Sentencia 2003-00024 de mayo 26 de 2016

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN A

Consejero Ponente:

Dr. Gabriel Valbuena Hernández

Radicación número: 19001 23 31 000 2003 00024 01 (1749-2010)

Actor: Ana Lucía Moreno de Lara

Demandado: Nación - Ministerio de Educación Nacional - Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio.

Bogotá, D.C., veintiséis de mayo de dos mil dieciséis.

EXTRACTOS: «Consideraciones

Problema jurídico

En esta oportunidad corresponde a la Sala determinar, si a la demandante en su condición de cónyuge supérstite del señor Jesús Antonio Lara Ruíz, quien laboró como docente hasta el momento de su deceso, le asiste el derecho al reconocimiento y sustitución de la pensión post mortem por parte del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, no obstante estar percibiendo pensión de sobrevivencia por riesgos profesionales reconocida por la Administradora de Riesgos Profesionales.

A fin de desatar la cuestión litigiosa propuesta, la Sala considera necesario en primer lugar, analizar el régimen del magisterio y la pensión post mortem, para luego estudiar lo concerniente a las administradoras de riesgos profesionales y la pensión de sobreviviente, y finalmente, examinar el caso particular a la luz de las probanzas que reposan en el expediente.

El magisterio y la pensión de jubilación Post Mortem

El Seguro Social se estableció en el país, con la expedición de la Ley 90 de 1946(1), a fin de brindar protección a la población económicamente activa contra enfermedades no profesionales y maternidad, accidentes de trabajo y enfermedades profesionales y contra los riesgos de invalidez, vejez y muerte(2), estos últimos encontraron reglamentación en 1966. La previsión social para la protección de los trabajadores del Estado tuvo lugar con la Ley 6ª de 1945.

En la década de los ochenta a los sistemas de seguridad se les comenzó a exigir mayor eficacia y mayor grado de solidaridad, con el fin de permitir una incorporación masiva de los ciudadanos a la protección, ante la apertura del mercado y de las economías de la región hacia un mundo más competitivo. Es así como emerge un nuevo escenario en el que aparece la Ley 100 de 1993.

A partir del 1º de abril de 1994, empezó a regir esta la ley en el ámbito nacional, que creó el sistema de seguridad social integral, conformado por el conjunto armónico de entidades públicas y privadas, normas y procedimientos y por los regímenes generales establecidos para pensiones, salud, riesgos profesionales y subsidio familiar(3).

Como objetivos de este sistema naciente de seguridad social integral, la ley en mención, señala entre otros, el de garantizar las prestaciones económicas y de salud a las personas que tienen una relación laboral o capacidad económica suficiente para afiliarse al mismo; la prestación de los servicios sociales complementarios; el cubrimiento de todas las contingencias que afectan la salud y en general las condiciones de vida de la población; la garantía de financiación del sistema con el incremento en el monto de las cotizaciones.

Su campo de aplicación, como lo informa el artículo 279, no se extiende a los miembros de las Fuerzas Militares, ni al personal civil del Ministerio de Defensa y de la Policía Nacional ni a los miembros no remunerados de las corporaciones públicas; tampoco a los afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio(4), a los servidores públicos de la Empresa Colombiana de Petróleos y a los pensionados de la misma.

Ahora bien, la Ley 91 de 1989(5), expedida en virtud del proceso de implantación de la nacionalización de la educación -Ley 43 de 1975-(6), creó el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, que tal como lo informa su artículo 3°, es una cuenta especial de la Nación con independencia patrimonial, contable y estadística, sin personería jurídica, cuyos recursos son manejados por una entidad fiduciaria estatal o de economía mixta, para lo cual el Gobierno Nacional debe suscribir el correspondiente contrato de fiducia mercantil.

Aparece entonces, la Fiduciaria La Previsora S.A., como la entidad que administra, invierte y destina esos recursos a fin de cumplir los objetivos que el artículo 5º establece para el fondo(7), dentro de los que se encuentra, el pago oportuno de las prestaciones sociales del personal docente(8).

La Ley 115 de 1994 o Ley General de la Educación en su artículo 115(9), reiteró que el régimen prestacional de los educadores estatales es el previsto en la mencionada Ley 91 de 1989, al igual que en la Ley 60 de 1993 y en esta ley.

Ahora bien, es preciso advertir, que tal como lo ha determinado la jurisprudencia de la sección, para los docentes en materia pensional no existe un régimen especial, sin embargo, sí figuran legalmente como especiales, derechos prestacionales tales como la pensión gracia y la pensión post mortem(10).

Es así como el Decreto 224 de 1972(11) que fue proferido por el Presidente de la República en uso de las facultades extraordinarias otorgadas por el artículo 2º de la Ley 14 de 1971(12) y las atribuciones del artículo 120 del ordinal 12 de la anterior Carta Política, en el artículo 7º, consagró el derecho que le asiste a los beneficiarios del fallecido al reconocimiento de la pensión post mortem, aunque este no haya cumplido con el requisito de la edad en el momento de su muerte para la obtención de la pensión de jubilación, pues sólo basta para hacerse acreedor a la misma, que el causante hubiere trabajado como profesor en planteles oficiales por lo menos 18 años continuos o discontinuos. Tanto su cónyuge como sus hijos menores, tienen derecho a que la respectiva entidad de previsión, les pague esta pensión en el equivalente al 75% de la asignación mensual fijada para el cargo que desempeñaba el docente al tiempo de la muerte, sin límite temporal para el disfrute de la misma(13).

A modo ilustrativo se señala, que con la expedición de la Ley 100 de 1993 —y permaneciendo vigente la aludida normativa especial—, se desarrolló dentro del régimen general de seguridad social, una modalidad de previsión denominada pensión de sobrevivientes, contemplada en sus artículos 46 a 48, que prevé la sustitución de la pensión en los familiares del fallecido, siempre que este haya expirado sin haber adquirido el status pensional, pero, habiendo cotizado mínimo por 26 semanas.

Ya se determinó por la Sección(14), que aunque la pensión post mortem y la de sobrevivientes comparten la misma naturaleza y previsión, existe diferencia manifiesta entre ellas, que se evidencia en que para tener derecho a la primera, el Decreto 224 de 1972 determina como requisito, la prestación del servicio por parte del docente por más de 18 años, y para acceder a la segunda, la Ley 100 de 1993 exige tan sólo 26 semanas de cotización. Por suerte, que en el evento en que ambas concurran esta última es la que debe ser reconocida a los beneficiarios, en aplicación de los principios de favorabilidad y de igualdad.

