Sentencia 2003-00052 de octubre 20 de 2014

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN C

Rad.: 25000-23-26-000-2003-00052-01(31953)

Consejera Ponente:

Dra. Olga Mélida Valle de De La Hoz

Actor: Sociedad Televisión de Antioquia Limitada - Teleantioquia

Demandado: Comisión Nacional de Televisión - En Liquidación

Referencia: apelación sentencia - acción de reparación directa

Bogotá, D. C., veinte de octubre de dos mil catorce.

EXTRACTOS: «II. Consideraciones

Cumplidos los trámites propios de la segunda instancia, sin que exista causal alguna de nulidad que invalide lo actuado ni caducidad(2), procede la Sub-Sección a resolver el asunto sometido a su consideración a través del siguiente esquema: 1) las pruebas relevantes para adoptar la decisión, 2) el caso concreto, y 3) la condena en costas.

2.1. Pruebas relevantes para adoptar la decisión.

Para adoptar la decisión en el presente proceso resultan relevantes las siguientes pruebas:

— Copia auténtica del Plan Nacional de Asignación Preliminar de Frecuencias (fls. 1-7 cno. 2 de pruebas).

— Copia auténtica del memorando Nº 0137 del 11 de octubre de 1996, relacionado con el cambio de frecuencias canales regionales (fl. 8 cno. 2 de pruebas).

— Copia auténtica de la Resolución 244 del 18 de julio de 1997, por medio de la cual se adjudican recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión al canal regional Teleantioquia (fls. 15-18 cno. 2 de pruebas).

— Copia auténtica del acta Nº 17 del 25 de julio de 1997 de la Junta Administradora Regional de Teleantioquia (fls. 19-27 cno. 2 de pruebas).

— Copia auténtica del convenio interadministrativo Nº 693 del 7 de septiembre de 1997 y su adicional del 30 de septiembre de 1997 (fls. 28-33 cno. 2 de pruebas).

— Copia auténtica de los convenios interadministrativos Nros. 517 y 540 (fls. 34-40 cno. 2 de pruebas).

— Copia auténtica de la Resolución 0117 del 19 de febrero de 1999, por medio de la cual se adjudican recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión al canal regional Teleantioquia (fls. 41-44 cno. 2 de pruebas).

— Acta Nº 72-2002, de la diligencia de conciliación prejudicial llevada a cabo ante la Procuraduría 5ª Judicial Administrativa (fls. 84-89 y 104-106 cno. 2 de pruebas).

-— Copia auténtica de las facturas de venta nros. 1360 y 1361 del 4 de junio de 2001 y 3135 del 4 de enero de 2002 expedidas por Inravisión, correspondientes a la utilización de un canal del sistema de compresión digital video MPEGII, para la transmisión de la programación de televisión del canal regional en forma permanente por el periodo comprendido entre enero a diciembre de 2000 y enero a diciembre de 2001, respectivamente (fls. 122-124 cno. 2 de pruebas).

— Copia simple del contrato Nº 151 para la venta, instalación y puesta en funcionamiento de los equipos y demás componentes, obras y servicios requeridos para la implementación completa del plan de ajuste de la red de televisión y anexos suscrito entre la CNTV y el consorcio DAGA (fls. 164-201 cno. 2 de pruebas).

— Copia simple de los acuerdos 001 y 050 del 5 de febrero de 2002 y 22 de diciembre de 1998, respectivamente, por medio del cual se reglamenta el Fondo para el Desarrollo de la Televisión, el procedimiento para la asignación de recursos del Fondo y el Banco de Proyectos de la Comisión Nacional de Televisión (fls. 202-217 cno. 2 de pruebas).

— Copias simples de las actas de la Comisión Nacional de Televisión Nros. 875, 566, 950 (fls. 232-270 cno. 2 de pruebas).

— Circular Nº 002274 del 27 de septiembre de 1996, expedida por la subdirección técnica y de operaciones de la CNTV (fl. 601 cno. 2 de pruebas).

— Plan Nacional de asignación preliminar de frecuencias –reordenamiento teórico– primera fase-Teleantioquia- (fls. 602-608 cno. 2 de pruebas).

— Memorando Nº 0137-002417 del 11 de octubre de 1996, con destino a la Junta Directiva de la CNTV (fl. 609 cno. 2 de pruebas).

2.2. El caso concreto.

2.2.1. Las copias simples.

Sobre el valor probatorio de las copias simples aportadas al plenario. La Sala las valorará conforme al precedente jurisprudencial de Sala Plena de la Sección Tercera, que ha indicado que es posible apreciar las copias si las mismas han obrado a lo largo del plenario y han sido sometidas a los principios de contradicción y de defensa de las partes, conforme a los principios de la buena fe y lealtad que deben conducir toda la actuación judicial.

Sobre la valoración de las copias simples ha dicho la Sala:

“Debe precisarse que la copia simple de las pruebas que componen el acervo del proceso penal, en especial las diligencias adelantadas por las demandadas, pueden ser valoradas toda vez que los medios probatorios obrantes fueron practicados con audiencia de la demandada(3), y solicitados como prueba traslada por la parte demandante, petición que fue coadyuvada por las demandadas, surtiéndose así el principio de contradicción.

Sobre este punto en particular, la Sala ya tuvo la oportunidad de pronunciarse en sentencia proferida el 18 de enero de 2010, en el proceso radicado con el Nº 1999 -01250, la cual se cita in extenso:

“(…) Ahora, la Sala observa que con la demanda la parte actora aportó en copia simple un documento que contiene la valoración de los daños ocasionados por la toma guerrillera al corregimiento de Tres Esquinas, realizado por el Comité Técnico para la Valoración de Daños, el cual fue suscrito por el Alcalde Municipal, el Secretario de Planeación, el Presidente de la Cruz Roja, el Secretario de Obras Públicas y el Promotor Comunitario. En dicho documento se incluyó el listado de las personas afectadas y el presupuesto establecido por el comité para el resarcimiento de los daños, correspondiéndole a la señora Gloria Orjuela de Lozano la suma de $55’000.000, con la constancia de que “el Comité Local de Emergencias del Municipio de Cunday, unánimemente da por aceptado los valores presentados por el Comité Técnico de Valoración para los fines pertinentes” (fls. 12 a 14 c. 1).

