Sentencia 2003-00083 de junio 3 de 2010

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA

SUBSECCIÓN “B”

Ref.: Expediente 180012331000200300083-02

Nº Interno: 0873-2008

Consejera Ponente:

Dra. Bertha Lucía Ramírez de Páez

Actor: Alexander Rueda Díaz y Otros

Autoridades nacionales

Bogotá, D.C., tres de junio de dos mil diez.

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia de 1º de septiembre de 2006, proferida por el Tribunal Administrativo de Caquetá, que declaró probada oficiosamente la excepción de inepta demanda por indebida acumulación de pretensiones y negó las súplicas de la acción incoada por Alexander Rueda Díaz, Jhon Kennedy Narváez Téllez, Cruz Enrique Narváez Téllez, Luis Antonio Ballén Monje, Ferney Amézquita Ramos, Gilberto Pechene Bautista, Mariela Tovar Osorio, Beatriz Alape López, Robinson Mendoza López, Oscar Iván Luengas Trujillo, Félix Mojica, Pedro José Araujo Caballero, Duván Perdomo Monroy, Javier Lugo Rojas, Eduardo Cedeño García y Olbar Granados Medina contra el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República y el municipio de San Vicente del Caguán (Caquetá).

EXTRACTOS. «Consideraciones

Problema jurídico

Consiste en decidir si los demandantes tienen derecho al reconocimiento y pago de las prestaciones que se les adeudan como consecuencia del contrato realidad suscrito para el desempeño de los cargos pertenecientes al cuerpo cívico de convivencia o policía cívica de San Vicente del Caguán; o si por el contrario la decisión de la primera instancia respecto de la inepta demanda por indebida acumulación de pretensiones se ajustó al ordenamiento jurídico.

Cuestión previa.

Previamente al estudio de fondo del asunto, observa la Sala, que la decisión del a quo en cuanto declaró la inepta demanda inhibiéndose con el argumento de que existe indebida acumulación de pretensiones, pues las pruebas no provienen de los mismos documentos, está sustentada en un auto del Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección “A”, M.P. Alberto Arango Mantilla, Expediente 18001233100020040007601, donde se expuso igual situación fáctica, con el siguiente tenor literal:

“Al respecto esta corporación ha manifestado que en las acciones de nulidad y restablecimiento del derecho, el interés de cada demandante es diferente al de los demás. Lo que pretende uno para sí no constituye pretensión para otros. Su particular situación y lo que logre probar, en relación con ella dará la medida de las aspiraciones de cada cual.

Precisamente esa particular situación hace que no sea posible en todos los casos servirse de las mismas pruebas. Tampoco puede hablarse de interdependencia entre las diferentes pretensiones, pues la de cada uno depende de su propia situación laboral, independientemente de la de los demás.

(...).

En conclusión, estima el despacho que cada uno de los demandantes debió promover por separado su respectiva acción a fin de obtener el restablecimiento de su derecho. Al haberlo hecho en una sola demanda incurrieron en indebida acumulación de pretensiones, que impide el conocimiento del asunto”.

La Sala considera que pese a existir el precedente judicial, el Código Contencioso Administrativo advierte lo siguiente respecto de las decisiones inhibitorias:

“ART. 3º—Principios orientadores. Las actuaciones administrativas se desarrollarán con arreglo a los principios de economía, celeridad, eficacia, imparcialidad, publicidad y contradicción y, en general, conforme a las normas de esta parte primera.

(...).

En virtud del principio de eficacia, se tendrá en cuenta que los procedimientos deben lograr su finalidad, removiendo de oficio los obstáculos puramente formales y evitando decisiones inhibitorias. Las nulidades que resulten de vicios de procedimiento podrán sanearse en cualquier tiempo a petición del interesado.

(...)”.

Por su parte, el Código de Procedimiento Civil, aplicable por remisión expresa del artículo 267 del Código Contencioso Administrativo indica lo siguiente:

“ART. 37.—Deberes del juez. “Artículo modificado por el artículo 1º, numeral 13 del Decreto 2282 de 1989. El nuevo texto es el siguiente”: Son deberes del juez:

(...).

