Sentencia 2003-00164 de diciembre 5 de 2012

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN CIVIL

Magistrado Ponente

Dr. Fernando Giraldo Gutiérrez

Ref.: Expediente 1100102030002003-00164-01

Aprobada en sala de catorce (14) de agosto de dos mil doce (2012).

Bogotá, D.C., cinco de diciembre de dos mil doce.

EXTRACTOS: «II. Consideraciones:

1. Define el artículo 302 del Código de Procedimiento Civil las sentencias como aquellas providencias “que deciden sobre las pretensiones de la demanda o las excepciones que no tengan el carácter de previas, cualquiera que fuere la instancia en que se pronuncien”, y que, una vez en firme, surten el efecto de cosa juzgada en los términos del 332 ibídem.

Sin embargo, los preceptos 379 a 385 de la misma compilación normativa consagran el recurso extraordinario de revisión como la última vía para enmendar las decisiones definitivas que contrarían al deber de administrar justicia, a pesar de encontrarse ejecutoriadas, siempre y cuando se demuestre la ocurrencia de una o varias de las causales expresamente señaladas con tal fin, para así derruir la presunción de acierto que las cobija.

A pesar de la denominación asignada por el legislador, la Corte ha estimado que su verdadera naturaleza es la de un proceso pues

“el cuestionamiento que a través de ella se ejerce presenta aristas tan particulares que, sin dejar de ser un modo de impugnar una decisión jurisdiccional —al fin y al cabo es la propia ley la que lo consagra como tal— lo aleja de la reglamentación común y ordinaria que atañe a los recursos en general, y más bien da la idea de estructurarse como un nuevo proceso, autónomo e independiente de aquel que concluyó con la sentencia que precisamente combate, razones que sirvieron de base para que la jurisprudencia denotara que tal concepción rima perfectamente con el ordenamiento jurídico patrio, no solo por la idea finalística de la revisión, entendida “como remedio extraordinario para conseguir la anulación de una sentencia ejecutoriada, la que por tanto presupone la total extinción de la acción en que tal providencia se profirió”, sino en cuanto que “para proveer sobre la pretensión impugnatoria deducida en este recurso extraordinario es menester realizar una serie concatenada de actos, que es lo que caracteriza al proceso” (CXLVI, pág. 91). (...) rememórese que la decisión opugnada por la revisión no es una común y corriente; se trata de aquella que, no solo ha zanjado el litigio, sino que lo ha hecho con la fuerza vinculante de la cosa juzgada, cuyo imperio es proverbial; la decisión combatida mediante revisión pasa entre tanto por verdad, proyectando todos sus efectos en la práctica, susceptible por lo mismo de una indetenible ejecución (...) de lo dicho se desgaja la secuela de que el mérito mismo de la pretensión deducida fue agotado allí mismo, y obviamente que el juzgador no pudo haber tenido en cuenta más que el marco fáctico que reflejaba el expediente; óptica desde la cual cabe asegurar que el objeto mismo del proceso, por lo menos en frente de ese preciso cuadro factual, se extinguió, pues alcanzó su postrera consumación; y como argumento de contraste, es refulgente que la revisión, encaminada como está a desestabilizar esa dosis de seguridad que proporciona la denominada res judicata, se apuntala de ordinario en una situación fáctica nueva, desconocida para el fallador de entonces y acaso hasta para el propio recurrente. Para decirlo con total afán de síntesis, la revisión exhuma la causa; y aunque no es para replantear la misma controversia, sí para que ahora se la observe frente a cosas hasta entonces desconocidas, aspecto innovador que no va con los demás recursos, en donde simplemente, y porque justo sorprenden a la causa en plena circulación vital, la enfrentan a idéntica situación que la preexistente al tiempo de la decisión” (sent. de ago. 21/98, Exp. 6253).

2. En cuanto a su procedencia respecto de los fallos de casación, el artículo 379 antes referido contempla que el “recurso extraordinario de revisión procede contra las sentencias ejecutoriadas de la Corte Suprema”, sin discriminar el sentido de la decisión, de tal manera que, indistintamente de que se quiebre o no lo resuelto por el ad quem, pueden ser objeto de revaloración dentro de los estrictos lineamientos fijados por la ley procesal.

Sobre el particular tiene dicho la Sala que

“[e]l recurso extraordinario de revisión, fue instituido por el legislador, con la alta finalidad ético-jurídica de retirar del ordenamiento jurídico las sentencias judiciales que, aunque hubieren alcanzado la fuerza de la cosa juzgada, hubieren sido obtenidas de manera ilícita, o con desconocimiento del derecho de defensa, o con vulneración de la propia cosa juzgada anterior, pues, en el conflicto planteado entre la intangibilidad y definitividad que se imprime a las sentencias judiciales pasadas en autoridad de cosa juzgada, con la justicia como valor supremo del derecho, optó el legislador por esta última, para evitar así el efecto pernicioso de mantener en pie una sentencia inicua, a pesar de encontrarse demostrada su iniquidad.

(...) De allí que también sea procedente este recurso contra „las sentencias ejecutoriadas de la Corte Suprema‟ (CPC, art. 379), dentro de las cuales se encuentran las que deciden desestimativamente el recurso extraordinario de casación. Porque con su ejecutoria, dicho fallo se torna inimpugnable en el mismo procedimiento; y porque con su resolución de no casar la sentencia de segundo grado que se ha impugnado, si bien no se juzga directamente el litigio, lo cual corresponde a las instancias, no es menos cierto que se hace un juzgamiento definitivo de la legalidad y efectos de cosa juzgada de la sentencia atacada. En efecto, la sentencia de la Corte que no casa la sentencia del tribunal que ha sido recurrida en casación, no hace otra cosa que decidir definitivamente que esta sentencia mantiene su presunción de acierto en el ordenamiento jurídico, o, más aún, que dicho fallo se encuentra acorde con este último, con la consecuencia de concederle en uno y otro caso y en forma retroactiva los efectos de cosa juzgada al fallo impugnado. Sin embargo, la revisión de este tipo de sentencias no solo es excepcional debido al carácter especial y extraordinario que tiene el recurso de revisión, sino también al carácter especial que, en virtud de lo extraordinario del de casación, resuelve negativamente este recurso, tal como antes se dijo” (sent de ago. 4/95, Exp. 5066).

