Sentencia 2003-00059 de diciembre 12 de 2014

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN B

Exp.: 32813

Rad.:070012331000200300059 01

Consejero Ponente:

Dr. Ramiro Pazos Guerrero

Actor: Emicol Ltda.

Demandado: municipio de Arauca

Naturaleza: reparación directa

Bogotá, doce de diciembre de dos mil catorce

EXTRACTOS: «Consideraciones

I. Presupuestos procesales de la acción

8. Por ser la demandada una entidad territorial, el presente asunto es de conocimiento de esta jurisdicción, de acuerdo con el artículo 82 del Código Contencioso Administrativo.

9. La corporación tiene competencia para conocer del asunto en razón del recurso de apelación presentado por la parte actora, en un proceso con vocación de segunda instancia, dado que la cuantía de la demanda, determinada por el valor de la mayor de: las pretensiones, supera la exigida por la norma para tal efecto.

9.1. A la fecha de interposición del recurso de apelación, es decir, el 8 de febrero de 2006, se encontraba vigente el artículo 1º de la Ley 954 de 2005(1), que modificó el parágrafo del artículo 164 de la Ley 446 de 1998 para readecuar temporalmente las competencias previstas en esta ley antes de la entrada en funcionamiento de los juzgados administrativos. Esta norma estableció que los tribunales administrativos continuarían, en única y en primera instancia, con el ejercicio de las competencias de que tratan los artículos 39 y 40 de la Ley 446 de 1998, entre estas el conocimiento de los procesos de reparación directa cuando la cuantía excediera los 500 salarios mínimos legales mensuales.

9.2. En la demanda presentada el 3 de marzo de 2003, la pretensión de mayor valor, correspondiente a la solicitud de reparación de perjuicios materiales a favor de Emicol Ltda. fue estimada en $1.417.840.251.91 (fl. 38, cdno. 1), suma muy superior a los 500 smlmv que exige la norma, que en 2006 correspondían a $204.000.000.

10. La procedencia de la acción de reparación directa establecida en el artículo 86 del Código Contencioso Administrativo, por ser un aspecto central de esta controversia, será analizada en la parte considerativa de la sentencia.

11. Ahora bien, interesa recordar que, de acuerdo con el artículo 357 del Código de Procedimiento Civil, la Sala debe limitarse a analizar los puntos de la sentencia de primera instancia que el impugnante cuestiona en el recurso de apelación(2) o los que son “consecuenciales, accesorios o derivados del aspecto de la sentencia que fue recurrido”(3). Sobre este aspecto, la corporación ha reiterado que el juez de segundo grado no puede determinar libremente lo desfavorable al recurrente ni enmendar la providencia en la parte que no fue objeto del recurso(4).

12. En cuanto a la legitimación en la causa por activa, se acreditó la calidad de contratista de la sociedad Emicol Ltda.(5) Sobre la legitimación en la causa por pasiva, se observa que el daño invocado en la demanda proviene del supuesto enriquecimiento injusto del municipio de Arauca, de manera que la entidad queda así legitimada como parte demandada.

II. Problema jurídico

13. Para establecer si es procedente emitir un pronunciamiento de fondo en el proceso de la referencia, es preciso que la Sala determine si fue adecuada la escogencia de la acción por parte del demandante, por el presunto enriquecimiento sin causa en que incurrió el municipio de Arauca. Con este objetivo, es necesario establecer si es posible tramitar a través de la acción de reparación directa las pretensiones incoadas en la demanda, y determinar cuál era la acción procedente: si la acción de controversias contractuales, o la de reparación directa.

III. Hechos probados

14. De -acuerdo con las pruebas incorporadas al expediente, están acreditados en el proceso los siguientes hechos relevantes:

14.1. El 22 de septiembre de 1995, el municipio de Arauca y la sociedad Emicol Ltda. suscribieron el contrato de obra 348, cuyo objeto fue “la construcción de colectores auxiliares y principales, pozos de inspección y conexiones domiciliarias del alcantarillado sanitario II etapa” para el municipio de Arauca. El valor de este contrato fue de $1.425.981.440 y su duración de nueve meses (contrato 348 de 1995 —fls. 755-769, cdno. 1—).

14.2. El 15 de julio de 1996, las partes firmaron el contrato 1 con el objeto de adicionar el valor del contrato en $299.999.989 y el plazo de ejecución en 90 días, y el 10 de febrero de 1997 adicionaron su valor en $668.055.844 y el plazo de ejecución en 60 días (contrato 1 de 1996 —fls. 770-773, cdno. 2—; contrato 2 de 1997 —fls. 774-776, cdno. 2—).

14.3. El 10 de marzo de 1997, las partes suscribieron el contrato de obra 52, que tuvo por objeto la “construcción de pozos húmedos, caja de válvulas y cerramiento para la subestación de relevo cementerio y el batallón, del alcantarillado de Arauca etapa II”, con un valor de $51.339.559 y plazo de 90 días (contrato 52 de 1997 —fls. 777-783, cdno. 2—).

14.4. Una vez en funcionamiento la etapa II del alcantarillado, la obra realizada por la sociedad Emicol Ltda. colapsó y reveló graves fallas en las etapas de planeación y ejecución de la misma (oficio de la Procuraduría General de la Nación —fls. 417-424, cdno. 1—; acta de inspección de la Contraloría Municipal de Arauca —fls. 427-429, cdno. 1—; oficio de la Alcaldía de Arauca enviado a la interventora —fls. 434-439, cdno. 1—; oficio de la Alcaldía de Arauca enviado a Emicol Ltda. —fls. 440-443, cdno. 1—; informe del ingeniero Alberto Aschner —fls. 533-564, cdno. 1—).

14.5. El 23 de octubre de 1998, la Alcaldía de Arauca advirtió a la sociedad contratista Emicol Ltda. sobre fallas en la obra ejecutada y le hizo un llamado para que, en cumplimiento de los contratos 348 de 1995 y 52 de 1997, procediera antes del 15 de noviembre de ese año a iniciar los trabajos para reparar, reconstruir y restablecer las obras. En el mismo oficio solicitó la ampliación de las pólizas (oficio de la Alcaldía de Arauca enviado a Emicol Ltda. —fls. 440-444, cdno. 1—).