4. Emplear los poderes que este código le concede en materia de pruebas, siempre que lo considere conveniente para verificar los hechos alegados por las partes y evitar nulidades y providencias inhibitorias...”

ART. 401.—Medidas de saneamiento. “Artículo modificado por el artículo 1º, numeral 204 del Decreto 2282 de 1989. El nuevo texto es el siguiente”: Desde la admisión de la demanda y en las oportunidades que señala este código, es deber del juez decretar las medidas autorizadas para sanear los vicios de procedimiento o precaverlos, integrar el litisconsorcio necesario, evitar que el proceso concluya con sentencia inhibitoria y prevenir cualquier tentativa de fraude procesal...”

“Artículo 101.

(...).

Es deber del juez examinar antes de la audiencia, la demanda, las excepciones previas, las contestaciones, y las pruebas presentadas y solicitadas.

La audiencia se sujetará a las siguientes reglas:

(...).

PAR. 5º—Saneamiento del proceso. El juez deberá adoptar las medidas que considere necesarias para evitar nulidades y sentencias inhibitorias...”.

“ART. 357.—Competencia del superior. “Artículo modificado por el artículo 1º, numeral 175 del Decreto 2282 de 1989. El nuevo texto es el siguiente”: La apelación se entiende interpuesta en lo desfavorable al apelante, y por lo tanto el superior no podrá enmendar la providencia en la parte que no fue objeto del recurso, salvo que en razón de la reforma fuere indispensable hacer modificaciones sobre puntos íntimamente relacionados con aquella. Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado o la que no apeló hubiere adherido al recurso, el superior resolverá sin limitaciones.

En la apelación de autos, el superior solo tendrá competencia para tramitar y decidir el recurso, liquidar costas y decretar copias y desgloses. Si el superior observa que en la actuación ante el inferior se incurrió en causal de nulidad que no fuere objeto de la apelación, procederá en la forma prevista en el artículo 145. Para estos fines el superior podrá solicitar las copias adicionales y los informes del inferior que estime conveniente.

Cuando se hubiere apelado de una sentencia inhibitoria y la revocare el superior, este deberá proferir decisión de mérito aun cuando fuere desfavorable al apelante”.

Observa la Sala que el juez cuenta con suficientes poderes y medidas de saneamiento del proceso imponiéndole la obligación de evitar sentencias inhibitorias, por lo que la Sala se apartará de la jurisprudencia citada en aplicación del principio de la prevalencia del derecho sustancial sobre el procesal.

Además, el a quo mediante auto de 12 de junio de 2003 (fls. 47-48, cdno. ppal.) dispuso inadmitir la demanda por cuanto el libelo no indicó quién representaba a la Nación y porque los fundamentos fácticos no explicaron porqué se demandó a la Nación “... ya que el departamento administrativo de la Presidencia de la República es un ente descentralizado”, sin que haya puesto de manifiesto la indebida acumulación de pretensiones cuando era oportuno enmendar la demanda.

El acceso a la administración de justicia implica cumplir con los principios de eficiencia y eficacia del derecho sustantivo y adjetivo, es decir, que quien acude en busca de una solución judicial de su conflicto pueda obtener una decisión de fondo que implique un esfuerzo del aparato de justicia que a la postre legitimará su accionar en cumplimiento de la Constitución y la ley.

Empero aclara la Sala, que antes de ordenar oficiosamente la práctica de algún medio probatorio necesario para revocar la decisión inhibitoria, estudiará las circunstancias en que la administración puede celebrar contratos de prestación de servicios, pues se puede presentar la situación de que el análisis de fondo niegue las súplicas de la demanda siendo innecesaria la valoración probatoria respecto de los extremos laborales y honorarios que inhibieron la decisión de la primera instancia.

Actos acusados

Los actos fictos, previa declaratoria de su existencia, surgidos del silencio administrativo negativo respecto de las comunicaciones de 31 de octubre de 2002 dirigidas al director del departamento administrativo de la Presidencia de la República y al alcalde de San Vicente del Caguán (Caquetá), solicitaron el reconocimiento de los emolumentos salariales y prestaciones causados como consecuencia de la vinculación contractual de los demandantes como miembros del cuerpo cívico de convivencia o policía cívica del municipio de San Vicente del Caguán; y como pretensión subsidiaria se declare la nulidad del Oficio 468 de 10 de diciembre de 2002 (fls. 13-14, cndno. ppal.), proferido por la directora del fondo de programas especiales para la paz, que negó la misma solicitud salarial y prestacional.

