Sentencia 2003-00029/36381 de mayo 2 de 2016

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION TERCERA

SUBSECCIÓN B

Consejero Ponente:

Dr. Danilo Rojas Betancourth

Exp.: 36381

Rad.: 68001 23 31 000 2003 00029 01

Actor: Luz Amparo Villamizar Rodríguez y otros

Demandado: Nación-Rama Judicial y Fiscalía General de la Nación

Naturaleza: Reparación directa

Bogotá D.C., dos de mayo de dos mil dieciséis.

EXTRACTOS: «Consideraciones

I. Competencia

7. La Sala observa que es competente para resolver el caso sub judice, iniciado en ejercicio de la acción de reparación directa, en concordancia con la naturaleza del asunto. La Ley 270 de 1996 desarrolló la responsabilidad del Estado en los eventos de error jurisdiccional, defectuoso funcionamiento de la administración de justicia y privación injusta de la libertad y fijó la competencia para conocer de tales procesos en primera instancia, en cabeza de los tribunales administrativos y, en segunda instancia, en el Consejo de Estado, sin que sea relevante consideración alguna relacionada con la cuantía(2).

II. Hechos probados.

8. De conformidad con las pruebas válida y oportunamente recaudadas, se tienen por probados los siguientes hechos relevantes(3):

8.1. Mediante resolución del 4 de abril de 2002, la Fiscalía General de la Nación ordenó, de forma oficiosa, la práctica de una diligencia de allanamiento al inmueble ubicado en la calle XX Nº XX–XX del barrio S.R. en el municipio de Piedecuesta (Santander), en el marco de una investigación penal por el delito de hurto agravado y calificado en concurso con el de porte ilegal de armas de fuego cometido el 24 de febrero del mismo año en las bodegas de la empresa Servientrega (informe elaborado por la Fiscalía General de la Nación —fl. 77-78 cdno. 1—).

8.2. De acuerdo con la información recopilada durante la investigación penal, el señor R.L.A., empleado de Servientrega, estaba involucrado en los hechos delictivos, por lo que la diligencia se practicó en el lugar que presuntamente habitaba, de acuerdo con datos que él mismo dejó consignados en su hoja de vida (informe elaborado por la Fiscalía General de la Nación —fl. 77-78 cdno. 1—).

8.3. La diligencia arrojó resultados negativos pues no se encontraron personas u objetos vinculados con la investigación (informe elaborado por la Fiscalía General de la Nación —fl. 77-78 cdno. 1—). En cambio, se constató que a lo largo de los años el inmueble había sido entregado en arriendo a distintas personas y que para el 4 de abril de 2002 estaba habitado por los señores J.A.M.C., L.A.V y sus hijos menores de edad: J.S.M.V., E.J.M.V. y S.M.V. (copia auténtica de los respectivos registros civiles de nacimiento, testimonios de los señores M.R.M., M.A.C. y E.R.M. fl. 81-84, 112-117, 124-128 cdno. 1).

8.4. No obstante, al momento de la diligencia, los padres habían salido a trabajar por lo que en la vivienda solo se encontraban los menores y la señora M.A.C.G., que trabajaba como empleada doméstica. El allanamiento capturó la atención de los vecinos, algunos de los cuales se hicieron presentes en el sitio con el fin de indagar sobre lo que estaba sucediendo, y generó temor y desconcierto entre sus ocupantes. De este hecho dieron cuenta los siguientes testigos:

8.4.1. La señora M.R.M., quien manifestó ser vecina de los demandantes (fl. 81-84 cdno. 1):

(…) CONTESTÓ: ellos eran vecinos míos, vivían a una cuadra, esa noche yo llegue de mi trabajo, y me llamaron por teléfono unos vecinos de ellos me informaron que algo estaba pasando allá, y que estaba la casa rodeada de varios agentes, pues me preocupé sabiendo que ellos dos L.A. y J.A. son policías, fui hasta allá y ciertamente estaba la casa rodeada de agentes, pero no recuerdo si eran de la policía u otro, estaban uniformados pero no recuerdo que tipo de uniforme era. Ellos tienen tres hijos y en ese momento estaban con la empleada del servicio, no nos dejaron entrar a la casa obviamente, los niños se oían gritar y llorar, estaban muy asustados, pues veía hombres bajando por el techo y me imagino que ellos pensaban que iban a matarlos. Los niños estaban muy asustados. Ya cuando terminaron de revisar las cosas yo le pregunte qué que estaba pasando pero no dijeron nada. Ya calmados los ánimos nos fuimos cada uno para la casa una vez tranquilicé los niños, después me enteré que a los niños tuvieron que darle un apoyo psicológico a los niños (sic). (…) PREGUNTADO: Se enteró usted después, y en caso afirmativo a través de qué fuente de información, sobre el motivo por el cual se presentaron estos hechos en la casa de los agentes L.A. y J.M. CONTESTÓ. No con certeza, pero oí comentarios a otras personas que los agentes habían comentado que ahí guardaban armas y que se quedaba gente de la guerrilla, eso fue lo único. (…) PREGUNTADO: Sabe usted acerca de los daños y perjuicios que lo ocurrido les haya causado a los agentes V. y M., CONTESTÓ: Ante una situación como esa queda en juego la reputación como agentes, materiales no tengo conocimiento, y en cuento a perjuicios morales sobre todo el maltrato psicológico a los niños y obviamente a ellos también. (…).

