Sentencia 2003-00099 de junio 1º de 2017

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN “B”

Consejero Ponente:

Ramiro Pazos Guerrero

Bogotá, D.C., primero (1º) de junio de dos mil diecisiete (2017).

Expediente: 45416

Rad.: 19001233100020030009901

Actores: Andrés José Cerón Medina y otros

Demandados: Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional – Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional

Acción: Reparación directa

EXTRACTOS: «II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

1. Presupuestos procesales de la acción.

1.1. Jurisdicción y competencia.

Es esta jurisdicción la llamada a resolver la controversia, en atención al carácter público de la demandada(2).

La Sala es competente para resolver la apelación en razón a la vocación de doble instancia del asunto, determinada por su cuantía, por cuanto la pretensión mayor, de acuerdo con lo pedido en la demanda (fl. 17, cdno. 1), corresponde a la suma de $ 400.000.000 reclamados por concepto de daño emergente, valor que individualmente considerado es superior a 500 salarios mínimos del año del año 2003, cuando se presentó la demanda (fl. 132, cdno. 1).

1.2. Acción procedente.

En los términos del artículo 86 del Código Contencioso Administrativo, la acción procedente para deprecar en sede judicial la declaratoria de responsabilidad extracontractual del Estado y la correspondiente reparación de perjuicios es la de reparación directa tal como fue promovida por los demandantes.

1.3. Legitimación en la causa de los extremos de la litis. 

1.3.1. De la parte activa.

El señor Andrés José Cerón tiene legítimo interés para comparecer como actor en su condición de directo afectado con los hechos en que se funda la litis. El legítimo interés de los demás demandantes, que los habilita para comparecer en esa calidad a la actuación, deviene del vínculo afectivo y de parentesco con él, que acreditaron así:

Rosa Lía Medina de Cerón acreditó ser la progenitora, según consta en el registro civil de nacimiento del directo afectado (fl. 3, cdno. 1); se probó que Juliana Cerón Martínez es su hija (fl. 4, cdno. 1), Alba Abella de Medina su abuela materna (fl. 5, cdno. 1), Luz Alina Cerón Medina es su hermana (fl. 6, cdno. 1) y María Claudia Martínez Gaeth su cónyuge (fl. 7, cdno. 1).

1.3.2. De la parte pasiva.

Frente a la legitimación en la causa por pasiva la Sala encuentra que la actora le atribuye a las demandadas la responsabilidad por omisión en la protección y seguridad que, a su juicio, les correspondía brindar al señor Cerón Medina, imputación por la que están llamadas a responder en el presente asunto. Cosa distinta es el juicio de imputación de responsabilidad, que será materia de examen al dilucidar el fondo de la controversia.

1.4. La caducidad de la acción.

El ordenamiento jurídico prevé la figura de la caducidad como una sanción por el no ejercicio oportuno de las acciones judiciales, de modo que si se instauran por fuera del límite temporal previsto en la ley, el ciudadano pierde la posibilidad de hacer efectivo el derecho sustancial que intenta deprecar ante la administración de justicia.

En cuanto a las pretensiones que se ventilan a través de la acción de reparación directa, el numeral 8º del artículo 136 del Código Contencioso Administrativo dispone que esta debe promoverse en un término máximo de dos años contados a partir del día siguiente a la ocurrencia de la causa del daño (hecho, omisión, operación administrativa u ocupación temporal o permanente).

En el sub lite se pretende endilgar responsabilidad a la demandada por el secuestro del que fue liberado el señor Cerón Medina el día 17 de septiembre de 2001, mientras que la demanda se promovió el 7 de febrero de 2003 (fl. 132, cdno. 1), esto es, dentro de los dos años siguientes.

Estima la Sala que la fecha del secuestro no puede tenerse en cuenta para iniciar la contabilización del término de caducidad, en tanto solo hasta la época de la liberación se tuvo certeza por parte de los demandantes de la magnitud del daño padecido, máxime cuando en cautiverio le era imposible a la víctima directa acudir a la justicia en procura de sus pretensiones.

2. Problema jurídico.

Para definir la controversia y como quiera que sobre ello discurre el recurso que debe decidirse, analizará la Sala bajo qué supuestos puede ser llamado el Estado a responder por actos delictivos de terceros, para establecer, de acuerdo con las evidencias allegadas, si se presenta en el sub lite alguno de ellos.

En caso de decisión favorable a las pretensiones será preciso resolver problemas jurídicos derivados, tales como la posibilidad de resarcir las sumas pagadas a los captores para obtener la liberación del secuestrado y de reconocer indemnización por los daños inmateriales cuya reparación se pretende y, en caso afirmativo, en qué medida.

3. Análisis probatorio.

3.1 Cuestión previa. Del mérito probatorio de ciertas evidencias allegadas a la actuación.

La decisión del recurso impone las siguientes precisiones en cuanto al mérito probatorio de algunas evidencias allegadas a la actuación:

3.1.1. Prueba trasladada.

Como cuestión previa a acometer el estudio de las evidencias aportadas, es preciso indicar que aquellas que fueron trasladadas y que corresponden al proceso penal adelantado con ocasión de los hechos, serán valoradas por cuanto fueron practicadas por la Nación a través de la Fiscalía General de la Nación, esto es con audiencia de la persona jurídica en cuya representación comparecen la demandadas.

En reciente pronunciamiento, la Sección Tercera de esta corporación unificó su interpretación en cuanto al valor de las pruebas trasladadas, en el sentido de considerar que cuando han sido practicadas en el proceso primigenio por la Nación, por intermedio de cualquiera de los entes públicos que la representan, debe entenderse que lo fueron con audiencia de la referida persona jurídica y, en consecuencia, pueden tenerse válidamente como pruebas. Señaló la corporación en esa oportunidad(3):

[E]n los casos en donde las partes guardan silencio frente a la validez y admisibilidad de dichos medios de convicción trasladados, y además se trata de un proceso que se sigue en contra de una entidad del orden nacional, en el que se pretenden hacer valer los testimonios que, con el pleno cumplimiento de las formalidades del debido proceso, han sido recaudados en otro trámite por otra entidad del mismo orden, la Sala unifica su jurisprudencia en el sentido de afirmar que la persona jurídica demandada —la Nación— es la misma que recaudó las pruebas en una sede procesal diferente, lo que implica que, por tratarse de testimonios recopilados con la audiencia de la parte contra la que se pretenden hacer valer en el proceso posterior, son plenamente admisibles y susceptibles de valoración, según la interpretación más estricta que pueda hacerse de las formalidades establecidas en el artículo 229 del Código de Procedimiento Civil, según las cuales la ratificación de las declaraciones juramentadas trasladadas sólo es necesaria “... cuando se hayan rendido en otro [proceso], sin citación o intervención de la persona contra quien se aduzcan en el posterior...”.  

12.2.19. La anterior regla cobra aún mayor fuerza si se tiene en cuenta que, en razón del deber de colaboración que les asiste a las diferentes entidades del Estado(4), a éstas les es exigible que las actuaciones que adelanten sean conocidas por aquellas otras que puedan tener un interés directo o indirecto en su resultado, máxime si se trata de organismos estatales que pertenecen al mismo orden, de tal manera que las consecuencias de una eventual descoordinación en las actividades de los estamentos del Estado, no puede hacerse recaer sobre los administrados, quienes en muchas ocasiones encuentran serias dificultades para lograr repetir nuevamente dentro del proceso judicial contencioso administrativo, aquellas declaraciones juramentadas que ya reposan en los trámites administrativos que han sido adelantados por las entidades correspondientes. 

De acuerdo con lo expuesto, las pruebas recaudadas por la Fiscalía General de la Nación son admisibles en cuanto se pretenden hacer valer en contra de la misma persona jurídica a la que esta representó al practicarlas, la Nación.

Con fundamento en lo expuesto, la Sala tendrá como legamente incorporadas y controvertidas las evidencias trasladadas allegadas y, en consecuencia, las valorará al decidir el fondo del asunto.

3.1.2. Valor probatorio de las copias informales.

La Sección Tercera de esta corporación en reciente fallo de unificación de jurisprudencia(5), decidió otorgar mérito probatorio a las copias informales, en virtud de los principios constitucionales de buena fe y lealtad procesal, en tanto se hayan surtido las etapas de contradicción y su veracidad no hubiera sido cuestionada a lo largo del proceso. Adujo la Sala, que una interpretación contraria implicaría la afectación del derecho fundamental al acceso a la administración de justicia y desconocería la prevalencia del derecho sustancial sobre el procesal. En consecuencia, se dará mérito a las documentales aportadas en copia informal.

3.1.3. Valor probatorio de los informes de prensa.

El material probatorio allegado al proceso está constituido, entre otros medios de prueba, por algunas publicaciones de prensa escrita.

Estos medios probatorios, de conformidad con la decisión de la Sala Plena de la corporación del 29 de mayo de 2012(6) no tienen, por sí mismos, la suficiente entidad para probar la veracidad del contenido de la información divulgada, por lo que su eficacia probatoria descansa en el vínculo de conexidad que se acredite con otros elementos probatorios obrantes en el plenario. En consecuencia, “(...) cualquier género periodístico que relate un hecho (reportajes, noticias, crónicas, etc.), en el campo probatorio puede servir solo como un indicador para el juez, quien a partir de ello, en concurrencia con otras pruebas regular y oportunamente allegadas al proceso, podría llegar a constatar la certeza de los hechos”.

De acuerdo con el precedente jurisprudencial, la Sala procederá a valorar probatoriamente los recortes de prensa. Sobre su mérito se pronunciará al realizar el análisis crítico de tales evidencias.

3.1.4. Valor probatorio de las declaraciones extrajudiciales.

No se le dará valor de testimonio a la declaración extrajudicial rendida por el señor Jhon Jairo Restrepo Medina (fl. 30, cdno. 1) ante el Notario Primero del Círculo de Bogotá, en atención a lo previsto en el artículo 299 del Código de Procedimiento Civil, de acuerdo con el cual ese tipo de declaración solo tiene valor para fines extraprocesales(7).

3.2. Hechos probados.

Con los medios de prueba recaudados, se demostraron los siguientes hechos relevantes para la decisión del caso:

3.2.1. Los demandantes aportaron un documento anónimo escrito a máquina, sin fecha (fl. 40, cdno. 1) en el que se lee:

Doctora LIA. La saludo y quiero darle una información muy seria porque la estimo mucho ya usted logro (sic) por la negociación que se hiso (sic) de la finca al Incora que un grupo de campesinos muy pobres logramos tener por fin nuestra parcela y un sustento para nuestras familias. Resulta (sic) doctora Lía que un grupo de delincuentes que se hacen pasar por guerrilleros no se de que (sic) grupo la tienen a usted en la mira o a unos de sus hijos para secuestrarla porque creen que usted tiene mucha plata. Cuidese (sic) doctora Lía de las personas que la frecuentan especialmente de Cesar Marín quien es el que está entregando toda la información a ese grupo de usted y su familia, cesar es persona peligrosa pues tiene antecedentes de secuestro y homicidio en los jusgados (sic) y es el que esta (sic) planeando todo y dice ser amigo suyo. El secuestro esta (sic) planeado para ejecutarlo este fin de año.  

3.2.2. Con ocasión del mencionado escrito, se presentó denuncia ante la Fiscalía General de la Nación el 23 de diciembre de 1999 (fl. 41, cdno. 1).

3.2.3. En oficio de 26 de agosto de 2001 (fl. 42, cdno. 1), la Policía Judicial del Cauca hizo constar:

Revisado el archivo existente en la Sección de Policía Judicial consta que a la familia CERÓN MEDINA, se le brindó servicio de seguridad, debido a amenazas en las que se manifestaba que uno de los miembros de su familia sería objeto de secuestro, con base a esta información se adelantaron investigaciones, actividades de vigilancia, seguimiento y trabajo de inteligencia, y los elementos probatorios recaudados fueron enviados a la Fiscalía unidad de reacción inmediata (URI), la cual determino (sic) que no era procedente abrir acción penal. 

Es de anotar que el servicio de escolta lo prestó el agente Jhon Jairo Restrepo, durante dos meses, retirándose el día 15.ene.2000, en razón a que los motivos que lo originaron no continuaron, no obstante se les brindó instrucciones y orientaciones de auto protección. Transcurrido un año el 25.feb.2001, su hijo ANDRÉS JOSÉ CERÓN MEDINA, fue secuestrado por subversivos de las FARC, hecho denunciado y puesto en conocimiento de las autoridades.  

3.2.4. El 22 de agosto de 2000 (fl. 94, cdno. 1) el gobernador del Cauca dirigió una comunicación al comandante del Ejército Nacional, en la que puso de presente el incremento de las actividades delictivas de secuestro y extorsión, delitos de los que fueron víctimas por esos días un magistrado, un docente y un menor de edad. Dice el comunicado:

La zona del Macizo Colombiano se encuentra totalmente desprotegida. Las bandas armadas de la subversión se pasean libremente y sin control alguno por los cascos urbanos de Santa Rosa, San Sebastián y La Vega, ante la ausencia de la Fuerza Pública. Esta situación es conocida desde más de un año y fue denunciada oportunamente. Por esta razón le agradezco una pronta y decisiva acción con el objeto de recuperar esa zona del departamento del Cauca. 

Aunque no hay constancia de la radicación del documento, se aportó el oficio de 7 de enero de 2001 (fl. 55, cdno. 1), en el que el jefe de estado mayor del Ejército Nacional da respuesta al gobernador (frente a otro oficio de noviembre 15 de 2000), informándole que “esta unidad operativa mayor efectuó el trámite correspondiente a la Tercera Brigada con el fin de evaluar la información y tomar medidas de seguridad para contrarrestar y/o prevenir acciones delictivas por parte de los grupos al margen de la ley que amenazan la ciudad de Popayán y la zona rural de esa parte del país” (fl, 55, cdno. 1).

3.2.5. El 25 de octubre de 2000 (fl. 56, cdno. 1), el gobernador del Cauca Cesar Negret Mosquera elevó una solicitud ante los ministros del interior y de defensa, en la que puso de presente la grave situación de orden público en algunos municipios de ese ente territorial, en los siguientes términos:

A menos de ochenta horas de las elecciones del próximo domingo, me veo obligado a dirigirme nuevamente a ustedes para reiterarles mi solicitud de tomar medidas urgentes de orden público, consistentes, entre otras, en la militarización de los municipios de Argelia, Balboa, Mercaderes, Patía, El Tambo, Miranda, Cajibío, Silvia, Totoró y Morales.  

Los alcaldes, candidatos a Alcaldes y a Corporaciones públicas de los anteriores municipios, han sido sometidos a graves amenazas por parte de grupos al margen de la ley, creando una situación de inseguridad, inestabilidad y alarma en las regiones. 

Oportunamente, en varias comunicaciones anteriores, dirigidas al señor Presidente de la República, al Comandante del Ejército y a sus propios despachos, he solicitado un tratamiento especial para atender esta situación, de imprevisibles consecuencias para el normal desarrollo del debate electoral, sin que hasta el día de hoy, haya obtenido respuesta positiva alguna. 

La gravedad de los hechos que se están sucediendo en el Departamento, nos ha obligado a citar diariamente al consejo departamental de seguridad, el cual ha sesionado conjuntamente con la comisión regional de coordinación y seguimiento de los procesos electorales para analizar y adoptar las medidas que estén a nuestro alcance y que la situación demanda. Nuestros recursos son muy limitados. Si no hay incremento de Fuerza Pública y militarización de los municipios antes citados, con suficiente anticipación al debate, estamos ante el grave riesgo de que no se pueda cumplir, en esos sitios, el normal desarrollo electoral. 

En la reunión que se llevo (sic) a cabo el 18 de octubre pasado, a la cual asistieron representantes de los municipios que afrontan hoy una situación de mayor inseguridad, los señores Silvio Villegas y Edmundo Burbano, Alcaldes de Morales y Cajibío, respectivamente, entre otros, denunciaron el alarmante deterioro del orden público en sus jurisdicciones. Ayer martes, el alcalde Silvio Villegas y los cuatro candidatos a la alcaldía de Morales, fueron señalados como objetivo militar por uno de los grupos al margen de la ley, quien los conminó, además, a abandonar el municipio, en un plazo de 48 horas. 