Las administradoras de riesgos profesionales y la pensión de sobrevivientes 

El sistema general de riesgos profesionales encuentra sus primeras referencias en la Ley 57 de 1915(15), ante la conciencia de que los riesgos con ocasión del trabajo debían ser indemnizados. Luego, con la expedición del Decreto Ley 2350 de 1944(16) y la Ley 6ª de 1945(17), se establecen normas sobre accidentes de trabajo y enfermedad profesional.

Posteriormente el Código Sustantivo del Trabajo expedido en 1950, determinó las prestaciones a cargo de los empleadores del sector privado y estableció para los beneficiarios del fallecido el derecho al pago de un seguro de vida con independencia de que la muerte se considerara profesional o no, que era contratado por una compañía de seguros, es decir, en la relación obrero-patronal no se contempló el pago de la pensión de sobrevivencia. Si el trabajador no se encontraba amparado por un seguro de vida, le correspondía al empleador indemnizar la muerte por accidente o enfermedad profesional.

El Decreto 3135 de 1968(18) en su artículo 14 estipuló, que la entidad de previsión social a la cual se halle afiliado el trabajador, efectuará el reconocimiento y pago de las prestaciones, entre las que se encuentran las indemnizaciones por accidente de trabajo y por enfermedad profesional tanto para los empleados públicos como para los trabajadores oficiales. En sus artículos 22 y 35(19) consagró respectivamente, una indemnización proporcional al daño sufrido por accidente de trabajo y enfermedad profesional, cuando dichas circunstancias no dieran lugar a pensión de invalidez al igual que una compensación por muerte del empleado público o trabajador oficial en servicio con destino a sus beneficiarios, cuando tuviera ocurrencia por causa de accidente de trabajo o enfermedad profesional.

El Decreto 1848 de 1969(20) reglamentario del anterior, definió lo que era enfermedad profesional y accidente de trabajo y las prestaciones e indemnizaciones que cada una de estas circunstancias generaban(21).

En su artículo 28 estipuló la prestación en caso de muerte señalando que “Si el empleado oficial falleciere como consecuencia de enfermedad profesional o de accidente de trabajo, sus beneficiarios, si los hubiere conforme a la ley, tendrán derecho a percibir, a título de indemnización, el seguro por muerte, reglamentado en el capítulo X de este Decreto, siempre que el deceso se produzca dentro de los términos legales señalados en dicho capítulo”. El valor de dicho seguro era equivalente a 24 mensualidades del último salario devengado y excluía la indemnización por enfermedad profesional y por accidente de trabajo en caso de incapacidad permanente parcial, a menos que se haya causado por culpa de la empresa y debía ser satisfecho dentro de los 3 meses siguientes desde que se ordenara su reconocimiento y pago por la entidad de prevención social a la que estaba afiliado el empleado oficial al momento de su deceso. (Artículos 52 a 58).

Cuando se creó el Instituto de Seguros Sociales, como lo informa la Ley 90 de 1946 en su artículo 1º, es este quien asume el riesgo por accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, con lo que entra a reemplazar las obligaciones de los patronos y brinda la protección asistencial y económica correspondiente de conformidad con el Decreto 3170 de 1964(22).

Posteriormente, se expidieron la Ley 9ª de 1979(23) y el Decreto 614 de 1984(24), que regularon la materia de manera no tan incipiente, asignando a los empleadores la obligación de velar por la enfermedad profesional y el accidente de trabajo de sus obreros.

Pero fue con el surgimiento de un nuevo modelo de seguridad social a la luz de la Carta Política de 1991, cuando se dinamizó su cobertura y de paso, se viabilizó la consignación de disposiciones que la orientaron; es así como la Ley 100 de 1993, en específico, en su artículo 139-11, facultó al Presidente de la República por el término de 6 meses contados desde su publicación, para dictar las normas necesarias a fin de organizar la administración del sistema general de riesgos profesionales(25).

Es en ejercicio de dicha facultad que se expide el Decreto 1295 de 1994(26), que en su artículo 1° definió dicho sistema como un conjunto de entidades públicas y privadas, normas y procedimientos, destinados a prevenir, proteger y atender a los trabajadores de los efectos de las enfermedades y los accidentes, que puedan ocurrirles con ocasión o como consecuencia del trabajo que desarrollan. Fijó además sus objetivos, su campo de aplicación y sus características.

Este sistema es orientado, supervisado, regulado, vigilado y controlado por el Estado a través del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y está integrado por las administradoras de riesgos profesionales, ARP, responsables de la afiliación y registro de los trabajadores, del recaudo de las cotizaciones, de la garantía de acceso a los servicios y del pago oportuno de las prestaciones económicas(27). Las administradoras son: el Instituto de Seguros Sociales y las entidades aseguradoras de vida con autorización de la Superintendencia Bancaria para la explotación del ramo de seguro de riesgos profesionales(28).

Entre sus características sobresale la referente a que está diseñado como un sistema de aseguramiento del trabajador que debe ser tomado por el empleador (artículos 4º y 21), a quien le asiste la obligación de afiliar a sus trabajadores dependientes con el consecuente pago de las cotizaciones (artículos 4º literal h y 16), como requisitos para obtener las prestaciones inherentes al riesgo asegurado y con el derecho del trabajador afiliado al reconocimiento y pago de las prestaciones previstas en el Decreto (artículo 4º literal g), que son las asistenciales, de servicios de salud y las económicas dentro de las que expresamente se encuentra la pensión de sobrevivientes (artículo 7° literal d)(29).

En este punto se hace necesario advertir, que la Corte Constitucional en sentencia C-452 de 12 de junio de 2002 declaró inexequibles los artículos 49 y 50 de este Decreto; el primero, aludía al derecho a la pensión de sobrevivientes en caso de muerte del trabajador en accidente de trabajo, y el segundo, fijaba el monto de dicha pensión en el 75% del salario base de liquidación.

La Corte determinó en el numeral octavo del fallo que “Los efectos de esta sentencia SE DIFIEREN hasta el 17 de diciembre de 2002, para que el Congreso expida la nueva legislación sobre la materia regulada por el Decreto 1295 de 1994”; lo que significa, que los efectos de esta decisión son ex nunc o a futuro, de manera que no se afectan los reconocimientos decretados con anterioridad a la emisión de la decisión de inexequibilidad.

Con lo anterior se tiene, que cuando el trabajador fallece, surge entonces, el derecho para sus causahabientes a una pensión de índole económico a su favor, si el deceso de aquel se produjo como consecuencia de un accidente o enfermedad de origen profesional, sea de manera inmediata o encontrándose pensionado por invalidez.

Por su parte, indica la Ley 776 de 2002(30) en su artículo 12, que esta pensión de sobrevivientes en el evento de muerte del afiliado, será del 75% del salario base de liquidación.

