Sentencia 2003-00118 de diciembre 19 de 2012

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN CIVIL

Ref.: 76147-3103-002-2003-00118-01

Magistrado Ponente:

Dr. Arturo Solarte Rodríguez

Bogotá, D.C., diecinueve de diciembre de dos mil doce.

EXTRACTOS: «Consideraciones

1. El tribunal, en el fallo impugnado en casación, declaró la existencia de la sociedad comercial de hecho conformada entre la demandante y el señor Raúl González Ospina, con fundamento, básicamente, en las declaraciones rendidas por los señores Irma Lucía Gómez Hoyos, Bladimir Esquivel Parra, Norha Constanza Jiménez Hidalgo, Liderman Llanos Echeverri, Cenelia Cano Vallejo, Carlos Alberto Montoya Arboleda, Jorge William Cuesta Martínez, Humberto López Dávila, Hernán Soto, Germán Puentes Artunduaga, River Augusto Guzmán Zuñiga, Henry Gonzalo Restrepo y Leonardo Rodríguez Marulanda, de las que concluyó que “deja[n] ver a las claras la conformación de una verdadera sociedad de hecho”.

Como pruebas de refuerzo invocó, en primer término, el interrogatorio de parte absuelto por la actora y, en segundo lugar, la prueba documental, consistente en el pagaré 144339800007-6, las certificaciones expedidas por los establecimientos de comercio Taller Medina de Cartago, Súper Diesel de Pereira y el establecimiento de crédito Megabanco de Cartago, así como en la escritura pública 543 de 15 de julio de 1991, mediante la que se constituyó la sociedad Disragos Ltda.

2. Para desvirtuar esa postura del sentenciador, el recurrente denunció que su fallo violó indirectamente las normas sustanciales que especificó en el único cargo que propuso, como quiera que, en términos generales, el ad quem dio por probada, sin estarlo, la existencia de la sociedad comercial de hecho reclamada.

En desarrollo de la acusación, el censor combatió la ponderación que dicha autoridad efectuó de la totalidad de las pruebas por ella mencionadas y adujo que las restantes probanzas recaudadas en el proceso, no fueron apreciadas por el ad quem, en virtud de lo que le imputó la comisión de errores de hecho por tergiversación de las primeras y pretermisión de las últimas.

3. Así las cosas, se impone a la Corte, delanteramente, evaluar si el tribunal incurrió en los desatinos que el censor le enrostró respecto de los testimonios en los que, como se señaló, esa corporación soportó su fallo, para lo que se pasa a compendiar el contenido objetivo de tales medios de convicción.

3.1. Irma Lucía Gómez Hoyos manifestó que conoció a los señores González Ospina y Londoño Villa algo más de veinte años antes de la fecha de la declaración (ene. 25/2005) e identificó a la segunda, como la persona que administraba todo lo relacionado con los negocios del primero, pues ella era la que llevaba las consignaciones de la Estación de Servicio Villegas al Banco Cafetero y cobraba los cheques, aunque señaló que no le constaba nada sobre utilidades o pérdidas en los negocios de ellos dos. Manifestó, además, que realizó con el citado señor un negocio sobre un inmueble, en relación con el cual éste le manifestó que la había consultado con María Margoth Londoño Villa. Finalmente, destacó que “ella era la única que conocimos que iba a todas sus negociaciones y era la que le consignaba, de hecho tenía que existir una relación comercial”.

3.2. Por su parte, Bladimir Esquivel Parra mencionó que dentro de los negocios de la citada pareja se encontraban la Estación de Servicio Villegas, un motel y una papelería, que montó María Margoth Londoño Villa con ayuda de su compañero, Raúl González Ospina. Precisó, respecto de algunas operaciones de crédito con Bancafé, que éstas fueron realizadas por aquélla con el aval “verbal” de éste, para la instalación de la indicada papelería. Relató en torno de la estación de servicio y del motel, que la señora Londoño Villa era quien estaba al tanto de sus operaciones y que entre ellos dos existía una relación de confianza para la adopción de decisiones y el control de las diversas actividades comerciales. Destacó que no sabía nada sobre reparto de dividendos y que tenía entendido que los negocios entre Raúl y Margoth se remontaban a la época en que tenían la estación de servicio de Supía.