Las peticiones de 13 de octubre de 2002 (fls. 8-9, cndno. ppal.), se orientaron al reconocimiento de la relación laboral legal y reglamentaria de los demandantes durante la prestación del servicio y el pago de los emolumentos y prestaciones sociales.

De lo probado en el proceso

Vinculación como policía cívico.

La certificación de 6 de septiembre de 2000, proferida por el coordinador de la policía ívica del municipio de San Vicente del Caguán, indicó que los demandantes se desempeñaron como policías cívicos en forma ininterrumpida del 7 de agosto al 6 de septiembre de 2000, con una asignación de $ 418.000. (fls. 84-86). En dicha certificación no figuran los demandantes: Cruz Enrique Narváez Tellez, Mariela Tovar Osorio, Beatriz Alape López, Robinson Mendoza López, Oscar Iván Duengas Trujillo y Félix Mojica.

Asimismo en relación con la vinculación obra dentro del plenario los siguientes decretos proferidos por el alcalde municipal de San Vicente del Caguán: 013 de 18 de enero de 1999 nombrando como policías cívicos a Luis Antonio Ballén Monje, Pedro José Araujo Caballero, Alexander Rueda Díaz (fls. 18 a 20, cdno. 2); 037 de 7 de abril de 1999 nombrando a Javier Lugo Rojas (fls. 54 y 55, cdno. 2); 062 de 8 de julio de 1999 nombrando a Robinson Mendoza; 070 de 7 de agosto de 1999 nombrando Jhon Kennedy y Cruz Enrique Narváez Tellez (fls. 60 y 61, cdno. 2).

Reposan también los contratos suscritos entre el DAPRE - Fondo de Programas Especiales para la Paz y los actores Alexander Rueda Diaz, Luis Antonio Ballén Monje y Pedro José Araujo Caballero, con una duración de 3 meses (fls. 21-30, cdno. 2), cuyo objeto contractual fue el siguiente:

“Cláusula primera: Objeto: En virtud del presente contrato, El (La) contratista se obliga a prestar los servicios personales con autonomía técnica y administrativa a la oficina del alto comisionado para la paz, para actuar como policía cívica del municipio de San Vicente; de conformidad con las directrices y orientaciones de la oficina. Cláusula segunda: valor y forma de pago: El valor del presente contrato asciende a la suma de setecientos cincuenta mil pesos mcte ($ 750.000), en cuotas iguales y vencidas de doscientos cincuenta mil pesos ($ 250.000) m/cte, a través de la Fiduciaria de Occidente S.A. a la cuenta que indique el contratista, o cobrado directamente por el contratista ante la Fiduciaria de Occidente S.A. o ante la entidad bancaria que la Fiduciaria de Occidente le indique. PAR.—Sin perjuicio de lo anterior, queda entendido que la forma de pago de que trata esta cláusula corresponde a la prestación efectiva y real del servicio. En caso de que el contratista no cumpla con la prestación en los términos indicados en este contrato, las partes acordarán el pago proporcional a los servicios efectivamente prestados. Cláusula tercera: plazo y duración. El plazo de ejecución del presente contrato es de tres (3) meses. La duración del contrato será el plazo de ejecución y tres (3 meses más.) (...) Cláusula cuarta: obligaciones del contratista. En virtud del presente contrato el contratista, además de las obligaciones establecidas en el artículo 5º de la Ley 80 de 1993, se obliga a: a.) Prestar el servicio de apoyo y vigilancia como policía cívica del municipio de que trata el objeto del presente contrato, durante el término de 90 días, ordenado para la zona de distensión; b.) apoyar al alcalde municipal en las labores de preservación del orden público; c.) presentar los informes verbales y/o escritos que le solicite la oficina del alto comisionado para la paz, o el alcalde municipal; d) Actuar coordinadamente con el alcalde municipal, para el desarrollo del objeto del contrato. 2.) Actuar con reserva y discreción en el cumplimiento de las labores encomendadas y acatar los parámetros y directrices que para el efecto imparta la oficina del alto comisionado para la paz. 3.) No acceder a peticiones o amenazas de quienes actúen por fuera de la ley, con el fin de obligarlo a hacer u omitir algún acto o hecho. 4.) Las demás que se deriven de la naturaleza del presente contrato y que garanticen su cabal y oportuna ejecución.

