Sentencia 614 de abril 25 de 2002 

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA

Sala Jurisdiccional Disciplinaria

Rad.: 20020614-01, abr. 25/2002

M.P. Leonor Perdomo Perdomo

Aprobado según acta número treinta y seis (36) de abril veinticinco (25) de dos mil dos (2002).

Ref.: Acción de tutela instaurada por Martín Nicolás Barros Choles contra la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de La Guajira.

Asunto a tratar

Procede la Sala a decidir lo que en derecho corresponda, en relación con la acción de tutela promovida por el señor Martín Nicolás Barros Choles contra la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de La Guajira.

Antecedentes procesales

Ante la Sala Penal del Tribunal Superior de Riohacha, el peticionario, presenta acción de tutela contra la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de La Guajira, al considerar que le están vulnerando sus derechos al debido proceso, en el trámite de los procesos disciplinarios radicados bajo los números 0039 de 2001 y 178 de 2001, adelantados en su contra por la autoridad judicial accionada.

Aduce el peticionario, que la Sala Laboral, Civil y Familia del Tribunal Superior de Riohacha, compulsó copias ante la Sala Jurisdiccional Disciplinaria de Consejo Seccional de la Judicatura de La Guajira, la cual inició dos procesos disciplinarios en su contra. (fl. 1 c. p.).

Indica, que el Consejo Seccional “inició la apertura de dos procesos similares relacionados en las demandas en la cual se trata del mismo objeto y de las mismas partes (querellante - querellado) con la diferencia que uno de los procesos, aparezco como demandante y en el otro como demandado por los mismos hechos. Por esta circunstancia en la investigación preliminar se originó la radicación de los procesos cuyos ordinales son los siguientes: Radicaciones 0034 y 0039 respectivamente”. (fI. 1 c.p.).

Agrega, “La Sala Disciplinaria al compulsar copias con fines investigativos se constituye en actor de la queja o querella, y de hecho es parte o sujeto activo de la acción disciplinaria, de esta forma si la misma Sala asume la investigación de una queja disciplinaria que ellos mismos están formulando se podría presumir que la entidad pública estaría actuando como juez y parte; lo que deja entre ver la falta de garantía en el trámite de sustanciación y juzgamiento. Además la Sala estaría incurso en las causales de impedimento establecida en los numerales 1º y 4º del artículo 99 de la Ley 600 del 2000 (CPC), y numerales 8º y 14 del artículo 8º y 14 del artículo 152 Código de Procedimiento Penal” (fl. 3 c.p.)

Solicita se le tutele el debido proceso, y se ordene la nulidad de los procesos disciplinarios radicados bajo los números 0039 del 2001 y 178 de 2001, de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de La Guajira.

Consideraciones de la Sala

Sería del caso entrar a decidir de fondo el asunto puesto a consideración de la Sala, de no existir imposibilidad procedimental para tramitar esta acción de tutela como sucede en el presente caso, por las razones que se exponen a continuación.

Ahora bien, con la entrada en vigencia del Decreto 1382 del 2000, el cual señala en el numeral 2º del artículo 1º, que corresponde al superior funcional del accionado conocer de la presente acción de tutela invocada por el señor Martín Nicolás Barros Choles contra la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de La Guajira, pero como se puede observar, la norma citada anteriormente desconoce lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política, la cual le brinda la oportunidad al accionante de acudir ante cualquier juez.

De otra parte, como la presente acción de tutela, se impetró ante la Sala Penal del Tribunal Superior de Riohacha, la cual mediante auto del 16 de abril de 2002, resolvió declararse incompetente para conocer la presente acción tutelar, y ordenó la remisión a esta colegiatura, aplicando lo dispuesto en el artículo 2º del Decreto 1382 de 2000, de darle trámite, el peticionario perdería la oportunidad de impugnar la decisión, teniendo en cuenta que no existe superior jerárquico de esta Sala.

Así las cosas, tenemos que en el artículo 86 la Carta Política, dejó en libertad al accionante de escoger el juez que ha de conocer de su petición en tutela, y también reglamentó esta acción mediante el Decreto 2591 de 1991 estableciendo el procedimiento a seguir en el trámite de la misma, concibiendo dos instancias para ello, en la primera, los jueces o tribunales con jurisdicción en el lugar donde ocurrió la violación o amenaza que motiva la solicitud (art. 37); la segunda, previa impugnación, conocerá el superior jerárquico correspondiente (art. 32).

Por consiguiente indican las normas citadas:

“ART. 32.—Trámite de la impugnación. Presentada debidamente la impugnación el juez remitirá el expediente dentro de los dos días siguientes al superior jerárquico correspondiente. El juez que conozca la impugnación, estudiará el contenido de la misma, cotejándola con el acervo probatorio y con el fallo./:../”.

“ART. 37.—Primera instancia. Son competentes para conocer de la acción de tutela, a prevención, los jueces o tribunales con jurisdicción en el lugar donde ocurriere la violación o amenaza que motivaren la presentación de la solicitud”.

Ahora bien, el constituyente de 1991 estableció la jurisdicción disciplinaria en cabeza de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, determinando que esta colegiatura no tiene superior jerárquico que pueda revisar sus providencias en otra instancia. Ello significa que jurídicamente sería inconstitucional tomar una decisión de fondo en primera instancia en cuanto toca con esta acción de tutela, pues de hacerlo no se podría impugnar dejando a los interesados y legitimados en el litigio sin las garantías constitucionales previstas, pues el fallo emitido por esta alta Corporación sería de única instancia, contrariando por completo la normatividad existente sobre la materia, cuyo desarrollo legal fue armónico con el artículo 31 de la Carta Política que estableció la posibilidad de la vía judicial de segunda instancia en los casos permitidos por la ley. Además, conllevaría la violación de otros derechos fundamentales como el debido proceso y el de defensa.

Con fundamento en lo expuesto, se colige la improcedencia de conocer por parte de esta Sala el asunto en estudio, razón por la cual se dispondrá la devolución inmediata de la presente acción a la Sala Penal del Tribunal Superior de Riohacha, corporación escogida por el accionante, autoridad que de no aceptar los planteamientos expuestos por la Sala, se le propone colisión de competencia negativa ante la Corte Constitucional.

En mérito de los expuesto, la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura en uso de sus atribuciones constitucionales y legales;

RESUELVE:

1. INAPLICAR por inconstitucional y para este caso concreto, el numeral 2º del artículo 1º del Decreto 1382 de 2000.

2. Ordenar la remisión inmediata de las presentes diligencias a la Sala Penal del Tribunal Superior de Riohacha, para lo de su competencia, proponiéndole desde ya colisión de competencia negativa, en el evento de no compartir lo dispuesto en este proveído.

3. COMUNÍQUESE esta determinación al accionante, señor Martín Nicolás Barros Choles, y a los accionados .

Desanótese, comuníquese y cúmplase

Magistrados: Temistocles Ortega Narváez—Jorge Alonso Flechas Díaz—Guillermo Bueno Miranda—Eduardo Campo Soto—Fernando Coral Villota—Rubén Darío Henao Orozco—Leonor Perdomo Perdomo.

Yira Lucía Olarte Ávila, Secretaria Judicial.

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