Sentencia 2003-00032 de septiembre 10 de 2014

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA – SUBSECCIÓN A

Rad.: 880012331000200300032-01 (33.422)

Consejero Ponente:

Dr. Carlos Alberto Zambrano Barrera

Actor: Nelson Andrés Marín Areiza y otros

Demandado: Nación-Ministerio de Defensa-Policía Nacional y departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina

Asunto: Acción de reparación directa

Bogotá, D. C., diez de septiembre de dos mil catorce.

EXTRACTOS: «V. Consideraciones

Cumplidos los trámites propios de la segunda instancia, sin que exista causal alguna de nulidad que invalide lo actuado, procede la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia del 21 de septiembre de 2006, proferida por el Tribunal Administrativo de San Andrés Providencia y Santa Catalina.

1. Competencia.

Esta corporación es competente para conocer del recurso de apelación interpuesto, en consideración a que la cuantía del proceso, determinada por el valor de la mayor pretensión formulada en la demanda, esto es, $332.000.000(3), solicitada a favor del señor Nelson Andrés Marín Areiza, por concepto de perjuicios morales, supera la cuantía mínima exigida en la ley vigente al momento de la interposición del recurso (L. 954/2005)(4), para que el proceso se considere de doble instancia.

2. El ejercicio oportuno de la acción de reparación directa.

Es menester precisar que, de conformidad con el artículo 136 del Código Contencioso Administrativo, la acción de reparación directa caduca al cabo de dos (2) años, contados a partir del día siguiente al del acaecimiento del hecho, omisión u operación administrativa o de ocurrida la ocupación temporal o permanente del inmueble de propiedad ajena, por causa de trabajo público o por cualquier otra causa.

Pues bien, en el presente asunto, se tiene que el daño cuya indemnización se reclama ocurrió el 21 de junio de 2001, de manera que a partir de esa fecha debe iniciarse el cómputo de la caducidad de la acción; así, teniendo en cuenta que la demanda se presentó el 13 de junio de 2003, puede concluirse que esta se interpuso dentro del término previsto por la ley.

3. Pruebas.

Obran en el plenario las siguientes:

1. Copia auténtica del oficio de 23 de julio de 2003, mediante el cual la subgerente científica del hospital Timothy Britton le informó a la gobernadora del departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina que, el 21 de junio de 2001, el señor Nelson Marín Areiza ingresó al servicio de urgencias de ese centro hospitalario, por presentar “herida facial complicada, por accidente violento (AV)” (fl. 45 cdno. 2).

2. Copia auténtica de la historia clínica del Nelson Andrés Marín Areiza (fls. 281 a 319 cdno. 2).

3. Copia del oficio de 21 de junio de 2001, en el que el oficial de control, subteniente William Arias Bolaños, le informó al comandante del departamento de policía del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina lo siguiente (se transcribe tal cual obra en el expediente):

“Comedidamente me permito informar a mi coronel comandante de departamento, la novedad ocurrida el día de hoy 21-06-001, a las 02:30 horas en el sector de la vía a San Luis, mas exactamente antes de llegar al hotel Mar Azul, en hechos donde resultaron con heridas de consideración los señores identificados como Nelson Andrés Marín Areiza, de 27 años de edad, residente en el sector de Cabañas de Altamar y el señor Alex Jesid Areiza Villa (…)”

‘Hechos’

“Siendo aproximadamente las 02:30 horas del dia de hoy 21-06-001, el señor Nelson Andrés Marín Areiza, se dirigía en su motocicleta en compañía de su primo el señor Alex Jesid Areiza Villa, los cuales venían de su finca ubicada en el sector de San Luis y momentos en que se dirigían por el sitio manifestado arriba se encontraron con un alambre de púas templado atravesado de lado a lado de la vía y como era de madrugada y ese sitio se encontraba oscuro les fue imposible esquivarlo por lo que se enredaron causándole esto graves heridas en el rostro al conductor de la motocicleta quien por diagnostico clínico presento una herida abierta en el pabellón cervical izquierdo y excoriaciones en diferentes partes del cuerpo y fue necesario que lo intervinieran quirúrgicamente de inmediato, el tripulante de la motocicleta sufrió excoriaciones en el cuerpo al igual que varias cortaduras debido al alambre (…)”(fls. 193 y 194 cdno. 2).

