Sentencia 2003-00148 de diciembre 2 de 2010

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Ref.: Rad. 11001032400020030014801

Consejero Ponente:

Dr. Marco Antonio Velilla Moreno

Actor: Partido Unión Patriótica

Acción: nulidad

Bogotá, D.C., dos de diciembre de dos mil diez.

EXTRACTOS: «III. Consideraciones de la Sala

Corresponde a la Sala establecer si las decisiones demandadas expedidas por el Consejo Nacional Electoral relativas a la cancelación de la personería jurídica de la Unión Patriótica se ajustan a las normas constitucionales y legales vigentes en la época en que fueron proferidas.

El artículo 265 de la Constitución Política, establecía para la época en que fueron expedidas las resoluciones acusadas:

“ART. 265.—El Consejo Nacional Electoral tendrá, de conformidad con la ley, las siguientes atribuciones especiales:

1. Ejercer la suprema inspección y vigilancia de la organización electoral.

2. Elegir y remover al Registrador Nacional del Estado Civil.

3. Conocer y decidir definitivamente los recursos que se interpongan contra las decisiones de sus delegados sobre escrutinios generales y en tales casos hacer la declaratoria de elección y expedir las credenciales correspondientes.

4. Servir de cuerpo consultivo del Gobierno en materias de su competencia, presentar proyectos de acto legislativo y de ley, y recomendar proyectos de decreto.

5. Velar por el cumplimiento de las normas sobre partidos y movimientos políticos y de las disposiciones sobre publicidad y encuestas de opinión política; por los derechos de la oposición y de las minorías, y por el desarrollo de los procesos electorales en condiciones de plenas garantías.

6. Distribuir los aportes que para el financiamiento de las campañas electorales y para asegurar el derecho de participación política de los ciudadanos, establezca la ley.

7. Efectuar el escrutinio general de toda votación nacional, hacer la declaratoria de elección y expedir las credenciales a que haya lugar.

8. Reconocer la personería jurídica de los partidos y movimientos políticos.

9. Reglamentar la participación de los partidos y movimientos políticos en los medios de comunicación social del Estado.

10. Colaborar para la realización de consultas internas de los partidos y movimientos para la escogencia de sus candidatos.

11. Darse su propio reglamento.

12. Las demás que le confiera la ley”.

El artículo 108 de la Constitución Política prescribía para la época de los hechos:

“ART. 108.—El Consejo Nacional Electoral reconocerá personería jurídica a los partidos o movimientos políticos que se organicen para participar en la vida democrática del país, cuando comprueben su existencia con no menos de cincuenta mil firmas, o cuando en la elección anterior hayan obtenido por lo menos la misma cifra de votos o alcanzado representación en el Congreso de la República.

En ningún caso podrá la ley establecer exigencias en relación con la organización interna de los partidos y movimientos políticos, ni obligar la afiliación a ellos para participar en las elecciones.

Los partidos y movimientos políticos con personería jurídica reconocida podrán inscribir candidatos a elecciones sin requisito adicional alguno.

Dicha inscripción deberá ser avalada para los mismos efectos por el respectivo representante legal del partido o movimiento o por quien él delegue.

Los movimientos sociales y grupos significativos de ciudadanos también podrán inscribir candidatos.

La ley podrá establecer requisitos para garantizar la seriedad de las inscripciones de candidatos.

La personería de que trata el presente artículo quedará extinguida por no haberse obtenido el número de votos mencionado o alcanzado representación como miembros del Congreso, en la elección anterior.

Se perderá también dicha personería cuando en los comicios electorales que se realicen en adelante no se obtengan por el partido o movimiento político a través de sus candidatos por lo menos 50.000 votos o no se alcance la representación en el Congreso de la República” (resaltado fuera del texto).

El artículo 4º de la Ley 130 de 1994 determinó respecto de la pérdida de personería jurídica de los partidos políticos que:

ART. 4º—Pérdida de la personería jurídica. Los partidos y movimientos políticos perderán su personería jurídica cuando se encuentren incursos en una de las siguientes causas:

1. Cuando en una elección no obtengan a través de sus candidatos por lo menos 50.000 votos o no alcancen, o mantengan, representación en el Congreso, conforme al artículo anterior;

2. Cuando, de acuerdo con sus estatutos, proceda su disolución; y

3. Cuando el Consejo Nacional Electoral así lo declare, en los casos previstos por la presente ley” (resaltado fuera del texto).

De conformidad con lo dispuesto en las normas transcritas, para la Sala las pretensiones de la demanda no están llamadas a prosperar, ya que los actos administrativos acusados están ajustados a derecho.