3. Es de tener en cuenta, además, que cuando el ataque se dirige contra el proveído en que fracasaron las censuras de la impugnación extraordinaria antes indicada, el nuevo planteamiento lleva implícita la disconformidad contra la resolución del tribunal que permaneció incólume y cobró firmeza, que es en últimas contra la que se dirigen los motivos propuestos.

La Corte sobre el particular anotó que “es claro que la naturaleza del recurso que ahora se decide, obliga a estudiar lo medular del punto discutido en la sentencia de segundo grado, porque fue allí donde el testimonio declarado falso se erigió en el centro de gravedad de la determinación adoptada; por supuesto que, como ha quedado anotado, el recurso de casación se circunscribió simplemente a examinar el fallo impugnado en sus relaciones con la ley” (sent. de dic. 12/2003, Exp. 2002-00039).

4. Respecto de su oportunidad el artículo 380 id. señala que “podrá interponerse dentro de los dos años siguientes a la ejecutoria de la respectiva sentencia, cuando se invoque alguna de las causales consagradas en los numerales 1º, 6º, 8º y 9º del artículo precedente”, siendo los tres primeros precisamente a los que acude la accionante, pero que para este caso en concreto cuentan con algunas particularidades, a saber:

a) La sentencia que no casó la decisión del tribunal se profirió el 8 de febrero de 2000 y, al tenor del artículo 331 ejusdem, ambas quedaron ejecutoriadas el 21 siguiente. Así que, en circunstancias normales, la caducidad para interponer esta vía extraordinaria se hubiera configurado el mismo día y mes del 2002.

b) Empero, la Corte Constitucional en su fallo T-1342 del 11 de diciembre de 2001 le concedió a la promotora, como mecanismo transitorio de protección a sus garantías, una suspensión de cuatro meses al término del citado artículo 381, a partir de su notificación, con el fin de que tuviera la oportunidad de practicar el examen del HLA en las personas de X X X X X X X X X X X X X, Patricia Name Vásquez, Cristina Duarte de Ardila, y en los hermanos del fallecido Jorge Ardila Duarte, y autorizó la prórroga del plazo de suspensión, a criterio del juez de primera instancia dentro del amparo constitucional (fls. 67 y 68).

c) En vista de las dificultades en la obtención del dictamen científico, cuyos resultados se conocieron el 14 de abril de 2003, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca concedió el 9 de mayo de esa anualidad una ampliación de la “suspensión del término previsto en el artículo 381 del Código de Procedimiento Civil” por dos meses que comenzarían a contarse a partir del 21 próximo, fecha en que se notificó dicha providencia (fls. 194 y 195).

d) Este recurso se presentó en oportunidad el 21 de julio de 2003, data en que se cumplía el periodo antes dispuesto a la luz del inciso segundo del artículo 67 del Código Civil, según el cual el “primero y último día de un plazo de meses o años deberán tener un mismo número en los respectivos meses”.

Ese criterio aparece expuesto por la Corte en sentencia de casación del 29 de septiembre de 2005, Expediente 7892, en virtud del cual “surge nítido que es el inciso segundo de que ahora se trata el que se ocupa de indicar que en todos los plazos legales previstos en años o meses, su último día corresponde a aquel del mismo número en que el respectivo plazo o término se inició, mandato este que, en primer lugar, no evidencia contradicción con las previsiones del inciso primero del mismo artículo 67 o con los restantes incisos de tal disposición, y que, en segundo, claramente regula, de la manera señalada, lo atinente a la forma de contabilizar los términos de años y meses y, por sobre todo, sienta el criterio con que debe establecerse el día en que vence o concluye un plazo de los que aquí se vienen analizando. En sentido similar se ha pronunciado la corporación (G. J., t. CLXIV, pp. 209 a 215; G. J., t. CCXX, primera parte, pags.54 a 59; autos de sep. 7/87, oct. 8/87, nov. 13/87, oct. 9/89 y nov. 28/89, no publicados aun oficialmente)”.

e) Lo anterior, sin consideración a que como el fallo T-1342 se produjo el 11 de diciembre de 2001 y los efectos de la “suspensión” se surtían desde que fuera notificado, de lo que no obra constancia en el expediente, es factible que el lapso fuera mucho mayor en vista de que, si el término original se cumplía el 21 de febrero de 2002 y el enteramiento de la decisión constitucional se produjo antes, la diferencia entre uno y otro constituyen una prolongación a computar al vencimiento del beneficio concedido.

f) Adicionalmente, la presentación de esta demanda surtió los efectos de interrupción del artículo 90 del Código de Procedimiento Civil, en la medida que todos los intervinientes fueron vinculados al trámite dentro del año siguiente a su admisión.

Válidamente, entonces, es pertinente concluir, sin lugar a duda alguna, que la impugnación extraordinaria se interpuso en tiempo y que no operó la caducidad.

5. Consecuentemente, procede el estudio de fondo de los motivos de revisión formulados.

6. Se invoca como primera causal el numeral 1º del artículo 380 ibídem, consistente en “[h]aberse encontrado después de pronunciada la sentencia documentos que habrían variado la decisión contenida en ella, y que el recurrente no pudo aportarlos al proceso por fuerza mayor o caso fortuito o por obra de la parte contraria”.