4. Copia auténtica del Oficio 0637 de 23 de julio de 2003, mediante el cual el comandante del departamento de policía de San Andrés señaló:

“(…) para el mes de junio de 2001 existe informe de inteligencia emanado por la seccional de esta unidad en donde reporta el taponamiento de vías, especialmente entrada a Texaco y entrada a Sopesa, lo anterior, por inconformismo de la comunidad raizal de la isla por la mala prestación de los servicios públicos (…)” (fl. 48 cdno. 2)

5. Testimonio del señor Alex Jesid Areiza Villa, quien, respecto de las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se accidentó con el Nelson Andrés Marín Areiza, señaló (se transcribe tal cual obra en el expediente):

“(…) Yo iba con él, nosotros estamos esperando que unos marranos parieran, nos encontrábamos en el centro y subíamos y bajamos haber como estaban, estabamos con un amigo de él que en ese entonces trabajaba en un alquiler, estábamos quemando tiempo, la hora no la recuerdo pero nosotros subíamos en una moto de él que es del alquiler, íbamos para la finca del papá, cuando nos devolvíamos otra vez al centro se presentó el accidente por el Mar Azul eso estaba muy oscuro cuando sucedió el accidente, eso ocurrió muy rápido, nosotros no veníamos rápido pero cuando me di cuenta fue yo estaba en el piso y me encontraba enredado en la zona del cuello con alambres de púa, el primo se acerco y me ayudo a desenredarme los alambres, recogimos la moto y mas adelante en el rompoy volvimos aparar porque yo tenía en el pie derecho un pedazo de alambre enredado, así que paramos, estabamos muy nerviosos porque no sabíamos que había pasado, mi primo venía manejando normal hasta el parque Simón Bolívar y ahí cambiamos porque él se dio cuanta de lo que le había pasado en la cara, yo comencé a manejar hasta la playa por la 20 de Julio hacia el Hospital (…) u doctor me comenzó a examinar, me montó en una camilla me revisó el cuello y me dijo que necesitaba cogerme puntos, me cogieron puntos en la oreja (…)

“Segunda pregunta: [Para la fecha del lesionamiento sufrido por le señor Nelson Andrés Marín Areiza, el día 21 de junio de 2001, diga si recuerda, cómo era el ambiente en la Isla en cuanto a orden público se refiere] Yo me acuerdo que había como una manifestación no se porque era, por la Cruz Roja había gente con alambres de Púa haciendo comida y no dejaban pasar la gente, por el Baight había otra barricada, pero no se por que, recuerdo que había gente que llevaba gente de un lugar a otro (…) la verdad no había policía, había gente militar por la Cruz Roja, solo dejaban salir los tanques de la gasolina (…) Preguntado: Habían ustedes consumido alcohol. Contestado: Si estábamos tomando alcohol en el alquiler de él que queda al lado de la Virreria, pero no estábamos borrachos” (sic) (fls. 323 y 324 cdno. 2).

6. Testimonio de los señores Luis Fernando Gutiérrez Montoya, Carlos Alberto Sepúlveda Herrera, Juan Fernando Montoya Areiza, quienes, si bien declararon que conocían al señor Nelson Andrés Marín Areiza, lo cierto es que no presenciaron el accidente, pues solo tuvieron conocimiento de este por lo que el lesionado y sus familiares les contaron (fls. 201, 202, 204, 206 y 207 cdno. 2).

7. Testimonio de los doctores Dany Matilde Zapata y Adolfo Lambis Urueta, quienes declararon sobre la atención médica que le brindaron al señor Nelson Andrés Marín Areiza el 21 de junio de 2001, en el hospital Timothy Britton (fls. 219, 220, 271 y 272 cdno. 2).