En relación con los requisitos establecidos en las normas constitucionales y legales arriba mencionadas, para que un partido político obtenga o pierda su personería jurídica esta sección expresó en sentencia del 17 de marzo de 2000 que:

“De la lectura de los anteriores preceptos derivan las siguientes precisiones:

1. Tanto el otorgamiento de la personería jurídica como su extinción, están precedidas de la verificación de un hecho objetivo, cuantitativo (50.000 firmas para acreditar la existencia del partido o movimiento; 50.000 votos en una elección, para mantener la personería), o de un hecho objetivo cualitativo (obtener representación en el Congreso).

2. Dejando por sentado que el asunto se concreta en la comprobación de existencia de un requisito que, a manera de reglas del juego, instituyó el propio constituyente y desarrolló el legislador, son evidentes las consecuencias derivadas de no acreditar dichos requeridos: la pérdida de la personería jurídica.

3. Siendo claro lo anterior, la entidad demandada, en obedecimiento del mandato contenido en el articulo 4º de la Ley 130 de 1994, tiene a su cargo, entre otras, las obligaciones de “reconocer” la personería jurídica, una vez verifique la presencia de los supuestos objetivos, o de “declarar” la pérdida de la misma, previa comprobación de no alcanzarse el requerido cuantitativo o haberse perdido el cualitativo.

La acepción de los mismos vocablos utilizados por el legislador “reconocer” y “declarar”, indican las acciones de revelación, manifestación, información o proclamación de un hecho o acontecimiento. Por manera, que compete entonces al Consejo Nacional Electoral reconocer la personería jurídica o declarar su extinción, como resultado de la comprobación del hecho o acontecimiento consagrado como regla objetiva.

4. El sentido y alcance de la función a cargo del Consejo Nacional Electoral, en torno al tópico en discusión, resulta aún más clara, acudiendo al lenguaje utilizado por el constituyente, conforme al cual la personería de los partidos y movimientos políticos, “quedará extinguida por no haberse obtenido el número de votos mencionado o alcanzado representación como miembro del Congreso, en la elección anterior”.

5. Sin duda, el establecimiento de reglas objetivas, contribuye a la efectividad de los postulados de transparencia en el libre juego de las fuerzas políticas, presupuesto básico de toda democracia participativa y pluralista, así como a cimentar el uso de herramientas idóneas para el logro de trato igual, sin desmedro de las oportunidades de participación de los movimientos y partidos que aún no han completado los requisitos impuestos para la obtención de la personería, o de aquellos que, habiéndola obtenido en precedencia, no lograron mantenerla, aspecto que simplemente deriva del resultado cuantitativo producto del respectivo escrutinio”(1).

La Sala comparte los argumentos anteriores aplicables al presente caso, considerando que se encuentra probado en el expediente que en las elecciones de marzo 10 de 2002 el partido político Unión Patriótica obtuvo 1.185 votos para la Cámara de Representantes (fl. 78) y no se registraron votos en su favor en las elecciones presidenciales del 26 de mayo de 2002 (fl. 80).

La Sala no desconoce el horror de los ataques contra los miembros de la Unión Patriótica, en hechos deplorables que incluso hacen parte del acervo probatorio que tuvo en cuenta la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la sentencia del 26 de mayo de 2010, expedida en el caso del senador de la UP, Manuel Cepeda Vargas.

No obstante lo anterior, la Sala considera que las decisiones adoptadas por el Consejo Nacional Electoral se fundaron en razones objetivas, contempladas como tales en el artículo 108 de la Constitución Política y el artículo 4º de la Ley 130 de 1994, que eran las que obligatoriamente debía considerar esa entidad, la cual no estaba facultada para anteponer a esos criterios razones subjetivas o excepciones que la norma no contempla, pues ello hubiese implicado un quebrantamiento frontal de la Carta, dado que esta misma era la que fijaba el criterio cuantitativo para la pérdida de la personería jurídica.

Es claro entonces que no se vulneraron, como señala el actor, ni el preámbulo, ni los artículos 1º, 2º, 5º, 14, 20, 38, 107, 108, 112, 152 y 228 de la Constitución Política.

En cuanto a la violación del debido proceso, también dijo esta sección en la sentencia citada que:

“... la extinción de la personería jurídica otorgada a un partido o movimiento político, en los términos del marco constitucional y legal que gobierna la materia, no constituye una herramienta coactiva de la administración cuya finalidad consista en sancionar conductas contrarias a los postulados normativos, esto es, no participa del carácter de los actos sancionatorios, cuya aplicación presupone el adelanto de una investigación previa que permita confrontar los hechos con las disposiciones normativas supuestamente violadas; formular cargos; practicar las pruebas solicitadas y las que oficiosamente se consideren idóneas para el esclarecimiento de los hechos investigados, y, finalmente, decidir en torno a la graduación e imposición de la sanción, conforme a la falta y a los efectos de la misma, o bien, disponer el archivo de la actuación administrativa, por las causales que dan lugar a ello”.