En principio dicho documento carecería de valor probatorio al obrar en copia simple tal como la Sala lo ha explicado en numerosas providencias, comoquiera que no cumple con las reglas contenidas en el artículo 254 del C. de P.C., según las cuales los documentos públicos y privados aportados en fotocopia simple por personas que no los suscriben no pueden ser tenidos en cuenta, en consideración a que únicamente tienen valor probatorio aquellos aportados en original o en copia autorizada por notario, director de oficina administrativa o de policía, secretario de oficina judicial o autenticada por notario, previa comparación con el original o con la copia autenticada que se le presente.

No obstante lo anterior, en este caso la Nación, al contestar la demanda admitió tenerlo como prueba y aceptó el hecho al que se refería dicho documento. Así se advierte del escrito presentado oportunamente por la Nación:

“Los hechos números 1-2-3-4-5-6-7 y 9 son ciertos de acuerdo a los documentos que se anexan, los hechos números 8-10-11 y 12 no me constan y por lo tanto me atengo a lo que legalmente resulte probado dentro del proceso.

(…). PRUEBAS.

Además de las solicitadas y aportadas con la demanda, muy respetuosamente me permito anexar fotocopia del informe 00711/030498 y sus anexos, por medio del cual se informó a la Dirección Operativa de la Policía Nacional, el hecho ocurrido el 21 de febrero de 1998 en la localidad de Tres Esquinas.

Así mismo me permito solicitar se decrete la siguiente prueba: (…)”.

Y en la demanda, en el hecho 6, que fue aceptado como cierto por parte de la Nación, se narró lo siguiente:

“6. El 27 de febrero a las 9 A.M., según acta Nº 006 se reúne nuevamente el CLE para escuchar el informe de los señores Jhon Jenry Morales y Ferney Figueroa G., destacándose en dicha acta que la pérdida de la vivienda de mi poderdante Gloria A. Orjuela de Lozano, asciende a cincuenta y cinco millones de pesos, después de haberse reajustado el precio inicial que daba cuenta de cincuenta millones de pesos”.

De conformidad con las manifestaciones de las partes, para la Sala dicho documento que obra en copia simple, tiene en esta oportunidad mérito para ser analizado y valorado, comoquiera que la parte demandada pidió tener esa copia como prueba y valorarla como tal; en otras palabras, la Nación no desconoció dicho documento ni lo tachó de falso, sino que conscientemente manifestó su intención de que el mismo fuese valorado dentro del proceso.

En consideración a lo anterior y a pesar de que no se cumplió con el requisito de autenticación de la copia previsto en el artículo 254 de la ley procesal civil, la Sala considera en esta oportunidad, en aras de la prevalencia del derecho sustancial sobre el formal y de la garantía del derecho de acceso a la justicia consagrado en los artículos 228 y 229 de la Constitución Política, que no pueden aplicarse las formas procesales con excesivo rigorismo y en forma restrictiva, con el fin de desconocer lo que las mismas partes no han hecho y ni siquiera han discutido durante el proceso, como lo es la autenticidad del documento aportado por la parte actora en copia simple, admitido como prueba por la Nación que, además, aceptó el hecho aducido con el mismo en la contestación de la demanda.

Es dable precisar que la interpretación que hoy se efectúa no puede entenderse como la exoneración de la carga de cumplir con las reglas contenidas en la ley procesal civil frente a la aportación de copias de documentos que siguen vigentes y en pleno rigor. Lo que sucede en esta ocasión ambas partes aceptaron que ese documento fuera apreciable y coincidieron en la valoración del mismo en forma recíproca no solo al momento de su aportación, sino durante el transcurso del debate procesal.

Cabe agregar que la autenticación de las copias tiene por objeto que éstas puedan ser valoradas bajo el criterio de la sana crítica como si se tratara de documentos originales, de manera que frente a la parte contra quien se aducen, ese requisito tiene por finalidad garantizar su derecho de defensa, máxime cuando con tal prueba se pretende probar un hecho que en principio se aduce en su contra. Siendo esto así, cuando las partes de común acuerdo solicitan la apreciación y valoración de un documento aportado en copia simple, como en este caso, no sería dable soslayar ese interés para exigir el cumplimiento de una formalidad y las partes no podrían desconocer la decisión que con sustento en tal documento se adoptare por cuanto esa conducta atentaría contra el principio de la buena fe e implicaría atentar contra sus propios actos.

Frente a esto último resulta necesario recordar que en la contestación de la demanda la Nación, no solo aceptó el hecho que se pretendía probar con el documento aportado en copia simple, sino que además admitió a éste último como prueba, sin haber alegado en momento alguno que tal documento no se podía valorar, circunstancia que por demás, hubiere significado la trasgresión al principio constitucional de buena fe que protege la confianza que los particulares depositan al deber de coherencia en el actuar de quien tiene la carga de respetar y de someterse a una situación creada anteriormente por su propia conducta. En estos términos la jurisprudencia de la Corte Constitucional se ha pronunciado:

“En su aspecto subjetivo, la seguridad jurídica está relacionada con la buena fe, consagrada en el artículo 83 de la Constitución, a partir del principio de la confianza legítima. Este principio constitucional garantiza a las personas que ni el Estado, ni los particulares, van a sorprenderlos con actuaciones que, analizadas aisladamente tengan un fundamento jurídico, pero que al compararlas, resulten contradictorias. En estos casos, la actuación posterior es contraria al principio de la buena fe, pues resulta contraria a lo que razonablemente se puede esperar de las autoridades estatales, conforme a su comportamiento anterior frente a una misma situación. (…)”(4).

Al respecto cabe resaltar el siguiente texto doctrinal:

“La conducta contradictoria es una contravención o una infracción del deber de buena fe. Ya antes hemos señalado que el hecho de que una persona trate, en una determinada situación jurídica, de obtener la victoria en un litigio, poniéndose en contradicción con su conducta anterior, constituye un proceder injusto y falto de lealtad. He aquí por donde la regla según la cual nadie puede ir contra sus propios actos, se anuda estrechamente con el principio de derecho que manda comportarse de buena fe en las relaciones jurídicas”.

Cabe destacar igualmente el reciente pronunciamiento de la Sala en relación con el valor probatorio de las copias en similares eventos excepcionales:

“Cabe señalar que aunque esas pruebas obran en el expediente en copia simple y fueron aportadas por la parte demandante, las mismas pueden ser valoradas en este proceso, porque:

La exigencia legal de los requisitos para que una copia simple tenga valor probatorio en un proceso fue declarada exequible por la Corte Constitucional al resolver la demanda presentada en contra del numeral 2º del artículo 254 y el numeral 3º del artículo 268, por considerar que esas disposiciones no quebrantan los artículos 83 y 228 de la Constitución que, respectivamente, consagran la presunción de buena fe de los particulares en todas las gestiones que éstos adelanten ante las autoridades públicas y el principio de la primacía del derecho sustancial: (…).