8. Recibos y facturas de los gastos médicos, farmacéuticos, quirúrgicos y de transporte que el señor Nelson Andrés Marín Areiza pagó como consecuencia de la lesión facial que padece (fls. 77 a 148 cdno. 2).

9. Dictamen pericial sobre las sumas que el señor Nelson Andrés Marín Areiza dejó de percibir como propietario y pescador de una lancha de pesca (fls. 228 a 230 cdno. 2).

10. Dos videocasetes(5) que la parte actora, con el fin de acreditar varios de los hechos, aportó con la adición de la demanda y sobre las cuales la Sala no hará valoración alguna, toda vez que carecen de mérito probatorio, pues solo registran varias imágenes de las que no es posible determinar su origen, ni el lugar, ni la época en que fueron tomadas, pues carecen de reconocimiento o ratificación y no pueden cotejarse con otros medios de prueba allegados al proceso(6).

4. Valoración probatoria y conclusiones.

Con las pruebas mencionadas, se demostró el daño sufrido por el señor Nelson Andrés Marín Areiza, con ocasión de la lesión que sufrió en su rostro el 21 de junio de 2001, en la vía a San Luis, del departamento de San Andrés, cuando se movilizaba en una motocicleta y colisionó contra un alambre de púas que estaba atravesado sobre la vía.

Constatada así la existencia del daño, la Sala aborda el análisis de causalidad dirigido a establecer si el mismo es imputable a los demandados, esto es a la Nación-Ministerio de Defensa-Policía Nacional y al departamento de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.

Analizada la demanda, se advierte que el daño causado a los actores se imputa a los demandados por: i) omitir su deber de mantener el orden publico en la isla de San Andrés durante el paro de los raizales y ii) por no utilizar los medios que tenían para levantar las barricadas, ni instalar señales que advirtieran a la comunidad sobre la existencia de obstáculos sobre la vía.

Respecto de la primera omisión endilgada por los demandantes, es menester señalar que, si bien se demostró que para la época de los hechos hubo protestas de un grupo de raizales en la isla de San Andrés, lo cierto es que, según lo manifestado por el comandante de policía de ese departamento, los manifestantes taponaron otras vías, distintas al lugar en el que ocurrió el accidente.

Así las cosas, a pesar de que se demostró que el actor y su acompañante colisionaron con un alambre de púas que estaba sobre la vía de circunvalación, lo cierto es que no se probó que dicho obstáculo hubiera sido instalado con ocasión de las protestas que se desarrollaban en la isla de San Andrés o que estuviera en un sitio donde hubieran estado los manifestantes antes.

Por lo anterior, es claro que no existe criterio de imputación material, ni normativo, que permita vincular la conducta o comportamiento de la administración con los actos o hechos desencadenantes del daño, razón por la cual este no le es imputable a los demandados, toda vez que, de conformidad con el acervo probatorio allegado al proceso, las lesiones causadas al actor solo pueden atribuirse a la conducta de un tercero.

Respecto de los daños causados a las víctimas por hechos violentos cometidos por terceros, la Sala ha señalado en diferentes oportunidades que ellos solo son imputables al Estado cuando en la producción del hecho interviene la administración, a través de una acción o de una omisión constitutiva de falla del servicio, como en los eventos en los cuales el hecho se produce con la complicidad de miembros activos del Estado, o cuando la persona contra quien iba dirigido el acto había solicitado protección a las autoridades y estas no se la brindaron o porque, en razón de las especiales circunstancias que se vivían en el momento, el hecho era previsible y no se realizó ninguna actuación dirigida a su protección(7).

Ahora, de acuerdo con lo previsto en el artículo 2º de la Constitución, es deber de las autoridades públicas defender a todos los residentes en el país y asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares. Omitir el cumplimiento de esas funciones no solo genera responsabilidad personal del funcionario sino, además, responsabilidad institucional. Por lo tanto, el Estado debe utilizar todos los medios de que dispone para lograr que el respeto a la vida y demás derechos de las personas, por parte de las autoridades públicas y de los particulares, sea una realidad y no debe, por ende, conformarse con realizar una simple defensa formal de los mismos(8).

