Sentencia 2003-00040 de febrero 13 de 2013

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

Rad.: 110010326000200300040 01 (25450)

Consejero ponente:

Dr. Hernán Andrade Rincón

Actor: Mineros de Antioquia S.A.

Demandado: Empresa Nacional Minera Ltda., Minercol.

Acción de nulidad y restablecimiento del derecho

Bogotá, D.C., febrero trece de dos mil trece.

EXTRACTOS: «V. Consideraciones

1. Competencia y procedencia de la acción.

La Sala es competente para conocer de la presente demanda por cuanto se cuestiona la legalidad de un acto administrativo proferido por autoridad del orden nacional; de otra parte el artículo 136 del Código Contencioso Administrativo señala que la acción de nulidad y restablecimiento del derecho caducará al cabo de cuatro (4) meses contados a partir del día siguiente al de la notificación, comunicación o ejecución del acto demandado —según sea el caso—, exigencia que se cumple en el sub examine, toda vez que la Resolución que resolvió el recurso de reposición y que es demandada en esta oportunidad, fue notificada el 1º de abril siguiente(12) y la demanda se presentó el 31 de julio de la misma anualidad(13), razón por la cual se está ante un ejercicio oportuno de la acción invocada por el demandante.

2. Problema jurídico.

Corresponde a la Sala determinar si constituía o no un derecho de le empresa demandante, no susceptible de modificación sin su consentimiento, que permaneciera condicionada a la aprobación del plan ambiental o si, por el contrario, esa circunstancia podría ser modificada por la ley y afectar el régimen de inscripción de las licencias otorgadas con anterioridad por no constituir un derecho de los beneficiarios de la licencia.

Frente a la referida delimitación conceptual, la Sala efectuará su análisis atendiendo dos tópicos: i) Identificar cual es el marco legal aplicable a la situación en que se encuentra el título minero otorgado a la sociedad demandante, a efecto de valorar si el cobro del canon superficiario se ofrece ajustado a derecho; ii) Precisar si existió lesión a las garantías fundamentales de la sociedad actora, al omitirse la notificación de la actuación administrativa realizada por Minercol Ltda. a efecto de inscribir el título minero del cual es beneficiaria la parte actora.

3. Los hechos probados en el expediente.

De cara a lo debatido en la presente oportunidad y con fundamento en los medios de convicción obrantes en el plenario, se encuentran probados los siguientes hechos:

i) Previa solicitud de la Empresa Mineros de Antioquia S.A., el Ministerio de Minas y Energía expidió la Resolución 991210 del 5 de octubre de 1998 y le otorgó a tal empresa la licencia 092-23 para la exploración técnica de un yacimiento de oro, plata y metales asociados localizado en el municipio de Puerto Libertador —Departamento de Córdoba— con una extensión superficiaria de 2707.0668 hectáreas(14).

ii) La empresa titular de la licencia presentó recurso de reposición contra el numeral 8 de la parte resolutiva de la citada Resolución, petición que le fue atendida favorablemente y que dio lugar a que se revocara tal disposición a través de la Resolución 991218 del 30 de noviembre de 1998, en la que se determinó:

ART. 2º—De conformidad con lo dispuesto por el artículo segundo del Decreto 501 de 1995, la beneficiaria del título minero deberá solicitar la inscripción en el Registro Minero dentro de los diez (10) días siguientes a la obtención de la aprobación del Plan de Manejo Ambiental respectivo (subraya la Sala).

ART. 3º—Una vez inscrito el título en el registro minero, la beneficiaria deberá pagar el correspondiente canon superficiario, liquidado con base en el salario mínimo legal vigente en ese momento, al tenor de lo consagrado por el artículo primero del Decreto 1184 del 10 de julio de 1995”(15).

iii) El jefe de la división de seguimiento y control de Minercol certificó el 20 de marzo de 2001 que, en relación con la licencia concedida a la empresa demandante, ésta no se había inscrito por cuanto su titular no había allegado la respectiva licencia ambiental, como tampoco demostrado que hubiera adelantado los trámites necesarios ante la autoridad correspondiente(16).

iv) Atendiendo la citada constancia, la Jefe de la División Minera de Minercol Ltda., ante la entrada en vigencia de un nuevo marco jurídico regulatorio del tema, dio aplicación a lo reglado en el inciso tercero del artículo 165 de la Ley 685 de 2001, razón por la cual remitió el expediente a la División de Registro Minero para que efectuara su registro(17).