Nótese como desde la creación misma del sistema general de riesgos profesionales se contempló, que los peligros que se crean con ocasión del ejercicio de la labor, entre los que se encuentra, el fallecimiento del servidor, deben ser objeto de indemnización; por manera, que esa obligación que le asiste al empleador frente al empleado a su servicio, que tiene origen en el deceso de este último por causa del accidente de trabajo, aunque a la luz de la actual normativa se le otorgue la denominación de “pensión de sobrevivientes”, lo cierto es, que la misma goza de la naturaleza de una indemnización.

Análisis de los regímenes

Como resultado del recuento normativo que antecede, inicialmente se determina, que de acuerdo con la reiterada jurisprudencia de la Sección, el personal docente no cuenta con un régimen pensional de carácter especial.

Sin embargo, en el ámbito jurídico existe para el magisterio una pensión especial que se denomina post mortem, establecida por el artículo 7° del Decreto Ley 224 de 1972, que se debe reconocer por la respectiva entidad de previsión a los beneficiarios del educador fallecido que se hizo acreedor a la pensión de jubilación fruto del desempeño de su labor docente, por lo menos por 18 años continuos o discontinuos en planteles oficiales, sin que sea necesario el cumplimiento de determinada edad y sin que exista límite temporal para su disfrute por parte de los favorecidos. Equivale al 75% de la asignación mensual fijada para el cargo que desempeñaba el profesor al tiempo de su deceso.

De otro lado, se tiene la denominada pensión de sobrevivientes(31) por accidente de trabajo o enfermedad profesional, que tal como lo informa el artículo 7° del Decreto 1295 de 1994 —que organizó el sistema general de riesgos profesionales establecido a partir de la Ley 100 de 1993—, surge como una prestación de carácter económico de naturaleza indemnizatoria, que debe reconocer la administradora de riesgos profesionales, ARP, a los beneficiarios del causante, cuando su deceso se produce como consecuencia de un accidente en el ejercicio de su labor. Tiene fundamento en la obligación que le asiste al empleador de afiliar a todos sus empleados al sistema general de riesgos profesionales con el consecuente pago de las cotizaciones. Corresponde al 75% del salario base de liquidación, según el artículo 12 de la Ley 776 de 2002.

De acuerdo con lo anterior, a los causahabientes les asiste el derecho al reconocimiento de la pensión post mortem por parte de la entidad de previsión a la que se encontraba afiliado el occiso, si este falleció habiendo desempeñado la actividad docente por un lapso determinado, que lo hacía beneficiario de la pensión de jubilación, y de otro, tienen derecho a la denominada pensión de sobrevivientes, que a título indemnizatorio, debe ser reconocida por la ARP correspondiente, como consecuencia de la muerte del causante en ejercicio de su labor.

De esta suerte surge palpable, que aunque ambas pensiones encuentran su origen en el hecho del deceso del educador, lo cierto es, que la primera, es de carácter particular para el caso del docente que falleció con derecho a la pensión de jubilación, que se traslada a sus beneficiarios, mientras que la segunda, es una indemnización de carácter general que proviene del infortunio del deceso a causa de la actividad profesional que el finado desplegaba.

Habida cuenta entonces, que una y otra figura históricamente tienen una reglamentación diferente que regula el cubrimiento de disímiles contingencias, con cotizaciones que se efectúan de manera separada para resguardar cada riesgo, lo que se traduce en que los recursos con las cuales se cubren cuentan con fuentes autónomas de financiación; surge de manera indudable, que se trata de dos institutos diferentes, máxime que una de ellas, la llamada pensión de sobrevivientes, tiene naturaleza indemnizatoria.

Ello ligado a que no existe disposición alguna que de manera expresa determine sobre su incompatibilidad, antes bien, el artículo 279 de la Ley 100 de 1993 de manera expresa señala, que las prestaciones a cargo del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio “serán compatibles con pensiones o cualquier clase de remuneración”.

Más aún, es posible predicar su coexistencia, porque precisamente no es la unidad de designio de ambas prestaciones -que se traduce en un beneficio de asistencia económica para los sobrevivientes del causante-, lo que debe predominar al momento de definir una controversia, sino el hecho de que se satisfagan las exigencias legales, que permitan predicar frente a una misma persona, el ser beneficiaria simultáneamente de una pensión y de una indemnización, que cuentan con diverso origen y que cubren distintas contingencias, vale decir, el paso del tiempo que habilitó el reconocimiento de la pensión jubilatoria y la muerte, como consecuencia del accidente laboral, que debe ser indemnizada(32).

Lo anterior sin perder de vista, que los causahabientes del educador ante la situación de necesidad no sólo involuntaria sino además repentina e insufrible, requieren de un trato especial y protector por parte del Estado, que les permita un reconocimiento tanto igualitario como digno, a fin de evitar que la muerte del familiar pensionado producto del accidente de trabajo, se traduzca en un cambio radical de sus condiciones mínimas de subsistencia, máxime cuando por parte de aquel, fueron cumplidos en vida los requisitos que exigen las normas pertinentes para el reconocimiento de ambos conceptos.

Caso concreto

Está probado al interior del proceso que:

El 30 de septiembre de 1999 la Dirección de Medicina Preventiva de la Compañía de Seguros Previsora Vida S.A., determinó que el deceso del señor Jesús Antonio Lara Ruíz que tuvo ocurrencia el 12 de agosto de 1999, se calificaba como “Accidente de origen profesional”, razón por la cual la A.R.P. PREVIATEP, procedería al reconocimiento de las prestaciones a que tuviera derecho la familia del fallecido. (fl. 6 cdn. ppal.).

En escrito sin fecha, la Representante Legal de la Compañía de Seguros La Previsora Vida S.A. da respuesta al derecho de petición que la actora presentó el 19 de octubre de 1999, en el que se le informa, que el causante, funcionario de la Gobernación del Cauca, “… se encontraba afiliado a la Administradora de Riesgos Profesionales de la Previsora Vida S.A. PREVIATEP, y que el accidente sufrido fue calificado como “accidente de trabajo” el día 30 de septiembre de 1999, por lo que la compañía reconocerá una pensión de sobrevivientes a quien demuestre la calidad de beneficiario de acuerdo a los requerimientos de ley”. Renglón seguido se le indica, que dicha pensión se paga mensualmente los 5 primeros días de cada mes, además de una mesada adicional en junio y otra en diciembre, y anualmente se incrementa en el mismo porcentaje del IPC. Sobre la póliza de seguros se le señala que “...no existe tal, entre tanto que el contrato se rige por la Ley 100 de 1993, el Decreto 1295 de 1994 y sus decretos reglamentarios siendo que el simple formulario de afiliación surte los efectos suficientes para otorgar el cubrimiento. El cubrimiento del Sistema General de Riesgos Profesionales está descrito en las anteriores normas siendo los accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales las coberturas de esta afiliación”. (fl. 7 cdn. ppal.).

