Sentencia 20022160 01-25-C de febrero 18 de 2004 

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA 

SALA JURISDICCIONAL DISCIPLINARIA

Rad.: 20022160 01-25-C de 2004

Magistrado Ponente:

Dr. Guillermo Bueno Miranda

Registro: Enero 19 de 2004

Aprobado según Acta Nº 19 de febrero 18 de 2004.

Bogotá, D.C., febrero dieciocho de dos mil cuatro.

Procede la Sala a decidir lo que en derecho corresponda respecto del conflicto de competencia suscitado entre la Superintendencia de Sociedades y el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Itagüí, para conocer del proceso ejecutivo laboral de Consuelo Correa de Puerta contra la sociedad Florida Sport Limitada “en liquidación obligatoria”.

Antecedentes

Según el propio relato de las autoridades aquí trabadas en conflicto, los antecedentes históricos de la presente actuación poniéndolos en orden cronológico se pueden resumir así:

1. El 27 de septiembre de 1995, el Juzgado Primero Civil del Circuito de Itagüí admitió a la sociedad Florida Sport Ltda. al trámite de un concordato preventivo potestativo con sus acreedores, de acuerdo con lo dispuesto en el Decreto 350 de 1989.

2. Incumplido como fue el acuerdo concordatario, en proveído del 3 de marzo de 1998 el mismo juzgado ordenó la remisión del expediente a la Superintendencia de Sociedades para efectos de adelantar la correspondiente liquidación.

3. La nombrada superintendencia, mediante pronunciamiento del 6 de julio de 1998, se declaró incompetente para conocer de dicho trámite liquidatorio y, en consecuencia, dispuso el envío del asunto al Consejo Superior de la Judicatura, Sala Jurisdiccional Disciplinaria, para que se dirimiera el conflicto que de esa forma quedó trabado.

4. Esta corporación judicial, a través de providencia del 13 de agosto de 1998, definió que la competencia para conocer de la liquidación obligatoria de la sociedad Florida Sport Ltda., estaba en cabeza de la Superintendencia de Sociedades, a donde envió el respectivo expediente.

5. Así las cosas, la Superintendencia de Sociedades emitió el auto del 17 de septiembre de 1998 decretando la apertura del trámite de liquidación obligatoria de la mencionada sociedad, en los términos de lo normado en la Ley 222 de 1995.

6. Por su parte, la trabajadora y socia de la sociedad Florida Sport Ltda., señora Consuelo Correa de Puerta, presentó demanda ordinaria laboral contra la misma sociedad en pro de obtener el reconocimiento de sus acreencias laborales por haber trabajado al servicio de la misma entre el 2 de octubre de 1987 y el 2 de enero de 1999, específicamente lo correspondiente a salarios correspondientes al período comprendido entre el 1º de enero de 1997 y el 31 de diciembre de 1998, así como primas de servicios, vacaciones, cesantías e intereses sobre cesantías de los últimos tres años (1996 a 1998), también pidió en reconocimiento en su favor de la indemnización por mora en el pago de sus prestaciones sociales e indexación; la demanda fue admitida por el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Itagüí mediante auto del 25 de junio de 1999.

7. En sentencia dictada en audiencia del 28 de agosto de 2000, el Tribunal Superior de Medellín, Sala Laboral, al resolver el recurso de apelación formulado contra la sentencia absolutoria decidió revocarla y, en su lugar, condenar a la sociedad Florida Sport Ltda. en liquidación a pagar algunas de las acreencias laborales demandadas por la señora Consuelo Correa de Puerta, por haber laborado al servicio de la misma en el período atrás indicado.

8. A través de providencia del 23 de noviembre de 2000, el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Itagüí libró mandamiento de pago a favor de la demandante, se practicaron las medidas previas solicitadas por ella.

9. En proveído del 24 de septiembre de 2001, el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Itagüí decretó la nulidad de lo actuado desde el mandamiento de pago y ordenó la remisión del asunto, por competencia, a la Superintendencia de Sociedades, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 99 de la Ley 222 de 1995 que es del siguiente tenor literal: “Preferencia del concordato. A partir de la providencia de apertura y durante la ejecución del acuerdo, no podrá admitirse petición en igual sentido, ni proceso de ejecución singular o de restitución del inmueble ...”.

