Sentencia 2003-00126 de junio 5 de 2014

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Ref.: Expediente 2003 00126

Consejero Ponente:

Dr. Marco Antonio Velilla Moreno

Recurso de apelación contra la sentencia de 11 de octubre de 2001, proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca.

Actora: General Motors Colmotores S.A.

Bogotá, D.C., cinco de junio de dos mil catorce.

EXTRACTOS: «VI. Consideraciones de la Sala

El apelante reitera los argumentos de la demanda y en especial confronta el fallo recurrido, por cuanto éste no tomó en cuenta el argumento de la demanda que no se refería a la Ley 633 de 2000 sino al incumplimiento de las normas del Acuerdo de Cartagena, asunto que el a quo no estudió de fondo.

La controversia en este caso gira en torno de establecer si por virtud de lo dispuesto en los artículos 72, 73 y 75 del Acuerdo de Cartagena y en la Resolución 516 de 12 de junio de 2001 de la Secretaría General de la Comunidad Andina, confirmada por la Resolución 551 de 20 de septiembre de 2001, aplicable en forma prevalente frente a los artículos 56 y 57 de la Ley 633 de 2000, había lugar o no a la devolución de la tasa especial por los servicios aduaneros prestados, que pagó la actora con fundamento en la norma nacional citada.

Cabe anotar que en general los argumentos de las demandas que se han presentado para solicitar la devolución de la tasa especial de servicios aduaneros, se han centrado en: (i) el fallo de la Corte constitucional que declaró inexequibles los artículos 56 y 57 de la Ley 633 de 2000; (ii) la ausencia de verificación del hecho generador o de servicio que justifique el cobro de la TESA y, por lo tanto, la imposibilidad de nacimiento de la obligación tributaria, (iii) la excepción de inconstitucionalidad respecto de los artículos 56 y 57 de la Ley 633 de 2000.

Si bien en ocasiones tales demandas mencionaron las resoluciones 516 y 551 de 2001 de la Secretaría General de la CAN, en ningún momento las normas invocadas como violadas fueron, como en el presente caso, los artículos 72, 73 y 76 del Acuerdo de Cartagena o las decisiones de la Secretaría General de la Comunidad Andina.

Por lo anterior, en esas oportunidades, la Sala falló tomando en cuenta las normas invocadas como violadas y el concepto de la violación argumentado por los demandantes, y no podría haberlo hecho de otra manera considerando que ha sido pacífica la jurisprudencia de esta corporación al precisar que en los procesos contenciosos de nulidad y restablecimiento del derecho no se ejerce un control general de legalidad, sino que el juez debe analizar solamente las normas y las motivaciones aducidas por el demandante, máxime teniendo en cuenta que si el juzgador estudia oficiosamente otras normas diferentes, o disposiciones legales que no se señalaron como infringidas en la demanda o razones no alegadas estará modificando la demanda en su causa petendi, lo cual excede las facultades del juez contencioso administrativo(1).

Cosa diferente ocurre en el caso que ocupa la atención de la Sala, donde el argumento central planteado por el actor se funda en el desconocimiento de los artículos 72, 73 y 75 del Acuerdo de Cartagena y de las resoluciones 516 y 551 de 2001 de la Secretaría General de la CAN, por lo cual, en atención al carácter de justicia rogada que tiene la justicia administrativa, la Sala procederá a analizar la controversia con base en las normas comunitarias invocadas como quebrantadas.

Para dilucidarla, es menester tener en cuenta lo siguiente:

Las normas demandadas

Las normas demandadas son la resolución de rechazo definitivo 148 del 14 de diciembre de 2001 proferida por la jefe de la división de devoluciones de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, Administración Local de Impuestos Nacionales de Cali, así como la Resolución Reconsideración 75 2002, expedida por la división jurídica tributaria de la misma administración, mediante las cuales se negó la solicitud de devolución de la tasa especial de servicios aduaneros.

Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales Administración de Impuestos de Cali división de devoluciones

Resolución de Rechazo Definitivo 148

14 de diciembre de 2001

(…).