14.6. El 28 de diciembre de 1998, la sociedad Emicol Ltda. respondió a los requerimientos de la alcaldía y manifestó su disposición de corregir los daños presentados en el alcantarillado del municipio (oficio suscrito por la sociedad Emicol Ltda. y remitido a la Alcaldía de Arauca —fls. 425-426, cdno. 1—).

14.7. El 21 de enero de 1999, el municipio de Arauca, mediante el Decreto 6 de 1999, declaró el estado de urgencia manifiesta en el municipio con el objeto de contratar directamente el diagnóstico, diseño, compra de materiales, construcción y ejecución de obras e interventoría para subsanar las fallas del sistema de alcantarillado municipal (D. 6, ene. 21/1999 —fls. 157-161, cdno. 1—).

14.8. El 29 de enero de 1999, el Municipio de Arauca suscribió el contrato 4 con la sociedad Top-Suelos Ingeniería Ltda., con el fin de que esta realizara la interventoría a Emicol Ltda. para la recuperación del sistema de alcantarillado municipal (contrato 4 de 1999 —fl. 49, cdno. 1—). Este contrato fue adiciónado en su valor y plazo el 4 de junio y el 16 de julio de 1999 (contratos adicionales 1 y 2 de 1999 —fls. 56-60, cdno. 1—).

14.9. El 15 de diciembre de 2000, la secretaría de obras públicas del municipio de Arauca, la firma Top-Suelos Ingeniería Ltda. y la contratista Emicol Ltda. suscribieron un acta de las obras ejecutadas por la última para la reparación del sistema de alcantarillado (acta de obra —fls. 291-292, cdno. 1—). El 20 de diciembre del mismo año suscribieron el acta de recibo y entrega de las obras ejecutadas, por un valor de $937.280.784.47 (acta de recibo y entrega de las obras —fls. 293-294, cdno. 1—).

14.10. El 30 de julio de 2002, la Alcaldía de Arauca manifestó a Emicol Ltda. que no efectuaría pago alguno por los trabajos de recuperación del sistema de alcantarillado sanitario hasta tanto las entidades de control no establecieran las responsabilidades a las que hubiera lugar (oficio de la Alcaldía de Arauca —fl. 44, cdno. 1—).

14.11. El 10 de diciembre de 2002, la Contraloría Departamental de Arauca decidió un proceso de responsabilidad fiscal a favor de Emicol Ltda., al constatar que la sociedad había reparado los daños de la obra ejecutada con sus propios recursos, de manera que no incurrió en falta alguna (decisión de la Contraloría Departamental de Arauca —fls. 465-470, cdno. 1—).

IV. Análisis de la Sala

15. Antes de decidir el fondo de esta controversia, la Sala considera necesario aclarar que la solicitud de la parte apelante de que se ordenen y se practiquen nuevas pruebas en este proceso fue rechazada por esta corporación en auto del 24 de julio de 2006, dado que había fenecido ya la oportunidad para el recaudo probatorio (fls. 857-861, cdno. 3), de manera que este primer punto del recurso de apelación será desestimado.

16. A continuación la Sala analizará lo relativo a la procedencia de la acción de reparación directa en este caso.

17. En reciente sentencia de unificación de jurisprudencia, la Sección Tercera de esta corporación consideró que, ante la pretensión de que se declare un enriquecimiento injusto de la administración, como ocurre en el presente asunto, la acción procedente es la de reparación directa:

Si se tiene en cuenta que el enriquecimiento sin causa constituye básicamente una pretensión y que la autonomía de la actio in rem verso se relaciona con la causa del enriquecimiento y no con la vía procesal adecuada para enrutarla, fácilmente se concluye que en materia de lo contencioso administrativo a la pretensión de enriquecimiento sin causa le corresponde la vía de la acción de reparación directa. (...).

Así el asunto resulta claro que mediante la llamada acción de reparación directa que consagra el artículo 86 del Código Contencioso Administrativo puede pretenderse el reconocimiento del enriquecimiento sin causa y la consiguiente restitución en todos aquellos casos en que resultaría procedente, puesto que esta acción está prevista precisamente para poder demandar directamente la reparación del daño cuando provenga, entre otros eventos, de un hecho de la administración.

Y el argumento para negar la viabilidad de la reparación directa para las pretensiones de enriquecimiento sin causa, sosteniendo que aquélla es indemnizatoria y esta compensatoria, también se derrumba con solo considerar que quien se ve empobrecido sin una causa que lo justifique está padeciendo un daño y por ende puede pedir su reparación, pero como de la esencia de una pretensión edificada sobre un enriquecimiento incausado es que la restitución solo va hasta el monto del enriquecimiento, es esto lo que en ese caso puede pedir y nada más.

Puestas así las cosas aparece obvio que la vía procesal en lo contencioso administrativo para recabar un enriquecimiento incausado es la de la reparación directa porque mediante esta se puede demandar la reparación del daño y esto es precisamente, lo que padece quien se ve empobrecido si quien correlativam6-7te se enriquece sin una causa que lo justifique.

Pero, se reitera, lo único que podrá pedir mediante esa acción es el monto del enriquecimiento y nada más y esta circunstancia en manera alguna desfigura o enerva la acción de reparación directa puesto que lo sustantivo prevalece sobre lo adjetivo o procedimental(6).

18. En el presente asunto, la parte actora considera que el municipio de Arauca incurrió en un enriquecimiento sin causa porque, sin mediar contrato alguno, ordenó a la sociedad Emicol Ltda. la ejecución de unas obras de reparación del alcantarillado municipal, y luego de terminadas los trabajos, se negó a pagar el valor de lo ejecutado.

19. Al respecto, cabe precisar que la corporación ha. desarrollado una amplia jurisprudencia sobre la figura del enriquecimiento sin causa en casos de ejecución de prestaciones a favor de la administración pública —entrega de bienes, prestación de servicios, construcción de obras, etc.—sin el respectivo soporte contractual, es decir, sin que medie un contrato debidamente perfeccionado que dé origen a tales obligaciones, según las normas legales que regulan la contratación estatal(7).

20. En la actualidad; la Sección considera que, por regla general, el enriquecimiento sin causa y, en consecuencia, la actio in rem verso no pueden ser invocados para reclamar el pago de obras o a entrega de bienes o servicios ejecutados sin la previa celebración de un contrato estatal que los justifique, dado que la actio in rem verso requiere para su procedencia, entre otros requisitos, que con su ejercicio no se pretenda desconocer o contrariar una norma imperativa, en especial la regla que ordena que los contratos estatales son solemnes, deben celebrarse por escrito y deben respetar los procedimientos fijados por el legislador(8).

