Sentencia 2003-00100 de junio 12 de 2013

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN A

Consejero Ponente:

Dr. Carlos Alberto Zambrano Barrera

Exp.: 85001-23-31-000-2003-00100-01 (28.068).

Actor: José Humberto Ramírez y otros.

Demandado: Nación - Ministerio de Defensa - Ejército Nacional

Ref.: Acción de reparación directa.

Bogotá, D.C., doce de junio de dos mil trece.

EXTRACTOS: «V. Consideraciones

1. Competencia.

Las normas de asignación de competencia que rigen la actuación se encuentran previstas en el Decreto 597 de 1988, conforme al cual, para que el asunto pueda ser tramitado en segunda instancia, la cuantía del proceso debe exceder de $36’950.000. Comoquiera que la pretensión de mayor valor formulada en la demanda corresponde a la suma de $137’500.000, solicitada por concepto de perjuicios materiales a favor de uno de los demandantes, se concluye que esta corporación es competente para conocer del recurso interpuesto.

2. Valoración probatoria y caso concreto.

Sobre el régimen de responsabilidad aplicable a los casos en los que el daño proviene del ejercicio de una actividad peligrosa, como lo es la conducción de vehículos automotores, esta corporación ha sostenido que, por regla general, es de carácter objetivo, comoquiera que con dicha actividad se crea un riesgo de carácter excepcional que, de materializarse, compromete la responsabilidad estatal. No importa, para el efecto, que no exista ilicitud en la conducta de la administración e, incluso, que esta contribuya al cumplimiento de un deber legal, pues la imputabilidad surge del ejercicio de una actividad que, por su peligrosidad, genera un riesgo grave y anormal para los administrados(2).

Por tratarse de un régimen de responsabilidad objetiva, a la parte actora le corresponde demostrar la existencia del daño y el nexo entre este y la actividad peligrosa desarrollada, es decir, debe probar que dicho daño fue producto del ejercicio de la actividad peligrosa a cargo de la entidad demandada; por su parte, la administración solamente podrá exonerarse si prueba la existencia de una causa extraña, esto es, que el daño se produjo por fuerza mayor, por culpa exclusiva y determinante de la víctima o por el hecho exclusivo y determinante de un tercero(3).

De otro lado, si se observa que el daño no fue accidental, sino que tuvo su causa en una falla del servicio, será precisamente bajo éste título subjetivo de imputación que deba resolverse el respectivo caso, en virtud de que, a través del análisis que el juez contencioso administrativo lleva a cabo en el proceso de reparación, cumple una labor de pedagogía hacia la administración, dirigida a que ésta adopte medidas encaminadas a que su conducta no se repita y, además, porque en ese caso la administración podrá repetir contra sus agentes o ex agentes, si éstos actuaron con culpa grave o dolo.

Respecto de la falla del servicio probada ha de decirse que surge a partir de la comprobación de que el hecho se produjo como consecuencia de una violación —conducta activa u omisiva— del contenido obligacional a cargo del Estado, determinado en la Constitución Política y en la ley, lo cual, como ya se dijo, supone una labor de diagnóstico, por parte del juez, de las falencias en que incurrió la administración, e implica un juicio de reproche.

Por su parte, la entidad pública demandada sólo podrá exonerarse de la declaratoria de responsabilidad, en tales casos, si prueba que su actuación no constituyó una vulneración a ese contenido obligacional que le era exigible, es decir, que acató los deberes a los que se encontraba obligada, o si demuestra que medió una causa extraña como fuerza mayor, el hecho exclusivo y determinante de la víctima o el hecho también exclusivo y determinante de un tercero.

En el caso concreto, está probado que, el 30 de agosto de 2002, Yinet Patricia Ramírez Gaitán se desplazaba por la carretera que de Villavicencio conduce al municipio de Carimagua, en un camión de placas JIJ 756, marca Dodge 600, conducido por el señor Álvaro Alfonso Velandia Rubio, cuando, a la altura del municipio de Monterrey, el vehículo se salió de la vía y se precipitó a un abismo.