El 13 de enero de 2000, la accionante solicitó a la Subgerente Operativa ARP La Previsora de Vida S.A., que se le notificara el acto administrativo mediante el cual se produjo el reconocimiento y liquidación de la pensión de sobrevivientes, de la que sólo había sido informada de manera verbal. (fl. 8 cdn. ppal.).

El 25 de enero de 2000, la Subgerente de Operaciones ARP en respuesta a la anterior solicitud le informó a la petente que “… estamos anexando carta radicado con el No. 14741 del 30 de septiembre de 1999, dirigida al doctor Cesar Negrette Mosquera, Representante Legal de la Gobernación del Cauca, de igual manera anexamos comunicado a su derecho de petición enviado a la Sucursal Popayán el día 26 de octubre de 1999 donde se muestra el procedimiento de liquidación de la mesada pensional, equivalente al 75% del Ingreso Base de Liquidación, de conformidad a la Ley 100 de 1993 y decreto 1295 de 1994 y reglamentarios”. (fl. 9. Cdn. ppal.).

Obran certificados No. 0112 de 13 de marzo de 2000, No. 0668 de 16 de noviembre de 1999, No. 0071 de 15 de febrero de 2000 y No. 035 de 15 de enero de 2003, emitidos por la Coordinación de Personal de la Secretaría de Gestión Institucional del Departamento del Cauca y por la Secretaría Administrativa y Financiera de la Gobernación del Cauca, que respectivamente dan cuenta que el causante laboró como Directivo Docente en el Colegio Nocturno Camilo Torres del Municipio de Timbio - Cauca, quien devengó para el año 1997, el salario enero a diciembre, sobresueldo enero a diciembre, prima de navidad y prima vacacional; en el año 1998 el salario enero a junio mensual, sobresueldo del 30%, salario julio a diciembre, prima vacacional y prima de navidad; para el año 1999 salario enero a agosto mensual, sobresueldo del 30%, prima vacacional, prima de navidad; y, para esta última anualidad, con ocasión de su fallecimiento el 12 de agosto, el reintegro de los 18 días correspondientes a dicho mes, se tomó del saldo que se adeudaba por vacaciones compensadas. (fls. 14 a 16 y 18 y 19 cdn. ppal.).

El 27 de marzo de 2000 la Gerencia General de La Previsora Vida S.A., en respuesta al derecho de petición impetrado el 13 de marzo de ese mismo año, le indicó a la demandante que no expedía resolución sobre el reconocimiento de una pensión de sobrevivencia. Que en caso de ser requerida por el interesado, se emite una certificación con los datos que sean solicitados o una aclaración relativa a los puntos sobre los que exista algún interrogante. Que cuando el siniestro es calificado como de origen profesional, se informa de este hecho al empleador a través de una comunicación, manifestando que se reconocerán las prestaciones a que tengan derecho sus familiares, de manera que, enviaron la comunicación correspondiente a la Gobernación del Cauca. Que según documentación presentada ante la Compañía, los beneficiarios de la pensión de sobrevivencia por el siniestro del señor Jesús Antonio Lara Ruíz son su esposa en el 50% y sus hijos cada uno en el 25%. Que los empleados del magisterio no están cubiertos por el régimen de la Ley 100 de 1993 como lo establece su artículo 279. Que “las prestaciones que vienen siendo canceladas provienen de la vinculación del señor Lara Ruíz con la Gobernación del Cauca, y considerando que los dos regímenes no son excluyentes, de la información suministrada concluimos que podría recurrir al Fondo de Prestaciones del Magisterio, con el fin de tramitar lo pertinente”. (fls. 10 y 11 cdn. ppal.).

El 22 de febrero y el 23 de mayo de 2000 la Secretaría de Gestión Institucional de la Gobernación del Cauca emitió sendos certificados de Tiempo de Servicios Nos. 1655 y 674, que dan cuenta que el docente laboró al servicio del Departamento por espacio de 22 años, 2 meses y 2 días; consta que se desempeñó como educador de primaria departamental tiempo completo del 1º de enero de 1972 hasta el 20 de agosto de 1972; como docente de secundaria nacional tiempo completo desde el 1º de febrero de 1978 hasta el 30 de marzo de 1980; y desde el 1º de abril de 1981 hasta el 12 de agosto de 1999 como educador tiempo completo y rector de secundaria departamental tiempo completo. Cotizó por todo este tiempo de labores ante las Cajas de Previsión Departamental y Nacional al igual que ante el Fondo Territorial de Pensiones y el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio. (fls. 17 y 214 cdn. ppal.).

Y en el certificado de tiempo de servicio -pensión gracia- sin fecha, expedido por la Secretaría de Educación y Cultura, se informa que el causante laboró en establecimientos educativos del orden departamental por 19 años, 2 días y del orden nacional por 2 años, 2 meses. Para un total de 21 años, 2 meses y 2 días. (fls. 132 y 133 cdn. ppal.).

Por Resolución No. 191 de 27 de febrero de 2001 a la actora le fue reconocido por parte del Fondo demandado un “seguro por muerte” en la suma de $18.029.448, con fundamento en que el deceso no tenía nexo causal con el trabajo desempeñado por el docente, pues no se produjo en accidente de tránsito. Esta decisión fue confirmada por dicho Fondo según da cuenta la Resolución 950 de 31 de octubre de 2001. (fls. 268 cdn. ppal.).

El 23 de noviembre de 2001 la Directora de Prestaciones Económicas de la Fiduciaria la Previsora S.A. indicó a la Coordinación Oficina de Prestaciones Fondo Educativo Regional de Popayán que “Revisada la base de datos de esta entidad se pudo constatar que el educador se encontraba afiliado al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio por Decreto 196 de 1995 como docente Departamental Recursos Propios del Departamento del Cauca, para su afiliación ingresó un pasivo prestacional a partir del 1 de abril de 1981 y fecha de afiliación al Fondo a partir del 1 de julio de 1999. Igualmente se verificó que se otorgó visto bueno a la pensión Post Mortem 20 años, prestación que se encuentra en la Oficina Regional del Cauca. Con relación a lo anterior se informa que los beneficiarios forzosos de la prestación solicitaron la pensión de sobrevivientes a la ARP PREVIATEP, prestación que ya se encuentra reconocida … deben verificar que no se trate de los mismos tiempos de servicio, pues de lo contrario no se deberá reconocer la pensión Post-Mortem 20 años, por ser improcedente su reconocimiento, pues por los mismos tiempos de servicio no se puede reconocer más de una pensión de conformidad con lo preceptuado en la ley 4 de 1992”. (fls. 122 y 123 cdn. ppal.).

