Sentencia 2003-00119 de noviembre 13 de 2012

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN CIVIL

Ref.: Expediente 23001-31-03-001-2003-00119-01

Magistrada ponente:

Dra. Ruth Marina Díaz Rueda

Aprobado en sesión de 16 de octubre de 2012

Bogotá D.C., trece de noviembre de dos mil doce.

EXTRACTOS: «III. La demanda de casación

El ataque extraordinario se funda en cuatro reproches, todos soportados en el primer motivo del recurso extraordinario que se examina, los dos iniciales por violación recta de la ley sustancial y los restantes por indirecta. La Corte comenzará su análisis por los últimos y al igual que los dos restantes, conjuntará, porque cada grupo se halla soportado en similares supuestos, ameritando reflexiones comunes.

Cargo tercero

1. Con sustento en la causal primera del canon 368 del estatuto procesal civil, se acusa el fallo de quebrantar de manera “indirecta”, por “falta de aplicación, como consecuencia de (...) errores de hecho” los artículos 830 del Código de Comercio, 8º de la Ley 153 de 1887 y 95 de la Constitución Nacional, 2341, 2343 y 2356 del Código Civil, 1º, 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 7º y 8º del Decreto 967 de 2000, 1º y 2º del “Decreto 1623 de 2002, 1º del Decreto 422 de 2005”, 1º y 2º de la Resolución 00405 de 2000, y 1º, 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 7º, 8º de la 0091 de 2003.

2. El embate se sustenta de la siguiente manera:

a. El recurrente “part[e] del supuesto consistente en que el fallador, no obstante haber visto las pruebas, las alteró para cambiar el contenido que ellas mostraban”, pues se limitó “a anunciar apenas dos pruebas documentales” que corresponden al escrito proveniente de Finagro y al emanado del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, que le permitieron sostener que “era facultad discrecional del banco negociar o no la cartera” y “concluir que el comportamiento del establecimiento se ajustaba a la ley”, por lo que no merecía ningún reparo que hubiera continuado con el proceso ejecutivo hasta el remate y entrega del bien otorgado en garantía.

b. Destaca que el ad quem no ponderó los medios de persuasión uno por uno y en conjunto, de tal manera que permitiera establecer que, en verdad, la determinación se fundaba en el haz probatorio, pues se dedicó a emplear términos de manera abstracta y general, pero que permiten “entender, en todo caso, que aún bajo esa extrema parquedad, implícitamente pudo tener en cuenta tales pruebas”.

c. Que aquel solo transcribió apartes de algunos hechos de la demanda, con base en los cuales limitadamente creyó que el actor únicamente procuraba el resarcimiento del perjuicio apoyado “en la intención de dañar”, así como en la errada estimación del contenido de los dos citados documentos y en la equivocada apreciación de las demás pruebas allegadas y que “no se enlistaron en el fallo, o sea, por cercenamiento”.

d. Que de haberse estudiado el contenido exacto del libelo y sus 14 hechos, no habría concluido que la causa petendi se circunscribió solo al dolo, toda vez que en ella se explicó otra gama de conductas indebidas del banco, constitutivas de abuso del derecho, reducidas arbitrariamente por el tribunal, quien alteró su contenido y que analizadas correctamente, las hubiera hallado acreditadas, pues allí se hizo mención a “la actitud caprichosa del establecimiento bancario, su carencia de responsabilidad y falta de seriedad comercial, la sin razón de su comportamiento (...), ‘la decisión de su parte carente de sindéresis’, tomado con el propósito de lesionar su patrimonio, la falta de solidaridad, estar en contraposición con las políticas del gobierno y no atender la función social de los bancos que procuraban los decretos emitidos, haber asumido este asunto como si fuera un problema personal, incluso en detrimento del mismo banco, el abuso de la posición dominante y del derecho de litigar, el constreñimiento indebido ‘por la fuerte presión’ jurisdiccional, haberle aparentado fórmulas de arreglo, conducta aberrante de la entidad bancaria y no haber manejado las cosas razonablemente”.

e. Refiere el trámite del proceso coactivo iniciado con base en el pagaré y la escritura de hipoteca, dando cuenta, entre otros aspectos, que el 2 de abril de 1997 se libró mandamiento de pago, el siguiente 17 de noviembre se ordenó seguir adelante la ejecución y el 12 de junio de 2001 se efectuó el remate por el 40%.

f. No obstante, antes de esta fecha, esto es, el 15 de marzo de 2000 el ejecutado llenó el formato 36899 para inscripción de beneficiarios del Programa Nacional de Reactivación Agropecuaria, en el que relacionó particularidades, como las causales que lo llevaron a incumplir el pago de la obligación asumida con la entidad bancaria, la que también lo diligenció y fue firmado por su gerente de Cereté. Igual proceder asumió la Umata y Fondear, quienes además, certificaron: el primero, que el beneficiario cumplía las condiciones establecidas en el Decreto 1821 de 1999 y, el segundo que la cartera era viable para ser beneficiada por el PRAN, agregando que en similares términos quedó escrito el formato 36876.

g. Indica que si el tribunal hubiera ponderado tales medios de persuasión como correspondía, no se habría equivocado diciendo que el banco “estaba en su derecho de promover el proceso ejecutivo, sin tener en cuenta los trámites iniciados por su deudor”.

h. Señala que en el interrogatorio de parte de la representante del ente demandado, a más de mencionar que la cuantía del remanente superaba los $ 81.000.000, admitió que de haberse acogido al plan, el intermediario financiero recibiría beneficios por parte de Finagro, lo que aunado a la explicación sobre lo que en su criterio habilitaba a dicho órgano crediticio para no mercadear, deja ver la arbitrariedad de esta y el error del sentenciador al señalar que no estaba obligado a negociar, pues resulta baladí la respuesta consistente en que pretendía la defensa de los depositarios y que su interés era “recuperar el dinero prestado en dinero, no en bienes”, cuando según documento proveniente del ente accionado, el saldo de la obligación corresponde a pérdida o castigada.

i. Que no valoró debidamente varias expresiones del testimonio rendido por Guillermo Raúl Rhenais Nova, quien mantuvo relaciones con la entidad financiera e indica que el cambio de acreedor beneficiaba en forma directa a Barguil, porque la deuda se refinanciaba por diez años o más y que a pesar de agotar todos los mecanismos para acceder al plan, el banco, caprichosamente se abstuvo de venderle la cartera a Finagro, lo que condujo al remate del bien por un monto diez veces menor al verdadero valor comercial, pasando por encima de las directrices del gobierno nacional, en cuanto que el programa se aplicaría a todos los agricultores afectados por el fenómeno del niño; además lo discriminó frente a otros granjeros que sí fueron acogidos, le arrebató su patrimonio y le negó toda posibilidad de poder trabajar en el sector agropecuario, acto del accionado que se desplegó inclusive, a costa de su detrimento económico.

j. Que tampoco vio en su exacta dimensión el documento emanado de la Gobernación de Córdoba en donde se indica que por el “fenómeno del niño”, en la zona de Cereté, los rendimientos del cultivo de algodón, en la cosecha 97-98 bajaron un 6.3%, en tanto que el de maíz tecnificado, descendió un 9.2% con respecto a 1996.