Según el registro civil de defunción, la señora Yinet Patricia Ramírez Gaitán falleció el 30 de agosto de 2002, en el municipio de Monterrey (Casanare) (ver copia autenticada del registro civil de defunción e informe de las Fuerzas Militares, del 6 de septiembre de 2002; fl. 111 y 59 a 60, cdno. 2).

Al respecto, el Mayor Betancourt Patiño, en informe dirigido al Comandante IV División, aseguró lo siguiente:

“....las otras personas que viajaban el (sic) vehículo era el SLP Alvarado Gonzáles Juan Bernardo, quien sufrió trauma hepático, el señor Álvaro Velandia (conductor y propietario del vehículo), la señora Yinet Ramírez Gaitán, quienes también perecieron, y el señor Gómez Peña Juan Alexander el cual sufrió contusiones leves...” (fl. 59, cdno. 2).

Acreditada la existencia del daño alegado por los demandantes, consistente en la muerte de Yinet Patricia Ramírez Gaitán, como consecuencia del accidente de tránsito que sufrió el camión en el que viajaba, y teniendo en cuenta que el fundamento de la demanda se centró en el último título de imputación mencionado, esto es, en la falla del servicio por parte del Ejército Nacional, al omitir su deber de control y vigilancia sobre un vehículo utilizado para el desarrollo de una misión oficial, la Sala abordará el análisis de dicha imputación, con miras a determinar si el daño es atribuible a la entidad demandada o si, por el contrario, fue producto de una causa extraña.

El 3 de septiembre de 2002, el Mayor David Betancourt Patiño, Ejecutivo y Segundo Comandante Batallón Rojas(4), informó al Comandante del Batallón:

“El día 30 de agosto siendo aproximadamente las 4:15 a.m. partió (sic) de la Ciudad de Villavicencio con destino hacia la Base militar de Carimagua, tomando la vía alterna Villavicencio - Villanueva - Monterey - Yopal - Orocue hasta llegar a Carimagua, el Señor SS. Galvis Galvis Carlos Arturo..., El (sic) Soldado Profesional Juan Bernardo Alvarado Gonzalez... en el vehículo particular camión Dodge 600 de propiedad del Señor Álvaro Alfonso Velandia Rubio conducido por este (sic), acompañado de los civiles Yineth Patricia Ramírez Gaitán y Juan Alexander Gomez Peña...

“Siendo las 9:30 a.m. aproximadamente... sufrió un accidente al parecer por problemas de falla mecánica cayendo a un abismo de aproximadamente 50 metros...” (fl. 46, cdno. 2).

Según el Mayor David Betancourt Patiño, el señor Álvaro Alfonso Velandia Rubio, conductor del camión de placas JIJ 756, fue contratado por el Mayor David Betancourt Patiño, con el fin de que transportara 9 toneladas de víveres, para abastecer la Base Militar de Carimagua(5).

Sobre el particular, el mencionado Mayor, mediante informes del 3 y del 6 de septiembre de 2002, dirigidos al Comandante IV División, aseguró lo siguiente:

“...los abastecimientos para el mes de Septiembre de la Base Militar de Carimagua perteneciente al Batallón 43 Rojas Acevedo... se enviaron en el vehículo particular camión Dodge 600 de propiedad del señor Álvaro Alfonso Velandia Ruiz con nueve (9) toneladas entre víveres secos y frescos...”(informe sep. 3/2002, fl. 57, cdno. 2).

“El vehículo fue contratado por el suscrito, pues el señor Alvaro Velandia (q.e.p.d) era conocido desde hace mucho tiempo, y desde el año anterior mensualmente era quien hacía esta clase de viajes, ya que muy poca gente se compromete a transportarle a la institución por aspectos de seguridad personal, siempre demostró ser una persona muy responsable y honesto” (informe del 6 de septiembre de 2002, fl. 59, cdno. 2).