v) La licencia de exploración fue registrada —por la entidad demandada— el 26 de octubre de 2001, con vigencia hasta el 26 de octubre de 2006(18).

vi) Se expidió constancia donde se da cuenta de que el canon superficiario correspondiente a la licencia de exploración aquí referida no había sido cancelado hasta el 3 de abril de 2002 y que la suma correspondiente ascendía a $25.806.724(19).

vi)(sic) Mediante Oficio R5A-0176 del 30 de abril de 2002, el gerente operativo de Minercol Ltda. —Amagá— informó a la representante legal de la sociedad demandante lo siguiente:

“Para su conocimiento y fines pertinentes me permito anexar el original del certificado de registro minero de la licencia de la referencia.

Dicha inscripción se efectuó en virtud de lo dispuesto en el inciso tercero del artículo 165 de la Ley 685 de 2001.

Agradezco, remitir en su momento a esta regional constancia del cumplimiento de la obligación estipulada en el artículo tercero(20) de la Resolución 991210 del 05 de octubre de 1998, en concordancia con la Resolución 99218 del 30 de noviembre de 1998”(21).

vii) La empresa Mineros de Antioquia S.A. a través de comunicación fechada el 20 de mayo de 2002 renunció a la licencia de exploración(22), razón por la cual la entidad demandada —mediante Resolución 1150-51 del 14 de junio de 2002— decidió aceptarla e igualmente dispuso:

ART. 3º—El titular de la licencia 092-23, Mineros de Antioquia, deberá cancelar la suma adeudada por concepto de canon superficiario período 2001-2002, de acuerdo con lo estipulado en la parte motiva de la presente Resolución, pago que se realizará dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia”(23).

viii) El gerente operativo regional 5 de Minercol —Amagá— remitió, el 30 de julio de 2002, el oficio R5A-0343, donde informa a la representante legal de la empresa demandante que “se ha proferido providencia que debe ser notificada personalmente” y, en caso de no presentarse, se notificará por edicto(24), requerimiento frente al cual la sociedad Mineros de Antioquia solicitó se comisionara a la dirección de titulación y fiscalización minera de la gobernación de Antioquia, “para que por su intermedio se cumplan las diligencias de notificación personal”(25), petición que le fue atendida y por lo que se remitió a la citada dependencia la documentación requerida para surtirse la notificación, trámite que se cumplió en debida forma(26).

ix) Por su parte Mineros de Antioquia S.A. interpuso recurso de reposición contra la Resolución 1150-51 del 14 de junio de 2002, en cuanto hace relación a la orden dada en el artículo tercero de la parte resolutiva, relacionada con el pago del canon superficiario correspondiente al período 2001 y 2002(27), bajo el argumento que su exigibilidad solo operaría al surtirse la inscripción, siendo ésta procedente “una vez se obtuviera la correspondiente licencia o plan de manejo ambiental en los términos del Decreto 501 de 1995”, trámite que nunca se realizó, por lo que no estaban dados los presupuestos para su cobro.

x) Minercol Ltda., a través de la Resolución 1150-009 del 12 de febrero de 2003, resolvió el citado recurso confirmando en todas sus apartes la providencia objeto de reposición(28), determinación que fue notificada personalmente —el 1º de abril de 2003— a la sociedad demandante(29). A efecto de sustentar la anterior determinación, la entidad demandada argumentó:

“Que la inscripción en el registro minero nacional de la licencia de exploración 092-23 quedó consolidada el 26 de octubre de 2001, la cual se realizó en cumplimiento del inciso tercero del artículo 165 de la Ley 685 de 2001.

Que la licencia de exploración 092-23 fue otorgada en vigencia del Decreto 2655 de 1988 en consecuencia se aplica el inciso tercero del artículo 350: los autos y órdenes que sólo tengan por objeto el tránsito interno de una dependencia a otra dentro del mismo organismo no serán notificadas y se ejecutarán de inmediato.

Que el título 092-23 se inscribió en cumplimiento del mandato legal del inciso tercero del artículo 165 de la Ley 685, mas no en virtud de una actuación de oficio de la división legal minero de Minercol Ltda.