(...)”.

Jurisprudencia relacionada con el contrato de prestación de servicios

La Corte Constitucional, en Sentencia C-154 de 1.997, con ponencia del doctor Hernando Herrera Vergara, estableció las diferencias entre el contrato de carácter laboral y aquel de prestación de servicios, así:

“b. La autonomía e independencia del contratista desde el punto de vista técnico y científico, constituye el elemento esencial de este contrato. Esto significa que el contratista dispone de un amplio margen de discrecionalidad en cuanto concierne a la ejecución del objeto contractual dentro del plazo fijado y a la realización de la labor, según las estipulaciones acordadas.

Es evidente que por regla general la función pública se presta por parte del personal perteneciente a la entidad oficial correspondiente y solo, excepcionalmente, en los casos previstos, cuando las actividades de la administración no puedan realizarse con personal de planta o requieran de conocimientos especializados, aquellas podrán ser ejercidas a través de la modalidad del contrato de prestación de servicios”.

Lo anterior significa, que el contrato de prestación de servicios puede ser desvirtuado cuando se demuestra la subordinación o dependencia respecto del empleador, evento en el cual surgirá el derecho al pago de prestaciones sociales en favor del contratista, en aplicación del principio de prevalencia de la realidad sobre las formas en las relaciones de trabajo, artículo 53 de la Constitución Política.

La relación de trabajo se encuentra constituida por tres elementos, a saber, la subordinación, prestación personal del servicio y remuneración por el trabajo cumplido.

Es pertinente destacar que el reconocimiento de la existencia de una relación laboral, no implica conferir la condición de empleado público, pues, según lo ha indicado el Consejo de Estado, dicha calidad no se confiere por el solo hecho de trabajar para el Estado:

“Como ya lo ha expresado la corporación, para acceder a un cargo público se deben cumplir todos y cada uno de los requisitos señalados en la Constitución y en la ley. La circunstancia de trabajar para el Estado, no confiere la condición de empleado público”(1).

Al respecto, la Sala Plena del Consejo de Estado, en decisión adoptada el 18 de noviembre de 2003, Radicación IJ-0039, consejero ponente Nicolás Pájaro Peñaranda, actora: María Zulay Ramírez Orozco, manifestó:

“6. Es inaceptable el criterio según el cual la labor que se cumple en casos como aquel a que se contrae la litis, consistente en la prestación de servicios bajo la forma contractual, está subordinada al cumplimiento de los reglamentos propios del servicio público por no haber diferencia entre los efectos que se derivan del vínculo contractual con la actividad desplegada por empleados públicos, dado que laboran en la misma entidad, desarrollan la misma actividad, cumplen ordenes, horario y servicio que se presta de manera permanente, personal y subordinada.

Y lo es, en primer término, porque por mandato legal, tal convención no tiene otro propósito que el desarrollo de labores “relacionadas con la administración o funcionamiento de la entidad; lo que significa que la circunstancia de lugar en que se apoya la pretendida identidad de la relación jurídica derivada del contrato (sitio donde se prestó el servicio) con la situación legal y reglamentaria, carece de fundamento válido. Son las necesidades de la administración las que imponen la celebración de contratos de prestación de servicios con personas naturales cuando se presente una de dos razones: a.) que la actividad no pueda llevarse a cabo con personal de planta; b.) que requiera de conocimientos especializados la labor (L. 80/93, art. 32).

Es inaceptable, además, porque si bien es cierto que la actividad del contratista puede ser igual a la de empleados de planta, no es menos evidente que ello puede deberse a que este personal no alcance para colmar la aspiración del servicio público; situación que hace imperiosa la contratación de personas ajenas a la entidad.