No obstante, la Sala, sin desconocer las disposiciones que fueron declaradas exequibles, pero aplicando, entre otros, los principios de equidad y de buena fe y como protección al derecho de defensa, ha considerado que las copias simples de un documento tienen valor probatorio, cuando le resulte imposible a quien las aporte obtener la copia auténtica, porque la parte contra la que se aduce sea justamente quien conserve el original y se niegue a aportarlo al expediente, sin aducir una razón jurídica atendible (…).

En esa misma providencia destacó la Sala, otros eventos en los cuales el ordenamiento jurídico le confiere valor probatorio a las copias simples: a) en el numeral 6º del artículo 133 del C. de P. Civil a propósito del trámite de reconstrucción por pérdida total o parcial de un expediente, se establece que si sólo concurriere a la audiencia que para el efecto se cita una de las partes o su apoderado, se declarará reconstruido el proceso con base en su exposición jurada y las demás pruebas que se aduzcan en aquélla, dentro de las cuales pueden ser aportadas copias simples de documentos que obraban en el proceso y que estuvieren en su poder; o b) en el artículo 274 ibídem, cuando una vez citado al autor del documento para su reconocimiento, se presenta renuencia por parte del mismo porque no concurre a la diligencia, o si a pesar de comparecer se niega a prestar juramento o a declarar, o da respuestas evasivas, en cuyos casos no obstante la amonestación del juez, se tendrá por surtido el reconocimiento, y así se declarará en nota puesta al pie del documento.

Pero, además, se añade en esta oportunidad, que con fundamento en el artículo 255 del Código de Procedimiento Civil es posible, sin contrariar lo dispuesto en los artículo 244 y 268 ibídem, conferir valor probatorio a las copias simples, cuando la parte contra la cual se aducen conserva el original de las que se señala fueron reproducidas y puede por lo tanto, efectuar su cotejo y tacharlas de falsedad cuando no estén conformes, sin necesidad de que practique la inspección judicial de que trata la norma. (…).

Sin embargo, resultaría superfluo que la misma parte que tiene bajo su guarda los documentos originales, de los cuales la parte contraria afirma haber obtenido las copias que aporta, solicite una inspección judicial para que se practique el cotejo, cuando esa misma parte puede practicar la confrontación sin intervención judicial y en caso de encontrar disconformidad, proponer la tacha de falsedad de que tratan los artículos 289 y siguientes del Código de Procedimiento Civil. (…).

Más evidente aún resulta la carencia de necesidad de que se autentiquen las copias simples aportadas en contra de quien tiene a su disposición los originales o copias auténticas anteriores, o de que éstas se cotejen en diligencia de inspección judicial, en aquellos eventos en los que quien tiene bajo su guarda esos originales o copias auténticas y en contra de quien se aducen las copias simples, en vez de tachar éstas de falsedad, se remite a las mismas para fundamentar su defensa, con ese comportamiento procesal, ha de entenderse que la parte contra quien se aducen las copias ha verificado su autenticidad y las acepta como pruebas válidas del proceso.

(…). Esa actuación de la parte contra la cual se aducen las copias debe ser valorada atendiendo el principio de lealtad procesal, que debe gobernar el comportamiento de las partes en toda la actividad procesal, principio que la Sala ha aplicado, por ejemplo, para flexibilizar las exigencias legales en relación con la prueba trasladada, por considerar que en los eventos en los cuales el traslado de las pruebas recaudadas dentro de otro proceso es solicitado por ambas partes, estas pueden ser valoradas, aun cuando hayan sido practicadas sin citación o intervención de alguna de ellas en el proceso original y no hayan sido ratificadas en el proceso al cual se trasladan, considerando que, en tales eventos, resulta contrario a la lealtad procesal que una de las partes solicite que la prueba haga parte del acervo probatorio, bien sea por petición expresa o coadyuvancia pero que, en el evento de resultar desfavorable a sus intereses, invoque las formalidades legales para su inadmisión.

Finalmente, que para la Sala no cabe duda de que las pruebas traídas por las partes en copia simple, pueden ser apreciadas sin limitación alguna en lo que le resulten desfavorables, en aplicación, igualmente, del principio de lealtad procesal. Por lo tanto, todas las consideraciones anteriores resultan relevantes pero cuando esas copias simples se aducen en contra de la otra parte, que, se reitera, tiene en su poder los originales en las que ellas reposan o las copias auténticas de los mismos”. (…)”(5)-(6) (negrillas fuera del texto).

De otro lado, se advierte que el proceso penal fue aportado con la demanda en copia simple, circunstancia que, prima facie, haría invalorable los medios de convicción que allí reposan, no obstante, conforme a los lineamientos legales y jurisprudenciales recientes(7), se reconocerá valor a la prueba documental que si bien se encuentra en fotocopia, respecto de la misma se surtió el principio de contradicción…”(8).

Así las cosas, al haber sido aportada la prueba documental junto con la demanda y su contestación, es procedente su apreciación toda vez que ha obrado durante todo el curso del proceso, sin haber sido tachada de falsa por la entidad demandada ni haberse opuesto a la misma en las etapas procesales pertinentes.

2.2.2. El daño.

En primer lugar, tenemos que de conformidad con el artículo 90 constitucional el Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la omisión de las autoridades públicas. La responsabilidad del Estado se hace patente cuando se configura un daño, el cual deriva su calificación de antijurídico atendiendo a que el sujeto que lo sufre no tiene el deber jurídico de soportar el perjuicio, tal como ha sido definido por la jurisprudencia de esta corporación(9).

Verificada la ocurrencia de un daño antijurídico, surge el deber de indemnizarlo plenamente, con el fin de hacer efectivo el principio de igualdad ante las cargas públicas, resarcimiento que debe ser proporcional al daño sufrido.

Los elementos que sirven de fundamento a la responsabilidad son esencialmente el daño antijurídico y su imputación a la administración entendiendo por tal, el componente que “permite atribuir jurídicamente un daño a un sujeto determinado. En la responsabilidad del Estado, la imputación no se identifica con la causalidad material, pues la atribución de la responsabilidad puede darse también en razón de criterios normativos o jurídicos. Una vez se define que se está frente a una obligación que incumbe al Estado, se determina el título en razón del cual se atribuye el daño causado por el agente a la entidad a la cual pertenece, esto es, se define el factor de atribución (la falla del servicio, el riesgo creado, la igualdad de las personas frente a las cargas públicas). Atribuir el daño causado por un agente al servicio del Estado significa que éste se hace responsable de su reparación, pero esta atribución sólo es posible cuando el daño ha tenido vínculo con el servicio. Es decir, que las actuaciones de los funcionarios sólo comprometen el patrimonio de las entidades públicas cuando las mismas tienen algún nexo o vínculo con el servicio público”(10).

