Sentencia 2003-00123 de diciembre 16 de 2010

 

Sentencia 2003-00123 de diciembre 16 de 2010

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN CIVIL

Ref.: C-08001-3103-004-2003-00123-01

Magistrado Ponente:

Dr. William Namén Vargas

Bogotá, D.C., dieciséis de diciembre de dos mil diez.

Discutida y aprobada en Sala de treinta de noviembre de dos mil diez.

EXTRACTOS: «Consideraciones

1. La sentencia recurrida consideró improcedente la resolución del negocio jurídico celebrado por causa diferente al incumplimiento y ordenar la devolución consecuencial de las sumas pagadas con su indexación, en lo medular, por la imposibilidad de resolver lo ya resuelto en virtud del ejercicio de la facultad de retractación plasmada en las arras pactadas y la validez del pago declarado ex ante.

Por su lado, el censor enrostra al fallador un yerro fáctico en la apreciación de la providencia declarativa de la validez del pago al suponer que comprendía la indexación, sin confutar las restantes consideraciones esenciales, torales o fundamentales del fallo impugnado soportado también en la terminación antelada del contrato preliminar por el desistimiento convencional ejercido en desarrollo de las arras de retracto, tornando inviable resolver lo terminado con las devoluciones pretendidas cuando “las mismas ya dieron y se consideraron completas” en la decisión del 2 de mayo de 2006, ejecutoriada e investida de la autoridad de cosa juzgada.

Al respecto, “por vía de la causal primera de casación no cualquier cargo puede recibirse, ni puede tener eficacia legal, sino tan solo aquellos que impugnan directa y completamente los fundamentos de la sentencia o las resoluciones adoptadas en esta; de allí que haya predicado repetidamente que los cargos operantes en un recurso de casación únicamente son aquellos que se refieren a las bases fundamentales del fallo recurrido, con el objeto de desvirtuarlas o quebrantarlas, puesto que si alguna de ellas no es atacada y por sí misma le presta apoyo suficiente al fallo impugnado este debe quedar en pie, haciéndose de paso inocuo el examen de aquellos otros desaciertos cuyo reconocimiento reclama la censura' (se resalta; cas. civ. jun. 23/89,eExp. 5189, reiterada en cas. civ. dic. 15/2003, exp. 7565)” (cas. civ., sentencia de dic. 19/2005, exp. 1989-01859-01).

Tales puntales permanecen incólumes al no atacarse in concreto, en tanto, se itera “para salir avante y victorioso en su laborío impugnaticio, el casacionista debe recorrer el mismo sendero que transitó el sentenciador para arribar a su decisión” (cas. civ. de oct. 14/2004; exp. 7637), “está obligado a proponer cada cargo en forma concreta, completa y exacta para que la Corte, situada dentro de los límites que le demarca la censura, pueda decidir el recurso sin tener que moverse oficiosamente a completar la acusación planteada, por impedírsele el carácter eminentemente dispositivo de la casación” (CXLVIII, pág. 221) y debe combatir todos los pilares de la sentencia “en el entendido de que, de no ser así, cualquiera de estos que permanezca en pie con fuerza suficiente para sostenerla, impide que el fallo pueda romperse” (cas. civ. sent. de abr. 27/2000, exp. 5720, reiterada en sent. de mayo 22/2008, exp. 25151-3103-001-2003-00100-01).

2. Al margen de lo anterior, pertinente advertir la improcedencia de la resolución de un contrato terminado y de las prestaciones consecuenciales, por cuanto para “resolver”, terminar, extinguir, cesar, fenecer o concluir una relación jurídica contractual, es menester el vigor o existencia del vínculo.

Por consiguiente, resulta evidente la imposibilidad de declarar la terminación del contrato, aún por causa diferente al incumplimiento, cuando ya está terminado, según concluyó el sentenciador de segunda instancia.

Para el tribunal, la terminación de los contratos podrá producirse mediante el ejercicio oportuno del derecho potestativo de desistimiento convencional estipulado para una o ambas partes y el pago del valor acordado a tal efecto.