El día de hoy miércoles, 25 de los corrientes, a las 11 de la mañana, un grupo de hombres armados irrumpió en las oficinas de la Alcaldía de Cajibío, llevándose secuestrado al señor Edmundo Burbano, Alcalde de la localidad. 

Frente a estos lamentables hechos, reitero otra vez, la urgencia de incrementar, sin más tardanza, el número de efectivos en el departamento, ordenando la militarización inmediata de los municipios arriba citados, para prevenir la ocurrencia de hechos similares, los cuales ya habían sido anunciados en una nutrida correspondencia al respecto.  

Pese a que la referida comunicación no contiene las constancias de envío, su autor hizo constar con destino al proceso lo correspondiente a su actuación como gobernador del Cauca, en respuesta a lo ordenado por el tribunal a quo (fl. 43, cdno. 3):

Todas las solicitudes verbales y por escrito que hice no fueron escuchadas ni atendidas; debido a la falta de pie de fuerza, se agravó la situación de orden público en el departamento, y como usted bien lo explican todos esos oficios que envié y que están en los archivos del departamento no fueron contestados. Varios municipios del departamento no tenían puestos de Policía ni del ejército como Silvia, Jambaló, Caldono, Cajibío entre otros, municipios en los que se encontraba cautivo Andrés José Cerón.  

3.2.6. En informe secreto de 12 de diciembre de 2000 (fl. 984, cdno. 4) el Batallón de Infantería José Hilario López se refirió a la situación de la presencia de grupos armados y dispuso la “orden fragmentaria de operaciones Nº 36”, en la que indicó:

Bandoleros integrantes de la Columna Móvil JACOBO ARENAS de las FARC, VI-VIII cuadrillas de las FARC, Cp. Lucho Quintero Giraldo del ELN, grupos de autodefensas ilegales AUCC al margen de la ley, están en capacidad y tienen contemplado en forma permanente atacar las poblaciones de la jurisdicción, especialmente los cuarteles de policía, poblaciones inermes y alejadas de un apoyo inmediato por parte de las tropas, como también las entidades crediticias privadas y particulares atentando contra la integridad de la población civil, con la utilización de armas no convencionales como los cilindros de gas con explosivos y tóxicos; de acuerdo a la apreciación de inteligencia esta zona es considerada como área de influencia de estas cuadrillas, sin omitir que su capacidad de concentración se facilita por las condiciones del terreno, donde siembran el pánico y el terror entre los pobladores de la región. 

Si se tiene en cuenta que han declarado una escala terrorista y en si una guerra abierta contra la fuerza pública, concretamente sobre la vía panamericana durante el tramo que recorre esta jurisdicción, así mismo ante informaciones sobre la injerencia e incursiones de los grupos de las A.U.C.C., quienes han desplazado grupos de bandidos hacia los sectores del municipio de Morales y Cajibío, al parecer con el propósito de ejecutar planes de ajusticiamiento y confrontaciones armadas con la columna móvil Jacobo Arenas de las FARC. 

Así mismo se tiene informaciones (sic) de alta evaluación sobre el paro armado que vienen fraguando las cuadrillas de las FARC en asocio con las cuadrillas del ELN, especialmente sobre la vía panamericana. —Se resalta—. 

Con ocasión de esa situación se dispusieron distintos operativos en contra de esos grupos ilegales, a ser adelantados en el mismo mes de diciembre. Similares órdenes se dispusieron para el mes de marzo de 2001 (fl. 984, cdno. 4).

3.2.7. También se aportó el documento denominado “orden fragmentaria de operaciones Nº 009” de 6 de marzo de 2001 (fl. 990, cdno. 4), en la que se señaló:

Situación 

Bandoleros integrantes de la CP. Lucho Quintero Giraldo de las ONT-ELN, mantienen su accionar delictivo sobre el área general de La Balastrera, donde mantienen guaridas fortificadas y están en capacidad contemplada en forma permanente de atacar las poblaciones de la jurisdicción, especialmente los cuarteles de policía, poblaciones inermes y alejadas de un apoyo inmediato por parte de las tropas, como también las entidades crediticias privadas y particulares atentando contra la integridad de la población civil, con la utilización de armas no convencionales como los cilindros de gas con explosivos y tóxicos; de acuerdo a la apreciación de inteligencia esta zona es considerada como área de influencia de esta cuadrilla, sin omitir que su capacidad de concentración se facilita por las condiciones del terreno, donde siembran el pánico y el terror entre los pobladores de la región. 

Si se tiene en cuenta que han declarado una escalada terrorista y en si (sic) una guerra abierta contra la fuerza pública, concretamente sobre la vía panamericana durante el tramo que esta recorre la jurisdicción, así mismo ante informaciones sobre la injerencia e incursiones de los grupos de las AUC, quienes han desplazado grupos de bandidos hacia los sectores del Municipio de Cajibío, al parecer con el propósito de ejecutar planes de ajusticiamiento y confrontaciones armadas. 

Se dispusieron, en consecuencia, distintas instrucciones tácticas a la tropa. De igual manera, se hizo constar, a través de las minutas correspondientes, las operaciones realizadas. En efecto, el Batallón José Hilario López rindió información acerca de los desplazamientos de sus tropas en los años 2000 y 2001. Informó que desplegaron operaciones en los municipios de El Tambo, Timbío, Popayán, El Bordo, Cali, Cajibío, Piendamó, La Sierra, Rosas, Puracé, Silvia, Ipiales, Totoró, Mondomo, Caldono (fl. 941 y ss., cdno. 4). El informe da cuenta de las operaciones realizadas desde noviembre de 2000 a noviembre de 2001, del número de efectivos dispuestos para cada una, las coordenadas de cada operación y quién las comandó.

3.2.8. El 25 de febrero de 2001 (fl. 11, cdno. 1), la señora María Claudia Martínez denunció que el señor Andrés José Cerón Valencia fue secuestrado por personas que se identificaron como miembros del Ejército. Narró así lo ocurrido:

Eran entre las cuatro y media y las cinco de la tarde, estábamos en la casa de la parcelación La Aurora y notamos que hay una camioneta enfrente, una Toyota Prado color plateada, de parrilla, lujosa, nos llamó mucho la atención en ese sitio por espacio de unos cinco minutos, después arrancaron y giraron como para entrar a la parcelación, se bajaron dos o tres uniformados de camuflado del ejército con boinas verdes y armamento militar, nos pidieron que por favor abriéramos la puerta entonces creo yo que la esposa del portero fue intimidada con las armas porque abrió la reja de toda la parcelación, el carro entró a la parcelación y se bajaron tres hombres de apariencia militar en la portada de la parcela nuestra y se identificaron como miembros del ejército nacional, preguntaron por Andrés Cerón, él se identificó y le dijeron que se subiera al carro que lo llevaban detenido, mi suegra la señora Lía Medina de Cerón dijo que ella también quería ir con él, entonces ellos no pusieron ninguna resistencia pero cuando él ya estaba subiendo al carro, ellos la encañonaron y yo les pregunté porque (sic) se lo llevaban y ellos me dijeron que lo llevaban detenido, que mañana lo podíamos recoger a las nueve de la mañana en el batallón (...) les dije mañana voy al batallón y por quién pregunto, entonces metí la mano al bolsillo de la chaqueta para sacar el celular y anotar los datos y uno de ellos me dijo que (sic) va a hacer y me apuntó con el arma y allí fue cuando él ya se subió al carro y se fueron, en la puerta de la parcelación recogieron otros dos que estaban en la carretera, no más, todos iban uniformados a excepción del chofer del carro.  

3.2.9. El 19 de julio de 2001 (fl. 312, cdno. 2), la Fiscalía General de la Nación inició una investigación preliminar con ocasión del secuestro de tres ciudadanos alemanes ocurrido en el Municipio de Silvia (Cauca), por razón del informe que sobre su ilegal retención rindieron ante la Personería del referido ente territorial los señores Luís Alfonso Oliva Burbano, William Oliver Cifuentes Álvarez y Carlos Alfredo Vélez Velásquez, quienes citados a declarar por la Fiscalía narraron lo ocurrido así(8):

Ese día se tenía programado por Corpo Tunia y la GTZ Alemana una visita de tipo técnico a unos grupos comunitarios, en horas de la mañana, la comisión se desplazó a los municipios de Santander de Quilichao y Caldono, la comisión viajaba en dos vehículos en el primer vehículo viajaban las dos señoras Alemanas, esposas de los señores KUNZEL (sic), junto con el coordinador de proyectos que es el señor WILLIAN (sic) CIFUENTES, en el segundo vehículo viajábamos los hermanos KUNZEL (sic) URLICH Y THOMAS KUNZEL (sic) Y REINER BRUCHMANN, llegamos a Silvia a eso de las dos y media de la tarde y en la vía de Quizgo en la Alfarería y que son beneficiarios de los proyectos, los carros tienen una distancia prudente, el primer vehículo llega a la ladrillera, nosotros sobrepasamos un vehículo que estaba en la margen derecha, era una camioneta cuatro puertas, vidrios oscuros o sea polarizados, una vez nosotros pasamos, la camioneta nos persigue y unos veinte metros adelante, la camioneta nos sobrepasa y se cruza en el camino, se bajan unas personas fuertemente armadas, vestidas de ropa camuflada, llevaban pasamontañas, llevaban armas grandes, tenía una especie como de granadas, inmediatamente nos aborda, nos piden los papeles, nos identificamos todos (...) empezamos a explicarles el objetivo de la visita, la comunidad está en frente nuestra pero no pueden hacer nada, porque todos están amedrentados, a mí se me hace a un lado con voz fuerte se me ordena que espere, que esté quieto, intentamos hablar para que no hicieran nada, explicamos sobre nuestra visita que era de la agencia GTZ, etc., pero no se nos permitió dialogar, en ese momento otro señor de los que nos abordaron hace bajar al señor KUNZEL ULRICH y lo sientan donde yo venía, se suben por atrás otros dos sujetos se sube un señor al volante y arranca rumbo a Silvia sin decir nada. 

3.2.10. El Departamento de Policía Judicial del Cauca (fl. 351, cdno. 2) informó a la Fiscalía sobre los referidos hechos, así:

El día 18 de julio del año en curso se tuvo conocimiento que en la vereda el manzanal, resguardo indígena de Quizgo jurisdicción del Municipio de Silvia Cauca, localidad que no cuenta con servicio policial fueron secuestrados tres ciudadanos alemanes, por parte de un grupo armado ilegal que no se identificó, ni se pronunció al respecto.  

Los plagiados eran representantes de la Agencia de Cooperación Técnica Alemana GTZ en el Departamento del Cauca. 

(...) 

Por medio de una información suministrada por la estación de Policía de Caldono se tuvo conocimiento qué en la finca San Camilo, vereda Andalucía la cual se encuentra a hora y media del casco urbano de Caldono, citada finca pertenece a la comunidad Páez y negociada con Incora, se encuentran secuestrados los ciudadanos alemanes, quienes están custodiados por un numeroso grupo de subversivos del Sexto frente de las FARC y de la columna móvil JACOBO ARENAS, de estos bandoleros también se encuentra otro grupo en el sector conocido como Loma Amarilla, límite entre los municipios de Caldono y Jambaló. 

3.2.11. Con ocasión de la investigación adelantada se capturó e individualizó al señor César Alexander Espitia, quien tenía en su poder el vehículo en el que fueron secuestrados los ciudadanos alemanes; dijo haber desertado de la columna Jacobo Arenas de las FARC (fl. 379, cdno. 2). En indagatoria (fl. 429, cdno. 2) afirmó que las FARC los tenían secuestrados. Señaló:

Yo directamente no tengo nada que ver con el secuestro de los alemanes, después del secuestro de ellos me agregan a la unidad que los estaba cuidando (...) cuando a mí me integran a esa comisión los alemanes los tenían ya cerca de Mosoco, de ahí los tenemos más o menos quince días en Mosoco, de ahí dan órdenes de llevarlos a ese sitio cerca de Caloto – Páez, donde es el último sitio que se ven que está... cerca de ellos estaba otra comisión cuidando a otras personas pero no sé cuántas o quienes porque no nos dejaban tener contacto unos de los otros. 

En posterior testimonio, el referido señor Espitia, a través de comisionado declaró que siendo guerrillero movilizó al señor Cerón Medina durante su cautiverio y lo vio enfermo de los pies, casi no podía caminar, así como afectado psicológicamente por el deceso del padre, que tuvo lugar mientras permanecía secuestrado (fl. 666, cdno. 5). Reconoció como de su autoría el manuscrito aportado con la demanda (fl. 35, cdno. 1), en el que narró los hechos sobre los que versó su testimonio.

3.2.12. A lo largo de las actuaciones penales trasladadas reposa el documento denominado “Orden de Batalla VI Frente de las ONT-FARC”, sin fecha, en el que se identifica la cuadrilla “Hernando González Acosta”, creada en 1974 y con actual centro de operaciones en el departamento del Cauca, con desplazamientos identificados en dicho ente territorial y en el Valle del Cauca. De igual manera hace referencia el documento a la identidad de sus cabecillas y a las líneas de mando y sus distintas columnas: La Gaitana, compuesta por 90 personas, y Víctor Saavedra con 40 integrantes. También se señala en el documento la ubicación de las “guaridas” de dichos grupos, en distintos sectores del Cauca, se individualizan con sus nombres o alias 180 personas presuntamente integrantes de esas estructuras delictivas, se hace mención a los vehículos con los que operan y al armamento en su poder.

El documento de inteligencia tiene como soporte la entrevista realizada a César Alexander Espitia Guaquetá, miliciano de las FARC capturado en septiembre de 2001 (fl. 428, cdno. 4). Se lee en el documento:

Conclusiones 

El desarrollo de la entrevista permitió confirmar el lugar donde la compañía móvil Jacobo Arenas tiene privados de la libertad a los tres ciudadanos de nacionalidad alemana, los posibles sitios donde se pueden mover y apreciar que desde su retención arbitraria los movimientos han sido muy cortos y para no despertar sospecha utilizan una comisión pequeña para su custodia. 

Tan bien (sic) permitió conocer la ubicación de algunos milicianos y de algunas caletas de esta organización terrorista. 

(...) 

RECOMENDACIONES 

Realizar operaciones militares con el fin de liberar a los tres ciudadanos alemanes hacia el área general del corregimiento de Caloto, Moscoso y El Peñón. 

Realizar operaciones con el fin de incautar el material de guerra que tienen en la Vereda de Zumbico, el dinero que tienen en la Vereda el Peñón y recuperar los vehículos que tienen en la vereda Moscoso y Jambaló. 

Adelantar operaciones militares con el fin de desmantelar a los milicianos que esta organización narcoterrorista de las FARC tienen en el área general de los municipios de Santander de Quilichao, Silvia y Jambaló. 

3.2.13. Se recibió el testimonio del señor Raúl Ordoñez Bolaños (fl. 115, cdno. 3) quien estuvo secuestrado con el señor Cerón Medina; declaró que el trato recibido por ellos era pésimo y que los torturaban psicológicamente, bajo la amenaza de asesinarlos si no pagaban las sumas de dinero exigidas. Durante el cautiverio el señor Cerón Medina tuvo un crisis nerviosa al enterarse de que por su liberación exigían $ 5.000.000.000, suma que según afirmó no podría pagar su familia, por lo que ese hecho lo afectó particularmente. También narró que estuvieron secuestrados junto con los tres ciudadanos alemanes, en compañía de quienes fueron movilizados en varias oportunidades ante la presencia del Ejército que obligaba dichos movimientos. Sobre el padecimiento del señor Cerón Medina en el cautiverio narró que eran amenazados de muerte tanto los secuestrados como sus familias y que el maltrato era constante:

Una cosa es contarlo y otra cosa vivirlo, totalmente enmudecido y con un tic nervioso desde que amanecía era un solo movimiento, yo le decía que eso me inquietaba. Una tristeza y causa de ese nerviosismo le llegaron todos los achaques a él los pies se le allagaron (sic), se le desollaron (sic) ambos pies y para sacarlo de allá tuvieron que buscarle una bestia. Eso nos dio la debilidad a todos. Físicamente enfermo, agotado, flaquísimo. Le quedó el cuero colgado, el comandante GURI se le reía y decía que parecía una perra parida. PREGUNTADO. Sírvase manifestar si el doctor Cerón encontrándose secuestrado fue objeto de presiones psicológicas y maltratos físicos. CONTESTÓ. Tremendos, abrieron un hueco que ese era para matarnos y enterrarnos en ese hueco. A él le detectaron que la guerrillera amiga nuestra le hizo una propuesta de huir, entonces presionaron a la guerrillera y le obligaron a confesar lo que le había propuesto a ANDRÉS JOSÉ sobre el plan de huida, en vista de la presión le toco (sic) a la guerrillera delatarlo y entonces ya lo sacaron de allí lo amararon de pies y manos y lo separaron de mi caleta porque siempre dormíamos en una sola carpa o caleta. Luego resolvieron llevarme a la caleta de él porque a mí siempre me tuvieron desconfianza y pensaron que el de la huida fuera yo, cuando ya llegue (sic) a la caleta de él me dijo llorando nunca había pensado encontrarme en esta situación, tan humillado, deprimido (...). 