10. Interpuesto el recurso de apelación contra la decisión anterior, la Sala Laboral del Tribunal Superior de Medellín en proveído del 11 de diciembre de 2001 la revocó y dispuso que dicho proceso ejecutivo fuera tramitado en la jurisdicción laboral.

11. A través de oficio 610-002403 del 18 de julio de 2002, la Superintendencia de Sociedades solicitó al Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Itagüí la remisión del proceso ejecutivo en cuestión, para ser incorporado al proceso de liquidación obligatoria allí adelantado.

12. Siendo que el asunto se encontraba en ese momento en el Tribunal Superior de Medellín, Sala Laboral, surtiéndose un recurso de apelación, fue el mismo tribunal el que dispuso, en auto del 26 de julio de 2002, la remisión del asunto a la superintendencia, en atención a lo solicitado en el oficio anterior.

13. Por consecuencia, la Superintendencia de Sociedades dictó el auto del 23 de agosto de 2002 incorporando el proceso ejecutivo laboral al de liquidación y levantando las medidas cautelares que habían sido decretadas por el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Itagüí.

14. Sin embargo, mediante oficio del 26 de agosto de 2002, la Sala Laboral del Tribunal Superior de Medellín solicitó a la aludida superintendencia la devolución del asunto, aduciendo que ya esa corporación judicial con anterioridad había definido que ese proceso se tramitara en la jurisdicción del trabajo donde, además, estaba pendiente la resolución de un recurso de apelación.

15. Por medio de auto del 28 de agosto de 2002, la Superintendencia de Sociedades ordenó la devolución del asunto al citado tribunal y, allí mismo, solicitó de este información sobre el trámite a seguir en relación con las medidas que con fundamento en las funciones jurisdiccionales otorgadas en el artículo 90 de la Ley 222 de 1995 esa superintendencia dictó, teniendo en cuenta que según el artículo 157 ibídem el juez que conoce de la liquidación tiene la facultad de decretar el embargo, secuestro y avalúo de todos los bienes embargables, y tales medidas prevalecen por sobre las que se decrete y practiquen en otros procesos que se sigan en contra del deudor.

16. En audiencia llevada a cabo el 24 de septiembre de 2002, el Tribunal Superior de Medellín, Sala Laboral, decidió ordenar a la citada superintendencia que pusiera a disposición del Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Itagüí los bienes cuyo embargo fue levantado por dicha entidad en auto del 23 de agosto de 2002, para la satisfacción del crédito cuyo pago se pretende dentro del proceso ejecutivo laboral de Consuelo Correa contra Florida Sport Limitada en liquidación.

Recordando el sustento de su decisión anterior de conservar en la jurisdicción del trabajo el conocimiento del proceso ejecutivo en cuestión, consideró allí el tribunal que “en atención a que el crédito laboral de la demandante señora Consuelo Correa de Puerta sólo se causó con posterioridad a la declaratoria de liquidación obligatoria de Florida Sport Limitada, toda vez que esta se produjo mediante auto del 17 de septiembre de 1998, expedido por la Superintendencia de Sociedades, y el contrato de trabajo con la demandante prosiguió vigente en el tiempo, a pesar del referido proveimiento de la superintendencia, lo que tenía que ser así pues ello no pone término a los contratos de tracto sucesivo (L. 222/95, art. 103), relación laboral que finalizó el 2 de enero de 1999, fue esta última fecha cuando se generó el derecho de la actora y la consecuente obligación de la opositora, lo que le confería facultad o atribución a la primera, de demandar a la segunda por la vía de la justicia ordinaria tanto en proceso de conocimiento como en proceso de ejecución, al tenor de lo dispuesto en el artículo 147 de la Ley 222 de 1995, que aun a riesgo de fatigar se reproduce para mayor claridad:

ART 147.—Obligaciones posconcordatarias. Los gastos de administración, los de conservación de bienes del deudor y las demás obligaciones causadas durante el trámite del concordato y la ejecución del acuerdo concordatario y las calificadas como posconcordatarias, serán pagados de preferencia y no estarán sujetos al sistema que en el concordato se establezca para el pago de las demás acreencias, pudiendo los acreedores respectivos acudir a la justicia ordinaria para el cobro de los mismos”.

