Sentencia 2003-00081 de julio 21 de 2011

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA

SUBSECCIÓN “A”

Rad.: 70001-23-31-000-2003-00081-01(0805-08)

Consejero ponente:

Dr. Luis Rafael Vergara Quintero

Actor: Olga Rosa Pérez De Vélez

Demandado: Consejo Superior de la Judicatura

Bogotá, D.C., veintiuno de julio de dos mil once.

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra la sentencia del 27 de septiembre de 2007, proferida por el Tribunal Administrativo de Sucre, que accedió a las pretensiones de la demanda incoada por la doctora Olga Rosa Pérez De Vivas(sic) contra la Nación, Consejo Superior de la Judicatura, dirección ejecutiva de administración judicial.

EXTRACTOS: «Consideraciones

El asunto se contrae a establecer la legalidad de los actos que le negaron a la actora la comisión remunerada que le otorgó la Presidencia de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, por vencimiento del plazo de dos años establecido en el Acuerdo 709 de 2000 para hacer uso del mencionado reconocimiento académico.

Se encuentra demostrado en el proceso que la actora —en su condición de juez penal municipal de Corozal— se hizo acreedora a la condecoración José Ignacio de Márquez al mérito judicial, reconocimiento que le fue otorgado mediante Acuerdo 403 del 1º de diciembre de 1998, fecha para la cual se encontraba en vigencia el Acuerdo 11 del 31 de marzo de 1993, que modificó el Acuerdo 001 del 24 de enero de 1991.

El mencionado Acuerdo 011 de 1993 dispuso:

“(...).

Considerando:

(...).

Que por medio del Acuerdo 001 de 1991, el extinguido Consejo Superior de la Administración de Justicia reglamentó el otorgamiento de reconocimientos académicos a funcionarios y empleados de la rama judicial, y en su artículo 3º dispuso que dichos reconocimientos se efectuarían y estarían sujetos a las apropiaciones presupuestales de 1991, y que los mismos deberían ser disfrutados por los beneficiarios durante ese año.

Que el Decreto 2780 de 1985, norma general que consagra la distinción, no señala restricción temporal para el goce del mismo, en tanto que el citado Acuerdo 001 de 1991 sí la establece.

Que en consecuencia, se hace necesario que el reconocimiento y pago esté sujeto a la apropiación presupuestal del año en que se va a hacer uso del mencionado derecho.

Que por lo anteriormente expuesto,

ACUERDA:

ART. 1º—Modificar el artículo 3º del Acuerdo 001 del 24 de enero de 1991 proferido por el extinguido consejo superior de la administración de justicia, en el sentido de eliminar las restricciones allí previstas para el disfrute del reconocimiento académico relativas al tiempo y a las apropiaciones presupuestales” (fl. 63).

Mediante Oficio 32415 del 15 de diciembre de 1998, la secretaria ejecutiva del Consejo Superior de la Judicatura le informó a la actora el procedimiento a seguir para efectos del reconocimiento académico otorgado, en los siguientes términos:

“(...).

... deberá solicitar a su superior jerárquico le conceda la licencia remunerada correspondiente, con el propósito de que por su conducto se impetre a la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura profiera la resolución que oficialice el disfrute al estímulo otorgado y la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial expida la disponibilidad presupuestal necesaria para proceder a la designación del respectivo reemplazo.

Una vez obtenida la documentación anterior, la presentará a la unidad de recursos humanos (sección de prestaciones sociales), junto con el comprobante original de la matrícula o en su defecto la constancia de haber sido aceptada en el respectivo centro docente” (fl. 77).

Posteriormente, mediante Circular 03 del 16 de marzo de 1999, el presidente de la Sala Administrativa indicó el trámite que debían adelantar los funcionarios y empleados distinguidos con la condecoración “José Ignacio de Márquez” para disfrutar de dicho reconocimiento, así:

“(...).

1. El beneficiario del reconocimiento académico deberá manifestar a su superior jerárquico, la fecha a partir de la cual desea iniciar el año de estudios por él programado;

2. El superior jerárquico, a su vez, debe elevar ante la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura la solicitud de la respectiva comisión, con su concepto sobre la viabilidad de la misma;

3. Previa la expedición del certificado de disponibilidad presupuestal por parte de la dirección ejecutiva, el presidente de la Sala Administrativa proferirá la Resolución que concede la comisión remunerada correspondiente” (fl. 159).

El 17 de julio de 2000, la actora, mediante Oficio 959, presentó petición ante el presidente de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, con el fin de que le precisara cuándo vencía el plazo para disfrutar del reconocimiento académico con que había sido distinguida en el año 1998.

En respuesta a la anterior inquietud, el presidente de la Sala Administrativa, mediante Oficio 4711 del 3 de agosto de 2000, manifestó:

“De conformidad con el Acuerdo 403 de 1998, usted se hizo acreedora a la condecoración José Ignacio de Márquez al mérito judicial, categoría plata, al distinguirse en la prestación de sus servicios como juez penal municipal de Corozal - Sucre durante el año de 1998.

