Sentencia 2003-00049/33171 de marzo 6 de 2015

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN B

Radicado: 180012331000200300049 01

Expediente: 33171

Consejero Ponente:

Dr. Ramiro Pazos Guerrero

Actor: Abigail Guzmán de Hermosa y otros

Demandado: Municipio de Florencia

Naturaleza: Acción de reparación directa

Temas: Caducidad de la acción en casos de ocupación permanente

Bogotá, D.C., seis de marzo de dos mil quince.

EXTRACTOS: «Consideraciones

I. Presupuestos procesales de la acción

De la jurisdicción, competencia y procedencia de la acción

Por ser la entidad demandada de índole estatal, el proceso es de conocimiento de esta jurisdicción (CCA, art. 82). Además, esta corporación es competente para conocer del proceso, en razón del recurso de apelación interpuesto por la parte demandante en un proceso con vocación de segunda instancia, en los términos del Decreto 597 de 1988, dado que la cuantía de la demanda, determinada por el valor de la mayor de las pretensiones, que corresponde a la indemnización por concepto perjuicios materiales en la modalidad de daño emergente, supera la exigida por la norma para el efecto(1).

La acción de reparación directa instaurada (CCA, art. 86), es la procedente, por cuanto las pretensiones de la demanda están encaminadas a la declaratoria de responsabilidad de la entidad demandada por la ocupación permanente de una parte del terreno de propiedad de los demandantes.

De la caducidad de la acción

Con el fin de establecer si la reparación de perjuicios por lucro cesante reclamados por la demandante se produjo en tiempo, resulta necesario determinar cuál es la causa del daño presuntamente causado a la parte actora y cuándo esta tuvo certeza de la existencia del mismo.

Para tal propósito, se hará una breve presentación de los eventos en los cuales la administración puede causar daños a los titulares de derechos reales de bienes inmuebles, cuando tales bienes resulten comprometidos, por su destinación, a una obra pública o a la prestación de un servicio de interés colectivo, de manera temporal o definitiva (afectación, expropiación, ocupación temporal, permanente o jurídica); la acción procedente para reclamar la indemnización de esos daños y el momento a partir del cual se considera que se materializan los mismos, con el fin de establecer cuándo empieza a correr el término para presentar en forma oportuna la demanda.

De conformidad con lo previsto en la Ley 1ª de 1943, en las ciudades capitales de departamentos o de población igual o superior a 25.000 habitantes, los municipios podían declarar de utilidad pública o de interés social, con fines de expropiación, los bienes inmuebles requeridos para la construcción de obras públicas, tales como la apertura o ampliación de calles. Contra esa decisión, el afectado podía ejercer los recursos previstos en la ley.

Para efectos de adelantar el trámite de expropiación la entidad acudía al juez, quien en la sentencia correspondiente debía disponer el avalúo de la indemnización, que sería practicado por los peritos nombrados por las partes o, en su defecto, por el juez. Una vez realizado el pago de la indemnización, se hacia la entrega a la entidad pública de los bienes expropiados. La sentencia debidamente registrada servía como título traslaticio de dominio. El avalúo de los bienes podía ser objetado ante el mismo juez por cualquiera de las partes. La demanda no sacaba los bienes el comercio, pero los nuevos adquirentes debían tomar el juicio en el estado en que se encontrara.

La misma ley disponía que tratándose de las propiedades afectadas por el impuesto de valorización, que no fueran ocupadas o adquiridas por el respectivo municipio en el plazo de dos años contados a partir de la fecha en que hubieren sido declaradas como de utilidad pública, el titular de los derechos sobre las mismas podía edificarlas, reconstruirlas, reformarlas o enajenarlas libremente.

En resumen, en los términos de la Ley 1ª de 1943, las propiedades privadas podían ser declaradas de utilidad pública cuando se requirieran para la ejecución de obras de interés colectivo. Una vez hecha esa declaración, las entidades facultadas para el efecto podían adquirirlas o expropiarlas, previo trámite judicial, dentro de los dos años siguientes a esa declaración. Durante esos dos años, no podían ejecutarse obras urbanísticas sobre esos inmuebles, los que, además, quedaban fuera del comercio, pero vencido dicho plazo, los mismos podían ser enajenados o construidos, reformados, o urbanizados.