En el caso bajo estudio, se trata de establecer sí los costos generados por la prestación del servicio satelital para la señal de Teleantioquia correspondiente a los años 2000 y 2001, debían ser cubiertos por la Comisión Nacional de Televisión de conformidad con el artículo 37 numeral 3º de la Ley 182 de 1995, tal como lo alega la demandante o si por el contrario estos servicios debían ser cubiertos directamente por el canal regional en su condición de operador del servicio público de televisión.

En primer lugar, resulta pertinente hacer un estudio de la normatividad vigente al momento de la ocurrencia de los hechos.

La Constitución Política en su artículo 75 establece:

“El espectro electromagnético es un bien público inenajenable e imprescriptible sujeto a la gestión y control del Estado. Se garantiza la igualdad de oportunidades en el acceso a su uso en los términos que fije la ley…”.

De igual forma, la Constitución (arts. 76 y 77) antes de la expedición del acto legislativo 02 de 2011, asignó la intervención estatal del espectro electromagnético en un ente autónomo de carácter nacional asignando a la ley la regulación y funcionamiento de dicho organismo. Dichas funciones están referidas en la Ley 182 de 20 de enero de 1995, “por la cual se reglamenta el servicio de la televisión y se formulan políticas para su desarrollo, se democratiza el acceso a éste, se conforma la Comisión Nacional de Televisión, se promueven la industria y actividades de televisión, se establecen normas para contratación de los servicios, se reestructuran entidades del sector y se dictan otras disposiciones en materia de telecomunicaciones”, creándose la Comisión Nacional de Televisión, en los siguientes términos:

“ARTÍCULO 3º. Naturaleza jurídica, denominación, domicilio y control político. El organismo al que se refieren los artículos 76 y 77 de la Constitución Política se denominará: Comisión Nacional de Televisión (CNTV). Dicha entidad es una persona jurídica de derecho público, con autonomía administrativa, patrimonial y técnica y con la independencia funcional necesaria para el cumplimiento de las atribuciones que le asignan la Constitución, la ley y sus estatutos”.

“ARTÍCULO 4º. Objeto. Corresponde a la Comisión Nacional de Televisión ejercer, en representación del Estado la titularidad y reserva del servicio público de televisión, dirigir la política de televisión, desarrollar y ejecutar los planes y programas del Estado en relación con el servicio público de televisión de acuerdo a lo que determine la ley; regular el servicio de televisión, e intervenir, gestionar y controlar el uso del espectro electromagnético utilizado para la prestación de dicho servicio, con el fin de garantizar el pluralismo informativo, la competencia y la eficiencia en la prestación del servicio, y evitar las prácticas monopolísticas en su operación y explotación, en los términos de la Constitución y la ley”.

“ARTÍCULO 5º. Funciones. En desarrollo de su objeto, corresponde a la Comisión Nacional de Televisión:

a) Dirigir, ejecutar y desarrollar la política general del servicio de televisión determinada en la ley y velar por su cumplimiento, para lo cual podrá realizar los actos que considere necesarios para preservar el espíritu de la ley; Derogado por el art. 23, Ley 1507 de 2012

b) Adelantar las actividades de inspección, vigilancia, seguimiento y control para una adecuada prestación del servicio público de televisión. Para estos efectos, podrá iniciar investigaciones y ordenar visitas a las instalaciones de los operadores, concesionarios de espacios de televisión y contratistas de televisión; exigir la presentación de libros de contabilidad y demás documentos privados, sin que le sea oponible la reserva o inviolabilidad de los mismos; e imponer las sanciones a que haya lugar; Literal declarado EXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-298 de 1999

c) Clasificar, de conformidad con la presente Ley, las distintas modalidades del servicio público de televisión, y regular las condiciones de operación y explotación del mismo, particularmente en materia de cubrimientos, encadenamientos, expansión progresiva del área asignada, configuración técnica, franjas y contenido de la programación, gestión y calidad del servicio, publicidad, comercialización en los términos de esta ley, modificaciones en razón de la transmisión de eventos especiales, utilización de las redes y servicios satelitales, y obligaciones con los usuarios;

d) Investigar y sancionar a los operadores, concesionarios de espacios y contratistas de televisión por violación del régimen de protección de la competencia, el pluralismo informativo y del régimen para evitar las prácticas monopolísticas previsto en la Constitución y en la presente y en otras leyes, o por incurrir en prácticas, actividades o arreglos que sean contrarios a la libre y leal competencia y a la igualdad de oportunidades entre aquéllos, o que tiendan a la concentración de la propiedad o del poder informativo en los servicios de televisión, o a la formación indebida de una posición dominante en el mercado, o que constituyan una especie de práctica monopolística en el uso del espectro electromagnético y en la prestación del servicio.

Las personas que infrinjan lo dispuesto en este literal serán sancionadas con multas individuales desde seiscientos (600) hasta seis mil (6.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes a la fecha de la sanción, y deberán cesar en las prácticas o conductas que hayan originado la sanción.

Igualmente, la Comisión sancionará con multa desde cien (100) hasta seiscientos (600) salarios mínimos legales mensuales vigentes a la fecha de la sanción a los administradores, directores, representantes legales, revisores fiscales y demás personas naturales que autoricen, ejecuten o toleren las conductas prohibidas por la Constitución y la ley.

Para los fines de lo dispuesto en este literal, se atenderán las normas del debido proceso administrativo. Al expedir los estatutos, la Junta Directiva de la Comisión creará una dependencia encargada exclusivamente del ejercicio de las presentes funciones. En todo caso, la Junta decidirá en segunda instancia;

e) Reglamentar el, otorgamiento y prórroga de las concesiones para la operación del servicio, los contratos de concesión de espacios de televisión y los contratos de cesión de derechos de emisión, producción y coproducción de los programas de televisión, así como los requisitos de las licitaciones, contratos y licencias para acceder al servicio, y el régimen sancionatorio aplicable a los concesionarios, operadores y contratistas de televisión, de conformidad con las normas previstas en la ley y en los reglamentos;

f) Asignar a los operadores del servicio de televisión las frecuencias que deban utilizar, de conformidad con el título y el plan de uso de las frecuencias aplicables al servicio, e impartir permisos para el montaje o modificación de las redes respectivas y para sus operaciones de prueba y definitivas, previa coordinación con el Ministerio de Comunicaciones;

g) Fijar los derechos, tasas y tarifas que deba percibir por concepto del otorgamiento y explotación de las concesiones para la operación del servicio de televisión, y las que correspondan a los contratos de concesión de espacios de televisión, así como por la adjudicación, asignación y uso de las frecuencias.