k. Agrega que al no valorar en su real extensión tales pruebas, el tribunal no advirtió la “actitud dolosa del banco, o cuando menos de los actos realizados con desviación de los fines inherentes a su función, en contravía de las políticas y directrices trazadas por el gobierno nacional con ocasión de los fenómenos de la naturaleza y de otros factores, puesto que prefirió motu proprio perseverar en la continuación del proceso ejecutivo, excluyendo al deudor de las respectivas ventajas que le proporcionaban los programas trazados en los decretos correspondientes, aún en detrimento de sus mismos intereses, creyéndose de esta manera equivocadamente autorizado para ello, con la simple discrecionalidad o la malentendida potestad que le conceptuaron Finagro y el Ministerio del Ramo”.

l. Que en esa medida, el argumento del juzgador de segundo grado tendiente a excusar el comportamiento del accionado, sustentado en los escritos emanados de tales entidades, resulta notoriamente equivocado, pues si bien en un comienzo le era dable acudir a la vía ejecutiva, no podía perder de vista los principios superiores que gobiernan su actividad enmarcada dentro del postulado de la libertad de empresa e iniciativa privada limitada por el bien común y los derechos individuales, conforme a lo previsto en el artículo 333 de la Carta Política.

ll. Añade que los medios de convicción muestran que el ente convocado, de manera tozuda, en lugar de suspender el proceso para que el demandado se acogiera a los privilegios del programa y de paso ayudarlo en los planes aprobados por Umata y Fondear respecto del predio y la financiación de la obligación, lo excluyó de tales beneficios y continuó la ejecución recibiendo solo $ 18.497.486 suma inferior a la del crédito, cuyo saldo constituye para la entidad “obligación castigada”, con la consiguiente ruina del agricultor.

m. Así mismo sostiene que el perjuicio y su monto se hallan acreditados, pues con el avalúo pericial se demuestra que el inmueble tenía un costo comercial de $ 249.360.000, y al haberlo rematado por $ 24.800.000, se advierte el desmedro patrimonial, lo mismo que la frustración del ejecutado quien apoyado en los “programas” de que dan cuenta los referidos decretos, creyó erróneamente en la colaboración del banco, a quien en su momento le allegó los respectivos proyectos que finalmente no quiso seguir adelante, al punto de no vender la cartera tendiente a procurar su “rehabilitación y financiación”.

n. Que la experticia permite constatar que los daños materiales irrogados al actor ascienden a la suma $ 1.402.998.797,84, de los cuales $ 249.360.000, corresponden al daño emergente, y el resto a lucro cesante; mientras que para determinar los “perjuicios morales”, se adujo una certificación médica de quien atendió profesionalmente al señor Barguil Banda, “debido a sentimientos de culpa, pensamientos negativos con ideas de muerte, adinamia, ideas de minusvalía, insomnio, anahedomia, y muchas angustias”, que de haber sido considerada por juzgador tendría por establecida la existencia y monto del perjuicio.

ñ. Que al no haberse otorgado el contenido real y objetivo a los referidos elementos de convicción, el ad quem cometió errores manifiestos de hecho y, como consecuencia, dejó de aplicar las normas que permiten acoger el abuso del derecho en cualquiera de las diversas conductas indebidas referidas, así como aquellas que autorizan imponer la respectiva indemnización al agente que ha incurrido en responsabilidad, por manera que de no caer en ellos, en lugar de negar las pretensiones habría confirmado el fallo del a quo.

Cargo cuarto

Soportado en el primigenio motivo de casación, acusa la aludida decisión del ad quem de quebrantar indirectamente, las disposiciones citadas en el embate anterior, como secuela de yerros fácticos en la apreciación de la demanda, algunos documentos y la pretermisión de otras pruebas.

El recurrente para sustentar esta acometida, se remite a los argumentos revelados en el ataque acabado de exponer, anotando que el tribunal solo valoró las respuestas provenientes de Finagro y el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural e ignoró los demás medios de persuasión; en razón de ello, la Sala no estima necesaria la reproducción de tales manifestaciones.

Con base en los reproches planteados pide quebrar la decisión recurrida y emitir la de reemplazo.

Consideraciones de la Corte

1. Las sentencias objeto del recurso extraordinario de casación arriban a la corporación amparadas de la presunción de legalidad y acierto tanto en su fundamentación jurídica como en la apreciación de los hechos y la ponderación de las pruebas que al respecto haya efectuado el juzgador de instancia.

Empero, dicha “presunción” puede ser desvirtuada si se demuestra que el proveído en cuestión es contraevidente o raya con lo absurdo, bien porque se aparta infundadamente y de manera trascendente de las disposiciones que regulan la materia sometida a composición del Estado por intermedio de sus jueces, ora en la consideración fáctica, ya en la estimación de los elementos de convicción.

En caso de presentarse esa clase de falencias, el fallo necesaria y fatalmente tiene que ser aniquilado para en su reemplazo pronunciarse el que concierna a la correcta aplicación de la normatividad pertinente, a la realidad que reflejen los “hechos” o a lo que demuestren las probanzas obrantes en el plenario, dado que en eventos como los analizados, la providencia no permite ser definitiva por no constituir un cierre último del debate judicial frente a la verdad que emerge del expediente.

2. En el presente asunto, se recuerda que el actor solicita declarar al banco accionado civilmente responsable de los perjuicios que le causó, porque en lugar de venderle el crédito que tenía en su contra a Finagro, abusando de su derecho, prefirió continuar con el proceso ejecutivo hipotecario iniciado con antelación a la expedición de las normas del PRAN que permitían tal negociación y rematar el bien objeto de la garantía real.

El juzgador de segundo grado desestimó las pretensiones al considerar que “no existió abuso del derecho”, ya que Bancolombia actuó dentro del marco legal, haciendo uso de su derecho de acceso a la administración de justicia, ejecutando una obligación vencida”; no “se desbordaron los límites legales establecidos a favor del acreedor hipotecario, quien en ejercicio de su derecho ejecutó, con el fin de recuperar el dinero entregado en mutuo”; “ejerció su derecho, con un fin serio y justificado”, con autonomía de su voluntad se abstuvo de transferir la cartera de aquel, pues a más de que no era obligación hacerlo, según sus cálculos y aspiraciones le resultaba más rentable proseguir con el proceso, dado que “lo ofrecido por Finagro era muy poco”, tampoco “está probada la intención del banco en perjudicar al señor Barguil”, es decir, no se presentó tal infracción, ni siquiera “de aceptar la posición de la función social de que habla el demandante”; y en síntesis, no se “configuró ninguno de los planteamientos esbozados por el demandante”.

Por su parte, el recurrente le atribuye al tribunal haber incurrido en error de facto porque “alteró para cambiar el contenido” que mostraban las pruebas, apreció equivocadamente la demanda al creer que el “actor procuraba el resarcimiento del perjuicio apoyándose ‘en la intención de dañar’”, cuando “del cabal examen de los (...) hechos incluidos en esta (...), ni por asomo permiten decir (...) que la causa petendi quedó circunscrita al solo relato del dolo”; así mismo le enrostra que estimó erradamente los dos documentos provenientes de Finagro y del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, dado que a partir de ellos entendió “que era facultad discrecional del banco negociar o no la cartera, para con base en esta apreciación concluir que el comportamiento del establecimiento se ajustaba a la ley”; que pretermitió otros medios de persuasión, y en compendio, que “desestimó las súplicas bajo la premisa de que el abuso del derecho requería forzosamente la presencia del dolo y que, por este sendero, le incumbía a la parte actora ‘demostrar, desde la demanda, la intención maliciosa’”.