Y si ello es así, resulta obvio que deben someterse a las pautas de esta y a la forma como en ella se encuentran coordinadas las distintas actividades. Sería absurdo que contratistas encargados del aseo, que deben requerirse con urgencia durante la jornada ordinaria de trabajo de los empleados, laboren como ruedas sueltas y a horas en que no se les necesita. Y lo propio puede afirmarse respecto del servicio de cafetería, cuya prestación no puede adelantarse sino cuando se encuentra presente el personal de planta.

En vez de una subordinación lo que surge es una actividad coordinada con el quehacer diario de la entidad, basada en las cláusulas contractuales”.

En dicho fallo se concluyó lo siguiente:

1. El vínculo contractual que subyace en los contratos de prestación de servicios no es contrario a la ley.

2. No existe identidad de la relación jurídica derivada del contrato (sitio donde se prestó el servicio) con la situación legal y reglamentaria, ya que, entre otras razones, el hecho de trabajar al servicio del Estado no puede en ningún caso conferir el status de empleado público, sujeto a un específico régimen legal y reglamentario.

3. No existe violación del derecho de igualdad por el hecho de la suscripción de los contratos de prestación de servicios, puesto que la situación del empleado público, se estructura por la concurrencia de elementos sin los cuales dicha relación no tiene vida jurídica (art. 122 de la Constitución Política), es distinta de la que se origina en razón de un contrato de prestación de servicios. Esta última no genera una relación laboral ni prestacional.

4. La situación del empleado público es diferente a la que da lugar al contrato de trabajo, que con la administración solo tiene ocurrencia cuando se trata de la construcción y mantenimiento de obras públicas.

5. Se hizo énfasis en la relación de coordinación entre contratante y contratista para el caso específico.

Sin embargo y pese a lo anterior, si el interesado vinculado bajo la forma de contrato de prestación de servicios, logra desvirtuar su existencia al demostrar la presencia de la subordinación o dependencia respecto del empleador, prestación personal del servicio y remuneración, tendrá derecho al pago de prestaciones sociales en aplicación del principio de prevalencia de la realidad sobre las formas en las relaciones de trabajo (C.P., art. 53).

Tal posición ha sido adoptada por la Sala en los siguientes términos(1):

“De acuerdo con lo anterior, en un plano teórico y general, cuando existe un contrato de prestación de servicios entre una persona y una entidad pública y se demuestra la existencia de los tres elementos propios de toda relación de trabajo, esto es, subordinación, prestación personal y remuneración, surge el derecho a que sea reconocida una relación de trabajo que, en consecuencia, confiere al trabajador las prerrogativas de orden prestacional.

(...).

De acuerdo con las pruebas que obran en el proceso, la demandante estuvo vinculada mediante contratos de prestación de servicios u órdenes de servicios durante los periodos que se encuentran señalados en el acápite de hechos probados.

La Sala reconocerá la existencia de una relación laboral por la existencia de una relación de subordinación entre la entidad contratante y la contratista, según se desprende de las cláusulas que a continuación se transcriben, además del ejercicio por parte de esta de labores propias de un funcionario público:

(...).

Las estipulaciones anteriores permiten concluir que cuando la demandante desarrolló su actividad bajo la figura de contratos u órdenes de prestación de servicios lo hizo para cumplir una relación de tipo laboral, pues el cumplimiento de labores encomendadas se llevó a efecto en desarrollo de instrucciones impartidas por sus superiores y debía reportar a estos el desarrollo de la actividad”.

Ahora bien, es necesario aclarar que la relación de coordinación de actividades entre contratante y contratista, implica que el segundo se somete a las condiciones necesarias para el desarrollo eficiente de la actividad encomendada, lo cual incluye el cumplimiento de un horario, o el hecho de recibir una serie de instrucciones de sus superiores, o tener que reportar informes sobre sus resultados, sin que signifique necesariamente la configuración de un elemento de subordinación.

Cambio jurisprudencial

En reciente sentencia de la Sección Segunda del Consejo de Estado, modificó la tesis que se venía acogiendo respecto del reconocimiento a título de indemnización de las prestaciones ordinarias que devenga un empleado público en igualdad de condiciones, cuando se demuestra la existencia del contrato realidad.