Al establecerse una tasa o contribución por la adjudicación de la concesión, el valor de la misma será diferido en un plazo de dos (2) años. Una vez otorgada la concesión la Comisión Nacional de Televisión reglamentará el otorgamiento de las garantías.

Los derechos, tasas y tarifas deberán ser fijados por la Comisión Nacional de Televisión, teniendo en cuenta la cobertura geográfica, la población total y el ingreso per cápita en el área de cubrimiento, con base en las estadísticas que publique el Departamento Administrativo Nacional de Estadística, así como también la recuperación de los costos del servicio público de televisión; la participación en los beneficios que la misma proporcione a los concesionarios, según la cobertura geográfica y la audiencia potencial del servicio; así como los que resulten necesarios para el fortalecimiento de los operadores públicos, con el fin de cumplir las funciones tendientes a garantizar el pluralismo informativo, la competencia, la inexistencia de prácticas monopolística s en el uso del espectro electromagnético utilizado para los servicios de televisión y la prestación eficiente de dicho servicio.

Lo dispuesto en este literal también deberá tenerse en cuenta para la fijación de cualquier otra tasa, canon o derecho que corresponda a la comisión.

Las tasas, cánones o derechos aquí enunciados serán iguales para los operadores que cubran las mismas zonas, áreas, o condiciones equivalentes;

h) Formular los planes y programas sectoriales para el desarrollo de los servicios de televisión y para el ordenamiento y utilización de frecuencias, en coordinación con el Ministerio de Comunicaciones;

i) Cumplir las decisiones de las autoridades y resolver las peticiones y quejas de los particulares o de las ligas de televidentes legalmente establecidas sobre el contenido y calidad de la programación, la publicidad de los servicios de televisión y, en general, sobre la cumplida prestación del servicio por parte de los operadores, concesionarios de espacios de televisión y los contratistas de televisión regional;

j) Promover y realizar estudios o investigaciones sobre el servicio de televisión y presentar semestralmente al Gobierno Nacional y al Congreso de la República un informe detallado de su gestión, particularmente sobre el manejo de los dineros a su cargo, sueldos, gastos de viaje, publicidad, primas o bonificaciones, el manejo de frecuencias y en general sobre el cumplimiento de todas las funciones a su cargo. Sobre el desempeño de las funciones y actividades a su cargo, y la evaluación de la situación y desarrollo de los servicios de televisión;

k) Ejecutar los actos y contratos propios de su naturaleza y que sean necesarios para el cumplimiento de su objeto, para lo cual se sujetará a las normas previstas en el Código Contencioso Administrativo y en la Ley 80 de 1993, y en las normas que las sustituyan, complementen o adicionen;

l) Suspender temporalmente y de manera preventiva, la emisión de la programación de un concesionario en casos de extrema gravedad, cuando existan serios indicios de violación grave de esta Ley, o que atenten de manera grave y directa contra el orden público. Esta medida deberá ser decretada mediante el voto favorable de las dos terceras partes de los miembros de la Junta de la Comisión Nacional de Televisión. En forma inmediata la Comisión Nacional de Televisión abrirá la investigación y se dará traslado de cargos al presunto infractor. La suspensión se mantendrá mientras subsistan las circunstancias que la motivaron. Si la violación tiene carácter penal, los hechos serán puestos en conocimiento de la Fiscalía General de la Nación;

m) Diseñar estrategias educativas con el fin de que los operadores, concesionarios de espacios de televisión y contratistas de televisión regional las divulguen y promuevan en el servicio, a efecto de que la teleaudiencia familiar e infantil pueda desarrollar la creatividad, la imaginación y el espíritu crítico respecto de los mensajes transmitidos a través de la televisión;

n) Sancionar a los operadores, concesionarios de espacios de televisión y contratistas de televisión nacional cuando violen las disposiciones constitucionales y legales que amparan específicamente los derechos de la familia y de los niños. De acuerdo con la reglamentación que para el efecto expida la Comisión Nacional de Televisión en el término de los seis meses siguientes a la vigencia de la presente Ley, los infractores se harán acreedores de las sanciones de amonestación, suspensión temporal del servicio hasta por cinco meses o caducidad o revocatoria de la concesión o licencia, según la gravedad de la infracción y la reincidencia. En todo caso, se respetarán las normas establecidas en la ley sobre el debido proceso;

ñ) Cumplir las demás funciones que le correspondan como entidad de dirección, regulación y control del servicio público de televisión”.

Dicha ley en su artículo 128, estableció:

“ARTÍCULO 28. Del reordenamiento del espectro. Dentro de los tres (3) meses siguientes a la expedición de la presente Ley, si no lo ha hecho antes, el Ministerio de Comunicaciones iniciará o contratará la elaboración del inventario de las frecuencias de todo el espectro electromagnético. Dicho inventario deberá indicar especialmente la ocupación actual de las frecuencias del espectro de televisión. Tal inventario debe hacerse bajo los criterios y normas establecidos por la Unión Internacional de Telecomunicaciones.

Basado en este estudio y en el plan nacional de ordenamiento del espectro electromagnético para televisión, coordinará con la Comisión Nacional de Televisión, la adopción de las medidas que permitan una eficiente gestión y control de dicho recurso. Las frecuencias del espectro que estén siendo utilizadas por los actuales operadores de televisión, podrán revisarse con el objeto de optimizar su uso.

El canal de interés público tendrá prioridad en la asignación de las respectivas frecuencias en la banda preferencial.

La asignación definitiva de las frecuencias deberá fundamentarse en el reordenamiento al que se refiere el presente artículo y deberá ser otorgada a los operadores zonales en condiciones que garanticen la igualdad de bandas entre éstas.

La licitación para otorgar las concesiones de televisión a que se refieren éstas, no podrá ser abierta hasta tanto no se concluya el reordenamiento de las frecuencias que se utilicen para el servicio de la televisión”.

Para dar cumplimiento a esta norma, tal como se observa en el material probatorio obrante en el expediente, la Comisión Nacional de Televisión en agosto de 1996, elaboró un documento técnico denominado “Plan Nacional de Asignación Preliminar de Frecuencias”(11) donde se establecieron las condiciones para la reasignación de las frecuencias de Teleantioquia.