La anterior fue, obviamente, la base jurídica que encontró el tribunal para decidir lo que resolvió en el auto de 11 de diciembre de 2001, con lo que por lo demás, parece estar de acuerdo el recurrente según se vio en el aparte arriba transcrito.

Para mayor abundamiento véase además, el inciso 2º del artículo 121 de la Ley 222 de 1995:

“Los créditos laborales que se causen con posterioridad al concordato, serán pagados como gastos de administración”.

(...).

“En razón a que, se insiste, es a la jurisdicción laboral a quien le corresponde la tramitación de este proceso de ejecución, lo que procede para la efectividad de la satisfacción del crédito laboral de la aquí demandante, es que los bienes que habían sido incautados por el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Itagüí y cuyo embargo fue cancelado por la Superintendencia de Sociedades, regresen a formar parte de este proceso ejecutivo laboral”.

17. Finalmente, a través de proveído del 28 de octubre de 2002, la Superintendencia de Sociedades se declaró competente para conservar incorporado al proceso de liquidación el proceso ejecutivo laboral adelantado por Consuelo Correa de Puerta contra la sociedad Florida Sport Limitada en liquidación y, por lo mismo, dispuso mantener vigentes los embargos y secuestros decretados dentro del proceso concursal. En consecuencia, ordenó la remisión del asunto a la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura para que sea dirimido el conflicto de competencias así suscitado.

Consideró básicamente dicha superintendencia que la orden emitida por el Tribunal Superior es abiertamente contraria a lo establecido en los artículos 90. 99, 151 y 158 de la Ley 222 de 1995, porque según dichas normas cuando se trata de procesos concursales la superintendencia actúa en ejercicio de funciones jurisdiccionales, razón por la cual el tribunal carece de competencia para dejar sin efectos sus decisiones.

Además —expuso— cuando se adelanta un proceso liquidatorio, ningún acreedor puede ejecutar al deudor por fuera del mismo porque tal situación implicaría el beneficio de un acreedor en perjuicio de los demás, y siendo que los activos de una sociedad constituyen la prenda general de los acreedores, los mismos deben ser repartidos en el orden y con las preferencias establecidas en la ley civil.

Por tal razón —puntualizó— y para evitar comportamientos abusivos, en estos eventos todos los procesos deben remitirse al juez concursal y todos los acreedores deben hacerse parte en el proceso liquidatorio. Y “solamente los créditos que se causen con posterioridad a la apertura del concordato deben ser pagados como gastos de administración del concordato y si ello no sucede y, además, se inicia el proceso liquidatorio por incumplimiento del concordato, los gastos de administración causados en el fallido concordato, deberá solicitarse su reconocimiento dentro del proceso liquidatorio a fin de que sean graduados, calificados y cancelados de manera preferencial en relación con cualquier otro crédito presentado en la liquidación obligatoria.

“Así las cosas, de permitírsele a algunos acreedores que continúen vinculados a las sociedades que adelantan proceso concursal de liquidación obligatoria, reclamar las acreencias que se hayan causado con anterioridad a la apertura de dicho trámite por una vía diferente (ejecutivo ante la justicia ordinaria), se insiste, se estaría violando la igualdad de los acreedores dentro de dichos procesos.

“Para el caso concreto que nos ocupa, el hecho de que la señora Consuelo Correa hubiera seguido vinculada a la compañía, no quiere decir que las prestaciones sociales que la sociedad le adeudaba al momento de la apertura de la liquidación, no se hubieran causado, y que solo se generaron con la finalización de la relación laboral”.

18. Finalmente, el apoderado judicial de la demandante en el proceso ejecutivo laboral en cuestión, en escrito aquí allegado el 12 de septiembre de 2003, solicitó que el conflicto fuera resuelto enviando el asunto a la jurisdicción laboral, exponiendo en resumen que la Superintendencia de Sociedades quiere eludir el imperio de la ley y desconocer la jurisprudencia del Tribunal Superior de Medellín, de la Corte Suprema de Justicia y de la Corte Constitucional en relación con la prelación de los créditos laborales.

También critica a la citada superintendencia porque después de cinco años desde la apertura de la liquidación aún no ha verificado siquiera el pago de una sola de las acreencias, término en el cual sin la menor duda la jurisdicción laboral habría terminado los procesos, luego la actividad de dicha entidad ha estado encaminada a la no agilización del proceso de liquidación obligatoria.