8.4.2. La señora M.A.C.G. quien, como ya se señaló, se encontraba en la vivienda durante la diligencia de allanamiento en calidad de empleada de los demandantes (fl. 112-116 cdno. 1):

(…) CONTESTADO. Yo estaba dentro de la casa en el momento en que sucedió, estaba durmiendo la bebé cuando golpearon furiosamente la puerta, la golpearon fuertísimo como si la fueran a tumbar, el niño mayor salió corriendo a abrir porque pensó que era la mamá y el papá que acababan de salir a trabajar, pero al abrir la ventana para cerciorarse de quien era se encontró con un hombre que lo encañonaba con un arma según me dijo el niño porque yo no alcancé a llegar a la ventana y habían tres menores más y ellos gritaban que nos iban a matar y cuando yo quise acercarme a la ventana para ver quién era los niños me abrazaban y me impedían acercarme a la ventana, gritando con angustia no abra es que nos van a matar, desde afuera gritaban que abriera la puerta porque era la fiscalía y como yo me negaba a hacerlo cada vez gritaban más furiosos y me manifestaban que ellos llevaban orden de tumbar la puerta si no se les abría, ellos no tumbaron la puerta porque todos los vecinos estaban afuera diciéndoles que por favor que respetaran que adentro solo había niños menores y que ahí solo vivían dos agentes de policía y que ellos acababan de ver salir a trabajar. (…) PREGUNTADO. Infórmele al despacho si conoce los motivos o razones por las cuales se realizó el allanamiento en cuestión. CONTESTADO. No, en ningún momento ellos nos hicieron conocer los motivos por los cuales nos estaban haciendo ese allanamiento, no preguntaron por ninguna persona, nunca supe a quién buscaban. PREGUNTADO. Infórmele al despacho si con ocasión del allanamiento en cuestión se causaron perjuicios de tipo material o moral. CONTESTADO. Ellos revolcaron todo pero no dañaron nada. A mí y los niños nos afectó psicológicamente demasiado, sobre todo a mis hijos porque estaban un poquito más grandecitos y entendían más, sé que el niño mayorcito de ellos él siempre se caracterizó por tener un carácter muy fuerte, él no tenía nervios ni nada, muy seguro y a raíz de eso se volvió muy nervioso (…).

8.4.3. Finalmente, el señor E.R.M. (fl. 124-128 cdno. 1), quien según el informe rendido por la Fiscalía (fl. 77 cdno. 1) también estuvo presente en la diligencia de allanamiento, explicó:

(…) Sí, en primer lugar los datos referentes a la sobrina L.A.V. y a su esposo J.M. y lo que ocurrió en la casa donde ellos vivían. No sé exactamente qué día fue, sé que fueron los primeros días de la semana, un lunes o un martes de siete a nueve de la noche, yo me encontraba en mi lugar de trabajo en la dirección que aparece como mi residencia, hablando con los vecinos, entonces pasó alguien y me dijo que en la casa donde vivía L. A., exactamente se refirió a mis sobrinos policías, que en la casa de ellos algo estaba sucediendo, porque habían unos manes de civil afuera y la gente se estaba empezando a conglomerar. Entonces yo me fui a ver, porque esa casa ha sido de la generación de los R., llegué y los señores vestidos de civil, estaban empujando la puerta y le gritaban a la empleada que se encontraba adentro con los niños, que les abriera la puerta. Cuando yo llegué ya había un señor subido en el tejado de la casa y como la muchacha empleada me distingue a mí, tomó confianza, ella abrió y ellos dejaron de darle patadas a la puerta y entraron. Ahí yo me fui a entrar, un señor de esos me empujó hacia atrás, porque no me quería dejar entrar, yo le dije que me dejara entrar porque la casa era de nosotros, pasé y entré hasta la sala y de ahí si no pude pasar más adelante, ahí me trancaron dos de ellos, entonces como los niños estaban gritando y la empleada también, ellos pasaron hacia la sala y pude calmar los niños. (…) PREGUNTADO: Infórmele al Despacho, según su conocimiento personal, ¿cómo afectó lo ocurrido, tanto a los agentes M.V. como a sus hijos? CONTESTÓ: Creo que los agentes quedaron sorprendidos, inclusive los mismos vecinos de la cuadra y a los niños imagínese ese susto que se llevaron por largo tiempo. (…) PREGUNTADO: Infórmele al Despacho ¿cómo afectó lo acaecido la imagen de los agentes M. y V. ante la comunidad? CONTESTÓ: Pues como en todos los hechos, hay mucha especulación por parte de la gente, que va haciendo en ese momento “corrillo”. (…).