Posteriormente, dentro de la misma Junta Directiva de la CNTV mediante memorando Nº 0137-002417 del 11 de octubre de 1996, el comisionado Eugenio Merlano hizo referencia al costo que debía asumir dicha Comisión por el reordenamiento del espectro electromagnético de conformidad con el artículo 37 numeral 3º, sugiriendo “ … se le solicite a la Subdirección Técnica y de Operaciones una serie de estimativos, bajo diferentes escenarios en los que se establezca los posibles costos, el tiempo que tomará la liberación de frecuencias y las distintas formas con que contaría la Comisión para realizar el cambio de equipos de los Canales Regionales”.(12)

En el año 1997, específicamente el mes de marzo observa la Sala que Teleantioquia aún no había hecho el cambio tecnológico –servicio satelital–, ello quedó evidenciado con el Oficio Nº 0255 del 17 de marzo donde el director Ejecutivo de Inravisión le manifiesta a la directora de la CNTV que “… espera que antes del mes de junio del presente año, pueda hacer el cambio de tecnología y Teleantioquia, comience a prestar su servicio vía satélite…”(13), no obstante, se justificó la preocupación de las directivas del canal regional(14) por el impacto negativo que implicaría la tecnología satelital por sus costos los cuales ascendían para ese año en $25.000.000, por lo que la CNTV mediante Resolución 244 del 18 de julio de 1997, le asignó la suma de $240.000.000 para financiar el acceso al satélite de Inravisión, al considerar que: “… La Junta Directiva de la CNTV consideró prioritario dentro de los planes de fortalecimiento técnico para los canales públicos, el acceso al satélite de Inravisión, para cumplir con el plan de ajuste de la red actual, sin que sea necesario que los canales regionales presenten proyectos sobre este tema”.(15)

Una vez fueron asignados los recursos por parte de la CNTV para implementar el servicio satelital, Teleantioquia suscribió el 9 de septiembre de 1997, el Convenio Interadministrativo 693(16) con Inravisión cuyo objeto era: “Inravisión permitirá a Teleantioquia la utilización de: a) La red de retorno de microondas b) Sistema MPEG II c) Estación terrena d) energía” por valor de $240.000.000, lo propio ocurrió en los años 1998 y 1999, con la expedición de la Resolución 0117(17) del 16 de febrero de 1999, que asignó recursos para el acceso al satélite de Inravisión por valor de $282.432.000, lo que permitió nuevamente la suscripción de los convenios 517(18) y 540A(19) los cuales tuvieron vigencia hasta el 1º de enero del año 2000.

En efecto, resulta ser un hecho cierto que la CNTV por los años 1997, 1998 y 1999, asignó recursos a Teleantioquia para financiar el acceso al servicio satelital prestado por Inravisión, sin la necesidad de presentar proyectos al Fondo de Desarrollo de la Televisión, sin embargo, el 2 de octubre de 2001 el Director de la Comisión Nacional de Televisión mediante Oficio Nº 75785(20) le informó a la gerente de Teleantioquia que “… en lo referente a la financiación de la operación satelital correspondiente al año 2000, la Comisión Nacional de Televisión decidió no autorizar proyectos que correspondan a vigencias expiradas”.

A partir del año 2002, la CNTV hizo oficial su nuevo criterio en la asignación de recursos para el acceso al servicio satelital a través del Oficio Nº 02361 del 19 de febrero de 2002, en el cual el director le informó a la gerente de Teleantioquia que: “… la Junta Directiva de la Comisión Nacional de Televisión aprobó la financiación de siete octavos (7/8) del segmento satelital en la banda C, para poner en órbita satelital las señales de los tres (3) canales operador por Inravisión y la señal de los canales regionales Teleantioquia, Telecaribe, Telepacífico y Telecafé.

Adicionalmente, tanto como Inravisión los canales regionales deberán inscribir un proyecto en el Banco de Proyectos del Fondo para el Desarrollo de la televisión, para que una vez analizado y determinada su viabilidad sean transferidos los recursos necesarios para tal fin”(21).

Ahora bien, la controversia en torno a la financiación del acceso al satélite por parte de Teleantioquia que generó unos costos no cubiertos por la CNTV para los años 2000 y 2001, surgió a partir de la interpretación del artículo 37 numeral 3º de la Ley 182 de 1995, que estableció:

ARTÍCULO 37. Régimen de prestación. En cada uno de los niveles territoriales antes señalados, el servicio público de televisión será prestado en libre y leal competencia, de conformidad con las siguientes reglas:

(…)

3. Nivel regional: El servicio público de televisión también será reserva del Estado y será prestado por las organizaciones o canales regionales de televisión existentes al entrar en vigencia la presente ley y por los nuevos operadores que se constituyan con la previa autorización de la Comisión Nacional de Televisión, mediante la asociación de al menos dos departamentos contiguos, o en su nombre, de entidades descentralizadas del orden departamental o empresas estatales de telecomunicaciones de cualquier orden o bien del Distrito Capital, o entidades descentralizadas del orden distrital, salvo aquellos que estén funcionando a la fecha de la vigencia de la presente Ley. Los municipios y sus entidades descentralizadas también podrán participar como socios de estos canales.

En la reasignación de frecuencias, se respetarán las mismas que han sido asignadas a los canales regionales. En caso de requerirse el cambio de las mismas, la Comisión Nacional de Televisión asumirá el costo para tal efecto…”. (Subrayado fuera de texto)

Para la Sala, la norma anterior debe ser entendida dentro del contexto que surgió con la expedición de la Ley 182 de 1995, pues dicha norma en su artículo 28 contempló la reorganización del espectro electromagnético inicialmente con la elaboración de un inventario de las frecuencias asignadas, para luego proceder a su redistribución con el fin de optimizar su uso, bajo ese criterio, posteriormente surge la necesidad de adoptar la tecnología satelital para la transmisión de la señal de los canales regionales, lo que conllevó una reasignación de frecuencias, entonces los costos asociados a dicha actividad, tales como -compra de equipos, tarjetas de audio y video- son los que debería cubrir la CNTV, pero resalta la Sala que esa reasignación se produce en un momento dentro de dicho proceso, es decir, que no se prolonga en el tiempo, pues una vez le es asignada la nueva frecuencia al canal este debería operar según fuera su naturaleza jurídica-pública o privada.