Consideraciones de la Sala

Es evidente que al tenor del numeral 2º, artículo 112, de la ley estatutaria de administración de justicia, los conflictos de competencia que ocurran entre las varias jurisdicciones y entre estas y las autoridades administrativas a las que la ley haya asignado funciones jurisdiccionales, son del conocimiento de esta corporación.

Específicamente en el caso que ocupa ahora la atención de la Sala, porque al tenor de lo dispuesto en el artículo 116, inciso 3º, de la Constitución Política, en armonía con lo previsto los artículos 90 y 214 de la Ley 222 de 1995, obra aquí la Superintendencia de Sociedades como una autoridad administrativa en ejercicio de funciones jurisdiccionales.

Antes de cualquier consideración es pertinente definir que a pesar de que en el presente caso el conflicto no se ha planteado con estricto apego a la forma dispuesta por la ley procedimental, es lo cierto que materialmente tal conflicto existe, en cuanto resulta incontrovertible que dos autoridades se están disputando la competencia para conocer de un determinado proceso, de manera que se precisa acudir al principio constitucional de prevalencia del derecho sustancial y, por lo mismo, se entrará a resolver el conflicto trabado.

Aclarados estos puntos y siendo entonces competencia de esta colegiatura resolver el conflicto suscitado entre la Superintendencia de Sociedades y el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Itagüí, conviene destacar que el núcleo del mismo se halla en determinar a cuál de ellos corresponde el trámite del proceso ejecutivo laboral de Consuelo Correa de Puerta contra la sociedad Florida Sport Limitada en liquidación obligatoria.

Pues bien, sin duda la solución al conflicto trabado deberá surgir de las propias normas que regulan el tema de la competencia y demás aspectos sustanciales y procedimentales de los procesos concursales, específicamente las establecidas en la Ley 222 de 1995, normas que son precisamente las que cada una de las autoridades en conflicto ha esgrimido para alegar como suya la competencia para conocer del proceso ejecutivo en cuestión.

Así las cosas, la resolución de la presente controversia sólo podrá lograrse haciendo una lectura cuidadosa y sistemática de la mencionada normatividad cuya vigencia —vale recordar— no pocos aspectos problemáticos ha planteado en múltiples tópicos, entre los que se encuentra el tema de la competencia, por evidentes contradicciones al interior de su articulado. Tal situación generó ya en estas diligencias otro conflicto en relación con el conocimiento del proceso liquidatorio mismo, el cual requirió la intervención de esta corporación que obra en estos casos, por disposición de la Carta Política, como máximo tribunal de conflictos.

La controversia gira entonces en torno a varios interrogantes que habrán de resolverse aquí y que se pueden plantear así: 1. ¿Pueden tramitarse procesos ejecutivos contra deudores en proceso concursal, paralelos al respectivo proceso concursal?; 2. ¿En el presente asunto, se está en presencia de obligaciones concordatarias o posconcordatarias?; 3. ¿Qué ocurre con los distintos procesos, si los hay, cuando se declara fracasado o incumplido el concordato y se abre la liquidación obligatoria?

Pues bien, esta corporación estima que la resolución de estos interrogantes arrojará la solución del presente conflicto, dado que esas mismas son las cuestiones que las autoridades aquí trabadas han considerado para establecer sus propias posiciones. En consecuencia, se pasará a exponer la argumentación que conduzca a obtener las luces necesarias para la decisión que corresponda, en el discurrir de la cual se irán resolviendo los aludidos interrogantes en forma explícita.

Así las cosas, en primer lugar no está de más recordar que los procesos concursales están orientados por una serie de principios que de acuerdo con la naturaleza y fines de cada uno de esos procesos, se aplicarán de una manera más o menos rígida o más o menos flexible. Se está haciendo referencia, claro está, a los principios de universalidad (todos deben concurrir al mismo proceso) y concursalidad (todos deben ser calificados y graduados en alguna de las clases establecidas en la ley civil). Es en rededor de estos principios en que cada legislación diseña la forma en que habrán de llevarse a cabo los distintos procesos concursales.