En particular, entre otras hipótesis admitidas por el ordenamiento jurídico, dicha consecuencia se produce cuando las partes en atención a los designios, intereses o finalidades concretas perseguidas con la celebración del acto dispositivo, “dando una cosa en prenda de la celebración o ejecución del contrato”, estipulan arras de retracto mediante pacto accesorio, accidental (accidentalia negotia) acordado expressis verbis, en cuyo caso, “cada uno de los contratantes podrá retractarse; el que ha dado las arras, perdiéndolas, y el que las ha recibido, restituyéndolas dobladas” (C.C., art. 1859 y C.Co., art. 866), y deben ejercer el derecho tratándose de negocios o contratos civiles en el término pactado o, en defecto de indicación, dentro de los dos meses siguientes a su celebración, salvo que lo infirmen por conducta concluyente al otorgar la escritura pública de compraventa o principiar la entrega de las cosas (C.C., art. 1860, y cuando se trata de negocios mercantiles “hasta antes de la celebración del contrato prometido o de ejecutada la prestación objeto del mismo” (C.Co., art. 866; cas. civ. sents. de jul. 30/41, LII, 1977,18; jul. 10/53, LXXV, 2129, 548; oct. 6/53, T. LXXVI, 2133, 506; jun. 6/55, LXXX, 1254, 407; mar. 6/61, XCV, 2238, 76; feb. 21/67, CXIX, 2285 y 2286, 47; mayo 10/77, CLV, 2396,106; dic. 11/78, CLVIII, 2399, 1978, 311; sep. 7/99, exp. 5217; dic. 1º/2004, exp. 54122).

Las arras de retracto, conceden a las partes el derecho legítimo a desistir de determinados contratos, presuponen la existencia y validez del acto, al celebrarlos la entrega de una cosa, frecuentemente dinero u otra fungible y comportan una compensación cierta, tangible y segura a la parte no desistente.

El efecto esencial, directo e inmediato del ejercicio del derecho de desistimiento negocial, es la terminación del contrato, sin necesidad de declaración judicial alguna, tampoco de aceptación por la otra parte, obligada a lo pactado.

Justamente, es correcta la motivación del juzgador en lo tocante a la terminación previa del contrato de promesa de compraventa celebrado por las partes con su modificación ulterior por desistimiento convencional en ejecución de las arras de retracto acordadas en la cláusula octava, respecto de la cual concretó “a que el contrato si se hace uso de la retractación se resuelve de pleno derecho, sin necesidad de declaración judicial ni de requerimiento judicial o privado” y “que en el caso bajo estudio, el contrato en virtud de la efectividad del pacto sobre arras de retractación y de su ejercicio válido y eficaz debidamente expresado por el fallo judicial... se encuentra desistido y resuelto de pleno derecho...”.

3. Análogamente, acertó el juzgador al apreciar el efecto de la cosa juzgada de la sentencia declarativa de la validez del pago por consignación realizado por la sociedad Urbanizadora Villa Santos Ltda. en cuantía total de $ 1.847.582.000 comprensiva del precio abonado y el valor doblado de las arras, cuya entrega ordenó a Inversiones Esteban Rodríguez e Hijos & Cía. S. en C. extinguiendo la obligación según el artículo 1663 del Código Civil.

De esta providencia, el tribunal, en lo tocante a la desestimación de la excepción de “ausencia de requisitos de la oferta de pago por consignación” por ofrecer devolver solo la parte del precio recibido y el pago de las arras, sin comprender “...los intereses y demás cargos líquidos del artículo 1658 del Código Civil, resaltó la consideración motiva relativa a que la “norma no implica por sí misma que todas y cada una de las ofertas de pago, deben, necesaria e ineludiblemente, aparecer sumas por concepto de 'intereses y demás cargos líquidos', pues ello depende de la naturaleza y características particulares de la obligación que se pretenda cancelar de este modo, puesto que esta disposición legal no es fuente de intereses ni de otras cargas económicas accesorias a la referida obligación”, en el caso concreto “no se trata de una resolución contractual derivada del incumplimiento injustificado de las obligaciones de una parte contratante, se trata del ejercicio autorizado por la ley de una facultad de retractación a la cual las partes le señalaron un determinado y preciso valor económico”, a más que en el pacto de arras “las partes contractuales tienen un conocimiento previo de cuanto ha de 'costarles' el deshacer unilateralmente el acuerdo celebrado”, estiman y liquidan “la suma de dinero que les correspondería recibir para compensar cualquier daño o perjuicio que se pudiere derivar de la utilización de tal facultad”.