Teniendo en cuenta lo anterior, surge un interrogante: ¿a quién le correspondía sufragar los costos del servicio satelital utilizado por Teleantioquia y prestado por Inravisión como operador de dicha tecnología?, para responder este interrogante es preciso conocer que es un operador de televisión, para ello el artículo 35 de la mencionada Ley 182 de 1995, lo define como:

“(…) la persona jurídica pública o privada, con o sin ánimo de lucro, que utiliza directamente las frecuencias requeridas para la prestación del servicio público de televisión en cualquiera de sus modalidades, sobre un área determinada, en virtud de un título concedido por ministerio de la ley, por un contrato o por una licencia.

Para los efectos de la presente ley son operadores del servicio público de televisión las siguientes personas: el Instituto Nacional de Radio y Televisión al que hace referencia la presente ley, las organizaciones regionales de televisión, actualmente constituidas y las que se constituyan en los términos de la presente ley, las personas jurídicas autorizadas en virtud de contrato para cubrir las zonas que más adelante se describen, las organizaciones comunitarias y personas jurídicas titulares de licencias para cubrir el nivel local, y las personas autorizadas para prestar el servicio de televisión cerrada o por suscripción.

PARÁGRAFO. Una vez entre a desempeñar sus atribuciones la Comisión Nacional de Televisión, el Instituto Nacional de Radio y Televisión y las organizaciones regionales de televisión dejarán de ejercer las funciones de intervención, dirección, regulación, y control del servicio público de televisión. El Instituto Nacional de Radio y Televisión continuará en relación con dicho servicio, solamente como operador del mismo”. (Subrayado fuera de texto)

Nótese, que esta norma determina que un operador es quien utiliza directamente las frecuencias para la prestación del servicio público de televisión y entre ellos se señala que los canales regionales son operadores del servicio público de televisión.

El artículo 17 de la misma Ley 182, por su parte estableció:

“ARTÍCULO 17. De la promoción de la televisión pública. La Comisión Nacional de Televisión efectuará el recaudo de las sumas a que tiene derecho y llevará su contabilidad detalladamente. Una vez hecha la reserva prevista en esta Ley para absorber sus pérdidas eventuales, un porcentaje de las utilidades de cada ejercicio se depositará en un fondo denominado “Fondo para el Desarrollo de la Televisión”, constituido como cuenta especial en los términos del artículo 2º del Decreto 3130 de 1968, adscrito y administrado por la comisión, el cual se invertirá prioritariamente en el fortalecimiento de los operadores públicos del servicio de televisión y en la programación cultural a cargo del Estado, con el propósito de garantizar el pluralismo informativo, la competencia, la inexistencia de prácticas monopolísticas en el uso del espectro electromagnético utilizado para el servicio de televisión y la prestación eficiente de dicho servicio.

La comisión reglamentará lo establecido en este artículo”. (Subrayado fuera de texto)

La norma anteriormente transcrita, determinó que los recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión se invertirían prioritariamente en el fortalecimiento de los operadores públicos del servicio de televisión -incluidos en esa categoría los canales regionales- y en la programación cultural a cargo del Estado. En tal sentido, mediante el Acuerdo 050(22) del 22 de diciembre de 1998, la Comisión Nacional de Televisión reglamentó el Fondo para el Desarrollo de la Televisión y creó el Banco de Proyectos de la Comisión Nacional de Televisión, disponiendo en su artículo 5º lo siguiente:

“DE LA ADJUDICACIÓN DE RECURSOS. Los recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión serán adjudicados mediante resolución motivada expedida por la Junta Directiva de la Comisión Nacional de Televisión. Su desembolso se realizará en la forma establecida en el correspondiente proyecto registrado y formará parte del respectivo contrato, el cual contendrá además los requisitos exigidos en le ley, la obligación de constituir garantías que aseguren la adecuada ejecución y utilización de los recursos.

En el evento en que los proyectos requieran para su ejecución la realización de licitación pública o concurso, en el cronograma de desembolso se expresará esta situación; en consecuencia, se desembolsará totalmente el valor del proyecto para efectos de constituir las respectivas disponibilidades presupuestales para la apertura de dichos procesos”. (Subrayado fuera de texto)

El acuerdo anterior, en su artículo 17 contempló la vigencia del mismo a partir de su expedición -22 de diciembre de 1998-, luego los recursos asignados mediante la Resolución 244 del 18 de julio de 1997 no se rigen por este, y no obra en el expediente el acto administrativo que reglamentara el tema en ese momento, caso contrario ocurrió con la asignación de los recursos hechos mediante Resolución 0117 del 16 de febrero de 1999, cuando ya había entrado en vigencia el acuerdo 050 de 1998, en dicho acto administrativo se observa en su parte motiva lo siguiente: “… Que en razón de lo anterior, Teleantioquia presentó al Banco de Proyectos de la CNTV 17 proyectos, para ser financiados con recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión, los cuales han recibido el concepto favorable de viabilidad de la Oficina de Planeación y de la subdirección Administrativa y Financiera, de la Comisión”.(23)

Y al entrar a resolver dispuso igualmente en su artículo 1º: “Adjudicar hasta una suma de dos mil millones de pesos ($2.000.000.000), de los recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión al canal Regional Sociedad Televisión de Antioquia Ltda. “Teleantioquia”, para financiar los siguientes proyectos:

Nº ProyectoNombre del proyectoValor adjudicado
 Acceso Satélite Inravisión$282.432.000

De la lectura de los apartes pertinentes de la Resolución 0117 del 16 de febrero de 1999, no cuenta la Sala con la claridad suficiente para concluir que la Comisión Nacional de Televisión revisó y aprobó el proyecto correspondiente al “acceso Satélite Inravisión”, no obstante, la parte demandante al sustentar su recurso de apelación manifestó que no fue presentado proyecto alguno para acceder a dichos recursos, lo que fue corroborado por la demandada en los alegatos de conclusión, con lo cual evidentemente se habría incumplido con lo establecido en el Acuerdo 050 de 1998.

En este orden de ideas, encuentra la Sala que a partir de la expedición del Acuerdo 050 de 1998, era requisito indispensable para acceder a los recursos provenientes del Fondo para el Desarrollo de la Televisión la inscripción, registro y aprobación de los proyectos presentados por los operadores públicos de televisión entre ellos los canales regionales como el demandante -Teleantioquia-, por tal razón, el acceso al satélite de Inravisión para los años 2000 y 2001 debió hacer parte de los proyectos a financiar por dicho fondo, pues esa era la única manera de asignar los recursos, al ser una tecnología que contribuía con el fortalecimiento del canal que era la finalidad pretendida por el artículo 17 de la Ley 182 de 1995.