Ahora bien, en Colombia diversas normas regulan los procesos concursales, pero para el caso que nos ocupa es la Ley 222 de 1995 la que contiene la normatividad pertinente y, en consecuencia, a ella deberá acudirse aquí, particularmente los artículos que en diversa forma regulan o se refieren al tema de la existencia de procesos ejecutivos paralelos a los procesos concursales, y que hoy día constituyen el marco jurídico dentro del cual tendrá que moverse tanto el juez del conflicto como el juez de conocimiento. Veamos:

“ART. 99.—Preferencia del concordato. A partir de la providencia de apertura y durante la ejecución del acuerdo, no podrá admitirse petición en igual sentido, ni proceso de ejecución singular o de restitución del inmueble donde desarrolle sus actividades la empresa deudora” (negrillas fuera del texto).

Pues bien, sobre esta norma, entre otras, sustenta su posición la Superintendencia de Sociedades para decir que no puede haber procesos ejecutivos paralelos al concordato y ciertamente una lectura insular de tal norma no admitiría conclusión diversa.

Sin embargo, como se verá, en relación con las denominadas obligaciones posconcordatarias la contradicción es manifiesta con lo normado en el artículo 147 de la misma Ley 222 de 1995, que a la letra dice:

“ART. 147.—Obligaciones posconcordatarias. Los gastos de administración, los de conservación de bienes del deudor y las demás obligaciones causadas durante el trámite del concordato y la ejecución del acuerdo concordatario y las calificadas como posconcordatarias, serán pagados de preferencia y no estarán sujetos al sistema que en el concordato se establezca para el pago de las demás acreencias, pudiendo los acreedores respectivos acudir a la justicia ordinaria para el cobro de los mismos” (negrillas fuera del texto).

A su turno, la posición asumida por la Sala Laboral del Tribunal Superior de Medellín dentro de estas diligencias, tiene soporte legal en esta norma, y siendo que —como atrás se anunció— la contradicción entre estas normas se refiere sólo a las llamadas “obligaciones posconcordatarias”, se hace necesario entrar a establecer cuáles son tales obligaciones y si las que por vía ejecutiva cobra la señora Consuelo Correa de Puerta pueden tenerse como tales.

A este respecto, sea del caso recordar que de manera general se tiene por “obligaciones posconcordatarias” los gastos de administración y otras obligaciones que se generen con posterioridad a la apertura del concordato, dentro de los cuales se cuentan los créditos laborales que igualmente se causen con posterioridad a dicho momento.

En efecto, prescribe el artículo 121 de la Ley 222 de 1995:

“ART. 121.—Créditos laborales. Los créditos por salarios, mesadas pensionales, prestaciones sociales y aportes para seguridad social, causados y exigibles a la fecha de la presentación del concordato, deberán presentarse dentro del término señalado para tal efecto. La representación podrá ser llevada por el sindicato de base reconocido por la ley laboral.

Los créditos laborales que se causen con posterioridad al concordato, serán pagados como gastos de administración” (negrillas fuera del texto).

Así las cosas, siendo que los créditos laborales causados con posterioridad a la apertura del concordato han de tenerse como gastos de administración, y estos a su vez pueden ser cobrados acudiendo a la justicia ordinaria, habrá que concluir que en relación con los mismos sí pueden existir procesos ejecutivos paralelos al proceso concordatario.

Lo único que no se aviene a esta conclusión es el contenido del artículo 99, frente a lo cual habrá que acudir no sólo a la regla hermenéutica que trata de la prevalencia de la norma posterior, sino a que tal orden de cosas constituye tradicionalmente uno de los principios que rigen los pagos en los concordatos.

En efecto, frente al primero de los postulados expuestos la regla que sobre incompatibilidad entre normas estableció el numeral 2º del artículo 5º de la Ley 57 de 1887, previene que “cuando las disposiciones tengan una misma especialidad o generalidad, y se hallen en un mismo código, preferirá la disposición consignada en artículo posterior”.