3. En razón de la temática que envuelve la acusación, conviene remembrar que, en el ámbito teórico, con miras a corregir los desafueros acaecidos en el ejercicio de los derechos, aún legalmente contemplados, se comenzó a reaccionar, diseñando límites y secuelas a la conducta excedida generadora de perjuicio.

En esa dirección fueron apareciendo distintas teorías encaminadas a contrarrestar las de estirpe individualista que rechazaban la posibilidad de que el “ejercicio de los derechos” propios causara daños ajenos susceptibles de indemnización. En consecuencia, aquellas posiciones se orientaron a sustraerle el carácter absoluto a los “derechos subjetivos” y a pregonar su relatividad, todo orientado a impedir el agravio a los de los demás, de manera impune, innecesaria e injustificada.

Los apartes subsiguientes de la sentencia de casación de 16 de septiembre de 2010, Expediente 2005-00590-01 develan el pensamiento de la Sala respecto del referido fenómeno jurídico al decir que “la Corte, mediante especial esfuerzo por actualizar las normas a las nuevas realidades, comenzó a mirar con un sentido amplio y extraordinario los principios generales y, en esa tarea, moldeó la doctrina de la relatividad de los derechos, en la que de la interpretación literal de los textos legales, empezó a extenderla a una hermenéutica funcional apoyada en los mencionados principios y valores. Fue así como sostuvo, a modo de hito inconfundible, cómo los derechos subjetivos, en la medida en que “... son dados para la sociedad, a la cual sirven, más que al individuo... no son absolutos, sino relativos...”, razón en la que se apoyó para, a renglón seguido, manifestar que consecuentemente deben “... ejercitarse dentro del plano de la respectiva institución, conforme al espíritu que los inspira...” (G. J., t. XLVI, p. 60), puesto que si bien era cierto que ellos merecían todo el respeto, también lo era que no podrían considerarse “... absolutos...”, y “... que el ejercicio de todo derecho tiene por límite el derecho ajeno...” (G. J., t. XV, p. 8).

“Aseveró también, como fundamento basilar del postulado, y en coherencia con lo dicho, que las potestades de los asociados, aunque legítimas y respetables, no podían ser ilimitadas ni justificaban la invasión de las ajenas, en virtud de que hallaban confín en el lugar mismo donde empezaban a regir las de los demás, de suerte que no podían ser traspasados impunemente los correspondientes linderos, por lo que, de ser transgredidos y, por ese sendero, causar daño, se incurriría en responsabilidad civil. En ese sentido expresó cómo “... el derecho de cada cual va hasta donde empieza el de su prójimo...”, entendimiento de tal peso y suficiencia que permitiría afirmar sin hesitación la evidencia de la secuela que engendraría, según la cual “... cuando su ejercicio traspasa ese límite, tal actividad puede implicar un claro abuso del derecho...” (sent. oct. 11/73, G. J., t. CXLVII, p. 82).

“Una vez asimilada y aplicada la doctrina del abuso del derecho, fundada en los antecedentes de los actos de emulación y en las inmisiones, empezaron a brotar, como sucedáneas, la visión subjetiva, afincada en la necesidad de intención dañina o por lo menos de imprudencia o descuido en la conducta, para que pudiera advertirse el fenómeno, y la objetiva, apoyada en la presencia del exceso o anormalidad en la ejecución del respectivo derecho, tesis ambas que terminaron siendo aceptadas en una especie de postura ecléctica, de conformidad con la cual se incurriría, en cualquiera de los dos casos, en el fenómeno que se viene tratando, pues en una u otra situación emergería el desafuero siempre que el titular del respectivo privilegio causara menoscabo por razón de su designio dañado, ora por virtud de la simple negligencia, ya porque desbordase sus límites, lo ejerciera de manera anormal o merced a que lo practicara en forma diversa a la función para la cual fue establecido.

“La Corte, interpretando aquel sentimiento, lo asumió y expuso, en sentencia de 19 de octubre de 1994, que “esa ilicitud originada por el ‘abuso’ puede manifestarse de manera subjetiva —cuando existe en el agente la definida intención de agraviar un interés ajeno, o no le asiste un fin serio y legítimo en su proceder— o bajo forma objetiva cuando la lesión proviene del exceso o anormalidad en el ejercicio de determinada facultad, vista la finalidad para la cual fue esta última incorporada y reconocida en el ordenamiento positivo (Exp. 3972)”.

4. Pues bien, como aspecto preliminar, se recuerda que el recurso de casación se halla orientado a juzgar la sentencia impugnada y no el litigio en sí mismo considerado, pues de hacerlo, mutaría aquel en una tercera instancia, que la ley no prevé. En consecuencia, el mismo se dirige a que la Corte determine, dentro de los límites trazados por la censura, si el fallo combatido se halla o no ajustado al ordenamiento sustancial o, en su caso, al procesal; sin desconocer, claro está, que el juzgador de conocimiento goza de una discreta autonomía para apreciar los medios demostrativos, según los dictados de la sana crítica, esto es, se encuentra bajo el apremio de enjuiciarlas con soporte en el sentido común, la lógica y las reglas de la ciencia y de la experiencia.

Lo anterior explica la razón por la que, cuando el ataque se construye sobre la base de haberse cometido un error de hecho que como vía indirecta integra la 1ª causal del precepto 368 del Código de Procedimiento Civil, su demostración presupone, entre otras exigencias, que la inferencia probatoria atacada sea abiertamente contraria al contenido objetivo de la prueba, lo cual comporta que solo se estructure en la medida en que el desacierto sea tan notorio que a simple vista se manifieste, sin mayor esfuerzo ni raciocinio, o, lo que es igual, de tal magnitud que resulte ostensiblemente contrario a la evidencia del proceso.

Ahora bien, como los motivos invocados para quebrar el fallo impugnado se relacionan con la “violación indirecta de la ley sustancial” por yerro fáctico, se impone recordar que esta clase de desatino “(...) acaece cuando el tribunal cree equivocadamente en la existencia o inexistencia de un medio probatorio en el proceso o cuando al existente le da una interpretación ostensiblemente contraria a su contenido real, es decir, cuando desacierta en la contemplación objetiva de la prueba, razón por la que se ha explicado que su estructuración solo puede tener como causa determinante una cualquiera de estas hipótesis: a) cuando se da por existente en el proceso una prueba que en él no existe realmente; b) cuando se omite analizar o apreciar la que en verdad si existe en los autos; y, c) cuando se valora la prueba que si existe, pero se altera sin embargo su contenido atribuyéndole una inteligencia contraria por entero a la real, bien sea por adición o por cercenamiento” (sent. jun. 20/2011, Exp. 2000-00177-01).

5. De conformidad con lo expuesto, cuando en el recurso extraordinario de casación se critica la sentencia del ad quem por comportar errores fácticos, el ataque no debe orientarse a contraponer los juicios valorativos que puedan admitir los medios de persuasión, sino a mostrar las equivocaciones observables sin obstáculo, es decir, evidentes y relevantes en las que incurrió el juzgador, concretando su señalamiento, dado que se trata de un reproche de existencia, atinente a la materialidad de la prueba.