Su prosperidad queda condicionada al cumplimiento de los requisitos que manera consistente ha señalado la Corte, a saber:

a) Que se haya encontrado, con posterioridad a la resolución del asunto mediante providencia ejecutoriada, un medio de convencimiento documental preexistente, esto es, que no aluda a otra categoría.

b) Que la imposibilidad de hacerlo valer en el trámite respectivo se origine en fuerza mayor, caso fortuito o por intervención de la contraparte.

c) Que tenga incidencia directa en la solución, que por obvias razones debe ser distinta de la asumida. Así lo señaló en sentencia de 1º de marzo de 2011, Expediente 2009-00068, al advertir que

“para la cabal estructuración del referido motivo, como condición sine qua non determinante del éxito del recurso de revisión, es indispensable probar, de modo fehaciente, los concurrentes elementos a continuación expuestos: (a) que las pruebas documentales de que se trate hayan sido halladas ulteriormente al momento en que fue proferido el fallo, habida cuenta que “la prueba de eficacia en revisión y desde el punto de vista que se está tratando, debe tener existencia desde el momento mismo en que se entabla la acción [...] de donde se sigue que no constituyendo esa pieza documental —bien por su contenido o por cualquier otra circunstancia— una auténtica e incontestable novedad frente al material probatorio recogido en el proceso, la predicada injusticia de esa resolución no puede vincularse causalmente con la ausencia del documento aparecido” (Sent. 237 de jul. 1º/88); (b) que el alcance del valor persuasivo de tales probanzas habría transformado la decisión contenida en ese proveído, por cuanto “el documento nuevo, per se, debe ser decisivo y por tanto tener la suficiente fuerza como para determinar un cambio sustancial de la sentencia recurrida”; y, (c) que no pudieron aportarse tempestivamente, debido a fuerza mayor o caso fortuito o por obra de la parte contraria, razón por la que “no basta que la prueba exista para que la revisión sea viable, sino que es necesario para ello que haya sido imposible aducirla, o por un hecho independiente de las partes, o por un hecho doloso de la parte favorecida” (G.J. t. LI bis pág. 215)”.

7. En el expediente se encuentran demostrados los siguientes hechos:

a) Que el 8 de diciembre de 1987 Patricia Name Vásquez dio a luz a su hija X X X X X X (fl. 3).

b) Que el 10 de noviembre de 1990 falleció Jorge Ardila Duarte (fl. 4).

c) Que ante el Juzgado Diecisiete de Familia de Bogotá se adelantó proceso de filiación de X X X X X X X X X X X X, representada por su progenitora, contra Cristina Duarte de Ardila y herederos indeterminados de Jorge Ardila Duarte.

d) Que el funcionario de conocimiento en la etapa respectiva, además de la recepción de testigos, decreto la práctica de prueba antropoheredobiológica con los intervinientes y, antes de proferir sentencia, dispuso la realización de examen de HLA a los mismos y los hermanos del difunto (fls. 292 a 293 y 429, cdno. 1).

e) Que únicamente se llevó a cabo la primer experticia, en la cual “observando las posibles variantes génicas obtenidas a través de los 4 hermanos legítimos y su madre; vemos que se establece compatibilidad para con la menor María Patricia” y complementó la aclaración de que “permite establecer la posibilidad de paternidad mínima de un 75%”, sin que se insistiera en la obtención de los factores de que trata la última (fls. 454, 455 y 465, cdno. 1).

f) Que el a quo accedió a las pretensiones de filiación (fls. 487 a 523, cdno. 1), lo que confirmó el superior el 26 de julio de 1994, argumentando la valoración en conjunto de los medios de convicción recaudados (fls. 73 a 89, cdno. 4).

g) Que la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia no casó el fallo del tribunal, atacado por la senda indirecta, porque no encontró demostrados los errores de hecho denunciados en el único cargo (fls. 6 a 25).

h) Que la Corte Constitucional, en pronunciamiento T-1342 del 11 de diciembre de 2001, concedió amparo como medida provisional a Cristina Duarte de Ardila, suspendiendo por cuatro meses el plazo establecido por el artículo 381 del Código de Procedimiento Civil, con el fin de que pudiera practicar el examen de HLA que le permitiera atacar “la sentencia que reconoció a X X X X X X como hija de Jorge Ardila y Patricia Name”, en consideración a que “el artículo 379 del Código de Procedimiento Civil regula el recurso extraordinario de revisión contra las sentencias ejecutoriadas de la Corte Suprema de Justicia, los tribunales superiores, los jueces civiles y los jueces de familia, entre otras causales, cuando después de pronunciada la sentencia aparecen pruebas que permiten variar la decisión, y que el recurrente no las pudo aportar al proceso por fuerza mayor, caso fortuito o por obra de la parte contraria —artículo 380.1 Código de Procedimiento Civil—” (fls. 276 a 296).

i) Que el Juzgado Sexto de Familia de Bogotá recaudó, a través del laboratorio de DNA convenio ICBF-INML y CF, prueba de HLA con las partes involucradas en el trámite de filiación y los hermanos del fallecido, que arrojó como conclusión que “Jorge Ardila Duarte queda excluido como el padre biológico de la menor X X X X X X X” (fls. 181 a 189).

j) Que en la pericia rendida dentro de estas actuaciones, previa exhumación de los restos óseos del causante, que fueron examinados y confrontados con las muestras tomadas en pretérita oportunidad a la supuesta hija y su progenitora, se dictaminó que “Jorge Ardila Duarte (fallecido) queda excluido como padre biológico de la menor X X X X X X” (fls. 869 a 871).

8. Bajo la rigurosidad que es propia del recurso extraordinario de revisión y los postulados de la primera causal, en este caso no encontraría viabilidad la reclamación formulada, en el entendido de que la misma solo se predica de los documentos, sin que se haga extensivo a otros medios demostrativos que se confundan como tales al constar por escrito, cuando en realidad consisten en informes técnicos, experticias o exámenes médicos especializados, respecto de los cuales presentan divergencias.