Frente al segundo, es necesario recordar aquí que en verdad no resulta extraño dentro de la regulación que tradicionalmente ha tenido esta clase de diligenciamientos, que se acepte que no todas las obligaciones de una determinada sociedad o un determinado deudor entren a hacer parte del concordato, no sólo porque someter a eventuales y necesariamente continuas modificaciones la conformación de un acuerdo concordatario atenta contra el principio de seguridad que debe sustentar esta clase de trámites, para que en verdad sea posible arribar a soluciones que posibiliten de una manera real y eficiente la pervivencia de una empresa como unidad de explotación económica y generadora de empleo, sino porque el fin mismo de un concordato es (según su propia definición) precisamente la recuperación de los negocios de la empresa (en lo que se diferencia sustancialmente del otro trámite concursal —la liquidación—), lo que hace suponer que la respectiva sociedad está en condiciones de atender al menos los gastos de administración ordinarios y los de conservación de los bienes de la empresa, convirtiéndose en verdadero presupuesto fundamental del proceso concordatario.

Establecida así la aplicación preferente del artículo 147 de la Ley 222 de 1995, se impone determinar ahora si las obligaciones cobradas ejecutivamente por Consuelo Correa de Puerta contra la sociedad Florida Sport Limitada en liquidación obligatoria, tienen o no tal calidad de posconcordatarias.

Y tal como se expuso en el acápite de los antecedentes (nums. 1º, 6º y 7º), las acreencias laborales reconocidas por la justicia laboral a la demandante y que son ahora el objeto de cobro ejecutivo, se contraen a cesantías, intereses a las cesantías, sanción por no pago oportuno de tales intereses, primas de servicios y vacaciones, todas ellas correspondientes a los años 1996, 1997 y 1998.

Así las cosas, y siendo que la admisión al trámite de concordato fue dispuesta por el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Itagüí el día 27 de septiembre de 1995, se establece claramente que efectivamente se trata de obligaciones posconcordatarias las cobradas en el proceso ejecutivo laboral en cuestión.

De esta manera, durante el trámite del concordato no se remite a duda que era perfectamente viable a la luz de la normatividad vigente la existencia de ese proceso ejecutivo y su trámite ante la jurisdicción del trabajo, esto es, por fuera del mismo concordato.

Sin embargo, la situación hoy resulta sustancialmente distinta y habrá entonces que determinar si la misma tiene consecuencias trascendentes para efectos de la competencia.

En efecto, tal como quedó descrito atrás con detalle, el acuerdo a que se llegó como consecuencia de la apertura del concordato fracasó, lo que dio lugar a la iniciación de la denominada liquidación obligatoria de la sociedad trámite que, según las mismas normas de la Ley 222 de 1995 y de acuerdo con lo decidido por esta Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, corresponde adelantar a la Superintendencia de Sociedades.

Este nuevo trámite concursal —la liquidación obligatoria— ya no tiene como finalidad la recuperación de la empresa sino, por el contrario, la definitiva desaparición de la misma, bajo la premisa de su inviabilidad económica evidenciada —en estos casos— por el incumplimiento o fracaso del acuerdo concordatario.

Resulta evidente entonces que ante tan disímil naturaleza de esta figura concursal —la liquidación—, desaparecen aquí las razones que hacían posible y aun conveniente la existencia de procesos ejecutivos paralelos en el concordato para el cobro de obligaciones posconcordatarias, haciéndose así notoria la impertinencia de que continúen en trámite tales procesos paralelos en la liquidación obligatoria.

Por eso, y así lo entendió el legislador, una vez abierto el trámite de liquidación obligatoria y aun cuando se puedan seguir causando gastos de administración, ya no podrán admitirse ni continuar adelante procesos paralelos de ejecución ante la justicia ordinaria porque, según las reglas específicas y especiales de este nuevo proceso concursal, su apertura implica “la remisión e incorporación al trámite de la liquidación de todos los procesos de ejecución que se sigan contra el deudor. Con tal fin se oficiará a los jueces que puedan conocer de procesos ejecutivos contra el deudor” (L. 222/95, art. 151, num. 5º) (negrillas fuera del texto).

La norma anterior, que regula precisamente los efectos de la apertura de liquidación obligatoria, pone en evidencia dos circunstancias que corroboran las conclusiones que aquí han venido apareciendo:

Por un lado, que sí pueden existir procesos ejecutivos contra el deudor con anterioridad a la liquidación, esto es, eventualmente durante el trámite del concordato.