Que en virtud de lo expuesto a partir de la inscripción de la Licencia de Exploración se generó la obligación de dar cumplimiento a lo establecido en la Resolución de otorgamiento, es por ello que la titular de la licencia de exploración 092-23, adeuda el pago del canon superficiario de los años 2001-2002”(30).

4. Análisis de los cargos.

Tal como se anotó en precedencia, los cargos serán analizados desde las dos perspectivas identificadas, tarea que se aborda a continuación.

4.1. Determinación del marco jurídico aplicable a la situación de la sociedad Mineros de Antioquia S.A. en cuanto hace relación a la legalidad del cobro del canon superficiario.

A efecto de abordar el citado punto, la Sala parte de entender que tanto el acto administrativo que concedió la licencia de exploración minera, como el que fijó el monto a pagar correspondiente al canon superficiario, se fundaron en el marco jurídico anterior al contenido en la Ley 685 de 2001 e, igualmente, de reconocer que, con la entrada en vigencia de este cuerpo normativo, se introdujeron modificaciones a los requisitos para efectuar el registro del título minero. Ante tal situación, el análisis de la situación jurídica de la sociedad demandante se ha de ubicar en los efectos de dicho tránsito normativo y, desde ellos, individualizar los derechos y deberes de las partes.

i) El marco jurídico vigente al momento de expedirse los actos administrativos de otorgamiento del título minero y de fijación del monto del canon superficiario estaba conformado por lo reglado en el Decreto 2655 de 1988, donde en el artículo 16 se definía que “título minero es el acto administrativo escrito mediante el cual, con el lleno de los requisitos señalados en este Código, se otorga el derecho a explorar y explotar el suelo y el subsuelo mineros de propiedad Nacional”, título al cual, conforme a lo reglado en el artículo 23 ibídem, se podía renunciar sin aducir razón que justificara tal determinación.

Ahora bien, en cuanto hace referencia a la naturaleza del Registro Minero, se precisaba en el artículo 289 que éste “es un sistema de inscripción, autenticidad y publicidad” y, de cara a su validez, se indicó en el artículo 290 ibídem que constituía “la única prueba de los actos a él sometidos”; por tanto, ningún título minero o acto que lo modifique, cancele o grave “tendrá efecto respecto de terceros sin su inscripción”, exigencia establecida en el artículo 293 siguiente.

Con la finalidad de regular las disposiciones anotadas, se expidió el Decreto 501 de 1995 donde se reglamentó “la inscripción en el registro minero de los títulos para la exploración y explotación de minerales de propiedad nacional” y se estableció lo siguiente:

ART. 1º—La ejecución de los trabajos autorizados con la expedición de las licencias de explotación, de los contratos de concesión y de los aportes que recaigan sobre recursos minerales de propiedad nacional, requerirán de la licencia ambiental respectiva. En consecuencia, el registro de tales títulos mineros sólo será procedente una vez obtenida la licencia ambiental respectiva.

PAR.—Para la ejecución de los trabajos autorizados con la expedición de la licencia de exploración, el solicitante deberá obtener de la autoridad competente la aprobación del plan de manejo ambiental.

ART. 2º—Para los efectos de lo dispuesto en el artículo anterior, el beneficiario del título minero deberá solicitar su registro dentro de los diez (10) días siguientes a la obtención de la licencia ambiental y/o plan de manejo ambiental respectivo” (subraya la Sala).

El artículo 1º del citado marco jurídico fue modificado por el Decreto 1481 de 1996, que estableció una regulación análoga a la arriba transcrita se dispuso allí:

ART. 1º—La ejecución de los trabajos autorizados con la expedición de las licencias de explotación, de los contratos de concesión que recaigan sobre recursos minerales de propiedad nacional, requerirán de la licencia ambiental respectiva.

En consecuencia, el registro de tales títulos mineros sólo será procedente una vez obtenida la licencia ambiental.

PAR. 1º—Para la ejecución de los trabajos autorizados con la expedición de la licencia de explotación, el solicitante deberá obtener de la autoridad competente la aprobación del plan de manejo ambiental.

PAR. 2º—Los aportes mineros se inscribirán en el registro minero nacional tan pronto como quede en firme el acto administrativo que los contenga.

