Sentencia 2003-00081 de octubre 5 de 2009

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Ref.: Expedientes acumulados núms. 2003-00081 y 2003-00069.

Consejero Ponente:

Dr. Marco Antonio Velilla Moreno

Acción: Nulidad.

Actores: Alvaro Andrés Díaz Palacios y Benjamín

Cubides Pinto.

Bogotá, D.C., cinco de octubre de dos mil nueve.

EXTRACTOS: «IV. Consideraciones de la Sala:

Cabe señalar que esta Corporación en sentencia de 24 de julio de 2008 (Expediente 2003-00394, Consejero ponente doctor Camilo Arciniegas Andrade), declaró la nulidad de la Resolución 2776 de 2000, expedida por el Ministerio de la Protección Social, que constituye uno de los actos administrativos acusados en el proceso de la referencia.

El artículo 175, inciso 1º, del Código Contencioso Administrativo, establece:

" La sentencia que declare la nulidad de un acto administrativo tendrá fuerza de cosa juzgada erga omnes".

Consecuente con lo anterior, debe la Sala inhibirse de hacer pronunciamiento alguno respecto del referido acto administrativo, como quiera que ya fue objeto de declaratoria de nulidad por lo que operó el fenómeno de la cosa juzgada.

Ahora, en la demanda radicada bajo el número 2003-00081 se instauró también demanda en ejercicio de la acción de nulidad contra la Resolución 9028 de 10 de octubre de 1979, emanada del entonces Ministerio de Salud.

No obstante que en el artículo 4º de la Resolución 2776 de 2000 se dispuso la derogatoria expresa de la Resolución 9028 de 10 de octubre de 1979, conforme lo ha reiterado esta corporación en diversos pronunciamientos, a partir de la providencia de 14 de enero de 1991 (Expediente S-157, Consejero Ponente: Carlos Gustavo Arrieta Padilla), habida cuenta que la derogatoria de un acto administrativo per se no hace desaparecer del mundo jurídico los efectos que hubiera podido producir durante su vigencia, ya que ello solo ocurre en virtud de la declaratoria de nulidad, debe la Sala acometer el estudio de los cargos, previas las siguientes precisiones:

La citada Resolución 9028 de 10 de octubre de 1979, al igual que la Resolución 02776 de 1º de noviembre de 2000, fijó los procedimientos para establecer los costos sobre el valor C.I.F. de las drogas que son importadas por el Fondo Rotatorio de Estupefacientes o a través de éste.

Como fundamento de dicho acto se invocaron la Ley 36 de 1939; el Decreto 257 de 1969; el Decreto-Ley 1188 de 1974; el Decreto 1514 de 1975; el Decreto 149 de 1976 y la Ley 9ª de 1979.

Tanto el acto acusado como las normas que se indican como soporte del mismo se expidieron en vigencia de la Constitución Nacional de 1886.

Como quiera que en virtud del principio de legalidad los actos administrativos debe juzgarse a la luz de las normas vigentes al momento de su expedición, la Sala procede al análisis de las mismas, así:

La Constitución Nacional de 1886 previó en sus artículos 203 a 205, lo siguiente:

"ART. 203.Son de cargo de la República las deudas exterior e interior, reconocidas ya, o que en lo sucesivo se reconozcan, y los gastos del servicio público nacional.

La ley determinará el orden y modo de satisfacer estas obligaciones".

"ART. 204.Ninguna contribución indirecta ni aumento de impuestos de esta clase, empezará a cobrarse sino seis meses después de promulgada la ley que establezca la contribución o el aumento".

"ART. 205. Ninguna variación en la tarifa de aduana comenzará a ser ejecutada sino noventa días después de sancionada la ley que la establezca; y toda alza o baja en los derechos de importación se verificará por décimas partes en los diez meses subsiguientes. Esta disposición y la del anterior artículo, no limitan las facultades extraordinarias del gobierno cuando de ellas esté revestido".

Del texto de las normas transcritas se infiere que bajo el imperio de la Constitución anterior también el establecimiento de las contribuciones, dentro de las cuales encaja el concepto de tasa, era del resorte del legislador.

En efecto, la tasa, según se definió en la sentencia de 11 de diciembre de 2001, Consejera Ponente: María Inés Ortiz Barbosa, Expediente 6768), está fundada en el poder de imposición y en la ley, que tiene como hecho generador la prestación concreta e individualizada de un servicio público.

De igual manera, en la sentencia de 24 de julio de 2008 (Expediente 2003-00394, Consejero Ponente: Camilo Arciniegas Andrade), que se prohija en esta oportunidad, se hizo énfasis en que la materia a que alude el acto allí acusado que, se repite, tiene el mismo alcance del fijado en la Resolución 9028 en estudio, está orientada a cubrir los costos del Fondo por la prestación del servicio; y el contenido de la Ley 36 de 1939; el Decreto-Ley 1188 de 1974; el Decreto 1514 de 1975; el Decreto 149 de 1976 y la Ley 9ª de 1979, no vislumbra autorización al Ministerio de Salud para el establecimiento de la tasa a que se hace referencia en la última resolución citada, razón por la cual, la autoridad que la expidió carecía de competencia para ello, pues se requería de la voluntad del legislador que en este caso no se manifestó.

Así pues, debe la Sala disponer la nulidad de la Resolución 9028 de 10 de octubre de 1979 e inhibirse, en virtud del fenómeno de la cosa juzgada, para pronunciarse respecto de la nulidad de la Resolución 02776 de 1º de septiembre de 2000, expedidas por el Ministerio de Salud, hoy de la Protección Social.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. DECLÁRASE la nulidad de la Resolución 9028 de 10 de octubre de 1979, expedida por el Ministerio de Salud, hoy de la Protección Social.

2. INHÍBESE, en virtud del fenómeno de la cosa juzgada, para pronunciarse respecto de la nulidad de la Resolución 2776 de 1º de septiembre de 2000, ibídem, por las razones anotadas en la parte motiva de esta providencia».

Cópiese, notifíquese, comuníquese y cúmplase.

Se deja constancia de que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión del día 05 de octubre de 2009.