De acuerdo a lo establecido en la Sentencia C-992-01 que fue notificada por edicto el 23-10-01, de la honorable Corte Constitucional, mediante la cual se dejan sin efecto los artículos 56 y 57 de la Ley 633 de 2000; esta decisión no tiene efecto retroactivo y en consecuencia los impuestos cancelados fueron procedentes por la vigencia de la norma; Circular 170 de octubre 23 de 2001 de la oficina jurídica.

En mérito de las anteriores consideraciones este despacho

RESUELVE:

ART. 1º—Rechazar definitivamente la solicitud de devolución presentada por General Motor Colmotores S.A. NIT 860.002.304-3 por la suma de doscientos setenta y cuatro millones doscientos treinta y tres mil pesos m/cte. ($ 274.233.000) por concepto de tributos aduaneros período gravable 2001 de acuerdo con los considerandos expuestos en el considerando segundo de la presente providencia.

(…).

La Resolución 75 2002, que resuelve el recurso de reconsideración, expedida por la división jurídica tributaria de la misma administración, confirmó la Resolución 148 de 2001, con base en los mismos argumentos relativos a la expedición de la Sentencia C-992 de 2001.

Competencia del Consejo de Estado

El artículo 31 del Tratado de creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina establece:

ART. 31.—Las personas naturales o jurídicas tendrán derecho a acudir ante los tribunales nacionales competentes, de conformidad con las prescripciones del derecho interno, cuando los países miembros incumplan lo dispuesto en el artículo 4º del presente tratado, en los casos en que sus derechos resulten afectados por dicho incumplimiento.

La interpretación del citado artículo 31 aportada a este proceso por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, señala:

Se debe tener en cuenta que no es posible iniciar las dos vías simultáneamente, es decir, que el particular debe escoger una de las dos vías, esto es, acudir al juez nacional en relación con las acciones previstas en la normativa interna, o ante el Tribunal de Justicia de conformidad con los requisitos procesales para ello, en concordancia con lo previsto en el párrafo 2 del artículo 25 del Tratado de Creación del TJCA.

En conclusión, el mecanismo previsto en el artículo 31 del Tratado del TJCA tiene las siguientes características:

a) Los sujetos activos son las personas naturales o jurídicas.

b) Los jueces competentes son los jueces nacionales que conozcan las acciones internas respectivas.

c) El procedimiento utilizado es el correspondiente a la acción interna, de conformidad con las previsiones procesales del derecho nacional.

d) El objeto: que el juez nacional declare la invalidez de una norma interna por contrariar el ordenamiento jurídico comunitario andino, o que determine la responsabilidad extracontractual del país miembro por su incumplimiento.

e) Si el particular escoge la vía del artículo 31 del tratado, ya no puede acudir simultáneamente al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina mediante la acción de incumplimiento.

El juez de última instancia que conoce un asunto con base en el mecanismo del artículo 31 del Tratado de Creación del TJCA, debe solicitar al Tribunal de Justicia de la Comunidad una interpretación prejudicial, de conformidad con las previsiones del derecho comunitario andino sobre la materia”.

Así las cosas, el Consejo de Estado, es competente para conocer la demanda presentada con fundamento en la violación de las normas comunitarias.

Las normas comunitarias

Los artículos 72, 73 y 76 del Acuerdo de Cartagena establecen:

ART. 72.—El Programa de Liberación de bienes tiene por objeto eliminar los gravámenes y las restricciones de todo orden que incidan sobre la importación de productos originarios del territorio de cualquier país miembro.

ART. 73.—Se entenderá por “gravámenes” los derechos aduaneros y cualesquier otros recargos de efectos equivalentes, sean de carácter fiscal, monetario o cambiario, que incidan sobre las importaciones. No quedarán comprendidos en este concepto las tasas y recargos análogos cuando correspondan al costo aproximado de los servicios prestados.