Cuando dentro del área aportada se pretendan realizar labores de exploración o de explotación directamente por las entidades titulares del aporte o a través de contratos con terceros, la entidad titular del aporte o el contratista, según quien vaya a ejecutar la actividad minera deberá allegar, cuando se trate de la actividad minera de exploración, la aprobación del plan de manejo ambiental y cuando se trate de trabajos de explotación, la correspondiente licencia ambiental.

En los eventos en que se celebren contratos de exploración y explotación, éstos se inscribirán con la mera aprobación del plan de manejo ambiental con la anotación:”Contrato en exploración”, la cual será levantada tan pronto como se allegue la correspondiente licencia ambiental, para efectos de iniciar la etapa de explotación”.

A manera de conclusión, la Sala afirma que, frente al citado marco jurídico el registro del título minero “sólo será procedente una vez obtenida la licencia ambiental respectiva”, correspondiéndole al beneficiario solicitarlo “dentro de los diez (10) días siguientes a la obtención de la licencia ambiental y/o plan de manejo ambiental respectivo”, por lo que la administración se encontraba condicionada a que fuera la iniciativa del titular la que produjera los referidos efectos, pues ella no podía efectuar el registro sino una vez el beneficiario aportara la prueba del cumplimiento de los requisitos ambientales requeridos por la citada normatividad.

ii) Con la entrada en vigencia de la Ley 685 de 2001 se introdujeron modificaciones sustanciales en el tema minero y, en cuanto hace referencia al trámite del registro del título de exploración, se estableció una regulación que alteró el orden de acreditación de los requisitos para protocolizar la referida inscripción, sin que se hiciera necesario —para el efecto— contar con la licencia ambiental, ya que ésta se convirtió con tal regulación en un presupuesto para la ejecución del contrato.

En este orden de ideas, frente al tema que ocupa la atención de la Sala, se observa que el artículo 78 del citado cuerpo normativo regula lo relacionado con los trabajos de exploración e igualmente establece en el artículo 85 ídem la necesidad de presentar el estudio de impacto ambiental, ya que “sin la aprobación expresa de este estudio y la expedición de la licencia ambiental correspondiente no habrá lugar a la iniciación de los trabajos y obras de explotación minera”, disposición que armoniza con lo reglado en el inciso tercero del artículo 165 ibídem cuando, al abordar el tema de la “legalización” de registros, prescribe que “los títulos mineros otorgados o suscritos, pendientes de inscripción en el Registro Minero Nacional, con anterioridad a la vigencia de este código, serán inscritos en el mismo y para su ejecución deberán cumplir con las condiciones y obligaciones ambientales pertinentes” (subraya la Sala) que exigen las particularidades del proyecto minero, fijándose por dicho conducto una modificación de los presupuestos para su realización.

La misma ley determina —en su artículo 328— que el registro minero “es un medio de autenticidad y publicidad de los actos y contratos estatales y privados, que tengan por objeto principal la constitución, conservación, ejercicio y gravamen de los derechos a explorar y explotar minerales, emanados de títulos otorgados por el Estado o de títulos de propiedad privada del subsuelo” y que éste constituye “la única prueba de los actos y contratos sometidos a este requisito”, tal como lo prescribe el artículo 331 del citado cuerpo normativo.

Ahora bien, existe una regla que gobierna el desarrollo de los procesos administrativos mineros y es la contemplada en el artículo 263 que fija su impulso oficioso, pues se prescribe que, “con excepción de la interposición de recursos y la formulación de oposiciones de terceros, no será necesaria petición alguna para adelantar, de oficio, la totalidad del procedimiento gubernativo previo al contrato y para dar curso progresivo a las actuaciones correspondientes” (subraya la Sala) y, a partir de tal competencia, la administración cuenta con los instrumentos necesarios para impulsar oficiosamente los procesos mineros que se encontraban paralizados al haber sido entregado el título, pero que —por cualquier razón— sus beneficiarios no hubieran efectuado su registro, omisión que afecta sustancialmente el nivel de productividad de ese sector de la economía nacional.