En relación con la naturaleza de la prueba que le sirva de soporte al motivo propuesto tiene dicho la Sala que “[p]ara que un escrito pueda ser calificado como “documento” debe tenerse en cuenta que tal condición solo se atribuye a las manifestaciones consignadas de manera espontánea y libre, con carácter informativo o expositivo, haciendo constar situaciones concretas pero sin intereses probatorios, toda vez que cuando rebasan tal limite derivan en otros medios de convicción como lo es la pericia, la inspección, la declaración o la rendición de informes técnicos, los cuales, una vez practicados dentro de actuaciones judiciales o administrativas, quedan materializados, sin que pueda haber lugar a confusión en relación con su naturaleza (...) En otras palabras, a pesar de que los dictámenes e informes rendidos por técnicos y/o especialistas se hacen constar de manera impresa, gráfica, visual o magnética, tal hecho no desvirtúa su esencia ni les confiere una calidad netamente declarativa, toda vez que si su producción está encaminada a servir de apoyo en un trámite investigativo, se confunden con este y no pueden ser apreciados independientemente de la decisión producida, en la cual son objeto de valoración” (sent. de dic. 19/2011, Exp. 2009-00919).

De tal manera que no solo el examen de HLA aportado como base del recurso corresponde a una prueba científica altamente especializada, que fue objeto de traslado y aprobación, que le brindaron validez, sino que fue obtenida con posterioridad a la culminación del proceso, circunstancias que lo alejan de la razón de inconformidad invocada.

9. Sin embargo, en este caso deben tenerse en cuenta las especiales circunstancias que existen dentro del trámite, generadas y producidas por los efectos y alcances del fallo que decidió la tutela formulada por Cristina Duarte de Ardila, mediante el cual la Corte Constitucional concedió el amparo deprecado (T-1342-01).

Las motivaciones principales de la referida sentencia son las que a continuación se sintetizan (fls. 276 a 315):

a) La línea jurisprudencial constitucional relativa a las pruebas y la forma de valoración que deben hacer los jueces en los procesos de reconocimiento de la paternidad disputada, se encuentra en las siguientes sentencias:

(i) C-109 de 1995 que declaró inconstitucional regulación vigente en materia de impugnación de la paternidad, debido a que, entre otras razones, “gracias a los avances de la genética la ciencia ha desarrollado toda una serie de pruebas técnicas que permiten establecer, con un alto grado de seguridad, las relaciones de filiación”.

(ii) C-004 de 1998 que declaró inexequible la expresión “de derecho” que hacia parte del artículo 92 del Código Civil toda vez que “la duración de la gestación no es ya un factor definitivo en la prueba de la filiación. La filiación, fuera de las demás pruebas aceptadas por la ley civil, se demuestra ahora, principalmente, por el experticio sobre las características heredo-biológicas paralelas entre el hijo y su presunto padre, y por la peritación antropo-heredo-biológica, medios de prueba expresamente previstos por el artículo 7º de la Ley 75 de 1968”.

(iii) C-243 de 2001 que insiste en “el deber de acudir a los avances científicos que permiten esclarecer las controversias de paternidad discutida por cuanto” con fundamento “en la interpretación armónica, sistemática y evolutiva de los artículos 6º y 7º de la Ley 75 de 1968, en concordancia con los artículos 37, 167, 75 y 187 del Código de Procedimiento Civil y los postulados y valores de la Constitución Política”.

b) Algunas decisiones de la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia —destaca la constitucional— “apuntan a una mayor participación del juez del conocimiento en el esclarecimiento de la verdad, con miras a determinar la filiación por sí misma, y no por la actividad o inactividad procesal de las partes, en cuanto destacan la labor oficiosa del juez en la práctica de las pruebas genéticas en los procesos de investigación de la paternidad —artículo 228, Constitución Política—”, entre ellas las sentencias de 16 de junio de 1981 y 10 de marzo de 2000, según las cuales “el dictamen pericial hoy no solo permite excluir sino incluir con grado de certeza absoluta, a quien es demandado como padre presunto”.

c) Para el esclarecimiento de la verdadera filiación, con miras a hacer efectivos los derechos y las obligaciones paterno-filiales de los artículos 2º, 14, 42, 44 y 228 de la Constitución Política, “el decreto y la práctica de las pruebas genéticas, en los procesos de investigación de la maternidad y de la paternidad, en cuanto conducen a la exclusión, con certeza absoluta de quien no es el progenitor, y al señalamiento, con una probabilidad cercana a la certeza, de quien sí lo es, son de imperativo cumplimiento”, con respaldo en el artículo 7º de la Ley 75 de 1968, sin que se puedan justificar las omisiones al respecto, “en aquello que las partes hicieron o dejaron de hacer durante el proceso”.

d) Si bien Cristina Duarte Ardila puede interponer el recurso extraordinario de revisión regulado en los artículos 379 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, que procede “entre otras causales, cuando después de pronunciada la sentencia aparecen pruebas que permiten variar la decisión, y que el recurrente no las pudo aportar al proceso por fuerza mayor, caso fortuito o por obra de la parte contraria -artículo 380.1 Código de Procedimiento Civil”, y ante la evidencia de que se “quebrantó el debido proceso, porque la prueba del HLA no se practicó estando el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar en posibilidad de hacerlo, práctica que habría disipado las dudas que le asisten a la accionada, ante la certidumbre de que su hijo no podía engendrar, procede conceder el amparo como mecanismo transitorio, con el objeto de evitar que quede definida la filiación de X X X X X X, sin que la señora de Ardila pueda solicitar su revisión, y con miras a que tal cometido resulte posible —artículo 86 constitucional—”.