Desde esta perspectiva, aún cuando en este proceso se pretende declarar la celebración de una promesa de compraventa y de un otrosí modificándola, su cumplimiento o resolución por incumplimiento o por una causa diferente con las consecuenciales condenas indemnizatorias, restitución de dineros con su indexación e imposición de costas, y el proceso de pago tiene un objeto diferente, sin embargo, en ningún yerro fáctico probatorio, ostensible, manifiesto y trascendente, incurrió el sentenciador de segundo grado al reconocer la cosa juzgada atañedera al pago por consignación del valor de las arras y el reembolso del precio abonado en ejecución del contrato, cuya devolución se pretendía en este asunto, porque declarado válido el pago y consignado su importe, desde luego, la consecuencia es la extinción completa, plena e íntegra de la prestación, incluido el reclamo de intereses y accesorios, así como la actualización o indexación.

En cuanto a esta particular cuestión, tiene sentado la Corte:

“La locución cosa juzgada atañe a la inmutabilidad de la decisión judicial adoptada respecto de la materia litigiosa conocida, definida y decidida, la razón misma, hecha valer (ragione fatta valere), esto es, 'la cuestión jurídica discutida plenamente en juicio y resuelta por sentencia que deba cumplirse' (G.J. XLIX, 103), consecuencia del imperium estatal que dota al pronunciamiento de eficacia conclusiva y de presunción de verdad o acierto, a la cual debe estarse (Ingenuum accipere debemus etiam eum, de quo sententia lata est, quamvis fuerit libertinus: quia res iudicata pro veritate accipitur), cuyos requisitos ex artículo 332 del Código de Procedimiento Civil, son la identidad del objeto (eadem res), la identidad de la causa (eadem causa petendi) y a la identidad de las partes (eadem conditio personarum).

“La identidad de partes, atañe a la posición o situación jurídica de la parte, rectius, titular del interés asignado por el derecho, ab origine o ab posteriore, comprendiendo hipótesis de adquisición originaria y derivativa, traslaticia o constitutiva y presupone la ocurrencia a proceso del titular del derecho debatido, relación, situación o posición jurídica para deducir una pretensión frente a alguien, contemplándose los extremos de la relación procesal, esto es, el titular de la pretensión (parte activa o demandante) y vinculado a esta (parte pasiva o demandada) o, lo que es igual, la coincidencia de los titulares de la relación jurídica sustancial y procesal debatida en juicio (LVI, 307, CLI, 42).

“La identidad del objeto, refiere al 'bien corporal o incorporal que se reclama, o sea, las prestaciones o declaraciones que se piden de la justicia' (CLXXII, 21), implica la de pretensión o excepción y, la identidad de la causa, 'motivo o fundamento inmediato del cual una parte deriva su pretensión deducida en el proceso' (CLXXVI, 153), de sustento fáctico o normativo (cas. civ. jul. 15/2000, exp. 5218; cas. civ. jul. 24/2001, exp. 6448 y cas. civ. oct. 30/2002, exp. 6999), constituyéndose ambas en los límites objetivos de la cosa juzgada, esto es, 'el objeto decidido, de un lado; y del otro, la causa invocada para lograr la decisión, que si bien están entre sí íntimamente relacionados, responden sin embargo a dos cuestiones diferentes: sobre qué se litiga y por qué se litiga' (CLLXXII, 20 y 21).

“La cosa juzgada, actúa respecto del bien juzgado, el bien reconocido o desconocido por el juez' (Giuseppe, Chiovenda, Instituciones de derecho procesal civil, T. I, Reus, Madrid, 1954, 338 s.s.) y deducido en el juicio por el actor frente al demandado (res in iudicium deducta) cuando entre las mismas partes de un proceso anterior y de otro posterior, confluye la misma causa y objeto, haciendo inmutable, definitiva e inatacable la decisión pronunciada en precedencia (anterius) respecto de los asuntos objeto de previo debate (primus), sea por la suposición de un status de verdad legal (res iudicata pro veritate habetur), bien por declaración de certeza, ora por razones de seguridad, certidumbre y estabilidad del orden jurídico (C.P. Preámbulo, arts. 2º y 228)” (cas. civ. sent. sep. 19/2009, exp. 17001-3103-005-2003-00318-01).