Además, el Comandante del Batallón de Infantería, Teniente Coronel Carlos Alberto García García, en oficio remitido con destino a este proceso, informó:

“Efectuadas las averiguaciones se allego (sic) de los archivos factura (ANEXO), por el valor de $2’200.000, correspondiente al pago total del flete que por su carga entre Villavicencio y Carimagua se canceló al Señor Álvaro Alfonso Velandia Rubio (QEPD), conductor del vehículo de placas JIJ-756, la que se encuentra firmada de conformidad por el mismo, acuerdos que se efectuaban, dadas las circunstancias de seguridad y orden público (sic) propias de la región y que se deben aplicar con el respectivo celo de reserva militar” (fl. 40 a 42, cdno. 2).

De lo anterior se tiene que el Mayor Betancourt Patiño, en condición de Ejecutivo y Segundo Comandante del Batallón Rojas, contrató al señor Álvaro Alfonso Velandia (sin vínculo alguno con la Institución) para que transportara, por sus propios medios, 9 toneladas de víveres con destino a la Base Militar de Carimagua.

Hasta este punto, nada le permite a la Sala establecer que la demandada incurrió en una falla del servicio por descuido o por omisión en el control de ingreso de pasajeros al automotor utilizado para dicho fin, pues, por un lado, no se probó que el vehículo hubiera estado bajo la guarda del Ejército y a disposición de este (en virtud de un título jurídico, como el que se deriva de un contrato de arrendamiento), ni mucho menos que era su deber impedir que los civiles se desplazaran en el camión. Al contrario, los elementos probatorios acreditaron que el automotor estaba gobernado por el particular, quien, para la demandada, era su propietario (condición que no está probada en el plenario) y, además, era la persona encargada de maniobrar el automotor.

La Corte Suprema de Justicia ha sostenido que la conducción de vehículos automotores es una actividad peligrosa, lo cual implica que la definición de la responsabilidad patrimonial por los daños que se causen como consecuencia de ésta se rige por lo dispuesto en el artículo 2356 del Código Civil y que se presume que el guardián de la actividad es el propietario del vehículo, quien, por lo tanto, será el llamado a responder, a menos que demuestre que, por cualquier razón, había perdido los poderes de mando, de dirección y de control sobre el vehículo, bien por haberlos transferido en virtud de un título jurídico, o bien por haber sido despojado inculpablemente del mismo, como en el caso de hurto del automotor. Así se ha manifestado la Corte Suprema:

“Como es sabido, en la responsabilidad civil por los perjuicios causados a terceros en desarrollo de las llamadas actividades peligrosas, gobernadas por el artículo 2356 del Código Civil, la imputación recae sobre la persona que en el momento en que se verifica el hecho dañino tiene la condición de guardián, vale decir, quien detenta un poder de mando sobre la cosa o, en otros términos, el que tiene la dirección, manejo y control sobre la actividad, sea o no su dueño.

(...).

... como lo ha reconocido esta corporación, el carácter de propietario, como atributo del dominio, hace presumir el de guardián, mientras no sea ofrecida una prueba inequívoca en sentido contrario, como se echa de menos en este pleito (G.J. t. CXLII, pág. 183; reiterada en CLV, 139; CCLVIII, 374; 20 de junio de 2000, exp. 5617; 12 de febrero de 2002, exp. 6762; entre muchos otros).

De acuerdo con el primero de los fallos citados, no puede perderse de vista que ‛...constituyendo el fundamento de la responsabilidad estatuida por el artículo 2356 precitado el carácter peligroso de la actividad generadora del daño, no es de por sí el hecho de la cosa sino en últimas la conducta del hombre, por acción o por omisión, la base necesaria para dar aplicación a esa norma. Es preciso, por tanto, indagar en cada caso concreto quién es el responsable de la actividad peligrosa.

‛El responsable por el hecho de cosas inanimadas es su guardián, o sea quien tiene sobre ellas el poder de mando, dirección y control independientes. Y no es cierto que el carácter de propietario implique necesaria e ineludiblemente el de guardián, pero sí lo hace presumir como simple atributo del dominio, mientras no se pruebe lo contrario.