3.3. Norha Constanza Jiménez Hidalgo expresó que Raúl González se vinculó a la Cooperativa Transcart desde 1993 y que a Margoth la conoció porque en la persona autorizada, en ausencia de aquél, para entenderse con la asociación, como lo siguió haciendo después de la muerte del citado señor. Añadió que éste le informó “que ella siempre estaba con él y estaba pendiente de sus negocios”, aun cuando quien ejecutó actos con la cooperativa fue, “hasta su muerte, don Raúl, de allí para adelante, solamente en ese momento, entró la señora Margoth”.

No recordó si González Ospina, al afiliarse a la mentada cooperativa, manifestó estar asociado de hecho con Londoño Villa, pero la testigo contempló la posibilidad de que existiera “una relación de ese tipo entre don Raúl y doña Margoth, en el sentido (…) que nos podíamos entender con ella cuando no lo encontrábamos a él, porque así sucede con algunos asociados que tienen socios en sus vehículos o en sus negocios, y por últimas disposiciones de la Cooperativa no se pueden manejar asociaciones plurales, si existía una sociedad o no, no me consta, que existiera algo por escrito. Lo digo por los hechos no más”. Al final indicó que González Ospina usualmente se encontraba en la estación de servicio, cuando se hacían visitas, pero en algunas ocasiones quien estaba allí era la señora María Margoth.

3.4. Liderman Llanos Echeverri trabajó al servicio de los señores Raúl González Ospina y María Margoth Londoño Villa en obras y labores varias. Expuso que dependía de esta última cuando aquél no se encontraba y que recibía de ella su salario “por orden de don Raúl”. Precisó que la aquí demandante siempre estaba pendiente de los establecimientos de comercio, que la veía trabajando permanentemente en la estación de gasolina Villegas y que, en general, ambos actuaban “como una sola persona”, sin que supiera sobre el reparto de utilidades. En cuanto a los negocios de Raúl González Ospina, relacionó como tales “la bomba Villegas (…), segundo el motel, tercero el lote de Almangel, las dos fincas, los carros particulares y camiones y una sociedad que tenía de cerveza con el hermano y las casas”. Sostuvo, además, que “ellos dos montaron una papelería, en la [que] doña Margoth era la que estaba ahí permanentemente como socia de él y no sé más”.

3.5. La señora Cenelia Cano Vallejo adujo, en relación con los negocios de Raúl González Ospina, que cuando éste no estaba, se entendía con María Margoth Londoño Villa, ya que ella tenía acceso a las cuentas corrientes de aquél en Bancafé -solicitud de saldos e información sobre vencimientos de créditos, aunque carecía de autorización para firmar- e, incluso, que fue codeudora del mencionado señor. Manifestó, adicionalmente, que “por el vínculo que ellos tenían con el banco, nos dimos cuenta de la relación comercial que ellos manejaban juntos en los negocios” y que “más que todo, ella hacía de esposa para consultas y todo [lo] que nosotros teníamos que hacerle a ella por don Raúl, pero en la parte de créditos, que era donde ella daba la firma con él, entonces creo que ahí sí ya era una sociedad de ellos”.

3.6. Carlos Alberto Montoya Arboleda, empleado de la citada pareja en oficios varios, indicó que Londoño Villa era quien le daba los viáticos para los viajes y que cuando el señor González Ospina estaba ocupado en otros negocios o borracho, era ella la que “llevaba la voz ahí”. Agregó que la promotora de este juicio, era quien manejaba los negocios de las fincas, las bodegas, los vehículos, el motel Furatena, la estación Villegas y varios inmuebles. El testigo puntualizó que luego de pagar empleados, “lo que quedaba, pues se lo repartían entre don Raúl y doña Margoth”, y que ese conocimiento lo adquirió porque, en su condición de mensajero, “veía muchas veces cuando ellos estaban haciendo liquidación o hablando de las ganancias”. Comentó que “en la vida íntima de ellos no me metía, ni le preguntaba si ella era la esposa o no (…) de él, yo la conocí a ella como mi patrona”. Finalmente, destacó que Londoño Villa era la persona que pagaba a los empleados, liquidaba a los “pisteros” de la estación de servicio y cobraba los cheques a la Esso Colombia.

3.7. Jorge William Cuesta Martínez informó que conoció a Raúl González y a María Margoth Londoño desde 1986, en Supía; que luego se los encontró en Cartago, en la Estación de Servicio Villegas, a donde llegó a “establec[er] un crédito con la señora Margoth, el cual cada ocho días (…) me llegaban las facturas de la bomba y yo pagaba la cuenta” por gasolina o arreglo de sus vehículos. Dijo que le prestó a ella dinero, “la primera vez, (…) cuatro millones, conversé con don Raúl y él me dijo que no había problema, porque prácticamente eso era una sociedad y ella era la que administraba y (…) mantenía ahí”.