21. A esta regla general se le introdujeron algunas excepciones que permiten el ejercicio de la actio in rem verso cuando no medie contrato alguno, aunque su aplicación es restrictiva. Son las siguientes:

a) Cuando se acredite de manera fehaciente y evidente en el proceso, que fue exclusivamente la entidad pública, sin participación y sin culpa del particular afectado, la que en virtud de su supremacía, de su autoridad o de su imperium constriñó o impuso al respectivo particular la ejecución de prestaciones o el suministro de bienes o servicios en su beneficio, por fuera del marco de un contrato estatal o con prescindencia del mismo.

b) En los que es urgente y necesario adquirir bienes, solicitar servicios, suministros, ordenar obras con el fin de prestar un servicio para evitar una amenaza o una lesión inminente e irreversible al derecho a la salud, derecho este que es fundamental por conexidad con los derechos a la vida y a la integridad personal, urgencia y necesidad que deben aparecer de manera objetiva y manifiesta como consecuencia de la imposibilidad absoluta de planificar y adelantar un proceso de selección de contratistas, así como de la celebración de los correspondientes contratos, circunstancias que deben estar plenamente acreditadas en el proceso contencioso administrativo, sin que el juzgador pierda de vista el derrotero general que se ha señalado en el numeral 12.1 de la presente providencia, es decir, verificando en todo caso que la decisión de la administración frente a estas circunstancias haya sido realmente urgente, útil, necesaria y la más razonablemente ajustada a las circunstancias que la llevaron a tomar tal determinación.

c) En los que debiéndose legalmente declarar una situación de urgencia manifiesta, la administración omite tal declaratoria y procede a solicitar la ejecución de obras, prestación de servicios y suministro de bienes, sin contrato escrito alguno, en los casos en que esta exigencia imperativa del legislador no esté excepcionada conforme a lo dispuesto en el artículo 41 inciso 4º de la Ley 80 de 1993(9).

22. No obstante, en el presenté caso no se observa: que se configure alguno de los supuestos previstos para la procedencia de la actio in rem verso, tendiente a que se restituya lo injustamente perdido. Al analizar la primera causal, se advierte que si bien la Alcaldía de Arauca, en ejercicio de su autoridad, dio la orden a la sociedad contratista de que ejecutara unas prestaciones a su favor —la reparación del sistema de alcantarillado municipal—, dicha orden no fue ajena al marco contractual que siempre rigió la relación entre la administración y la empresa Emicol Ltda. En el curso de este proceso, la parte actora ha insistido con vehemencia en la inexistencia de una relación contractual con el Municipio de Arauca en lo relativo a las obras de reparación del sistema de alcantarillado municipal, con el fin de sacar avante sus pretensiones indemnizatorias por vía de la figura del enriquecimiento sin justa causa. Por el contrario, para la Sala es claro que la relación contractual existió desde la firma de los contratos de obra hasta la fecha en que la administración, la sociedad contratista y la interventora suscribieron el acta de entrega y recibo de las obras. Es necesario analizar el origen y el desarrollo de esta relación contractual.

22.1. El 22 de septiembre de 1995, el municipio de Arauca y la sociedad Emicol Ltda. suscribieron el contrato de obra 348, cuyo objeto fue “la construcción de colectores auxiliares y principales, pozos de inspección y conexiones domiciliarias del alcantarillado sanitario” del municipio de Arauca. Estos son el objeto, valor y duración del contrato (fl. 755, cdno. 1):

Cláusula segunda: Objeto. 2.1. El objeto del presente contrato es la construcción de colectores auxiliares y principales, pozos de inspección y conexiones domiciliarias del alcantarillado sanitario ll etapa del municipio de Arauca. 2.2. En desarrollo del objeto contractual, el contratista se compromete a efectuar todos los trabajos necesarios para que las mencionadas obras puedan destinarse al fin para el cual fueron diseñadas. El contratista aportará todos los equipos, maquinarias, mano de obra, servicios profesionales, técnicos o accesorios y en general cualquier otro elemento o servicio que se requiera para el cabal cumplimiento del objeto antes descrito.

Cláusula tercera: Valor. 3.1. El valor definitivo del presente contrato será el resultado de multiplicar las cantidades de obra efectivamente ejecutadas, por los precios unitarios y/o globales, así como por las tarifas establecidas para cada ítem. 3.2. Para efectos fiscales el valor del presente contrato es la suma de mil cuatrocientos veinticinco millones novecientos ochenta y un mil cuatrocientos cuarenta pesos con 00/100 ($1.425.981.440).

Cláusula cuarta: Duración. La duración total del presente contrato es de nueve (9) meses, contados a partir de la fecha en que el municipio de Arauca imparta el contratista la orden de iniciación de la obra contratada, previa acta de iniciación de la misma que se hará una vez perfeccionado este contrato.

22.2. Este contrato fue adicionado mediante el contrato 1 del 15 de julio de 1996, cuyo objeto fue extender el plazo en 90 días y el valor en $299.999.989, y el contrato 2 del 10 de febrero de 1997, que adicionó el plazo en 90 días y el valor en $668.055.844 (fls. 770-776, cdno. 2).

22.3. El 10 de marzo de 1997, el municipio de Arauca y Emicol Ltda. suscribieron el contrato de obra 52 para la “construcción de pozos húmedos, cajas de válvulas y cerramiento para la subestación de relevo cementerio y el batallón del alcantarillado de Arauca etapa ll”. Estos son el objeto, valor y duración del contrato (f. 777-780, c. 1):

Primera: Objeto. El objeto del presente es la construcción de pozos húmedos, cajas de válvulas y cerramiento para la subestación de relevo cementerio y el batallón del alcantarillado de Arauca etapa II (....)

Cuarta: Valor. El valor del presente contrato para todos los efectos legales y fiscales es la suma de cincuenta y un millones trescientos treinta y nueve mil quinientos cincuenta y nueve pesos con ochenta centavos ($51.339.559,80) m/cte, resultantes de sumar los productos provenientes de multiplicar las cantidades de obra totalmente construidas por los precios unitarios que se detallan en la cláusula segunda del presente contrato (...).

