Sentencia 2003-00162 de julio 31 de 2014

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA-SUBSECCIÓN B

Consejero Ponente:

Dr. Danilo Rojas Betancourth

Expediente: 31111

Radicación: 2700 1233 1000 2003 00162 01

Demandante: Orley Orangel Ortega Franco y otros

Demandado: Universidad Tecnológica del Chocó Diego Luis Córdoba

Naturaleza: Acción de reparación directa

Bogotá, D.C., 31 de julio de 2014

EXTRACTOS: «CONSIDERACIONES

I. La competencia

6. La Corporación es competente para conocer del asunto, en razón del recurso de apelación interpuesto por la parte demandante, en un proceso con vocación de segunda instancia ante el Consejo de Estado, en los términos del Decreto 597 de 1988, dado que la mayor de las pretensiones, la cual corresponde a 200 smlmv concepto de perjuicios morales en favor de Orley Orangel Ortega Franco, monto que a la fecha de esta sentencia equivale a $123 200 000, supera el exigido para el efecto por aquella norma(1).

II. Validez de los medios de prueba

7. La Sala valorará las diligencias y providencias del proceso penal adelantado por la Fiscalía Primera de la Unidad Local Única de Fiscalías de Quibdó, por lesiones personales, sindicados José Denis Palacios Hutrado y Xiomara Domínguez Hurtado, cuyo traslado fue solicitado por la parte actora en el escrito de la demanda (f. 12 c. 1) y decretado por el a quo (f. 53 y ss. c. 1). No obstante, la valoración se hará sólo respecto de las pruebas documentales, y no se extenderá a las testimoniales, toda vez que la parte demandada no manifestó de forma expresa su deseo de que dichas declaraciones fueran valoradas sin necesidad de ratificación, no solicitó su traslado en la contestación de la demanda, ni basó su defensa en las mismas(2).

III. Hechos probados

8. Con base en los medios de prueba antes señalados, se tienen como ciertas las siguientes circunstancias fácticas relevantes:

8.1. Orley Orangel Ortega Franco se encontraba matriculado en el programa de trabajo social de la Facultad de Humanidades y Artes de la Universidad Tecnológica del Chocó Diego Luis Córdoba, en la ciudad de Quibdó (recibo de pago de matrícula con fecha del 4 de septiembre de 2002, Fl. 28, cdno. 1 y formulario de matrícula 11810)..

8.2. El 26 de noviembre de 2002, en horas de la tarde, cuando el joven Orley Orangel Ortega Franco se encontraba presentando un examen de matemáticas junto con los demás compañeros del programa de trabajo social, fue atacado por un hombre que no hacía parte del grupo estudiantil y que al identificarlo lo agredió con un machete. Dos días antes de los hechos, Orley Orangel Ortega Franco y su amigo Jonny Enrique Cortés Moreno tuvieron una discusión con dos compañeras del salón. Una de ellas, Xiomara Domínguez Hurtado, se ofendió y amenazó a Orley Orangel. El agresor fue posteriormente identificado como el novio de Xiomara Domínguez.

8.2.1. Jonny Enrique Cortés Moreno, estudiante de tercer semestre de trabajo social en la Universidad Tecnológica del Chocó señaló (fl. 131, cdno. 1):

…lo conozco [a Orley Orangel Ortega Franco] porque iniciamos a estudiar juntos en la universidad. Nosotros estábamos en el salón de clase y ahí una muchacha estaba molestando a otra y yo dije “las que más hablan son las que no tienen pelo”. Salimos del salón y yo empecé a molestar a una de las muchachas y Orley se metió y empezaron a alegar y ella le dijo “voz no sabes quién soy yo” y le dijo que le iba a mandar a dar (sic). A los dos días teníamos un parcial de matemáticas en la tarde y cuando llegué yo vi dos muchachos que estaban afuera. No le di mente y seguí ahí. Iniciamos el parcial y la muchacha que amenazó a Orley salió. Como a los dos minutos de ella haber entrado al salón llegaron dos muchachos con un billete en la mano y preguntaron “buenas, ¿Orley está?” y ahí yo le dije a Orley “¿A quién metiste en corrinche? Anda para que te estropeen” (sic) y él me respondió “¿él y cuántos más?” y ahí el pelao le sale “¿vos sos Orley?” y le pegó una trompada y ahí el pelao sacó un machete y se le fue encima y le cortó la mano. Después de esto lo llevaron al hospital”

8.2.2. En el mismo sentido declaró Aredys Rodríguez Serna, estudiante de tercer semestre de trabajo social en la Universidad Tecnológica del Chocó (fl. 135, cdno. 1):

Sí lo conozco, desde septiembre del año pasado que iniciamos la carrera, estábamos presentando un examen de matemáticas y en eso entró un señor preguntando por él y el salió a la puerta y el señor lo recibió con unos machetazos y ahí yo salí corriendo y no vi más nada hasta que lo bajaron varios compañeros herido en la mano. Antes de estos hechos él se encontraba bien de estado de salud no tenía ninguna deformidad causada por heridas. Después él se retiró de la universidad y una vez me lo encontré en la calle y me mostró la mano la cual le quedó deforme ya que el dedo meñique le quedó algo muerto y otro dedo que le partieron un pedacito.

8.2.3. De igual forma manifestó Xiomara Domínguez Hurtado, estudiante de segundo semestre en esa misma universidad (fl. 139, cdno. 1):

Sí lo conozco, desde hace más o menos un año. Lo conocí por que estudiamos juntos en la universidad. Respecto del incidente sufrido por éste en la universidad tengo que decir que nosotros nos encontrábamos en el tercer piso del bloque 5° de la universidad. Nos disponíamos a presentar un parcial de matemáticas, cuando íbamos a empezar el parcial, llegaron unos muchachos y le preguntaron al profesor por Orley y ahí él salió y ahí cuando vi él venía corriendo hacia el salón y los muchachos lo correteaban tirándole machetazos y ahí todos los del salón salimos gritando, yo estaba sentada por la puerta y empuje al muchacho que le estaba dando machete para poder salir y ahí salí y vi que los muchachos que lo machetearon salieron corriendo y después salió Orley corriendo con la mano que tenía herida cogida, y ahí fuimos con unas compañeras al hospital Roldán y una de mis compañeras me dijo que no entrara porque él decía que si no me mataba me mandaba a matar, por eso me fui para mi casa y no me di más cuenta de nada. (…) Dos días antes nosotros tuvimos un incidente en el salón de clase, el cual se debió a que a una compañera tenía una moña postiza y se le cayó entonces Orley y Jonny empezaron a molestarla, cuando salimos ya de clase y veníamos bajando las escaleras ellos me empezaron a molestar que yo por qué no me colocaba una moña y ahí yo le dije hace el favor y no te metas conmigo, entonces cuando pasó el incidente Jonny dijo que eso era obra mía porque supuestamente Jonny dijo que yo había dicho que lo iba a mandar a matar por el problema que habíamos tenido anteriormente, pero el único que escuchó eso fue Jonny porque a Orley cuando estábamos en el hospital el policía le preguntó si conmigo había sido el problema y el dijo que sí y le preguntaron si yo había dicho que lo iba a mandar a matar y se quedó callado.