Posteriormente, se expidió la Ley 9ª de 1989(2) que reguló la afectación y expropiación de inmuebles con fines de uso público e interés general; la reserva de zonas destinadas al plan vial y la cesión obligatoria de áreas para zonas verdes y servicios comunales.

De acuerdo con dicha ley, la Nación, las entidades territoriales, las áreas metropolitanas y asociaciones de municipios pueden afectar bienes inmuebles, esto es, imponer restricciones que limiten o impidan la obtención de licencias de urbanización, de parcelación, de construcción, o de funcionamiento, por causa de una obra pública o por protección ambiental, por un periodo de hasta tres años, renovables, hasta un máximo de seis, y en caso de tratarse de vías públicas, esa afectación puede ser hasta de nueve años. Dicha afectación debe notificarse personalmente al propietario e inscribirse en el respectivo folio de matrícula inmobiliaria, so pena de inexistencia y, queda sin efecto, de pleno derecho, si el inmueble no es adquirido por la entidad pública durante su vigencia.

La entidad que imponga la afectación debe celebrar un contrato con el propietario del inmueble, a fin de pactar el valor y la forma de pago de la compensación por los perjuicios que pueda sufrir como consecuencia de esa restricción.

Si se requiere destinar el bien privado al uso público de manera indefinida, la entidad estatal competente debe adquirir el inmueble e intentar, en primer término, la venta voluntaria del mismo, para lo cual el representante legal de la entidad pública expedirá un oficio disponiendo la adquisición del bien, el cual debe contener la oferta de compra, la identificación precisa del inmueble y el precio base de la negociación establecido por el Instituto Agustín Codazzi, o quien haga sus veces, para lo cual no podrán tenerse en cuenta las acciones o intenciones manifiestas y recientes del Estado que sean susceptibles de producir una valorización evidente de los bienes. Dicho oficio debe notificarse al propietario e inscribirse en el folio de matrícula inmobiliaria. Los inmuebles quedarán fuera del comercio a partir de la fecha de la inscripción y, mientras subsista, ninguna autoridad podrá conceder licencia de construcción, de urbanización, o permiso de funcionamiento por primera vez para cualquier establecimiento industrial o comercial sobre el inmueble objeto de la oferta de compra. Si hubiere acuerdo respecto del precio y de las demás condiciones de la oferta con el propietario, se celebrará un contrato de promesa de compraventa o de compraventa.

Agotada la etapa de negociación voluntaria sin que se hubiera perfeccionado el contrato de compraventa, dentro de los dos meses siguientes, la entidad estatal interesada podrá expedir resolución motivada en la cual se ordene la expropiación. Dicho acto debe ser notificado personalmente al propietario del bien, el cual podrá ejercer contra el mismo el recurso de reposición dentro de los diez días hábiles siguientes al de su notificación.

Dentro de los dos (2) meses siguientes a la fecha en la cual quede en firme la resolución que ordene la expropiación, el representante legal de la entidad expropiante presentará ante el juez competente la resolución que ordene la expropiación. Una vez transcurrido ese término sin que la demanda se hubiere presentado, quedan sin efecto alguno, de pleno derecho, la resolución que ordenó la expropiación y las inscripciones que se hubieren efectuado en las oficinas de registro de instrumentos públicos.

En este orden de ideas, la Ley 9ª de 1989 reguló de manera más precisa y detallada las finalidades, trámite y término de expiración de la afectación de inmuebles de propiedad privada que se requiera para la prestación de los servicios públicos, restricción que no podía superar los plazos máximos señalados en la misma ley; así como el trámite de adquisición voluntaria o de expropiación de esos mismos inmuebles cuando deben ser destinados de manera indefinida a la prestación de tales servicios.

En ningún caso pueden ser desconocidos los derechos de los particulares, quienes no solo tienen la oportunidad de discutir la legalidad de los actos administrativos que declaren la afectación o expropiación de los inmuebles, sino también de controvertir administrativamente y judicialmente al avalúo de las compensaciones e indemnizaciones a que haya lugar. Todo ello, claro está, dentro de los términos y a través de las acciones legalmente previstas.