Se entenderá por “restricciones de todo orden” cualquier medida de carácter administrativo, financiero o cambiario, mediante la cual un país miembro impida o dificulte las importaciones, por decisión unilateral. No quedarán comprendidas en este concepto la adopción y el cumplimiento de medidas destinadas a la:

a) Protección de la moralidad pública;

b) Aplicación de leyes y reglamentos de seguridad;

c) Regulación de las importaciones o exportaciones de armas, municiones y otros materiales de guerra y, en circunstancias excepcionales, de todos los demás artículos militares, siempre que no interfieran con lo dispuesto en tratados sobre libre tránsito irrestricto vigentes entre los países miembros;

d) Protección de la vida y salud de las personas, los animales y los vegetales;

e) Importación y exportación de oro y plata metálicos;

f) Protección del patrimonio nacional de valor artístico, histórico o arqueológico; y

g) Exportación, utilización y consumo de materiales nucleares, productos radiactivos o cualquier otro material utilizable en el desarrollo o aprovechamiento de la energía nuclear.

ART. 74.—Para los efectos de los artículos anteriores, la secretaría general, de oficio o a petición de parte, determinará, en los casos en que sea necesario, si una medida adoptada unilateralmente por un país miembro constituye “gravamen” o “restricción”.

ART. 75.—En materia de impuestos, tasas y otros gravámenes internos, los productos originarios de un país miembro gozarán en el territorio de otro país miembro de tratamiento no menos favorable que el que se aplica a productos similares nacionales.

ART. 76.—El programa de liberación será automático e irrevocable y comprenderá la universalidad de los productos, salvo las disposiciones de excepción establecidas en el presente acuerdo, para llegar a su liberación total en los plazos y modalidades que señala este acuerdo.

Por su parte, el Tratado de creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina prescribe:

ART. 1º—El ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, comprende:

a) El Acuerdo de Cartagena, sus protocolos e instrumentos adicionales;

b) El presente tratado y sus protocolos modificatorios;

c) Las decisiones del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores y la Comisión de la Comunidad Andina;

d) Las resoluciones de la Secretaría General de la Comunidad Andina; y

e) Los convenios de complementación industrial y otros que adopten los países miembros entre sí y en el marco del proceso de la integración subregional andina.

ART. 2º—Las decisiones obligan a los países miembros desde la fecha en que sean aprobadas por el Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores o por la Comisión de la Comunidad Andina.

ART. 3º—Las decisiones del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores o de la comisión y las resoluciones de la secretaría general serán directamente aplicables en los países miembros a partir de la fecha de su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo, a menos que las mismas señalen una fecha posterior.

Cuando su texto así lo disponga, las decisiones requerirán de incorporación al derecho interno, mediante acto expreso en el cual se indicará la fecha de su entrada en vigor en cada país miembro.

De lo anterior se deriva que los artículos 1º, 3º y 4º del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina establecen que las resoluciones de la secretaría general forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, son directamente aplicables a los países miembros y, en consecuencia, éstos se encuentran obligados a adoptar las medidas necesarias para asegurar su cumplimiento.

Ahora bien, mediante la Resolución 516 de 12 de junio de 2001 publicada en la Gaceta Oficial Nº 678 del 14 de junio de 2001, la Secretaría General de la Comunidad Andina estableció que la tasa especial por servicios aduaneros del 1,2% establecida por el Gobierno de Colombia, en este caso, mediante la Ley 633 constituye un gravamen conforme a lo dispuesto por el artículo 72 del Acuerdo de Cartagena, que incide sobre la importación de productos originarios del territorio de los países miembros y por lo tanto vulnera el programa de liberación del Acuerdo de Cartagena.

La resolución mencionada concedió al Gobierno de Colombia un plazo no mayor de veinte días hábiles para dejar sin efecto el gravamen mencionado para los países miembros de la Comunidad Andina.

Adicionalmente, la citada resolución regía desde la fecha de su publicación en la Gaceta Oficial de la Comunidad Andina y conforme al inciso primero artículo 41 del reglamento de procedimientos administrativos de la Secretaria General de la Comunidad Andina(2) el ejercicio del recurso interpuesto contra ella por Colombia no suspendía la ejecución del acto impugnado.

En consecuencia, vencido el plazo otorgado por la Resolución 516 de 2001 para que el gobierno dejara sin efecto el gravamen previsto en el artículo 56 de la Ley 633 de 2000, dicha norma se entendía desplazada por la norma comunitaria y por tanto la aplicable por el Estado colombiano era ésta y no aquella.