8.2.4. Concepción Valencia Mosquera, conocida de la familia actora por lazos de amistad entre su hija y la señora Ofir Franco Sepúlvera madre de la víctima directa, y en casa de quien residía el joven Orley Orangel, manifestó (fl. 133, cdno. 1):

Si lo conozco [a Orley Orangel Ortega Franco] hace más o menos dos años, porque la hija mía que vive en Río Sucio-Chocó y trabaja en el ICBF de ese municipio es muy amiga de la mamá de ese joven. Ella me llamó un día por teléfono para decirme que lo iba a mandar a presentarse en la universidad. Yo acepté y así que nos conocimos ya que él se quedó viviendo en mi casa y se presentó en la universidad. Pues un día llegó un compañero y nos dijo que este joven había entrado unos muchachos al salón de clases porque él estaba en clase en ese momento y preguntaron quién es Orley y él dijo yo y lo cogieron a machete y todo el mundo salió corriendo en vez de defenderlo porque ellos eran cuatro. El muchacho está traumatizado por ese hecho. A él lo llevaron ese día al hospital…

8.3. Orley Orangel Ortega Franco fue remitido de urgencias al hospital San Francisco de Asis (informe de policía judicial, fl. 88, cdno. 1).

8.4. Como resultado de la agresión, el joven Ortega Franco sufrió una amputación de extremo distal de la falange del tercer dedo de la mano derecha y una cicatriz vertical de 15 cm en la mano izquierda, hipetrófica, normocrómica, que se extiende desde la región palmar en relación con el cuarto dedo de la mano hasta el tercio distal sobre la cara anterior del antebrazo, que ocasiona flexión del quinto dedo, prominencia ósea del quinto metacarpiano de la mano izquierda, que ocasionó deformidad en la mano y lesiones que le representaron una incapacidad de 25 días (oficio del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses del 3 de febrero de 2003, fl. 97, cdno. 1.).

8.5. Para el mes de noviembre del año 2002 se encontraban laborando 14 celadores en turnos de 24 horas, siete días a la semana en la Universidad Tecnológica del Chocó (certificación del jefe de personal y servicios administrativos de ese plantel educativo, fl. 46, cdno. 1).

8.6. El 18 de diciembre de 2002, la Fiscalía Primera de Quibdó dispuso abrir instrucción penal en contra de Xiomara Domínguez Hurtado y su novio José Denis Palacios Hurtado, quien correspondió según el informe de la policía judicial a las descripciones físicas que hicieron los declarantes presentes en el momento de los hechos, y ordenó la captura de ambos, lo cual se hizo efectivo el 5 y 6 de mayo de 2003 (auto de apertura de instrucción en mención, fl. 93, cdno. 1, órdenes de captura y certificaciones sobre derechos del capturado, fl. 100, 111, 113 y 122, cdno. 1 e informe de la policía judicial del 6 de diciembre de 2002, dirigido al director del CTI seccional Chocó, el cual concluyó: “con base en toda la información recopilada y en las entrevistas realizadas, algunos de los entrevistados señalaron al joven José Denis Palacios Hurtado como el responsable de las lesiones causadas en la humanidad del estudiante Orley Orangel Ortega Franco… igualmente se procedió a identificar e individualizar a la joven Xiomara…”, fl. 74, cdno. 1).

IV. Problema jurídico

9. La Sala debe revisar si la agresión que ocasionó un tercero al actor Orley Orangel Ortega Franco, cuando se encontraba dentro de las instalaciones de la universidad demandada, es imputable a esta última por la falla del servicio de vigilancia y seguridad privada.

V. Análisis de la Sala

10. El Estatuto de Vigilancia y Seguridad Privada, expedido en virtud del Decreto 356 de 1994 por el presidente de la República con base en facultades extraordinarias conferidas por la Ley 61 de 1993, define los servicios de vigilancia y seguridad privada así:

ART. 2º—Servicios de vigilancia y seguridad privada. Para efectos del presente decreto entiéndase por servicios de vigilancia y seguridad privada las actividades que en forma remunerada o en beneficio de una organización pública o privada, desarrollan las personas naturales o jurídicas, tendientes a prevenir o detener perturbaciones a la seguridad y tranquilidad individual en lo relacionado con la vida y los bienes propios o de terceros y la fabricación, instalación, comercialización y utilización de equipos para vigilancia y seguridad privada, blindajes y transporte con este mismo fin.

10.1. La Corte Constitucional, en sentencia C-572/97(3), consideró que la seguridad es un servicio público que puede prestarse directamente por el Estado o de forma indirecta a través de los particulares, dentro de los límites que establezca el legislador.

La seguridad es un servicio público primario. La seguridad de la sociedad, como supuesto del orden, de la paz y del disfrute de los derechos, es un fin del Estado, al cual corresponde la misión que el inciso segundo del artículo 2o. de la Constitución impone a las autoridades de la república. De ninguno como de este servicio puede predicarse que es inherente a la finalidad social del Estado, para utilizar las mismas palabras del inciso primero del artículo 365 de la Constitución.

Como servicio público, la seguridad está sometida al régimen jurídico que fije la ley inciso segundo del artículo 365 citado). Y también por serlo, puede ser prestada por el Estado, directa o indirectamente, por comunidades organizadas o por los particulares, como lo dispone la misma norma. Es la propia ley la que, al reglamentar este servicio, determina quién y cómo lo debe prestar.

10.2. Así pues, según la Alta Corporación, el Estado puede delegar en los particulares la prestación del servicio público de seguridad y vigilancia sin que ello constituya una renuncia del Estado en su obligación de brindar ese servicio público inherente a la noción de Estado de Derecho, ya que sólo mediaría la colaboración de los particulares “pero, siempre, de acuerdo con el régimen establecido por la ley”(4).

10.3. De igual forma, en la Sentencia C-995/04(5), la Corte consideró viable que “bajo ciertas condiciones, y siempre bajo la vigilancia y control del Estado, la seguridad sea prestada por servicios de seguridad y vigilancia a cargo de particulares”.

10.4. De otro lado, el Estado acude a la fuerza pública (C.N., art. 216), en particular a la Policía Nacional, para propender por el mantenimiento de la convivencia pacífica y la protección de las libertades públicas de todos los asociados (C.N., art. 218), y en especial, para protegerla en “su libertad y en los derechos que de ésta se derivan, por los medios y con los límites estatuidos en la Constitución Nacional, en la ley, en las convenciones y tratados internacionales, en el reglamento de policía y en los principios universales del derecho” (D. 1355/70, "Por el cual se dictan normas sobre Policía", art. 1°). La Policía también está llamada a adelantar funciones en materia de prevención en la comisión de delitos y preservación del orden público, lo cual se obtiene con “la prevención y eliminación de las perturbaciones de la seguridad, de la tranquilidad de la salubridad y la moralidad públicas…” (art. 2, ibidem) y mediante “la adopción de planes de prevención, control, disuasión y cualquier otra forma legal que permita la eliminación de las perturbaciones que se generen a la seguridad, tranquilidad, salubridad y moralidad pública, necesarias para gozar de un marco de convivencia pacífica. » (art. 5º, ibidem).