Con miras a verificar si se estructuran los yerros endilgados por el recurrente, seguidamente se registran los elementos de persuasión con trascendencia para la decisión que se está adoptando.

a. Copias del proceso ejecutivo hipotecario promovido por el banco ahora accionado contra el actor, en donde consta que la demanda fue presentada el 21 marzo de 2007; el siguiente dos de abril, el Juzgado Primero Civil del Circuito de Cereté libró mandamiento de pago; el 11 de agosto de 1997 profirió sentencia de proseguir la “ejecución” y después de declarar varias veces desierta la licitación, finalmente, el 12 de junio de 2001 fue rematado el inmueble objeto de la garantía real por la suma de $ 24.800.000 , almoneda que partió del 40% de su avalúo fijado en $ 62.000.000,oo (fls. 1, 33, 56 y 241, cdno. 4).

b. El Decreto 1821 de 1999 estableció y acogió el “Programa nacional de reactivación agropecuaria, en adelante PRAN, para la reactivación y fomento agropecuarios” y en desarrollo de ese objeto dispuso que “el PRAN podrá, entre otras actividades de reactivación, comprar cartera crediticia agropecuaria a cargo de los pequeños y medianos productores agropecuarios interesados en acogerse a este programa y a favor de los intermediarios financieros, vigilados por la Superintendencia bancaria, siempre que se cumplan las condiciones y requisitos previstos en este decreto”, dentro de los cuales previó que “La compra de cartera se realizará por una sola vez, respecto de cada productor interesado (...)” y adicionalmente, “[q]ue la cartera susceptible de acceder a los beneficios del PRAN, estuviere en mora en la fecha de vigencia de la Ley 508 de 1999 (...).

c. Respuestas del secretario general de Finagro al juzgado de conocimiento, en las cuales señala que era potestad de las entidades financieras vender o no los créditos referidos en el PRAN (fls. 106, 176, 238 y 352, cdno. 1).

d. Oficio proveniente del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural que coincide con la información suministrada por la autoridad antes citada (fls. 136-137, cdno. 1).

e. Comunicación allegada por el accionado al juzgador de instancia en la que informa los criterios de selección de los agricultores morosos, las consideraciones que tuvo en cuenta para no negociar, dentro de ellas, que la entidad no estaba obligada a hacerlo y que contaba con una garantía real superior al 38% de lo ofrecido por el PRAN. Allí mismo anota que el saldo de la aludida prestación a cargo del actor se presenta como pérdida y actualmente se halla castigada (fl. 174, cdno. 1).

f. Interrogatorio de parte absuelto por la representante del órgano demandado, en el que entre otros aspectos, relata la época desde cuando se hallaba vencida la deuda, el momento en que se inició el juicio ejecutivo, los abonos efectuados, el remanente del mismo y las razones para no vender la cartera del señor Barguil (fls. 324-327, cdno. 1).

g. Igual diligencia se surtió con el accionante quien reveló las gestiones realizadas para acogerse al PRAN, el cumplimiento por su parte, de los requisitos exigidos y su aseveración de que a pesar de que Finagro compró más de 30.000 pagarés, el único que no entró al programa fue él, por cuya cartera se ofreció el 38% (fls. 329 a 332, cdno. 1).

h. Guillermo Raúl Rhenais Nova declaró conocer lo relacionado con el préstamo otorgado al demandante por Bancolombia y los trámites que aquel desplegó para ingresar al “PRAN”. Así mismo plasma sus reflexiones que descalifican la actuación de la entidad crediticia. (fl. 334, cdno. 1).

i. Inspección judicial a las dependencias del banco demandado en la oficina de Cereté, en la cual se pusieron de presente los documentos antecedentes del crédito otorgado al actor y allí, la gerente refirió la iniciación del proceso de cobro coactivo por incumplimiento en su solución, el advenimiento del “PRAN” hallándose en curso dicho pleito, los criterios de selección para la “venta de cartera”, destacando que no era obligación negociarla (fls. 23 a 25, cdno. 3).

j. La respuesta de la Gobernación de Córdoba hace mención a que el fenómeno del niño, en la zona de Cereté, se reflejó en los rendimientos del cultivo de algodón, dado que en la cosecha 97-98 bajaron un 6.3%, en tanto que el de maíz tecnificado, descendió un 9.2% con respecto a 1996 (fl. 100, cdno. 1).

6. Frente a la argumentación expuesta por el impugnante, cabría acotar inicialmente que no demostró los desatinos fundamento de la censura, con la connotación de protuberantes, pues más que evidenciar la notoriedad y trascendencia de los yerros incurridos por el tribunal, lo que se aprecia es una lectura distinta a la efectuada por este, la que por no revelarse arbitraria, ni opuesta a la lógica, resulta admisible y mayor aún cuando se halla revestida de la presunción de legalidad y acierto.

En efecto, el ad quem, para revocar el fallo del juzgador de primer grado que había accedido a las pretensiones del actor, entre otros aspectos, señaló que si bien “el Gobierno Nacional, teniendo en cuenta las circunstancias que lesionaron los intereses productivos y económicos de los agricultores del país, creó el llamado PRAN”, en dirección a lo cual, normativamente buscó la reactivación y fomento del sector agropecuario a través de la “compra de cartera crediticia”, era igualmente cierto “que esta compraventa de cartera no era obligatoria por parte de las entidades financieras”, como lo certificaron Finagro y el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, razón por la que la entidad demandada no incurrió en abuso del derecho.

7. En tales condiciones, si para edificar su decisión, el tribunal tuvo en cuenta el precitado soporte probatorio, cuyo juicio de existencia objetiva y reconstrucción de su contendido no mereció reparo, el error con las características de sobresaliente, no se evidencia, lo que por tanto impide que se desconozca el raciocinio de aquel.

8. Ahora, con el fin de establecer si se distorsionó la información que tales elementos materiales de prueba contienen, se advierte necesario acudir a ellos, los que dan cuenta de lo que seguidamente se expone.

El secretario general de Finagro le respondió al juzgado de conocimiento que el Decreto 1821 de 1999 derogado por el 967 de 2000, “por medio del cual se adopta el Programa nacional de reactivación agropecuaria y fija los términos y condiciones para su operación”, ni la Resolución 00405 de este último año, como tampoco la circular PRAN 01 de 2001 “que establece el procedimiento operativo para el perfeccionamiento de la compraventa de cartera agropecuaria por el PRAN en obligaciones que se encuentren en cobro judicial, e instituciones especiales, no establecieron la obligatoriedad para los intermediarios financieros de vender la cartera morosa; puesto que cada uno es autónomo de negociarla o no, lo contrario sería violar el derecho fundamental de propiedad que cada intermediario tiene sobre la misma”.

En escrito posterior, reitera que “ninguna de las normas reguladoras del PRAN obligan a los intermediarios financieros a vender sus carteras; los intermediarios son autónomos en el manejo de sus carteras (...)” (negrillas fuera de texto).

También informa que esa entidad le compró a Bancolombia 99 pagarés a nivel nacional, 27 por valor igual o superior a $ 30.000.000, sin que dentro de ellas estuviera la del accionante y que “con la agencia de Cereté no hubo negociaciones”. Además reporta haber hallado que el demandante diligenció formulario de inscripción con la Caja Agraria en Liquidación, quien “aceptó las condiciones de negociación”, por lo que se emitió el “pagaré PRAN” agropecuario 11-07521, por valor de $ 10.892.625, el que se anuló por petición de aquella, al no haberlo firmado en las fechas estipuladas. (fls. 106, 176, 238 y 352, cdno. 1).