En relación con la responsabilidad del Estado por omisión, se ha considerado que, para la prosperidad de la demanda, es necesario que se encuentren acreditados los siguientes requisitos: a) la existencia de una obligación legal o reglamentaria a cargo de la entidad demandada de realizar la acción con la cual se habrían evitado los perjuicios(9), b) la omisión de poner en funcionamiento los recursos de que se dispone para el adecuado cumplimiento del deber legal, atendidas las circunstancias particulares del caso, c) un daño antijurídico y d) la relación causal entre la omisión y el daño(10).

Frente a este último aspecto, la Sala, con apoyo en la doctrina, que a su vez se inspiró en la distinción realizada en el derecho penal entre delitos por omisión pura y de comisión por omisión, precisó que en este tipo de eventos lo decisivo no era la existencia efectiva de una relación causal entre la omisión y el resultado, sino la omisión de la conducta debida que, de haberse realizado, habría interrumpido el proceso causal e impedido la producción de la lesión(11).

Bajo esa perspectiva, es menester señalar que la Sala ha reiterado que, a pesar de que es deber del Estado brindar protección a todas las personas residentes en el país, no le son imputables todos los daños a la vida o a los bienes de las personas causados por terceros, porque las obligaciones del Estado son relativas(12), en tanto limitadas por las capacidades que en cada caso concreto se establezcan, dado que “nadie está obligado a lo imposible”(13), aunque se destaca que esta misma corporación, en providencias posteriores, ha aclarado que la relatividad de las obligaciones del Estado no excusa su incumplimiento, sino que debe indagarse en cada caso si, en efecto, fue imposible cumplir aquellas que en relación con el caso concreto le correspondían(14).

De conformidad con lo anterior, se observa que la falla del servicio no puede ser analizada desde una perspectiva ideal, crítica o abstracta del funcionamiento del servicio, sino que debe ser estudiada desde un ámbito real, que consulte las circunstancias de tiempo, modo y lugar y la capacidad operativa o funcional de la administración pública al momento de la producción del daño. Es así como, en eventos donde la falla del servicio se origina en la omisión de la administración en la prestación de un servicio o en el cumplimiento de una obligación impuesta por la ley o los reglamentos, es necesario que aparezca demostrado, no solo que se pidió protección, sino que tal auxilio no se prestó.

Por lo anterior, es evidente que el daño irrogado a los demandantes no es imputable al demandado, toda vez que, a pesar de que las autoridades del Estado están instituidas para proteger a las personas en su vida, bienes y honra, no se demostró que los demandados hubieran podido prever o evitar el hecho punible que causó las lesiones del señor Nelson Andrés Marín Areiza, toda vez que no se acreditó la ocurrencia de acontecimientos o hechos delictivos previos en la vía en que se accidentó, que demandaran de las autoridades públicas la obligación de vigilar o prestar una seguridad especial en el mencionado sector. A lo cual se suma la imposibilidad de exigir a tales autoridades que cubran permanentemente, en cada momento y palmo a palmo cada sitio o cada rincón del territorio nacional, con miras a evitar la ocurrencia de los hechos dañosos como el acontecido en este caso.

Ahora bien, respecto de la omisión de las demandadas por no utilizar los medios que tenían para levantar las barricadas y por no instalar señales que advirtieran a la comunidad acerca de la existencia de obstáculos sobre la vía, la Sala considera que dicha omisión no se demostró, pues, en primer lugar, no existe prueba alguna que acredite que los demandados tuvieron conocimiento del alambre de púas que, supuestamente, estaba atravesado sobre la vía pública, ni consta requerimiento alguno a las autoridades departamentales, municipales o de policía sobre el peligro que ese obstáculo representaba y, en segundo término, se demostró que el alambre estaba en un lugar distinto a aquel en el que se concentraron los manifestantes, razón por la cual no se le podía exigir a los demandadas una acción inmediata para que lo removieran o lo señalizaran.