10.5. Sobre las funciones asignadas a la Policía Nacional, la Sentencia. T-102 de 1993(6), dejó sentado:

La indefensión en que se encuentra una gran cantidad, si no la mayoría de las poblaciones colombianas, dada su condición económica, social y política, no le permite tener los instrumentos adecuados para repeler los ataques y la agresión de los grupos alzados en armas. Dicha función, que corresponde asumirla al Estado directamente como fin esencial inherente a su naturaleza, la ejerce por medio de la Fuerza Pública, y específicamente de la Policía, conforme lo dispone el artículo 218 de la Carta, según el cual éstas están instituidas para mantener las condiciones necesarias para el ejercicio de los derechos y libertades públicas y para asegurar la convivencia pacífica de los habitantes de Colombia, dentro de un concepto de cuerpo encargado de velar por el mantenimiento del orden público y la seguridad de los ciudadanos, a las órdenes de las autoridades políticas.

10.6. En el cumplimiento de estas finalidades, el Estado le otorga a la fuerza pública el monopolio en el uso de las armas, y sólo de forma excepcional, con la autorización de la autoridad competente y de conformidad con la reglamentación legal, permitirá que los particulares las posean, porten y utilicen (C.N., art. 223).

10.7. Al respecto, precisó la Corte Constitucional, en la sentencia C-20 de 1996(7), que el servicio público de policía tiene como función misional preservar el orden público interno y, por tanto, sólo puede estar a cargo del Estado, ya que, como se ha dicho, es éste el que detenta el monopolio legítimo de la fuerza:

Esta norma desarrolla principios fundamentales adoptados en el Título I de la Constitución, en especial los siguientes fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes constitucionales, asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo. El servicio público de policía tiene entonces como fin primordial, la garantía de bienes comunitarios esenciales, presupuesto de la convivencia, tales como la seguridad, la tranquilidad y la salubridad que transfieren ese carácter esencial a la actividad encaminada a preservarlos, en función de atribuciones ordinarias señaladas en el artículo 213 de la Carta Política.

En esos términos, el servicio público de policía está íntimamente ligado al orden público interno, y únicamente puede estar a cargo del Estado, a fin de garantizar su imparcialidad. Resulta además claro que a la prestación del servicio público de policía no pueden concurrir los particulares, y así lo precisa el artículo 216 de la Carta Política al estipular que “la Fuerza Pública estará integrada en forma exclusiva por las Fuerzas Militares y la Policía Nacional” (subraya fuera del texto). Expresamente se prescindió en el Estatuto Superior vigente de consagrar la “Milicia nacional”, institución existente en la Constitución de 1.886, con lo que se aclara que el uso de la fuerza en Colombia, sólo puede llevarse a cabo dentro de los límites legales, y por los miembros activos de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional.

10.8. Así, en virtud del uso restrictivo de las armas en cabeza del Estado y la excepción que permite que particulares las porten y utilicen, la Corte Constitucional ha desarrollado las condiciones necesarias para que los particulares asuman su propia defensa, las cuales a la vez permiten comprender las finalidades que se reservan a la fuerza pública mediante el uso exclusivo de la coacción armada:

En este orden de ideas, los permisos para las armas de uso restringido deberán responder a los siguientes lineamientos: 1) no puede tratarse de armas de guerra o de uso exclusivo de la fuerza pública; 2) la concesión del permiso es de carácter excepcional; 3) su objetivo no puede ser el de la defensa de una colectividad, sino el de la protección de bienes o de personas que específicamente requieran de este servicio; 4) no pueden ser entregadas para ser usadas en situaciones en las cuales exista un conflicto social o político previo, cuya solución pretenda lograrse por medio de las armas; 5) la entrega de armas no debe traducirse en un desplazamiento de la fuerza pública y 6) el poder de vigilancia y supervisión del Estado debe ser más estricto que el previsto para las armas de uso civil(8).

10.9. De acuerdo con lo anterior, el servicio público de vigilancia y seguridad puede ser prestado por los particulares, de conformidad con los permisos y requisitos que establezca la ley. Sin embargo, esto no significa que puedan ejercer funciones asignadas a la fuerza pública, como buscar proteger a una colectividad, combatir amenazas que surgen dentro de un contexto social y político para restablecer las condiciones necesarias para el ejercicio de los derechos y libertades públicas, esto es, impedir la comisión de delitos, y en aras de ello adelantar funciones de inteligencia o análisis tácticos dirigidos a desarticular organizaciones delictivas, analizar y comprender los factores que originan el delito, o actuar en ninguna manera investida de un carácter preventivo, pues “[t]ales entidades son, se repite, de naturaleza defensiva, jamás ofensiva; no les incumbe adelantar tareas de inteligencia ni, menos aún, de activismo bélico. Igual cosa ocurre en el caso de los ciudadanos que han obtenido salvoconducto para el porte de armas” (9). Lo contrario, esto es la existencia de organismos armados no oficiales o de carácter privado que actúen en forma paralela a la fuerza pública, generaría “un paramilitarismo prohijado por el propio Estado, lo cual, ya se ha dicho anteriormente, pugna con el Estado de Derecho. (…) De esta manera, el servicio público de policía, por ser un servicio esencial, debe prestarse en forma exclusiva por la institución a la cual la Carta le confió esa misión”(10).

11. De otro lado, la Corporación ha examinado en varias oportunidades la responsabilidad del Estado por hechos de terceros, en casos en los que si bien los agentes estatales no causaron el daño de forma directa, con su acción u omisión propiciaron o permitieron que personas ajenas a la administración lo causaran. Estas situaciones se presentan cuando una persona que está amenazada hace el respectivo aviso de las amenazas a las autoridades y, a pesar de ello, estas adoptan unas medidas de protección precarias e insuficientes(11) o cuando, si bien la persona no comunicó la situación de riesgo a la autoridad, la notoriedad y el público conocimiento del peligro que afrontaba hacían imperativa la intervención estatal para protegerla(12). Al respecto, esta Subsección ha señalado(13):

La jurisprudencia de la Sala ha admitido que el incumplimiento del deber especial de protección a cargo de las autoridades compromete la responsabilidad patrimonial del Estado. Con base en este criterio, ha indicado que cuando el daño es causado por un agente no estatal, la administración será obligada a reparar si existe prueba de que la víctima o la persona contra la cual estaba dirigido el atentado solicitó protección a las autoridades y que éstas la retardaron, la omitieron o la prestaron de forma ineficiente(14).

Ahora, si el daño es previsible, dadas las circunstancias políticas y sociales del momento, no es necesario que la víctima solicite expresamente que se preserve su vida o su integridad personal para que surja a cargo del Estado la obligación de adoptar medidas especiales de protección y prevención. Basta con demostrar que las autoridades tenían conocimiento de las amenazas o del peligro que enfrentaba la persona(15).

11.1. Si bien estas condenas suelen estar dirigidas contra la Nación-Ministerio de Defensa-Policía Nacional o Ejército Nacional, la Sala considera que es posible atribuir la responsabilidad administrativa y patrimonial al Estado por la omisión en la prestación del servicio de vigilancia privada(16) en dos eventos. El primero, corresponde a uno de los casos expuestos, que ajustado a demandas de responsabilidad universitaria, correspondería a situaciones en las que el estudiante, docente o personal administrativo se encuentra amenazado y hace el respectivo aviso del peligro que corre a las autoridades del plantel educativo, y a pesar de ello, estas no adoptan las medidas necesarias para proteger su integridad y evitar la concreción del daño. En este panorama se debe tener en consideración los límites del ejercicio de la vigilancia privada, en virtud del principio de exclusividad de la fuerza pública como ha sido analizado y del respeto de los derechos fundamentales de terceros, como la intimidad y la libertad, como pasa a explicarse. También puede presentarse la responsabilidad de la administración cuando exista una evidente infracción a las obligaciones consagradas en el manual de funciones de la universidad, reglamento o contrato acerca del servicio de vigilancia y seguridad privada, siempre y cuando esos estándares funcionales no desborden las obligaciones que normalmente se les asigna a los vigilantes y entren a usurpar funciones propias de la Policía Nacional(17). Por el contrario, no habría lugar a endilgar la responsabilidad en el segundo de los casos descritos, por cuanto la autoridad llamada a prevenir el delito y salvaguardar las libertades públicas en casos de graves perturbaciones al orden público, se repite, es de forma exclusiva, la Policía Nacional.

