Sentencia 2003-00103 de diciembre 13 de 2010 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN CIVIL

Ref.: C-5057331890012003-00103-01

Magistrado Ponente

Dr. Jaime Alberto Arrubla Paucar

Bogotá, D.C., trece de diciembre de dos mil diez.

Se decide el recurso de casación que interpuso Blanca Oliva Puentes de Molina, respecto de la sentencia de 30 de septiembre de 2008, proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Villavicencio, Sala Civil-Familia-Laboral, en el proceso ordinario agrario de Ruth Yamile Jiménez Ladino contra la recurrente.

EXTRACTOS: «Consideraciones

1. Es cierto, a propósito de la reforma de la demanda de reconvención, que en el plenario se puso de presente que la inicial demandante, días después de promover la acción reivindicatoria, se había desprendido del derecho de dominio.

2. En el cargo, la recurrente afirma que al decidirse la controversia, los sentenciadores no tuvieron en cuenta esa circunstancia extintiva del derecho reclamado, pero al examinarse el fallo combatido se pudo constatar lo contrario.

El tribunal, en efecto, relativo a los requisitos de la acción de que se trata, “a la fecha de presentación de la demanda”, los tuvo por cumplidos, “tal como lo hizo ver el juez de primera instancia”. El juzgado, a su turno, señaló que la demandante Ruth Yamile Jiménez Ladino estaba legitimada en causa, al quedar establecido que al “momento de presentar la demanda” era propietaria inscrita del inmueble, “el cual posteriormente lo dio en venta a Hilda Rosa Murcia Sierra”.

3. Frente a lo anterior, la polémica que se plantea no puede girar en torno a si lo relativo a la propiedad del inmueble disputado, específicamente su enajenación posterior a la fecha de la demanda, en palabras de la recurrente, se “pasó de largo” o se “dejó de tener en cuenta”, porque como se observa, el tribunal, bien o mal, al hacer suyos los argumentos del juzgado, expresamente evocó esa circunstancia.

Distinto es que a partir de dejar establecida la venta del inmueble a un tercero, después de promovida la acción de dominio, le haya negado implícitamente las consecuencias jurídicas que se recaban, pues al ser memorada, a ello equivale su silencio. El error que se imputa, por lo tanto, no puede ser de procedimiento, puesto que la violación de la regla de actividad contenida en el artículo 305, in fine, del Código de Procedimiento Civil, ocurre cuando el sentenciador olvida el hecho sobreviniente que modifica o extingue el derecho sustancial litigado, y no en los eventos en que, como en el caso, lo involucra.

4. El cargo, sin más, no puede abrirse paso.

Cargo segundo

1. Denuncia la violación indirecta de los artículos 946, 950, 2518, 2531 y 2532 del Código Civil.

2. Lo anterior, como consecuencia de la comisión por parte del tribunal de los siguientes errores de hecho probatorios:

2.1. Ignoró que la demandante, poco después de entablar la acción de dominio, vendió el predio materia de litigio a Hilda Rosa Murcia Sierra, conforme se observa en la escritura 405 de 15 de agosto de 2003 de la Notaría Única de Puerto López, debidamente registrada.

Según la recurrente, si el ad quem “advierte la existencia de ese acto no habría tenido otra opción que la de abstenerse de reconocer a la señora Jiménez Ladino como propietaria del inmueble (...), lo que de contragolpe habría tenido que dar al traste con la acción reivindicatoria, no pudiendo, por consiguiente, decretar en su favor la restitución del predio”.

2.2. En cuanto a la interrupción de la posesión, supuestamente ocurrida el 22 de febrero de 1999, no observó la diligencia de remate del inmueble y su aprobación judicial, la solicitud de entrega elevada por el rematante José del Carmen Sierra Daza, la autorización que este otorgó a Jorge Orlando Murcia Sierra para que lo recibiera y el contrato de compraventa aducido en la demanda reivindicatoria.