En casos similares al que ocupa la atención de la Sala, se ha considerado que podría existir falla en la prestación del servicio si se hubiera avisado sobre la existencia del alambre de púas o si los demandados, enterados de la presencia del obstáculo, no hubieran tomado las medidas necesarias para removerlo o para prevenir el peligro que este implicaba. Al respecto, la Sala ha determinado la responsabilidad en el deber de mantenimiento de carreteras en dos eventos: i) cuando se ha dado aviso a la entidad sobre un daño en la vía, que impide su uso normal, y no es atendida la solicitud de arreglarlo, ni se instalan las correspondientes señales preventivas(15) y ii) cuando unos escombros u obstáculos permanecen abandonados en una carretera durante un tiempo considerable, sin que sean removidos o demolidos para el restablecimiento de la circulación normal de la vía(16).

De conformidad con estas directrices y en consideración a que en el presente caso no se presentó ninguna de las dos situaciones mencionadas, no es posible estructurar la responsabilidad de las entidades demandadas a partir de una supuesta omisión en la prevención del accidente, pues no existió aviso alguno sobre la existencia del obstáculo en la carretera y el peligro que este representaba, ni transcurrió un tiempo considerable para que los demandados, en el desarrollo de sus actividades rutinarias, se enteraran de la existencia del obstáculo en la vía y tomaran las medidas necesarias para evitar el accidente.

Debe recordarse que, conforme a lo dispuesto en el artículo 177 del Código de Procedimiento Civil, “Incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen”, de manera que, en este caso y con el fin de demostrar la existencia de responsabilidad del Estado, en los términos del artículo 90 de la Constitución Política, los actores debieron acreditar la existencia del daño sufrido y su nexo con la actuación de la administración. Sin embargo, como se indicó, no obra en el proceso prueba alguna que permita satisfacer esta última exigencia.

Así las cosas, con las pruebas que obran en el proceso, se demostró que la existencia del alambre de púas sobre la vía pública obedeció al hecho de un tercero, irresistible e imprevisible para las entidades demandadas, razón por la cual la Sala confirmará la sentencia impugnada, toda vez que el daño irrogado a los actores no es jurídicamente imputable a aquellos, en los términos establecidos en el artículo 90 de la Constitución Política.

5. Condena en costas.

En consideración a que no se evidenció temeridad, ni mala fe en la actuación procesal de las partes, la Sala se abstendrá de condenar en costas, de conformidad con lo establecido en el artículo 171 del Código Contencioso Administrativo, modificado por el artículo 55 de la Ley 446 de 1998.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

Primero: CONFÍRMASE la sentencia del 21 de septiembre de 2006, proferida por el Tribunal Administrativo de San Andrés Providencia y Santa Catalina, por las razones expuestas en esta providencia.

Segundo: Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al tribunal de origen.

Cópiese, notifíquese y cúmplase».

(3) Suma que se obtiene de multiplicar 1.000 por el salario mínimo legal mensual vigente para el 2003, ($332.000).

(4) La cuantía para que un proceso iniciado en ejercicio de la acción de reparación directa, en 2003, tuviera vocación de segunda instancia ante el Consejo de Estado era de $166’000.000.

(5) Reposan en un sobre de manila.

(6) Al respecto, consultar entre otras, Sección Tercera, sentencia del 5 de diciembre de 2006 (Exp. 28.459), sentencia del 2 de marzo de 2000 (Exp. 12.497), AP-263 del 21 de agosto de 2003 y 13.811 del 25 de julio de 2002.