11.2. Así las cosas, y ante la ausencia del manual de funciones o reglamento interno que establezca las obligaciones de los vigilantes contratados por la Universidad Tecnológica del Chocó, sólo habría lugar a establecer la responsabilidad de la universidad demandada en caso de que se comprobara un elemento de previsibilidad para los celadores del plantel educativo de que el joven Orley Orangel Ortega estuviera amenazado de muerte, y a pesar de ello no tomaron las medidas a su alcance para evitar la concreción del daño. De conformidad con los hechos probados, el actor y su amigo Jonny Enrique Cortés Moreno tuvieron un incidente con dos compañeras del salón y una de ellas, Xiomara Domínguez Hurtado, le dijo a Orley Orangel “voz no sabes quién soy yo. Y le dijo que le iba a mandar a dar” (testimonio de Jonny Enrique Cortés Moreno, párr. 8.2.1.). Sin embargo, no quedó demostrado que el estudiante Orley Orangel haya dado aviso a nadie sobre esta amenaza, a ningún familiar, amigo y mucho menos a la directivas de la universidad donde se encontraba matriculado. En vista de lo anterior, el ingreso de un hombre con intenciones de lesionar en su vida o integridad al actor, fue un hecho imprevisible para el centro docente, y en esa medida el hecho generador del daño deviene del actuar exclusivo de un tercero que no le es imputable a la entidad demandada por la omisión en la prestación del servicio de vigilancia y seguridad privada.

12. De otro lado, consideraron los actores que la falla del servicio en que incurrió el plantel educativo se materializó en la omisión por parte de los vigilantes en su deber de requisar a quienes buscaban acceder a las instalaciones universitarias, en especial, al tratarse de personas ajenas al cuerpo estudiantil, y permitir el acceso a extraños o alumnos armados a sus instalaciones (párr. 1.2. y 3.). Estos planteamientos llevan a la Sala a desarrollar el segundo aspecto que limita las funciones de vigilancia y seguridad privada, en virtud del respeto de los derechos fundamentales de las personas.

12.1. Puso de presente la Corte Constitucional, en el salvamento de voto a la sentencia C-572/97(18), los riesgos que enfrenta la correcta prestación del servicio de vigilancia privada en manos de particulares: “5- Sin embargo, la prestación de este servicio público de seguridad por los particulares plantea agudos problemas jurídicos, pues toca con principios esenciales de nuestro ordenamiento constitucional. En efecto, estos organismos, al emplear armas, despliegan un potencial bélico y son susceptibles de generar violencia y afectar derechos fundamentales de las personas."

12.2. El derecho a la intimidad es la protección de la esfera privada, tanto a nivel individual como familiar y la garantía de que el Estado o terceros no interferirán de forma arbitraria en ella. Se trata, por lo tanto, de un derecho que “constituye factor insustituible de libertad y autonomía.(19)

12.3. No obstante, la vida privada no es un derecho de carácter absoluto. La legalidad de la medida que la restringe, su fin legítimo y la proporcionalidad entre la restricción del derecho y dicho fin, hacen posible su limitación. Al respecto señaló la Corte Interamericana de Derechos Humanos: “El derecho a la vida privada no es un derecho absoluto y, por lo tanto, puede ser restringido por los Estados siempre que las injerencias no sean abusivas o arbitrarias; por ello, las mismas deben estar previstas en ley, perseguir un fin legítimo y cumplir con los requisitos de idoneidad, necesidad y proporcionalidad, es decir, deben ser necesarias en una sociedad democrática”(20).

12.4. Además, para el cumplimiento del carácter legal de la injerencia en la vida privada, indicó el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, se requiere de una doble exigencia: que haya alguna base en la legislación interna para adelantar la medida y que la calidad de la ley sea tal que establezca garantías contra la arbitrariedad(21).

12.5. En la legislación interna colombiana no existe siquiera una ley que habilite de forma expresa a los prestadores del servicio de vigilancia y seguridad privada hacer requisas o inspecciones corporales. Por el contrario, el Estatuto de Vigilancia y Seguridad Privada establece el deber por parte de las empresas de vigilancia de proteger los derechos y libertades de las personas y la correspondiente prohibición de invadir competencias exclusivas de la fuerza pública:

ART. 73.—Objetivo de la vigilancia y seguridad privada. La finalidad de los servicios de vigilancia y seguridad privada, en cualquiera de sus modalidades, es la de disminuir y prevenir las amenazas que afecten o puedan afectar la vida, la integridad personal o el tranquilo ejercicio de legítimos derechos sobre los bienes de las personas que reciben su protección, sin alterar o perturbar las condiciones para el ejercicio de los derechos libertades públicas de la ciudadanía y sin invadir la órbita de competencia reservada a las autoridades.

12.6. También consagra como uno de los “principios, deberes y obligaciones que rigen la prestación del servicio de vigilancia y seguridad privada”, el respeto de los derechos fundamentales y libertades de la comunidad, “absteniéndose de asumir conductas reservadas a la fuerza pública” (artículo 74).

12.7. En esta misma línea(22), el manual de doctrina 2011 de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada(23), el cual se aplica como “un referente de interpretación y medio de consulta de la línea conceptual sobre los asuntos relacionados con la prestación de los diferentes servicios de vigilancia y seguridad privada”, contempla como deberes del vigilante el respeto de los derechos fundamentales de las personas y la obligación de poner en conocimiento de la Policía la comisión de delitos:

Respetar los derechos fundamentales y libertades de la comunidad, absteniéndose de asumir conductas reservadas a la Fuerza Pública. (…) Asumir actitudes disuasivas o de alerta, cuando observe la comisión de actos delictivos en los alrededores del lugar donde están prestando sus servicios, dando aviso inmediato a la autoridad, de manera que pueda impedirse o disminuir sus efectos. El personal integrante de los servicios de vigilancia y seguridad privada que tenga conocimiento de la comisión de hechos punibles durante su servicio o fuera de él, deberá informar de inmediato a la autoridad competente y prestar toda la colaboración que requieran las autoridades.

12.8. De conformidad con ese manual, los servicios de vigilancia y seguridad privada no podrán realizar ningún tipo de requisa y mucho menos con contacto físico, “toda vez que es la fuerza pública la única facultada para tal fin.” Establece que sólo se permite el uso de “equipos de detección y visión que permitan llevar a cabo este tipo de controles sin que haya contacto de ninguna naturaleza”(24).