Por su parte, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, después de citar las normas relacionadas con el PRAN y los requisitos de acceso a él, le indicó al a quo que Finagro, como administrador, “efectúa la oferta al intermediario financiero sobre aquellas obligaciones que cumplan con la totalidad de los requisitos exigidos para su inscripción en el programa, pero es el intermediario financiero quien autónomamente decide cuáles obligaciones vender, sin perjuicio de que se haya adelantado respecto de cada beneficiario el proceso de inscripción y verificación de requisitos [pues es este] quien tiene la potestad de excluirlas o incluirlas en la negociación (...)” (resaltado ajeno al documento) (folios 136 a 137, cdno. 1).

9. Lo expuesto revela que las anteriores pruebas, soportantes del fallo opugnado, no fueron deformadas por el sentenciador de segunda instancia y por lo mismo, a pesar de que el impugnante considere que, no solo respecto de ellas, sino de otras como los formatos que diligenció el actor, aquel “se quedó corto en su apreciación”, no es admisible que sobre las mismas se reabra el debate para modificar su alcance o sentido, dado que se desbordaría la contemplación física y examen material permitidos a la Corte en el escenario del referido recurso extraordinario, cuando de errores de hecho se trata y con la finalidad de establecer la presencia de alguno con las características de “protuberante y trascendente” en su contemplación. En el evento que el desatino no aflore con esos perfiles, se impone respetar la valoración realizada por los juzgadores encargados de definir el litigio, pues repugna la afirmación de que solo el de casación tiene el monopolio de la razón para precisar el acertado entendimiento de los medios persuasivos.

La corporación ha insistido en que “la prosperidad de la acusación, cuando se denuncia la eventual comisión de un error de hecho atribuible al tribunal, solo puede abrirse paso cuando se pone en evidencia, de manera palpable, que la reconstrucción sobre los hechos que hizo el juzgador de segundo grado es completamente absurda, infundada y alejada por completo de lo que dejan ver los medios de convicción, porque las pruebas fueron, ya pretermitidas, ora supuestas, o porque se traicionó su contenido material, haciéndolas decir lo que no dicen.

Cualquier otro intento por erosionar el fallo con base en interpretaciones posibles de los medios de convicción que obran en el expediente, resulta infructífero, en tanto que la argumentación que se debe traer a la Corte no se debe limitar a emular al tribunal en la elaboración de una lectura de la prueba con la pretensión de que sea más aguda y perspicaz, ni debe contentarse con demostrar que existe otra posible representación de los hechos, sino que el casacionista debe ofrecer la que por fuerza de la razón es la única interpretación posible y que, además, el tribunal no vio (...)” (sent. abr. 15/2011, Exp. 2006-00039-01).

10. Como adicionalmente y a partir de su contenido objetivo, el recurrente no precisó el que verdaderamente registran tales elementos de convicción, o lo que es igual, no realizó la tarea de contrastar lo que en realidad surge de ellos con las conclusiones obtenidas o que debió extraer el sentenciador, se reitera, el dislate planteado quedó sin demostrar.

11. Igualmente, el censor se duele del “limitado entendimiento que le concedió el ad quem a la demanda introductoria”, al estimar que en ella, “el demandante procuraba el resarcimiento del perjuicio apoyándose ‘en la intención de dañar’”, pues los hechos que la integran, “ni por asomo permiten decir, como con notoria ligereza se aseveró en el fallo acusado, que la causa petendi quedó circunscrita al solo relato del dolo (...)”.

A efectos de establecer el yerro que el casacionista le enrostra al tribunal, conviene acotar que, la citada pieza procesal, luego de puntualizar la obligación adquirida por el actor con la entidad accionada, la ejecución que generó su incumplimiento, las normas que fueron expedidas para aliviar al sector agropecuario y las gestiones que realizó para acogerse al PRAN, encaminadas a que Bancolombia le vendiera a Finagro su cartera, le endilga al ente crediticio “abuso del derecho” porque “caprichosamente no admitió [tal] compraventa”, pues prefirió el remate del inmueble objeto de la garantía real y “recibir ocho millones de pesos más” de lo que le hubiera producido la referida negociación, “lo cual no fue más que una decisión sin sindéresis alguna, tomada con el solo interés y propósito de lesionar [su] patrimonio (...) sin fundamento legal alguno”.

También acusa al banco de haber procedido “ilegal e irreglamentariamente (...) solo por un mero capricho de la oficina de Cereté que se tomó este asunto como algo personal, solo para perjudicarlo”, resaltando “la mala fe comercial por el dolo con que actuó (...) Bancolombia (...)”, configurándose “una confabulación por tratar, a todas luces de rematarle el inmueble, inclusive a costa y en detrimento de los mismos intereses del banco, abusando de su posición dominante (...) ocultando su verdadera intención, que era la de arrebatarle su patrimonio (...); le adelantó (...) un proceso ejecutivo con clara violación de la ley, exigiéndosele el cumplimiento y pago de una obligación que estaba cobijada por alivios legales y se llegó al extremo último de rematársele su único patrimonio, rindiéndosele de esa manera, tributo a la arbitrariedad (...); lo constriñó de tal forma que no pudo hacer valer sus derechos a los alivios legales del gobierno nacional, por la fuerte presión jurisdiccional para llevar a cabo el remate del inmueble hipotecado, mediante una conducta aberrante e ilícita, por parte del banco” (fls. 4 a 18, cdno. 1).

12. En relación con este aparte del ataque, tampoco se vislumbra el yerro superlativo con entidad para derrumbar el fallo combatido, pues los señalamientos que se hacen en tal libelo permitieron inferir al sentenciador que el reproche se orientó a imputarle al ente prestamista su “intención de dañar” al actor, y en esa medida, sus manifestaciones, que constituyen respuesta a aquellos planteamientos, traducida en que a pesar de la vehemencia de los mismos, el análisis del caso y los medios de convicción no demuestran ese propósito, o en sus términos, que “no está probada la intención del banco en perjudicar al señor Barguil”, no se erigen inconexas, caprichosas o absurdas. Véase que inclusive, el mismo casacionista revela que como el tribunal no apreció las probanzas como correspondía, “no se percató de la actitud dolosa del banco (...)”.

13. De todas formas, no obstante que el juzgador de segundo grado soportó su decisión en el argumento de que el “abuso del derecho” requería la presencia del dolo, la sentencia no puede demolerse, dado que existen pilares capaces de sostenerla, al no haber sido rebatidos.

En efecto, nada se refutó en punto de que al proseguir con el juicio ejecutivo, Bancolombia procedió “con un fin serio y justificado”, o que la inscripción al PRAN solo era un paso para el estudio del crédito, luego de lo cual, el banco resolvía si negociaba o no. Mírese al respecto, que el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, le precisó al a quo que “es el intermediario financiero quien autónomamente decide cuáles obligaciones vender, sin perjuicio de que se haya adelantado respecto de cada beneficiario el proceso de inscripción y verificación de requisitos [pues es este] quien tiene la potestad de excluirlas o incluirlas en la negociación (...)” (negrillas fuera de texto).

Igual omisión se advierte en punto de la manifestación consistente en que “cada persona es libre de escoger y determinar, a su criterio cuál negocio le es más productivo, sin permitir que la contraparte aduja cuál debía ser el camino más correcto”.