III. Problema jurídico

9. Corresponde a la Sala establecer, en primer término, si la Nación-Rama Judicial carece de legitimación en la causa por pasiva, teniendo en cuenta que este aspecto fue objeto de controversia en primera instancia, al ser propuesta como excepción por la entidad. Luego, deberá analizar si en el caso bajo estudio la incursión de miembros de la Fiscalía General de la Nación al bien inmueble ubicado en la calle XX Nº XX–XX del barrio S.R. en el municipio de Piedecuesta (Santander) el 4 de abril de 2002 en el marco de una diligencia de allanamiento, generó un daño antijurídico a los demandantes en virtud de la inviolabilidad del domicilio y, en consecuencia, si procede el reconocimiento de los perjuicios deprecados.

IV. De la legitimación en la causa por pasiva

10. La Nación – Rama Judicial propuso la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva con fundamento en que no es responsable de los hechos expuestos por la parte actora, toda vez que no adelantó las actuaciones respecto de las cuales se predica el daño y agregó que debía tenerse en cuenta la autonomía administrativa y presupuestal de la Fiscalía General de la Nación de conformidad con el artículo 249 de la Constitución Política.

11. Al respecto, la Sala advierte que la excepción no tiene vocación de prosperidad porque si bien le asiste razón a la entidad en que no desplegó las actuaciones por las que se demanda, lo cierto es que la misma se dirigió contra la Nación, que es la persona jurídica a la cual se le atribuyó el daño antijurídico, la cual bien podía actuar representada por el fiscal general de la Nación o por la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, aun cuando el caso se haya presentado con posterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 446 de 1998, pues la facultad representativa que se puso allí en cabeza del fiscal general no riñe con la otorgada al director ejecutivo de administración judicial respecto de las actuaciones de toda la Rama Judicial en la Ley 270 de 1996. Al respecto, la Sala Plena de la Sección Tercera, en sentencia de unificación del 25 de septiembre del 2013, indicó(4):

Así las cosas, se puede evidenciar que existe una línea de pensamiento uniforme en torno a dos aspectos puntuales que atañan al caso en estudio. El primero es que con anterioridad a la entrada en vigencia del artículo 49 de la Ley 446 de 1998, la representación judicial de la Nación-Rama Judicial estaba radicada en cabeza del Director Ejecutivo de Administración Judicial, incluso cuando los hechos se le imputaban a la Fiscalía General de la Nación, en virtud del numeral 8 del artículo 99 de la Ley Estatutaria de Administración de Justicia. El segundo aspecto que queda establecido con este balance jurisprudencial, es que después de la entrada en vigencia del artículo 49 de la Ley 446 ibídem, la Fiscalía adquirió la representación judicial de la Nación en los procesos contencioso administrativos en que se discuta la responsabilidad de sus agentes por haber proferido el acto o ser causantes de los hechos que motivan la demanda. Sin embargo, esa facultad no riñe con la del numeral 8 del artículo 99 de la Ley 270 de 1996, por tal razón, la jurisprudencia del Consejo de Estado interpretó que con la norma de la Ley 446 ibídem, la Nación-Rama Judicial puede ser representada, debidamente, tanto por el Director Ejecutivo, en virtud de la ley estatutaria, como por el Fiscal General de la Nación, en razón de la Ley 446 de 1998.

(…).

De otro lado, tampoco se está en presencia de razones para considerar un cambio de jurisprudencia, por el contrario, existen criterios de justicia, igualdad e incluso de guarda y protección del erario que imponen la aplicación del precedente vigente, lo que conlleva a no declarar la nulidad del proceso, a la luz de los principios de eficiencia y celeridad consagradas en la Constitución y la ley.