12.9. Y más recientemente, la circular externa n.° 105 de 2014 sobre “inspecciones corporales, registros personales y requisas por parte del personal de vigilancia privada”(25) dispuso:

Así las cosas, y atendiendo a la naturaleza y finalidad de los servicios de vigilancia y seguridad privada, se hace imperativo recordar que no es posible para los mismos efectuar inspecciones corporales, registros personales y requisas, pues dichas actividades se encuentran reservadas a las autoridades públicas. (…) no existe en la normatividad aplicable a los servicios de vigilancia y seguridad privada alguna disposición que autorice de manera expresa al personal vinculado a los mismos para a aplicar las mencionadas medidas u otros procedimientos que impliquen contacto físico o la exigencia de presentación de documentos de identificación. Esto sin perjuicio de la posibilidad que existe de utilizar equipos tecnológicos debidamente autorizados para llevar a cabo los controles necesarios para cumplir en adecuada forma las funciones propias de los servicios de vigilancia y seguridad privada, siempre que no exista contacto físico con el usuario.

En consecuencia, esta Superintendencia informa a todos los servicios de vigilancia y seguridad privada que en desarrollo de las visitas de inspección se hará especial énfasis en verificar que el personal operativo no se encuentre efectuando alguno de los procedimientos ya descritos, especialmente en los puestos de trabajo ubicados en centros comerciales, grandes superficies, bares y demás sitios de alta concentración de personas.

13. Así, por regla de exclusión, resulta innecesario hacer un examen sobre la calidad de la ley y la necesidad de la medida en función de su finalidad para calificar la restricción de la intimidad por parte de vigilantes como proporcional, ya que todo se resume a la ausencia de competencia para que ese servicio de vigilancia privada adelante cacheos o registros corporales.

13.1. En efecto, las requisas y cacheos son medidas que sólo pueden adelantar funcionarios policiales bajo ciertas condiciones, toda vez que, como se ha dicho, las mismas pueden vulnerar el derecho a la intimidad de las personas.

13.2. Ha señalado nuestra jurisprudencia constitucional que el registro personal lo puede hacer la policía judicial cuando cuenta con una orden judicial previa, dentro de un proceso penal. Por el contrario, el registro corporal o cacheo lo puede hacer la policía administrativa, y consiste únicamente en “una revisión superficial del individuo y de la indumentaria misma que porta y excluye cualquier exploración de cavidades u orificios corporales. Este registro puede comprender además el área física inmediata y bajo control de la persona, donde pueda ocultar armas o esconder evidencia.(26)

13.3. También aclaró la Corte Constitucional que el hallazgo por parte de la Policía Nacional de elementos materiales probatorios en desarrollo de registros personales y de vehículos debe ser “algo meramente circunstancial y fortuito”(27), toda vez que esos procedimientos no se deben dirigir al hallazgo de elementos materiales probatorios, sino que tienen como fin alejar de la persona cualquier tipo de arma que puedan generar un riesgo inmediato para los agentes de policía o para la comunidad(28). De lo contrario, tendría que tratarse de una medida adelantada por la policía judicial con mediación de una orden judicial previa.

13.4. La Corte Suprema de EEUU, abanderada en el desarrollo del derecho a la intimidad contenido en la cuarta enmienda, desde principios del siglo XX, ha desarrollado unos principios dirigidos a justificar restricciones por parte de la Policía al derecho a la privacidad, y diferenciar medidas necesarias de las intervenciones arbitrarias y excesivas.

13.5. En Terry vs. Ohio 392 U.S. 1 (1968), esa Corte Suprema estableció que una persona podía ser detenida por un oficial de la policía sobre la base de una sospecha razonable de que está involucrado en la comisión de un delito. Si adicionalmente el agente de policía tiene la sospecha razonable de que la persona se encuentra armada, puede proceder a registrar sus prendas externas. Señaló que siempre y cuando la requisa se fundamente en una de esas dos sospechas y sea efectuada de manera breve, no se considerará violada la cuarta enmienda(29).

13.6. En United States v. Chadwick 433 U.S. 1 (1977)(30), estableció que aún en casos de flagrancia, cuando el detenido porte equipaje u otro tipo de pertenencias y no se presente el peligro de que el detenido acceda a dicha propiedad para hacer uso de un arma o para destruir evidencia, se requerirá orden judicial previa para acceder a dicha propiedad. La Corte calificó la actuación de la policía de revisar el contenido de una maleta de la cual descubrieron gran cantidad de marihuana, como invasiva de la privacidad de sus propietarios y contraria a la protección de la cuarta enmienda. De un lado, no se enmarcó dentro de la excepción del vehículo automotor, basada en la posibilidad de un agente de tránsito de registrar un vehículo sin una orden de arresto siempre y cuando se cuente con una causa probable para creer que evidencia o contrabando de drogas se encuentran dentro de dicho vehículo(31), toda vez que la expectativa de intimidad es mayor respecto de un maletín personal que de un carro y por lo tanto requería de una orden judicial para su requisa. Del otro lado, no constituyó un registro incidental a la captura, ya que ese procedimiento se adelantó hora y media después de la captura una vez el carro y el maletín de encontraban bajo la custodia de los agentes federales. Señaló el alto tribunal: “Al colocar objetos personales dentro de un maletín con doble cerrojo, los demandantes manifestaron una expectativa de que el contenido permanecería libre de la revisión pública, no menos que aquella generada por aquel que cierra las puertas de su casa en contra de intrusos (…) como no se presentó una exigencia de registro inmediato, resultó irrazonable que el Gobierno condujera una requisa sin la garantía otorgada mediante la orden judicial.”(32)

13.7. En el caso United States vs. Ross 456 U.S. 798 (1982), agentes de la policía detuvieron un hombre que manejaba un carro por cuanto el conductor y el vehículo coincidían con la descripción que había dado un informante de un hombre conocido como el bandido que vendía drogas almacenadas en el baúl de su automotor. La Corte de Apelaciones consideró que los agentes tenían causa probable para detener el carro y requisarlo -incluido el baúl-, sin una orden previa. Sin embargo no consideró razonable el haber abierto un morral y la bolsa color café, en las cuales encontraron gran cantidad de marihuana y $3.200 en efectivo, sin una orden judicial.

13.8. Para el alto tribunal estadounidense se presume una mayor expectativa de intimidad respecto del equipaje personal que de los vehículos privados, “ya que su propósito principal es transportar las pertenencias y por ende son en mucho casos opacos (algunas pertenencias se encuentran inclusive cerradas con llave), lo cual sugiere que el propietario no espera que el contenido sea visible o asequible a terceros”.

13.9. En el caso City of Indianapolis vs. Edmond, 531 U.S. 32 (2000)(33) con ocasión de unos puestos de control vehicular instalados por la policía administrativa en Indianapolis con fines antidrogas, la Corte Suprema estableció que dichos controles violaban la cuarta enmienda ya que la razonabilidad de los registros sin sospecha de comisión de un delito tiene límites y sólo pueden adelantarse en algunos casos, tales como la remoción de conductores ebrios de la calle(34) o por motivos de seguridad en el tránsito de una carretera(35). Resaltó que no son procedentes los registros con propósitos de recolectar evidencia propia de casos criminales. También recalcó la poca pertinencia que tenía el procedimiento adelantado por la policía, consistente en la verificación de la licencia de conducción y el estado de sobriedad del conductor, en el marco de una operación antidrogas. Por el contrario, recordó la validez de tales medidas en aeropuertos y edificios gubernamentales en aras de preservar la seguridad pública.