El principio pacta sunt servanda

Como lo ha sostenido la Corte Constitucional, cuyos argumentos han sido acogidos por esta corporación, Colombia debe acatamiento a estas normas supranacionales, que, gozan de un efecto de prevalencia sobre las normas nacionales que regulan la misma materia y en caso de conflicto la norma supranacional desplaza (que no deroga) —dentro del efecto conocido como preemption— a la norma nacional(3).

Además, es importante tener en cuenta que uno de los principios del derecho internacional aceptados en el país es el previsto en el artículo 26 de Convención de Viena de 1969 sobre el derecho de los tratados, aprobada por Ley 32 de 1985, según el cual “Todo tratado en vigor obliga a las partes y debe ser cumplido por ellas de buena fe”(4).

Este principio denominado “Pacta sunt servanda”, como lo ha reiterado la Corte, “no sólo significa que los tratados deben ser formalmente acatados sino que deben ser cumplidos de buena fe, esto es, con la voluntad de hacerlos efectivos. […] constituye la base esencial del derecho de los tratados y, en general, del funcionamiento armónico y pacífico de la comunidad internacional. Por ello, algunos teóricos han considerado que esta norma representa el principio base, la norma fundamental y más elemental de todo el sistema jurídico del derecho internacional, de la cual depende la validez de las reglas de este derecho. Según su criterio, que esta Corte acoge, resulta imposible pensar el derecho internacional como disciplina autónoma sin presuponer una norma como pacta sunt servanda, por lo cual ella es sin lugar a dudas unos de los principios de derecho internacional reconocidos por Colombia (C.P., art. 9º)(5)(6).

Refuerza lo dicho, la interpretación prejudicial que rindió el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina para el presente proceso.

En efecto, el tribunal señala que si bien “los países miembros tienen la facultad para fortalecer o complementar, por medio de normas internas o de acuerdos internacionales, la normativa del ordenamiento comunitario andino, pero, en la aplicación de esta figura, las legislaciones internas de cada país no podrán establecer exigencias, requisitos adicionales o dictar reglamentaciones que de una u otra manera entren en conflicto con el derecho comunitario andino o restrinjan aspectos esenciales regulados por él”.

Adicionalmente, puntualiza que:

Sin embargo, el tribunal ratifica que la potestad de las autoridades nacionales de los países miembros, de regular a través de normas internas o mediante la celebración de tratados internacionales, los asuntos sobre el programa de liberación no comprendidos en la norma comunitaria andina, no podrá ser ejercida de modo tal que signifique la introducción de restricciones adicionales al ejercicio de los derechos y facultades consagrados por la norma comunitaria. En todo caso, la norma interna o internacional que se aplique deberá ser compatible con la comunitaria.

En efecto, estas normas no podrán establecer exigencias, requisitos adicionales o dictar reglamentaciones que de una u otra manera entren en conflicto con el derecho comunitario andino o restrinjan aspectos esenciales regulados por él de manera que signifiquen, por ejemplo, una menor protección a los derechos consagrados por la norma comunitaria.

Por lo tanto, en el caso concreto, el juez consultante, deberá aplicar los criterios sobre el principio del complemento indispensable en el caso de que la norma comunitaria no se refiera al tema del programa de liberación, siempre y cuando la norma interna no restrinja aspectos esenciales regulados por el Acuerdo de Cartagena.

Señala además el Tribunal Andino que:

“(…) el sistema jurídico comunitario andino ha establecido otro mecanismo de cooperación: la vía judicial consagrada en el artículo 31 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (tratado de creación del TJCA).

El mecanismo mencionado se caracteriza porque se lleva a cabo por el juez nacional con los instrumentos procesales propios de su ordenamiento jurídico interno. Esto es muy importante, ya que la intención de la norma no es que el juez nacional conozca de un proceso de incumplimiento a nivel comunitario; esta competencia es exclusiva del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

El artículo 31 del Tratado de Creación del TJCA prevé que el juez nacional, de conformidad con los mecanismos internos de control de validez y reparación establecidos en su derecho interno, conozca de las demandas presentadas por los particulares cuando sus derechos resulten afectados si el respectivo país miembro no adopta las medidas necesarias para asegurar el cumplimiento de las normas comunitarias, o cuando adopta o emplea medidas que sean contrarias a éstas u obstaculicen su aplicación.