3.8. Humberto López Dávila trabajó 13 años con los señores González Ospina y Londoño Villa como conductor. Señaló que “como ellos dos eran socios”, cuando tenía algún inconveniente con el automotor, el primero le decía “llame a la socia mía para que le consiga los repuestos y le desvare el carro”. Añadió que era María Margoth quien pagaba el salario a los trabajadores de la finca y los impuestos de los vehículos, además que administraba el camión que él conducía y “se mantenía diario en la bomba con los negocios de ahí”. Narró que en una oportunidad escuchó a don Raúl González decirle a la señora Londoño Villa “liquide a ver qué plata ha producido el carro, para ver en qué se va a invertir”. Por último, precisó que no supo si entre ellos existió otra relación, además de la mencionada.

3.9. Hernán Soto, comerciante de 73 años, tan solo manifestó que le vendía repuestos a Londoño Villa y a González Ospina, y que en algunos casos le pagaba uno y en otras ocasiones el otro.

3.10. Germán Puentes Artunduaga expuso que María Margoth Londoño Villa permanecía en la estación de servicio y que ella era la que hacía pagos, pedidos y, en general, manejaba todo, pero aclaró que no sabía a qué título realizaba esas labores, si como socia o administradora.

3.11. River Augusto Guzmán Zúñiga explicó que en inmediaciones de la Estación de Servicio Villegas estaba el motel Furatena, al que María Margoth Londoño Villa, en un principio, le dedicaba más tiempo, sin devengar un sueldo como empleada, pero “por el estado en que don Raúl se dejó dominar por el alcohol, doña Margoth y el hermano Ramiro González le colaboraban mucho en el manejo de la estación, no me incumbe si ellos manejaban esto como sociedad o sencillamente era una colaboración de parte y parte”.

Como contador, precisó que para los negocios, Raúl González Ospina adquirió varios créditos en los que, en algunas ocasiones, figuró él y, en otras, la señora Londoño Villa. Espontáneamente manifestó que aun cuando no existió documento alguno en el que ellos hubiesen reconocido ser socios de facto y que él les recomendó no conformar sociedades de esa clase, por ser antieconómicas, de los hechos “se podría configurar una sociedad comercial de hecho, aunque vuelvo y lo repito, como asesor, para mí no tenía ninguna validez y esa era mi obligación, hacer que las cosas se manejaran desde el punto de vista legal”.

Precisó los hechos en que basaba su creencia sobre la existencia de la sociedad de hecho: “[e]l trabajo sin remuneración, la participación en la toma de decisiones, el servir de deudor o codeudor para créditos que [utilizaron] como capital de trabajo en los negocios, creo que no mas”. Estimó que “el desempeñarse en los controles del motel y en los reemplazos cuando el señor, por efectos de otros negocios, se tenía que desplazar, por alguna enfermedad o por efectos del mismo licor, no estaba presente en la estación, esos son hechos que para mi demuestran el trabajo sin remuneración por parte de doña Margoth, en el motel, en la estación de servicio y posteriormente en la sociedad Disragos Ltda.”.

Manifestó que como asesor no permitía que se registraran en la Cámara de Comercio sociedades de hecho y que si la que es materia de este proceso se configuró, fue responsabilidad de quienes participaron en los negocios.

Además constató, en los viajes que hizo con ellos, que “trataban muchos puntos, ya sea como la compra de un vehículo, el nombre de una sociedad, la consecución de crédito y, realmente, pues discutían estos puntos, aunque en la mayoría de los casos don Raúl imponía su palabra”. En relación con la venta de bienes, éste era quien decidía, pero respecto de las demás disposiciones, tomaban las decisiones en conjunto.

En punto de la repartición de utilidades, señaló que no le constaba, pero que si lo hubieran hecho, ello habría implicado la descapitalización del negocio y que no hubiesen llegado hasta donde lo hicieron.

Finalmente, señaló que no era de su conocimiento si “en la mentalidad de don Raúl (…) estaba la opción de asociarse con doña Margoth Londoño”.