Por lo tanto, si la demanda se orienta a discutir la legalidad de los actos administrativos mediante los cuales la entidad estatal hubiere dispuesto la afectación o la expropiación del inmueble por motivos de utilidad pública o interés social, la acción procedente será la de nulidad y restablecimiento del derecho y el término para interponer la demanda empezará a correr desde la fecha de publicación o notificación de los actos, respectivamente; si lo que se pretende es el pago coactivo de las indemnizaciones pactadas o judicialmente declaradas, deberá iniciarse un proceso ejecutivo, dentro del término legal, el cual empezará a correr desde el día siguiente al vencimiento del plazo previsto para el cumplimiento de esa obligación.

Puede suceder que la entidad estatal autorizada por la ley declare de utilidad pública un inmueble pero no adelante el procedimiento señalado en la ley para obtener su enajenación voluntaria ni tramite el proceso de expropiación y, sin embargo, lo ocupe materialmente con la obra pública. En este caso, se está frente a un hecho de la administración, cuya reparación puede ser demandada a través del ejercicio de la acción de reparación directa, y el término para interponerla, según lo previsto en el artículo 136-8 del Código Contencioso Administrativo es de dos años, contados desde el día siguiente al de la finalización de la obra pública, si la ocupación es permanente, o desde que cesa la ocupación temporal del inmueble, o desde que el actor tenga conocimiento de esos hechos, siempre que demuestre que no pudo enterarse de los mismos con autoridad(3).

También puede suceder que la entidad declare de utilidad pública un inmueble pero no adelante el procedimiento señalado en la ley para obtener su enajenación voluntaria ni tramite el proceso de expropiación ni lo ocupe materialmente, pero se niegue a expedir las autorizaciones administrativas necesarias para que el propietario pueda realizar construcciones sobre el mismo, reformarlo, urbanizarlo, lotearlo, etc. Es decir, que se hubiera producido una ocupación jurídica, en tanto si bien no se despoja materialmente del bien a su titular, sí se le limita el ejercicio de las facultades propias de los derechos reales o de la posesión que se ejerce respecto del predio ocupado, como ocurre en los casos en los cuales se le impide la explotación económica del bien(4).

El afectado, en tal caso, podrá demandar la reparación de los perjuicios que ese hecho le cause, a través del ejercicio de la acción de reparación directa, la cual puede interponer dentro del término previsto en la ley, contado a partir del momento en que tenga certeza de que el titular está imposibilitado para hacer uso de las facultades que el derecho le reconoce en tal calidad.

Teniendo en cuenta las normas y criterios jurídicos antes señalados, se procederá a establecer, según la demanda, cuál es la fuente del daño atribuible a la entidad demandada por la parte actora, es decir, si aquella adelantó el procedimiento de afectación del bien, o de compra voluntaria del mismo, o de expropiación, o de ocupación temporal, permanente o jurídica. Una vez definido ese hecho, conforme a los términos de la demanda, se determinará si esta presentó o no en tiempo.

Para hacer ese análisis se tendrán en cuenta las pruebas que obran en el expediente, que son fundamentalmente de carácter documental, las cuales están integradas por los siguientes documentos:

— El Acuerdo 107 de 1990, “por medio del cual se declara de utilidad pública el área donde se va a construir el tanque de almacenamiento de agua el paraje El Diviso” expedido por el Concejo Municipal del municipio de Florencia (fl. 3, cdno. 5).

— La certificación emitida por el departamento de planeación municipal de la Alcaldía de Florencia en la cual consta que el predio sobre el cual se va a construir el tanque de almacenamiento de agua le pertenece a la sucesión del señor José Nelson Hermosa Acuña y tiene un área de 3 hectáreas (fl. 7, cdno. 5).

— El oficio mediante el cual la Alcaldía Municipal de Florencia notificó a los propietarios del predio afectado la oferta de compra por $ 2.400.000 (fl. 13, cdno. 5).

— El auto 7 emitido por el Instituto Agustín Codazzi mediante el cual resolvió modificar el avalúo realizado sobre el bien afectado y fijó un avalúo administrativo especial de $ 5.100.000 (fl. 18, cdno. 5).

— El oficio 144 proferido por la Oficina Principal de Registro de Instrumentos Públicos del municipio de Florencia, en el cual se notificó el rechazo de la inscripción de la escritura pública correspondiente al bien afectado (fl. 19, cdno. 5).