Afirma la recurrente que si el tribunal contrasta las anteriores pruebas con la diligencia de “entrega”, en su fase final, “habría visto que la misma se cumplió, como se dice, en beneficio de persona diferente a quien (...), es la legitimada para solicitarla. O sea, ha debido ver que no estaba ante la entrega legalmente diseñada para el proceso ejecutivo, lo que la hace espuria”.

En adición, la “declaración de haber sido la entrega del predio hecha en forma ‘real y material’, no pasa de ser una fórmula ritual, hueca, carente de sustancia”, de ahí que tampoco pudo haber oposición. En efecto, durante la diligencia no se dejó constancia de haberse encontrado a la poseedora o personal a su servicio, o hallado a alguien o a nadie, o que se haya dado orden de desalojo o plazo para ese propósito, tampoco acerca de la existencia de las mejoras que fueron negadas, mucho menos lo referente al sitio en que la misma culminó y se cerró, siendo que hay testigos que señalan que se inició y selló en una tienda.

2.3. Tergiversó la declaración de Jorge Enrique Cocomá Forero, pues le hizo decir que de “alguna manera” había aceptado que “hubo diligencia de entrega”, cuando afirma es que esa diligencia no se realizó y que por eso no hubo oposición, en tanto todo se hizo en la “tienda del pueblo y no en la finca”, “ellos dieron la vuelta por el río y no entraron al predio ni lo identificaron, entonces que entrega iban a hacer si hay varios predios en la isla de diferentes dueños”.

Lo mismo se predica de la declaración de Luis Alberto Castañeda Gómez, trabajador de la finca, porque en lugar de aceptar que de “alguna manera hubo entrega”, manifestó que “cuando llegó una audiencia de allá”, reclamando ese terreno por los señores “Murcia”, únicamente le preguntaron que quién le pagaba el sueldo, y la “segunda audiencia fue lo mismo”, sin saber qué juzgado o autoridad la realizaba.

2.4. Omitió ver en la diligencia de secuestro que el inmueble no fue entregado real y materialmente al auxiliar de la justicia, puesto que se identificó y recorrió desde una embarcación, al punto que no se mencionó ninguna característica. Igualmente, los indicios en esa misma dirección, derivados de la falta de informes del secuestre, durante aproximadamente diez años, y de la pasividad de la parte ejecutante, en cuanto no los solicitó y tampoco pidió la rendición de cuentas.

2.5. Miró fragmentariamente el incidente de oposición, en la parte introductoria, sobre que el 22 de febrero de 1999, se hizo la entrega, cuando su contenido informa es que no la hubo en forma real y material a quien lo adquirió del rematante.

2.6. La falta de caución para impulsar el anterior escrito carece del alcance que se le atribuye, pues si conforme al mismo no hubo entrega del inmueble al anterior adquirente, que no al rematante, se entiende que ese acto procesal en el fondo ninguna relevancia tiene, dado que al no privarse de la posesión a la inicial demandada, salió indemne de esa condición.

2.7. En cuanto a la recuperación violenta de la posesión el 23 de febrero de 1999, inadvirtió que los testigos Orlando Pardo Olmos, Elkin Freddy Rojas Polanco y Édgar Rodríguez Ladino, no ofrecieron la razón de la ciencia del dicho, lo cual les resta credibilidad, porque al hablar en plural, ninguno ilustra quiénes y cuántos eran los integrantes del grupo armado que los amenazó, mucho menos la hora en que ocurrieron los hechos, así sea aproximada, tampoco describen las armas ni los medios de trasporte utilizados.

No se dio por enterado que en el impetrado amparo posesorio no se dijo nada de los hechos narrados por los anteriores declarantes, tanto más cuando esa querella se presentó apenas el 23 de marzo siguiente. En otro escrito de la misma fecha, simplemente se habla de “actos perturbatorios de los dependientes de la sucesión de Gilberto Molina, como Jorge Cocomá”, sin “especificar en qué habrían constituido esos actos”.