Sobre la operación del Ejército en la zona y la reacción guerrillera frente a estas afirmó:

PREGUNTADO. La liberación de los alemanes por parte del Ejército puso en peligro la vida del señor Cerón. CONTESTÓ. Pues se presumía pero esa gente se cuida mucho, en cualquier movimiento que sentían ellos o sabían ellos porque ellos se comunican entre ellos ahí mismo lo movían a uno porque ellos cuidaban mucho de un para que no le fuera a pasar nada porque para ellos era una pérdida. PREGUNTADO. Ante la presencia de personal militar, qué actitud tomaban los secuestradores con el señor Cerón. CONTESTÓ. La actitud es refundirlo y tratar de ocultarlo para que no hubiera peligro, pero en el movimiento de sacarlo de un campamento a otro lo ponían a uno de primero para que en caso de un enfrentamiento el primero que lleve es uno, y a el (sic) señor Cerón lo ponían de primero por su estatura. 

3.2.14. La testigo Norma Sánchez Valencia (fl. 124, cdno. 3) afirmó que el día que fue secuestrado el señor Cerón Medina, quienes perpetraron el hecho, vestidos de militares, se detuvieron en el casco urbano de Silvia (Cauca); al verlos, creyó que se trataba del Ejército, pero tiempo después se enteró de que lo llevaban contra su voluntad. Así lo narró:

En ese tiempo yo estaba hospedada en Silvia en la casa de doña María quien había sido la novia de mi hermano (...) ese día salimos al parque a estar con los niños ahí y yo me arrimé a la cafetería que está al lado de la Alcaldía cuando yo llegué a la cafetería a comprar unos jugos para llevarlos al parque, habían cinco soldados comiendo pollo y tenían una media de sabajón en la mesa y yo compré y salí de la cafetería, cuando salí de la cafetería había un carro parqueado enfrente de la cafetería y había un soldado parado en la parte de atrás al lado del carro y yo me quedé mirando a ese soldado ahí, cuando voltee (sic) a mirar el carro que tenía vidrios no tan oscuros porque se alcanzaba a mirar hacia adentro, cuando vi al Dr. ANDRÉS JOSÉ CERÓN, estaba en la última banca de atrás del carro y yo lo saludé y él no me contestó me volteó a mirar pero no me contestó y de ahí yo me fui para el parque con los jugos y senté con los niños (sic). 

3.2.15. Sobre la liberación del ciudadano Thomas Kuemzel, la Tercera Brigada del Ejército Nacional emitió el comunicado Nº 60 al que se hace mención en la demanda, en los siguientes términos (fl. 30, cdno. 1):

RESCATADO EL CIUDADANO DE NACIONALIDAD ALEMANA THOMAS KUEMZEL POR TROPAS DE LA TERCERA BRIGADA. 

SANTIAGO DE CALI, 22 DE SEPTIEMBRE DE 2001, EL COMANDO DE LA TERCERA BRIGADA SE PERMITE INFORMAR A LA OPINIÓN PÚBLICA QUE EN LAS ÚLTIMAS HORAS MEDIANTE EL DESARROLLO DE OPERACIONES OFENSIVAS DE CONTRAGUERRILLAS, TROPAS DEL BATALLÓN DE CONTRAGUERRILLAS PRIMERO NUMANCIA Y BATALLÓN DE INFANTERÍA NO. 7 JOSÉ HILARIO LÓPEZ EN EL ÁREA GENERAL DE LA VEREDA PITAYO MUNICIPIO DE SILVIA CAUCA, POR LA PRESIÓN QUE VIENEN EJERCIENDO LAS TROPAS EL CIUDADANO DE NACIONAL ALEMANA THOMAS KUEMZEL SE FUGÓ DE SUS CAPTORES, SIENDO RESCATADO POR TROPAS ORGÁNICAS DE LA TERCERA BRIGADA, QUIEN FUE PLAGIADO EL DÍA 20 DE JULIO EN EL SITIO MANZANAL DEL MUNICIPIO DE SILVIA CAUCA, POR LA CUADRILLA JACOBO ARENAS DE LAS ONT FARC, JUNTO A OTROS DOS COMPAÑEROS MÁS. 

DESDE EL MISMO MOMENTO DEL SECUESTRO DE ESTOS CIUDADANOS EXTRANJEROS LAS TROPAS DE LA TERCERA BRIGADA VIENEN ADELANTANDO OPERACIONES OFENSIVAS CON EL FIN DE LIBERARLOS SANOS Y SALVOS. 

CONTINÚAN LAS OPERACIONES EN EL ÁREA CON EL FIN DE DAR CON EL PARADERO DE ESTA ORGANIZACIÓN NARCO TERRORISTA Y LOGRAR ASÍ LA LIBERACIÓN DE LOS DOS CIUDADANOS ALEMANES QUE AÚN CONTINÚAN SECUESTRADOS. 

3.2.16. La señora Edyth Silvia de Escobar (fl. 127, cdno. 3), amiga de la familia Cerón, vivía en la misma parcelación donde ocurrió el secuestro; la noche de ocurrencia de los hechos le fue informada tal situación por el vigilante de lugar; al día siguiente habló con la familia y confirmó dicha información. Por la relación de amistad se enteró de pormenores de la negociación para la liberación, los que narró así:

Efectivamente en varias ocasiones que llegábamos a la casa de los Cerón Medina me di cuenta de que estaban hablando con los secuestradores pero en especial recuerdo una llamada que le hizo un tal NACHO donde le exigían 5.000 millones de pesos por la liberación de Andrés José o de lo contrario lo matarían si no cancelaban esa suma, eso fue terrible y me impactó muchísimo y me puse a llorar al escuchar que Lía también llorando le decía a ese secuestrador pues que tendría que matarlo porque ellos no estaban en capacidad de poderles entregar esa cuantiosa suma de dinero, allí todos llorábamos y Lía le colgó, después él volvió a llamar en mejores términos (...).

3.2.17. La señora Gladys Zuluaga (fl. 153, cdno. 3), cónyuge del también secuestrado Raúl Ordóñez Bolaños, narró los esfuerzos desplegados para la liberación de su familiar, así como del aquí demandante. Afirmó:

A mediados del año, asistí a un almuerzo en la casa de los Cerón Medina encontrándose el Dr. Andrés Cerón Valencia, Matamoros (comandante del GAULA del Ejército), la dra. Lía, Luz Alina, María Claudia, la niña Juliana y yo, siempre le insistíamos a Matamoros en el rescate y Matamoros siempre nos decía que era muy difícil un rescate por que (sic) no tenía los medios ni el personal especializado para eso, nos daba instrucciones de cómo teníamos que negociar con la persona que nos llamaba al celular y que pudiéramos negociar por una cifra más bien baja porque lo que nos pedían no podíamos cubrir era cifra, era inalcanzable. (...) supimos de una liberada de MARÍA ELENA COBO, ella nos llamó y nos dijo que la habían acabado de liberar y que había estado secuestrada con Andrés Cerón, Raúl Ordoñez y otros secuestrados en el municipio de Caldono por un sector que le dicen cerro alto, entonces nos pusimos de acuerdo con la dra. Lía, Luz Alina, María Claudia y yo y nos dirigimos al batallón José Hilario López, y haya (sic) nos recibió el coronel Belandia (sic) le dijimos que sabíamos el punto exacto en donde ellos se encontraban, dialogamos con él sobre un rescate y él nos dijo que si conocíamos bien a una persona que conociera bien la región entonces llamamos al Dr. Nelson Paz Anaya y él inmediatamente asistió al batallón, sacaron un mapa y localizaron todo el municipio de Caldono y Cerro Alto, el Dr. Paz Anaya le localizó bien el sitio y se veían varias alternativas, luego al coronel lo llamaron a su celular, él se retiró un poco y habló con la persona del celular y luego regresó donde estábamos todos reunidos y nos dijo que no se podía un rescate porque no había personal especializado ni recursos, siempre insistía en que teníamos que negociar, de ahí salimos cada uno muy tristes para su casa.

El señor Anaya, Contralor del Departamento del Cauca, en respuesta a oficio que le fue librado por el tribunal a quo, informó que es cierto lo narrado por la señora Zuluaga respecto de su comparecencia a la reunión referida y lo allí acontecido (fl. 41, cdno. 3). Dice el documento:

Cuando llegué a las oficinas, me solicitaron que por ser oriundo de Caldono y conocer la región, le colaboraba en ubicar el sitio CERRO ALTO, una vez que lo hice sobre un mapa, el coronel Fidel Velandia realizó algunas llamadas por celular y finalmente les aconsejó que negociaran y ojalá pudieran hacerlo lo más bajo, por cuanto el ejército no tenía ni los recursos ni el personal para realizar la operación de rescate que ellas pedían. 

Aunque lo así afirmado no puede equipararse a un testimonio, por cuanto no fue rendido bajo la gravedad del juramento ni con la posibilidad de agotar íntegramente su conocimiento sobre los hechos mediante interrogatorio formulado por las partes, se da valor al escrito así aportado en tanto se trata de un documento público declarativo emitido por el funcionario que tuvo intervención en el asunto(9).

3.2.18. La señora Gloria Medina Abella, tía del señor Cerón Medina (fl. 901, cdno. 5) rindió declaración en la que dio cuenta de que su sobrino permaneció secuestrado durante nueve meses, durante los cuales falleció su padre y narró las acciones desplegadas por la familia ante la administración con el fin de obtener su liberación, la que no se logró.

3.2.19. El señor Andrés Cerón Valencia falleció el 21 de junio de 2001 (fl. 9, cdno. 1).

3.2.20. La prensa informó sobre el secuestro del señor Cerón Medina, el drama familiar sufrido a raíz de ese hecho y su liberación, al tiempo que registró las impresiones de algunos de los familiares (fls. 37-39, cdno. 1).

4. Análisis de la Sala.

Para la Sala, está acreditado en forma plena el daño antijurídico sufrido por los demandantes, consistente en el secuestro del que fue víctima el señor Andrés José Cerón Medina, hecho que no fue controvertido a lo largo del proceso, ni en la apelación que se decide y del que dan cuenta los testimonios de quienes les consta el momento mismo de la retención, así como de aquellos que declararon sobre las situaciones que vivió durante el cautiverio.

El problema jurídico a resolver estriba en determinar si ese daño, derivado de la acción de un tercero, puede ser imputado a la Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional y Policía Nacional, interrogante que se resolverá de manera afirmativa, tal como pasa a explicarse:

Estima la Sala que sí es posible que se configure la responsabilidad del Estado en aquellos eventos en que el daño lo ha causado un tercero, casos en los que aquello que permite imputarle responsabilidad es el incumplimiento de sus deberes funcionales, esto es, aunque no exista una conducta activa de la administración, es viable plantear el juicio de imputación jurídica en razón de una omisión, que precisamente es el fundamento de las pretensiones del sub lite.

No hay duda de que las obligaciones del estado en materia de protección de los derechos humanos no solo incluyen deberes de abstención, de acuerdo con los cuales los estados están obligados a respetarlos tales garantías, en los términos del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos(10), sino además les corresponden deberes de intervención sobre la conducta de terceros, en tanto y en cuanto les es exigible la adopción de las medidas a su alcance para garantizarlos(11).

En la misma línea, la Convención Interamericana de Derechos Humanos(12) también prevé esa dualidad de obligaciones a cargo de los Estados, que con ocasión de dicho instrumento se obligan no solo a no trasgredir mediante su actuación propia las garantías allí protegidas, sino además a adoptar las medidas necesarias para su protección, deberes que en el ámbito interno aparecen reflejados de manera genérica en el artículo 2º Superior(13) que impone a las autoridades la protección de los derechos y libertades de los asociados.

Del amplio espectro de obligaciones plasmadas en las referidas disposiciones del bloque de constitucionalidad derivan específicos deberes para las distintas autoridades en relación con sus particulares ámbitos funcionales, cuya transgresión, según se ha aceptado, tiene la virtualidad de comprometer la responsabilidad estatal.

Así, en relación con la responsabilidad del Estado por los daños derivados de la ejecución de hechos punibles a cargo de personas al margen de la ley, el fundamento de la responsabilidad estatal dimana precisamente de la transgresión a esa garantía de protección de los derechos. No obstante, de lo que no puede quedar duda es que las referidas obligaciones no imponen a la administración deberes estrictos de resultado, de acuerdo con los que se vea compelido a reparar toda transgresión de derechos ocurrida en su territorio, pues es entendido que si bien está llamado a impedirlas, es preciso verificar en cada caso particular si se trató de situaciones (i) previsibles y (ii) evitables.

Por ello, la jurisprudencia de esta jurisdicción ha señalado que aunque el deber de protección de los asociados a cargo del Estado no constituye una carga absoluta que le imponga prevenir cualquier hecho delictivo, sí está llamado a responder cuando ha incumplido el ejercicio de sus competencias específicas en ese ámbito(14), frente a hechos que pudo y debió haber previsto e impedido.

Por ello se ha aceptado que en aquellos casos en que el administrado ha solicitado de manera expresa la adopción de medidas de protección y estas han sido desatendidas, se compromete la responsabilidad del Estado cuando se materializa la amenaza o riesgo, con fundamento en el desconocimiento del ámbito obligacional a cargo de la administración, que debe analizarse en cada caso particular con el fin de establecer (i) si le imponía determinada conducta positiva o negativa a la demandada y (ii) si esta omitió ejecutarla.

Bajo ese supuesto, se ha encontrado configurada la responsabilidad de la administración en aquellos eventos en que, pese a que el afectado ha promovido expresas solicitudes de protección, estas han sido retardadas, omitidas o adoptadas en forma insuficiente.

También se ha aceptado que existen eventos en que los riesgos para determinados sujetos resultan previsibles para las autoridades, aún en ausencia de solicitud expresa del interesado, casos en los que sólo es preciso acreditar, para efectos de la responsabilidad estatal, que por cualquier vía la administración tenía conocimiento de la situación de riesgo, no obstante lo cual se mantuvo indiferente. Así lo ha señalado en previos pronunciamientos la corporación, por ejemplo en relación con el asesinato del alcalde del municipio de Villagarzón - Putumayo(15), del alcalde Granada - Meta(16) y de un diputado del departamento del Meta(17), entre otros múltiples casos.

Reitera la Sala que la responsabilidad del Estado en este tipo de eventos no surge de manera automática ni a título de una garantía omnímoda de los derechos de los asociados, sino que se configura como un tipo de responsabilidad por omisión frente al incumplimiento de competencias precisas y preexistentes en materia de protección y seguridad, que sólo puede predicarse en la medida en que se acredite que el riesgo era conocido y existían posibilidades razonables de impedir su materialización, esto es, atendidas la posibilidad de preverlo y evitarlo. Tal ha sido la línea trazada al respecto por la corporación, en consonancia con el entendimiento que sobre el particular se ha aceptado en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos(18):

[P]ara la Corte es claro que un Estado no puede ser responsable por cualquier violación de derechos humanos cometida entre particulares dentro de su jurisdicción. En efecto, el carácter erga omnes de las obligaciones convencionales de garantía a cargo de los Estados no implica una responsabilidad ilimitada de los Estados frente a cualquier acto o hecho de particulares, pues sus deberes de adoptar medidas de prevención y protección de los particulares en sus relaciones entre sí se encuentran condicionados al conocimiento de una situación de riesgo real e inmediato para un individuo o grupo de individuos determinado y a las posibilidades razonables de prevenir o evitar ese riesgo. Es decir, aunque un acto, omisión o hecho de un particular tenga como consecuencia jurídica la violación de determinados derechos humanos de otro particular, aquél no es automáticamente atribuible al Estado, pues debe atenderse a las circunstancias particulares del caso y a la concreción de dichas obligaciones de garantía. —Se resalta—. 