12. Siendo así, pese a que las actuaciones que derivaron en el presunto daño fueron adelantadas por la Fiscalía, toda vez que la diligencia de allanamiento del 4 de abril de 2002 se produjo en virtud de la resolución de la misma fecha emitida por la Fiscalía Segunda de Estructuras de Apoyo que la dispuso de manera oficiosa respecto de la vivienda donde, se creía, habitaba el señor R.L.A., presunto partícipe del delito investigado, la Nación, en lo relativo a la responsabilidad que pueda predicarse, bien podía ser representada por la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial. No obstante, ante eventuales indemnizaciones generadas por esas circunstancias, las mismas deberán ser impuestas a la Fiscalía General de la Nación, entidad que cuenta con autonomía presupuestal para el efecto.

13. En consecuencia, la sentencia objeto de apelación será modificada para declarar no probada la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva propuesta por la Nación-Rama Judicial acorde con lo expuesto de manera precedente.

V. Análisis de la Sala sobre la responsabilidad.

14. La Sala considera procedente reiterar que en aquellos casos en los que se pretenda que se declare la responsabilidad del Estado, por una acción, omisión, hecho u operación que le sea imputable según los criterios jurisprudenciales desarrollados por esta corporación, es necesario que se encuentre probada la existencia del daño cuya reparación se busca, so pena que se nieguen las pretensiones de la demanda. En ese sentido, esta sección señaló(5):

Como resulta imposible adelantar un análisis respecto de los restantes elementos para acreditar la responsabilidad, debido a que se está en presencia de una falta absoluta de la prueba del hecho dañoso que pudiere ser imputable al Estado, lo cual releva al juzgador de cualquier otro tipo de consideraciones, la Sala confirmará la sentencia impugnada, con fundamento en las razones expuestas. A lo anterior se debe agregar que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 177 del Código de Procedimiento Civil, “Incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen”. Así pues, la parte demandante no cumplió con la carga probatoria que le impone la norma legal en cita, toda vez que —se reitera—, no allegó al proceso prueba alguna que permita demostrar el acaecimiento del hecho dañoso que fundamentó la presente acción indemnizatoria.

15. En este proceso se tiene que el daño que se alega consiste en la afectación del derecho a la inviolabilidad del domicilio de los demandantes, por cuenta de la diligencia de allanamiento que se realizó el 4 de abril de 2002 en la vivienda donde habitaban, ubicada en la calle XX Nº XX–XX del barrio S.R. en el municipio de Piedecuesta (Santander), razón por la que debe estudiarse si aquella generó un daño antijurídico objeto de indemnización.

16. Para el efecto, es del caso poner de presente que como los acontecimientos que originaron la demanda ocurrieron el 4 de abril de 2002, se aplica la Ley 600 del 24 de julio de 2000 que entró en vigencia el 24 de julio de 2001, la cual dispuso:

ART. 294.—Allanamiento, procedencia y requisitos. Cuando hubiere serios motivos para presumir que en un bien inmueble, nave o aeronave se encuentre alguna persona contra quien obra orden de captura, o las armas, instrumentos o efectos con los que se haya cometido la infracción o que provengan de su ejecución, el funcionario judicial ordenará en providencia motivada el allanamiento y registro.

En casos de flagrancia cuando se esté cometiendo un delito en lugar no abierto al público, la Policía Judicial podrá ingresar sin orden escrita del funcionario judicial, con la finalidad de impedir que se siga ejecutando la conducta.

(…).

ART. 296.—Acta de la diligencia. En el acta de la diligencia de allanamiento y registro deben identificarse y describirse todas las cosas que hayan sido examinadas o incautadas, el lugar donde fueron encontradas y dejar las constancias que soliciten las personas que en ella intervengan. Los propietarios, poseedores o tenedores tendrán derecho a que se les expida copia del acta si la solicitan.

17. En ese sentido, se probó en el proceso que para adelantar el allanamiento en el lugar de residencia de los demandantes medió orden expedida por el ente investigador en ejercicio las facultades legales, que le permitían registrar el bien inmueble en aras de establecer si los elementos hurtados a la empresa Servientrega reposaban allí, por lo que se puede afirmar que la diligencia se derivó de una providencia motivada que emitió la autoridad competente, por lo que, en principio, fue legal.

18. Exigir una gestión diferente a la demandada implica el desconocimiento de la competencia asignada en materia de investigación penal (C.P. art. 250). No obstante, es del caso verificar si en el caso bajo estudio, realmente existían serios motivos para presumir que podría encontrar elementos hurtados o personas vinculadas a la comisión del delito en la dirección en la que finalmente adelantó la diligencia de allanamiento.