Pasó por alto que en las declaraciones extrajuicio rendidas por Leonel Cubides Cocca y Édgar Rodríguez Ladino, este último testigo en el proceso, contradictorio por lo demás, se ofrece una versión divergente de la narrada por los “deponentes atrás reseñados”, según se reproduce.

Dejó de apreciar la respuesta al hecho tercero de las excepciones formuladas por la demandada inicial, en donde amén de la vaguedad, “no se hace absolutamente ninguna mención de lo que supuestamente habría sucedido el 23 de febrero de 1999”.

Por último, ignoró que en la demanda genitora del proceso no se narraron los supuestos hechos peligrosos y delicados, dado que solo se mencionó el atinente a la compra del inmueble. Se omitió también el indicio derivado de la tardanza en incoar la acción, el 18 de julio de 2003, si se tiene en cuenta que la querella policiva fue decidida en septiembre de 1999.

3. Concluye la recurrente que las inconsistencias probatorias, por su carácter manifiesto, debieron indicarle al tribunal que la “demandante no detentó en ningún momento la posesión del predio en disputa” y que, por tanto, no hubo interrupción de la prescripción, todo lo cual repercutió en la decisión final, pues sin ellas, se habría encontrado impróspera la acción de dominio y viable la declaración de pertenencia.

4. Solicita, en consecuencia, que se case la sentencia impugnada y que en sede de instancia se proceda de conformidad.

Consideraciones

1. Se precisa, ante todo, que el tribunal hizo suyo, en lo pertinente, el contenido de la sentencia apelada, toda vez que para confirmar la decisión favorable a la pretensión reivindicatoria, encontró estructurados sus requisitos sustanciales, en la forma “como lo hizo ver el juzgado de primera instancia”.

1.1. En esa medida, el sentenciador de segundo grado no pudo pasar por alto que la inicial demandante, poco después de entablar la demanda, vendió el predio materia de litigio a un tercero, pues para el a quo la señora Ruth Yamile Jiménez Ladino, al momento del libelo, estaba legitimada en causa, por ser la propietaria inscrita del inmueble, “el cual posteriormente lo dio en venta a Hilda Rosa Murcia Sierra”.

Frente a lo anterior, el error de hecho que sobre el particular se imputa, es a todas luces inexistente, porque como se observa, no es cierto que el tribunal haya ignorado dicha circunstancia. Distinto es que, al momento de proferir la sentencia, no le haya atribuido a ese hecho las consecuencias jurídicas que recaba la recurrente, caso en el cual, de haberse equivocado el ad quem, el ataque ha debido enderezarse por la vía directa.

1.2. Con todo, interpretando con amplitud en ese sentido la acusación, tampoco el error iuris in judicando se estructura, porque si el juzgador analizó el requisito de la titularidad del derecho de dominio en cabeza de la reivindicante para la “fecha de presentación de la demanda”, se comprende fácilmente que lo relativo a la simple transferencia del inmueble controvertido, días después de entablada la demanda, no fue trascendente para proferir la sentencia estimatoria.

Lo anterior, desde luego, no podía ser de otra manera, porque el artículo 60, inciso 3º del Código de Procedimiento Civil, luego de prever la enajenación, a cualquier título, de la cosa o el derecho litigioso, posibilita, como es natural entenderlo, la intervención del adquirente, bien como litisconsorte del anterior titular, es decir, parte del mismo, ya para desplazarlo, siempre y cuando el contradictor lo acepte expresamente.

De ahí que la venta del bien que se disputan demandante y demandado, que es lo que concita la atención de la Corte, ninguna incidencia podía tener en el campo sustancial, por cuanto unos son los lazos materiales entre las partes principales, y otros, distintos, los del enajenante y el adquirente sobreviniente. Unos, por lo tanto, no pueden modificar ni extinguir los otros, ni viceversa, y por lo mismo, tampoco la eventual llegada al proceso del adquirente de la cosa o del derecho litigioso, pues ahí lo que se presentaría, en función del mismo objeto litigado, es la alteración relativa de la relación procesal.