No se trata de tramitar la acción de incumplimiento a nivel interno, ya que esta acción tiene sus características e implicaciones propias: legitimación activa amplia, declaración de incumplimiento a nivel comunitario, sentencia con efectos definidos, posibilidades de iniciar sumario por incumplimiento para obtener sanciones, etc. De lo que se trata es de reconocer la clara actividad del juez nacional como juez comunitario y acercar, en últimas, aún más el ordenamiento comunitario a los particulares. Como el juez nacional actúa como verdadero juez comunitario, y como quiera que el derecho comunitario entra a formar parte de manera preeminente en el ordenamiento interno, el juez nacional competente puede, de conformidad con su respectivo derecho procesal, declarar la invalidez de una norma interna que contradiga el derecho comunitario, o puede determinar la responsabilidad extracontractual del Estado al no cumplir con el derecho comunitario andino.

Concluyó finalmente el tribunal que:

PRIMERO: En caso de presentarse antinomias entre el derecho comunitario andino y el derecho interno de los países miembros o el derecho de origen internacional de los países miembros, prevalece el derecho comunitario andino.

Dentro del principio de complemento indispensable, el tribunal ratifica que la potestad de las autoridades nacionales de los países miembros, de regular a través de normas internas o mediante la celebración de tratados internacionales, los asuntos sobre valoración aduanera no comprendidos en la norma comunitaria andina, no podrá ser ejercida de modo tal que signifique la introducción de restricciones adicionales al ejercicio de los derechos y facultades consagrados por la norma comunitaria. En todo caso, la norma interna o internacional que se aplique deberá ser compatible con la comunitaria.

En efecto, estas normas no podrán establecer exigencias, requisitos adicionales o dictar reglamentaciones que de una u otra manera entren en conflicto con el derecho comunitario andino o restrinjan aspectos esenciales regulados por él de manera que signifiquen, por ejemplo, una menor protección a los derechos consagrados por la norma comunitaria.

SEGUNDO: El programa de liberación, es considerado como uno de los instrumentos fundamentales para alcanzar los objetivos del Acuerdo de Cartagena.

Dicho programa tiene por objeto eliminar los gravámenes y las restricciones de todo orden que incidan sobre la importación de productos originarios del territorio de cualquier país miembro.

TERCERO: Los países miembros de la Comunidad Andina tienen la obligación de aplicar, con preferencia, la norma comunitaria sobre cualquier norma de derecho interno; en este caso, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN, debe aplicar el artículo 72 del Acuerdo de Cartagena, si estuviese en oposición al artículo 56 de la Ley 633 de 2000.

Lo discurrido hasta ahora por la Sala en esta sentencia da cuenta de que la DIAN, como autoridad estatal, debió dar cumplimiento a la orden impartida por la Secretaría General de la Comunidad Andina en la Resolución 516 de 2001, cosa que no se demostró en el proceso, con lo cual desconoció el derecho que, a favor de la parte actora, se derivó del programa de liberación de bienes cuyo objeto es eliminar los gravámenes y las restricciones de todo orden que incidan sobre la importación de productos originarios del territorio de cualquier país miembro.

Habiendo sido publicada la citada Resolución en la Gaceta Oficial 678 del 14 de junio de 2001, el plazo que Colombia tenía para dejar sin efecto el gravamen establecido en la Ley 633 de 2000, vencía el 17 de julio del mismo año, como se observa en el siguiente calendario(7):

qqqq
 

En consecuencia, a partir del 18 de julio de 2001, Colombia no podía aplicar la tasa especial de servicios aduaneros contemplada en el artículo 56 de la Ley 633 de 2000.

El caso concreto

En el presente caso los pagos de la actora por concepto de la tasa especial, que reclama a través de la acción instaurada, esto es, del 1º de enero de 2001, al 31 de julio del mismo año, los cuales se hicieron, bajo la vigencia de los artículos 56 y 57 de la Ley 633 de 2000.