3.12. El testigo Henry Gonzalo Restrepo, el otro contador de la pareja, cuestionó el reparto de utilidades por fuera de las sociedades legalmente constituidas, pues consideró que si Raúl le dio algo a Margoth, fue a título de donación, pero, aclaró, que de eso no tuvo conocimiento. Explicó que las declaraciones tributarias de González Ospina se presentaron a título personal, por lo que desconoce si existió sociedad de hecho. Manifestó que Raúl era la única persona que tenía la firma autorizada para hacer pagos y que cuando éste no se encontraba, Margoth actuaba señalando que “don Raúl mandaba a decir”. Por último, indicó que en ausencia de Raúl González, al frente de los negocios quedaban “Margoth, la mamá de don Raúl y un hermano”.

3.13. El señor Leonardo Rodríguez Marulanda trabajó para los mencionados compañeros en la parte eléctrica de los carros y en el motel. Informó que el señor González Ospina le dio la orden de que se entendiera con la señora María Margoth Londoño Villa, porque él casi nunca estaba ni en el motel, ni en la bomba. Manifestó que era a ella a quien le cobraba su salario, la que trabajaba con los carros y con el motel, la que aportaba su trabajo allá y que no sabía mucho sobre la relación de los dos, pero creía que era comercial, porque la mencionada señora era la que estaba al frente de los negocios.

4. Valorados individualmente y en conjunto los testimonios antes reseñados, se extracta de ellos que los deponentes dieron cuenta de diversos hechos que conducían a afirmar, como lo hizo el tribunal, la existencia de una sociedad comercial de hecho entre la demandante y el señor Raúl González Ospina, pues de los mismos se desprende la comprobación en el sub lite de los elementos que la jurisprudencia ha decantado como constitutivos de esa forma asociativa, a saber: “1. Que se trate de una serie coordinada de hechos de explotación común; 2. Que se ejerza una acción paralela y simultánea entre los presuntos asociados, tendiente a la consecución de beneficios; 3. Que la colaboración entre ellos se desarrolle en un pie de igualdad (…); 4. Que no se trate de un estado de simple indivisión, de tenencia, guarda, conservación o vigilancia de bienes comunes, sino de verdaderas actividades encaminadas a obtener beneficios” (Cas. Civ., sent. feb. 24/2011, exp. C-25899-3103-002-2002-00084-01).

5. Ostensible es, por lo tanto, que el tribunal no incurrió en las falencias interpretativas que, por tergiversación, le atribuyó el recurrente, pues cotejado el contenido objetivo de las compendiadas declaraciones con lo que de ellas infirió esa corporación, se aprecia que su laborío hermenéutico no luce equivocado y, mucho menos, que las conclusiones a las que arribó, en el campo de los hechos, sean contraevidentes.

Es que dichos testimonios son concluyentes respecto de las relaciones comerciales que, ciertamente, existieron entre los citados señores, María Margoth Londoño Villa y Raúl González Ospina, las que, valga destacarlo, se extendieron más allá del objeto social de la sociedad Disragos Ltda., puesto que, mientras ésta se dedicó a la “compra, distribución, transporte particular y terrestre, suministro y venta de toda clase de bebidas, especialmente cervezas y refrescos dentro del territorio de la República de Colombia” (fl. 183, cdno. 1), aquella comprendió también la administración de una estación de servicio, de un motel y de diversos inmuebles, urbanos y rurales.

Además, los deponentes fueron coincidentes en manifestar la preponderancia de la labor adelantada por la señora Londoño Villa, trabajó que comprendió la administración de la aludida estación de servicio, del mencionado motel, de los automotores con los que prestaban el servicio de transporte, de la papelería que estableció, de las fincas que adquirieron, gestión que implicó, entre otras actividades, que se encargara de la consecución de los insumos necesarios para el funcionamiento de tales empresas, del pago de los trabajadores, del mantenimiento y reparación de los bienes y del recaudo de los dineros generados por esas actividades, de modo que, como lo destacó el ad quem, los deponentes reconocieron que González Ospina avaló frente a propios y extraños la labor desarrollada por la demandante y que, unos y otros, siguiendo las instrucciones que éste les impartió, debían entenderse, las más de las veces, con la actora.