Séptima: Plazo. El contratista se compromete para con el Municipio de Arauca a iniciar los trabajos objeto del presente contrato dentro de los cinco (5) días siguientes a la fecha de recibo del anticipo previa elaboración del acta de iniciación debidamente firmada por el interventor y el contratista, y a entregarles a satisfacción del municipio en un término de noventa (90) días calendarios, contados a partir de la iniciación de las obras.

22.4. Una vez terminadas las obras y entrado en funcionamiento el sistema de alcantarillado municipal, este reveló fallas estructurales. Por este motivo, la Alcaldía de Arauca contrató la asesoría de ingenieros con el fin de identificar las causas del problema sanitario, adoptar medidas de emergencia y definir los términos de los estudios necesarios para la reparación definitiva del sistema., El ingeniero Alberto Aschner Montoya rindió un detallado informe, del cual se destacan los siguientes apartes relativos a las obras realizadas y las fallas presentadas (fls. 537-540, cdno. 1):

El municipio de Arauca, capital del departamento de Arauca, construyó recientemente (aproximadamente hace 2 años) una ampliación de su alcantarillado sanitario para el casco urbano, bajo los diseños e interventoría de la firma PTI Ltda. y la construcción de una compañía local.

Las áreas servidas, ya desarrolladas, disponían hasta entonces de sistemas particulares de tratamiento a base de pozos sépticos de infiltración por el fondo de los mismos, basado en la alta permeabilidad del material del subsuelo.

El sistema construido consta de unas redes colectoras secundarias superficiales, las cuales drenan a redes matrices proyectadas para atender desarrollos futuros, cuyas aguas son conducidas mediante un sistema encadenado de bombeos hasta la planta de tratamiento.

Los enterramientos de las tuberías son de 0.9 a 3,00 mts de profundidad para los alcantarillados secundarios y de 3.5p a 6.00 mts de profundidad para las líneas colectoras matrices, con excepción de las de impulsión del bombeo que: tienen profundidades similares a las primeras.

Con posterioridad (un año y medio más tarde) se puso en operación, habiéndose permitido la conexión domiciliaria, con la correspondiente supresión de los pozos existentes, antes de poner en operación los sistemas de bombeo.

Una vez se inició la operación del bombeo, comenzaron a presentarse las fallas que se describen a continuación, como un fenómeno creciente.

En vista de la magnitud del problema, Occidental de Colombia S.A., en colaboración con la alcaldía, y especialmente con la secretaría de obras públicas, actualmente encargada del mantenimiento y operación del sistema, solicitó la asesoría de tres ingenieros especializados en las áreas de geotecnia, hidrosanitaria y estructuras, con la finalidad de identificar las causas del problema, proponer soluciones temporales y de emergencia; así como definir los términos de referencia para la elaboración de los estudios y/o diseños complementarios requeridos para solucionar en forma definitiva las causas de las fallas presentadas (...).

Descripción del sistema

Durante la visita de campo se conoció el sistema consistente en un alcantarillado convencional sanitario construido con tuberías plásticas de PVC, suministradas por PAVCO, hasta un diámetro nominal de 12’’ e importadas de Canadá para diámetros superiores (18’’, 24’’ y 27’’), complementadas por pozos de concreto reforzado de sección constante, construidos mediante prefabricados tubulares enterrados con terminación de la losa de fondo en sitio.

El sistema consta de las redes secundarias en tuberías de hasta 12’’ de diámetro nominal conformando cinco sectores aferentes a cuatro sistemas colectores encadenados entre sí mediante tres estaciones de bombeo intermedias, siendo la primera (superior) La Chorrera con dos sectores aferentes; la del Cementerio, que recibe un sector aferente y el bombeo de La Chorrera, la cual bombea, a la subsiguiente de El Batallón con su propia área aferente y una estación de bombeo principal final que recibe todas estas aguas y las envía al sistema de tratamiento por fuera del dique de protección de la ciudad.

Daños en sector de La Chorrera

El deterioro general del sistema se inició en este sector con el fallo local de la tubería de empalme entre el último pozo de la red y la unidad de bombeo con longitud de aproximadamente 15 mts. de longitud. En este punto se presentó el rompimiento de la tubería acompañado de desplazamiento lateral de las uniones intermedias (2), lo que indujo la erosión total del terreno y la base de la vía contigua. El daño se extendió en un área de influencia de aproximadamente 20 mts. de largo por 15 metros de ancho, derrumbando una vivienda y anulando un tramo de al menos 10 mts. de la vía misma (...).

Debido al alto nivel freático, el aporte pluvial del invierno y la conexión errada de algunos alcantarillados, parte del agua que debe fluir por el alcantarillado ha formado una pequeña laguna en el vacío dejado por la erosión, conformada por aguas mixtas insalubres, las cuales desaguan por rebose al antiguo caño de La Chorrera (...).

Actualmente, la estación de bombeo está siendo operada manualmente toda vez que las bombas presentan continuamente problemas de atascamiento. Esta estación está bombeando igualmente el agua lluvia del sector puesto que uno de los pozos intermedios construidos para reconectar la tubería en el daño inicial fue construido con un nivel superior muy bajo y por rebose parte de la laguna mencionada vierte al sistema de bombeo.

Daños en el sector del Cementerio

En este sector se presentó la falla local de la banca de la carretera a lo largo del tramo de conexión entre el último pozo colector y la estación de bombeo, desapareciendo parte de la tubería original Actualmente, el flujo de agua se encuentra reducido por obturación parcial de la conducción.

Recientemente colapsó la banca de la vía en inmediaciones del penúltimo pozo aguas arriba donde llega el bombeo procedente de La Chorrera, agravando el problema de circulación en la vía, pero sin obturación aparente de la conducción (...).

Daños en el sector del Batallón

De acuerdo con la información recibida del Secretario de Obras Públicas durante su reciente visita a nuestras instalaciones, el pasado 19 de agosto de las corrientes, aguas arriba de la estación de bombeo del batallón, se presentó un flujo extraordinario de material suelto en el bombeo (se retiraron aproximadamente 3 viajes de arena en la cámara dé;:las bombas) seguido por el colapso de un sector .de terreno, afortunadamente ;ubicado por fuera de las vías, sin peligro para ninguna estructura específica.

Este colapso implicó el ajuste de esta estación a los niveles de operación de las demás estaciones de bombeo y la restricción del tráfico en la zona, ya que esta se halla muy cerca a la vía arteria que comunica el municipio con la región de Caño-Limón, Arauquita y Saravena.