— El avalúo especial del bien inmueble por $ 15.000.000 realizado por el ingeniero Pedro Antonio Farieta Gasca el 18 de abril de 1994 y allegado al proceso por la parte actora (fl. 22, cdno. 5).

— El oficio suscrito por el alcalde municipal el 10 de agosto de 1994, en el cual se le comunicó a la señora Abigail Guzmán la aceptación de sus solicitudes referentes a la ocupación del predio, así como la solicitud al contratista para que arregle los daños causados en la finca (fl. 27, cdno. 5).

— La comunicación de 2 de noviembre de 1994 dirigida a la señora Abigail Guzmán por la Alcaldía Municipal de Florencia mediante la cual le solicitó que se solucione el proceso de sucesión del bien inmueble y le informó que la ejecución de las obras terminaría en diciembre de 1994 (fl. 30, cdno. 5).

— El oficio dirigido a la administración municipal el 23 de febrero de 1998, con el fin de solicitar el cumplimiento de lo pactado respecto a la compra del inmueble afectado y el arreglo de los daños ocasionados por la construcción de la obra pública (fl. 31, cdno. 5).

— La información remitida al “jefe de la unidad operativa” por el ingeniero Humberto Salazar Gamba (inspector de obras) respecto del estado del terreno a solicitud de la señora Abigail Guzmán el 5 de marzo de 1998 (fl. 32, cdno. 5).

— Las solicitudes de crédito efectuadas por los propietarios del terreno ante entidades bancarias (fl. 33, cdno. 5).

— El registro de compra en el folio de matrícula inmobiliaria del bien afectado (fl. 181, cdno. 5).

— El acta 1 de entrega de estructura de acueducto y alcantarillado del 30 de diciembre de 1994 (fl. 2, cdno. 4).

— El informe técnico sobre la granja Zoherlandia suscrito por la ingeniera Sandra Milena Rojas Sánchez el 31 de agosto del 2000 a solicitud de la señora Abigail Guzmán y allegado al proceso con la demanda (fl. 68, cdno. 1).

De la demanda se desprende que en el presente asunto se pretende la reparación de los daños causados a la parte demandante, como consecuencia de la ocupación permanente de una parte del terreno de su propiedad, que resultó afectado con la construcción de la obra pública para la construcción del tanque de almacenamiento de agua y la planta de tratamiento del proyecto maestro de acueducto y alcantarillado.

En relación con el término con que cuenta el afectado para interponer la demanda de reparación directa en casos de ocupación permanente, la Sala Plena de la Sección, en sentencia de unificación, adoptó el siguiente criterio:

En los eventos en que la ocupación ocurre con ocasión de la realización de una obra pública con vocación de permanencia, el término de caducidad para ejercicio de la acción de reparación directa no puede quedar suspendido permanentemente, razón por la cual el mismo debe calcularse desde que la obra ha finalizado, o desde que el actor conoció la finalización de la obra sin haberla podido conocer en un momento anterior(5).

En este caso, como prueba directa de la fecha de terminación de las obras públicas que afectaron el predio de los demandantes, se encuentra la copia del acta de entrega de obra pública del 30 de diciembre de 1994, en el cual se anotó:

[E]n las oficinas de la Alcaldía Municipal de Florencia se reunieron las siguientes personas: El economista Eduardo Flórez Correa, Alcalde Mayor (E) de Florencia y denominado el municipio de Florencia, el Doctor Jaime Alfonso Barrera Gantiva, gerente y representante legal de la Empresa de Servicios de Florencia S.A. “Servaf S.A”. llamado Servaf S.A., y el ingeniero Hugo Cardona Castaño, como director de la unidad ejecutora del PMAAF, llamado la unidad ejecutora, con el fin de hacer entrega de la estructura de acueducto y alcantarillado del municipio de Florencia, de acuerdo con el contrato modificatorio al contrato de administración de servicios públicos firmado entre el municipio de Florencia y Servaf S.A. el día 16 de diciembre de 1994 y con las obras del plan maestro de acueducto y alcantarillado de Florencia (PMAAF) (...) (fl. 2, cdno. 4).