14. En este orden de ideas, en aplicación de los criterios desarrollados por la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos, y las decisiones de nuestra Corte Constitucional sobre el derecho a la intimidad, no es posible exigirle a un vigilante que realice un cacheo personal o un registro en las pertenencias de un individuo, en principio, por la ausencia de competencia funcional en la materia. Sólo podría hacerlo la policía judicial en el marco de un proceso penal con orden judicial previa, o la policía administrativa ante la presencia de la sospecha razonable de que esa persona está involucrada en la comisión de un delito, o de que se encuentra armada; en casos de registros sin sospecha de la comisión de un delito en aeropuertos y edificios gubernamentales, en aras de preservar la seguridad pública; o en casos de flagrancia, cuando el detenido porte equipaje u otro tipo de pertenencias y se presente el peligro de que acceda a dicha propiedad para hacer uso de un arma o para destruir evidencia. La reparación directa en estudio no corresponde a ninguno de los anteriores casos.

14.1. No se trata tampoco de impedir que la sociedad civil pueda colaborar en la prevención del delito y en la preservación de la tranquilidad y seguridad ciudadanas, pues es deber de todos los ciudadanos, denunciar ante las autoridades la comisión de delitos y “colaborar para el buen funcionamiento de la administración de justicia” (art. 95 C.N.), sin desconocer que las labores prevención y represión de conductas delictivas le corresponden en forma exclusiva y permanente a la Policía Nacional.

14.2. Así, el cuerpo de vigilancia privada de una entidad podría desplegar acciones como cualquier otro ciudadano, y aprehender al delincuente que haya sido sorprendido en flagrancia y ponerlo a disposición de las autoridades. Este personal haría la labor con mayor eficiencia que terceros ajenos al servicio de vigilancia, ya que normalmente cuentan con un sistema de comunicación cerrado que facilitaría la identificación del autor y permitiría una reacción ágil para impedir su fuga por alguna de las salidas del plantel. Sobre este deber ciudadano, manifestó la Corte Constitucional, en sentencia C-572/97(36):

Finalmente, el artículo 32 de la Constitución es la prueba plena de que el particular tiene la obligación ineludible de colaborar con las autoridades públicas en la lucha contra el delito. De conformidad con esta norma, “El delincuente sorprendido en flagrancia podrá ser aprehendido y llevado ante las autoridades por cualquier persona.” Aquí, es verdad, se reconoce un derecho a todos los particulares: el de aprehender al delincuente sorprendido en flagrancia. Pero si se interpreta esta disposición en concordancia con los deberes que impone la solidaridad social, es evidente que también se les impone un deber: el de aprehender al delincuente en las circunstancias descritas. Deber cuya inobservancia sólo podría tener como excusa la imposibilidad de cumplirlo, en un determinado caso.

14.3. De otro lado, el principio de autonomía universitaria, de estirpe constitucional (art. 69 C.N.), inherente al servicio de educación superior, y el cual “en las sociedades modernas y post-modernas se considera como uno de los pilares del Estado democrático, pues sólo a través de ella las universidades pueden cumplir la misión y objetivos”(37), implica la posibilidad de autorregulación de los planteles educativos, “enmarcada en la libertad de pensamiento y en el pluralismo ideológico”(38) y de autodeterminación administrativa para la creación de sus propias reglas internas y estatutos. Esta autonomía universitaria es un atributo esencial y una garantía institucional para la prestación del servicio público de educación(39).

14.4. De igual manera, la jurisprudencia constitucional ha sido constante en afirmar que la autonomía universitaria no es absoluta por cuanto “no otorga a las universidades el carácter de órgano superior del Estado, ni les concede un ámbito ilimitado de competencias pues cualquier entidad pública o privada por el simple hecho de pertenecer a un Estado de derecho, se encuentra sujeta al ordenamiento jurídico que lo rige, es decir, tanto al conjunto de valores, principios, derechos y deberes constitucionales, como a las prescripciones contenidas en la ley”(40). También ha dicho que “el funcionamiento, la lógica y la dinámica de las universidades públicas no son ajenas al Estado. No se trata, ni se les puede considerar, como unos segmentos o estancos separados de la estructura y fines del Estado colombiano.(41)

14.5. En esta medida, los reglamentos internos de las universidades y las normas de convivencia creadas y aplicadas por esos planteles deben sujetarse a los postulados constitucionales que los gobiernan. “[e]l ejercicio de la autonomía universitaria se debe dar en el marco de la racionalidad, la justicia y el respeto por los mandatos de la ley y la Constitución. La estructura de derechos y obligaciones mutuas, en torno a la educación superior, podría irse abajo si por extralimitación o abuso de su autonomía, la universidad irrumpiera ilegítimamente en los predios del interés común, atentara contra los derechos de los estudiantes o vulnerara los intereses de la propia comunidad académica(42)”.

14.6. En armonía con lo anterior, la libertad universitaria no debe pasar por alto que sus reglamentos internos y funcionamiento administrativo debe observar y respetar todos los derechos y libertades consagradas en nuestra carta política, dentro de las cuales se encuentran el libre desarrollo de la personalidad (art. 16), la libertad de conciencia (art. 18), la libertad de culto (art. 19), la libertad de expresión (art. 20) y la libertad de circulación (art. 24). Es decir, los entes universitarios autónomos no deben impedir el acceso físico de las personas a sus instalaciones, y menos aún, en nombre de la libertad universitaria, buscar restringir arbitrariamente ese postulado propio de un Estado de Derecho, a menos que, como se ha mencionado, existan elementos que justifiquen la limitación de esa libertad de circulación, en busca de la protección de otro derecho de igual categoría, ante circunstancias que hagan inminente el peligro de su transgresión.

14.7. Para concluir, no es posible atribuir la responsabilidad a la Universidad Tecnológica del Chocó por la falla del servicio de vigilancia y seguridad privada ante las lesiones causadas a Orley Orangel Ortega Franco por parte de un tercero que ingresó armado a las instalaciones universitarias, toda vez no se presentó un factor de previsibilidad para la entidad demandada sobre el peligro que se cernía sobre la vida e integridad del estudiante y no mediaron razones que justificaran la solicitud de intervención de la policía en la restricción de los derechos a la intimidad o libre acceso a las instalaciones universitarias por parte de terceros.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA

REVOCAR la sentencia recurrida, esto es, la proferida por el Tribunal Administrativo del Chocó, el 28 de enero 2005, la cual quedará así:

1. Deniéguese las súplicas de la demanda que en ejercicio de la acción de reparación directa instauraron Orley Orangel Ortega Franco, José Antonio Ortega Franco, Ofir Franco Sepúlveda y Osmel Santiago Prada Franco, en contra de la Universidad Tecnológica del Chocó Diego Luis Córdoba.

3. No hay lugar a condena en constas.

3. DEVUÉLVASE el expediente al tribunal de origen.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

Magistrado: RAMIRO PAZOS GUERRA—STELLA CONTO DIAZ DEL CASTILLO, con salvamento de voto—DANILO ROJAS BETANCOURTH.

1 En vigencia de Decreto 597 de 1988, la cuantía para que un proceso iniciado en ejercicio de la acción de directa en el año 2003 tuviera vocación de segunda instancia ante esta Corporación era de $36 950 000.