Daños en el sector del Meridiano 70

En el tramo de impulsión del bombeo entre la estación de El Batallón y la estación final, aproximadamente 300 mts. aguas arriba de esta última, a continuación del cruce del caño Las Babas, donde el alcantarillado se desplazó de la vía para obviar el pontón correspondiente, sé presentó el colapso de la vía y del pozo de conexión donde la tubería retorna el eje de la vía misma.

El colapso afectó el 60% de la banca de la vía y permite por la cercanía al caño mencionado, el aporte de aguas lluvias y/o estancadas de este sistema al sistema de bombeo del alcantarillado (...).

Diagnóstico preliminar

En términos generales, la problemática presentada corresponde a la falla de soporte del terreno por flujo del mismo, mediante arrastre al sistema de alcantarillado, aprovechando el desnivel entre el nivel freático alto con alta permeabilidad externo y el bajo nivel de presión interior de la tubería (a flujo libre), ocurrido a través de las conexiones entre estructuras rígidas y flexibles o las inmediatas a dichas estructuras.

La ocurrencia física de la falla o dislocación entre las tuberías y las estructuras, pudo haber tenido lugar con anterioridad a la puesta en servicio del alcantarillado, no habiéndose presentado problemas pues bajo estas condiciones el sistema estaba operando por rebose con tubería presurizada y por ende sin gradiente que permitiese el flujo hacia el interior (...).

El mecanismo de movimiento relativo entre las tuberías y las estructuras puede obedecer esencialmente a dos fenómenos no necesariamente simultáneos pero sí eventualmente complementarios en su acción como son el asentamiento de las unidades rígidas por efectos del tráfico sobre ellas sin disipación de energía y fundadas sobre terreno suelto y desconfinado por la operación de construcción; y el segundo por flotación de las cámaras bajo condiciones de nivel freático muy alto y nivel de flujo interior muy bajo, especialmente si se tiene en cuenta que las estructuras carecen de pestañas que permitan incorporar el suelo como contrapeso.

El sistema constructivo empleado favoreció el desconfinamiento, ya que se utilizó tablestacado para la excavación, pero este fue retirado antes de completar los rellenos, una vez se tapaba la tubería, utilizando vibración para la extracción de recuperación.

Los rellenos de las excavaciones se realizaron con el mismo material fino precedente de la excavación sin ningún control de densidad. No se detectó ningún sistema especial de atraque y/o revestimiento de las juntas que previniesen eventuales fallos de permeabilidad dada la finura y erodabilidad del terreno (destaca la Sala).

22.5. El día 18 de diciembre de 1998, la Procuraduría General de la Nación emitió un informe en el que puso de manifiesto los errores en los trabajos de construcción e instalación del sistema de alcantarillado del municipio de Arauca, instó a la Alcaldía Municipal a exigir de la sociedad contratista y la interventora que asumieran las responsabilidades a que hubiera lugar y recomendó que se tomaran las medidas necesarias para garantizar la estabilidad de los contratos (fls. 417-424, cdno. 1):

En visita realizada los días 23 al 26 de noviembre de 1998, pudimos constatar las fallas ocurridas una vez fueron puestas en servicio las obras de construcción e instalación del proyecto Alcantarillado Sanitario Segunda Etapa, evaluada información suministrada por su despacho y del señor Secretario de Obras Públicas, así como de los organismos de control del municipio, tales como la contraloría municipal y la procuraduría departamental, se deduce que aquellas pudieron originarse por defectos en los procesos de planeación, estudios de suelos, formulación de diseños, control y vigilancia de la interventoría contratada y de la misma administración municipal, y en la construcción propiamente dicha de las obras objeto de los contratos de la referencia (...).

En este sentido, solicitamos que de manera inmediata adopte las medidas y ejerza los poderes que la Constitución Política, la ley y los reglamentos le confieren para proceder a demandar de los contratistas la indemnización de los perjuicios que haya sufrido el municipio, aplicando de manera estricta las facultades otorgadas en los artículos 52 y 53 de la Ley 80, y que consagran de manera expresa la responsabilidad civil de los contratistas por sus acciones y omisiones en las actuaciones contractuales (…).

De igual forma, y en apoyo del artículo 53 de la Ley 80 de 1993, compete a la administración municipal demandar la responsabilidad civil de los consultores, asesores externos e interventores que hayan intervenido en los procesos de contratación que desarrollaron el proyecto del Acueducto II etapa, responsabilidad derivada del eventual incumplimiento de las obligaciones de los respectivos contratos de consultoría, interventoría y asesoría, así como de los hechos omisiones que le fueren imputables, y con los cuales se le haya causado perjuicios a los intereses del municipio. De la documentación examinada advertimos la posible presencia de defectos en los diseños, estudios de suelos, planeación y procedimientos de construcción, que podrían denotar la falta de una debida labor de interventoría y de los estudios preliminares (...).

Para acometer las acciones de responsabilidad civil contractual que proceden contra los asesores, consultores, interventores y contratistas, según lo previsto en la Ley 80 de 1993, recomendamos tener en cuenta la legislación civil y comercial aplicable a los casos de contratación estatal, por expresa remisión del artículo 13 de la Ley 80 de 1993; este régimen jurídico, a manera de ejemplo, contempla aquellos eventos en los cuales se puede demandar la responsabilidad de los constructores de obras por la estabilidad de las obras dentro de los 10 años siguientes a la entrega de las mismas (C.C., art. 2060, num. 3º y 4º). En el caso particular del contrato 348 con la firma Emicol, resulta ilustrativo considerar la posición asumida por el Consejo de Estado en sentencia de julio 10 de 1997, expediente 9286, con ponencia del doctor Carlos Betancur Jaramillo, según el cual “los contratos se celebran para su recto y cabal cumplimiento; y en los contratos de obra pública ese cumplimiento es de interés general; y la aceptación inicial que se haga por el dueño de la misma durante la diligencia de entrega, no le impedirá a este exigirle al constructor que le responda en el futuro por su estabilidad y buena calidad de los materiales utilizados (destaca la Sala).