Así mismo, se encuentra la comunicación enviada por la alcaldía municipal en la que anunció la fecha de terminación de la obra a los propietarios del predio ocupado. Oficio de 2 de noviembre de 1994:

Florencia, 2 de noviembre de 1994 (...)

[L]as obras de la planta de tratamiento se tiene programadas para ser entregadas en diciembre de 1994 (...) (fl. 30, cdno. 3).

Ahora bien, consta en el expediente que el 23 de febrero de 1998 la señora Abigail Guzmán envió a la administración municipal de Florencia una solicitud de cumplimiento de acuerdos, en el cual manifestó:

[C]uando se construyeron las obras del plan maestro de acueducto y alcantarillado en los predios de nuestra propiedad, ubicado en el sector El Diviso, la administración municipal (...) suscribió unos compromisos conmigo para reparar los daños, hacer algunas obras, exoneración de impuestos y adquisición del predio.

Hoy todavía no se ha cumplido con lo pactado, de manera que solicito atentamente su colaboración para darle cumplimiento a los anteriores compromisos.

En estos momentos considero prioritario el arreglo de las vías de acceso a mi propiedad, las cuales fueron dañadas cuando adelantaron las obras del acueducto, y el suministro de 2” de agua hacia mis predios (...) (fl. 31, cdno. 5).

De acuerdo con el contenido de la mencionada solicitud, la Sala infiere que para el 23 de febrero de 1998, la parte actora ya tenía conocimiento de los daños que con ocasión de la construcción se habían ocasionado en su predio, y además, que estos fueron producidos “cuando se construyeron las obras del plan maestro de acuerdo y alcantarillado”, las cuales, de acuerdo con el acta de entrega, concluyeron el 30 de diciembre de 1994.

Si bien, en el escrito de apelación los demandantes alegaron que el daño se produjo como consecuencia de “obras complementarias”, la Sala advierte, en primer lugar, que no obra en el expediente prueba alguna acerca de las fechas de ejecución de dichas obras complementarias, como tampoco, de los daños causados por estas de manera específica. Y, en segundo lugar, de la lectura de la demanda no se desprende alguna pretensión fundada en la ejecución de obras complementarias, pues las pretensiones se basaron en la ocupación generada por la construcción del tanque de almacenamiento y la planta de tratamiento que, como se anotó anteriormente, fue una obra que concluyó el 30 de diciembre de 1994.

Por lo anterior la Sala concluye que el argumento esgrimido en el escrito de apelación sobre las obras complementarias que afectaron el predio de los demandantes, constituye un hecho nuevo que no fue mencionado como pretensión en la demanda y que no tiene sustento probatorio en el expediente.

Cabe precisar que, a pesar de que en la demanda se manifestó que el daño causado por la obra pública se prolongó en el tiempo y persiste en la actualidad, la jurisprudencia de esta corporación ha establecido que aun en los casos en los que se presente un daño continuado el cómputo del término de caducidad corresponde a la fecha en que se configuró el daño principal o desde que se tuvo conocimiento de la configuración del mismo.

Al respecto se ha precisado:

[V]ale la pena señalar, que no debe confundirse el daño continuado, con la agravación de este. En efecto, en algunas oportunidades se constata que una vez consolidado el daño (sea este inmediato o continuado) lo que acontece con posterioridad es que este se agrava, como por ejemplo el daño estructural de una vivienda que se evidencia con grietas y cimentaciones diferenciadas, y tiempo después se produce la caída de uno de sus muros. En este caso, las reglas sobre el momento desde el cual debe contabilizarse el término de la caducidad no cambian; este debe contarse, según se dijo, desde el momento en que se configuró el daño o se tuvo noticia de este, en caso de que estas circunstancias no coincidan(6).

Así las cosas, la fecha para contar el término para la presentación de la demanda de reparación directa de los perjuicios que hubiera sufrido la parte actora con la ocupación permanente de una parte de su predio por la construcción de una obra pública, será aquella en la cual se profirió el acta de entrega de dicha obra.

Lo anterior, de acuerdo a lo establecido por la jurisprudencia, puesto que la parte actora no demostró la existencia de algún impedimento para conocer el daño con posterioridad a la ejecución de la obra pública que ocupó de manera permanente el predio.