Por tal virtud, dado el carácter de intemporalidad para su disfrute que le otorgó el Acuerdo 11 de la Sala Administrativa de esta corporación, puede solicitar la respectiva reserva presupuestal, a fin de que se le conceda la correspondiente licencia remunerada y hacer uso, en consecuencia, del año académico, cuando a bien lo disponga usted misma” (fl. 80) (destacado de la Sala).

Mediante escrito del 28 de febrero de 2002 la doctora Olga Rosa Pérez solicitó a la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, comisión remunerada para adelantar estudios, en virtud de la condecoración José Ignacio de Márquez con que fue distinguida, petición que fue denegada por Oficio 1733 del 7 de mayo de 2002, con el argumento de que el derecho había prescrito, en aplicación del artículo 15 del Acuerdo 709 de 2000. Dicha decisión fue confirmada mediante la Resolución 321 del 28 de agosto de 2002.

La demandante alega que la Sala Administrativa aplicó retroactivamente el Acuerdo 709 de 2000, pues su situación se regía por el Acuerdo 11 de 1993, norma que se encontraba vigente para la fecha en que adquirió el derecho al reconocimiento académico tantas veces mencionado.

Por su parte, el Consejo Superior de la Judicatura aduce que no se trata de la aplicación retroactiva de la citada disposición, sino que la misma estableció un plazo hacia el futuro de un año para todos los beneficiarios de la condecoración José Ignacio de Márquez.

Al respecto dirá la Sala que comparte el análisis efectuado por el a quo, en cuanto, por regla general, los actos administrativos solo producen efectos hacia futuro. En tal sentido, no queda duda de que la intención de la administración era regular hacia futuro lo relacionado con la concesión de estímulos y distinciones a los servidores de la rama judicial.

En efecto, de la lectura desprevenida del acuerdo se desprende que a partir de su vigencia se tendrán en cuenta los requisitos y procedimiento allí establecidos. De igual manera, en su artículo 17 dispuso que empezaría a regir a partir de su publicación en la gaceta de la judicatura(1).

En estas circunstancias, no puede pretenderse que el Acuerdo 709 de 2000, acto de carácter general, se aplique a la situación de la demandante, cuyo reconocimiento académico fue otorgado en vigencia del Acuerdo 11 de 1993.

Pero, si en gracia de discusión, se aceptara que el Acuerdo 709 pretendía regular incluso las condecoraciones que se habían otorgado antes de su expedición, debió notificarse a las personas que se verían afectadas con la nueva reglamentación, lo cual no ocurrió.

Por el contrario, poco antes de su publicación —5 de septiembre de 2000— la presidencia de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, en respuesta a la consulta elevada por la actora el 17 de julio de 2000, respondió mediante oficio del 3 de agosto de 2000, que dado el carácter de intemporal otorgado por el Acuerdo 11 para el disfrute del estímulo otorgado, podía solicitar la respectiva reserva presupuestal y hacer uso del año académico cuando a bien lo dispusiera.

Así las cosas, puede afirmarse, como bien lo expuso la vista fiscal en la primera instancia, que la demandante fue sorprendida con la expedición del nuevo acuerdo y que las reglas de juego le fueron cambiadas intempestivamente. Y si bien en ese momento la actora tenía una mera expectativa, en tanto no había adelantado las gestiones necesarias para el disfrute de la distinción otorgada, lo cierto es que la contundencia de la respuesta dada por el presidente de la Sala Administrativa respecto de la intemporalidad para el disfrute de la misma le generó confianza y por ello se demoró en elevar la solicitud respectiva.

En esta medida, no queda duda de que la actuación de la administración vulneró el principio de la confianza legítima, el cual se estructura en la necesidad de la confianza mutua entre la administración y los administrados. “Es este un principio que debe permear el derecho administrativo, el cual, si bien se deriva directamente de los principios de seguridad jurídica y buena fe, adquiere una identidad propia en virtud de las especiales reglas que se imponen en la relación entre administración y administrado. Es por ello que la confianza en la administración no solo es éticamente deseable sino jurídicamente exigible. Este principio se aplica como mecanismo para conciliar el conflicto entre los intereses público y privado, cuando la administración ha creado expectativas favorables para el administrado y lo sorprende al eliminar súbitamente esas condiciones. Por lo tanto, la confianza que el administrado deposita en la estabilidad de la actuación de la administración, es digna de protección y debe respetarse”(2).

A juicio de la Sala y acorde con el concepto del Ministerio Público en primera instancia, la respuesta de la administración indujo en error a la actora y sobre este error no puede edificarse la pérdida de su derecho.

Las anteriores consideraciones son suficientes para confirmar la sentencia del tribunal, como se declarará en la parte resolutiva de esta providencia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección “A”, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

CONFÍRMASE la sentencia del veintisiete (27) de septiembre de dos mil siete (2007) proferida por el Tribunal Administrativo de Sucre dentro del proceso incoado por Olga Rosa Pérez de Vélez contra la Nación - Dirección Ejecutiva de Administración Judicial - Consejo Superior de la Judicatura.

Devuélvase el expediente al tribunal de origen.

Cópiese, notifíquese y cúmplase.

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en sesión de la fecha».

(1) El Acuerdo 709 del 25 de enero de 2000 fue publicado en la Gaceta de la Judicatura el 5 de septiembre de 2000.

(2) T/084 de 2000, M.P. Alejandro Martínez Caballero.