22.6. En oficio del 23 de octubre de 1998, la administración municipal advirtió a la sociedad Emicol Ltda. sobre las fallas presentadas en la obra ejecutada, y la conminó a que diera cumplimiento a los contratos antes mencionados, en estos términos (fls. 440-444, cdno. 1):

1. La cláusula séptima del contrato 348 del 22 de septiembre de 95 estipuló la responsabilidad del contratista (Emicol Ltda.), “El contratista será responsable hasta por culpa leve de todas las actividades que desarrolle en cumplimiento del objeto del presente contrato. De igual forma el contratista responderá civilmente por los perjuicios que cause a el (sic) municipio de Arauca o terceros, por todos los elementos, equipos, vehículos, herramientas, construcciones, materiales, estructuras, durante la vigencia del mismo”. Esta responsabilidad es de orden legal, según lo impone el artículo 52 de la Ley 80 de 1993, que dice: “Los contratistas responderán civil y penalmente por sus acciones y omisiones en la actuación contractual en los términos de la ley”. Según la cláusula vigésima quinta, ordinal 2, “cualquier daño que por descuido o inadecuada organización de los trabajos por parte del contratista, se produzca en la obra contratada, deberá ser reparado o indemnizado por este, siendo de su cargo en todo momento los costos y/o gastos que se causen por concepto de su reparación o indemnización” y el ordinal 4 agrega “en consecuencia, el contratista se obliga a llevar a cabo a su costo, todas las reparaciones y reemplazos que sea necesario hacer por ocasión de la responsabilidad adquirida y descrita en esta cláusula”. Igual fórmula de responsabilidad contractual se estipuló en el contrato 52 de 1997 (...).

2. El contrato 348 del 22 de septiembre de 1995, tiene acta de iniciación con fecha 26 de octubre de 1995 y fue adicionado el 15 de julio de 1996, y aclarado el adicional 1 el 1º de agosto de 1996; el 10 de febrero de 1997 se le hizo la adición número 2 y posteriormente una aclaración sin fecha a esta adición. Este contrato tiene acta final de obra número 11 del 10 de septiembre de 1997, pero no ha sido liquidado. El contrato 52 de 1997 tiene acta de iniciación del 22 de mayo del mismo año, y de suspensión del 11 de agosto de 1997.

Según el diagnóstico de fallas geotécnico-estructurales, hecho por Alberto U. Aschner Montoya, Ingenieros Constructores, entregado a la Alcaldía por Occidental de Colombia S.A., como colaboración para identificar las causas del problema de fallas del Alcantarillado Fase II, y proponer soluciones temporales y de emergencia, se evidencian daños en la obra ejecutada por Emicol Ltda (...).

3. Pólizas.

La administración municipal de Arauca, a través de la Secretaría de Obras Públicas, mediante oficios 368/98 del 29 de julio de 1998, 456/98 del 2 de septiembre de 1998, y uno sin número del 25 de agosto de 1998, ha solicitado a Emicol Ltda. la ampliación de las pólizas que garantizan los contratos 348 de 1995 y 52 de 1997, de conformidad con el contrato y las normas vigentes sobre la materia, sin que hasta la fecha se haya cumplido esta obligación contractual de parte del contratista, por lo cual le reitero la petición perentoria de ampliación de pólizas contractuales antes del 30 de octubre de 1998.

4. Señalización.

Los contratos 348 de 1995 y 52 de 1997 entre el municipio de Arauca y Emicol Ltda., contemplan la aplicación de la Ley 80 de 1993, la cual estipula que el contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar que se presenten accidentes y tiene la obligación de poner señales de día y de noche, indicando los obstáculos que se encuentren en la vía. Por lo anterior le solicito el cumplimiento de la señalización en las vías públicas, especialmente en los sitios de fallas del sistema de alcantarillado sanitario fase II, construido por Emicol Ltda.

5. Reparación de las fallas.

De conformidad con todo lo anterior y en representación del municipio de Arauca, le solicito de manera categórica que asuma sus responsabilidades contractuales y proceda antes del 15 de noviembre del presente año, a iniciar los trabajos para reparar, reconstruir y restablecer las obras construidas por Emicol Ltda. en cumplimiento de los contratos 348 de 1995 y 52 de 1997 y a realizar las pruebas técnicas y el plan, de trabajo pactados en los contratos o a indemnizar al contratante (resalta la Sala).

22.7. El 28 de diciembre de 1998, ante el requerimiento del municipio, la contratista manifestó su disposición de corregir los daños presentados en las obras del sistema de alcantarillado, si bien alegó que no le asiste ninguna responsabilidad en los mismos (fl. 425, cdno. 1):

“De la manera más atenta nos permitimos informarle que debido a los inconvenientes presentados en la construcción del contrato de la referencia y en mi calidad de constructor en la colocación de la “tubería y pozos de inspección de una parte del alcantarillado sanitario 2 etapa[”], colocamos a su disposición nuestro equipo, personal técnico y todo lo que esté a nuestro alcance para que sean corregidos los daños presentados en dicho alcantarillado.

Reiteramos nuevamente nuestra voluntad expresada ante los entes fiscalizadores del Estado, en los cuales cursan investigaciones al respecto, exponiendo nuestra voluntad para que se solucionen los problemas presentados. Hacemos salvedad que nuestra empresa no tiene responsabilidad alguna por las fallas presentadas en este contrato debido a que nosotros nos limitamos a cumplir con las especificaciones técnicas, estudios y diseños elaborados por la firma consultora, actuando dentro del principio de la buena fe”.

22.8. El 21 de enero de 1999, el municipio de Arauca, mediante Decreto 6 de 1999; declaró el estado de urgencia manifiesta con el propósito de contratar directamente el diagnóstico, diseño, compra de materiales, construcción y ejecución de obras; e interventorías, para subsanar las fallas del sistema de alcantarillado municipal (fls. 157-161, cdno. 1).

22.9. El 29 de enero de 1999, el municipio de Arauca firmó el contrato 4 con la firma Top-Suelos Ingeniería Ltda., sociedad interventora, con el objeto de “realizar la consultoría del estudio, diseño, dirección e interventoría de la recuperación del sistema de alcantarillado sanitario fase II del municipio de Arauca” (fl. 49, cdno. 1). Esta empresa se encargó de dictar las diferentes órdenes de trabajo a la sociedad Emicol Ltda. para la recuperación del sistema de alcantarillado.

22.10. El 15 de diciembre de 2000, la Secretaría de Obras Públicas del municipio de Arauca, la firma Top-Suelos Ingeniería Ltda. y la contratista Emicol Ltda. suscribieron un acta de las obras ejecutadas por la última para la reparación del sistema de alcantarillado (fls. 291-292, cdno. 1), y el 20 de diciembre del mismo año suscribieron el acta de recibo y entrega de las obras ejecutadas, por un valor de $937.280.784.47 (fls. 293-294, cdno. 1).