Finalmente, y de cara al tema del tránsito normativo en la citada ley, se encuentran dos disposiciones que lo regulan: una, la consagrada en el artículo 350, donde se prescribe que “las condiciones, términos y obligaciones consagrados en las leyes anteriores para los beneficiarios de títulos mineros perfeccionados o consolidados, serán cumplidos conforme a dichas leyes” e, igualmente, el artículo 361, que deroga “todas las disposiciones contrarias a las del presente código, en especial las del Decreto 2655 de 1988 (Código de Minas), los decretos 2656 y 2657 de 1988” (subraya la Sala), de donde se puede concluir que los títulos mineros otorgados en vigencia de otros marcos jurídicos seguían tramitándose conforme a lo en ellos reglado, siempre y cuando las disposiciones no fueran contrarias a lo establecido en la Ley 685 citada, y es bajo tal premisa como debe ser analizado el presente caso.

iii) Atendiendo el citado marco normativo y frente a lo alegado con la presente acción, resulta imperativo concluir que, bajo la Ley 685 de 2001, la licencia ambiental dejó de ser un requisito necesario para protocolizar el registro del título minero y pasó a convertirse en un presupuesto para la ejecución del contrato, pues sin su aprobación no “habrá lugar a la iniciación de los trabajos y obras de explotación minera”, tal como lo prescribe el artículo 85 antes citado, por lo que, frente a la nueva reglamentación, para llevar a cabo la inscripción del título no se requiere contar con la aprobación de las licencias ambientales y, en tal virtud, puede proceder a protocolizarla por parte de la administración, sin que para ello sea necesaria la participación del beneficiario del título minero.

Frente a lo anotado, la Sala considera que dicha modificación normativa no implica una variación de las condiciones iniciales bajo las cuales se otorgó a la sociedad demandante el título de exploración, ya que se conservan los requisitos para efectuarla y el titular que debe tramitarle, pues lo que se introdujo fue una reorganización procedimental de los requisitos para efectuar la inscripción y tal determinación legal no implica afectación de los derechos reconocidos a la sociedad actora, pues no se desconocen las prerrogativas concedidas sobre el terreno asignado para la exploración.

Por ello, frente al citado marco normativo se hace necesario identificar la situación jurídica en la cual se encontraba el título minero de exploración otorgado a la sociedad demandante al momento de entrar en vigencia la Ley 685 de 2001 y a partir de ahí individualizar las consecuencias que acarreó la nueva reglamentación, así como también establecer si era posible exigir el pago del canon superficiario dando aplicación al nuevo marco jurídico.

El análisis del citado punto no ofrece mayores dificultades, pues, conforme a lo probado en el expediente, se tiene que la sociedad Mineros de Antioquia S.A. nunca inscribió el título minero identificado con el número 092-23 por no haber acreditado —ante las autoridades administrativas— la realización de los trámites ambientales correspondientes, requisito que debía cumplir con tal propósito por ser una exigencia fijada por la normatividad vigente para la fecha en la cual se realizó la adjudicación.

En efecto cualquier consideración jurídica del presente caso parte del hecho cierto de que el título minero se otorgó mediante la Resolución 991210 del 5 de octubre de 1998 y según certificación dada —el 20 de marzo de 2001— por el jefe de la división de seguimiento y control de Minercol, tal licencia no había sido inscrita para dicha fecha, por cuanto su titular había omitido la realización de los trámites ambientales exigidos, siendo ésta la situación en la cual se encontraba al momento de entrar en vigencia la Ley 685, esto es el 15 de agosto del referido año y —en tal virtud— ha de entenderse que se está frente a un título otorgado por el Estado, pero no inscrito en el registro.

Por tanto, siendo esta la situación en que se encontraba la licencia de exploración entregada a la empresa demandante, no resultaba ajena a la aplicación de lo reglado en el inciso 3º del artículo 165 de la Ley en referencia, pues ahí se dispone que “los títulos mineros otorgados o suscritos, pendientes de inscripción en el Registro Minero Nacional, con anterioridad a la vigencia de este Código, serán inscritos en el mismo y para su ejecución deberán cumplir con las condiciones y obligaciones ambientales pertinentes” (subraya la Sala), norma que hacía procedente que la entidad demandada efectuara el registro, pues —cómo se ha visto— se estaba frente a un título otorgado antes de entrar en vigencia la referida Ley y se encontraba pendiente de inscripción; por tanto, correspondía a Minercol Ltda. dar cumplimiento a la citada disposición legal, sin que dicho proceder pueda ser tildado de ilegal, pues, por el contrario, se muestra respetuoso del ordenamiento jurídico.