2 En sentencia de Sala Plena de la Sección Tercera, del 11 de septiembre de 2013, exp. 20601, con ponencia de quien proyecta este fallo, se dijo: “12.2.17. En síntesis, para la Sala es viable apreciar una declaración rendida por fuera del proceso contencioso administrativo, sin audiencia de la parte demandada o sin su citación, cuando se cumpla con el trámite de ratificación, o cuando por acuerdo común entre las partes –avalado por el juez- se quiso prescindir del aludido trámite. Esto último puede manifestarse como lo dispone el artículo 229 del Código de Procedimiento Civil –verbalmente en audiencia o presentando un escrito autenticado en el que ambas partes manifiesten expresamente que quieren prescindir de la ratificación-, o extraerse del comportamiento positivo de las partes, cuando los mismos indiquen de manera inequívoca que el querer de éstas era prescindir de la repetición del interrogatorio respecto de los testimonios trasladados, lo que ocurre cuando ambos extremos del litigio solicitan que el testimonio sea valorado, cuando la demandada está de acuerdo con la petición así hecha por la demandante, o cuando una parte lo solicita y la otra utiliza los medios de prueba en cuestión para sustentar sus alegaciones dentro del proceso.”

3 M.P. Jorge Arango Mejía y Alejandro Martínez Caballero. Demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 4º (parcial), 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 y 46 del Decreto 356 de 1994.

4 Ibidem.

5 Corte Constitucional, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa. En la que se declaran exequibles el artículo 24 del Decreto Ley 2453 de 1993 y el artículo 2 del Decreto Ley 356 de 1994.

6 Corte Constitucional, M.P. Carlos Gaviria Díaz.

7 M.P. Carlos Gaviria Díaz.

8 Corte Constitucional, sentencia No. C-296/95, C.P. Eduardo Cifuentes Muñoz. Demanda de inconstitucionalidad contra la Ley 61 de 1993 artículo 1° literales b y f "por el cual se reviste al Presidente de la República de facultades extraordinarias para dictar normas sobre armas, municiones y explosivos, y para reglamentar la vigilancia y seguridad privadas" y el Decreto 2535 de 1993 "por el cual se expiden normas sobre armas, municiones y explosivos."

9 Corte Constitucional, salvamento de voto a la sentencia C-572/97, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz, Carlos Gaviria Días, José Gregorio Hernández Galindo y Vladimiro Naranjo Mesa.

10 Ibidem.

11 Consejo de Estado, Sección Tercera: sentencia de 11 de febrero de 2009, exp. 23067, C.P. Enrique Gil Botero, en donde se condenó al Estado por el asesinato del alcalde de El Castillo-Meta, ocurrida el 3 de junio de 1992, en jurisdicción del municipio de Granada. En esa oportunidad señaló la Corporación: “En el presente caso el riesgo en que se encontraba la vida del alcalde afectado era evidente para las autoridades y su reacción fue sin duda precaria; no resulta adecuado aducir que se hicieron advertencias previas de que no se movilizara fuera del municipio, cuando se desconoce si ello correspondió a un estudio previo y riguroso de seguridad; menos aún, se puede afirmar que se le dio protección, pues la solicitud de la víctima se tramitó después de su asesinato; tampoco se puede alegar que se trataba de una situación de imposible manejo, cuando a la información sobre la misma ni siquiera se le dio un adecuado trámite de archivo y correspondencia”. Sentencia del 31 de mayo 2013, rad. 199903222 (30522), C.P. Danilo Rojas Betancourth (E), por la muerte del personero del municipio de Guarne, Antioquia, ocurrida el 25 de septiembre de 1997. Meses antes, el personero alertado por un tercero de que se preparaba un atentado para acabar con su vida, denunció ese hecho ante la Unidad Seccional de la Fiscalía de Guarne, solicitando que se le brindaran medidas de protección. Vía fax, también dio aviso de la situación a varias entidades y en la tarde se reunió en su oficina con tres agentes del Cuerpo Técnico de Investigación, quienes le hicieron recomendaciones de seguridad. Ese mismo día, fue abordado por desconocidos, quienes con armas de fuego segaron su vida. la Sala exoneró a la Policía Nacional, pues esta no fue informada sobre la situación de riesgo en que se hallaba el personero de Guarne y, por ende, no le era exigible que tomara medidas de seguridad en su favor, y en cambio condenó a la Fiscalía General de la Nación, por cuanto no adelantó las funciones a su cargo en materia de protección de víctimas y segundo, no informó a la Policía Nacional y a los organismos de seguridad del Estado la situación de riesgo real e inminente para una persona, de manera que estas autoridades adoptaran medidas idóneas y efectivas para garantizar su vida e integridad.

12 Consejo de Estado, Sección Tercera: sentencia de 30 de octubre de 1997, exp. 10958, C.P. Ricardo Hoyos Duque, en la que se condenó al Estado por el homicidio del candidato presidencial para el partido Unión Patriótica, Jaime Pardo Leal, el 11 de octubre de 1987. Se consideró que el carácter de líder de la oposición y presidente de un partido político perseguido y diezmado violentamente, debían ser elementos suficientes para que la víctima recibiera del Estado a través de la Policía Nacional y demás organismos de seguridad, sin necesidad de requerimiento previo, la protección adecuada para garantizarle la vida. Sentencia de 19 de junio de 1997, exp. 11875, C.P. Daniel Suárez Hernández, donde se condenó a Policía Nacional y el DAS por la muerte del ex ministro Enrique Low Murtra, quien debido a sus acusaciones contra el cartel de Medellín había sido amenazado por las mafias del narcotráfico. Se determinó que los organismos de seguridad del Estado debían conocer el riesgo que corría su vida y, en consecuencia, estaban obligados a adoptar medidas para protegerlo, aún si no hubiera hecho una solicitud concreta de protección. Sentencia del 4 de diciembre de 2007, exp. 16894, C.P. Enrique Gil Botero, fallo que encontró responsable al Estado por la muerte del inspector de trabajo del municipio de Envigado, Antioquia, quien debido a las autorizaciones que otorgó desde el Ministerio del Trabajo y la Seguridad Social para el despido masivo de trabajadores en distintas empresas del departamento, fue amenazado y luego asesinado por sicarios anónimos. Sentencia del 29 de julio de 2013, rad. 199800009 01 (24496), C.P. Danilo Rojas Betancourth, en donde se condenó a Estado por el asesinato del alcalde del municipio de Miraflores, Guaviare, ocurrida el 9 de enero de 1996, perpetrado por miembros de grupos armados al margen de la ley que ingresaron en su domicilio. El alcalde no tenía asignado un servicio de escolta a cargo de la entidad ni contaba con un esquema de seguridad. Si bien no quedó demostrada la solicitud expresa a las autoridades sobre la asignación del personal de seguridad, las circunstancias del contexto que se vivían en ese municipio con la disputa de las FARC y el paramilitarismo sobre el dominio político y territorial, permiten inferir la previsibilidad del riesgo al que estuvo expuesto el funcionario. Sentencia del 6 de diciembre de 2013, rad. 2001-00150 (30814), C.P. Danilo Rojas Betancourth, por la muerte del alcalde de Vista Hermosa-Meta, perpetrada por sicarios el 19 de septiembre de 1999, en la época en que se dispuso parte del municipio como zona de distensión decretada por el Gobierno Nacional para adelantar diálogos con la guerrilla de las FARC. Aunque la Sala careció de elementos probatorios que permitieran determinar el conocimiento previo de amenazas concretas y particulares en contra de la vida de la víctima, resultó evidente que las circunstancias que envolvían el ejercicio de sus funciones como alcalde lo colocaban en una situación que ameritaba que el Estado pusiera especial atención en su protección.