14. Ahora, en lo atinente a que el tribunal omitió ponderar las pruebas “una por una y en conjunto”, cabe decir que tampoco se percibe dicho yerro, si se tienen en cuenta las expresiones utilizadas en el fallo, como aquellas en donde se refiere a las imputaciones del demandante de que el banco abusó de su derecho con intención de causarle daño y de mala fe, frente a lo cual el ad quem señala que “si bien el actor afirma con vehemencia tales hechos, al analizar el expediente se sustrae (sic) cosa distinta, ya que del estudio minucioso realizado al caso, y de las pruebas arrimadas a este se puede establecer que no hay material suficiente para demostrar la intención del banco en dañar o perjudicar al actor (...)”, o que “del material probatorio recaudado no se desprende la prueba necesaria para avalar tal proposición”, frases que permiten suponer razonablemente la valoración de los medios de convicción.

En tales condiciones, si de acuerdo con lo dicho por la Corte “(...) la falta de mención de una probanza por sí misma no siempre comporta preterición del elemento probativo respectivo, particularmente, cuando del contenido integral del fallo, y la exposición del juzgador, puede deducirse su valoración implícita, así no se haya hecho ostensible” (sent. mayo 17/2011, Exp. 2005-00345-01), no hay duda de que para la adopción del fallo impugnado, el ad quem tuvo presente las probanzas que integran la actuación.

Es más, el propio recurrente, en el desarrollo de la acusación acepta su valoración integral cuando expone: “en este cargo parto del supuesto consistente en que el fallador, no obstante haber visto las pruebas, las alteró para cambiar el contenido que ellas mostraban”, e igualmente, al decir: “Cabe entender, en todo caso que, aún bajo esa extrema parquedad, implícitamente pudo tener en cuenta tales pruebas”.

15. De todas formas, como el argumento toral de la referida determinación lo constituye el hecho de no existir a cargo del ente crediticio, obligación de vender la cartera y las pruebas denunciadas como preteridas, no desvirtúan tal aserto, la inferencia del tribunal según la cual, se “puede establecer con certeza que en la situación fáctica traída a estrados no se configuró ninguno de los planteamientos esbozados por el demandante”, sigue vigente.

16. Con base en lo antes expuesto y atendiendo que el yerro de facto se tipifica cuando el juicio probatorio del juzgador es arbitrario o cuando la única ponderación y conclusión que tolera y acepta la apreciación de los medios de persuasión es la sustitutiva que proclama el recurrente, ha de concluirse que en el presente asunto dicha clase de dislate con los perfiles de evidente y manifiesto, no se vislumbra, toda vez que la deducción que el ad quem obtuvo con sustento en los elementos materiales de prueba legalmente incorporados a la actuación, se halla dentro del campo de la lógica y lo razonable, no obstante el criterio distinto que del mismo estudio extrae y propone el censor.

En relación con esta temática la Corte, en la sentencia de 17 de mayo de 2011, Expediente 2005-00345-01 reiteró que el recurrente en casación “debe presentarse con argumentos incontrovertibles e incontestables suficientes por sí mismos para hacer ver los del juzgador tan absurdos, contraevidentes e ilógicos derruyendo la presunción de acierto de la sentencia impugnada, sin restringirse a una ‘argumentación que se funde en probabilidades y no en la certidumbre...’. (...), pues cuando la conclusión del sentenciador se mantiene dentro de la lógica y es probable, no hay certeza absoluta del yerro.

“Por demás, la Sala, acentúa la autonomía del juzgador en la apreciación del contenido o materialidad de las pruebas, preservando su raciocinio por la presunción de legalidad y acierto de la decisión, mientras no incurra en un error notorio, ostensible, evidente, protuberante y trascendente, o sea, de tal connotación que por su inteligencia, la sentencia sería otra, pues ‘(...) la discreta autonomía de que se encuentran dotados los juzgadores para el desarrollo de su compleja misión, apareja que el debate alrededor de la apreciación y valoración de las pruebas quede, en línea de principio, cerrado definitivamente en las instancias, sin que, por ende, sea posible reabrirlo con ocasión de un recurso extraordinario, a menos que, en casos excepcionales, los yerros denunciados, a más de trascendentes, puedan ser calificados de notorios, palmarios o manifiestos, es decir, que su individualización y prueba aflore sin mayores esfuerzos, raciocinios o elucubraciones, al punto que resulte francamente inocultable para cualquiera e imponga el quiebre de una decisión judicial’ (...), a punto que ‘solo cuando la tesis que expone la censura es la única admisible es procedente abrirle paso al recurso’ (...).

“En efecto, ‘partiendo de la base de que la discreta autonomía de los juzgadores de instancia en la apreciación de las pruebas conduce a que los fallos lleguen a la Corte amparados en la presunción de acierto, es preciso subrayar que los errores de hecho que se les endilga deben ser ostensibles o protuberantes para que puedan justificar la infirmación del fallo, justificación que por lo tanto no se da sino en tanto quede acreditado que la estimación probatoria propuesta por el recurrente es la única posible frente a la realidad procesal, tornando por lo tanto en contraevidente la formulada por el juez; por el contrario, no producirá tal resultado la decisión del sentenciador que no se aparta de las alternativas de razonable apreciación que ofrezca la prueba o que no se impone frente a esta como afirmación ilógica y arbitraria, es decir, cuando solo se presente apenas como una posibilidad de que se haya equivocado. Se infiere de lo anterior, entonces, que cualquier ensayo crítico sobre el ámbito probatorio que pueda hacer más o menos factible un nuevo análisis de los medios demostrativos apoyados en razonamientos lógicos, no tiene virtualidad suficiente para aniquilar una sentencia si no va acompañado de la evidencia de equivocación por parte del sentenciador, error que, según lo precisa el artículo 368 del Código de Procedimiento Civil, debe aparecer de manifiesto en los autos lo que equivale a exigir que sea palmario; ‘... si el yerro no es de esta naturaleza, prima facie, si para advertirlo se requiere de previos y más o menos esforzados razonamientos, o si se manifiesta apenas como una posibilidad y no como una certeza, entonces, aunque se demuestre el yerro, ese suceder no tendrá incidencia en el recurso extraordinario...’ (...)”.

17. En este orden de ideas, como las críticas y desavenencias del impugnador extraordinario no alcanzaron a demostrar el error ostensible, protuberante, evidente e incidente, con la contundencia jurídica necesaria para desconocer la presunción de veracidad, legalidad y acierto de la sentencia censurada, la improsperidad de los embates planteados, debe ser la consecuencia.

Cargo primero

1. Con sustento en la misma causal del precepto 368 citado, se acusa el fallo de quebrantar de manera directa “por interpretación errónea, los artículos 830 del Código de Comercio, 8º de la Ley 153 de 1887 y 95 de la Constitución Nacional, y por falta de aplicación (...) los artículos 2341, 2343 y 2356 del Código Civil., 1º, 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 7º y 8º del Decreto 967 de 2000, 1º y 2º del Decreto 1623 de 2002, 1º del Decreto 422 de 2005, 1º y 2º de la Resolución 00405 de 2000, y 1º, 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 7º, 8º de la “Resolución 0091 de 2003”.