En dicha providencia(2) se indicó que si bien el contratista que desvirtúa su situación no se convierte automáticamente en empleado público, ello no restringe la posibilidad de que precisamente luego de probar la subordinación se acceda a la reparación del daño, aclarando que el título no sería consistente con el restablecimiento del derecho entendido como la restitución de la situación al estado anterior (Vr.Gr. reintegro y pago de los emolumentos dejados de percibir) pues al ser inexistente el empleo en la planta de personal se imposibilita ordenar tal condena, empero sí, el pago de la totalidad de las prestaciones sociales que nunca fueron sufragadas liquidada con base en los honorarios pactados en el contrato.

Asimismo, se varió la posición para indicar que si se logra desvirtuar el contrato de prestación de servicios, y se acepta la existencia de una verdadera relación laboral es apenas lógico que produzca plenos efectos, ello es, que el tiempo laborado sea útil para el reconocimiento de la pensión de jubilación, así como la seguridad social (Salud), caja de compensación y subsidio familiar, aspectos estos que no requieren de petición específica, pues constituyen una consecuencia obligada de la declaración de la existencia de tal relación(3).

Caso concreto

De las pruebas que fueron arrimadas al plenario para determinar la existencia de una relación laboral entre los actores y el departamento administrativo de la Presidencia —DAPRE—, se destaca el contenido del contrato de prestación de servicios (fl. 21, cndo. 2), —Cláusula quinta A— habida consideración que los demandante se obligaron a Prestar el servicio de apoyo y vigilancia, durante el término de 90 días, ordenados para la zona de distinción.”,demostrando con esto que la labor no es permanente sino que fue por un tiempo determinado y ajena a las funciones que cumple el Departamento Administrativo de la Presidencia —DAPRE— pues la orientación de la Policía Cívica corresponde a la Policía Nacional, conforme lo dispone la Ley 4ª de 1991(4) con el siguiente tenor literal:.

“ART. 21.—Policia cívica local como cuerpo de colaboracion ciudadana. Los alcaldes podrán organizar el servicio de policía cívica local, como una actividad de colaboración a las funciones de policía administrativa, con carácter permanente, voluntaria, no remunerada, sujeta a su inmediata dirección y bajo la coordinación y el control de la Policía Nacional, de conformidad con el estatuto básico que expida la dirección general de la misma.

Sobre el contrato de prestación de servicios, el artículo 32-3. de la Ley 80 de 1993, es del siguiente tenor expreso:

(...).

Son contratos de prestación de servicios los que celebren las entidades estatales para desarrollar actividades relacionadas con la administración o funcionamiento de la entidad. Estos contratos solo podrán celebrarse con personas naturales cuando dichas actividades no puedan realizarse con personal de planta o requieran conocimientos especializados.

En ningún caso estos contratos generan relación laboral ni prestaciones sociales y se celebrarán por el término estrictamente indispensable.

(...)”.

En el sub lite encuentra la Sala que el contrato de prestación de servicios celebrado entre el departamento administrativo de la Presidencia y los demandantes, en efecto se pactó por un término de 90 días mientras duró la zona de distensión, situación que por demás fue excepcional para gestionar diálogos de paz con las Farc-EP, sin que su ejecución fuera posible con personal de planta de dicho departamento administrativo por cuanto la labor de Policía Cívica está legalmente atribuida a la Policía Nacional.

En el caso de autos, según obra en el plenario, se suscribieron con los demandantes contratos de prestación de servicios dada la imposibilidad de suplirlos con personal de planta. Se trató entonces, de una relación o vínculo de tipo esporádico u ocasional durante un tiempo limitado, sin que constituya un indicio claro de que bajo la figura del contrato de prestación de servicios se dio en realidad una relación de tipo laboral.