Por esto, la presencia o no del tercero en el pleito, ninguna consecuencia puede acarrear, porque así como es insustancial que sea el cesionario o el cedente el que persiga el derecho litigioso (C.C., art. 1970), igualmente es indiferente que lo haga el enajenante o el adquirente de la cosa disputada, pues al fin de cuentas, en la especie de intervención voluntaria de que se viene hablando (CPC, art. 52, inc. 3º), jurídicamente, el uno se identifica con el otro, de donde es intrascendente que las declaraciones pedidas, como en el caso, se hagan a favor del primero.

En ese orden, al tenor del artículo 60, inciso 3º del Código de Procedimiento Civil, si no se presenta la sustitución del enajenante de la cosa litigiosa, su adquirente simplemente va a seguir figurando, al lado de aquel, como litisconsorte facultativo. La doctrina, en el análisis de la posición del cedente de los derechos litigiosos o del “enajenante de la cosa litigiosa”, coincide con lo expuesto, al decir que por el “ingreso del cesionario [o del adquirente] no desaparece, pues, como sujeto del proceso, el cedente [o enajenante], sino que este conserva intacta su calidad de parte, con las responsabilidades propias de tal”(1).

Lo dicho, desde luego, no cambia por haber sido demandado ese tercero en reconvención, cual ocurre en el caso, porque así no haya comparecido por voluntad propia, el orden de los factores no altera el producto, y prueba de ello aparece en la contestación del aludido libelo, en donde es clara la diferencia de apoyo a la reivindicación y de oposición a la declaración de pertenencia, precisamente porque como quedó dicho, no se pueden confundir las relaciones materiales entre las partes principales con las del enajenante y el adquirente sobreviniente.

2. Superado lo anterior, pasa a examinarse lo relativo al momento en que se entiende interrumpida la prescripción, en los eventos en que se interpone una diligencia de embargo y secuestro, porque como en su momento se verá, el análisis de los errores probatorios denunciados en el resto de la acusación, pende de las conclusiones que al respecto se saquen.

2.1. Con ese propósito debe dejarse sentado, pues sobre el particular no existe ninguna polémica, de una parte, que el inmueble disputado fue secuestrado en un proceso ejecutivo a finales de 1985, y de otra, que como consecuencia de haber sido rematado por cuenta del crédito, la medida cautelar se levantó y se ordenó al auxiliar de la justicia que lo entregara al ejecutante.

Del mismo modo, que antes de la diligencia en cuestión, concretamente, desde el “27 de mayo de 1983”, según conclusión del tribunal, o en coherencia con la demanda de reconvención, a partir del 25 de agosto del mismo año, la posesión material del fundo la venía ostentando Blanca Oliva Puentes de Molina.

Igualmente, que al señalar el ad quem que el poder de señorío de la precitada señora, se interrumpió el 22 de febrero de 1999, estaba significando, en primer lugar, que la medida de “secuestro sobre un predio no origina per se o necesariamente la interrupción de la posesión que alguien tenga sobre él”, como tiene explicado la Corte(2), y en segundo término, que esa cautela no fue eficaz para que el propietario ejecutado recuperara, al menos durante su vigencia, la aprehensión material, por lo que el secuestre, así sea en teoría, continuó ostentándola a nombre de la poseedora, en consideración a que, en palabras de la Sala, el “tiempo del secuestro aprovecha al poseedor”(3).