A pesar de que dicho motivo no puede ser alegado por la señora Duarte de Ardila “en cuanto tal causal se encuentra instituida para hacer valer la prueba documental que el recurrente en revisión no pudo aportar sin culpa, (...) en el caso de autos la omisión le es atribuible al juez, porque es de su responsabilidad no solo el decreto, sino la práctica misma de la prueba genética”, lo que lo hace viable porque la Corte Constitucional tiene decidido que “la revisión, más que un recurso, es un medio para conseguir la realización de la justicia, pero no de la justicia formal propia de las sentencias en firme contrarias a derecho, sino de aquella verdadera que demandan el preámbulo y los artículos 1º, 228 y 230 del estatuto superior”.

10. Fue así, entonces, como en los términos acabados de describir, la Corte Constitucional no solo concedió la ampliación del término para presentar el recurso de revisión, sino también que la previno sobre la posibilidad de que, en caso de que la prueba de ADN arrojara como resultado la exclusión de la paternidad y no se acogiera la misma en un fallo adverso a su reclamación, formulara otra protección supralegal, para lo que quedaba legitimada ante la ocurrencia de esos nuevos hechos.

11. La Sala en un caso semejante al aquí examinado precisó que

“es evidente la inadecuación de la situación al supuesto fáctico de la norma, lo cual, conduciría a la frustración del recurso (...) No obstante, un factor ulterior a la sentencia proferida por esta Corte el 4 de diciembre de 2003 declarando infundado el primer recurso, impone la necesidad de proteger la confianza generatriz de una expectativa legítima, seria y fundada al recurrente para invocar la causal primera de revisión (...) La problemática planteada, entonces, comprende: a) una providencia judicial proferida con sujeción a los elementos de convicción regular y oportunamente aportados al proceso, en particular, la prueba antropoheredobiológica que no excluía la paternidad investigada y por ello se declaró; b) una prueba genética de ADN posterior practicada en el curso de una investigación penal, por supuesto, más ajustada a los actuales avances científicos descartando la paternidad biológica del declarado judicialmente padre y c) una providencia judicial emanada del máximo tribunal constitucional del país, interpretando más allá del régimen normativo consagratorio de la causal primera del recurso extraordinario de revisión y de su entendimiento prístino por la jurisprudencia civil, única facultada constitucionalmente al efecto, creando una seria, legítima y fundada expectativa sobre la operancia de la causal primera, si bien con una hermenéutica contradictoria e incompatible con la preceptiva jurídica y la jurisprudencia de la Corte (...) El principio está en indisociable conexión con la seguridad jurídica, la legalidad y la buena fe, sin confundirse con estas (...) Implica que las autoridades no adopten medidas que aunque lícitas contraríen las expectativas legítimas creadas con sus actuaciones precedentes en función de las cuales adoptan sus decisiones, protegiendo la convicción proba, honesta y leal de su estabilidad y coherencia (...) En cuanto a sus requisitos, presupone: a) un acto susceptible de infundir confianza y crear esperanzas fundadas; b) una situación preexistente generatriz de una expectativa verosímil, razonable y legítima basada en la confianza que inspira la autoridad con su conducta sobre su mantenimiento o estabilidad; y c) una actuación de buena fe del sujeto (...) En este contexto, el principio no solo es deseable, sino que se presenta como una exigencia social ineludible para garantizar la buena fe y las legítimas expectativas por situaciones derivadas del comportamiento anterior (...) El principio aplica en cada situación concreta, se aprecia por el juzgador in casu, conforme al marco de circunstancias singular, considerando los distintos factores incidentes, la actuación de la autoridad, la confianza generada, las expectativas legítimas creadas, la buena fe de los particulares, sin existir un criterio absoluto, inflexible e inmediato. Es además menester, ponderar los diferentes intereses eventualmente contrapuestos (...) La protección de la confianza legítima también se impone en circunstancias como las del presente asunto, donde las decisiones de diferentes autoridades encargadas de administrar justicia son antinómicas (...) En efecto, la Corte Constitucional en su propósito de proteger los derechos fundamentales del recurrente con una interpretación más allá del marco normativo de la causal primera y su entendimiento jurisprudencial por el órgano facultado constitucional y legalmente para tal efecto, infundió una expectativa legítima, seria y fundada habilitando un término para presentar el recurso por el mencionado motivo de revisión, siendo menester dispensar por las particularidades del caso la protección a la confianza (...) Por tanto, la Sala, no puede desconocer la ostensible injusticia a que conduciría la absoluta indefensión del recurrente frente a la declaración judicial como padre de quien no lo es según la prueba genética de ADN practicada por el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, ni la expectativa legítima infundida por la Corte Constitucional en la Sentencia de Revisión T-1226 de 2004 legitimando al recurrente para presentar un nuevo recurso de revisión por la causal primera consagrada en el artículo 380 del Código de Procedimiento Civil” (sent. de jun. 25/2009, Exp. 2005-00251).

12. Consecuentemente, toda vez que lo que arrojan los informes científicos, esto es, el que se aportó con el libelo de revisión y el producido en curso del mismo, es completamente contrario al dictamen que sirvió como medio de convicción a los falladores de instancia, es evidente que de haber obrado durante estas otro sería el resultado obtenido, sin que los demás elementos demostrativos alcancen a conferir el peso suficiente que justifique la continuidad de un fallo abiertamente injusto, con mayor razón cuando trasciende al entorno familiar.

Y aunque el recurso se dirige contra la sentencia que no casó la del ad quem, por lo que en estricto sentido no estaría afectada por el vicio planteado en vista de lo restringido de sus alcances, en estos casos, como delanteramente se dejó expuesto al estudiar la viabilidad del ataque, este pretende derribar es la ejecutoria alcanzada por la providencia del tribunal y por ende las República de Colombia Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Civil F.G.G. Expediente 1100102030002003-00164-01 30, decisiones que allí fueron tomadas, lo que justifica que se encuentre fundada la revisión, se invalide esta última y se reexamine el asunto de fondo, como lo ordena el artículo 384 del Código de Procedimiento Civil en su primer inciso, proceder acogido en la sentencia del 12 de diciembre de 2003, Expediente 2002-00039.