Estas consideraciones exponen de manera clara que no se vulneró al actor el derecho al debido proceso, por cuanto la actuación administrativa solo requería la verificación de los datos proporcionados por la Registraduría Nacional del Estado Civil respecto de los resultados de los comicios electorales del 10 y 26 de mayo de 2002. Adicionalmente, el demandante pudo recurrir la decisión que estableció que la Unión Patriótica no reunía los requisitos establecidos por la Constitución y la ley para conservar la personería jurídica, y el recurso fue resuelto mediante la Resolución 7477 del 20 de noviembre de 2002.

Respecto de la vulneración al derecho de petición recuerda la Sala que la Corte Constitucional ha señalado, en múltiples ocasiones, que “la interposición de los recursos de vía gubernativa es una especie de derecho de petición, con la diferencia específica de que se orientan a aclarar, modificar o revocar un acto(2)(3).

Igualmente esa corporación ha sostenido que el derecho de petición no implica necesariamente una respuesta favorable al peticionario. Así, en Sentencia T-720 de 2006 manifestó:

“el derecho de petición comprende no solo la posibilidad de que las personas puedan dirigirse a la autoridad, en interés general o particular, sino el derecho a obtener de esta una pronta respuesta(4) del asunto sometido a su consideración y dentro del término previsto en la ley, sin que ello implique que la contestación deba ser en uno u otro sentido, es decir favorable o desfavorable a los intereses del peticionario(5), pues es evidente que la entidad al responder no está por ello obligada a acceder a lo solicitado en el derecho de petición(6). Así, la Corte Constitucional ha señalado:

“El derecho de petición no implica una prerrogativa en cuya virtud la administración se vea precisada a definir favorablemente las pretensiones del solicitante, razón por la cual no se debe entender conculcado este derecho cuando la autoridad responde oportunamente al peticionario, aunque la respuesta sea negativa. La resolución, producida y comunicada dentro de los términos que la ley señala, representa la satisfacción del derecho de petición, de tal manera que si la autoridad ha dejado transcurrir los términos contemplados en la ley sin dar respuesta al peticionario, es forzoso concluir que vulneró el derecho pues la respuesta tardía, al igual que la falta de respuesta, quebranta, en perjuicio del administrado, el mandato constitucional”(7)(8).

Consecuencia de lo anterior es que no se infringió el derecho de petición por el hecho de que el recurso de reposición contra Resolución 5659 de 30 de septiembre de 2002 haya confirmado la pérdida de la personería jurídica del actor, en tanto el Consejo Nacional Electoral no estaba obligado a dar una respuesta favorable a las s peticiones del recurrente.

Así pues, para la Sala no es del caso acceder a las pretensiones de la demanda, como en efecto lo dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. DENIÉGANSE las pretensiones de la demanda.

Cópiese, notifíquese, comuníquese y cúmplase.

Se deja constancia de que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión del día 2 de diciembre de 2010».

(1) Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera Bogotá, D.C., diez y siete (17) de marzo de dos mil (2000). Consejero ponente: Olga Inés Navarrete Barrero. Radicación 5291.

(2) Entre otras, pueden verse las sentencias T-304 de 1994, M.P. Jorge Arango Mejía; T-1175 de 2000, M.P. Alejandro Martínez Caballero; T-051, M.P. Eduardo Montealegre Lynett.

(3) T-400 de 2002, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa

(4) Sentencia T-099 de 2000 (M.P. José Gregorio Hernández Galindo), T-134 de 2000 (M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz), y T-300 de 2001 (M.P. Clara Inés Vargas Hernández).

(5) Consultar la Sentencia T-335 de 1998 (M.P. Fabio Morón Díaz).

(6) Consultar las siguientes sentencias proferidas por esta corporación, entre otras, T-405, T-474, T-478, T-628 de 2000 (M.P. Álvaro Tafur Galvis).

(7) Sentencia T-242 de 1993 (M.P. José Gregorio Hernández Galindo). Ver, entre otras las sentencias T-170 de 2000 (M.P. Alfredo Beltrán Sierra); T-518 de 2001 (M.P. Clara Inés Vargas Hernández); T-396 de 2001 (M.P. Álvaro Tafur Galvis); y T-316 de 2001 (M.P. Eduardo Montealegre Lynett).

(8) T-920 de 2006, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.