4.2. Análisis relacionado con la legalidad de la actuación administrativa llevada a cabo por Minercol Ltda. consistente en inscribir el título minero 092-23 dando aplicación a lo reglado en el inciso 3º del artículo 165 de la Ley 685 de 2001, sin notificar de tal determinación a Mineros de Antioquia S.A.

En esta oportunidad el punto de debate no radica en determinar si el acto de inscripción del título minero fue notificado a la empresa demandante, pues dicho punto no ofrece discusión alguna, toda vez que —tal como se demostró en el expediente— ese trámite administrativo se realizó en debida forma, siendo esta la razón por la cual la sociedad Mineros de Antioquia S.A. interpuso los recursos respectivos y le fueron tramitados.

La discusión se contrae a establecer si la decisión de Minercol Ltda. de inscribir el título minero debía notificarse a la sociedad Mineros de Antioquia S.A., pues es dicho proceder el que ha sido calificado de ilegal por la parte demandante.

Tal como se anotó en precedencia, la situación administrativa en la cual se encontraba el título minero identificado con el número 092-23 —esto es otorgado, pero no inscrito— permitía la aplicación de lo dispuesto en el inciso 3º del artículo 165 citado, lo cual implicaba que Minercol Ltda. estaba revestida de competencia para efectuar directamente la inscripción en el registro nacional minero, por cuanto la licencia ambiental, con la entrada en vigencia de la Ley 685 de 2001, se convirtió en un presupuesto para la ejecución del contrato y en parte alguna le impone dicha normativa a la administración la obligación de esperar que el beneficiario lo aporte debiéndose tener en cuenta que dicha regulación fue expedida con el propósito de lograr la legalización de la inscripción de títulos otorgados hacía muchos años, pero que, por incuria de los titulares, no habían sido formalizados, obstruyendo de tal manera la realización de procesos productivos del sector minero.

No puede perderse de vista que, tal como se anotó, el artículo 263 del referido cuerpo normativo garantiza el impulso de los procesos administrativos mineros, de ahí que —con excepción de la interposición de recursos y la formulación de oposiciones de terceros— no sea necesaria la presentación de petición alguna para culminar el procedimiento.

De lo anterior se sigue, por lo demás, que al contar la entidad demandada con el debido respaldo legal para efectuar la inscripción del título minero del cual era beneficiaria la sociedad Mineros de Antioquia S.A., aparece como una consecuencia ajustada a la ley la exigencia del pago del canon superficiario, por lo que no le asiste razón a la parte demandante y deben negarse las pretensiones incoadas por considerar que los actos administrativos demandados y el procedimiento realizado por Minercol Ltda. se encuentran ajustados a derecho al efectuar la inscripción del título y proceder a exigir el cobro del canon superficiario, sin que exista lesión alguna a los garantías de la parte actora; de igual manera se abstendrá de condenar en costas a la demandante en consideración a lo previsto en el artículo 55 de la Ley 446 de 1998, modificatorio del artículo 171 del Código Contencioso Administrativo, aplicable al presente caso.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. NEGAR las pretensiones incoadas en la presente demanda conforme a lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

2. Sin costas.

Cópiese, notifíquese, cúmplase».

(12) Cfr. folio 125.

(13) Cfr. folio 5 vto.

(14) Folio 71.

(15) Folio 82.

(16) Folio 83.

(17) Folio 85.

(18) Folio 86.

(19) Folio 88.

(20) En la citada disposición se establecía “ART. 3º—La titular deberá pagar el canon superficiario liquidado por el área técnica, por anualidades anticipadas a partir de la inscripción del título en el registro minero nacional. El primer pago se realizará dentro de los diez (10) días siguientes a dicha inscripción, de conformidad con lo preceptuado en el artículo primero del Decreto 1184 del 10 de julio de 1995 y el cual asciende a la suma de dieciocho millones trescientos noventa y un mil ochocientos once pesos ($ 18.391.811). Folio 72.

(21) Folio 90.

(22) Folio 92.

(23) Folio 94.

(24) Folio 95.

(25) Folio 96.

(26) Folio 101.

(27) Folio 98.

(28) Folio 117.

(29) Folio 125.

(30) Folio 136.