2.2. La anterior conclusión, por supuesto, no podía ser de otra manera, porque en lo que concierne al caso, si bien la poseedora en el proceso ejecutivo contaba con la oportunidad de reclamar la posesión material al momento del secuestro o dentro de los veinte días siguientes, de conformidad con los artículos 686, numeral 2º, y 687, numeral 6º del Código de Procedimiento Civil, vigentes para la época, debe entenderse, en garantía del derecho de defensa, que ello tenía lugar cuando la diligencia le era oponible, porque si no, los términos tenían que computarse a partir de la época en que se enteró de su existencia.

En el caso, la medida cautelar no pudo afectar a la poseedora, porque como se observa en el acta respectiva, nadie atendió la diligencia ni a ninguna persona se le informó acerca de su práctica, al punto que ni siquiera se constató la presencia o no de moradores, pues el predio se identificó mediante “recorrido (...) en un una embarcación”, y porque no aparece que previo al levantamiento del secuestro, a raíz del remate del bien, dicha señora haya intervenido en el proceso.

Esa cuestión, por supuesto, quedó superada al interior de la respectiva ejecución, al habilitarse al tercero la oportunidad de recuperar la posesión, como lo señaló en ese entonces el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, Sala Civil, en auto de 4 de octubre de 1999, al decir que por las “particulares circunstancias del caso debatido”, concretamente, porque al momento del secuestro, el “recorrido del predio se hizo en una embarcación, que la identificación... no quedó completa, y que además no se dejó constancia en el acto de que personas se encontraban... al momento de practicarse la diligencia”, no se había dado la “posibilidad de que terceros pudieran haber presentado su oposición basada en una posesión”.

Los reproches, por tanto, que se hacen en el cargo alrededor de esa diligencia, a la actividad del secuestre y del ejecutante, carecen de eficacia, frente a la decisión final, porque al reconocer el ad quem en este proceso que la posesión de Blanca Oliva Puentes de Molina, se extendió desde el 22 de mayo de 1983, hasta el 22 de febrero de 1999, así en la demanda de reconvención esta haya confesado que la ejercía desde el 25 de agosto del mismo año, no otra cosa estaba denotando que el secuestro del inmueble le era inoponible.

2.3. Frente a ese panorama, el problema se reduce a establecer si el ejecutado, y por ende el rematante, dado que aquel es su causante, recuperó la posesión, porque lo cierto es que la entrega de la finca por parte del secuestre se dispuso a favor de persona distinta de la poseedora.

No se discute, como tiene dicho la Corte, que la “situación posesoria se reputa subsistente durante todo el tiempo en que la medida [cautelar] tuvo efectiva vigencia, habida cuenta que en esas condiciones, en ausencia de prueba positiva en contrario y por mandato de los artículos 792 y 2523 del Código Civil (...), la posesión debe juzgarse legalmente recobrada y por lo tanto continuada sin interrupción”(4).

Desde luego que, cual se reiteró en la sentencia de 23 de noviembre de 1999, citada, si por el secuestro el “deudor o un tercero, no pierde la posesión”, pero que “recuperada la tenencia por el demandado, haya sido o no perdida por él o por alguno de sus antecesores, tal recuperación, en ausencia de prueba en contrario, debe considerarse legalmente lograda y no interrumpida la posesión”, la pregunta que surge es cuándo se entiende que el poseedor distinto al ejecutado, al cual no le es oponible la diligencia de secuestro, pierde el poder de señorío, frente a una orden judicial de entrega, emanada del remate del bien.

Como en ese caso, por lo dicho, seguía vigente la posibilidad de reclamar la posesión material, sin perjuicio de los derechos del rematante, la respuesta debe buscarse en el conocimiento que haya tenido el poseedor de esa orden judicial. Si se ha enterado de su existencia antes de que se materialice, es apenas obvio que su actividad debe dirigirla a evitar que la entrega se realice, teniendo como límite el “día en que el juez identifique el sector del inmueble”, de conformidad con lo previsto en el artículo 338, parágrafo 1º del Código de Procedimiento Civil.