13 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 8 de febrero de 2012, exp. 22373, C.P. Danilo Rojas Betancourth.

14 [6] “Este fue el título de imputación a partir del cual la Sección Tercera del Consejo de Estado declaró la responsabilidad patrimonial del Estado por los daños causados a las víctimas de la toma del Palacio de Justicia. Al respecto, véanse, entre otras, las sentencias del 16 de febrero de 1995, exp. 9040, C.P. Juan de Dios Montes; del 27 de junio de 1995, exp. 9266, C.P. Juan de Dios Montes; del 3 de abril de 1995, exp. 9459, C.P. Juan de Dios Montes; y del 29 de marzo de 1996, exp. 10.920, C.P. Jesús María Carrillo”.

15 [7] “Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 4 de diciembre de 2007, exp. 16.894, C.P. Enrique Gil Botero. En el mismo sentido, véanse las sentencias de 19 de junio de 1997, exp. 11875, C.P. Daniel Suárez Hernández, de 27 de marzo de 2008, exp. 16.234, C.P. Ramiro Saavedra Becerra, de 25 de febrero de 2009, exp. 18.106, C.P. Ruth Stella Correa Palacio y de 1º de abril de 2009, exp. 16.836, C.P. Ruth Stella Correa Palacio”.

16 Esto es posible toda vez que los daños generados por terceros con los cuales la administración celebró un contrato no la exime de responsablidad en tanto “la actividad realizada por éstos en ejecución de convenio celebrado con una entidad pública, debe ser analizada como si hubiere sido desplegada directamente por ésta a efectos de establecer si debe deducirse responsabilidad extracontractual al Estado”. Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia de junio 7 de 2007, rad. 16089.

17 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 26 de febrero de 2014, rad. 25000232600019971437001 (30000), C.P. Olga Mélida Valle de La Hoz, en la que se declaró la responsabilidad extracontractual de la Universidad Nacional por el homicidio de Humberto Peña Taylor, estudiante de la Facultad de Derecho de esa universidad, ocurrido el 15 de junio de 1995, cuando dos hombres armados ingresaron a la cafetería de la entidad educativa y le dispararon.

18 M.P. Alejandro Martínez Caballero.

19 Corte Constitucional, sentenciaT-349/93, MP. José Gregorio Hernández Galindo.

20 Caso Tristán Donoso vs. Panamá, 2009, párr. 56.

21 Caso P.G. y J.H. vs. Reino Unido, 2001, párr. 61.

22 Si bien la normatividad que se analiza a continuación no es aplicable al caso en concreto ya que su fecha de vigencia es posterior a la fecha de los hechos, resulta ilustrativo acudir a su análisis con el propósito de evidenciar el desarrollo legislativo en la protección del derecho a la intimidad por parte del servicio de vigilancia privada, y la coherencia de esta reglamentación con las condiciones en que la Policía Nacional puede adelantar procedimientos de registro y cacheos.

23 Página web oficial de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada file:///C:/Users/User/Downloads/Manual%20de%20Doctrina%20SuperVigilancia%202011%20Versi%C3%B3n%202.0.pdf [18/07/2014]

24 Ibidem.

25 http://www.supervigilancia.gov.co/index.php?idcategoria=71870 [22/07/2014]

26 CC, C-789/06, MP. Nilson Pinilla Pinilla. Mediante la cual se declaran exequibles las expresiones "registro personal" (en su indicado entendimiento) y "registro de vehículos", contenidas en el artículo 208 de la Ley 906 de 2004, e inexequibles las expresiones "inspección corporal" e "y otras diligencias similares" de la misma disposición legal.

27 Ibidem.

28 Ver Corte Suprema de EEUU, City of Indianapolis v. Edmond, 531 U.S. 32 (2000).

29 La Corte Suprema de EEUU ha establecido que la cuarta enmienda a la Constitución de los Estados Unidos protege a las personas más no a los lugares y que por lo tanto la protección que una orden judicial ofrece contra intromisiones ilegales de las autoridades es efectiva en contextos por fuera del domicilio. United States, Petitioner, v. Joseph A. CHADWICK et al., Respondents, 433 U.S. 1 (1977).

30 Los demandantes se encontraban en un vehículo parqueado cuando fueron arrestados por agentes de la policía antinarcóticos quienes fueron alertados sobre su calidad de traficantes de drogas. Hora y media después del arresto, cuando el carro se encontraba bajo la custodia de la policía federal, sin el consentimiento de los arrestados y sin orden judicial previa los agentes procedieron a abrir un maletín que encontraron con llave en el baúl del carro por considerar que había una causa probable para creer que contenía drogas psicotrópicas. Encontraron una gran cantidad de marihuana en el interior. En consecuencia, los arrestados fueron acusados por posesión de narcóticos con intención de distribución.

31 En la decisión Carroll vs. United States 267 U.S. 132 (1925), la Corte Suprema de EEUU. estableció la excepción del vehículo automotor, con basa en la menor expectativa de intimidad en los vehículos automotores, pues a diferencia de los domicilios o las maletas de particulares, los vehículos permiten la visualización hacia su interior a través de las ventanas y su propósito esencial es transportar a las personas y no almacenar bienes personales. En United States v. Johns, la excepción fue aplicada a camiones, en United States v. Forrest fue aplicada a casas rodantes, en United States v. Hill a botes casa y United States v. Nigro y United States v. Montgomery incluyó aviones.

32 United States v. Chadwick, 433 U.S. 1 (1977) 433 U.S. 1. Ver también Arkansas v. Sanders (442 U.S. 753) [1979].

33 El departamento de policía de Indianapolis estableció puestos de control vehicular con aproximadamente 30 agentes de policía en cada uno. En el procedimiento uno de los agentes se acercaba al vehículo, le anunciaba al conductor que se trataba de una breve inspección antidrogas y procedía a solicitarle al conductor su licencia de conducción y tarjeta de propiedad. El agente de policía también buscaba señales de disminución en los sentidos del conductor y adelantaba una inspección de la parte externa del carro junto con un perro antidrogas.

34 Michigan Dept. of State Police v. Sitz, 496 U. S. 444

35 Delaware v. Prouse, 440 U. S. 648, 663

36 M.P. Jorge Arango Mejía y Alejandro Martínez Caballero.

37 Corte Constitucional, sentencia C-220/97, M.P. Fabio Morón Díaz.

38 Corte Constitucional, sentencia C-121 de 2003, M.P. Clara Inés Vargas Hernández.

39 Ver entre otras las sentencias, Corte Constitucional, C- 299 de 1994: C- 589 de 1997; T-310 de 1999; T-500 de 1999; T-974 de 1999; C- 08 de 2001; T-525 de 2001 y T-587 de 2001 y T- 1228 de 2004.

40 Corte Constitucional, sentencia T-1308 de 2005, M.P. Rodrigo Escobar Gil.

41 Corte Constitucional, sentencia C-452/06. M.P. Humberto Antonio Sierra Porto.

42 Corte Constitucional, sentencia T-585 de 1999, MP. Vladimiro Naranjo Mesa.

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