En el mismo sentido han sido interpretadas la obligaciones de protección a cargo de la administración por parte del Tribunal Europeo de Derechos Humanos(19), de acuerdo con cuya jurisprudencia la responsabilidad del Estado por omisión frente a cualquier hecho de particulares se encuentra condicionada al conocimiento cierto de una situación de riesgo real e inmediato para un individuo o grupo de individuos determinado y a las posibilidades reales o razonables de prevenir o evitar ese riesgo, en consonancia con lo aceptado en el sistema interamericano(20). En armonía con la jurisprudencia supranacional, esta corporación ha dicho recientemente:

No se trata, no obstante, de radicar en el Estado una responsabilidad ilimitada frente a cualquier acto o hecho de los particulares (hecho de un tercero), pues sus deberes de adoptar medidas de prevención y protección de los particulares en sus relaciones entre sí se encuentran condicionados al conocimiento de una situación de riesgo real e inmediato para un individuo o grupo de individuos determinado y a las posibilidades razonables de prevenir o evitar ese riesgo que es achacable directamente al Estado como garante principal(21). 

Así las cosas, la responsabilidad por daños causados por terceros al margen de la ley puede tener cabida ante la demostrada omisión de las competencias de la administración en la protección de los derechos humanos, siempre que aparezca demostrada alguna conducta que permita imputarle responsabilidad en los términos del artículo 90 de la Constitución Política, se insiste, no como garante universal de los derechos ante cualquier transgresión, sino únicamente en aquellos eventos en que exista un fundamento de atribución de responsabilidad soportado en las reales posibilidades del Estado de prevenir y evitar.

Frente al caso particular se tiene que la demanda se fundó en la existencia de presuntas fallas a cargo de la Nación, consistentes en la falta de protección del demandante, pues pese haberla solicitado de manera expresa y obtenido, ab initio, esta le fue retirada; además, en que una vez tuvo lugar su secuestro por parte de actores armados ilegales, las autoridades omitieron las actuaciones tendientes a obtener su rescate.

Estima la Sala que el recurso de apelación está llamado a prosperar y, en consecuencia, las pretensiones de la demanda, pues se advierte que se presentaron fallas en el servicio a cargo de las demandadas que comprometieron su responsabilidad. En efecto, está probado que para diciembre del año 1999 la familia Cerón Medina recibió un escrito anónimo en el que la alertaban sobre los planes de secuestro en contra de alguno de los integrantes del núcleo familiar, incluidos los hijos, situación que fue advertida y puesta de presente de manera inmediata ante las autoridades de policía, que inicialmente suministraron un servicio de escolta, pero lo retiraron pasados dos meses.

Es claro para la Sala que conforme a la solicitud de protección que la SIJIN de la Policía reconoció haber recibido, dicha fuerza armada fue enterada del riesgo en que se encontraban los integrantes de la familia Cerón Medina; también lo es que el asunto no fue atendido con la diligencia debida, pues pese a que afirma la Policía que realizó estudios de seguridad y labores de inteligencia, no acreditó dicha afirmación. Solo hay certeza, tal como lo reconoció esa demandada, que la actuación se limitó a suministrar un escolta por un término de dos meses, vencido el cual lo retiró.

Se considera, sin duda, que advertida la Policía de la situación de peligro para la familia Cerón Medina, tenía la carga de verificar tan graves denuncias, así como las condiciones de seguridad del grupo familiar, lo que no demostró haber hecho, limitándose su acción a medidas que evidentemente no fueron suficientes para precaver el riesgo en el que se encontraban, pues se limitaron temporalmente de manera injustificada.

Sin duda es reprochable el hecho de haber desatendido la petición de protección y retirado el apoyo de seguridad por el simple hecho de no haber ocurrido atentado contra ellos en los dos meses siguientes a la solicitud, se insiste, sin que la Policía haya dado cuenta de las labores específicas que le permitieran asegurar que no había riesgo para la seguridad personal de los miembros de la familia. En esas condiciones, no está justificado el hecho de haber descartado en forma irresponsable el riesgo de ataque, lo que constituye sin duda una falla del servicio atribuible a esa demandada, quien conocedora de la situación especial de peligro y, por ende, de la previsibilidad de una acción delictiva en contra de los demandantes, desatendió su obligación de precaverla con el único argumento de un corto tiempo transcurrido desde el conocimiento de la amenaza, lo que no se constituye en justificación válida, en ausencia de las verificaciones correspondientes sobre el nivel de riesgo familiar.

Como cuerpo civil llamado a mantener las condiciones necesarias para el ejercicio de las libertades individuales(22), correspondía a la Policía brindar la protección solicitada, previa investigación y evaluación de las reales condiciones de riesgo, lo que no hizo, omisión que comprometió su responsabilidad administrativa en los hechos materia del debate.

Aunado a ello, se constata de acuerdo con el informe del departamento de Policía Judicial del Cauca, que para el día de los hechos el Municipio de Silvia (Cauca) no contaba “con servicio policial” (ver num. 3.2.10), lo que se confirma con las peticiones del gobernador de la época en las que deja constancia de la ausencia total de policía en la zona (num. 3.2.5.). Así las cosas, es claro que la Policía Nacional no estuvo presente durante tan difíciles circunstancias en distintas poblaciones del Cauca, en especial en el Municipio de Silvia, donde ocurrió el secuestro del actor.

La Sala no desconoce que por las difíciles circunstancias de orden público de la época y zona del país en que ocurrieron los hechos, era posible que existiera dificultad en el manejo y control de la seguridad; sin embargo, desde ningún punto de vista resulta justificable que existan zonas del territorio en las que esté vedada la presencia de las fuerzas del orden, de modo tal que los ciudadanos queden desamparados frente a las situaciones de riesgo, lo que precisamente ocurrió en el presente caso en el que se retiraron las fuerzas de policía y se dejó a los ciudadanos sujetos a la acción libre de grupos armados ilegales, de lo que dan precisa cuenta las pruebas presentadas.

Por su parte, en lo relativo a la pretendida responsabilidad del Ejército Nacional, también se advierte que se presentaron omisiones de la Nación relevantes en el sub lite y atribuibles a su conducta omisiva. En efecto, de acuerdo con lo probado, no cabe duda del evidente contexto de violencia en el que se desarrollaron los hechos, con la presencia de distintos grupos armados ilegales en la zona, situación que era conocida por las fuerzas militares conforme se desprende de los informes de inteligencia a cargo del Batallón José Hilario López de Popayán, en los que se da cuenta efectiva de la presencia de los distintos actores armados en el departamento del Cauca y del riesgo que representaban para la población civil (ver num. 3.2.6).

Nótese que hay evidencia suficiente de la existencia de un contexto de violencia en la zona, en la que se habían presentado distintos ataques contra la población civil, incluido el secuestro de algunos ciudadanos, por parte de grupos insurgentes cuyo combate y control correspondía a las fuerzas militares en aras de la preservación del régimen constitucional(23) y, de contera, de la defensa de los ciudadanos frente a la grave situación de orden público que debieron afrontar producto del conflicto armado interno.

Pese a ello y a las expresas peticiones de aumento de la fuerza pública elevadas por el mandatario departamental de la época (ver numerales 3.2.4 y 3.2.5), tanto al nivel central de la administración, como al jefe de las tropas, de las que dan cuenta las evidencias recaudadas, se aprecia cómo la población del Cauca permaneció en total desprotección, al punto que existían poblaciones en las que no había presencia de dichas fuerzas y campeaban las organizaciones criminales, aún en los cascos urbanos, fruto del abandono estatal.

Conocedores el Ministerio de Defensa y las fuerzas militares de tan graves hechos, no se acreditaron acciones efectivas y planeadas para remediarlos, con lo que los ciudadanos permanecieron sometidos al actuar de grupos ilegales, que incluyó prácticas tan execrables como el secuestro. Resulta diciente, por ejemplo, que el día en que se perpetró el crimen en contra del señor Cerón Medina, los delincuentes pudieron departir con tranquilidad en el casco urbano del Municipio de Silvia, con él retenido en un vehículo, sin preocupación alguna sobre la reacción de la fuerza pública (ver 3.2.14 testimonio de Norma Sánchez Valencia).

Aunque el Ejército Nacional presentó documentos que soportan las operaciones ordenadas en el departamento del Cauca, las pruebas del proceso hacen evidente que la presencia institucional fue de modo tal insuficiente en la zona que permitió el libre accionar de los grupos armados ilegales, ante la mirada impotente de los pobladores y sin que las peticiones que desde el nivel territorial se realizaron fueran atendidas.

Debe insistirse en que no se trata de imponer a las fuerzas militares una obligación de resultado, de modo tal que se les exija controlar y sortear cada ataque contra la población civil, sino de la verificación, de acuerdo con las pruebas del sub lite, del total abandono y desprotección que padecieron los ciudadanos ante tan cruda realidad de violencia, frente a la que ningún plan o estrategia organizada se acreditó por parte de las fuerzas armadas, lo que constituye un incumplimiento de los deberes estatales(24) que comprometió su responsabilidad. Es precisamente la conducta totalmente omisiva de las autoridades ante tan graves hechos y no el resultado lo que justifica el juicio de imputación de responsabilidad en su contra.

Por otra parte, la Sala estima que no quedaron demostradas las presuntas fallas u omisiones que la actora reprocha por no haberse adelantado el rescate militar del señor Cerón Valencia, pues no se demostró que las autoridades hubieran estado en real posibilidad de recuperarlo de manos de sus captores sin exponer su integridad física. Nótese que las pruebas del proceso dan cuenta de que uno de los ciudadanos alemanes se fugó, no de que hubieran sido liberado por algún operativo militar en el que dejara voluntariamente de lado la posibilidad de recuperar del secuestro al demandante.

También advierte la Sala que el hecho de que el comunicado de prensa allegado (num. 3.2.15) solo hiciera mención a los ciudadanos alemanes no puede ser aisladamente interpretado como la intención manifiesta de no propender por el rescate de los demás secuestrados, pues razonablemente se explica el hecho de que habiendo sido rescatado uno de los extranjeros, se hiciera referencia a los otros dos, de modo que lo así afirmado no puede constituirse por sí mismo en fuente de responsabilidad estatal. Aunque odiosas e indeseables para las familias que padecían dicha tragedia, esas declaraciones no permite concluir por sí mismas sobre la existencia de una posibilidad real de lograr la liberación militarmente sin peligro para la integridad de quienes padecían ese execrable crimen.

Las normas del DIH, en especial las del Protocolo II Adicional a los Convenios de Ginebra relativo a la protección de las víctimas de los conflictos armados no internacionales disponen que “la población civil y las personas civiles gozarán de protección general contra los peligros procedentes de operaciones militares”(25), al tiempo que disponen en relación con quienes son privados de la libertad con ocasión del conflicto armado “no se pondrán en peligro su salud ni su integridad física o mental, mediante ninguna acción u omisión injustificadas”(26), así como que “los lugares de retención en que se encuentren no deberán situarse en la proximidad de la zona de combate”(27).

En efecto, aunque es un hecho conocido que en el auge del lamentable conflicto que se pretende dejar atrás, los grupos insurgentes actuaron muchas veces sin respeto a las normas del Derecho Internacional Humanitario, el derecho de Ginebra se rige bajo el principio de “no reciprocidad” de modo tal que las fuerzas militares no podían escudarse en esa transgresión para actuar de manera ligera con compromiso de la integridad personal de los civiles, por lo que la ausencia de tropa de la da cuenta el testimonio del señor Cerón pudo estar justificada en la evitación de una confrontación armada en la que quedara de por medio la integridad de los secuestrados.

No obstante, se insiste en que sí existieron fallas en la protección y seguridad del ciudadano, pues está probado que la Policía, informada oportunamente sobre el riesgo, estuvo en condiciones reales de prevenirlo, evitarlo o minimizarlo, no obstante lo cual no ejecutó medidas tendientes a la verificación de la situación de riesgo informada por su familia; por el contrario, consta que distintos municipios del Cauca carecían de servicio policial. También incidió en esto último la falta de presencia del Ejército Nacional en la zona y de un plan de acción encaminado a combatir los grupos insurgentes en la época de los hechos, con lo que los ciudadanos quedaron en estado de total desprotección frente al accionar delictivo, lo que facilitó el accionar delincuencial.

Por lo expuesto, hay lugar a revocar la sentencia impugnada y, en su lugar, a declarar la responsabilidad administrativa de las demandadas. La condena que se impondrá será exigible con cargo al presupuesto de cualquiera de las condenadas, pero la que pague la totalidad tendrá derecho a repetir contra el presupuesto de la otra por el 50% de lo pagado.

5. Indemnización de perjuicios.

5.1. Daño moral.

El daño moral, entendido como el dolor y aflicción que una situación nociva genera, se presume en relación los sus familiares cercanos de quien ha sufrido una grave afectación en sus condiciones de salud o ha perdido la vida(28).

Ante la imposibilidad de cuantificar el daño moral, la jurisprudencia ha establecido un tope monetario para la indemnización de dicho perjuicio, que se ha tasado, como regla general, en el equivalente a 100 salarios mínimos legales mensuales cuando el daño cobra su mayor intensidad, caso correspondiente al padecimiento sufrido por las propias víctimas o por quienes acrediten relaciones afectivas propias de las relaciones conyugales y paterno-filiales (primer grado de consanguinidad) con la víctima que ha perdido la vida o sufrido una pérdida de capacidad laboral superior al 50%. En cuanto a los demás ordenes de parentesco, se ha establecido que la cuantía de la indemnización debe corresponder a un porcentaje de ese límite. Así se estableció en sentencia de unificación de esta Sección(29):

A fin de que en lo sucesivo, se indemnicen de manera semejante los perjuicios morales reclamados por la muerte de una persona, como en el presente caso, la Sala, a manera de complemento de lo decidido en la sentencia mencionada en el párrafo que antecede, decide unificar su jurisprudencia sobre el particular, a partir del establecimiento de cinco niveles de cercanía afectiva entre la víctima directa del daño o causante y quienes acuden a la justicia en calidad de perjudicados o víctimas indirectas; así: 

Nivel 1. Comprende la relación afectiva, propia de las relaciones conyugales y paterno – filiales o, en general, de los miembros de un mismo núcleo familiar (1er. grado de consanguinidad, cónyuges o compañeros permanentes o estables). A este nivel corresponde el tope indemnizatorio de 100 smlmv. 

Nivel 2. Se refiere a la relación afectiva propia del segundo grado de consanguinidad o civil (hermanos, abuelos y nietos). A este nivel corresponde una indemnización equivalente al 50% del tope indemnizatorio. 

Nivel 3. Abarca la relación afectiva propia del tercer grado de consanguinidad o civil. A este nivel corresponde una indemnización equivalente al 35% del tope indemnizatorio. 

Nivel 4. Aquí se ubica la relación afectiva propia del cuarto grado de consanguinidad o civil. A este nivel corresponde una indemnización equivalente al 25% del tope indemnizatorio. 

Nivel 5. Comprende las relaciones afectivas no familiares (terceros damnificados). A este nivel corresponde una indemnización equivalente al 15% del tope indemnizatorio. 

También precisó la Sala, con fines de unificación jurisprudencial(30), que en casos excepcionales, como los de graves violaciones a los derechos humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario, entre otros, podrá otorgarse una indemnización mayor de la señalada en los eventos descritos en la sentencia de unificación antes citada, cuando existan circunstancias debidamente probadas de una mayor intensidad y gravedad del daño moral, sin que en tales casos el monto total de la indemnización pueda superar el triple de los montos indemnizatorios fijados en dicha sentencia. Este quantum deberá motivarse por el juez y ser proporcional a la intensidad del daño.