El 11 de diciembre de 2001 PREVIATEP certificó que la actora y sus dos hijos “… son beneficiarios de una pensión de sobrevivencia por Riesgos Profesionales, desde el 12 de Agosto de 1999, por el siniestro de origen profesional del señor Jesús Antonio Lara Ruíz, (q.e.p.d)… trabajador de la empresa Gobernación del Cauca, afiliada a la Administradora de Riesgos Profesionales de la Previsora Vida S.A. PREVIATEP, en el momento del siniestro. …”. (fls. 125 cdn. ppal.).

El 26 de febrero de 2002 la Dirección de Prestaciones Económicas de la Fiduciaria La Previsora S.A. manifestó a la demandante, que no es viable el reconocimiento de dos derechos prestacionales cuando sólo se tuvo una sola vinculación laboral. Que el Fondo del Magisterio debe negar la pensión, porque por el mismo tiempo de servicio ya se reconoció una pensión por el sistema general de seguridad social por parte de PREVIATEP, entidad a la cual se hicieron los aportes para Riesgos Profesionales. (fls. 12 y 13 cdn. ppal.).

Por medio de la Resolución No. 253 de 6 de junio de 2002, el Fondo acusado negó el reconocimiento de la pensión post mortem a los beneficiarios del señor Jesús Antonio Lara Ruíz, en atención a que para el momento de su deceso “… se encontraba protegido en su seguridad social por dos instituciones como son el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio y por la ARP PREVI-ATEP y es ésta última quien le reconoció pensión de sobrevivientes, cuyo monto es de $1.011.346 según certificación 1006812 del 10 de diciembre de 2001, (…) Con el mismo tiempo de servicios prestados, se pretende el reconocimiento de dos pensiones distintas, una por la ARP y otra por el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, lo cual es improcedente de conformidad con lo establecido en la Ley 4 de 1992”. (fls. 116 y 117 cdn. ppal.).

En la Resolución No. 1666 de 18 de septiembre de 2002, se confirmó el anterior acto administrativo. (fls. 118 y 119 cdn. ppal.).

El 27 de noviembre de 2008 la ARP POSITIVA informa que la actora recibe para dicha fecha una mesada pensional por valor de $1.515.144. (fls. 184 cdn. ppal.).

Reposan sendos registros civiles de matrimonio y nacimiento que dan cuenta del vínculo matrimonial entre la accionante y el finado y del consanguíneo, entre este último y sus hijos. La hija nació el 3 de julio de 1979 y el hijo nació el 9 de octubre de 1982. (fls. 259 a 261 cdn. ppal.).

Con los anteriores elementos de juicio resulta fehacientemente demostrado, que el deceso del causante se produjo el 12 de agosto de 1999, cuando prestaba sus servicios a la Gobernación del Cauca y contaba con más de 20 años al servicio de la docencia, durante los cuales efectuó cotizaciones ante el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio por concepto de pensión de jubilación al igual que ante la Administradora de Riesgos Profesionales Previsora de Vida S.A. -Previatep-, a la que estaba afiliado.

De esta suerte y en consideración a que se realizaron las cotizaciones respectivas ante el Fondo y ante la Administradora de Riesgos Profesionales, sin dubitación alguna surge evidente, que los causahabientes del educador fallecido tienen derecho, de un lado, al reconocimiento de la pensión especial post mortem regida por el artículo 7° del Decreto 224 de 1972, en tanto que el extinto, cumplió con el presupuesto que esta norma exige para la obtención de la pensión jubilatoria, que sólo es, el ejercicio de la labor educativa por lo menos 18 años continuos o discontinuos, y de otro, al pago de la indemnización denominada pensión de sobrevivientes por accidente de trabajo de que trata el Decreto 1295 de 1994; si se tiene en cuenta que su muerte se produjo cuando se encontraba ejerciendo la actividad docente, tal como en su oportunidad lo calificó la ARP y sin que dicha situación de ninguna manera fuera objetada por el Fondo demandado en sus intervenciones al interior de este proceso.

En esta línea de análisis encuentra la Sala, que carece de fundamento el argumento del Fondo acusado en el sentido de que no le asiste la obligación de reconocimiento y pago de la pensión post mortem, porque en su sentir, por el mismo tiempo de servicio y en razón del mismo vínculo laboral, ya se reconoció la pensión de sobrevivientes; pues tal como atrás quedó dilucidado, el hecho de que exista una única vinculación, no impide que el empleado efectúe la cotización correspondiente en pos de la obtención de su pensión de jubilación que luego de su muerte se trasladará a sus sustitutos, y que a su turno el empleador, realice la cotización -que por demás es de carácter obligatorio-, para efecto de prever el evento en el que su trabajador muera en ejercicio de la labor, aporte que luego mudará a sus beneficiarios a título de indemnización.

En esta comprensión tampoco se comparte la posición del Ministerio Público cuando afirma, que ya se reconoció la pensión post mortem, es decir, con causa en la muerte del educador, y que por tanto, la pensión que su familia recibe es la misma que solicita en este proceso; pues lo cierto es, que la pensión post mortem que ahora depreca del Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio es muy diferente a la indemnización que a título de pensión de sobrevivientes está percibiendo de cuenta de la A.R.P.

No le asiste la razón al a quo cuando afirma, que la persona vinculada a un régimen excepcional no puede acudir al general vertido en la Ley 100 de 1993, so pena de atentar contra el principio de inescindibilidad; pues, de una parte, tal como se advirtió, en materia pensional, para los docentes no existe un régimen especial, pero sí derechos prestacionales especiales tales como la pensión gracia y la pensión post mortem, y de otra, aunque es cierto, que esta ley facultó al Presidente de la República para organizar el Sistema General de Riesgos Profesionales, lo que en efecto ocurrió a través del Decreto 1295 de 1994, también lo es, que este sistema busca a través de la pensión de sobrevivientes, la indemnización con miras a proteger a los beneficiarios del empleado afiliado o pensionado por riesgos profesionales, lo que es diametralmente opuesto a la pensión post mortem a la que los sucesores del docente tienen derecho en el evento especial en el que por causa de su muerte, no haya cumplido con el tiempo de servicios para obtener la pensión jubilatoria.

Entonces, siendo cierto como lo es, que ambas figuras guardan compatibilidad entre sí, debido a que cada una cuenta con una naturaleza diferente, que se traduce en que, con fuentes de financiación independientes provenientes de cotizaciones separadas, se cubren distintos riesgos -el de la vejez y el accidente de trabajo-, con sujeción a una disímil reglamentación, que trae aparejados efectos jurídicos diversos, no le queda otro camino a la Sala que revocar la decisión del Tribunal que es objeto de reparo.