2. En camino a demostrar la censura, el recurrente expone los argumentos que seguidamente se compendian:

a. Luego de transcribir apartes de la decisión cuestionada atinentes al “abuso del derecho” y la inferencia que el tribunal obtuvo de las pruebas, el censor advierte que este incurrió en desvío hermenéutico al estimar erróneamente que para la estructuración de la aludido instituto “era menester la presencia de un comportamiento doloso de la parte demandada”, con lo cual incurre en confusión jurídica, al comprenderla bajo un criterio restrictivo, pues creyó que el “artículo 830” del estatuto mercantil requiere como fundamento sine qua non aquella modalidad de conducta, o según sus términos, una “que pudiera tildarse como ‘farsa’, o constitutiva de ‘malignidad’, o que existiera ‘una intención maliciosa’”; por tanto, le da a ese canon un alcance que no tiene y desconoce la jurisprudencia que sobre ese aspecto ha dicho que “no se requiere forzosamente dolo del agente que causa el daño (...), puesto que otras razones igualmente pueden conducir a la estructuración de esta especie sui generis de responsabilidad”, como sucede, verbi gratia, con “la desviación del derecho de su función social o el exceso en su ejercicio, la ausencia de un interés legítimo o serio, la anormalidad o desviación del mismo”.

b. Le endilga al sentenciador haber falseado la naturaleza de la responsabilidad fundada en el ejercicio abusivo del derecho, lo que directamente lo llevó a no captar el contenido auténtico del reseñado precepto que admite como supuestos uno o varios de los comportamientos antes ejemplificados, “sin que el animus nocendi constituya per se, la única manera posible de estructurar este principio”, consecuencia de lo cual interpretó erróneamente las normas señaladas como transgredidas.

Cargo segundo

Se funda en idéntico soporte jurídico al del anterior reproche, diferenciándose únicamente en que se cuestiona el fallo del ad quem de “violar directamente, por falta de aplicación” las disposiciones ahí reseñadas y dado que en su desarrollo, se apoyó en argumentación similar, se torna innecesario insertarla de nuevo.

Consideraciones de la Corte

1. Se memora que el actor pretende, en principio, que se declare a Bancolombia civilmente responsable de los daños que le ocasionó al no incluirlo en el Programa nacional de reactivación agropecuaria —PRAN—, creado por el Gobierno Nacional, a pesar de reunir los requisitos optando, “caprichosamente”, “sin sindéresis alguna”, “con el solo interés y propósito de lesionar”, seguir con el trámite ejecutivo iniciado y rematarle el inmueble objeto de la garantía real que había constituido. En subsidio, solicita la condena de dicha entidad por enriquecimiento sin causa, derivado del monto que obtuvo por la almoneda, comparado con el actual valor de tal heredad.

2. El tribunal revocó el fallo del a quo estimatorio de las pretensiones esgrimiendo, en esencia, que la entidad financiera actuó en ejercicio legítimo de su derecho a recaudar la obligación vencida, sin que mostrara propósito de causarle perjuicio al demandante, por lo que no se estructuró el “abuso del derecho” planteado.

Así mismo, tras mencionar varias tesis sobre el reseñado instituto jurídico, se orientó por la que concibe su estructuración cuando se procede con la intención de dañar y en tal sentido, reflexiona que “solo es posible cuando su titular, conocedor de sus facultades, las utiliza con el fin de perjudicar. Generalmente el dolo se advierte cuando hay una falta de interés serio por parte del agente, y este es consciente de la falta de dicho interés”, siendo este el que “generalmente permite desembarcar (sic) la intención dañina del titular del derecho”.

Con base en esa tesis asumió la valoración probatoria y dedujo que “(...) se puede establecer que no hay material para demostrar la intención del banco en dañar o perjudicar al actor en la magnitud especificada por el demandante”.

Lo anterior evidencia que el sentenciador concibió la configuración del abuso del derecho en la “intención de causar daño”, o en el dolo, como lo plantea el recurrente, sin explorar otras modalidades de comportamiento que lo originan.

3. En aras de establecer los alcances del aludido concepto sustento de las pretensiones, ha de tenerse en cuenta que según el artículo 830 del Código de Comercio “el que abuse de sus derechos estará obligado a indemnizar los perjuicios que cause”, y en el numeral 1º del canon 95 constitucional, se contempla como un deber de todas las personas y ciudadanos “[r]espetar los derechos ajenos y no abusar de los propios”.

De acuerdo con lo expuesto por la Sala y recogido entre otros, en el citado fallo de 16 de septiembre de 2010, la ilicitud “(...) originada por el ‘abuso’ puede manifestarse de manera subjetiva —cuando existe en el agente la definida intención de agraviar un interés ajeno, o no le asiste un fin serio y legítimo en su proceder— o bajo forma objetiva cuando la lesión proviene del exceso o anormalidad en el ejercicio de determinada facultad, vista la finalidad para la cual fue esta última incorporada y reconocida en el ordenamiento positivo (...)”.

“(...) Y, como también se dejó narrado, aunque las primeras manifestaciones en torno del tema que ocupa la atención de la Corte se centraron en el análisis de la arbitrariedad en el ejercicio del dominio, merced a los conflictos presentados entre propietarios de fundos limítrofes, en orden a lo cual se dijo que todo acto del titular que causara daño en virtud de la intención decidida de producir perjuicio (animus nocendi) o por falta de prudencia y atención o por ausencia de interés serio y legítimo, generaba responsabilidad y, por ende, obligación de indemnizar, la cual tenía origen típicamente extracontractual, luego se le concedió un efecto expansivo que irradió muchos otros aspectos del ordenamiento jurídico, siendo así como, en vez de restringirse su concepto a los contornos de la propiedad, se extendió su aplicación a otros ámbitos de la actividad jurídica, como los concernientes con el derecho de litigar, la formulación temeraria de denuncias penales, el embargo excesivo del patrimonio del deudor, el secuestro de bienes no pertenecientes al ejecutado o el ejercicio abusivo de las potestades nacidas de las relaciones convencionales”.

Igualmente, en sentencia de 23 de junio de 2000, Expediente 5464, expuso:

“Por supuesto que la regla general es que el correcto, mesurado y diligente uso de un derecho, así genere consecuencialmente un daño, no engendra responsabilidad, como ya se predicaba en el milenario derecho romano (nullus videtur dolo facere qui iure suo utitur). Pero su desviación o distorsión, sea porque se ejerce con la fría intención de causar daño, o porque no existe un interés actual y propio, o porque se desarrolla con evidente imprudencia o negligencia, entre otros criterios más que la doctrina profusamente ha prohijado para justificar, en su opinión, la noción del abuso del derecho —tópico que, en esta ocasión, por no ser objeto de debate, no es materia de examen por parte de la Corte—, supone necesariamente un reproche de la ley, a la vez que de los operadores jurídicos, sin que al reprochado le sirva de rodela la simple, a fuer de anodina argumentación de ser titular de un derecho subjetivo, cuya pertenencia al individuo no se niega o desconoce, como tampoco la libertad racional de ejercicio que le es propia —incluido el modo de hacerlo—, pues lo que provoca la censura, ora legal o judicial, es su deformación o desbordamiento, que viene a infirmar el derecho mismo, reconocido a la persona no solo como individualidad, sino también en su perspectiva social, como se acotó”.