En este caso, la restricción del derecho a la libertad personal que padeció la víctima, aunada a la violación a su dignidad humana al ser sometido a tratos crueles y degradantes, permite presumir, sin duda, el padecimiento moral propio y el de los familiares(31), quienes se vieron sometidos a la zozobra de desconocer su paradero, así como a la permanente extorsión de parte de los delincuentes, tal como quedó debidamente acreditado; sin embargo, las pretensiones para el directo afectado y sus parientes más próximos se limitaron a la suma de 100 salarios mínimos legales mensuales para cada uno. Así las cosas, la compensación por el daño moral que padecieron se tasará a partir de dicho baremo y conforme a lo establecido en la primera de las referidas sentencias de unificación.

Entonces, se reconocerá indemnización en el equivalente a la suma pretendida 100 salarios mínimos legales mensuales vigentes en la época de ejecutoria de la sentencia) para cada uno de los siguientes demandantes: Andrés José Cerón Medina (víctima directa), María Claudia Martínez Gaeth (cónyuge), Juliana Cerón Martínez (hija) y Rosa Lía Medina de Cerón (madre). Para las señoras Luz Alina Cerón Medina (hermana) y Alba Abella de Medina (abuela materna), el equivalente a cincuenta (50) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

5.2. Daño a la salud.

Se reclama a favor de la víctima directa, la hermana y la madre por razón de la afectación psicológica que afirman les generó el hecho lesivo.

Bajo la denominación de daño a la salud se reconocerán los perjuicios reclamados por la víctima como “perjuicios psicológicos”, de conformidad con los parámetros jurisprudenciales que han diferenciado este daño del padecimiento moral propiamente dicho. En reciente pronunciamiento de unificación la Sección Tercera de la corporación, luego de abordar el estudio del origen de las diversas denominaciones del perjuicio inmaterial, estableció que además del daño moral causado por las lesiones físicas que afectan el normal desenvolvimiento de una persona, también puede configurarse un daño a la salud, que es independiente de la afectación anímica de la víctima y que, en consecuencia, también amerita ser indemnizado para efectos de la reparación integral del daño. Así se afirmó(32):

Por lo tanto, cuando el daño tenga origen en una lesión corporal (daño corporal), sólo se podrán reclamar y eventualmente reconocer los siguientes tipos de perjuicios —siempre que estén acreditados en el proceso—:  

i) los materiales de daño emergente y lucro cesante;  

ii) y los inmateriales, correspondientes al moral y a la salud o fisiológico, el primero tendiente a compensar la aflicción o padecimiento desencadenado por el daño, mientras que el último encaminado a resarcir la pérdida o alteración anatómica o funcional del derecho a la salud y a la integridad corporal(33).  

Desde esa perspectiva, se insiste, el daño a la salud comprende toda la órbita psicofísica del sujeto. En consecuencia, la tipología del perjuicio inmaterial se puede sistematizar de la siguiente manera: i) perjuicio moral; ii) daño a la salud (perjuicio fisiológico o biológico); iii) cualquier otro bien, derecho o interés legítimo constitucional, jurídicamente tutelado que no esté comprendido dentro del concepto de “daño corporal o afectación a la integridad psicofísica” y que merezca una valoración e indemnización a través de las tipologías tradicionales como el daño a la vida de relación o la alteración grave a las condiciones de existencia o mediante el reconocimiento individual o autónomo del daño (v.gr. el derecho al buen nombre, al honor o a la honra; el derecho a tener una familia, entre otros), siempre que esté acreditada en el proceso su concreción y sea preciso su resarcimiento, de conformidad con los lineamientos que fije en su momento esta corporación.  

Es decir, cuando el daño antijurídico radica en una afectación psicofísica de la persona, el daño a la salud surge como categoría autónoma y, por lo tanto, desplaza por completo denominaciones o tipos de perjuicios abiertos que han sido empleados en otras latitudes, pero que, al igual que en esta ocasión, han cedido paso al daño corporal como un avance jurídico que permite la reparación efectiva y objetiva del perjuicio proveniente de la lesión al derecho constitucional y fundamental a la salud.

Ahora bien, el hecho de sistematizar el daño a la salud (integridad corporal, psicológica, sexual, estética), mientras se deja abierta la estructura de los demás bienes o derechos jurídicos, garantiza un esquema coherente con los lineamientos conceptuales, teóricos y prácticos del resarcimiento del daño, como quiera que no se presta para generar una tipología paralela al daño a la salud que produzca los mismos efectos perjudiciales que acarrearon las nociones abiertas e indefinidas del daño a la vida de relación y de alteración a las condiciones de existencia.  

En consecuencia, el daño moral satisface la indemnización de la órbita interna y aflictiva del ser humano; el daño a la salud garantiza un resarcimiento más o menos equitativo y objetivo en relación con los efectos que produce un daño que afecta la integridad psicofísica de la persona; y, por último, será oportuno que se analice la posibilidad por parte de esta corporación —siempre que los supuestos de cada caso lo permitan— de que se reparen los demás bienes, derechos o intereses jurídicos de la víctima directa o de los perjudicados que logren acreditar efectivamente que padecieron ese daño autónomo e independiente, sin que quede cobijado por la tipología antes delimitada (v.gr. el derecho al buen nombre). La aplicación de esta tipología del daño garantiza la reparación estática y dinámica del perjuicio, esto es los efectos internos y externos, subjetivos y objetivos, individuales y colectivos que la lesión antijurídica o injusta desencadena en el sujeto y las personas que constituyen su entorno.

Quedó acreditado que con ocasión del secuestro del señor Cerón Medina, tuvo padecimientos de salud físicos y psíquicos que ocurrieron durante la retención ilegal a la que fue sometido en precarias condiciones y que le dejaron secuelas de índole psicológico que afectaron de manera negativa su estado de salud, perjuicio que quedó demostrado a través del dictamen rendido por el Instituto Nacional de Medicina Legal que no fue objetado en el trámite del proceso y que arrojó el siguiente resultado (fl. 847, cdno. 5):

Durante los hechos describe una sintomatología compatible con un cuadro de estrés postraumático agudo y una depresión mayor, producto de la vivencia traumática. 

Posterior a los hechos, requiere tratamiento sicofarmacológico y es así como reposa en expediente historia clínica de psiquiatría tratante, donde informa ansiedad constante, temor al entorno, ideación paranoide, insomnio de conciliación y reconciliación, pesadillas frecuentes con la experiencia sufrida de contenido persecutorio, hay episodios de perplejidad, profunda desesperanza y minusvalía. Permaneció en dicha tratamiento durante 4 meses. Actualmente no está medicado ni recibiendo apoyo psicoterapéutico. 

En la evaluación actual (12 de noviembre de 2003) se encuentran signos y síntomas consistentes en angustia, recuerdos del acontecimiento traumático, sueños de carácter recurrente sobre el acontecimiento traumático, malestar psicológico intenso al exponerse estímulos internos o externos que simbolizan o recuerdan el acontecimiento, esfuerzos para evitar pensamientos, sentimientos o conversaciones sobre el tema, dificultades para conciliar el sueño, dificultades para concentrarse, e hiper vigilancia con respuestas exageradas de sobresalto compatibles con un trastorno por estrés postraumático crónico, que se sugiere debe continuar con la ayuda psicofarmacológico por la depresión asociada y el riesgo ante el cambio de hábitos descritos con el uso del alcohol. 

Estos síntomas que presenta pese a la ayuda psicológica que recibió, se constituyen en secuelas de índole psicológica de carácter permanente pues hay deterioro social, laboral y familiar, como consecuencia de los hechos ya que el examinado previo a las mismas tenía un funcionamiento psicológico dentro del os parámetros normales. 

Conclusión 

A la evaluación practicada el señor Andrés José Cerón Medina presenta secuelas sicológicas de carácter permanente, como consecuencia de los hechos vivenciados. 

Sin duda, esa afectación a la psiquis, amerita una indemnización, la que se dispondrá en cuantía equivalente a cien (100) salarios mínimos legales mensuales vigentes. Para ello se tiene en cuenta que presenta secuelas de carácter permanente, con importantes consecuencias a nivel del desenvolvimiento personal de la víctima.

Similar afectación personal demostraron la madre y la hermana del señor Cerón Medina, tal como pasa a verse:

El dictamen psiquiátrico sobre el estado de salud mental de Luz Alina Cerón (fl. 865, cdno. 5) refiere:

Dentro de los antecedentes de la paciente se encuentra estabilidad especialmente en el área académica y laboral. En lo emocional reporta soledad, alteración de las relaciones interpersonales que las ubica cronológicamente posterior a los hechos. No se evidencia previamente ningún trastorno de la personalidad. 

Durante los hechos describe haber estado expuesta a acontecimientos traumáticos pues además de la situación lógica que vivía por el secuestro de su hermano, sobre ella hubo amenazas para su integridad física, presentando una sintomatología consistente en depresión, temor, desesperanza, reducción acusada del interés o la participación en actividades significativas, sensación de un futuro desolador, dificultades para conciliar el sueño, dificultades para concentrarse y alteraciones en el desempeño global que requirieron atención psiquiátrica. Posteriormente ante la pérdida de un embarazo y la muerte del padre se produce una complicación del cuadro depresivo con la realización de un intento suicida. La historia clínica de atención psiquiátrica en ese momento informa un diagnóstico de trastorno por estrés postraumático, trastorno de ansiedad generalizada, depresión mayor e intento suicida, cuadro que es medicado hasta la fecha por falta de resolución de los síntomas en su totalidad.  

A la evaluación actual se encuentran se encuentra (sic) signos y síntomas consistentes en cambio de comportamiento, aislamiento social, trastornos del sueño de conciliación y reconciliación, sueños de carácter recurrente con la muerte del padre y la situación traumática, dificultades para concentrarse y trastornos de la memoria, con la sensación de un futuro desolador compatibles con un trastorno por estrés postraumático crónico y un trastorno depresivo recurrente, que se sugiere debe continuar con tratamiento psicofarmacológico. 

Estos síntomas que presenta pese a la ayuda sicofarmacológica que recibe y dado el tiempo transcurrido desde los hechos, se constituyen en secuelas de índole sicológica de carácter permanente, como consecuencia, de los hechos ya que la examinada previo a los mismos tenía un funcionamiento psicológico dentro de parámetros normales. 

Conclusión  

A la evaluación practicada a la señorita Luz Alina Cerón se evidencian secuelas sicológicas de carácter permanente, como consecuencia de los hechos. 

Por su parte, respecto de la señora Rosa Lía Medina de Cerón, la evaluación psiquiátrica realizada por el Instituto Nacional de Medicina Legal refiere:

Se trata de una mujer adulta, sin antecedentes de enfermedad mental previa ni neurológica, que proviene de un hogar descrito como estructurado, con adecuadas figuras parentales, que proporcionaron elementos necesarios para la estructuración de la personalidad de sus hijos en procura de que cada uno de ellos fuera funcional en el medio ambiente en que crecen y se desarrollan, elementos que fueron asimilados por cada uno de ellos como lo muestran que en el transcurrir de sus vidas (sic) sin que se llegara a evidenciar trastorno mental alguno en ellos. 

Con respecto a los hechos hace una descripción clara de la circunstancia por las cuales (sic) su hijo permaneció retenido por secuestradores, el impacto sufrido por ella y el grupo familiar, donde además fallece su esposo y su hija realiza un intento suicida, refiriendo además sintomatología inicial compatible con un trastorno por estrés postraumático y depresión mayor que ha requerido tratamiento psiquiátrico hasta la fecha como lo confirma la historia clínica respectiva donde continúa recibiendo tratamiento psicofarmacológico. 

A la presente entrevista se evidencia claramente signos y síntomas compatibles con un cuadro de trastorno por estrés postraumático crónico, y un trastorno depresivo, que requieren intervención sicofarmacológica por tiempo indefinido, ya que hay deterioro significativo de la actividad global. 

Estos síntomas que presenta pese a la ayuda sicofarmacológica recibida, se constituyen en secuelas de índole psicológico de carácter permanente, derivada de los hechos en cuestión puesto que la examinada presentaba previo a los mismos un funcionamiento psicológico dentro de la normalidad. 

Conclusión  

A la evaluación practicada a la señora Rosa Lía Medina de Cerón se evidencia secuelas sicológicas de carácter permanente.  

Las referidas pruebas científicas, aunadas a las correspondientes historias clínicas que les han servido de sustento (fl. 833 y ss., cdno. 5 y 271, cdno. 6), demuestran la afectación mental padecida por las referidas demandantes, con secuelas permanentes, que ameritan una indemnización en la misma cuantía de la víctima directa, esto es, en el equivalente a cien (100) salarios mínimos legales mensuales vigentes para cada una.

5.3. Daños materiales.

A título de indemnización por daño emergente, los demandantes reclaman, el pago de la suma de $ 400.000.000 que pagaron a los delincuentes para obtener la liberación del señor Cerón Medina, $ 70.000.000 por concepto de intereses y, los que se causen desde la ejecutoria de la sentencia hasta el pago.

Estima la Sala a este respecto que si bien dichos pagos pueden encontrarse prima facie como derivados de un objeto ilícito, en tanto es posible identificarlos de manera ligera como actos de negociación respecto de una garantía fundamental, que indudablemente está fuera del comercio, al tiempo que su causa también puede aparecer cuestionada por el fin de lucro delictivo que entrañan, esos cuestionamientos solo resultan predicables con respecto de las organizaciones armadas o grupos criminales, cuyo abyectos motivos impiden evidenciar en ellos una finalidad jurídicamente atendible.

Sin embargo, desde la perspectiva de las víctimas, esos eventuales pagos sí llevan ínsito un motivo justificado, una finalidad que el ordenamiento jurídico protege, cual es la defensa de los derechos fundamentales del secuestrado, con ocasión de lo cual se legitiman las actuaciones y eventuales pagos tendientes a la preservación de la vida del secuestrado, sin que pueda afirmarse que so pretexto de proteger asuntos de interés común como la seguridad pública y evitar la financiación de grupos ilegales, las víctimas están llamadas a sacrificar sus propias libertades y derechos, o a permanecer inermes frente tan graves afectaciones, en espera del inevitable resultado.

La Ley 40 de 1993, por medio de la cual “se adopta el estatuto nacional contra el secuestro y se dictan otras disposiciones”, tipificó como punible la intervención, negociación o intermediación para asegurar el pago de rescate por la liberación de un secuestrado(34), así como la colaboración de los servidores públicos en ese tipo de pagos(35) e impuso medidas administrativas de vigilancia sobre los bienes de los secuestrados y sus familias para evitar cualquier tipo de negociación con los delincuentes(36). Sin embargo, no tardó la Corte Constitucional en pronunciarse sobre la constitucionalidad de esas y otras disposiciones de la misma ley. En Sentencia C-542 de 1993, la Corte Constitucional(37) tuvo en cuenta esas circunstancias y reconoció que quien paga un rescate lo hace en cumplimiento del deber de solidaridad previsto en artículo 95 de la Constitución, por lo cual, entre otras razones, no puede ser penalizada dicha conducta. Concluyó la Corte:

1ª. Quien es víctima de un delito de secuestro, enfrenta un riesgo inminente de perder su vida, y ha perdido, al menos temporalmente, su libertad. 

2ª. No sólo por declararlo expresamente la Constitución, sino en virtud de principios universalmente aceptados, la vida humana y la libertad son valores cuya defensa obliga al Estado y a los particulares. Quebranta, pues, la Constitución una norma que erige en delito la conducta razonable de los particulares encaminada a proteger la vida y la libertad, propias o de un semejante. 

Además, es claro que la ley no puede hacer a un lado las causales de justificación, concretamente el estado de necesidad, en que quedan el secuestrado, sus parientes, amigos, y la sociedad en general. 

3ª. Se invoca, para prohibir el pago del rescate, el argumento de la primacía del interés general. Pero es menester tener presente que, por su dignidad, el hombre es un fin en sí mismo y no puede ser utilizado como un medio para alcanzar fines generales, a menos que él voluntaria y libremente lo admita. Por tanto, el principio de la primacía del interés general, aceptable en relación con derechos inferiores, como el de la propiedad, no es válido frente a la razón que autoriza al ser humano para salvar su vida y su libertad, inherentes a su dignidad. 

4ª. El Estado tiene los medios para combatir el delito de secuestro, como los tiene para los demás delitos. Estos medios, en general, implican la investigación y el castigo de los criminales. Y no tienen por qué convertir forzosamente a la víctima o a quienes intenten defenderla, en delincuentes. 