19. En ese sentido, se recuerda que el reproche de la parte actora se refiere a que la diligencia se adelantó sin verificar previamente quiénes eran los residentes de la vivienda para ese momento. Por lo tanto, se advierte que sin desconocer que la entidad estaba en la obligación de desplegar las gestiones tendientes a asegurar el esclarecimiento de los hechos puestos en su conocimiento y que pudieran catalogarse como delito, así como buscar la preservación de los elementos materiales que sirvieran para el efecto, eso no es razón para llevar a cabo el registro del sitio que se creía como lugar de habitación de uno de los presuntos autores de la acción delictiva, sin tener plena certeza de que en verdad residía ahí.

20. Para la Sala está acreditado que la Fiscalía General de la Nación, incurrió en falla del servicio en la realización de la diligencia de allanamiento del inmueble ubicado en la calle XX Nº XX–XX del barrio S.R. en el municipio de Piedecuesta (Santander), donde residían los demandantes, porque omitió el deber de verificar la existencia de serios motivos para presumir, que allí residía la persona objeto de investigación por el delito de hurto o que encontraría “las armas, instrumentos o efectos con los que se haya cometido la infracción o que provengan de su ejecución”.

21. En otras palabras, el ente investigador omitió su deber de recaudar la información necesaria, desconociendo los requisitos exigidos en el artículo 294 de la Ley 600 del 24 de julio de 2000, en aras de corroborar que el presunto delincuente residía en el lugar, esto es, emitió la orden con base en la indagación de una hoja de vida, sin desplegar otras labores, que de haberlas puesto en práctica, le hubieran permitido establecer que en ese sitio ya habitaban otras personas, las cuales, según la prueba aquí recaudada, nada tenían que ver con el señor R.L.A.

22. De conformidad con lo anterior, la Sala considera pertinente hacer referencia los presupuestos definidos por la Corte Constitucional sobre las limitaciones al derecho a la inviolabilidad del domicilio(6):

4. La protección constitucional del derecho a la inviolabilidad del domicilio. Límites constitucionales a la potestad de configuración del legislador en materia de inviolabilidad del domicilio y la exigencia de respeto del principio de proporcionalidad.

4.1. De conformidad con el artículo 28 Superior “Nadie puede ser molestado en su persona o familia, (…) ni su domicilio registrado, sino en virtud de mandamiento escrito de autoridad judicial competente, con las formalidades legales y por motivo previamente definido en la ley”.

Sobre este derecho la Corte ha señalado que “goza de protección del Estado y que, al mismo tiempo, hace parte del núcleo esencial de los derechos a la intimidad personal y familiar (art. 15), a la libertad y seguridad individual y la propiedad de las personas (art. 58 de la Constitución)”.(7) En esa medida, se ha señalado que la protección del domicilio comprende la protección de “además de los lugares de habitación, todos aquellos espacios cerrados, en donde las personas desarrollan de manera inmediata su intimidad y su personalidad mediante el libre ejercicio de su libertad”.(8)

Esta garantía constitucional tiene por objeto “proteger los ámbitos en los que se desarrolla la intimidad o privacidad de la persona,”(9) pero “tiene un carácter relativo y (…) por consiguiente, puede ser limitado en razón de proteger otros derechos y valores con gran relevancia constitucional”.

También ha señalado esta corporación que la regulación de este derecho está sometido a una estricta reserva legal, como quiera que además de las excepciones expresamente consagradas en los artículos 32(10) y 250(11) de la Carta, solo el legislador tiene la competencia para determinar expresamente los motivos que facultan la realización de allanamientos y registros a un domicilio”.(12)

De conformidad con el artículo 28 de la Constitución, por regla general, son tres los requisitos exigidos a las autoridades para registrar un domicilio: (i) la existencia de un mandamiento escrito de autoridad judicial competente; (ii) el respeto a las formalidades legales y (iii) la existencia de un motivo previamente definido en la ley.(13) El cumplimiento de estos tres requisitos ha sido valorado por la Corte Constitucional al examinar normas que limitan el derecho a la inviolabilidad del domicilio.

Como excepciones a este régimen general que exige una orden judicial previa para el ingreso a domicilio ajeno, la Carta establece expresamente dos: (i) en el artículo 32 Superior, que permite el ingreso “de los agentes de la autoridad” al domicilio donde se refugia el delincuente sorprendido en flagrancia; y (ii) en el artículo 250, numeral 3, que autoriza a los fiscales a ordenar y practicar allanamientos, con control posterior por parte del juez de control de garantías.