No es necesario estudiar las otras causales planteadas. Esto por cuanto el buen suceso de la primera tiene alcances envolventes y totalizadores por aniquilar las providencias que resolvieron en sentido contrario, o sea, accediendo a la filiación extramatrimonial impetrada.

13. Ante la prosperidad de esta impugnación no hay lugar a condena en costas ni perjuicios.

III. Sentencia sustitutiva

1. Se encuentran reunidos los presupuestos procesales y no existe vicio alguno en la tramitación, siendo indiscutible la legitimación en la causa tanto por activa como por pasiva.

2. Patricia Name Vásquez, actuando en representación de su hija X X X X X X X, menor en esa época, solicitó que se declare que esta es fruto de la unión que sostuvo con Jorge Ardila Duarte, invocando las presunciones de paternidad fijadas en los numerales 4º, 5º y 6º del artículo 4º de la Ley 45 de 1936, con la reforma introducida por el 6º de la Ley 75 de 1968, consistentes en las relaciones sexuales que mantuvo la pareja para la época de la concepción, la colaboración dada por el presunto padre en el periodo de gestación y la posesión notoria del estado de hija.

3. El fallo de primer grado declaró infundadas las excepciones y accedió a las pretensiones de filiación, luego de desechar de entrada las dos últimas causales, pero concediendo pleno valor al relato de los testigos aportados por la accionante, que acreditan la primera de las motivaciones, sin que pierdan peso o entidad con lo narrado por los deponentes de su contradictora, ni exista soporte científico de la imposibilidad de Jorge Ardila Duarte para procrear.

4. Insisten las opositoras en que lo que arrojan las pruebas valoradas no permite inferir con precisión la calidad de padre de X X X X X X X X X X X X X que se le asignó al fallecido.

5. Fluye de lo anterior que el único soporte de la decisión apelada es el relato de terceros, ajeno al estudio de los demás elementos de convicción obrantes en el plenario, como lo fue el resultado del examen de genética obrante a folios 454 y 455, sin que le mereciera ningún reparo el hecho de que no se llevó a cabo la valoración de HLA decretada de oficio, por auto del 19 de junio de 1992 (fl. 429, cdno. 1).

6. La relevancia de las pruebas científicas en los asuntos de filiación no es nueva en el ordenamiento jurídico, es así como el artículo 7º de la Ley 75 de 1968, antes de la reforma introducida por el 1º de la Ley 721 de 2001, consagraba que en “todos los juicios de investigación de la paternidad o la maternidad, el juez a solicitud de parte o, cuando fuere el caso, por su propia iniciativa, decretará los exámenes personales del hijo y sus ascendientes y de terceros, que aparezcan indispensables para reconocer pericialmente las características heredobiológicas paralelas entre el hijo y su presunto padre o madre, y ordenará peritación antropoheredobiológica, con análisis de los grupos sanguíneos, los caracteres patológicos, morfológicos, fisiológicos e intelectuales transmisibles, que valorará según su fundamentación y pertinencia. La renuencia de los interesados a la práctica de tales, exámenes, será apreciada por el juez como indicio, según las circunstancias”.

La obligatoriedad de su realización ya había sido objeto de pronunciamiento por la Corte con antelación a la modificación anunciada, al advertir que

“independientemente de si las presunciones legales de paternidad han sido o no legalmente estructuradas como taxativas, cualquier otra forma fehaciente de demostrar legalmente la paternidad o su exclusión debe ser atendida por el juez, a efectos de buscar claridad acerca de la „investigación de la paternidad” que es el objeto del litigio que dirige y adelanta, y que envuelve el ejercicio del derecho constitucional a la personalidad, del que la filiación forma parte. En otras palabras: si llegado el caso, obra en el expediente prueba pericial o de informes, regular y oportunamente allegada al proceso en la que se demuestra —con grado próximo a la certeza— la improbable paternidad del demandado o mejor la paternidad de un tercero, y dicha prueba se enfrenta a otras que recogen los hechos indicativos que el legislador ha consagrado como constitutivos de presunción de un hecho indicado, tamaña duda debe ser esclarecida por el juez antes de proferir el fallo con que termina el proceso (...) No se trata acá de desechar de un tajo las pruebas testimoniales o documentales recaudadas y que den cuenta, a criterio del juzgador, del trato íntimo o especial que una pareja se prodiga en una época predeterminada y coincidente con la concepción, para de allí inferir las relaciones sexuales que dieron origen a un ser humano cuya paternidad se investiga. No. Se trata de resaltar, con la altura exacta a la que llega hoy la ciencia, que los avances de esta, a pesar de no estar recogidos positiva o expresamente en la ley, no pueden echarse de menos, cuando es lo cierto que de las meras conjeturas e inferencias, por virtud de la ciencia se puede pasar hoy a una prueba menos indirecta de la filiación, prueba que, por lo demás, es de obligatoria práctica, según las voces del artículo 7º de la Ley 75 de 1968, que por cierto no contempla la prueba que acá sembró la duda, referida a la posible paternidad de un tercero, distinto del demandado. Es decir, se impone hoy la declaración de ciencia frente a la reconstrucción histórica, salvo que aquella no sea posible obtener” (sent. de mar. 10/2000, Exp. 6188).