5ª. El artículo 12 de la Constitución prohíbe someter a alguien a tratos crueles, inhumanos y degradantes. Y a tales tratos se somete a la víctima de un secuestro y a sus allegados, cuando se les priva de la posibilidad de defenderse por el único medio a su alcance, agravando la situación causada por los secuestradores. 

6ª. Quien paga para obtener la libertad de un secuestrado y salvar su vida, lo hace en cumplimiento del deber de solidaridad que la Constitución le impone en el artículo 95: “Obrar conforme al principio de solidaridad social, respondiendo con acciones humanitarias ante situaciones que pongan en peligro la vida o la salud de las personas”. 

En esas condiciones, para la Sala es claro que quien paga por la vida y libertad de un ser querido, ante la imposibilidad del Estado de garantizar esos derechos, no incurre en conducta alguna antijurídica o censurable, menos aún punible, sino que, por el contrario, actúa en ejercicio de una labor humanitaria que no puede ser válidamente censurada. Lo contrario equivaldría a despojar a los afectados del único recurso a su alcance para la protección de sus derechos y, de paso, condenarlos a la espera de la retaliación del delincuente.

Aunque ese tipo de negociaciones y pagos se haga por decisión propia de los afectados, es evidente que no se trata de una determinación libre, sino impuesta por una coacción insuperable derivada del hecho lesivo, por lo que lo así pagado se constituye un perjuicio derivado de este y, por ende, debe ser resarcido, a título de daño emergente, bajo el entendido que se trata de dineros que han salido del patrimonio de las víctimas con ocasión del daño, máxime en eventos como el que se resuelve, en el que está probado que el pago del rescate fue sugerido a la familia por algunos mandos del Ejército como la única opción viable de liberación, frente a lo cual no era esperable una conducta distinta de las víctimas.

Aunado a ello, debe entenderse que por tratarse de graves infracciones a los derechos humanos, así como de hechos de difícil comprobación en razón de que se trata de pagos realizados en efectivo a grupos al margen de la ley, debe flexibilizarse la carga de la prueba en procura de los derechos de las víctimas, como lo ha aceptado esta Sección al señalar(38):

Flexibilidad en la apreciación y valoración de los medios probatorios frente a graves violaciones de derechos humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario. En la gran mayoría de casos, las graves violaciones de derechos humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario en Colombia, cometidas en el marco del conflicto armado interno, han acaecido en zonas alejadas de los grandes centros urbanos y en contextos de impunidad. Lo anterior ha producido que las víctimas, como sujetos de debilidad manifiesta, queden en muchos casos en la imposibilidad fáctica de acreditar estas afrentas a su dignidad humana. Más aun, cuando no se ha llevado una investigación seria por parte de las autoridades competentes, como en este caso, lo cual se traduce en una expresa denegación de justicia. 

Por tal razón, el juez administrativo, consciente de esa inexorable realidad, deberá acudir a criterios flexibles, privilegiar la valoración de medios de prueba indirectos e inferencias lógicas guiadas por las máximas de la experiencia, a efectos de reconstruir la verdad histórica de los hechos y lograr garantizar los derechos fundamentales a la verdad, justicia y reparación de las personas afectadas. 

Lo anterior resulta razonable y justificado, ya que en graves violaciones de derechos humamos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario, se rompe el principio de la dogmática jurídico procesal tradicional según el cual las partes acceden al proceso en igualdad de condiciones y armas, pues en estos eventos las víctimas quedan en una relación diametralmente asimétrica de cara a la prueba; estas circunstancias imponen al juez de daños la necesidad de ponderar la situación fáctica concreta y flexibilizar los estándares probatorios.  

Esta postura resulta acorde con la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos humanos, que al respecto ha señalado que en casos de responsabilidad por violación de derechos humanos, el juez goza de una amplia flexibilidad en la valoración de la prueba:  

‘[L]os tribunales internacionales tienen la potestad de apreciar y valorar las pruebas según las reglas de la sana crítica, [y] han evitado siempre adoptar una rígida determinación del quantum de la prueba necesaria para fundar un fallo. Este criterio es especialmente válido en relación con los tribunales internacionales de derechos humanos, los cuales disponen, para efectos de la determinación de la responsabilidad internacional de un Estado por violación de derechos de la persona, de una amplia flexibilidad en la valoración de la prueba rendida ante ellos sobre los hechos pertinentes, de acuerdo con las reglas de la lógica y con base en la experiencia’(39). 

Por otro lado, es importante señalar que el Código de Procedimiento Civil en su artículo 175, permite que ‘cualesquiera otros medios de prueba que sean útiles para el convencimiento del juez’, tengan la capacidad de acreditar los hechos objeto del proceso y, por lo tanto, el juez sin tener una tarifa legal podrá acudir a los medios de prueba que crea pertinentes para establecer los hechos de relevancia jurídica del proceso. 

En consideración a los criterios de valoración expuestos, la Sala, teniendo en cuenta que el caso presente trata de graves violaciones a los derechos humanos, adecuará los criterios de valoración probatoria a los estándares establecidos por los instrumentos internacionales en aras de garantizar una justicia efectiva.

Sobre la realización de dichos pagos y su cuantía, reposa en el proceso la declaración de la señora Gloria Medina Abella, tía del señor Cerón Medina (fl. 901, cdno. 5), quien además de narrar los pormenores del secuestro de su sobrino, mencionó la forma en que se pagó una suma de dinero a cambio de la liberación, así como las dificultades que dicha situación generó a la familia actora:

Después de muchos meses de padecimiento y de recibir las llamadas extorsivas de los secuestradores, finalmente convinieron con mi hermana el pago de una suma de $ 200.000.000 que entregó en efectivo Lía mi hermana, para lo cual debió desplazarse hacia un paraje cercano a Popayán llevando dicha suma, siendo acompañada por el Defensor del Pueblo del Valle, el Comisionado de Paz y de Popayán y el Cura Párroco de Totoró. Los secuestradores se comprometieron a liberar a Andrés José ese día pero eso no ocurrió. Posteriormente fijaron otra fecha para la entrega y todo el resto de familia viajamos nuevamente a Popayán a recibirlo pero grave fue nuestra desilusión pues tampoco lo entregaron y así fue como finalmente el 7 de noviembre de 2001 fue librado Andrés José previo pago nuevamente de otros $ 200.000.000 que llevaba mi hermana también en efectivo, escondidos en su cuerpo en billetes de alta denominación. Debo anotar el esfuerzo económico que tuvo que hacer mi hermana para lograr pagar el monto del rescate fue muy grande y la dejó a ella y a sus hijos en muy precaria situación económica. Para pagar este rescate se vieron obligados a vender un apartamento en Bogotá, un aquí en Cali y otro en Popayán. Aparte de eso mi madre Alba de Medina les regaló $ 20.000.000 y escuché decir que además les prestó otros $ 20.000.000. Yo también le regalé $ 10.000.000 y logré conseguirle prestados otros $ 10.000.000 y, sé que los préstamos que ella hizo en Popayán para completar el dinero, aún no ha terminado de pagarlos, ni siquiera los intereses que por los mismos le están cobrando.

En similar sentido declaró la señora Gladys Zuluaga (fl. 153, cdno. 3), cónyuge del también secuestrado Raúl Ordóñez Bolaños, quien narró lo siguiente:

[S]í se llegó a un acuerdo, creo que llegaron al acuerdo de 400 millones de pesos, eran 200 millones en una entrega y 200 millones en otra, no me acuerdo, no recuerdo la fecha de la muerte de Andrés que era la víspera del cumpleaños de él mismo, lo que no recuerdo es si para esa fecha él ya había muerto. (...) la primera entrega se hizo creo en el mes de septiembre a mediados de septiembre, la condición de ellos, los secuestradores era que esos primeros 200 millones estuvieran arreglados en paquetes de 10 millones y que fueran billetes de 50 mil pesos, por lo tanto Lía con Luz Alina una vez consiguieron esa plata, porque tuvieron que endeudarse, la cambiaron en el Banco Ganadero y en el Banco de Colombia por la denominación de billetes que esos hombres exigían, esa plata la víspera de entregarla hasta yo tomé parte en arreglar los paquetes de 10 millones y se le entregaron dentro de un maletín de plástico al padre de Totoró y al Dr. Maya, comisionado de paz de la Gobernación, quienes la llevaron al lugar acordado con los guerrilleros. La segunda entrega la hizo Lía, acompañada del padre de Totoró, del doctor Maya, delegado de paz de la gobernación y del defensor del pueblo del Valle quien fue comisionado por el doctor Eduardo Cifuentes directamente quien era el defensor del pueblo en ese tiempo, la plata se arregló, en las mismas condiciones, que se hizo, con el dinero de la primera entrega, pero esta vez fue Lía, quien la llevó en su cuerpo en medio de una faja. 

En efecto, aunque los dos testimonios podrían considerarse sospechosos, por razón del parentesco de la primera de las declarantes con los actores y de la relación profesional entre la señora Luz Alina Cerón Medina (aquí demandante) y la segunda de las referidas testigos(40), lo cierto es que lo declarado por ellas aparece confirmado con otras evidencias del proceso, al tiempo que la Sala reconoce la dificultad de que pormenores de tan delicados asuntos sean conocidos por personas ajenas al núcleo familiar y social más cercano.

En efecto, distintas personas, entre ellas las mencionadas por la testigo Medina Abella, declararon haber entregado recursos en calidad de mutuo a la familia Cerón Medina para el pago por la liberación de Andrés José:

— La referida testigo Gladys Zuluaga (fl. 153, cdno. 3) contó que por solidaridad les prestó la suma de $ 30.000.000 el 1 de noviembre de 2001 y que le fueron pagados el 1 de mayo de 2002 con intereses del 2.5%, además agregó:

— Por su parte, la testigo Rosanía del Socorro Gutiérrez (fl. 136, cdno. 3) declaró que en agosto de 2001, cuando la familia Cerón negociaba la liberación de Andrés José, le prestó $ 10.000.000 a la señora Luz Alina Cerón, los que le pagó en febrero del año siguiente con intereses del 2.5%(41) (fl. 136, cdno. 3).

— El señor Carlos Nino Ruíz Ordóñez (fl. 138, cdno. 3), sobrino del también secuestrado Raúl Ordóñez, conoció a la familia Cerón con ocasión del delito del que fueron víctimas y buscaron soluciones conjuntas para lograr la liberación de sus seres queridos. Dijo que en septiembre de 2001 le prestó a la señora Lía Medina la suma de $ 65.000.000 y en noviembre del mismo año otros $ 50.000.000, a una tasa remuneratoria del 2.5% mensual, sumas que le fueron pagadas en febrero de 2002.

— La señora María Cristina Revelo (fl. 141, cdno. 3) quien conoció a la familia Cerón 30 años antes de los hechos, dijo que en el segundo semestre de 2001 le prestó a la señora Lía Medina la suma de $ 10.000.000, a una tasa de interés del 3%, sumas que le fueron pagadas en su totalidad en fecha que no recuerda.

— María del Carmen Muñoz (fl. 143, cdno. 3), compañera de la universidad de Andrés José, declaró que le prestó a la mamá del mencionado la suma de $ 14.000.000 en agosto de 2001, sumas que le fueron pagadas en agosto de 2003, con interés del 3%.

— El señor Rodrigo Cerón Valencia, tío de Andrés José, declaró que le prestó a la familia la suma de $ 25.000.000 con el fin de que sirvieran para obtener la liberación de su familiar, sumas que para la fecha de la declaración (septiembre de 2003) no le habían sido pagadas. Dijo que no cobró interés alguno por el crédito.

— La señora María Eugenia Díaz, quien conoció a Rosa Lía Medina en el año 1998 a raíz de la negociación de un predio (fl. 148, cdno. 3), declaró haber prestado a la referida demandante la suma de $ 34.000.000 “le hubiera querido prestar más pero no la tenía”, pues, angustiada, la señora Medina les solicitó el dinero para obtener la liberación de su hijo. Le pagó al año siguiente, con intereses del 3%.

— La testigo Gloria Muñoz de Guevara (fl. 180, cdno. 3) amiga de la familia Cerón por un lapso de 20 años, dijo que les prestó $ 25.000.000 para la liberación de su hijo, que le fueron pagados con intereses del 3%.

— Olga Lehmann Mosquera (fl. 157, cdno. 3), amiga de toda la vida de la familia Cerón, declaró que les prestó $ 50.000.000 el 2 de noviembre de 2001 para lograr la liberación de Andrés José. Un año después le fue pagado el dinero con intereses del 3%.

También aparece respaldo probatorio de las referidas deudas en el contenido de la escritura pública No. 737 de 26 de diciembre de 2001 (fl. 15, cdno. 1), por medio de la cual se liquidó la sucesión del señor Andrés Cerón Valencia, en la que se registraron los siguientes pasivos “adquiridos durante la vigencia de la sociedad conyugal”:

Alba Abella de Medina: $ 20.000.000

Rosanía del Socorro Gutiérrez:$ 10.000.000

Carlos Nino Ruíz Ordóñez:$ 65.000.000

Carlos Nino Ruíz Ordóñez:$ 50.000.000

María Cristina Revelo: $ 10.000.000

María del Carmen Muñoz: $ 14.000.000

Rodrigo Cerón Valencia: $ 25.000.000

María Eugenia Díaz: $ 34.000.000

Gloria Muñoz:$ 25.000.000

Gloria Medina Abella: $ 10.000.000

Gladis Zuluaga: $ 30.000.000

Yesid Paz:$ 25.000.000

Club Popayán:$ 517.600

Banco Central Hipotecario: $ 8.948.006

Los activos a repartir sumaban $ 385.463.606, mientras que los pasivos $ 327.463.606, con un saldo líquido de $ 58.000.000, de los cuales el 50% se adjudicó como gananciales para la señora Medina de Cerón y el 50% restante a favor de los dos hijos, representados en cuotas de un inmueble ubicado en la ciudad de Popayán. Los restantes bienes del causante fueron adjudicados a favor de la señora Rosa Lía Medina de Cerón, como hijuela de deudas, con la obligación de pagar los referidos pasivos.

También consta que el 6 de noviembre de 2001 (fl. 65, cdno. 1), Rosa Lía Medina de Cerón y Jorge Alfonso Medina Abella, hipotecaron a favor del señor Mariana Moreno Cubillos la oficina No. 508 del edificio Lotería del Cauca en la ciudad de Popayán, con el fin de respaldar un muto por $ 25.000.000 que otorgó este último, según consta en la escritura pública No. 1686 del 6 de noviembre de 2001 de la Notaría Tercera del Círculo de Popayán registrada en la misma fecha (fl. 64, cdno. 1).

Todas esas actuaciones, con inmediata relación temporal con la época de la liberación del señor Cerón Medina, ofrecen credibilidad respecto de la efectiva obtención de los préstamos referidos por los declarantes y que se reflejaron en la sucesión del señor Andrés Cerón Valencia, padre del secuestrado(42).

También aparece respaldada probatoriamente la afirmación de la demanda, de acuerdo con la cual, para poder pagar dichos créditos, la señora Medina de Cerón requirió vender algunos inmuebles de acuerdo con lo siguiente:

Consta en el proceso que el 30 de enero de 2002, Luz Alina y Andrés José Cerón Medina vendieron al señor Diego Ospina Uribe el apartamento 808 del edificio Balcón de Barajas ubicado en la ciudad de Cali por la suma de $ 47.000.000 (fl. 66, cdno. 1), inmueble que según consta en el certificado de tradición correspondiente habían adquirido en el año 1993 por compraventa.

El 30 de diciembre de 2002 (fls. 68 y 69, cdno. 1), la señora Rosa Lía Medina de Cerón vendió el apartamento 101 y el garaje No. 10 del edificio Plazas V ubicado en la ciudad de Bogotá, cuyo 50% adquirió por compraventa en el año 1993 y el 50% le fue adjudicado en la sucesión del señor Andrés Cerón Valencia, por la suma de $ 55.000.000.