Y por el otro, que una vez abierto el trámite liquidatorio, ya no es posible la existencia de tales procesos paralelos y, por lo mismo, todos, sin excepción, deberán incorporarse a dicho trámite.

Y alguien se preguntará entonces en estos eventos de liquidación obligatoria: ¿qué ocurre con las obligaciones posconcordatarias y las que se generen aun después de la apertura de la liquidación? La misma ley provee la solución:

“ART. 161.—Prelación de créditos posconcordatarios. Cuando el trámite liquidatorio se inicie por causa del fracaso o del incumplimiento del concordato, los gastos de administración originados en dicha etapa, deberán graduarse y calificarse para que sean cancelados de manera preferencial, en relación con cualquier otro crédito presentado en la liquidación. En consecuencia, el liquidador una vez cancele estas acreencias, procederá a pagar las demás atendiendo el orden y la prelación definidos en la providencia de graduación y calificación”.

Y, a su vez, el artículo 197 de la misma normatividad previó:

“ART. 197.—Gastos de administración. Los gastos de administración surgidos durante el trámite liquidatorio, se pagarán inmediatamente y a medida que se vayan causando.

Los gastos de administración causados en el trámite del concordato, que no hubieren sido cancelados en esa etapa, se pagarán de manera privilegiada, una vez ejecutoriada la providencia de calificación y graduación de créditos”.

Así las cosas, no se remite a duda que no pueden existir procesos ejecutivos paralelos al trámite de liquidación obligatoria y, por lo tanto, todas las obligaciones sin excepción deberán ser cobradas dentro del mismo, liquidación cuya competencia —como ya lo definió esta Sala— corresponde a la Superintendencia de Sociedades.

Y no existiendo excepciones a la regla anterior, resulta incontrovertible que también será dentro del trámite de liquidación donde se cobren y paguen, con todos sus privilegios, los gastos de administración causados tanto durante el trámite del concordato como durante el trámite liquidatorio, gastos entre los que se cuentan, como se vio, los créditos laborales.

Establecido como está que los cobrados por la señora Consuelo Correa de Puerta a la sociedad Florida Sport Limitada en liquidación obligatoria, son créditos laborales causados unos con posterioridad a la iniciación del concordato y otros con posterioridad a la apertura de la liquidación, los mismos deberán ser cobrados y pagados al interior del trámite liquidatorio que adelanta la Superintendencia de Sociedades, de donde resulta forzoso concluir que el mencionado cobro ejecutivo deberá continuar incorporado a dicho trámite y, en consecuencia, esta corporación dirimirá el presente conflicto enviando el asunto a la citada superintendencia, por competencia.

Por último y en relación con las alegaciones presentadas por el apoderado de la demandante, baste recordar que hasta el momento el legislador, en ejercicio de esa reserva legal estricta que en materia de competencia dispuso el constituyente, no ha establecido una regla que permita al definir la competencia aplicar un criterio que atienda a la mayor o menor agilidad o eficiencia de una u otra autoridad a la que se le hayan atribuido funciones jurisdiccionales, pero no está de sobra recordar que en el presente asunto la superintendencia a través del liquidador deberá dar puntual e inmediata aplicación a las normas que sobre el crédito ejecutado aquí se han citado para protección del mismo.

En mérito de lo expuesto la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, en uso de sus atribuciones constitucionales y legales,

RESUELVE:

DECLARAR que es la Superintendencia de Sociedades la competente para conocer, incorporado al proceso de liquidación obligatoria que adelanta contra el deudor, del cobro ejecutivo de Consuelo Correa de Puerta contra la sociedad Florida Sport Limitada en liquidación obligatoria, de acuerdo con las consideraciones plasmadas en este pronunciamiento.

La secretaría judicial de la Sala remitirá el expediente a la Superintendencia de Sociedades, y copia de esta providencia al juez Segundo Laboral del Circuito de Itagüí y a la Sala Laboral del Tribunal Superior de Medellín para su información.

Cúmplase.

Jorge Alonso Flechas Díaz—Fernando Coral Villota—Guillermo Bueno Miranda—Eduardo Campo Soto—Rubén Dario Henao Orozco—Temístocles Ortega Narváez—Leonor Perdomo Perdomo. 

Yira Lucía Olarte Ávila, Secretaria judicial.

_____________________________