Sentencia 2003-00127 de junio 3 de 2010

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

Rad.: 76001-23-31-000-2003-00127-01(17517)

Consejera Ponente:

Dra. Martha Teresa Briceño de Valencia

Actor: Promotora Interamericana de Inversiones Ltda. Proinve

Bogotá, D. C., tres de junio de dos mil diez.

FALLO

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte actora contra la sentencia del 14 de septiembre de 2007, proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, desestimatoria de las súplicas de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho contra los actos administrativos de la administración de impuestos de Cali, mediante los cuales se determinó la inversión en los bonos de solidaridad para la paz de los años gravables 1999 y 2000.

EXTRACTOS: «Consideraciones de la Sala

Corresponde a la Sala determinar si el jefe de la división de liquidación de la administración de impuestos y aduanas de Cali, era competente para expedir los actos acusados. En las resoluciones demandadas se determinó el valor de la inversión forzosa en bonos de solidaridad para la paz que debía realizar Proinve Ltda. y otras sociedades, que la actora absorbió vía fusión, por los años gravables 1999 y 2000.

La Ley 487 de 1998 autorizó al Gobierno Nacional para emitir títulos de deuda interna denominados bonos de solidaridad para la paz, que constituyeron una inversión forzosa en los años gravables 1999 y 2000, para las personas naturales y jurídicas que reunieran las condiciones señaladas en el artículo 3º de la mencionada ley y por el monto dispuesto en el artículo 4º ibídem.

Para efectos del control en la inversión forzosa, el artículo 7º de la Ley 487 de 1998 dispuso:

“ART. 7º—Control. Para el control de la inversión forzosa de que trata la presente ley, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público contará con las facultades de investigación, determinación, discusión y cobro previstas en el Estatuto Tributario, y podrá perseguir por la vía coactiva el cobro de la inversión junto con los intereses que sean del caso, contra quienes no la realicen, lo hagan de manera extemporánea, o la realicen por una suma menor a la que corresponda de acuerdo con los artículos 3º y 4º de esta ley.

Para estos efectos, se deberá proferir resolución en la cual además de indicar el monto de la base de liquidación y cuantificar el valor total de la inversión, se deberá advertir sobre la causación de los intereses de mora hasta la fecha en que se realice el pago. Este acto será notificado personalmente de acuerdo con lo previsto en el Código Contencioso Administrativo y contra el mismo procede únicamente el recurso de reposición dentro de los cinco (5) días siguientes a la notificación, el cual deberá decidirse dentro de los cinco (5) días siguientes a su interposición.

Las facultades de que trata el presente artículo, se podrán delegar en las entidades adscritas al Ministerio de Hacienda y Crédito Público (resaltado fuera de texto).

De la norma se advierte que el Ministerio de Hacienda y Crédito Público podía delegar, en alguna de sus entidades adscritas, las facultades de investigación, determinación, discusión y cobro señaladas en el Estatuto Tributario, para fiscalizar la inversión forzosa en los bonos de solidaridad para la paz.

En efecto, el Ministro de Hacienda y Crédito Público hizo uso de la autorización otorgada en el artículo 7º de la Ley 487 de 1998 con la Resolución 472 del 4 de marzo de 1999(12) en la que decidió:

“ART. 1º—Delegar en la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales la facultad para ejercer la investigación, determinación, discusión, cobro y ejecución por la inversión en los bonos de solidaridad por la paz, y para perseguir por la vía coactiva el cobro de la inversión junto con los intereses que sean del caso, contra quienes no la realicen, lo hagan de manera extemporánea, o la efectúen por una suma menor, de acuerdo con lo establecido en el Estatuto Tributario.

Para estos efectos, se deberá proferir resolución en la cual, además de indicar el monto de la base de liquidación y cuantificar el valor total de la inversión, se deberá advertir sobre la causación de los intereses de mora hasta la fecha en que se realice el pago. Este acto será notificado personalmente de acuerdo con lo previsto en el Código Contencioso Administrativo.

Contra el acto administrativo que determine el monto de la inversión, procede únicamente el recurso de reposición ante la división jurídica o quien haga sus veces en la respectiva administración de impuestos y aduanas nacionales, dentro de los cinco (5) días siguientes a su notificación.

El recurso se deberá decidir dentro de los cinco (5) días siguientes a su interposición en debida forma y notificarse de acuerdo a lo previsto en el artículo 565 del Estatuto Tributario.

(…)” (resaltado fuera de texto).

Entonces, se observa que la autorización de delegación de la Ley 487 de 1998, no hizo referencia a una autoridad específica sino a una de las entidades adscritas al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, como es la Unidad Administrativa Especial – Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales(13).

En efecto, el artículo 211 de la Constitución Política permite la delegación de funciones tanto entre autoridades administrativas como entre entidades, por lo que la delegación no siempre tiene que ser subjetiva, es decir, asignada a un funcionario específico.

En tales condiciones, carece de sustento jurídico el argumento del apelante en cuanto a que la delegación de funciones que realizó el Ministro de Hacienda y Crédito Público, mediante la Resolución 472 de 1999, haya sido individual o personalizada, esto es, en el director general de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, pues como se advirtió, ello no se desprende ni de la Ley 487 de 1998 que autorizó la delegación ni de la citada resolución o acto de delegación.