Del mismo modo, ha puntualizado la Sala el grado de dificultad que puede revestir la determinación de “lo que es materia de decisión en la sentencia, o sea su objeto en sí mismo considerado, y la razón o causa de pedir el reconocimiento del bien jurídico” (CLXXII, 21), anotando:

“[E]n cuanto atañe a la eadem res, claramente precisó en casación civil del 27 de octubre de 1938, que ‘... Siempre que por razón de la diferencia de magnitud entre el objeto juzgado y el del nuevo pleito se haga oscura la entidad de ambos, esta se averigua por medio del siguiente análisis: si el juez al estatuir sobre el objeto de la demanda, contradice una decisión anterior, estimando un derecho negado o desestimado un derecho afirmado por la decisión precedente, realiza la identidad de objetos. No así en el caso contrario, o sea cuando el resultado del análisis dicho es negativo’ (negrilla, XLVII, 330).

“Y en cuanto a la separación entre el objeto y la causa para pedir, ‘...como se trata en rigor jurídico de dos aspectos íntimamente relacionados, las más de las veces será prudente examinarlos como si se tratara de una unidad, para determinar en todo el conjunto de la res in judicium deductae tanto la identidad de objeto como la identidad de causa.

“Así podrá saberse que el planteamiento nuevo de determinadas cuestiones, y las futuras decisiones acerca de estos puntos, solamente estarán excluidas en cuanto tengan por resultado hacer nugatorio o disminuir de cualquier manera el bien jurídico reconocido en la sentencia precedente’ (CLXXII, 21). En este orden de cosas, luego de efectuada la confrontación o verificación entre los dos procesos, el juez puede concluir, bien que existe identidad plena entre lo que ha sido fallado en el primer proceso y lo pretendido en el segundo, o apenas una coincidencia parcial, o aislada. En el primer caso, emergerá la imposibilidad de adelantar —con éxito— otro juicio y, en el segundo, el proceso podrá promoverse pero al juez le estará vedado pronunciarse sobre los aspectos materia de debate en el juicio precedente —primus— y que han sido auscultados y desarrollados en la providencia anterior” (cas. civ. sent. ago. 12/2003, exp. 7325).

El entendimiento de la res iudicata en la perspectiva del silogismo, distingue el “decisum” o parte resolutiva concreta del caso, la “ratio decidendi” o razón de la decisión, o sea, el principio, regla, razón fundamental normativa directa de la parte resolutiva distinto del simple dictum y los “obiter dicta” (dichos al pasar) o análisis no necesarios para tal efecto, donde el “decisum” hace tránsito a cosa juzgada y la ratio decidendi, configura una regula abstracta sustentante de la resolución definitiva y constitutiva de un precedente en la solución de otros casos, naturalmente, susceptible de adecuación según la hipótesis singular controvertida, de modificación y variación motivada.

Compréndase, por consiguiente, el carácter definitivo, obligatorio e intangible de la decisión judicial investida de la autoridad de la cosa juzgada, con fuerza impegnativa e inmutable, por lo común, dotada de verdad o acierto a la cual debe estarse, no siendo posible volver otra vez (non bis in ídem) sobre la “cuestión jurídica discutida plenamente en juicio y resuelta por sentencia que deba cumplirse” (XLIX, 103), sin admitirse variación sustancial de los supuestos fácticos de la causa petendi para desvirtuarla en cuanto concierne a la validez del pago que de acuerdo con el ordenamiento jurídico comprende íntegra la prestación y la extingue, incluidos los cargos líquidos, accesorios, intereses y la corrección que sean pertinentes conforme a la obligación, al título obligatorio y a la ley.

En suma, dos fueron los argumentos torales del tribunal, de un lado, la imposibilidad de ordenar el cumplimiento o la resolución de un contrato terminado en ejercicio del derecho de retracto negocial, sea por incumplimiento, ora por una causa diferente, disponiendo las prestaciones indemnizatorias y restitutorias, y por otro lado, decretar la pretendida devolución de las sumas comprendidas en el pago de consignación por el efecto de la cosa juzgada inherente a sentencia declarativa de la validez del efectuado y las consignaciones realizadas, comprensivas de toda la obligación.

4. El cargo no prospera.

Decisión

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia proferida el 15 de agosto de 2007, por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, Sala Civil-Familia, en el proceso ordinario de Inversiones Esteban Rodríguez e Hijos & Cía. S. en C., contra Urbanizadora Villa Santos Ltda.

Costas a cargo de la sociedad recurrente. Tásense.

Cópiese, notifíquese, cúmplase y, en oportunidad, devuélvase el expediente al tribunal de origen».