7. Bajo el régimen normativo vigente para el 28 de octubre de 1993, cuando se profirió el fallo del a quo, era palpable la necesidad de realizar en estos casos un completo examen científico que arrojara, con el mayor grado de certeza posible, un informe sobre el grado de probabilidad de que quien se señalaba como padre tuviere tal condición, en consideración a que las defensas planteadas insistían en que Ardila Durán no podía engendrar. Esto en la medida que, si bien los resultados que arrojara la prueba no desvirtuaban la demostración de las relaciones sexuales presumidas para la época de la concepción ni mucho menos generaban certeza sobre la incapacidad aducida, si dilucidarían un aspecto sustancial y es el que se excluyera de plano la filiación respecto del difunto.

8. Con la expedición de la Ley 721 de 2001 se convirtió en una carga del juez ordenar la práctica de los exámenes que científicamente determinen índice de probabilidad de parentesco superior al 99.99%, “en todos los procesos para establecer paternidad o maternidad”.

La reforma ratificó el papel que le asiste al sentenciador de intervenir activamente en la materialización de los derechos relacionados con la familia y sus vinculados, elevados a rango superior en la Constitución Política de 1991, cuyo descuido conduce a que se desconozcan las providencias proferidas cuando se omiten sus deberes oficiosos.

Así lo dispuso esta corporación en sendos pronunciamientos de 27 de octubre de 2005 y 30 de agosto de 2006, expedientes 1994-14420 y 1998-00351, que ordenaron devolver a los tribunales de origen asuntos de investigación de paternidad en los cuales no se practicó la “prueba de marcadores genéticos de ADN”. Se resalta en el último de los citados que “si como desde hace un lustro lo tiene sentado la jurisprudencia, “nadie discute hoy que la ciencia ha logrado perfeccionar métodos que, superando toda expectativa, permiten establecer las relaciones de paternidad con precisión prácticamente definitiva, al punto que los resultados que ellos arrojan disipan toda duda razonable” (sent. de abr. 20/2001, Exp. 6190), emerge en extremo preocupante, que todavía se estén decidiendo en el fondo procesos de investigación de paternidad sin el recaudo de la prueba echada de menos por la Corte, y sin que, como acontece en el asunto de la referencia, se avizoren siquiera las circunstancias que pudieran justificar semejante omisión”.

Y más recientemente, en sentencia del 26 de agosto de 2011, Expediente 1992-01525, manifiesta que “[e]l legislador colombiano, atendiendo los avances científicos en materia genética y la circunstancia de estarse realizando en el país exámenes de cotejo de las características del ADN concluyentes de la paternidad y/o de la maternidad, con un grado de certeza superior al 99.9%, dictó la Ley 721 de 2001 “por medio de la cual se modifica la Ley 75 de 1968”, en la que impuso que en los procesos de investigación de la filiación es forzosa la práctica de dicha prueba y que “[e]n firme el resultado, si la prueba demuestra la paternidad o maternidad, el juez procederá a decretarla, en caso contrario se absolverá al demandado o demandada” (art. 8º, par. 2º) (...) Sobre el particular tiene dicho la Sala, que “si el propósito apunta a que la denominada “verdad biológica” coincida con la jurídica, como que todo gira en torno a vincular a una persona, con los efectos que declaratoria de aquel abolengo comporta, “con su origen sanguíneo y su incontrastable derecho a conocer a sus progenitores”, resulta importante contar con las pruebas que hoy el avance de la ciencia brinda, concretamente en el campo de la genética‟ (Cas. Civ., sent. de dic. 18/2006, Exp. 0118)”.

9. La importancia, trascendencia e imperatividad de la experticia tanto en épocas pretéritas como en la actualidad es indiscutible, con mayor razón cuando son determinantes o excluyentes de la paternidad, sin que exista lugar a dudas sobre sus alcances y mucho menos cuando no han sido desconocidas u objetadas por los interesados.

10. Si bien los “resultados exámenes de genética” y su aclaración rendidos por el ICBF al funcionario de conocimiento no cuentan con la eficacia requerida, pues se refirió a una compatibilidad que “científicamente permite establecer la posibilidad de paternidad mínima de un 75%”, tal situación no era óbice para que se insistiera en que el mismo se direccionara a la aplicación del sistema HLA, como se decretó de oficio por el a quo y lo que permite concluir el conocimiento que tenía sobre su trascendencia.

Precisamente esa prueba, como lo ha señalado la Corte, “es molecular y basad[a] en el ADN, huella genética, única, irrepetible, conformada por dos haplotipos —cada célula nucleada posee un número par de 46 cromosomas, de los cuales dos son sexuales. La mitad de los cromosomas los aporta el padre y la otra mitad la madre. Pero cada cromosoma contiene subunidades denominadas genes, constituidas por DNA (ácido desoxirribonucleico). El conjunto de genes de un individuo se denomina genotipo y la mitad parental (materna o paterna) recibe el nombre de haplotipo— (uno materno y otro paterno) que constituyen el genotipo y en el que se identifica cuál es el haplotipo que el padre entregó a su hijo, de modo que si hay fragmentos del ADN que la madre no ha dado al hijo ni se los puede haber dado el presunto padre, la paternidad queda excluida con seguridad absoluta; o, por el contrario, si la mitad del ADN del hijo es idéntico a la del padre y la suma de las características de los ADN que la madre aportó da el ADN del hijo, la paternidad queda comprobada” (sent. de mar. 10/2000, Exp. 6188).