(7) En sentencia de 11 de octubre de 1990, Exp. 5737, dijo la Sala: “Cuando se trata de la falla del servicio originada en la omisión por la administración en la prestación de un servicio o en el cumplimiento de una obligación impuesta por la ley o los reglamentos, es necesario que aparezca demostrado no solo que se pidió concretamente la protección o la vigilancia de la autoridad ante determinado hecho ilícito que puede causar o está causando daño o que las circunstancias que rodeaban el hecho o las personas en él involucradas imponían una especial protección o vigilancia y que tal protección no se prestó” (con fundamento en ese título de imputación se accedió a las pretensiones de los demandantes en sentencias de la Sala Plena de 16 de julio de 1996, Exp. 422 y de la Sección Tercera de 11 de diciembre de 1990, Exp. 5417; de 21 de marzo de 1991, Exp. 5595; de 19 de agosto de 1994, Exp. 9276 y 8222; de 16 de febrero de 1995, Exp. 9040; de 30 de marzo de 1995, Exp. 9459; de 27 de julio de 1995; de 14 de marzo de 1996, Exp. 10.949; de 11 de julio de 1996, Exp. 10.822; de 30 de octubre de 1997, Exp. 10.958, entre muchas otras).

(8) “Se ha dicho que al Estado se le deben exigir los medios que corresponden a su realidad, haciendo caso omiso de las utopías y de la concepción ideal del Estado perfecto, omnipotente y omnipresente. A esto se ha llamado la teoría de la relatividad del servicio, a fin de no pedir más de lo posible, pero con la misma lógica debe concluirse que el Estado debe hacer todo cuanto esté a su alcance” (sentencia de esta Sección, de 15 de febrero de 1996, Exp. 9940).

(9) Sentencia del 23 de mayo de 1994, Exp. 7616.

(10) Sentencia de 26 de septiembre de 2002, Exp. 14.122.

(11) “(…) conforme a los principios decantados por la jurisprudencia nacional, la relación de causalidad solo tiene relevancia para el derecho cuando responde a criterios de naturaleza jurídica, más allá de la simple vinculación física entre un comportamiento y un resultado; así, no parece necesario recurrir al análisis de la ‘virtualidad causal de la acción’, propuesto por el profesor Entrena Cuesta, para reemplazar el citado elemento de la obligación de indemnizar, sin perjuicio de que dicho análisis resulte útil para demostrar, por la vía de un argumento activo, el nexo adecuado existente entre la omisión y el daño producido. A ello alude, precisamente, la determinación de la posibilidad que tenía la administración para evitar el daño” (sentencia de 21 de febrero de 2002, Exp. 12.789).

(12) Precisión realizada por la Sala en providencia de 10 de agosto de 2000, Exp. 11.585.

(13) Así, por ejemplo, en sentencia de 11 de octubre de 1990, Exp. 5737, dijo la Sala “Es cierto que en los términos del artículo 16 de la Constitución Política las autoridades están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra y bienes y que a partir de este texto se fundamente la responsabilidad del Estado, pero también lo es que esa responsabilidad no resulta automáticamente declarada cada vez que una persona es afectada en tales bienes pues la determinación de la falla que se presente en el cumplimiento de tal obligación depende en cada caso de la apreciación a que llegue el juzgador acerca de las circunstancias de tiempo, modo y lugar, como se hubieren sucedido los hechos así como de los recursos con que contaba la administración para prestar el servicio, para que pueda deducir que la falla se presentó y que ella no tiene justificación alguna, todo dentro de la idea de que ‘nadie es obligado a lo imposible’. Así lo ha reconocido en varias oportunidades esta Sala y al efecto puede citarse la sentencia del 7 de diciembre de 1.977 en donde señaló: ‘Hay responsabilidad en los casos en que la falta o falla administrativa es el resultado de omisiones actuaciones, extralimitaciones en los servicios que el Estado está en capacidad de prestar a los asociados, mas no en los casos en que la falta tiene su causa en la imposibilidad absoluta por parte de los entes estatales de prestar un determinado servicio’" (Exp. 1564, Actor: Flota La Macarena, Anales, Segundo Semestre 1977).

(14) Al respecto, ver sentencia de 14 de mayo de 1998, Exp. 12.175.

(15) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia de seis de septiembre de 2001, Exp. 13.232-15.646, actores: Belén González y otros – William Alberto González y otra.

(16) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia de 30 de marzo de 2000, Exp. 11877, actores: Socorro Parra de Martínez y otros.