Empero, si el tercero se notifica de la situación, luego de verificada la diligencia, esto es, por haberse “efectuado la entrega real o simbólica de la cosa”(5), bien por haberla presenciado, pero sin abogado, ya por no haber concurrido a la misma, por las circunstancias que fueren, también resulta diáfano que no le queda alternativa distinta a la de pedir la restitución del poder de señorío, en la forma y términos previstos en el parágrafo 4º del precepto anteriormente citado.

Frente a lo expuesto, surge claro que el ejecutado, dueño del inmueble, y de suyo el rematante, pues aquel sería el causante de este, se repite, no se hace nuevamente a la posesión, en primer lugar, cuando el tercero logra mantenerse en el inmueble y a pesar de la insistencia a la entrega, la oposición se acepta, y en segundo término, cuando obtiene la restitución del poder de señorío. En correlación, el poseedor pierde el derecho a conservar la posesión, de una parte, si no formula oposición antes que el “juez identifique el sector del inmueble”, y de otra, en los eventos en que, efectuada la diligencia, no solicita la restitución de la posesión “dentro de los treinta días siguientes”.

2.4. En el caso, observa la Corte, una vez examinadas las copias del proceso ejecutivo, que la poseedora Blanca Oliva Puentes de Molina, tuvo conocimiento de la existencia de la ejecución, concretamente de la orden judicial de entrega, dado que el 16 de abril de 1996, el juzgado comisionado para realizar la diligencia, resolvió unas peticiones relacionadas con el tema, elevadas con anuencia suya.

Así lo advirtió el tribunal, entre otras cosas sin protesta de la recurrente, al decir que el administrador de la finca, “al otorgar poder”, había dado cuenta de la “existencia del proceso ejecutivo, y su abogado aportó autorización de ella para que aquel le confiriera poder”. Desde luego, se refería al señor Jorge Enrique Cocomá Forero, quien evidentemente, con el beneplácito escrito de la poseedora, designó a un profesional del derecho para que se opusiera a la diligencia, poder en uso del cual se solicitó, en nombre del aludido “Administrador general de la señora Blanca Oliva Puentes de Molina, según autorización que anexo al presente escrito (...), aplazar la diligencia de entrega del predio”, “programada para el 25 de abril de 1996”.

Pese a lo anterior, hasta la fecha de identificación del inmueble, el 22 de febrero de 1999, la poseedora material, fuera de haber pedido en anterior oportunidad aplazar la diligencia, cual quedó dicho, no se opuso a la misma. En el cargo, por supuesto, la individualización del fundo de manera alguna se discute, porque todos los errores de hecho que se denunciaron alrededor de la “interrupción de la posesión”, se dirigieron a mostrar únicamente que no hubo la susodicha entrega real y material, nada más.

En ese orden, si la poseedora, luego del conocimiento que tuvo de la orden judicial dicha, no se opuso a que se efectuara, es indudable que el ejecutado, y el rematante con él, en la fecha en que se singularizó la finca, recuperó, jurídicamente, la posesión, razón por la cual la señora Blanca Oliva Puentes de Molina, quien la venía ostentando, bien desde el 27 de mayo de 1983, como lo reconoció el tribunal, ya a partir del 25 de agosto del mismo año, según lo acepta, igualmente la perdió.

Lo dicho significa que el tribunal no pudo equivocarse al concluir que la posesión que venía ejerciendo la demandada reconveniente, se interrumpió el 22 de febrero de 1999, antes de consumirse el término de la prescripción extraordinaria, porque pese al conocimiento que tuvo de la actuación dirigida a la entrega del inmueble rematado, no formuló oposición alguna.

Desde esa óptica, entonces, los errores de hecho que se imputaron alrededor de la entrega del inmueble, inclusive a persona distinta del rematante, cuestión esta última que, entre otras cosas, no es cierta, pues quien lo recibió fue diputado para el efecto por aquel (fl. 170, cdno. 2), entrega que en sentir de la recurrente, no pasó de ser una “fórmula ritual, hueca, carente de sustancia”, resultan a todas luces intrascendentes, respecto de la decisión final, porque aun en la hipótesis de encontrarse que esa diligencia no se realizó en forma real y material, al mismo resultado, por lo dicho, se arribaría.