11. Sin embargo, tales falencias fueron superadas con los dos estudios genéticos que arrojaron lo siguiente:

a) El que se llevó a cabo a continuación del fallo T-1342 de 2001, con la intervención de la progenitora del señalado padre, los hermanos de este, la madre y la menor involucrados en la litis, previa conformación del perfil del abuelo paterno, según el cual “Jorge Ardila Duarte queda excluido de la paternidad de la menor María Patricia”, advirtiendo que “la menor X X X X X no comparte alelos con los presuntos abuelos ni con los presuntos tíos en 7 de los sistemas genéticos analizados, por lo tanto el perfil genético del presunto padre Jorge Ardila Duarte no posee los alelos obligados paternos (AOP) que debería tener el padre biológico de la menor María Patricia. Se encontraron 7 exclusiones de la paternidad en los sistemas D3S1358, HUMFGA, D21S11, D18S51, D5S818, D2S1338 y D19S433” (fl. 188).

b) El que se practicó en este trámite con las muestras óseas exhumadas del presunto padre y confrontado con las tomas de sangre de la madre y la menor, que se conservaban del anterior examen, resultó con que “el perfil genético obtenido a partir de los restos óseos analizados como de Jorge Ardila Duarte (fallecido) no posee todos los alelos obligados paternos (AOP) que debería tener el padre biológico de X X X X X en ocho (8) de 11 sistemas genéticos analizados: D3S1358, THO1, D21S11, D18S51, D5S818, D7S820, D16S539 y FGA” (fl. 869).

12. Ambos dictámenes se encuentran debidamente fundamentados y coinciden particularmente en cuatro de sus exclusiones D3S1358, D21S11, D18S51 y D5S818, lo que los hace determinantes para los fines del debate.

Si bien la promotora de la investigación presentó reparos al primero de ellos, no lo hizo en su debida oportunidad, esto es, cuando se le corrió traslado del mismo por el despacho que intervino en su práctica, a pesar de estar debidamente enterada e incluso participar en la toma de muestras dispuesta.

De todas maneras sus críticas y objeciones quedan rebatidas y refutadas con la conclusión que arroja, en igual sentido al anterior, el último que incluyó el análisis de los restos óseos del supuesto progenitor fallecido y, frente al que, no obstante que pudo hacerlo en oportunidad, guardó silencio.

13. En vista de que los análisis especializados coinciden en la imposibilidad de la paternidad biológica que se le endilgó a Jorge Ardila Duarte respecto de X X X X X X X X X X X X X X, no era de recibo acoger el reclamo de filiación.

La contundencia de los mismos tienen, además, el mérito de desvirtuar todas las presunciones legales de paternidad natural invocadas, entre ellas la de la posesión notoria del estado civil, causal esta que, como lo advirtió el a quo, ni siquiera era de considerar por el corto tiempo transcurrido entre el nacimiento de la accionante (dic. 8/87) y el fallecimiento de quien se señaló como padre (nov. 10/90), inferior al término de cinco años que para el efecto contempla el artículo 398 del Código Civil, modificado por el artículo 9º de la Ley 75 de 1968.

14. Consecuentemente, en sede de instancia, se revocara el fallo apelado y se negarán las pretensiones.

15. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 392 del Código de Procedimiento Civil que establece la “condena en costas a la parte vencida en el proceso o a quien se le resuelva desfavorablemente el recurso de apelación” y dados los resultados de la actuación, la demandante pagará las de ambas instancias a favor de Cristina Duarte de Ardila. Las agencias en derecho correspondientes a la segunda instancia se fijarán en esta misma providencia, de conformidad con los lineamientos de los acuerdos 1887 y 2222 de 2003 del Consejo Superior de la Judicatura que las contemplan en “hasta cuatro (4) salarios mínimos mensuales legales vigentes”.

16. Finalmente, en los autos obra copia informal del deceso de Cristina Duarte de Ardila, recurrente extraordinaria, la muerte de esta no se acredita de modo idóneo por la deficiencia del documento mencionado (fl. 787); pero en el evento de que estuviera plenamente establecida dicha circunstancia, ni siquiera daría lugar a la interrupción prevista en el artículo 168, numeral 1º, del Código de Procedimiento Civil, toda vez que aquella está actuando a través de apoderado.

IV. Decisión

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

V. Resuelve

1. Declarar, por las precisas condiciones que dieron origen a su trámite y, en protección de la confianza legítima generada con la Sentencia T-1342 de 2001, proferida por la Corte Constitucional, fundado el presente recurso extraordinario de revisión formulado por Cristina Duarte de Ardila, en calidad de heredera del causante Jorge Ardila Duarte, contra la sentencia proferida por la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia el 8 de febrero de 2000, que no casó la del 26 de julio de 1994 de la Sala de Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santafé de Bogotá, dentro del proceso ordinario de filiación extramatrimonial de X X X X X X X X X X X contra la recurrente y los herederos indeterminados del mencionado difunto.

2. Decretar, por consiguiente, la invalidez de ambos fallos.

3. Revocar, en sustitución de la providencia del tribunal, el proveído de 28 de octubre de 1993 dictado por el Juzgado Diecisiete de Familia de Bogotá.

4. Negar las pretensiones de la demanda.

5. Condenar en costas de primera y segunda instancia a la demandante, en favor de Cristina Duarte de Ardila. En la liquidación de las últimas se incluirá dos millones de pesos ($ 2’000.000), por concepto de agencias en derecho.

6. Oficiar al Notario Noveno de Bogotá, anexando copia de esta providencia, con el fin de que proceda a cancelar el registro civil de nacimiento con indicativo serial 28388000, correspondiente a X X X X X X X X X X X X, abierto como consecuencia de la declaración de paternidad informada con antelación. Así mismo para que reabra el 12691474 inicialmente asignado a X X X X X X X X X X.

7. Cancelar la caución prestada por la recurrente mediante póliza judicial 0108351-07, modificada con certificado 0123177, obrantes a folios 216 y 217.

8. Devolver el expediente que contiene el proceso dentro del cual se dictó la sentencia objeto de revisión, salvo el cuaderno de la Corte, agregando copia de la presente providencia.

Por secretaría, líbrese el correspondiente oficio.

9. Archivar, una vez cumplidas las órdenes impartidas, la actuación surtida en esta corporación.

10. Sin costas en el recurso de revisión.

Notifíquese».