Lo anterior, releva a la Sala de analizar la alegada imposibilidad del director general de la DIAN para delegar en otro funcionario la facultad que a su vez le fue delegada mediante la Resolución 472 de 1999, como lo ha planteado la actora.

Ahora bien, al no haber sido investido personalmente el director de la DIAN de las facultades que le fueron delegadas por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, estas debían adecuarse a la organización y estructura interna de la entidad delegataria para llevarlas a cabo.

Por consiguiente, teniendo en cuenta que en el acto de delegación se señaló que la DIAN, para efectos de cobrar a los contribuyentes obligados a efectuar la inversión forzosa en los bonos de solidaridad por la paz, debía proferir una resolución en la que debía determinar el monto base de liquidación, cuantificar el valor total de la inversión y los intereses a que haya lugar, tal facultad debía ser asumida por la dependencia de la administración tributaria que tuviera a su cargo una función acorde con la que le fue delegada, concretamente y para el caso, la de determinación, aunque la inversión forzosa no sea un tributo.

Sobre este punto resulta oportuno reiterar(14) que en materia de competencias de la administración tributaria, las normas no señalan una competencia personal sino funcional, al establecer las actividades que le corresponde desarrollar a cada una de las divisiones o dependencias.

Entonces, para efectos de la competencia para expedir el acto que determina la inversión forzosa y para la época de los hechos que se analizan, el artículo 39 del Decreto 1071 de 1999(15) disponía:

ART. 39.—Competencia funcional. Sin perjuicio de las normas previstas en los artículos anteriores, las dependencias de las Administraciones tendrán las siguientes competencias:

(…)

b) La División que ejerza las funciones de determinación, sanción, decomiso o abandono:

1. Estudiar las respuestas a los emplazamientos, requerimientos especiales y pliegos de cargo, así como determinar las ampliaciones a los requerimientos especiales.

2. Proferir los actos de determinación de impuestos, de decomiso o abandono de mercancías y/o de imposición de sanciones.

En el caso, el funcionario que expidió los actos demandados, citó como fundamento de su decisión el artículo 70 de la Resolución 5632 de 1999(16) que dispone:

“ART. 70.—División de Liquidación.

a)Proferir las ampliaciones a los requerimientos especiales, las liquidaciones oficiales y demás actos de determinación de las obligaciones tributarias, aduaneras y sanciones cambiarias, así como la aplicación y liquidación de las sanciones cuya competencia no esté asignada a otra dependencia, de acuerdo con el procedimiento señalado en las normas vigentes.

(…)”.

Por consiguiente, de acuerdo con el marco normativo antes expuesto, se observa que en el caso, las resoluciones acusadas fueron expedidas por el jefe de la división de liquidación de la administración de impuestos y aduanas nacionales de Cali, funcionario de la Unidad Administrativa Especial - Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, que es competente para determinar la inversión forzosa, sin que se configure una extralimitación en sus funciones, pues, aunque su competencia sea en materia tributaria, para efectos de lo dispuesto en el artículo 7º de la Ley 487 de 1998 y en la Resolución 472 de 1999, sus facultades se derivan de una delegación institucional y por ello, se reitera, las funciones asignadas por el acto de delegación debían adecuarse a la estructura interna y organizacional de la DIAN, como lo expuso el Ministerio Público en su concepto.

Por lo tanto, no prospera el recurso de apelación de la demandante y, en consecuencia, se confirmará la decisión del tribunal.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley.

FALLA:

CONFÍRMESE la sentencia del 14 de septiembre de 2007, proferida por el Tribunal Contencioso Administrativo del Valle del Cauca.

RECONÓCESE personería al abogado Antonio Moyano Salamanca para actuar como apoderado de la entidad demandada.

Cópiese, notifíquese, devuélvase el expediente al tribunal de origen y  cúmplase.

Se deja constancia que la anterior providencia fue estudiada y aprobada en sesión de la fecha».

 

(12) Folio 102 c.p.

(13) Decreto 1071 de 1999. ART. 1º—Naturaleza y régimen jurídico de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN.La Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, estará organizada como una unidad administrativa especial del orden nacional de carácter eminentemente técnico y especializado, con personería jurídica, autonomía administrativa y presupuestal y con patrimonio propio, adscrita al Ministerio de Hacienda y Crédito Público. (Este artículo no fue derogado por el Decreto 4048 del 2008, art. 53).

(14) Sentencias de julio 25 de 1997, Expediente 8385, C.P. Dr. Julio E. Correa Restrepo y de 26 de septiembre del 2002, Expediente 12978, C.P. Dr. Juan Ángel Palacio Hincapié.

(15) Por el cual se organiza la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales como una entidad con personería jurídica, autonomía administrativa y presupuestal y se dictan otras disposiciones.

(16) “Por la cual se distribuyen funciones en la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales”. Normativa vigente para la época de los hechos. Derogada por la Resolución 1618 del 2006.