Así las cosas, no encuentra la Sala que con la negativa de la CNTV a adjudicar los recursos para financiar el acceso al servicio satelital prestado por Inravisión al canal regional Teleantioquia, por no cumplir con los requisitos que le exigía el Acuerdo 050 de 1998, se haya ocasionado daño alguno a este, pues tal como se ha dejado expuesto, era su obligación presentar los proyectos correspondientes en las condiciones contempladas en dicho acto administrativo para poder acceder a los recursos que le permitieran gozar de la tecnología satelital en la transmisión de su señal.

Finalmente, sobre la ausencia del daño antijurídico, la Sala, en reciente pronunciamiento, consideró:

“(…)

“El daño antijurídico a efectos de que sea resarcible, requiere que esté cabalmente estructurado, por tal motivo, se torna imprescindible que se acrediten los siguientes aspectos relacionados con la lesión o detrimento cuya reparación se reclama: i) debe ser antijurídico, esto es, que la persona no tenga el deber jurídico de soportarlo; ii) que sea cierto, es decir, que se pueda apreciar material y jurídicamente –que no se limite a una mera conjetura–, y que suponga una lesión a un derecho, bien o interés legítimo que se encuentre protegido en el ordenamiento jurídico, y iii) que sea personal, es decir, que sea padecido por quien lo depreca, en tanto se cuente con la legitimación en la causa para reclamar o debatir el interés que se debate en el proceso, bien a través de un derecho que le es propio o uno que le deviene por la vía hereditaria.

“La antijuridicidad del daño va encaminada a que no sólo se constate la materialidad y certidumbre de una lesión a un bien o interés amparado por la ley, sino que, precisamente, se determine que la vulneración o afectación de ese derecho contravenga el ordenamiento jurídico, en tanto no exista el deber jurídico de tolerarlo.

“Como se aprecia, el daño antijurídico es el principal elemento sobre el cual se estructura la responsabilidad patrimonial de la administración pública, a la luz del artículo 90 de la Carta Política, entidad jurídica que requiere para su configuración de dos ingredientes: i) uno material o sustancial, que representa el núcleo interior y que consiste en el hecho o fenómeno físico o material (v.gr. la desaparición de una persona, la muerte, la lesión, etc.) y ii) otro formal que proviene de la norma jurídica, en nuestro caso de la disposición constitucional mencionada(24).

“En ese orden, el daño antijurídico no puede ser entendido como un concepto puramente óntico, al imbricarse en su estructuración un elemento fáctico y uno jurídico; se transforma para convertirse en una institución deontológica, pues sólo la lesión antijurídica es resarcible integralmente en términos normativos (artículo 16 de la Ley 446 de 1998) y, por lo tanto, sólo respecto de la misma es posible predicar consecuencias en el ordenamiento jurídico.

“De allí que, sólo habrá daño antijurídico cuando se verifique una modificación o alteración negativa fáctica o material respecto de un derecho, bien o interés legítimo que es personal y cierto frente a la persona que lo reclama, y que desde el punto de vista formal es antijurídico, es decir no está en la obligación de soportar porque la normativa no le impone esa carga...”(25).

En consecuencia, se impone confirmar la decisión proferida por el a quo ante la ausencia de uno de los elementos de la responsabilidad, esto es el daño antijurídico.

2.3. La condena en costas.

Teniendo en cuenta la actitud asumida por las partes, de acuerdo con lo establecido en el artículo 55 de la Ley 446 de 1998 que modifica el artículo 171 del C.C.A., y dado que no se evidencia temeridad ni mala fe de las partes, la Sub-Sección se abstendrá de condenar en costas.

En mérito de los expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA

1. CONFIRMAR la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección “B” el 13 de julio de 2005, por las razones expuestas en esta providencia.

2. Sin condena en costas.

3. En firme esta providencia envíese el expediente al tribunal de origen para lo de su cargo, previas las anotaciones de rigor.

Cópiese, notifíquese y cúmplase».

2 En las pretensiones de la demanda se solicita se declare a la entidad demandada responsable por la omisión en asumir el costo de los servicios satelitales correspondiente al periodo enero de 2000 a diciembre de 2001 y la demanda se presentó el 18 de diciembre de 2002, razón por la cual no hay caducidad de la acción.

3 Ver sentencias de 18 de septiembre de 1997, Expediente 9.666; de 8 de febrero de 2001, Expediente 13.254; de 17 de mayo de 2001, Expediente 12.370; de 21 de febrero de 2002, Expediente 05001-23-31-000-1993-0621-01(12.789).

4 Sentencia C-836 que dictó la Corte Constitucional el 9 de agosto de 2001. Expediente D-3374. Actor: Carlos Alberto Maya Restrepo. Magistrado Ponente: Dr. Rodrigo Escobar Gil.

5 Consejo de Estado. Sección Tercera. Subsección C. Sentencia del 18 de enero de 2012. Rad. 1999-01250 C.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa.

6 Ver entre otras, Consejo de Estado. Sección Tercera. Subsección C. Rad. 1996-0142 y 1994-0845. C.P. Enrique Gil Botero.

7 Consejo de Estado. Sección Tercera. Subsección C. Sentencia del 29 de agosto de 2012. C.P. Enrique Gil Botero

8 Consejo de Estado. Sala Plena Sección Tercera. Sentencia del 28 de agosto de 2013. C.P. Enrique Gil Botero. Rad. 25.022.

9 Consejo de Estado; Sección Tercera; Sentencia del 13 de agosto de 2008; Exp. 17042; C.P. Enrique Gil Botero.

10 Consejo de Estado; Sección Tercera; sentencia del 16 de septiembre de 1999; Exp. 10922 C.P. Ricardo Hoyos Duque.

11 Fls. 2-7 cno. 2

12 Fl. 8 cno. 2

13 Fl. 9 cno. 2

14 El 8 de julio de 1997 el gerente de Teleantioquia le solicita a la directora de la CNTV que los costos por el acceso al servicio satelital prestado por Inravisión fueran asumidos por la CNTV. Fl. 10 cno. 2

15 Fls. 15-18 cno. 2.

16 Fls. 28-29 cno. 2.

17 Fls. 41-44 cno. 2.

18 Fls. 34-35 cno. 2.

19 Fls. 36-40 cno. 2.

20 Fl. 80 cno. 2.

21 Fl. 83 cno. 2.

22 Fls. 212-217 cno. 2.

23 Fl. 42 cno. 2.

24 Cf. De Cupis, Adriano “El Daño”, Ed. Bosch, Barcelona, 2ª edición, 1970, pág. 82.

25 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 1º de febrero de 2012, Exp. 21.466.