados en copia simple, de acuerdo con lo dispuesto por la Sala Plena de la Sección Tercera del Consejo de Estado en sentencia de unificación jurisprudencial del 28 de agosto de 2013, expediente 25022, C.P. Enrique Gil Botero, en la cual se estableció que las copias simples serían valoradas en “(…) los procesos ordinarios contencioso administrativos (objetivos o subjetivos) en los cuales las partes a lo largo de la actuación han aportado documentos en copia simple, sin que en ningún momento se haya llegado a su objeción en virtud de la tacha de falsedad (v.gr. contractuales, reparación directa, nulidad simple, nulidad y restablecimiento del derecho), salvo, se itera, que exista una disposición en contrario que haga exigible el requisito de las copias auténticas”.

38 Fls. 134 a 137, cdno. 1.

39 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, auto de unificación del 25 de septiembre de 2013, rad. 20.420.

40 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia de abril 6 de 2011, exp. 21653, C.P. Ruth Stella Correa Palacio.

41 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, C.P. Mauricio Fajardo Gomez, diecisiete (17) de octubre de dos mil trece (2013), rad. 52001-23-31-000-1996-07459-01(23354).

42 Ver Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 27 de septiembre de 2000, rad. 11601.

43 Ver Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 4 de septiembre de 2006, rad. 13168 y sentencia del 3 de abril de 2011, rad. 33238.

44 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, sentencia del 27 de noviembre de 1995, rad. 8045.

45 Corte Constitucional, sentencia del 7 de marzo de 1994, T-097 de 1994.

46 Corte Constitucional, Sala Plena, Sentencia C-037 de 5 de febrero de 1996, exp. P.E.-008, M.P. Vladimiro Naranjo Mesa.

47 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 25 de julio de 2002, exp. 13744, C.P. María Elena Giraldo, reiterada en las sentencias de 11 de abril de 2012, exp. 23513, C.P. Mauricio Fajardo Gómez y de 9 de octubre de 2013, exp. 33564, C.P. Hernán Andrade Rincón.

48 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 2 de mayo de 2007, exp. 24972, reiterada en sentencia del 11 de febrero de 2009, exp. 17145, entre muchas otras.

49 “La familia es el núcleo fundamental de la sociedad. Se constituye por vínculos naturales o jurídicos, por la decisión libre de un hombre y una mujer de contraer matrimonio o por la voluntad responsable de conformarla.

“El Estado y la sociedad garantizarán la protección integral de la familia. La ley podrá determinar el patrimonio familiar inalienable e inembargable. La honra, la dignidad y la intimidad de la familia son inviolables.

49(sic) Ante las diferencias en la escritura de los nombres de los menores, en la demanda y el poder; se adoptaron la representación presente en los registros civiles aportados.