El 11 de septiembre de 2001, mediante comunicación 3133, la actora presentó ante la administración la solicitud de devolución de los pagos realizados por concepto de la tasa especial de servicios aduaneros —TESA— por considera que su pago era contrario a lo dispuesto en la Ley de 1973, esto es, era un pago de lo no debido(8).

El plazo en que Colombia debió cumplir lo señalado en la Resolución 516 de 12 de junio de 2001 de la Secretaría General de la Comunidad Andina, venció, como se dijo, el 17 de julio de 2001, momento a partir del cual el Estado no podía aplicar a la actora lo dispuesto en el artículo 56 de la Ley 633 de 2000.

Significa lo anterior, que los actos demandados deben anularse parcialmente, en el sentido que la DIAN deberá devolver a la actora los pagos por TESA realizados entre el 1º y el 31 de julio de 2001, que de conformidad con lo expuesto en la Resolución 75 de julio 30 de 2002 que resolvió el recurso de reposición, fueron los siguientes(9):

Número de stikerFechaTESA
2303503065514-6Julio 25 de 200111.228.440
2303503065535-3Julio 25 de 200111.228.440
2303503065542-5Julio 26 de 20016.737.064
2303503065543-2Julio 26 de 20017.739.009
 Total36.932.953

En consecuencia, la Sala revocará la sentencia de 11 de octubre de 2001, proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, para en su lugar acceder parcialmente a las pretensiones de la demanda y ordenará a la entidad demandada devolver, debidamente indexadas, las sumas que por tasa especial de servicios aduaneros, pagó la actora entre el 18 y el 31 de julio de 2001, cuyo monto es de $ 36.932.953.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

REVÓCASE la sentencia de 11 de octubre de 2001, proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, y en su lugar se dispone:

1. DECLÁRASE la nulidad parcial de la Resolución 148 del 14 de diciembre de 2001 proferida por la jefe de la división de devoluciones de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, Administración Local de Impuestos Nacionales de Cali, así como de la Resolución Reconsideración 75 2002, expedida por la división jurídica tributaria de la misma administración, que negaron la solicitud de devolución de la tasa especial de servicios aduaneros pagada entre el 1º de enero de 2001 y el 31 de julio de 2001.

2. A título de restablecimiento del derecho, ORDÉNASE a la demandada devolver a la actora la suma pagada por concepto de tasa especial por servicios aduaneros correspondiente a pagos efectuados por tal concepto entre el 18 y el 31 de julio de 2001, cuyo monto es de $ 36.932.953, según lo detallado en los actos acusados, suma que deberá ser indexada teniendo en cuenta para el efecto lo previsto en el artículo 178 del Código Contencioso Administrativo.

3. DENIÉGANSE las demás pretensiones de la demanda.

4. ENVÍESE copia de esta providencia al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 128 de la Decisión 500 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al tribunal de origen.

Notifíquese y cúmplase.»

(1) Ver al respecto Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 18 de abril de 2002. Consejera Ponente: Olga Inés Navarrete Barrero. Radicación 11001-03-24-000-2000-6536-01 (6536). Actor: Hugo Antonio León, entre otras

(2) ART. 41.—El ejercicio de un recurso no suspenderá la ejecución del acto impugnado, salvo disposición expresa en contrario.

(…).

(3) Entre otras, sentencias C-137 de 1996 y C-809 de 2007.

(4) El artículo 9º de(sic) dispone que las relaciones exteriores del Estado se fundamentan en la soberanía nacional, en el respeto a la autodeterminación de los pueblos y en el reconocimiento de los principios del derecho internacional aceptados por Colombia.

(5) Sentencias C-400 de 1998 y C-155 de 2007.

(6) Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Cuarta. Consejero ponente: William Giraldo Giraldo. Sentencia de dieciocho (18) de marzo de dos mil diez (2010. Radicación 25000-23-27-000-2005-00694-01 (16652). Actor: Banco Davivienda S.A.

(7) Disponible en: http://www.calendariodecolombia.com/calendario-2001.html Consultado el 10 de mayo de 2014.

(8) Folios 89 a 94, cuaderno de pruebas.

(9) Folio 35, cuaderno principal.