Así las cosas, es incuestionable que no solo “la intención dañina” reviste la citada fuente de responsabilidad, sino que igualmente pueden concurrir otras posibilidades, como el ejercicio excesivo, anormal o culposo de “los derechos”, la carencia de un interés actual, propio y legítimo, etc., situaciones que pueden dar lugar a que quien así procede y cause daño a los demás, se vea compelido a resarcirlo.

4. Ahora, a pesar de que el tribunal aplicó la preceptiva sustancial reguladora del “abuso del derecho” y denunciada por la censura como transgredida, lo cierto es que la interpretó de manera inadecuada, habida consideración que restringió su alcance, porque además del “dolo”, según se tiene establecido, otras conductas pueden configurar la señalada figura.

5. No obstante, el dislate jurídico en cuestión, que por tanto amerita rectificación doctrinaria, se torna intrascendente, si se tiene en cuenta que, situada la Corte en sede de instancia, tendría que arribar a la misma conclusión del ad quem, en cuanto a denegar las súplicas, en virtud de que no se demostraron los comportamientos diferentes del que este consideró, que puedan estructurar la citada fuente de responsabilidad aducida por el actor.

En efecto, las pruebas legal y oportunamente incorporadas a la actuación, referidas en las consideraciones de los embates ya analizados, a más poner de presente el trámite ejecutivo que venía adelantando el banco contra el accionante por una obligación vencida que culminó con la subasta del bien hipotecado, solo informan que dicha entidad no se hallaba obligada a enajenar el crédito del señor Barguil.

También dan cuenta que hallándose en curso dicho proceso se expidieron las disposiciones ya aludidas que facultaron a Finagro para que “por una sola vez, respecto de cada productor interesado” (...) “comprar[a] cartera crediticia agropecuaria a cargo de los pequeños y medianos productores agropecuarios interesados en acogerse a este programa y a favor de los intermediarios financieros, vigilados por la Superintendencia Bancaria” previo el cumplimiento de algunos requisitos allí mismo señalados.

De acuerdo con lo expuesto, los señalamientos que el demandante le hace a la accionada, de que “caprichosamente no admitió [tal] compraventa”, se muestran sin soporte, mayor aún si se tiene en cuenta lo aducido por esta, respecto de que evaluada la oferta del 38% realizada por el mencionado Fondo y por hallarla inferior al monto que respaldaba la garantía real, optó por la prosecución del juicio coactivo, justificación que resulta avalada por el actor cuando le enrostra a Bancolombia haber preferido rematarle su inmueble y recibir ocho millones de pesos más de lo ofertado por “Finagro”.

Por lo mismo, no se evidencia que el convocado haya actuado en abuso de su posición dominante, dado que si la almoneda le representó un mayor valor del de compra de cartera, era admisible que prefiriera aquella opción, puesto que en esas condiciones cualquier otra persona procuraría la menor pérdida.

Con relación a aquel fenómeno, téngase en cuenta que la doctrina jurisprudencial de esta corporación, ha indicado que aunque las entidades financieras “(...) en principio ostentan una posición dominante, pues según se sabe, ‘la banca en sus diferentes manifestaciones es una compleja amalgama de servicio y crédito donde las empresas financieras que la practican disponen de un enorme poderío económico que ‘barrenando los principios liberales de la contratación’ como lo dijera un renombrado tratadista (Joaquín Garrigues, Contratos Bancarios, cap. I, num. II), les permite a todas las de su especie gozar de una posición dominante en virtud de la cual pueden predeterminar unilateralmente e imponer a los usuarios, las condiciones de las operaciones activas, pasivas y neutras que están autorizadas para realizar...’ (sent. Cas. Civ. Oct. 19/94, Exp. 3972)...” (sent. Cas. Civ. Abr. 22/2009, Exp. 11001-31-03-026-2000-00624-01).

“Sin embargo, la realización de una actividad de interés público y la existencia de una posición dominante no traduce, per se, un abuso o un proceder arbitrario que pueda ser fuente de responsabilidad contractual, de modo que tendrán que demostrarse en cada caso concreto los presupuestos necesarios para concluir que ha surgido la obligación de indemnizar. Justamente, en este asunto no se acreditaron tales presupuestos, lo cual impedía acceder a las pretensiones”.

De igual manera quedó sin demostrar, que el accionado procedió “con el solo interés y propósito de lesionar [el] patrimonio [del demandante] (...) sin fundamento legal alguno”, o que tomara el “asunto como algo personal, solo para perjudicarlo”, pues según lo informado por Finagro, a pesar de que le compró a Bancolombia 99 pagarés a nivel nacional, “con la agencia de Cereté no hubo negociaciones” (fl. 176, cdno.1).

Es más, la misma entidad oficial da cuenta que el actor también adelantó gestiones dirigidas a que la Caja Agraria en Liquidación vendiera otro crédito que con ella había adquirido y a pesar de haber sido aceptado por esta, aquel no firmó el respectivo título valor que se imponía otorgar, y por ello fue anulado (fl. 238, cdno.1).

Los medios persuasivos tampoco acreditan la configuración de “una confabulación por tratar, a todas luces de rematarle el inmueble, inclusive a costa y en detrimento de los mismos intereses del banco, abusando de su posición dominante (...) ocultando su verdadera intención, que era la de arrebatarle su patrimonio (...)”, pues como se ha expuesto, lo que ellos indican es que el demandado no se hallaba compelido a enajenar la cartera del actor.

6. Con base en lo expuesto, si los elementos de persuasión no avalan que con exclusión del “dolo” otras conductas de las endilgadas al ente accionado configuran el abuso del derecho, se reitera, la intrascendencia de la acusación estudiada impide su prosperidad.

Sobre el particular, esta corporación, en fallo de 1º de abril de 2009, Expediente 2001-13842-01 dijo que “(...) la posibilidad de quebrar un fallo por violación de la ley sustancial, conforme a la causal primera del artículo 368 del Código de Procedimiento Civil, depende, entre otras exigencias propias de la naturaleza dispositiva de la casación, de que el yerro endilgado aparezca trascendente; vale decir, que la vulneración de las normas de derecho material de que se acuse al fallador, por la vía directa o por la senda indirecta, sea a tal punto influyente en la definición final del proceso que, de no haber incurrido en ella, otra hubiera sido la determinación. Dicho de manera diversa, es menester que el error en que pudo incurrir el tribunal incida decididamente en la sentencia, desde luego que, si no se endereza a injerir la equivocación en la resolución tomada, huérfana de sentido práctico se quedaría la impugnación, en la medida en que, aún siendo evidente el error, si él no cumple el indicado carácter la solución seguiría siendo la misma y, por ende, ninguna razón habría para casarla”.

7. En cuanto al segundo embate, lo analizado muestra que no se dejó de aplicar la norma sustancial que gobierna el asunto, aspecto este en el que se funda ese ataque, sino que se limitaron inadecuadamente sus alcances, tal como quedó dilucidado al estudiar el primero de los reproches.

8. Colofón de los precedentes razonamientos, los cargos no prosperan.

V. Decisión

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

1. No casar la sentencia proferida el 13 de diciembre de 2011 por la Sala Civil - Familia - Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Montería, dentro del proceso ordinario que Ricardo Barguil Banda promovió contra Bancolombia.

2. No condenar en costas al recurrente en casación, en razón de la rectificación doctrinaria efectuada.

3. Devolver el expediente al tribunal de origen.

Notifíquese».