Con lo anterior, se ordenará al Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio -último fondo ante el cual se efectuaron los aportes-, que de conformidad con las cotizaciones que en efecto realizó el causante durante más de 20 años, reconozca a su cónyuge, en calidad de beneficiaria, la pensión post mortem de jubilación, a la que como quedó visto tiene derecho, sin límite temporal para el disfrute de la misma, en el 75% de la asignación mensual fijada para el cargo que desempeñaba el profesor al tiempo de su deceso, tal como lo dispone el artículo 7° del Decreto 224 de 1972.

No sin antes determinar, las cuotas partes que le corresponden a los Fondos ante los cuales el educador realizó los respectivos aportes, pudiendo el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, repetir contra estos por el valor de las sumas establecidas y efectivamente pagadas a la cónyuge sobreviviente. Debiendo además, descontar el valor de $18.029.448 que por concepto de “seguro por muerte” le reconoció a la actora en la Resolución No. 950 de 31 de octubre de 2001.

Ello sin que sobre advertir, que la Administradora de Riesgos Profesionales Previsora de Vida S.A. -Previatep-, deberá seguir efectuando, para con los causahabientes del fallecido, el pago de la indemnización que a título de pensión de sobreviviente por accidente de trabajo, le viene reconociendo, pues la declaratoria de inexequibilidad del artículo 49 del Decreto 1295 de 1994, tuvo lugar el 17 de diciembre de 2002 y con efectos ex nunc, tal como se advirtió en acápite precedente.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

FALLA:

Primero. REVÓCASE la sentencia de 10 de junio de 2010 proferida por el Tribunal Administrativo del Cauca, que negó las súplicas de la demanda instaurada por la señora ANA LUCÍA MORENO DE LARA contra la Nación - Ministerio de Educación Nacional - Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio. En su lugar se dispone:

Segundo. DECLÁRASE la nulidad de la Resolución No. 253 de 6 de junio de 2002 “Por medio de la cual se niega el reconocimiento de una pensión post mortem” y de la Resolución No.1666 de 18 de septiembre de 2002 “Por medio de la cual se confirma una resolución que niega el reconocimiento de una pensión post mortem”; ambas expedidas por el Ministerio de Educación Nacional - Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio.

Tercero.CONDÉNASE a la Nación - Ministerio de Educación Nacional - Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio al reconocimiento y pago de la pensión post mortem de jubilación a la señora ANA LUCÍA MORENO DE LARA beneficiaria del extinto docente Jesús Antonio Lara Ruíz quien se identificaba con cédula de ciudadanía 10.526.235, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de este proveído.

Las sumas resultantes se ajustarán en su valor, dando aplicación a la siguiente fórmula:

R= Rh x índice final

índice inicial

En donde el valor presente (R) se determina multiplicando el valor histórico (Rh), que es lo dejado de percibir por la demandante desde el 12 de agosto de 1999, por el guarismo que resulta de dividir el índice final de precios al consumidor, certificado por el DANE, vigente a la fecha de ejecutoria de esta sentencia, por el índice inicial, vigente para la fecha en que debió hacerse el pago.

Es claro que por tratarse de pagos de tracto sucesivo, la fórmula se aplicará separadamente mes por mes, teniendo en cuenta que el índice inicial es el vigente al momento de la causación de cada uno de ellos.

Cuarto. DÉSE cumplimiento a la sentencia en los términos de los artículos 176 y 177 del C.C.A.

Reconócese personería al abogado César Augusto Manchola Capote como apoderado de la actora en los términos y para los efectos del poder obrante a folio 97 del expediente.

Se aclara que la personería que se reconoció a la abogada Lilian Diyeny Zemanate Joaqui, en providencia de 30 de septiembre de 2010 visible a fls. 138, es para representar a la parte demandada en los términos y para los efectos del poder que obra a fls. 78 del proceso.

Devuélvase el expediente al Tribunal de origen».

Magistrados: William Hernández GómezGabriel Valbuena HernándezLuis Rafael Vergara Quintero.

1 Ley 90 de 1946. “Por la cual se establece el seguro social obligatorio y se crea el Instituto Colombiano de Seguros Sociales”. Artículo 1º. “Establécese el seguro social obligatorio de los trabajadores contra los siguientes riesgos: a. Enfermedades no profesionales y maternidad; b. Invalidez y vejez; c. Accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, y d. Muerte”. Artículo 8. “Para la dirección y vigilancia de los seguros sociales, créase como entidad autónoma con personería jurídica y patrimonio propio, un organismo que se denominará Instituto Colombiano de Seguros Sociales, cuya sede será Bogotá”.

2 El seguro social que fue incorporado, cuenta con las características del modelo alemán de Bismarck, que cambió la política del librecambismo por la del proteccionismo, adoptando leyes sobre seguro de accidentes de trabajo, seguro de enfermedad y seguro de invalidez y vejez.

3 Esta reforma pretendió el establecimiento de un sistema competitivo dando participación al sector privado; lo que implica, que cada ciudadano pueda escoger voluntariamente la entidad que le prestará la atención médica o la que le manejará sus recursos pensionales.

4 Ley 100 de 1993. Artículo 279 “EXCEPCIONES: El Sistema Integral de Seguridad Social contenido en la presente Ley no se aplica a los miembros de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional, ni al personal regido por el Decreto ley 1214 de 1990, con excepción de aquel que se vincule a partir de la vigencia de la presente Ley, ni a los miembros no remunerados de las Corporaciones Públicas.// Así mismo, se exceptúa a los afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, creado por la Ley 91 de 1989, cuyas prestaciones a cargo serán compatibles con pensiones o cualquier clase de remuneración. Este Fondo será responsable de la expedición y pago de bonos pensionales en favor de educadores que se retiren del servicio, de conformidad con la reglamentación que para el efecto se expida//. El aparte resaltado en negrilla fue declarado exequible condicionalmente por la Corte Constitucional en la Sentencia C-461 de 12 de octubre de 1995, con ponencia del Magistrado Eduardo Cifuentes Muñoz, bajo el entendido que el establecimiento de regímenes especiales, como los señalados en esta disposición, que garanticen con relación al régimen pensional ordinario un nivel igual o superior resulta conforme a la Constitución por ser favorable a los trabajadores que cobija, pero, si se determina de la lectura del régimen especial, que es inequitativo y desfavorable con relación al general, se transgrede la filosofía prevista en el artículo 13 de la Carta.