3. Como lo anterior es suficiente para dar al traste con el recurso de casación, respecto de los errores de hecho probatorios relacionados con la “interrupción de la posesión”, pasa a examinarse si la posesión material fue recuperada “legalmente” por la demandada reconveniente, como lo exigen los artículos 792 y 2523 del Código Civil, todo con sujeción a las reglas establecidas en el título “De las acciones posesorias”, para entender que la ha tenido en el tiempo intermedio, so pena de que haya “habido interrupción para el desposeído”, en consideración a que al salir avante la acción reivindicatoria, se reconoció que ella llevaba escasos cuatro años ejerciendo el poder de señorío, luego de haberla recuperado mediante actos de violencia.

3.1. Pues bien, al quedar claro que Blanca Oliva Puentes de Molina, perdió la posesión que venía ejerciendo sobre el predio disputado, con el fin de constatar si los errores probatorios denunciados que se entroncan con la “recuperación violenta de la posesión”, son incidentes en la decisión final, la Corte advierte que en el expediente no existe prueba alguna que indique que la citada señora haya solicitado a la autoridad judicial la recuperación de esa situación de hecho.

En el proceso ejecutivo, según se recuerda, dadas las circunstancias excepcionales que se presentaron en torno a la diligencia de secuestro de la finca, se brindó la oportunidad para que la tercero obtuviera la “restitución” de la posesión, mediante el trámite previsto en el artículo 338, parágrafo 4º del Código de Procedimiento Civil. El intento resultó fallido, puesto que como lo anotó el tribunal, la interesada no otorgó la caución señalada para impulsar el incidente que había presentado.

3.2. Frente a ese panorama, es indudable que los errores de hecho en cuestión, también se muestran intrascendentes, porque inclusive en el caso de aceptar, en gracia de discusión, que la demandada dentro de la acción de dominio no se hizo de nuevo a la posesión de manera violenta, luego de haberla perdido jurídicamente, la única explicación posible es que el poder de señorío lo mantiene de hecho y no de manera legal, de donde al existir solución de continuidad en su ejercicio, es claro que la conclusión del tribunal sería la misma.

4. Si lo anterior fuera poco, como los errores probatorios son totalizadores, en el evento de aceptarse que la demandada reconveniente nunca perdió la posesión material, la Corte no podría pasar por alto, frente a un fallo sustitutivo, que ella confesó que la posesión la ejercía desde el 25 de agosto de 1983, luego al presentarse la demanda el 18 de julio de 2003 y notificada oportunamente, el término de veinte años del poder de señorío no lo habría alcanzado para ganar por prescripción extraordinaria el dominio del inmueble disputado.

5. El cargo, sin más, no se abre paso.

Decisión

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia de 30 de septiembre de 2008, proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Villavicencio, Sala Civil-Familia-Laboral, en el proceso ordinario agrario de Ruth Yamile Jiménez Ladino contra Blanca Oliva Puentes de Molina.

Las costas en casación corren a cargo de la recurrente. Tásense.

Cópiese, notifíquese y devuélvase el expediente al tribunal de origen para lo pertinente».

(1) GÓMEZ ESTRADA, César. De los principales contratos civiles. Temis. 3ª Edición. 1999. Pág. 175.

(2) Sentencia 100 de 23 de noviembre de 1999, expediente 5259 (CCLXI-1107, Volumen II).

(3) Casación Civil de 28 de agosto de 1973, citada en sentencia de julio de 2009, Expediente 01248.

(4) Sentencia de 22 de enero de 1993, Expediente 3524 (CCXXII-21).

(5) Vid. Sentencia 260 de 19 de octubre de 2005, Expediente 0245.