23. Siendo así, en el caso bajo estudio se tiene que, en principio, la diligencia de allanamiento cumplió con los requisitos previstos para la limitación al derecho de inviolabilidad del domicilio al derivarse de una orden legal y motivada, que emitió la autoridad competente. No obstante, se reitera que las razones de la expedición de la orden no fueron suficientemente contundentes para desplegar la acción.

24. En efecto, a esa decisión debió llegarse después de agotar todas las labores tendientes a verificar la información conforme a la cual el señor R.L.A. residía en ese lugar, máxime si el único hecho indicador, era que se consignó ese dato en una hoja de vida, de modo que según se advierte de las circunstancia de tiempo, modo y lugar en que se desarrolló la diligencia, se prescindió de labores mínimas de constatación previas, que de haberse surtido, habrían permitido esclarecer que el presunto delincuente no habitaba dicho lugar. Por lo tanto, la Fiscalía General de la Nación, vulneró garantías fundamentales como lo es la inviolabilidad del domicilio de los demandantes.

25. Así las cosas, la actuación desplegada por el ente investigador desbordó los lineamientos legales fijados para el efecto y por lo tanto puede predicarse que el allanamiento se derivó de una falla del servicio, en cuanto no cumplió con los deberes que se derivan de la competencia constitucional y legal asignada a la entidad para el esclarecimiento de los hechos objeto de investigación por la comisión de un delito.

26. Adicionalmente, el desarrollo del allanamiento creó contrariedad en los menores y sus padres, derivada de la actuación en sí misma, bajo el entendido que la realización del registro del lugar habitual de residencia de cualquier ciudadano por parte de autoridad judicial, independientemente de los motivos que le dieron lugar, perturba la cotidianidad de quienes allí habitan y genera molestia, agitación, inquietud, y, sin lugar a dudas, atendiendo que los hechos objeto de este proceso dan cuenta que los hijos de los demandantes se encontraban sin la presencia de sus padres, es viable deducir que sintieron mayor temor, porque no se puede pasar por alto, que los encargados del allanamiento ingresaron armados al sitio y eso derivó una gran confusión que propició el llanto y gritos de la totalidad de niños que estaban allí(14).

27. En conclusión, para el caso que ocupa el análisis de la Sala se demostró que la parte actora no tenía el deber jurídico de soportar la violación de su lugar de domicilio porque el allanamiento, si bien fue ordenado por la autoridad competente, se adelantó sin el lleno de los requisitos legales dado que en realidad no existían serios motivos para presumir que en el inmueble habitaba la persona presuntamente responsable del delito de hurto o que en su interior se encontraban elementos asociados al mismo.

28. En lo referente a los perjuicios, la Sala encuentra acreditado aquel de carácter moral dado que se demostró, mediante la prueba testimonial recaudada en el trámite del proceso, que los demandantes sufrieron congoja, desasosiego y angustia como consecuencia del allanamiento, el cual, además, capturó la atención de los vecinos, lo que sin duda afectó su derecho a la honra y al buen nombre “pues las reglas de la experiencia enseñan que dichos operativos únicamente se realizan en los lugares en los que se ha cometido un delito o en los que se oculta un delincuente”(15). Por ello, la Sala procederá a indemnizarlo con fundamento en las siguientes consideraciones:

28.1. La cuantía pretendida por los demandantes —mil salarios mínimos legales mensuales vigentes—, resulta exagerada y desproporcionada teniendo en cuenta que esta corporación reconoce, por regla general, lo equivalente a cien (100) salarios mínimos legales mensuales vigentes en los casos en los que el perjuicio moral alcanza su mayor intensidad y gravedad, como sucede en aquellos casos en los cuales se demanda por la muerte de una persona(16).

28.2. La jurisprudencia de esta Sección ha reconocido a favor de las víctimas de afectaciones injustificadas al derecho a la inviolabilidad del domicilio indemnizaciones que oscilan entre los cincuenta (50) y los treinta (30) salarios mínimos legales mensuales vigentes. Así, en la sentencia de 5 de mayo de 2005 reconoció 50 smlmv a favor de las víctimas de un allanamiento practicado sin orden judicial(17). Antes, en la sentencia de 27 de septiembre de 2000, había otorgado 30 smlmv a favor de una persona que, además de soportar una diligencia de este tipo, fue privada de su libertad y mostrada ante los medios de comunicación como un delincuente(18). Y más recientemente, fijó en 40 smlmv la indemnización debida a las víctimas de un allanamiento ilegal practicado en horas de la madrugada y mediante el uso de explosivos(19).