Finalmente, el hecho más diciente acerca de la realización del pago del rescate lo constituye la efectiva liberación del señor Andrés José, pues tratándose de un secuestro extorsivo, las reglas de la experiencia indican que esta no se habría producido voluntariamente por los captores sin el pago de alguna suma de dinero. Esa situación, de la que no hay duda en el plenario, se constituye en hecho indicador del que puede inferirse razonablemente la certeza del pago realizado.

Todas esas evidencias, permiten inferir con alto grado de probabilidad que (i) se pagó por la libertad del señor Cerón Medina y que (ii) la suma pagada fue, cuando menos, de $ 313.000.000, que el total de los dineros obtenidos de terceros para el pago, de los que se aportó la correspondiente declaración del acreedor y que encuentran respaldo en la liquidación de la sucesión, conforme se explicó infra. Sin duda, aunque es probable que esa suma se hubiera adicionado a los recursos propios de la familia, ninguna evidencia se allegó sobre estos desembolsos, por lo que el valor a reconocer se limitará a la anteriormente mencionada, pues se infiere que los demandantes sí estaban en condiciones de demostrar los recursos propios que destinaron al pago del rescate y, sin embargo, no lo hicieron, carga que les correspondía en los términos del artículo 177 del Código de Procedimiento Civil.

La diferencia en cifras también puede explicarse en razón a lo declarado por la señora Gloria Medina Gloria Abella, quien afirmó haber donado $ 10.000.000 para el pago de la liberación, y dijo que su madre Alba de Medina donó otros $ 20.000.000, dineros adicionales a los de los préstamos que refirió. Sin embargo, la primera no acudió como demandante al proceso y, la segunda, aunque lo hizo, no reclamó para sí la indemnización de dichos dineros, por lo que no hay lugar a reconocerlos a favor del núcleo familiar actor.

Además, aunque se allegaron los estados de cuenta del señor Andrés Cerón Valencia que reflejan retiros de dinero de cuentas bancarias, estos son de épocas anteriores a aquella en que se pagó el rescate. En efecto, constan los siguientes movimientos:

Retiro en efectivo el 22 de junio de 2001, valor: $ 7.090.000 (fl. 44, cdno. 1) Bancolombia.

Débito en el mes de mayo de 2001, valor: $ 17.057.525 (fl. 45, cdno. 1).

Compra de cheque de gerencia de 3 de mayo de 2001, valor $ 30.000.000 (fl. 43, cdno. 1).

Sin duda, no resulta verosímil que estas sumas hubieran sido destinadas al pago de rescate porque la época en la que fueron realizados los movimientos no corresponde con la del pago; tampoco es creíble que se haya retirado el dinero en cheque con destino a la realización del referido pago, o mediante un débito bancario, modalidades de las dos últimas transacciones referidas.

En suma, se reconocerán, conforme con lo demostrado, $ 313.000.000 a título daño emergente y se negará el pago de las demás sumas reclamadas, que no fueron debidamente acreditadas. Tampoco se reconocerán las sumas reclamadas a título de intereses en las condiciones solicitadas, pues no hay certeza de la tasa de interés pactada en los contratos de muto celebrados, por razón de que con excepción de uno de los casos, los testigos solo refirieron a la tasa, sin señalar los períodos temporales de su causación; tampoco hay certeza de la fecha en que se lograron saldar dichas obligaciones, ni de si se pagaron en una sola cuota o en varias, esto es, no se demostró el monto pagado por ese concepto.

Sin embargo, ante esa situación probatoria, la Sala acude a lo previsto en el artículo 2232 del Código Civil, de acuerdo con el cual “si en la convención se estipulan intereses sin expresarse la cuota, se entenderán fijados los intereses legales”, que a luces del artículo 1617 ibídem, corresponden al 6% anual. En cuanto a la indeterminación de la fecha del pago cierto, la Sala considera justo y equitativo estimar que la realización de bienes para el pago a los acreedores que refieren los demandantes tuvieron que emprender, debió tardar cuando menos un año, por lo que se reconocerá el interés legal por ese lapso. Entonces:

$ 313.000.000+6%=$ 331.780.000

Así las cosas, se tiene que la indemnización por daño emergente ascenderá a la suma de $ 331.780.000 suma que deberá actualizarse con el fin de compensar su pérdida de poder adquisitivo. Para efectos de la actualización se tendrá como índice inicial el del año siguiente a la liberación del señor Cerón Medina, en la que presumiblemente se pagaron dichas obligaciones dinerarias a los acreedores y, como índice final, el del mes anterior a la sentencia(43). Entonces:

VA = $ 331.780.000 Abril de 2017 (137,40)

Noviembre de 2002 (75,57)

VA = $ 603.236.364

Estas sumas se pagarán a favor de la señora Rosa Lía Medina de Cerón, pues si bien se pidieron para la sucesión del señor Andrés Cerón Valencia, consta que esta ya fue liquidada y en ella se asignaron los pasivos pendientes a la referida demandante.

5.4. Daños a bienes constitucional y convencionalmente amparados.

En sentencia de unificación de 14 de septiembre de 2011(44) se sostuvo que las afectaciones a bienes o derechos constitucional o convencionalmente protegidos deben ser reconocidos como una tercera categoría de daños inmateriales autónomos. Bajo esta óptica, se sistematizó en su momento de la siguiente manera:

En más reciente decisión de unificación(45), la Sección Tercera de esta corporación precisó las características del daño a bienes o derecho convencional y constitucionalmente amparados como una nueva categoría autónoma de daño inmaterial, en los siguientes términos:

  1. (i) Es un daño inmaterial que proviene de la vulneración o afectación a derechos contenidos en fuentes normativas diversas: sus causas emanan de vulneraciones o afectaciones a bienes o derechos constitucionales y convencionales. Por lo tanto, es una nueva categoría de daño inmaterial.
 

i) Es un daño inmaterial que proviene de la vulneración o afectación a derechos contenidos en fuentes normativas diversas: sus causas emanan de vulneraciones o afectaciones a bienes o derechos constitucionales y convencionales. Por lo tanto, es una nueva categoría de daño inmaterial. 

ii) Se trata de vulneraciones o afectaciones relevantes, las cuales producen un efecto dañoso, negativo y antijurídico a bienes o derechos constitucionales y convencionales.  

iii) Es un daño autónomo: no depende de otras categorías de daños, porque no está condicionado a la configuración de otros tradicionalmente reconocidos, como los perjuicios materiales, el daño a la salud y el daño moral, ni depende del agotamiento previo de otros requisitos, ya que su concreción se realiza mediante presupuestos de configuración propios, que se comprueban o acreditan en cada situación fáctica particular.  

iv) La vulneración o afectación relevante puede ser temporal o definitiva: los efectos del daño se manifiestan en el tiempo, de acuerdo al grado de intensidad de la afectación, esto es, el impedimento para la víctima directa e indirecta de gozar y disfrutar plena y legítimamente de sus derechos constitucionales y convencionales.

En el mismo pronunciamiento precisó la Sección que los objetivos de la reparación de esa categoría autónoma de daño son: el restablecimiento pleno de los derechos de las víctimas, su restitución más aproximada al statu quo ante, las garantías de no repetición y la búsqueda de la realización efectiva de la igualdad sustancial. También se precisó que el resarcimiento de esas garantías puede tener lugar aún en forma oficiosa y que deben privilegiarse, en cuanto resulte posible, las medidas de carácter no pecuniario, entre otros aspectos relevantes que a continuación se trascriben:

  1. El objetivo de reparar este daño es el de restablecer plenamente a la víctima en el ejercicio de sus derechos. La reparación de la víctima está orientada a: (a) restaurar plenamente los bienes o derechos constitucionales y convencionales, de manera individual y colectiva; (b) lograr no solo que desaparezcan las causas originarias de la lesividad, sino también que la víctima, de acuerdo con las posibilidades jurídicas y fácticas, pueda volver a disfrutar de sus derechos, en lo posible en similares condiciones en las que estuvo antes de que ocurriera el daño; (c) propender para que en el futuro la vulneración o afectación a bienes o derechos constitucionales y convencionales no tengan lugar; y (d) buscar la realización efectiva de la igualdad sustancial.
 

i) El objetivo de reparar este daño es el de restablecer plenamente a la víctima en el ejercicio de sus derechos. La reparación de la víctima está orientada a: (a) restaurar plenamente los bienes o derechos constitucionales y convencionales, de manera individual y colectiva; (b) lograr no solo que desaparezcan las causas originarias de la lesividad, sino también que la víctima, de acuerdo con las posibilidades jurídicas y fácticas, pueda volver a disfrutar de sus derechos, en lo posible en similares condiciones en las que estuvo antes de que ocurriera el daño; (c) propender para que en el futuro la vulneración o afectación a bienes o derechos constitucionales y convencionales no tengan lugar; y (d) buscar la realización efectiva de la igualdad sustancial. 

ii) La reparación del daño es dispositiva: si bien las medidas de reparación de este tipo de daños pueden serlo a petición de parte, también operan de oficio, siempre y cuando aparezca acreditada su existencia.

iii) La legitimación de las víctimas del daño: se reconoce a la víctima directa de la lesión como a su núcleo familiar más cercano, esto es, cónyuge o compañero (a) permanente y los parientes hasta el 1º de consanguinidad, incluida la relación familiar biológica, la civil derivada de la adopción y aquellas denominadas “de crianza”, en atención a las relaciones de solidaridad y afecto que se presumen entre ellos.  

iv) Es un daño que se repara principalmente a través de medidas de carácter no pecuniario: se privilegian por excelencia las medidas reparatorias no indemnizatorias; sin embargo, en casos excepcionales cuya reparación integral, a consideración del juez, no sean suficientes, pertinentes, oportunas o posibles podrá otorgarse una indemnización, única y exclusivamente a la víctima directa, mediante el establecimiento de una medida pecuniaria hasta 100 SMLMV, si fuere el caso, siempre y cuando la indemnización no hubiere sido reconocida con fundamento en el daño a la salud. Ese quantum deberá motivarse por el juez y ser proporcional a la intensidad del daño y/o la naturaleza del bien o derecho afectado. 

v) Es un daño que requiere de un presupuesto de declaración: debe existir una expresa declaración de responsabilidad del Estado por la existencia de un daño a bienes constitucionales y convencionales imputables al mismo, y se deben justificar y especificar las medidas de reparación integral adecuadas y pertinentes al caso, de tal manera que el Estado ejecute el debitum iuris. Las medidas de reparación integral operarán teniendo en cuenta la relevancia del caso y la gravedad de los hechos, todo con el propósito de restablecer la dignidad de las víctimas, reprobar las relevantes violaciones a los derechos humanos y concretar las medidas de garantía de verdad, justicia, reparación, no repetición y las demás definidas por el derecho internacional.  

vi) Es un daño frente al cual se confirme el rol del juez de responsabilidad extracontractual como reparador integral de derechos vulnerados, sin desconocer que las indemnizaciones que tradicionalmente han venido siendo reconocidas impactan directa o indirectamente en los derechos de las víctimas; sin embargo, en tratándose de vulneraciones o afectaciones relevantes a derechos constitucional y convencionalmente amparados, se impone la necesidad de que el juez acuda a otras medidas, con el fin de reparar plenamente a las víctimas.

No cabe duda de que se transgredió el derecho convencional y constitucionalmente amparado a la libertad personal(46) del señor Cerón Medina al ser privado de ella por un lapso superior a un año, así como de que se lesionó gravemente su integridad personal(47) y dignidad humana(48), por razón de los tratos degradantes y crueles a los que fue sometido durante el cautiverio, violaciones que ameritan una reparación integral, con fines de satisfacción y no repetición.

De conformidad con lo anterior, la Sala, teniendo en cuenta que la indemnización por afectación relevante a derechos constitucionales y convencionales exige imperativamente que se especifiquen las medidas de reparación integral(49), se ordenarán algunas de estas para contribuir a la reparación del daño producido por violaciones a los derechos humanos de que trata este fallo.

Es necesario que ante casos de amenazas contra la libertad personal, las entidades del Estado tengan establecidos precisos procedimientos de acción que impidan que sus funcionarios, ajenos a un orden institucional preestablecido, puedan realizar acciones improvisadas, imprudentes o negligentes que pongan en riesgo la integridad de quienes acuden en procura de protección o el retiro anticipado de esta, que pueda dejarlos a merced de los delincuentes. De igual manera, es preciso que la Policía Nacional, desde el conocimiento del ámbito funcional de los distintos organismos estatales, tenga la capacidad y el conocimiento para coordinar con las demás autoridades la atención de estos casos, y coordinar, cuando haya lugar a ello, la respuesta a dichas solicitudes de protección con los demás organismos del Estado llamados a intervenir.

En consecuencia, como garantía de no repetición, se ordenará a la Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional, que si aún no lo ha hecho, establezca y divulgue entre sus distintas dependencias protocolos estandarizados para la atención y trámite de las solicitudes de protección en casos de amenaza de secuestro, que conlleven las actuaciones necesarias para una seria y exhaustiva evaluación de la situación específica del amenazado, su protección inmediata y los correspondientes estudios de seguridad para el mantenimiento de las medidas de seguridad mientras estas sean necesarias, garanticen la reserva de identidad del denunciante, la coordinación institucional con otros entes del Estado para adelantar las labores de verificación e inteligencia y la debida planeación de las operaciones que se dispongan, enfocadas primordialmente hacia la defensa de la integridad personal del peticionario y a combatir de manera eficiente el execrable crimen del secuestro.

Por su parte, también se advierte con preocupación que en el presente caso las solicitudes de incremento de la fuerza pública realizadas por el entonces gobernador del Cauca no fueron atendidas por la Ejército, ni se dio respuesta alguna satisfactoria ante hechos tan graves que implicaron amenaza a las libertades personales de los habitantes de ese departamento, sin respuesta estatal alguna.

Por ende, se ordenará a la Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional que establezca un protocolo para la atención de las solicitudes de protección y seguridad que realicen las entidades territoriales, que incluya procedimientos internos para investigar, priorizar los recursos humanos y logísticos, determinar con fundamentos ciertos la necesidad de intervención y dar respuesta efectiva a las peticiones en plazos razonables, con el fin de garantizar la presencia estatal en todo el territorio nacional e impedir que existan zonas vedadas a la fuerza pública en las que los ciudadanos queden desprotegidos ante el actuar de la delincuencia. Lo anterior deberá cumplirse dentro del mismo término legal para ejecutar las órdenes pecuniarias contenidas en esta sentencia.

Por otra parte, como medida de rehabilitación, con el fin de procurar que la víctima pueda recuperar, en la medida de lo posible, las condiciones psíquicas y mentales anteriores a los hechos, la Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional, si a bien lo tienen los demandantes y si así se requiere de acuerdo con prescripción científico – técnica, le prestará la atención psicológica y/o psiquiátrica que requiera el señor Andrés José Cerón Medina, su progenitora Rosa Lía Medina de Cerón y su hermana Luz Alina Cerón Medina, incluidos los medicamentos, tratamientos, psicoterapias y cualquier otra medida necesaria para su recuperación o mejoría de su calidad de vida en relación con las secuelas mentales que padece. Lo anterior sin perjuicio de la indemnización por daño a la salud ordenada a favor de los mencionados actores.

6. Costas.

No hay lugar a la imposición de costas debido a que no se evidencia en el caso concreto actuación temeraria o de mala fe atribuible a los extremos procesales, como lo exige el artículo 55 de la Ley 446 de 1998 para que se proceda de esta forma.

III. DECISIÓN

  1. DECISIÓN
 

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera –Subsección “B”-, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA

REVOCAR la sentencia de 7 de junio de 2012, por medio de la cual el Tribunal Administrativo del Cauca negó las pretensiones de la demanda. En su lugar se dispone:

1. DECLARAR administrativa y extracontractualmente responsables a la Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional y a la Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional, de los daños sufridos por los demandantes con ocasión del secuestro del que fue víctima el señor Andrés José Cerón Medina el 25 de febrero de 2001.

2. CONDENAR a la Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional y a la Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional, a pagar a los demandantes las siguientes sumas, como indemnización por el daño moral que padecieron:

A Andrés José Cerón Medina, María Claudia Martínez Gaeth, Juliana Cerón Martínez y Rosa Lía Medina de Cerón, el equivalente a cien (100) salarios mínimos legales mensuales vigentes en la época de ejecutoria de la presente sentencia, para cada uno.