5 Ley 91 de 29 de diciembre de 1989. “Por la cual se crea el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio”.

6 El proceso de nacionalización tuvo ocurrencia entre el 1º de enero de 1976 y el 31 de diciembre de 1980.

7 En igual sentido reza el artículo 2º en su numeral 5º y el artículo 4º de esta ley.

8 La liquidación de la prestación social y la emisión del acto administrativo que decide sobre su reconocimiento o negación es del resorte del Ministerio de Educación Nacional por intermedio de la Coordinación de Prestaciones Sociales del Magisterio en cada regional; la aprobación de la liquidación corre por cuenta de la Fiduciaria; y, el pago de la prestación reconocida corresponde al Fondo.

9 Ley 115 de 1994. Artículo 115 “Régimen especial de los educadores estatales. El ejercicio de la profesión docente estatal se regirá por las normas del régimen especial del Estatuto Docente y por la presente Ley. El régimen prestacional de los educadores estatales es el establecido en la Ley 91 de 1989, en la Ley 60 de 1993 y en la presente ley. // De conformidad con lo dispuesto en el artículo 53 de la Constitución Política, el estado garantiza el derecho al pago oportuno y al reajuste periódico de las pensiones y salarios legales. // En ningún caso se podrán desmejorar los salarios y prestaciones sociales de los educadores”.

10 Instruye al respecto, entre otras, la sentencia de 29 de abril de 2010. Radicado 1259-09. Actor: Luis Alberto Hurtado Pedraza. Demandado: Ministerio de Educación - Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio. Consejero Ponente: Dr. Gustavo Eduardo Gómez Aranguren.

11 Decreto 224 de 1972. “Por el cual se señalan las asignaciones de los Rectores o Directores, Prefectos y Profesores de enseñanza primaria, secundaria y profesional normalista, al servicio del Misterio de Educación Nacional y se establecen estímulos de diversa índole para los mismos funcionarios”.

12 Ley 14 de 1971. “Por la cual se determinan las condiciones de ingreso y ascenso en el Escalafón Nacional de Enseñanza Primaria y Secundaria, y se reviste de facultades extraordinarias al Presidente de la República para reajustar asignaciones y fijar estímulos al profesorado dependiente del Ministerio de Educación Nacional”. Artículo 2°. “De conformidad con el ordinal 12 del artículo 76 de la Constitución Nacional, revístase al Presidente de la República de facultades extraordinarias, por un año, contado a partir de la fecha de vigencia de la presente ley, para los fines siguientes: a) Reajustar las asignaciones básicas de los rectores o directores, prefectos y profesores de Enseñanza Primaria, Secundaria y profesional normalista, dependientes del Ministerio de Educación Nacional.  b) Establecer estímulos de diversa índole para los profesores de enseñanza primaria, secundaria y profesional normalista, dependientes del mismo Ministerio.

13 Se resalta, que no existe el límite temporal equivalente a 5 años para el disfrute de la pensión, que inicialmente impuso la referida disposición, pues tal restricción fue derogada, de manera tácita, por la Ley 33 de 1973 que en su artículo 1º estipuló “Fallecido un trabajador particular pensionado o con derecho a pensión de jubilación, invalidez o vejez, o un empleado o trabajador del sector público sea este oficial o semioficial con el mismo derecho, su viuda podrá reclamar la respectiva pensión en forma vitalicia (…)”. Y, la prohibición de contraer nuevas nupcias perdió vigencia con la expedición de la Ley 100 de 1993, que al consagrar la pensión de sobrevivientes a través de la cual ampara la contingencia de la muerte, no hace mención a la pérdida del derecho por tal circunstancia. Al respecto ilustra la Corte Constitucional, entre otras, en la sentencia C-309 de 1996 consideró, que en virtud de los nuevos postulados constitucionales, el prohibir a la viuda, que está disfrutando del derecho pensional, contraer nuevas nupcias so pena de perder el derecho, “es una injerencia arbitraria en el campo de la privacidad y autodeterminación del sujeto que vulnera el libre desarrollo de su personalidad sin ninguna justificación como quiera que nada tiene que ver el interés general con tales decisiones personalísimas”.

14 Ilustran al respecto la Sentencia de 29 de abril de 2010. Radicado: 1259-09. Actor: Luis Alberto Hurtado Pedraza. Demandado: Ministerio de Educación - Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio. Consejero Ponente: Dr. Gustavo Eduardo Gómez Aranguren. Sentencia de 11 de agosto de 2011. Radicado: 1510-07. Actor: Eduardo Osorio Segura. Demandado: Ministerio de Educación Nacional. Consejero Ponente: Dr. Gerardo Arenas Monsalve.

15 La Ley 57 de 1915 “Sobre reparaciones por accidentes de trabajo” en su artículo 1º definió el accidente de trabajo como el “… suceso imprevisto y repentino sobrevenido por causa y con ocasión del trabajo, y que produce en el organismo de quien ejecuta un trabajo por cuenta ajena una lesión o una perturbación funcional permanente o pasajera, todo sin culpa del obrero. En el artículo 2º dispuso, que el patrono era responsable por los accidentes ocurridos a sus operarios con motivo del trabajo que realicen y en el ejercicio de la profesión que ejerzan.

16 El Decreto Ley 2350 de 1944 “Por el cual se dictan algunas disposiciones sobre Convenciones de Trabajo, asociaciones profesionales, conflictos colectivos y jurisdicción especial del trabajo”, en su artículo 8º, sobre el contrato individual de trabajo estipulaba que “Mientras se organiza el seguro social obligatorio, corresponderán también al patrono, además de las que le impongan leyes especiales o convenciones de trabajo, las siguientes indemnizaciones o prestaciones para con sus trabajadores, ya sean empleados u obreros: a) Las indemnizaciones por accidentes de trabajo en proporción al daño sufrido y de conformidad con la tabla de evaluaciones que el Gobierno promulgue, hasta por el equivalente del salario en dos años, además de la asistencia médica, farmacéutica, quirúrgica y hospitalaria a que haya lugar… b) Las indemnizaciones por enfermedades profesionales, en proporción al daño sufrido y hasta el equivalente del salario en dos años, además de la asistencia médica, farmacéutica, quirúrgica y hospitalaria a que haya lugar…”. Y, en su artículo 41 consagraba que “Las sumas que reciban los trabajadores a título de auxilio de cesantías, indemnizaciones por accidentes de trabajo, seguro de vida obligatorio y demás prestaciones sociales, cuando no excedan de cinco mil pesos, están exentas de los impuestos establecidos por la Ley 78 de 1935”.