28.3. En este caso, la Sala considera que no existen razones que justifiquen reconocer a los demandantes la máxima indemnización fijada por la jurisprudencia para eventos semejantes, pues el allanamiento se hizo en horas del día, no se utilizaron explosivos, y no conllevó para los demandantes la pérdida de su libertad ni la afectación de su nombre por cuenta de la publicación de la noticia en medios de comunicación. Sin embargo, tampoco se puede desconocer que perturbó la tranquilidad de tres niños, quienes son sujetos de especial protección constitucional.

28.4. Por lo tanto, estima justo y equitativo reconocer a favor de cada uno de los demandantes —L.A.V.R. y J.A.M.C., (…)—, una indemnización equivalente a cuarenta (40) salarios mínimos legales mensuales vigentes, porque si bien es cierto ninguno de los padres se encontraba en la vivienda al momento del allanamiento, ostentan en igual medida la calidad de víctimas(20), bajo el entendido que también se les vulneró su derecho a la inviolabilidad del domicilio y se vieron sometidos a una preocupación mayor por los hechos que vivieron sus menores hijos, bajo el cuidado de un tercero.

29. Por las razones anotadas, se revocará la sentencia apelada.

V. Costas

30. No hay lugar a la imposición de costas, debido a que no se evidencia en el caso concreto actuación temeraria de ninguna de las partes, condición exigida por el artículo 55 de la Ley 446 de 1998 para que se proceda de esta forma.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

REVOCAR la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Santander el 28 de agosto de 2008, la cual quedará así:

1. DECLARAR no probada la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva propuesta por la Nación - Rama Judicial, de conformidad con la parte motiva de esta providencia.

2. DECLARAR a la Nación-Fiscalía General de la Nación administrativamente responsable de los perjuicios causados a los señores L.A.V.R., J.A.M.C. (…) por la diligencia de allanamiento realizada en su residencia el 4 de abril de 2002.

3. Como consecuencia de lo anterior, CONDENAR a la Nación-Fiscalía General de la Nación a pagar, por concepto de perjuicios morales, la suma equivalente a cuarenta (40) salarios mínimos legales mensuales vigentes a la fecha de ejecutoria de esta sentencia a favor de cada uno de los siguientes demandantes: L.A.V.R., J.A.M.C. (…).

4. Sin condena en costas.

5. CÚMPLASE lo dispuesto en los artículos 176 y 177 del Código Contencioso Administrativo.

6. En firme esta providencia, DEVUÉLVASE el expediente al tribunal de origen para lo de su competencia.

Cópiese, notifíquese y cúmplase.

Magistrados: Stella Conto Díaz del Castillo, presidenta de la Sala de Subsección—Ramiro Pazos Guerrero—Danilo Rojas Betancourth.

1 Es del caso precisar que este aspecto no fue objeto de pronunciamiento en la parte resolutiva de la decisión en la que se dispuso: “PRIMERO: DENEGAR las pretensiones de la demanda, de acuerdo con lo manifestado en la parte motiva de la presente providencia.// SEGUNDO: Una vez ejecutoriado el presente fallo, archívense las diligencias previas las anotaciones en los libros radicadores”.

2 Para tal efecto puede consultarse el auto proferido por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo el 9 de septiembre de 2008, expediente 11001-03-26-000-2008-00009-00, C.P. Mauricio Fajardo Gómez.

3 Mediante providencia del 6 de abril de 2005, el a quo decretó las pruebas solicitadas por las partes (fl. 66-69 cdno. 1), en especial la referente a la prueba trasladada contenida en la demanda y para el efecto se libró el oficio 488-2003-0029 J.R. (fl. 71 cdno. 1). No obstante, en el expediente no consta la realización de alguna gestión para su efectiva recolección.

4 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sala Plena de la Sección Tercera, expediente 20420, C.P. Enrique Gil Botero.

5 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 27 de junio del 2012, expediente 23811, C.P. Mauricio Fajardo Gómez.

6 Sentencia C-806 del 11 de noviembre de 2009, M.P. María Victoria Calle Correa.

7 [3] Sentencia C-176 de 2007, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra, SVP Jaime Araujo Rentería en donde la Corte Constitucional declaró exequible una norma que autorizaba a la policía a penetrar domicilios sin mandamiento escrito en situaciones de peligro extremo.

8 [4] Sentencia C-519 de 2007, M.P. Nilson Pinilla Pinilla, A.V. Jaime Araujo Rentería.

9 [5] Sentencia C-041 de 1994, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz, en donde la Corte declaró exequibles las disposiciones del Código del Menor que autorizaban a los defensores y comisarios de familia a realizar allanamientos para rescatar menores en situación de peligro extremo.