Por lo tanto, como la obra pública que generó el daño alegado en la demanda finalizó el 30 de diciembre de 1994, los accionantes tenían un plazo de 2 años, hasta el 30 de diciembre de 1996, para interponer acción de reparación directa. Dado que la demanda se presentó el 10 de marzo de 2003, esto es, vencidos los dos años que tenía la parte actora para interponer la acción, resulta forzoso concluir que esta fue extemporánea.

Finalmente, respecto de la alegación que se esgrimió en la demanda sobre la falta de pago, por parte de la entidad demandada, del monto pactado por la compra del terreno ocupado, la Sala precisa que, tal como se expuso anteriormente, ante un daño producido por la falta de pago de una obligación pactada se debe iniciar un proceso ejecutivo, una vez dicha obligación se haga exigible.

Costas

El artículo 55 de la Ley 446 de 1998 establece que se condenará en costas a la parte que hubiere actuado en forma temeraria. En el presente caso la Sala no observa comportamiento temerario en las actuaciones procesales de los intervinientes dentro del presente trámite, razón por la cual no se condenará en costas.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. CONFIRMAR la sentencia recurrida, esto es, la proferida por el Tribunal Administrativo del Caquetá, el 22 de junio de 2006.

2. Se dará cumplimiento a los artículos 176, 177 y 178 del Código Contencioso Administrativo.

3. Sin condena en costas.

4. En firme esta providencia, DEVUÉLVASE el expediente al tribunal de origen para lo de su competencia.

Cópiese, notifíquese y cúmplase».

(1) La pretensión mayor, correspondiente a los perjuicios materiales en la modalidad de daño emergente, fue estimada en la suma de $ 4.226.902.989, monto que supera los 500 salarios mínimos legales mensuales vigentes en el 2003 —$ 332.000— (166.000.000), año de presentación de la demanda, para que un proceso adelantado en acción de reparación directa fuera considerado de doble instancia.

(2) Reglamentada por el Decreto Nacional 2400 de 1989; modificada por la Ley 336 de 1997.

(3) La Sala Plena de la Sección Tercera de la corporación unificó la jurisprudencia en relación con el término para interponer la demanda en eventos de ocupación de inmuebles, mediante sentencia de 9 de febrero de 2011, exp. 38.271, C.P. Danilo Rojas Betancourth.

(4) A la ocupación jurídica se refirió la Sección Tercera de la corporación en sentencia de 16 de febrero de 1992, exp. 6643, en estos términos: [R]esulta evidente que los intereses del demandante fueron afectados por la integración de su predio al Parque Natural Farallones de Cali, sin que hasta la fecha el ente oficial haya resarcido a cualquier título los efectos patrimoniales de la reservación oficial, olvidándose que con la declaración de parque nacional natural y por mandato expreso del artículo 13 de la Ley 2ª de 1959, en esas tierras quedará prohibida la adjudicación de baldíos, las ventas de tierras, la caza, la pesca y toda actividad industrial, ganadera o agrícola..., es decir, que respecto de los terrenos afectados, sus propietarios quedaron legalmente imposibilitados e incapacitados para disponer libremente de “sus tierras”, o para someterlas a un régimen normal de explotación económica, agrícola e industrial. Cuál es entonces, la diferencia concreta y objetiva para el propietario que se encuentra limitado en el ejercicio de sus derechos de dominio y posesión sobre sus predios, por causa de la declaración de parque natural nacional, frente a quien sufre la misma limitación originada en una ocupación permanente? Sin duda alguna, los derechos conculcados son los mismos, no puede vender, gravar o explotar económicamente su propiedad... En este orden de ideas, bien puede asimilarse la actuación de la administración como una especie de expropiación del predio del actor y, por consiguiente, se impone en su favor un reconocimiento indemnizatorio. En el mismo sentido, en sentencia de 25 de junio de 1992, exp. 6974.

(5) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 9 de febrero de 2011, exp. 38.271, C.P. Danilo Rojas Betancourth.

(6) Sobre la agravación del daño consultar: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 18 de octubre de 2007, exp. 25000-23-27-000-2001-00029-01 (AG), actor: Gloria Patricia Segura Quintero; C.P. Enrique Gil Botero.