17 En similares términos la Ley 6ª de 1945 sobre las prestaciones patronales, en su artículo 12 estableció que mientras se organizaba el seguro social obligatorio correspondían al patrono las indemnizaciones por enfermedad profesional.

18 El Decreto 3135 de 1968 “Por el cual se prevé la integración de la seguridad social entre el sector público y el privado, y se regula el régimen prestacional de los empleados públicos y trabajadores oficiales”.

19 Estas disposiciones fueron derogadas por el Decreto 1295 de 1994.

20 El Decreto 1848 de 1969 “Por el cual se reglamenta el Decreto 3135 de 1968”.

21 Estas definiciones fueron derogadas por el Decreto 1295 de 1994.

22 Fue por medio de este Decreto que se aprobó el Reglamento General del Seguro Social Obligatorio de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales, que expidió su Consejo Directivo en uso de las facultades que le confirió la Ley 90 de 1946.

23 La Ley 9 de 1979 “Por la cual se dictan medidas sanitarias”, en el artículo 84 impuso la obligación a todos los empleadores de “… d) Adoptar medidas efectivas para proteger y promover la salud de los trabajadores, mediante la instalación, operación y mantenimiento, en forma eficiente, de los sistemas y equipos de control necesarios para prevenir enfermedades y accidentes en los lugares de trabajo; e) Registrar y notificar los accidentes y enfermedades ocurridos en los sitios de trabajo, así como las actividades que se realicen para la protección de la salud de los trabajadores; …”. En su artículo 86 dispuso, que el Gobierno expediría las normas complementarias tendientes a garantizar la seguridad de los trabajadores para prevenir los riesgos de accidente y enfermedad. Y en el artículo 111 ordenó que en todo lugar de trabajo se debía establecer un programa de salud ocupacional a fin de prevenir accidente y enfermedades relacionadas con el trabajo.

24 El Decreto 614 de 1984 determinó las bases para la organización y administración de la salud ocupacional en el país a fin de constituir un Plan Nacional Unificado en el campo de la prevención de los accidentes y enfermedades relacionadas con el trabajo y el mejoramiento de las condiciones laborales. En el artículo 24 fijó como responsabilidad de los patronos, la de notificar obligatoriamente a las autoridades competentes los accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales que se presenten.

En concordancia con este Decreto 614 de 1984, las Resoluciones Ministeriales 2013 de 1986 y 1016 de 1989 respectivamente, reglamentaron la organización y funcionamiento de los comités de Medicina, Higiene y Seguridad Social Industrial en los lugares de trabajo y los programas de salud ocupacional que deben desarrollar los empleadores en el País.

25 Ley 100 de 1993. Artículo 139. “Facultades extraordinarias. De conformidad con lo previsto en el ordinal 10 del artículo 150 de la Constitución Política, revístase al Presidente de la República de precisas facultades extraordinarias por el término de seis (6) meses contados desde la fecha de publicación de la presente ley para: (…) 11. Dictar normas necesarias para organizar la administración del Sistema General de Riesgos Profesionales como conjunto de entidades públicas y privadas, normas y procedimientos, destinados a prevenir, proteger y atender a los trabajadores de los efectos de las enfermedades y los accidentes, que puedan ocurrirles con ocasión o como consecuencia del trabajo que desarrollan. En todo caso, la cotización continuará a cargo de los empleadores”

26 Decreto 1295 de 22 de junio de 1994 “Por el cual se determina la organización y administración del Sistema General de Riesgos Profesionales” Según su artículo 97, este sistema regirá a partir del 1º de agosto de 1994 para empleadores y trabajadores del sector privado, para el sector público del nivel nacional a partir del 1º de enero de 1996 y para los servidores públicos del nivel departamental, municipal y distrital, entrará a regir a más tardar el 1º de enero de 1996, en la que fecha que determine la autoridad gubernamental.

27 Decreto 1295 de 1994. Artículo 80. “Funciones de las entidades Administradoras de Riesgos Profesionales. Las Entidades Administradoras de Riesgos Profesionales tendrán a su cargo, entre otras, las siguientes funciones: a. La afiliación. b. El registro. c. El recaudo, cobro y distribución de las cotizaciones de que trata este decreto. d. Garantizar a sus afiliados, en los términos de este decreto, la prestación de los servicios de salud a que tienen derecho. e. Garantizar a sus afiliados el reconocimiento y pago oportuno de las prestaciones económicas determinadas en este decreto. (…)”.

28 Decreto 1295 de 1994. Artículo 68. “Dirección y Administración del Sistema. El Sistema General de Riesgos profesionales es orientado, regulado, supervisado, vigilado y controlado por el Estado, a través del Ministerio de Trabajo y seguridad Social. Está dirigido e integrado por: a. Organismos de dirección, vigilancia y control: 1. El Consejo Nacional de Riesgos Profesionales. 2. El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y de salud. B. Entidades administradoras del sistema - ARP- 1. El Instituto de Seguros Sociales 2. Las entidades aseguradoras de vida que obtengan autorizaciones de la Superintendencia bancaria para la explotación del ramo de seguro de riesgos profesionales”.

29 La Corte Suprema de Justicia en sentencia de 4 de diciembre de 2012. Radicado 39436, consideró que “El Sistema de Riesgos Profesionales está concebido esencialmente como de aseguramiento, en el cual el tomador del seguro es el empleador, y por ello la decisión de escoger la entidad que debe cubrir los riesgos le corresponde exclusivamente a él; la aseguradora es la ARP; los asegurados son los trabajadores; los beneficiarios del seguro son los mismos trabajadores o su núcleo familiar; la prima de aseguramiento, es la cotización que debe asumir exclusivamente el empleador; el riesgo asegurado es la contingencia producto del accidente de trabajo o la enfermedad profesional; y, por último, los beneficios en caso de presentarse el siniestro, lo son las prestaciones asistenciales y económicas a que tienen derecho los trabajadores que sufren los percances, o en caso de muerte sus causahabientes beneficiarios señalados en la ley”.

30 Ley 776 de 17 de diciembre de 2002 “Por la cual se dictan normas sobre la organización, administración y prestación del Sistema General de Riesgos Profesionales”.

31 Se recalca en que esta pensión de sobrevivientes difiere de la igualmente denominada pensión de sobrevivientes de que trata el régimen general de la Ley 100 de 1993, que es a la que tienen derecho los familiares del occiso que se encuentra afiliado al sistema común.

32 En consonancia, la Ley 4ª de 1992 en su artículo 19 determina que nadie puede desempeñar más de un empleo público ni recibir más de una asignación del Tesoro Público, o de empresas o de instituciones en las que tenga parte mayoritaria el Estado, “Exceptuándose las siguientes asignaciones: (…) c) las percibidas por concepto de sustitución pensional”.