22.11. El 30 de julio de 2002, la Alcaldía municipal de Arauca respondió a la solicitud de pago del contratista que no realizaría pago alguno hasta tanto no se establecieran las responsabilidades del caso por parte de los órganos de control, en relación con los trabajos de reparación al sistema de alcantarillado sanitario, fase II del municipio de Arauca (fl. 44, cdno. 1):

“En relación a su solicitud sobre reconocimiento de pago, me permito informar que dadas las investigaciones que se adelantan por los organismos de control los cuales a la fecha no se han pronunciado, esta administración se abstiene de realizar pagos por trabajos de reparación al sistema de alcantarillado sanitario, fase II, para el municipio de Arauca, hasta tanto las entidades de control establezcan las responsabilidades a que haya lugar”.

22.12. En el proceso de responsabilidad fiscal seguido contra Emicol Ltda. con el fin de determinar si la sociedad incurrió en alguna falta que le generó detrimento patrimonial al municipio de Arauca, la contraloría departamental encontró que la investigada no era responsable dado de (sic) que cuando fue requerida por el municipio para que solucionara las fallas presentadas en las obras, procedió a hacer las reparaciones con sus propios recursos, con lo cual compensó el daño y detrimento patrimonial al municipio. Este es el sustento de la decisión (fl. 468, cdno. 1):

Estudiadas las pruebas que reposan en el instructivo de la referencia se tiene que está probado que la empresa Emicol Ltda. representada por el señor José Santos Ruiz, mediante la suscripción del contrato número 348/98, fue la encargada de acometer la construcción del alcantarillado y demás obras objeto del mencionado contrato. Así mismo se encuentra establecido que durante la ejecución del precitado contrato se presentaron serias fallas en la obra, tal y como obra dentro de los diferentes informes técnicos que para tal efecto se llevaron a cabo. Igualmente y cuando fue requerida dicha empresa para que se apersonara y solucionara los fallos presentados, esta así lo hizo procediendo a reparar todos y cada uno de los daños correspondientes a la obra por ella construida, dineros que erogó de sus propios recursos, reparando de esta forma el daño y detrimento patrimonial al municipio de Arauca.

Se concluye por consiguiente que de la presente actuación fiscal se desvincular[á] a la empresa EMICOL LTDA. como quiera que se encuentra demostrado que cumplió sus obligaciones contractuales en razón a que subsanó las deficiencias presentadas en el sistema de alcantarillado, consistentes en fallas en los diferentes sitios de la ciudad, en virtud de lo cual se puede determinar que el daño ocasionado fue reparado por el contratista.

23. Como puede observarse, el municipio de Arauca celebró contratos de obra con la sociedad Emicol Ltda. con el fin de construir y adecuar el sistema de alcantarillado municipal. Una vez entregados los trabajos, las obras registraron fallas, por lo que la administración conminó a Emicol Ltda. para que hiciera las reparaciones respectivas y contrató con una firma la interventoría y supervisión de las obras.

24. Nótese que la Alcaldía Municipal le hizo un llamado a la sociedad contratista para que, en cumplimiento de los contratos de obra 348 de 1995 y 52 de 1997, reconstruyera y restableciera las obras públicas que presentaron fallas. Con ese propósito, la Alcaldía invocó la cláusula séptima del contrato, sobre la responsabilidad del contratista, y la cláusula vigésimo quinta, sobre la obligación del contratista de reparar los daños causados en la ejecución de las obras. En otras palabras, la administración se limitó a exigir del contratista el cumplimiento cabal de los contratos antes celebrados para la construcción del alcantarillado.

25. Contrario a lo sostenido por la parte demandante, según la cual los trabajos de reparación fueron “obras sin contrato”, es claro que estos trabajos tuvieron origen y sustento en la relación contractual consolidada entre el municipio de Arauca y la sociedad Emicol Ltda. No eran, pues, obras adicionales, sino que respondían al objeto de los contratos antes celebrados y buscaban garantizar el cumplimiento total de los mismos.

26. La Sala advierte que, además, de las cláusulas de responsabilidad y de reparación de daños, el contrato 348 de 1995 tiene una cláusula de “defectos de ejecución”, que obliga al contratista a corregir todos los defectos que presente la obra a juicio del contratante, y debe hacerlo con sus propios recursos (f. 768, c. 1):

Cláusula trigésimo cuarta: Defectos de ejecución. 33.1. El contratista será responsable por la reparación de todos los defectos de ejecución que puedan comprobarse con posterioridad a la liquidación del presente contrato, derivados de planos, fabricación, empleo de materiales y montajes efectuados por él, y del empleo de equipos de fabricación o mano de obra deficientes utilizados en la misma. El contratista se obliga a su costo a llevar a cabo todas las reparaciones y reemplazos que se ocasionen por estos conceptos. 33.2. Si a juicio del municipio de Arauca existe duda razonable de que las reparaciones efectuadas pueden llegar a afectar el buen funcionamiento o la eficiencia de la obra o de parte de ella, el Municipio de Arauca podrá exigir la ejecución de nuevas pruebas a cargo del contratista, mediante notificación escrita enviada dentro de los treinta. (30) días calendario siguientes a la entrega o terminación de las respectivas reparaciones.

27. Así las cosas, ante los requerimientos del municipio, la sociedad contratista estaba obligada a hacer las reparaciones respectivas .con el fin de dar cumplimiento al objeto del contrato, y debía hacerlo con sus propios recursos, como en efecto sucedió. En el expediente reposa el acta final de entrega y recibo de la obra, firmada por la administración municipal, la sociedad Emicol Ltda. y la firma interventora (fls. 293-294, cdno. 1). La contraloría departamental, al resolver el proceso de responsabilidad fiscal, también dejó constancia de que la contratista no había defraudado al municipio de Arauca, pues había ejecutado la obra a satisfacción y con sus propios recursos y personal (fls. 465-470, cdno. 1).

28. Se insiste en que los trabajos de reparación del alcantarillado de Arauca, llevados a cabo por la sociedad Emicol Ltda., hacen parte de la relación contractual constituida a partir del contrato 348 de 1995. El cumplimiento del plazo del contrato de obra, en este caso, no supone la extinción de las obligaciones relativas a la estabilidad de la obra, pues, a la luz de las disposiciones del contrato mismo, estas seguían vigentes incluso después de la liquidación del contrato.