A Luz Alina Cerón Medina y Alba Abella de Medina el equivalente a cincuenta (50) salarios mínimos legales mensuales vigentes en la época de ejecutoria de la presente sentencia, para cada una.

  1. CONDENAR a la Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional y a la Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional, a pagar a los demandantes las siguientes sumas como indemnización por daño a la salud:
 

3. CONDENAR a la Nación - Ministerio de Defensa - Ejército Nacional y a la Nación - Ministerio de Defensa - Policía Nacional, a pagar a los demandantes las siguientes sumas como indemnización por daño a la salud:

A Andrés José Cerón Medina, Luz Alina Cerón Medina y Rosa Lía Medina de Cerón, el equivalente a cien (100) salarios mínimos legales mensuales vigentes en la época de ejecutoria de la presente sentencia, para cada uno.

4. CONDENAR a la Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional y a la Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional, a indemnizar los perjuicios materiales en la modalidad de daño emergente, en cuantía equivalente a SEISCIENTOS TRES MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS ($ 603.236.364), sumas que se pagarán a la señora Rosa Lía Medina de Cerón, conforme a lo expuesto en la parte motiva del presente fallo.

5. ORDENAR a la Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional, que si aún no lo ha hecho, establezca, adopte y divulgue entre sus distintas dependencias protocolos estandarizados para la atención y trámite de las solicitudes de protección en casos de amenaza de secuestro, que conlleven las actuaciones necesarias para una seria y exhaustiva evaluación de la situación específica del amenazado, su protección inmediata y los correspondientes estudios de seguridad para el mantenimiento de las medidas de seguridad mientras estas sean necesarias, garanticen la coordinación institucional con otros entes del Estado para adelantar las labores de verificación e inteligencia y la debida planeación de las operaciones que se dispongan, enfocadas primordialmente hacia la defensa de la integridad personal del peticionario y a combatir de manera eficiente el execrable crimen del secuestro.

6. ORDENAR a la Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional que establezca, adopte y divulgue entre sus distintas dependencias un protocolo para la atención de las solicitudes de protección y seguridad que realicen las entidades territoriales, que incluya procedimientos internos para investigar, priorizar los recursos humanos y logísticos, determinar con fundamentos ciertos la necesidad de intervención y dar respuesta efectiva a las peticiones en plazos razonables, con el fin de garantizar la presencia estatal en todo el territorio nacional e impedir que existan zonas vedadas a la fuerza pública en las que los ciudadanos queden desprotegidos ante el actuar de la delincuencia. Lo anterior deberá cumplirse dentro del mismo término legal para ejecutar las órdenes pecuniarias contenidas en esta sentencia.

7. CONDENAR a la Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional y a la Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional, a que si se requiere, según prescripción científico – técnica y si a bien lo tienen los demandantes, garantice y asuma el costo de la atención psicológica y/o psiquiátrica que requiera el señor Andrés José Cerón Medina, su progenitora Rosa Lía Medina de Cerón y su hermana Luz Alina Cerón Medina, incluidos los medicamentos, tratamientos, psicoterapias y cualquier otra medida necesaria para su recuperación o mejoría de su calidad de vida en relación con las secuelas mentales que padece. Lo anterior sin perjuicio de la indemnización por daño a la salud ordenada a favor de los mencionados actores.

8. La condena que se impondrá será exigible con cargo al presupuesto de cualquiera de las condenadas, pero la que pague la totalidad tendrá derecho a repetir contra el presupuesto de la otra por el 50% de lo pagado. Las obligaciones de hacer serán asumidas por cada una, conforme a lo ordenado en la presente sentencia. La atención psicológica y/o psiquiátrica será a cargo de cualquiera de ellas, a elección de los demandantes.

9. Sin costas.

10. Ejecutoriada esta providencia, DEVUÉLVASE el expediente al tribunal de origen.

Cópiese, notifíquese y cúmplase.

Magistrados: Ramiro Pazos Guerrero, Presidente—Stella Conto Díaz del Castillo—Danilo Rojas Betancourth».

2 Código Contencioso Administrativo, artículo 82. La jurisdicción de lo contencioso administrativo está instituida para juzgar las controversias y litigios administrativos originados en la actividad de las entidades públicas y de las personas privadas que desempeñen funciones propias de los distintos órganos del Estado. Se ejerce por el Consejo de Estado, los tribunales administrativos y los juzgados administrativos de conformidad con la constitución y la ley.

3 Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia de 11 de septiembre de 2013, Exp. 20601.

4 Tal como lo ordena el artículo 113 de la Constitución Política al decir que “Los diferentes órganos del Estado tienen funciones separadas pero colaboran armónicamente para la realización de sus fines”.

5 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 28 de agosto de 2013, Exp. 25022, M.P. Enrique Gil Botero.

6 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 29 de mayo de 2012, rad. 11001-03-15-000-2011-01378-00 (PI), M.P. Susana Buitrago Valencia.

7 Código de Procedimiento Civil, artículo 299. “Testimonios ante notarios y alcaldes. Los testimonios para fines no judiciales, se rendirán exclusivamente ante notarios o alcaldes. Igualmente los que tengan fines judiciales y no se pida la citación de la parte contraria; en este caso, el peticionario afirmará bajo juramento, que se considera prestado con la presentación del escrito, que sólo están destinados a servir de prueba sumaria en determinado asunto para el cual la ley autoriza esta clase de prueba, y sólo tendrán valor para dicho fin”.

8 Se transcribe el testimonio de Luis Alfonso Oliva Burbano (fl. 323, cdno. 2), ingeniero agrónomo que se desplazaba en misión de trabajo con los secuestrados. Los demás declararon en similar sentido.

9 ART. 264.—Alcance probatorio. Los documentos públicos hacen fe de su otorgamiento, de su fecha y de las declaraciones que en ellos haga el funcionario que los autoriza.

10 Artículo 2º, numeral 1º. Cada uno de los Estados Partes en el presente Pacto se compromete a respetar y a garantizar a todos los individuos que se encuentren en su territorio y estén sujetos a su jurisdicción los derechos reconocidos en el presente Pacto, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social.

11 2. Cada Estado Parte se compromete a adoptar, con arreglo a sus procedimientos constitucionales y a las disposiciones del presente Pacto, las medidas oportunas para dictar las disposiciones legislativas o de otro carácter que fueren necesarias para hacer efectivos los derechos reconocidos en el presente Pacto y que no estuviesen ya garantizados por disposiciones legislativas o de otro carácter.

12 ART. 1º—Obligación de respetar los derechos.

1. Los Estados Partes en esta Convención se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social.

2. Para los efectos de esta Convención, persona es todo ser humano.

ART. 2º—Deber de adoptar disposiciones de derecho interno.

Si el ejercicio de los derechos y libertades mencionados en el artículo 1º no estuviere ya garantizado por disposiciones legislativas o de otro carácter, los Estados Partes se comprometen a adoptar, con arreglo a sus procedimientos constitucionales y a las disposiciones de esta Convención, las medidas legislativas o de otro carácter que fueren necesarias para hacer efectivos tales derechos y libertades.

13 Constitución Política de Colombia, artículo 2º. (...) Las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias, y demás derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares.

14 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B. Sentencia de 26 de junio de 2014, Exp. 26029, M.P. Danilo Rojas Betancourth.

15 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B. Sentencia de 31 de julio de 2014, Exp. 31039, M.P. Danilo Rojas Betancourth.

16 Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia de 11 de febrero de 2009, Exp. 23067, M.P. Enrique Gil Botero.

17 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B. Sentencia de 8 de febrero de 2012, Exp. 22373, M.P. Danilo Rojas Betancourth.

18 Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso de la masacre de Pueblo Bello vs. Colombia, sentencia de 31 de enero de 2006, párrafo 123.

19 Tribunal Europeo de Derechos Humanos, Caso Osman vs. Reino Unido, demanda Nº 87/1997/871/1083, sentencia de 28 de octubre de 1998, párr. 115 y 116; Caso Kiliç vs. Turquía, demanda Nº 22492/93, sentencia de 28 de marzo de 2000, párr. 62 y 63; Caso Öneryildiz vs. Turquía, demanda Nº 48939/99, sentencia de 30 de noviembre de 2004, párr. 93.

20 Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso de la Masacre de Pueblo Bello vs. Colombia, sentencia de 31 de enero de 2006, serie C Nº 140, párr. 123-124; Caso Castillo González y otros vs. Venezuela, sentencia de 27 de noviembre de 2012, serie C Nº 256, párr. 128-129; Caso Valle Jaramillo y otros vs. Colombia, sentencia de 27 de noviembre de 2008, serie C Nº 192, párr. 78.

21 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 31 de mayo de 2013, Exp. 30522, C.P. (E) Danilo Rojas Betancourth; Sentencia de 25 de mayo de 2011, Exp. 18747, C.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa.

22 Constitución Política de Colombia. “Artículo 218. La ley organizará el cuerpo de Policía.
La Policía Nacional es un cuerpo armado permanente de naturaleza civil, a cargo de la Nación, cuyo fin primordial es el mantenimiento de las condiciones necesarias para el ejercicio de los derechos y libertades públicas, y para asegurar que los habitantes de Colombia convivan en paz”.

23 Constitución Política de Colombia. “Artículo 217.—La Nación tendrá para su defensa unas Fuerzas Militares permanentes constituidas por el Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea.
Las Fuerzas Militares tendrán como finalidad primordial la defensa de la soberanía, la independencia, la integridad del territorio nacional y del orden constitucional”.

24 Constitución Política de Colombia, artículo 2. (...) “Las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias, y demás derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares”.

25 Artículo 13, numeral 1º.

26 Artículo 5º, literal e.

27 Artículo 5º, literal c.

28 En este caso, además de la referida presunción, reposan las declaraciones de los señores Jhonson Agustín Abella Peña, (fl. 580, cdno. 4), Carlos Alberto Echavarría (fl. 582, cdno. 4), Andrés José Cerón Medina (fl. 584, cdno. 4), Harold Mauricio Abella Cardona (fl. 588, cdno. 4), Carlos Adolfo Ruíz Santacruz (fl. 520, cdno. 4) y Jesús Hernando Sandoval Romo (fl. 593, cdno. 4), que narraron la afectación padecida por el núcleo familiar con ocasión de tan lamentables hechos.

29 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de unificación de 28 de agosto de 2014, Exp. 27709, M.P. Carlos Alberto Zambrano.

30 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de Sala Plena de 28 de agosto de 2014, Exp. 32.988, M.P. Ramiro Pazos Guerrero.

31 Ver además los testimonios de Lyla Illera de Urrutia (fl. 131, cdno. 3), Mónica Jaramillo Arango (fl. 134, cdno. 3) y Gloria Medina Abella (fl. 901, cdno. 5).

32 Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia de 14 de septiembre de 2011, Exp. 19031.

33 “Se está en presencia de un nuevo sistema clasificatorio del daño que acepta la existencia de tres modalidades del mismo: los patrimoniales, los morales y el biológico. Diferenciándose el biológico en cuanto al moral en la medida en que el primero es la lesión en sí misma considerada, y otra diferente, son los sufrimientos, el dolor y los afectos que de dicha lesión se pueden derivar, lo que constituiría el efecto o daño moral; sin embargo, ambos hacen parte del daño no patrimonial, esto es, no susceptible de contenido económico”. GIL BOTERO, Enrique. “Daño corporal – Daño biológico – Daño a la vida de relación”, pág. 10.

34 ART. 12.—“Quien intervenga en la celebración de un contrato que asegure el pago del rescate de un posible secuestro o en la negociación o intermediación del rescate pedido por un secuestrado, incurrirá en prisión de uno (1) a dos (2) años”.

35 ART. 16.—“El servidor público cualquiera que sea su cargo o función, que facilite, promueva o de cualquier manera colabore en el pago de rescate por la liberación de una persona secuestrada, incurrirá en causal de mala conducta que dará lugar a la destitución de su cargo o a la pérdida de su investidura, e inhabilidad para el ejercicio de sus funciones públicas por diez (10) años, sin perjuicio de las sanciones penales a que hubiere lugar”.

36 ART. 18.—“Al tener noticias ciertas de que se ha cometido un delito de secuestro o de que ha ocurrido una desaparición, el Fiscal General de la Nación o su delegado, procederá de inmediato a elaborar el inventario de los bienes de su cónyuge, compañera o compañero permanente, y de los de sus parientes dentro del tercer grado de consanguinidad, segundo de afinidad y primero civil con base en sus respectivas declaraciones de renta. Estas personas anteriormente citadas, deberán hacer, bajo juramento denuncia de sus bienes y de los del secuestrado.

37 Corte Constitucional, Sentencia C-542 de 1993, M.P. Jorge Arango Mejía.

38 Consejo de Estado, Sección Tercera (en pleno), sentencia de unificación de 28 de agosto de 2014, Exp. 32988, M. P. Ramiro Pazos Guerrero.

39 Esta postura de flexibilización de los medios de prueba ante graves violaciones a los derechos humanos fue adoptada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en las siguientes sentencias: 15 de septiembre del 2005, caso Mapiripán vs. Colombia, párr. 73; sentencia del 24 de junio del 2005, caso Acosta Calderón vs. Ecuador, párr. 41; sentencia del 23 de junio del 2005, caso Yatama vs. Nicaragua, párr. 108; sentencia del 20 de junio del 2005, caso Fermín Ramírez vs. Guatemala, 45; sentencia del 2 de julio del 2004, caso Herrera Ulloa vs. Costa Rica, párr. 57.

40 Consta que la aquí actora es la representante judicial de la testigo dentro de la radicación 41769 que conoce la Sala por hechos en los que fue secuestrado el señor Raúl Ordóñez Bolaños.

41 No precisó el período de causación de la referida tasa, al igual que no lo hicieron los demás testigos, con excepción de Carlos Nino Ruíz.

42 También consta la propiedad de otros inmuebles a favor de la familia y la forma en que fueron adjudicados luego de la sucesión del señor Cerón Valencia (fls. 70-77, cdno. 1), así como la propiedad de un vehículo a nombre de la señora Rosa Lía (fl. 59, cdno. 1), que no entregan elementos de juicio para efectos de la presente decisión.

43 El último conocido para el 1 de junio de 2017 fue el correspondiente al mes de abril del mismo año.

44 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de Sala Plena del 14 de septiembre de 2011, Exp. 19031 y 38222, M.P. Enrique Gil Botero.

45 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de Sala Plena de 28 de agosto de 2014, Exp. 32.988, M.P. Ramiro Pazos Guerrero.

46 Convención Americana de Derechos Humanos, artículo 7 (...) “2. Nadie puede ser privado de su libertad física, salvo por las causas y en las condiciones fijadas de antemano por las Constituciones Políticas de los Estados Partes o por las leyes dictadas conforme a ellas”.
Constitución Política de Colombia, artículo 28. “Toda persona es libre. Nadie puede ser molestado en su persona o familia, ni reducido a prisión o arresto, ni detenido, ni su domicilio registrado, sino en virtud de mandamiento escrito de autoridad judicial competente, con las formalidades legales y por motivo previamente definido en la ley”.

47 Convención Americana de Derechos Humanos, artículo 5º. “2. Nadie debe ser sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Toda persona privada de libertad será tratada con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano”.
Constitución Política de Colombia, Artículo 12. “Nadie será sometido a desaparición forzada, a torturas ni a tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes”.

48 Convención Americana de Derechos Humanos, artículo 11. 1. Toda persona tiene derecho al respeto de su honra y al reconocimiento de su dignidad. 2. Nadie puede ser objeto de injerencias arbitrarias o abusivas en su vida privada, en la de su familia, en su domicilio o en su correspondencia, ni de ataques ilegales a su honra o reputación.
Constitución Política de Colombia, Artículo 17. “Se prohíben la esclavitud, la servidumbre y la trata de seres humanos en todas sus formas”.

49 La Asamblea General de Naciones Unidas, mediante Resolución 60/147 del 2005 adoptó los “Principios y directrices básicos sobre el derechos de las víctimas de violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos y de violaciones graves al derecho internacional humanitario a interponer recursos y obtener reparaciones”. En el ordenamiento jurídico interno ver Ley 975 de 2005 y Ley 1448 de 2011 las cuales regulan las medidas de restitución, indemnización, rehabilitación, garantías de satisfacción y de no repetición.