Si bien es cierto que la administración está facultada para celebrar los contratos de prestación de servicio con la parte demandante, según lo estipulado en el artículo 32 de la Ley 80 de 1993, y el cambio jurisprudencial que sobre la materia incluyó la sentencia de Sala Plena de esta corporación, adoptada el 18 de noviembre de 2003, Radicación IJ-0039, consejero ponente Nicolás Pájaro Peñaranda, Actora: María Zulay Ramírez Orozco, también lo es que la citada sentencia indicó que el trabajo desempeñado por determinados contratistas no se podría considerar como generador de una relación laboral, por cuanto en el mismo se presentaron relaciones de coordinación, más no de subordinación, con el siguiente tenor literal:

Es inaceptable, además, porque si bien es cierto que la actividad del contratista puede ser igual a la de empleados de planta, no es menos evidente que ello puede deberse a que este personal no alcance para colmar la aspiración del servicio público; situación que hace imperiosa la contratación de personas ajenas a la entidad. Y si ello es así, resulta obvio que deben someterse a las pautas de esta y a la forma como en ella se encuentran coordinadas las distintas actividades. Sería absurdo que contratistas encargados del aseo, que deben requerirse con urgencia durante la jornada ordinaria de trabajo de los empleados, laboren como ruedas sueltas y a horas en que no se les necesita. Y lo propio puede afirmarse respecto del servicio de cafetería, cuya prestación no puede adelantarse sino cuando se encuentra presente el personal de planta. En vez de una subordinación lo que surge es una actividad coordinada con el quehacer diario de la entidad, basada en las cláusulas contractuales”.

En el presente caso por las razones y situaciones expuestas en la sentencia de Sala Plena, se asemeja a su contenido por cuanto la Ley 4ª de 1991 indica que el servicio de policía cívico es una actividad de colaboración a las funciones de policía administrativa”,sin que exista subordinación sino coordinación para el desempeño de las funciones temporales.

Por las razones expuestas, se revocará la decisión impugnada, que se inhibió de un pronunciamiento de fondo y negó las súplicas, y en consecuencia se negarán las pretensiones de la demanda en consideración a la labor excepcional y temporal del servicio de policía cívica prestado en la zona de San Vicente del Caguán (Caquetá).

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección “B”, administrando Justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

REVÓCASE la sentencia de 1º de septiembre de 2006, proferida por el Tribunal Administrativo del Caquetá, que declaró oficiosamente la excepción de inepta demanda por indebida acumulación de pretensiones y negó las súplicas de la acción incoada por Alexander Rueda Díaz, Jhon Kennedy Narváez Téllez, Cruz Enrique Narváez Téllez, Luis Antonio Ballén Monje, Ferney Amézquita Ramos, Gilberto Pechene Bautista, Mariela Tovar Osorio, Beatriz Alape López, Robinson Mendoza López, Oscar Iván Luengas Trujillo, Félix Mojica, Pedro José Araujo Caballero, Duván Perdomo Monroy, Javier Lugo Rojas, Eduardo Cedeño García y Olbar Granados Medina contra el Departamento Administrativo de la Presidencia y el Municipio de San Vicente del Caguán (Caquetá), aclarando que una vez declarada la inepta demanda, no es viable ni jurídico negar las pretensiones de la demanda.

En su lugar,

NIÉGANSE las súplicas de la demanda,

Cópiese, notifíquese y devuélvase el expediente al tribunal de origen. cúmplase.

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en la presente sesión».

(1) Sentencia del 25 de enero de 2001, Expediente 1654-2000, magistrado ponente Nicolás Pájaro Peñaranda.

(1) Expedientes 0245 y 2161 de 2005, M.P. Jesús María Lemos Bustamante.

(2) Sentencia de 19 de febrero de 2009, M.P. Bertha Lucía Ramírez de Páez, Expediente 2005-3074, actora Ana Reinalda Triana Viuchi.

(3) El Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, había ordenado el reconocimiento de estos efectos, en sentencia del 17 de abril de 2008, Radicación 54001-23-31-000-2000-00020-01(2776-05), actor: Jose Nelson Sandoval Cárdenas, demandado: Instituto Financiero para el desarrollo de Norte de Santander - Ifinorte, magistrado ponente Jaime Moreno Garcia.

(4) Por la cual se dictan normas sobre orden público interno, policía cívica local y se dictan otras disposiciones