10 [6] Constitución Política, ART. 32.—“El delincuente sorprendido en flagrancia podrá ser aprehendido y llevado ante el juez por cualquier persona. Si los agentes de la autoridad lo persiguieren y se refugiare en su propio domicilio, podrán penetrar en él, para el acto de la aprehensión; si se acogiere a domicilio ajeno, deberá preceder requerimiento al morador”.

11 [7] Constitución Política, artículo 250. “La Fiscalía General de la Nación está obligada a adelantar el ejercicio de la acción penal y realizar la investigación de los hechos que revistan las características de un delito que lleguen a su conocimiento por medio de denuncia, petición especial, querella o de oficio, siempre y cuando medien suficientes motivos y circunstancias fácticas que indiquen la posible existencia del mismo. (…) En ejercicio de sus funciones la Fiscalía General de la Nación, deberá: (…) 2. Adelantar registros, allanamientos, incautaciones e interceptaciones de comunicaciones. En estos eventos el juez que ejerza las funciones de control de garantías efectuará el control posterior respectivo, a más tardar dentro de las treinta y seis (36) horas siguientes, al solo efecto de determinar su validez. [Las expresiones tachadas en este numeral fueron declaradas inexequibles por la Corte Constitucional en la Sentencia C-1092 de 2003, M.P. Álvaro Tafur Galvis, salvamento y aclaración de voto del magistrado: Jaime Araujo Rentería, aclaración de voto de los magistrados Rodrigo Escobar Gil y Eduardo Montealegre Lynett]”.

12 [8] Sentencia C-519 de 2007, M.P. Nilson Pinilla Pinilla, A.V. Jaime Araujo Rentería, en donde la Corte declaró INEXEQUIBLE el numeral 4 del artículo 230 de la ley 906 de 2004, “Por la cual se expide el Código de Procedimiento Penal, que establecía como excepción al requisito de orden escrita de la Fiscalía General de la Nación para proceder al registro y allanamiento “4. Se lleve a cabo un registro con ocasión de la captura del indiciado, imputado, acusado, condenado”.

13 [9] Sentencia C-519 de 2007, M.P. Nilson Pinilla Pinilla, A.V. Jaime Araujo Rentería.

14 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 26 de mayo del 2010, expediente 18625, C.P. Mauricio Fajardo Gómez: “(…) Tales circunstancias por sí mismas llevan a la Sala a considerar que en este caso los demandantes sin lugar a duda padecieron un daño moral, pues resulta indiscutible la afectación, la angustia, el temor y el pánico, que para cualquier persona acarrea el hecho de vivenciar y experimentar una situación como la que debieron soportar los moradores del inmueble que fue objeto del allanamiento, al despertar en medio de la noche nada menos que por el impacto de una explosión en la puerta de su lugar de habitación y ser sorprendidos con la presencia de autoridades armadas que irrumpieron en su morada con el legítimo propósito de proceder a la captura de un presunto delincuente”.

15 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 5 de mayo de 2005, exp. 14970, C.P. Alier Eduardo Hernández.

16 Así lo hizo la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado, al resolver la demanda de reparación directa promovida por los familiares de una ciudadana de 76 años de edad, quien durante una diligencia de allanamiento sufrió un impacto nervioso de tal magnitud e intensidad que le causó la muerte. Sentencia de 29 de octubre de 2014, expediente 29626, C.P. Hernán Andrade Rincón.

17 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 5 de mayo de 2005, exp. 14970, C.P. Alier Eduardo Hernández.

18 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 27 de septiembre de 2000, exp. 11808, C.P. Jesús María Carrillo.

19 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 26 de mayo de 2010, exp. 18625, C.P. Mauricio Fajardo Gómez.

20 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 5 de marzo del 2015, expediente 37310, C.P. Ramiro Pazos Guerrero:
(…).
19.6. No obstante, la Sala con fines de aclaración precisa que para la aplicación de esta excepción el concepto de víctima no puede quedar reducido solo a la persona que padece los efectos directos del daño antijurídico por la acción u omisión imputable al Estado, sino que también comprende a las personas que acrediten haber sido lesionadas injustamente en sus derechos o intereses legítimos. Por tanto, la Sala al entender que los derechos fundamentales hacen parte del corpus iuris de los derechos humanos, vistos como aquellos derechos subjetivos que corresponden universalmente a todos los seres humanos en cuanto dotados del status de personas, ciudadanos y/o personas capaces de obrar, estima que, para efectos de identificar a la víctima de un daño, sin caer en algún tipo de discriminación, esta abarca tanto a quien padece en su humanidad los efectos directos de una acción u omisión vulnerante de un derecho fundamental o convencional, o de un interés legítimo, constitutivo de daño, como a su núcleo familiar.
(…).