29. En consecuencia, si bien se advierte que la administración impuso a la sociedad contratista la ejecución de prestaciones en su beneficio, no se observa que lo haya hecho “por fuera del marco del contrato estatal o con prescindencia del mismo”, sino que tales prestaciones suponían el cumplimiento del objeto contractual. Por tanto, al no existir una relación extracontractual, no resulta procedente la acción de reparación directa.

30. Tampoco se evidencia que las obras de reparación emprendidas por la sociedad Emicol Ltda. obedezcan a una necesidad manifiesta y objetiva de evitar una amenaza o una lesión inminente e irreversible al derecho a la salud; ni que la administración haya omitido declarar una situación de urgencia manifiesta debiendo hacerlo, pues está probado en el expediente que la Alcaldía de Arauca dictó el Decreto 6 de 1999 con el objeto de contratar directamente el diagnóstico, diseño, compra de materiales, construcción y ejecución de obras, e interventorías, para subsanar las fallas del sistema de alcantarillado municipal. Es claro que los supuestos de la jurisprudencia para la procedencia de la actio in rem verso, en el presente caso, no se encuentran satisfechos.

31. De acuerdo con el criterio de esta Sala, el adecuado ejercicio de las vías procesales para demandar es un requisito indispensable para que se pueda analizar de fondo un determinado caso(10). Así, cuando los perjuicios cuyo resarcimiento se pretende tienen origen en una relación contractual, la acción procedente es la de controversias contractuales, mientras que cuando el daño proviene de un hecho, una omisión, una operación administrativa, o la ocupación temporal o permanente de un inmueble, o cuando se está frente a uno de los supuestos de viabilidad de la actio in rem verso, la acción procedente es la de reparación directa.

32. El Consejo de Estado ha considerado que la fuente del daño cuyo restablecimiento se pretende es la que determina la acción correcta que debe ejercerse para buscar la indemnización de perjuicios(11). Si no se ejercita la acción por la vía adecuada, es procedente el rechazo de la demanda cuando se decide sobre su admisión o, si ya ha sido admitida y tramitada, la expedición de un fallo inhibitorio, ante la ausencia de uno de los requisitos sustanciales indispensables para poder decidir de fondo el asunto, como es el adecuado ejercicio de la acción. En consecuencia, la Sala se declarará inhibida para resolver el asunto, en razón de la indebida escogencia de la acción.

V. Costas

33. No hay lugar a la imposición de costas, dado que no se evidencia una actuación temeraria de ninguna de las partes, condición exigida por el artículo 55 de la Ley 446 de 1998 para que se proceda de esta forma.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

MODIFICAR la sentencia de 26 de enero de 2006, dictada por el Tribunal Administrativo de Arauca, y en su lugar dispone:

1. INHIBIRSE de emitir sentencia de fondo en el asunto de la referencia, por indebida escogencia de la acción.

2. Sin condena en costas.

Cópiese, notifíquese, cúmplase».

1 La norma entró en vigencia el 28 de abril de 2005, según el artículo 7º de la misma.

2 El artículo 357 del Código de Procedimiento Civil señala sobre este punto particular: “el superior no podrá enmendar la providencia en la parte que no fue objeto del recurso, salvo que en razón de la reforma fuere indispensable hacer modificaciones sobre puntos íntimamente relacionados con aquella”.

3 Consejo de Estado, Sección Tercera, Sala Plena, sentencia de 9 de febrero de 2012, expediente 21507, C.P. Ruth Stella Correa Palacio.

4 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 26 de junio de 2012, expediente 21507, C.P. Danilo Rojas Betancourth.

5 Se advierte el certificado de existencia y representación legal de la sociedad (fls. 26-27, cdno. 1) y los contratos en que esta participó como contratista (fls. 755-783, cdno. 1).

6 Consejo de Estado, Sección Tercera, Sala Plena, sentencia de 19 de noviembre de 2012, expediente 24897, C.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa.

7 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 3 de julio de 1992, expediente 5876, C.P. Juan de Dios Montes Hernández; sentencia de 4 de julio de 1997, expediente 10030, C.P. Ricardo Hoyos Duque; sentencia de 6 de abril de 2000, expediente12775, C.P. Ricardo Hoyos Duque; sentencia del 22 de julio de 2009, expediente 35026, C.P. Enrique Gil Botero; sentencia de 29 de enero de 2009, expediente 15662, C.P. Myriam Guerrero de Escobar.

8 Es importante aclarar que la magistrada Stella Conto Díaz del Castillo se apartó de la decisión mayoritaria al considerar que la actio in rem verso debe preservarse como una acción autónoma y distinguible de la acción de reparación directa, dado que el enriquecimiento sin causa es en sí mismo una fuente de la obligación de compensar lo apropiado con un objetivo preciso: la materialización del principio de equidad.

9 Consejo de Estado, Sección Tercera, Sala Plena, sentencia de 19 de noviembre de 2012, expediente 24897, C.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa.

10 La Sala en forma reiterada y uniforme ha sostenido el criterio de que la adecuada escogencia de la acción es un requisito sustancial de la demanda, y no meramente formal. Al respecto pueden consultarse las siguientes providencias de la Sección Tercera: auto del 22 de mayo de 2003, expediente 23532, C.P. Ricardo Hoyos Duque; auto del 30 de marzo de 2006, expediente. 31789, C.P. Alier Eduardo Hernández Enríquez; auto del 19 de julio de 2006, expediente 30905, C.P. Mauricio Fajardo Gómez, entre otras.

11 En relación con este punto pueden consultarse: sentencia del 6 de julio de 2006, expediente 15356, C.P. Ramiro Saavedra Becerra; sentencia del 22 de marzo de 2007, expediente 13858, C.P. Alier Eduardo Hernández Eriríquez; sentencia del 23 de abril de 2008, expediente 15906, C.P. Mauricio Fajardo Gómez; sentencia del 3 de diciembre de 2008, expediente 16054, C.P. Ramiro Saavedra Becerra; sentencia del 3 de febrero de 2010, expediente 19417, C.P. Myriam Guerrero de Escobar; sentencia del 10 de abril de 2010, expediente 17311, C.P. Ruth Stella Correa Palacio; sentencia del 28 de abril de 2010, expediente 18530, C.P. Enrique Gil. Botero, entre otras.