6. Debe descartarse, pues, que el sentenciador de segunda instancia hubiese cometido los errores de hecho denunciados en el cargo respecto de los testimonios analizados, yerros que, en puridad, se sustentaron en la particular lectura que el censor hizo de las declaraciones y que, por lo mismo, no sirven para estructurar el desatino fáctico imputado al tribunal, pues como lo tiene establecido esta Sala de la Corte, “desde el estricto marco casacional, se concluye que, por más respetable que resulte la interpretación que a los medios de prueba recaudados en el proceso asignó el recurrente, ella no es la única lectura que de tales medios de convicción puede hacerse y que, por consiguiente, el cargo no está llamado a abrirse paso, como quiera que, según lo tiene dicho esta corporación, un fallo judicial ‘no se puede socavar mediante una argumentación que se limite a esbozar un nuevo parecer, por ponderado o refinado que sea, toda vez que, in abstracto, tanto respeto le merece a la Sala el criterio que en esos términos exponga la censura, como el que explicitó el fallador para soportar su decisión judicial’ (Cas. Civil., sent. feb. 5/2001, exp. 5811), lo que es entendible en la medida que ‘no procederá este recurso, cuando aflore la vacilación o la precitada duda, caso en el cual será menester estarse a lo decidido por el juzgador de instancia, merced a la arraigada presunción de legalidad y acierto que campea en el ordenamiento patrio —ya aludida—...’ (Cas. Civ., sent. mar. 31/2003, exp. 7141), por cuanto ‘sólo cuando la tesis que expone la censura es la única admisible, es procedente abrirle paso al recurso’ (Cas. Civ., sent. ene. 31/2005, exp. 7872)” (Cas. Civ., sent. ene. 28/2009, exp. 68081-3103-002-2004-00303-01).

7. No habiendo logrado el impugnante resquebrajar la valoración que el tribunal efectuó de los reseñados testimonios, los que, como se señaló, constituyen la base fundamental de su fallo y, por ende, lo sostienen con sobrada suficiencia, inane resulta auscultar los restantes desatinos que por tergiversación se atribuyeron a dicha autoridad, pues así se coligiera que ella erró en la ponderación de esos otros medios de convicción, que el ad quem, según ya se hizo notar, invocó solamente como pruebas de refuerzo, su sentencia no estaría llamada a quebrarse, toda vez que continuaría afianzada en las declaraciones precedentemente estudiadas.

8. De igual manera, se advierte que, si bien es verdad, el tribunal no hizo referencia expresa a la totalidad de las pruebas que el recurrente señaló como preteridas, dicho yerro, de todas maneras, deviene intrascendente, por cuanto tales probanzas no desvirtúan las conclusiones fácticas a las que esa corporación arribó, ni tienen la fuerza necesaria para destruir el argumento toral en el que ella sustentó el proveído cuestionado, de lo que se sigue que la aludida supuesta infracción no repercutió en la decisiones con las que finiquitó el litigio.

Sobre el particular, cumple recordar que si “[e]l error de hecho por la inapreciación de una prueba, con virtualidad para quebrar en casación el fallo impugnado, solamente se presenta cuando el sentenciador no ha visto en el expediente una prueba que demuestre de modo evidente la existencia de un hecho que trascienda en la resolución del pleito, se impone afirmar que el manifiesto error fáctico que la censura le imputa al tribunal, (…), no existe, pues aún en el supuesto de que hubiera considerado expresamente en su sentencia [el aludido medio probatorio] habría llegado a la misma conclusión…” (Cas. Civ., sent. ago. 28/74, G.J. t. CXLVIII, pág. 228).

9. Estima la Sala, por último, que el error de hecho alegado por el recurrente, relativo a la falta de valoración de los indicios consistentes en que la actora no tenía autorizada su firma en las cuentas bancarias de González Ospina, que no se llevó la contabilidad de los negocios de la sociedad de hecho, y que no se presentaron las declaraciones de renta de la misma, en contraposición a lo que se indicó en los hechos de la demanda, no está destinado a acogerse, porque de esas circunstancias no se infiere lo deducido por el recurrente, esto es, en síntesis, que la tantas veces mencionada sociedad de hecho no se conformó o que el nombrado señor no tuvo la intención de asociarse con ella. Por otra parte, tales indicios tampoco serían suficientes para ocasionar el quiebre del fallo impugnado.

10. Corolario de todo lo en precedencia consignado, es que el cargo propuesto no está llamado a abrirse paso.

Decisión

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casación Civil, actuando en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia proferida el 30 de junio de 2010 por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Guadalajara de Buga, Sala Civil-Familia, en proceso ordinario que al inicio de este proveído se dejó plenamente identificado.

Se condena en costas, por el recurso extraordinario, a sus proponentes. Tásense. En la respectiva liquidación, inclúyase, por concepto de agencias en derecho, la suma de $ 6.000.000.

Cópiese, notifíquese, cúmplase y, en oportunidad, devuélvase el expediente al tribunal de origen.»