‛De manera que si a determinada persona se le prueba ser dueña o empresaria del objeto con el cual se ocasionó el perjuicio en desarrollo de una actividad peligrosa, tal persona queda cobijada por la presunción de ser guardián de dicho objeto —que desde luego admite prueba en contrario— pues aun cuando la guarda no es inherente al dominio, sí hace presumirla en quien tiene el carácter de propietario. O sea, la responsabilidad del dueño por el hecho de las cosas inanimadas proviene de la calidad que de guardián de ellas presúmese tener. Y la presunción de ser guardián puede desvanecerla el propietario si demuestra que transfirió a otra persona la tenencia de la cosa en virtud de un título jurídico, como el de arrendamiento, el de comodato, etc., o que fue despojado inculpablemente de la misma, como en el caso de haberle sido robada o hurtada’ (G.J. t. CXLII, pág. 183).

“En este punto resulta pertinente citar, por venir en forma precisa al caso, el concepto de ‛guarda compartida’ pregonado por la Corte, según el cual, en tratándose de actividades peligrosas, ‛... no es extraña la concurrencia de varias personas que, desde diversos ángulos y en atención a sus propios intereses o beneficios, puedan ejercer al tiempo y a su manera la dirección o control efectivo de aquellas y que a todas les impone el deber jurídico de impedir que se convierta en fuente de perjuicios para terceros...’”(6).

En esta medida ha de decirse, con claridad, que el daño causado en este caso no le es imputable a la entidad demandada, toda vez que las piezas probatorias atrás mencionadas permiten inferir, sin mayor dificultad, que éste se produjo como consecuencia del desarrollo de una actividad peligrosa —conducción de vehículos— desplegada por un tercero ajeno a la Administración, pues, si bien es cierto que el automotor transportaba víveres de propiedad del Estado, también lo es que era el conductor del vehículo quien, al momento del accidente, tenía la guarda y el control sobre la ejecución de tal actividad riesgosa. Al respecto, debe decirse que no se aportó al proceso elemento alguno que acreditara la existencia de un negocio jurídico a través del cual el propietario del automotor haya transferido la tenencia del mismo a la administración, ya sea mediante un contrato de arrendamiento, de un contrato de préstamo de uso o de otro título; por lo tanto, es evidente que fue el tercero quien creó el riesgo excepcional que se concretó con la muerte de la señora Ramírez Gaitán y, en consecuencia, la responsabilidad recayó, objetivamente, sobre él.

Todo lo anterior patrocinó la ruptura del nexo de causalidad entre el daño alegado y la conducta de la administración, elemento sin el cual es imposible pregonar la responsabilidad del Estado; en consecuencia, la Sala confirmará la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Casanare.

3. Condena en costas.

En consideración a que no se evidenció temeridad ni mala fe en la actuación procesal de las partes, la Sala se abstendrá de condenar en costas, de conformidad con lo establecido en el artículo 171 del Código Contencioso Administrativo, modificado por el artículo 55 de la Ley 446 de 1998.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. CONFÍRMASE la sentencia del 20 de mayo de 2004, proferida por el Tribunal Administrativo de Casanare.

2. Sin condena en costas.

3. Ejecutoriada esta providencia, DEVUÉLVASE el expediente al tribunal de origen.

Cópiese, notifíquese y cúmplase».

(2) Ver, entre otras, las sentencias de la Sección Tercera del Consejo de Estado del 10 de julio de 2003, expediente 14083; del 3 de mayo de 2007, expediente 16180; del 26 de marzo de 2008, expediente 14780.

(3) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencias de 15 de marzo de 2001, expediente 11222, 25 de julio de 2002, expediente 14180; 26 de marzo de 2008, expediente 14780.

(4) Ver folios 59 a 60, cdno. 2.

(5) Ver folios. 57 a 58, cdno. 2.

(6) Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, sentencia del 13 de mayo de 2008, expediente 11001-3103-006-1997-09327-01, M.P. César Julio Valencia Copete.